Sentencia SC16431-2015 de noviembre 27 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC16431-2015

Rad.: 11001-02-03-000-2013-00358-00

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

(Aprobado en sesión de sept. 30/2015)

Bogotá, D.C., veintisiete de noviembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. En virtud del postulado de la exclusividad de la jurisdicción, los jueces de cada Estado son los únicos que, en principio, pueden proferir decisiones judiciales obligatorias al interior de sus respectivos países, pues de no ser ello así se violaría la soberanía nacional. De ahí que ninguna providencia dictada por jueces extranjeros tiene obligatoriedad ni ejecución forzada en Colombia, a menos que medie la autorización del órgano judicial competente, que según la Carta Política es la Corte Suprema de Justicia.

Esa excepción a la regla general se justifica en virtud de los principios de cooperación internacional y reciprocidad, en atención a los cuales es posible que a las sentencias dictadas en otras naciones se les otorgue validez en la nuestra siempre y cuando en aquéllas se le reconozca valor al mismo tipo de providencias emanadas del poder judicial colombiano.

La reciprocidad diplomática con el Estado en el cual se profirió la sentencia se puede verificar con la existencia de tratados celebrados entre Colombia y ese país, de modo que en su territorio se le otorgue valor a los fallos pronunciados por la jurisdicción colombiana. A falta de esos convenios, debe acreditarse que hay correspondencia legislativa, la cual consiste, al tenor del artículo 693 del estatuto procesal, en la consagración en ambas naciones de disposiciones legales con igual sentido.

Sobre el particular, la Sala ha sostenido que “[E]n primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia” (G.J., T. LXXX, p. 464, CLI, p. 909, ClVIII, p. 78 y CLXXVI, p. 309; CSJ, mayo. 4/2012, Rad. 2008-02100-00)

Además del anterior requisito, para que un fallo extranjero surta efectos vinculantes en nuestro país se requiere que se cumplan los presupuestos que reclama el ordenamiento legal interno, específicamente los contenidos en el capítulo I del libro V del título XXXVI del Código de Procedimiento Civil.

El trámite del exequatur deberá ceñirse, por tanto, a la forma y términos establecidos en el artículo 695 ejusdem, y la providencia que se pretende se reconozca, deberá cumplir con los requerimientos previstos en el artículo 694 del mismo ordenamiento, cuyo numeral segundo señala que para que la sentencia extranjera pueda surtir efectos en nuestro país no se debe oponer “a leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento”.

2. En el asunto que se analiza, la reciprocidad diplomática entre Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, que permite reconocer efectos a las decisiones judiciales pronunciadas en las causas laborales en las dos naciones, deviene de la Convención Interamericana “sobre la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros”, celebrada el 5 de agosto de 1979, la que depositó Venezuela el 28 de febrero de 1985, insertándola en su legislación interna, y de igual forma lo hizo Colombia con la Ley 16 de 1981, que ratificó el acuerdo. El cual se allegó a la actuación por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores [fls. 234 a 242].

El enunciado convenio establece en su artículo 2º que las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales extranjeros, tendrán eficacia extraterritorial en los Estados partes si reúnen las condiciones siguientes:

“a) Que vengan revestidos de las formalidades externas necesarias para que sean considerados auténticos en el Estado de donde proceden;

b) Que la sentencia, laudo y resolución jurisdiccional y los documentos anexos que fueren necesarios según la presente convención, estén debidamente traducidos al idioma oficial del Estado donde deban surtir efecto;

c) Que se presenten debidamente legalizados de acuerdo con la ley del Estado en donde deban surtir efecto;

d) Que el juez o tribunal sentenciador tenga competencia en la esfera internacional para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con la ley del Estado donde deban surtir efecto;

e) Que el demandado haya sido notificado o emplazado en debida forma legal de modo sustancialmente equivalente a la aceptada por la ley del Estado donde la sentencia, laudo y resolución jurisdiccional deban surtir efecto;

f) Que se haya asegurado la defensa de las partes;

g) Que tengan el carácter de ejecutoriados o, en su caso, fuerza de cosa juzgada en el Estado en que fueron dictados;

h) Que no contraríen manifiestamente los principios y las leyes de orden público del Estado en que se pida el reconocimiento o la ejecución”.

