Sentencia SC16612-2014 de diciembre 4 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001 02 03 000 2013 00142 00

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

SC16612-2014

Bogotá, D. C., cuatro de diciembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La resolución de los conflictos es un asunto que atañe a la administración de justicia y, por ello, aspectos como el orden público resultan involucrados, particularmente, la soberanía del Estado. Bajo esta perspectiva, en el país, solo pueden cumplir ese encargo quienes están autorizados expresamente por la ley para tales propósitos. Esa premisa pone de relieve que, en principio, las sentencias y/o decisiones equivalentes, emitidas por jueces o funcionarios extranjeros, no tienen o no pueden surtir efectos en Colombia.

No obstante, circunstancias diversas han conducido a alterar esa regla y, hoy por hoy, es posible que una determinación adoptada por un juez o funcionario foráneo genere consecuencias en territorio patrio.

2. Empero, esta última posibilidad está supeditada al cumplimiento de varios requisitos y, principalmente, a la acreditación de que en el país de donde proviene el fallo objeto de homologación, se brinde a las decisiones de los juzgadores nacionales un tratamiento similar, es decir, que allí, también, puedan ser cumplidas las sentencias de los jueces o funcionarios de Colombia.

Esa directriz está regulada expresamente en el artículo 693 del Código de Procedimiento Civil, en los siguientes términos: “Las sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia”.

Alrededor de esta exigencia, la Corte, en forma reiterada y constante, en varios pronunciamientos ha plasmado: “(…) en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia (…)” (G. J. t. LXXX, pág. 464, CLI, pág. 69, CLVIII, pág. 78 y CLXXVI, pág. 309, entre otras).

3. Pero además, así se demuestre lo anterior, corresponde agotar otros requerimientos como, por ejemplo, el trámite de exequátur, el que, por disposición de los artículos 25 y 695 del Código de Procedimiento Civil, está atribuido, exclusivamente, a la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil; solo ella puede expedir esa autorización. Agrégase que en este procedimiento, adicionalmente, deben cumplirse las exigencias establecidas en el artículo 694 ibídem.

En conclusión, la eficacia de la providencia extranjera depende de la existencia del tratado bilateral o multilateral sobre la validez de las sentencias de los jueces colombianos en el país de origen del fallo objeto de homologación o, en defecto de tal convenio, que haya reciprocidad legislativa sobre el tema. Luego, deberá cumplirse el procedimiento de exequátur y, dentro de este, la acreditación de los demás requisitos, ya provengan de esos acuerdos o ya tengan origen en las leyes nacionales pertinentes.

4. En el presente asunto, la decisión emitida por el funcionario extranjero alude a la declaración del divorcio del vínculo matrimonial que la señora Maria Alcira Hurtado contrajo con el señor Klaus Primc, en territorio alemán.

En la página 80 del expediente se encuentra la certificación proveniente del Ministerio de Relaciones exteriores de Colombia, según la cual entre nuestro país y Alemania no existe tratado vigente respecto a la ejecución recíproca de sentencias. Sin embargo, en folios que van del 30 al 50, aparecen documentos que reconocen la fuerza de los fallos extranjeros, expresando que las providencias foráneas se pueden hacer efectivas sin necesidad de proceso, salvo aquellas relativas a “causas matrimoniales”.

Del mismo modo, también se señalan los eventos que constituyen obstáculos para lograr ese reconocimiento, así: 1. que las disposiciones emitidas lo hayan sido por parte de funcionarios sin competencia para ello; 2. cuando a uno de los actores, no fue informado sobre el documento que inicia el proceso, o no fue comunicado a tiempo; 3. cuando la determinación es incompatible con una fallo expedido en territorio alemán o una decisión extranjera anterior ha resuelto el tema debatido, o si el juicio en el cual se basa esta sentencia no es compatible con un procedimiento que en Alemania, anteriormente, se ha vuelto legalmente corriente; 4. cuando la homologación solicitada lleva a un resultado que es evidentemente incompatible con los fundamentos basilares de la ley alemana (fl. 33).

5. Acreditada la existencia de la reciprocidad legislativa, procede entonces, la constatación de las exigencias previstas en el artículo 694 de la reglamentación procesal civil nacional, es decir: i) que la “sentencia” proferida en país extranjero se halle en copia auténtica; ii) que esté debidamente legalizada de acuerdo con la normativa colombiana, incluyendo, dado el caso, la traducción pertinente; y, iii) que aparezca la constancia de estar en firme o haber adquirido ejecutoria.

6. En el asunto bajo estudio todos esos requisitos fueron cumplidos por la parte actora, habida cuenta que en el expediente aparece copia de la sentencia extranjera debidamente traducida y legalizada (CPC, arts. 259 y 188); la determinación emitida por el funcionario foráneo no trasgrede principios o leyes de orden público de la nación; el caso no es competencia exclusiva de los jueces nacionales, ni se conoce que haya sido adelantado o se adelante proceso por la misma causa en nuestro país, menos refiere a derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio patrio; en cuanto a la citación del otro cónyuge, debe decirse que el juicio de divorcio fue de común acuerdo, por tanto, en ausencia de contención, no era necesario ese trámite.

7. En Colombia se admite el divorcio para el matrimonio civil por el consentimiento de ambos cónyuges, causa que, a la postre, fue la que condujo a la disolución del vínculo.

8. En ese orden, el divorcio decretado por el juez extranjero y la homologación pretendida del fallo pertinente resulta viable, pues, por un lado, el artículo 154 del Código Civil, numeral 9 modificado por el art. 6º de la Ley 25 de 1992 de Colombia, autoriza culminar el vínculo conyugal por mutuo consenso, modalidad que, itérase, inspiró la sentencia judicial en el país de origen, y por otro, los restantes requisitos establecidos en el ordenamiento procesal (arts. 693 y ss.), fueron acatados cabalmente por el interesado.

9. En conclusión, la validación será autorizada, ordenándose la inscripción de esta decisión, junto con la sentencia extranjera, en el respectivo registro del estado civil.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONCEDER el exequátur conforme a lo expresado en la parte motiva, solicitado por la señora Maria Alcira Hurtado, respecto de la sentencia de divorcio proferida el 4 de octubre de 2001, por el Juzgado Municipal de Múnich (Alemania).

Para los efectos previstos en los artículos 6º, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con el artículo 13 del Decreto 1873 de 1971, ordénase la inscripción de esta providencia junto con la sentencia reconocida, tanto en el folio correspondiente al registro civil del matrimonio como en el de nacimiento de la cónyuge. Por secretaría líbrense las comunicaciones pertinentes.

Sin costas en la actuación.

Notifíquese».