Y a su vez, el artículo 3º indica, que los documentos de comprobación indispensables para solicitar el cumplimiento, son:

“a) Copia autentica de la sentencia o del laudo y resolución jurisdiccional;

b) Copia auténtica de las piezas necesarias para acreditar que se ha dado cumplimiento a los incisos e) y f) del artículo anterior;

c) Copia auténtica del auto que declare que la sentencia o el laudo tiene el carácter de ejecutoriado o fuerza de cosa juzgada”.

Por lo que corresponde revisar a la Corte si en los términos de la mencionada convención, las sentencias proferidas por los tribunales venezolanos cuya homologación se pretende, pueden surtir efectos en el territorio nacional, lo cual obedecerá a si se cumplen los requisitos y condiciones allí establecidas, concretamente las enunciadas en el artículo 2º y 3º del acuerdo multilateral.

Al respecto ha dicho la Corte Suprema en casos, en los que se ha estudiado el exequatur de fallos proferidos en la vecina república: “como es preeminente (…) que la Corte defina el exequatur siguiendo los dictados de la “Convención Interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros”(…), toda vez que a ella adhirieron Colombia y Venezuela sin hacer reserva alguna, síguese a ver si las decisiones proferidas por el juez venezolano, y que son materia de lo aquí impetrado, satisfacen las exigencias previstas en el susodicho convenio internacional, especialmente en sus artículos 2º y 3º” (CSJ, SC, jul. 10/2000, Rad. 7735, reiterado en SC, dic. 16/2009, Rad 2009-00026-00).

2.1. Los primeros requisitos contemplados en el artículo 2º del referido tratado, que hacen referencia a que las sentencias estén revestidas de algunas formalidades para que se consideren auténticas en Colombia, esto es, que se alleguen en copia debidamente legalizada, se encuentran reunidos.

En efecto, dichos presupuestos se acreditan con los documentos obrantes a folios 585 a 603 y 658 a 666, los cuales corresponden a reproducciones reconocidas por las autoridades de las que provienen y las cuales cumplen las exigencias de apostilla, como lo reglan, en su orden, la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, y el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil.

En otra oportunidad, la Corte indicó que:

“En el año 1998 a través de la Ley 455, se aprobó la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, mediante la cual se introdujeron modificaciones que consistieron, esencialmente, en sustituir la autenticación diplomática o a través de cónsul, por la colocación de un sello de apostilla, rigiendo en los términos previstos en ella y respecto de los países suscriptores.

Luego, en la actualidad, la legalización de documentos públicos —incluidos los que emanan de autoridad o funcionario relacionado con las cortes o tribunales de un Estado—, provenientes del extranjero y a que alude la mentada convención de La Haya, se surte agotando ese sencillo procedimiento, dejando reservadas las exigencias a que se contrae el artículo 259 del CPC, para los documentos que no reúnen las condiciones que allí se mencionan”.

2.3. De igual forma, de la copia debidamente legalizada del auto proferido el 25 de marzo de 2011 por el Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado de Mérida, emana con claridad que las decisiones judiciales sometidas a homologación, se encuentran debidamente ejecutoriadas.

En dicha providencia, se certificó que la determinación de segunda instancia que confirmó la del a quo y que ahora se pretende homologar, quedó en firme, como quiera que venció el término para interponer los recursos sin que presentaran.

2.4. En cuanto a que la parte demandada haya sido notificada en los términos sustancialmente iguales a los que se exige en el derecho patrio y que se haya asegurado la defensa de los extremos del litigio, de las piezas procesales allegadas de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 3º de la convención, se advierte que tales requisitos se reunieron.

Lo anterior por cuanto se evidencia que a la oficina consular accionada, le fue comunicado el auto admisorio de la demanda por medio de cartel de notificación y oficio dirigido a la dirección de domicilio, con acuse de recibido, dándole oportunidad de pronunciarse en relaciones a las pretensiones y ejercer su derecho de contradicción.

Asimismo, se vislumbra que en el transcurso del proceso se garantizó que ambos extremos del litigio pudieran ejercer sus derechos, de manera que estuvieron representados por abogados que defendieron sus intereses dentro del trámite e intervinieron en cada una de las etapas del litigio debatiendo las decisiones de los juzgadores y las pretensiones y excepciones de su contraparte.

3. Por otra parte, la convención exige que el “juez o el tribunal sentenciador tenga competencia en la esfera internacional para conocer y juzgar el asunto de acuerdo con la ley del Estado donde deban surtir efecto”, requisito que ha sentado la jurisprudencia de la Corte debe verificarse para “la época en que se promovió el proceso en el cual fue dictado el fallo foráneo” (CSJ, SC, jun. 10/2000, Rad.7735, reiterado en SC, dic. 16/2009, Rad. 2009-00026-00).

En el caso bajo estudio, a efectos de examinar el cumplimiento de este requisito, deben realizarse varias precisiones sobre el desarrollo jurisprudencial en Colombia respecto de la inmunidad de jurisdicción de los estados y sus agentes diplomáticos en los asuntos de derecho laboral, pues el objeto de la presente controversia involucra al Consulado de Colombia en Mérida (Venezuela) y la declaración por parte de un juez foráneo de la existencia de un contrato de trabajo entre este y una ciudadana venezolana, en virtud del cual se le condenó cancelar una suma por concepto de prestaciones sociales.

El artículo 31 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, aprobada por la Ley 6a de 29 de noviembre de 1972, sin salvedad alguna, indica que:

“1. El agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor. Gozará también de inmunidad de su jurisdicción civil y administrativa, excepto si se trata: (…) a) de una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados en el territorio del Estado receptor, a menos que el agente diplomático los posea por cuenta del Estado acreditante para los fines de la misión; b) de una acción sucesoria en la que el agente diplomático figure, a título privado y no en nombre del Estado acreditante, como ejecutor testamentario, administrador, heredero o legatario; c) de una acción referente a cualquier actividad profesional o comercial ejercida por el agente diplomático en el Estado receptor, fuera de sus funciones oficiales”.

En ese mismo sentido, el artículo 43 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, incorporada al derecho interno por la Ley 17 de 1971, establece:

“1. Los funcionarios consulares y los empleados consulares no estarán sometidos a la jurisdicción de las autoridades judiciales y administrativas del Estado receptor por los actos ejecutados en el ejercicio de las funciones consulares. (…) 2. Las disposiciones del párrafo 1 de este artículo no se aplicarán en el caso de un procedimiento civil: a) que resulte de un contrato que el funcionario consular, o el empleado consular, no haya concertado, explícita o implícitamente, como agente del Estado que envía, o b) que sea entablado por un tercero como consecuencia de daños causados por un accidente de vehículo, buque o avión, ocurrido en el Estado receptor”.

Normas en virtud de las cuales, en una inicial interpretación, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema, rechazó de plano, por falta de competencia jurisdiccional los procesos ordinarios laborales que se presentaron en contra de las embajadas y consulados de estados extranjeros, luego de considerar que la mencionada “inmunidad de jurisdicción civil” que señalaban los tratados internacionales, incluía la “inmunidad de jurisdicción laboral”(1).

La anterior posición, se sustentó en que a pesar de que la “inmunidad de jurisdicción laboral”, no está contemplada expresamente en los instrumentos, en el contenido de estos se hace referencia a temas de derecho de trabajo y la seguridad social, por lo que no se pueden excluir los conflictos jurídicos relacionados con tales temas o asumir que los mismos no fueron tenidos en cuenta dentro del privilegio y la exención dispuestos para los agentes de misión diplomática, sino que se debe interpretar que se englobaron dentro del concepto general de los asuntos civiles, en tanto que las denominaciones de “penal, civil y administrativa”, no obedecen a una distribución específica o particular de competencias judiciales, sino a una clasificación genérica en atención a la naturaleza de los pleitos susceptibles de control judicial para la época.

Sin embargo, tal postura fue modificada a partir del año 2007, cuando la Sala de Casación referida en auto de 13 de diciembre, admitió la demanda presentada contra la Embajada del Líbano en nuestro país, luego de considerar que no solo la mencionada convención no se ocupó de la inmunidad jurisdiccional de los estados en materia laboral, pese a la autonomía de esta rama del derecho adquirida desde comienzos del siglo pasado; sino que además, existen otras reflexiones que en el momento actual, llevaban a razonar que tal exención era relativa y no absoluta, para lo cual expuso:

Innegablemente, si durante el siglo XIX imperó la tesis de la inmunidad de los Estados “par in parem not habet imperium”, con el advenimiento del siglo XX, tal postura se ha morigerado ante la irresistible necesidad de mejorar las relaciones comerciales entre los estados, (…). Esta modificación en el universo jurídico, indudablemente, generó diversas diferencias en el ámbito internacional, que debieron ser discutidas y zanjadas, pasándose de una concepción de la inmunidad absoluta de jurisdicción, a una aplicación relativa, en la que el Estado debía responder por los actos que, como particular, hubiera realizado.

(…) Así por ejemplo en materia laboral, distintos países, con fundamento en la costumbre internacional, han admitido su sujeción a las normas laborales internas. (…) Lo anterior pone de manifiesto, que la tesis de la inmunidad absoluta de jurisdicción de los Estados se ha debilitado, dando paso a otra —inmunidad relativa—, que no puede ignorarse, pues sería tanto como estar de espaldas ante un episodio de la humanidad que reclama su propio tratamiento.

Si en el ámbito de las relaciones comerciales, esta última práctica adquirió relevancia, en un tema tan sensible como el derivado de las controversias laborales, se ha venido convirtiendo en la única forma de efectivizar aquellos derechos hasta ahora ilusorios; tanta es su trascendencia que la redacción de la Convención de las Naciones Unidas, sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, de diciembre 2 de 2004, se ocupó del tema, al delimitar los conceptos respecto de las inmunidades, y su aplicación en el tema de los contratos laborales ejecutados en el país del Estado foro.

Esta nueva orientación, conlleva la necesidad de responder a los ciudadanos del Estado, cuando, como en este caso, a pesar de ser habitantes nacionales, y haber prestado servicios a misiones diplomáticas de otros países, esta Corte ha venido negando la posibilidad de verificar mediante un proceso, si les asiste un derecho salarial o prestacional, basada en el respeto a la soberanía inviolable de los Estados. Realmente, en la actualidad no existe fundamento alguno de orden constitucional o legal para persistir en dicha tesis, porque de esta forma, eventualmente, se desconocerían los enunciados beneficios, y las normas del derecho laboral.

Tesis que se mantuvo hasta el año 2012 por la Sala de Casación Laboral y que sigue siendo sostenida por la jurisprudencia de la Corte Constitucional que en fallo T-344 de 14 de junio de 2013, indicó:

La Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas señala taxativamente los asuntos en los cuales existe inmunidad de jurisdicción, por los cuales no pueden ser juzgados los agentes diplomáticos por las autoridades del Estado receptor. En materia laboral guardó silencio la convención, y la lectura restrictiva que debe servir como primer criterio de interpretación del tratado, no permite entender que existe una inmunidad de jurisdicción laboral, englobada en la inmunidad de jurisdicción civil, como lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia, en sus pronunciamientos, proferidos antes de la Constitución de 1991. (…) Lo anterior debe armonizarse (sic) las normas sobre inmunidad contenidas con el artículo XXXI de la Convención de Viena de 1961, con el artículo XXXIII de la misma, que señala que los jefes de misión están obligados a cumplir las normas sobre seguridad social del Estado receptor, en relación con todos los trabajadores que no estén exceptuados por el numeral 2º del mimos artículo, y que sean nacionales del Estado receptor o tengan su residencia permanente en él. Esta norma no permite diferenciaciones entre trabajadores que prestan servicios a los agentes o quienes prestan servicios a la misión. (…) Por lo tanto, es pertinente concluir que (…) los trabajadores nacionales o ciudadanos residentes de forma pertinente en el territorio, que presenten sus servicios a misiones, delegaciones u organismos internacionales, cuentan con un mecanismo de protección idóneo de sus derechos laborales (…) el proceso ordinario laboral ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

En ese orden es claro, que para las fechas en que se presentó el proceso (dic. 16/2008) y en las que se profirieron las sentencias objeto de homologación (nov. 24/2010 y mar. 16/2011), según el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia colombiana los jueces nacionales tenían competencia en la esfera internacional para conocer y juzgar los asuntos laborales, promovidos por una persona con ciudadanía o domicilio en el Estado receptor contra una embajada o misión diplomática extranjera, admitiendo que la inmunidad jurisdiccional es relativa en temas de derecho del trabajo y que al juzgarlas no se vulnera la soberanía de los Estados que los envían.

De manera, que no cabe duda que los fallos que se pretende surtan efectos en este país cumplen el requisito de competencia requerido en la Convención Interamericana sobre la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros.

3.1. Ahora bien, no puede tenerse en cuenta el precedente que citó el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuradora para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, que fue emitido por la Sala de Casación Laboral el 21 de marzo de 2012, en donde se rechazó la demanda promovida por un empleado de Embajada de Estados Unidos contra esta oficina, luego de discurrir que “el derecho a percibir salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral derivadas de un contrato de trabajo”, no eran “relaciones jurídicas excluidas del concepto de inmunidad jurisdiccional (…) habida cuenta de haberse ejecutado a favor de un estado extranjero para el cumplimiento de las funciones propias y permanentes de su misión diplomática en suelo patrio, esto es, en ejercicio de actos de poder, soberanía o imperio de aquél” y en consecuencia, se presentaba una falta de jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, para resolver sobre dichos asuntos.

En ese primer lugar, porque tal jurisprudencia fue proferida con posterioridad a la presentación de la demanda y a que fueran emitidas las sentencias objeto de homologación, no siendo por tanto aplicable, pues como se indicó párrafos atrás, el requisito de competencia del juzgador extranjero debe verificarse para la época en que se promovió el proceso en el cual fue dictado el fallo foráneo no con posterioridad.

Por otra parte, en el ordenamiento jurídico nacional tal postura no es unísona, en tanto que la Corte Constitucional ha rechazado la misma, con sustento en que “en materia laboral guardó silencio la convención, y la lectura restrictiva que debe servir como primer criterio de interpretación del tratado, no permite entender que existe una inmunidad de jurisdicción laboral, englobada en la inmunidad de jurisdicción civil, como lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia, en sus pronunciamientos”, por el contrario, ha indicado que “el proceso ordinario laboral ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia es el mecanismo eficaz de protección de los derechos laborales de los trabajadores colombianos o ciudadanos que tienen su residencia permanente en el país, cuando quiera que resulten desconocidos por una misión, delegación u organismo de derecho internacional, en desarrollo de una relación laboral regida por las normas internas en la materia” (Sent. T-344, jun. 4/2013).

En ese sentido, no cabe duda, que en Colombia se admite que las cortes nacionales tienen competencia para conocer de controversias laborales contra las embajadas o misiones diplomáticas de estados extranjeros, situación que ha sido reconocida también por otras naciones como Estados Unidos, Polonia, Chile, República Islámica de Irán, Grecia, Rusia, Rumania, Francia, Tailandia, Indonesia, Brasil, Perú, Panamá, Guatemala, Suráfrica, Kenia, Honduras, Nueva Zelanda, Nicaragua, India, Italia, Austria, Hungría, Bulgaria, Argentina y Venezuela(2).

Por ello, no puede tomarse como fundamento para denegar un exequatur la providencia a la que se ha hecho referencia, proferida por la Sala de Casación Laboral, pues es claro que, en aplicación del concepto de inmunidad jurisdiccional relativa en asuntos laborales, el juez de Venezuela no vulneró al conocer un asunto jurídico de dicha estirpe la soberanía del Colombia.

4. Finalmente, en cuanto a que la providencia objeto de la homologación no sea contraria al orden público interno, se advierte que las sentencias que son objeto de revisión en este trámite, cumplen dicho presupuesto.

En efecto, esta Corte ha tenido la oportunidad de indicar acerca del reseñado instituto que “no existe inconveniente para un país en aplicar leyes extranjeras que, aunque difieran de sus propias leyes, no chocan con los principios básicos de sus instituciones. Sin embargo, cuando una ley extranjera o la sentencia que la aplica, se basan en principios no solo diferentes, sino contrarios a las instituciones fundamentales del país en que aquellas pretenden aplicarse, los jueces del Estado pueden, excepcionalmente, negarse a aplicar la ley o el fallo extranjero que se aparta de esa comunidad de principios”, pues aplicarlo de forma en contraria, “implicaría aceptar la excepción de orden público como ‘un simple subterfugio para facilitar el triunfo de antojadizos nacionalismos’ que conducirían al ‘absurdo de permitir a las personas residentes en Colombia asumir compromisos en el exterior, sabiendo que pueden incumplir impunemente en tanto se pongan al abrigo de las fronteras de su país’” (resaltado fuera del texto) (CSJ SC, jul. 27/2011, Rad. 2007-01956-00).

En un pronunciamiento más reciente la Sala, resaltó que: “el concepto de “orden público” que en el foro nacional tiene la virtualidad de enervar el reconocimiento o la ejecución (…) se limita a los principios básicos o fundamentales de las instituciones, a lo cual servirían de ilustración: la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos, la buena fe, la imparcialidad del tribunal arbitral y el respeto al debido proceso”.

En ese orden de ideas, únicamente una incompatibilidad grave entre el pronunciamiento jurisdiccional para el que se pide el exequatur y los principios fundamentales en que se inspira la normatividad nacional, podría dar lugar a que aquélla no fuera objeto de homologación, pues al fallador, como asunto propio de su decisión, tan solo le corresponde verificar si la aludida determinación se opone o no a los pilares de las instituciones jurídicas patrias.

En el caso bajo estudio, se advierte que no se transgredieron las normas de orden público, pues se acreditó que el demandado compareció al proceso y ejerció su derecho de defensa a través de excepciones de mérito, las cuales fueron resueltas por el tribunal de primera instancia.

De igual forma, el consulado presentó apelación contra la anterior determinación, ejerciendo su derecho a la doble instancia, impugnación que de igual forma le fue resuelta de forma motivada.

Lo que evidencia, que las decisiones no vulneraron los principios fundamentales del derecho patrio, ni mucho menos las garantías constitucionales del demandado que acá se resiste al reconocimiento de las sentencias.

4.1. En relación a la oposición del consulado demandado —Ministerio de Relaciones Exteriores—, sustentada en que en las decisiones que se pretende surtan efectos en nuestro territorio se condenó al pago de intereses moratorios e indexación lo que en nuestra legislación y jurisprudencia no es posible.

Debe decirse que tal defensa no impide que se conceda el exequatur, pues a pesar de que en Colombia se ha señalado en pronunciamientos reiterados que el pago el pago (sic) de esos dos conceptos al mismo tiempo es incompatible(3) y por ello no podría reconocérsele vigor a la condena de esa manera impuesta por el Tribunal Primero de Primera Instancia de la Circunscripción del Estado de Mérida (Venezuela), lo cierto es que la Convención Interamericana en su artículo 4º permite que se conceda parcialmente eficacia a la sentencia en estos casos.

Dicha norma a su tenor establece que “si una sentencia, laudo y resolución jurisdiccional extranjeros no pueden tener eficacia en su totalidad, el juez o tribunal podrá admitir su eficacia parcial mediante petición de parte interesada”.

De ahí, que como en el caso la parte demandante en sus alegatos de conclusión, pidió que se concediera parcialmente el exequatur frente a las sentencias referidas, por cuanto se aparta de la aprobación o concesión de intereses de mora e indexación que se le otorgaron en estas, como quiera que dicho reconocimiento no era permitido en el derecho patrio, se concederá la eficacia parcial del fallo de conformidad con lo solicitado.

5. Significa lo precedente que se satisfacen las condiciones que habilitan conceder el exequatur, pues se incorporaron los documentos requeridos para ello, así como se cumplieron los requisitos dispuestos en la Convención Interamericana sobre la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros.

Lo anterior, en tanto que se acreditó que los fallos que se pretende surtan efectos en el país, alcanzaron ejecutoria de conformidad con la ley de la nación de origen, se presentaron ante la Corte en copia debidamente autenticada y legalizada, se garantizó el derecho de defensa de las partes, el juez que la profirió tenía competencia en la esfera internacional para resolver y no compromete el orden público, pues la decisiones contenidas en dicho proveído no es contraria a los principios fundamentales del derecho colombiano.

Adicional a lo anterior, constata esta instancia que el objeto de los referidos pronunciamientos no es de competencia exclusiva de los jueces colombianos, no comprende derechos reales constituidos en bienes ubicados en esta nación y no obra prueba de que en el territorio nacional exista proceso en curso.

6. Con fundamento en las precedentes motivaciones, procede el reconocimiento de eficacia parcial a las determinaciones jurisdiccionales sometidas al presente trámite.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONCEDER el exequatur parcial de la providencia dictada el 24 de noviembre de 2010, por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado de Mérida, República Bolivariana de Venezuela, confirmada el 16 de marzo de 2011 por el del Tribunal Primero Superior del Trabajo del mismo distrito judicial y se excluyen de reconocimiento los numerales tercero y cuarto de la providencia de primera instancia, de conformidad con lo solicitado por la parte demandante y el artículo 4º de la Convención Interamericana sobre la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros.

Sin costas en el trámite.

Notifíquese y cúmplase».

1 CSJ AL, 2 de julio de 1987, reiterado en autos de 19 de marzo de 1990, 6 de agosto de 1996, 21 de mayo de 2003, radicado 21549, 14 de abril de 2005, radicado 25680, 31 de octubre de 2006, radicado 30734.

2 CSJ AL, 13 de diciembre de 2007, radicado 32096.

3 CSJ SL, 6 de diciembre de 2011, radicado 41392.