Sentencia SC16785-2017/2008-00009 de octubre 17 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC16785-2017

Rad. 85230-31-89-001-2008-00009-01

Magistrado Ponente:

Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo

(Aprobado en sesión de quince de agosto de dos mil diecisiete).

Bogotá, D.C., diecisiete de octubre de dos mil diecisiete.

Decídese el recurso de casación interpuesto por Luis Armando Rincón frente a la sentencia de 26 de mayo de 2011, proferida por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, en el proceso ordinario que incoó contra Benedicto Romero Barrera y Óscar de Jesús López Cadavid.

Antecedentes

1. El accionante solicitó (folios 1 a 7 y 85, cuaderno 1):

1.1. Se declare la nulidad de la compraventa contenida en la Escritura Pública nº 1875, otorgada el 6 de julio de 2001 en la Notaría 52 de Bogotá, por medio de la cual vendió a los convocados la finca La Argentina, ubicada en el municipio de Trinidad (Casanare), “al hallarse viciado el consentimiento del vendedor por la fuerza”.

Por consiguiente, se ordene la inscripción de la sentencia y la restitución del predio con los frutos percibidos, o que hubiere podido percibir, desde la fecha del pacto.

1.2. En subsidio, pidió se proclame que sufrió lesión enorme y que, por ende, los adquirentes deben completar el justo precio del fundo o, en caso de que lo omitan, ordenar la rescisión de la convención, el asentamiento del fallo en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y en la Notaría citada.

2. Al tenor de la demanda y su escrito de aclaración, tales pretensiones tuvieron como sustento fáctico el que a continuación se resume:

2.1. Por ser propietario del inmueble La Argentina, la situación de violencia generada en los llanos orientales del país, así como su negativa a integrar las Convivir del centro y norte del Casanare, Luis Armando Rincón fue señalado como simpatizante de la guerrilla.

2.2. Narró que durante varios años fue víctima de extorsiones por los paramilitares de la zona, bajo amenazas de muerte dirigidas a él y a su familia, siendo conminado a pagar diversas sumas de dinero; no obtuvo ayuda de las fuerzas estatales sino aliento para que colaborara con el grupo ilegal; que con ocasión de su elección como diputado de la asamblea departamental aumentaron los hostigamientos en su contra; y en una oportunidad su hacienda fue saqueada ante el retraso en el pago aludido.

2.3. A raíz del cobro reiterado y cada vez más cuantioso —que incluso lo obligó a vender otros lotes para satisfacerlo—, en el mes de junio del año 2000 debió abandonar la heredad por falta de recursos económicos, trasladando su hogar a Bogotá; intentó establecerse en Venezuela sin resultados satisfactorios; y en enero de 2001 regresó a la capital de la república.

2.4. Mientras tanto, el 14 de este último mes el bien raíz fue ocupado por alrededor de 50 paramilitares, por su omisión en el cubrimiento de la prestación ilegal.

2.5. Agregó el promotor que, en junio de 2001, “agobiado y desesperado”, decidió poner en venta el inmueble, propósito para el que contactó a un comisionista de ganado quien, al mes siguiente, le informó de una persona interesada, que ofreció pagar $ 300’000.000 y “arregla(r)” con los paramilitares.

2.6. Añadió el libelista que no tuvo otra alternativa que aceptar la propuesta, porque perdió la posesión del bien y estaba amenazado de muerte, al igual que su familia; al entrevistarse con el potencial adquirente conoció a los ahora demandados, con quienes “acordó que la venta se efectuaría por” valor de $ 350’000.000, cantidad que recibió y que dio lugar a la suscripción del contrato impugnado.

2.7. Por último, indicó el reclamante, la infiltración del paramilitarismo en muchos sectores del Estado lo atemorizó, por lo que inicialmente se abstuvo de reclamar.

3. Una vez vinculados al pleito, los accionados se opusieron a las pretensiones y formularon las excepciones perentorias de “inexistencia del vicio como causa para incoar el derecho”, “inepta demanda por falta de requisitos vistos como falta de legitimación en la causa por activa”, “indebida identificación del inmueble, fijación del precio y concreción de la parte demandada”, “cobro de lo no debido”, “buena fe”, “prescripción y caducidad” (folios 88 a 97, ibídem).

4. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocué, con proveído de 23 de abril de 2010, accedió a la nulidad relativa incoada como pretensión principal; dispuso la inscripción de la sentencia; a título de restituciones mutuas decretó la entrega de la finca a favor del promotor y la devolución por este de los $ 350’000.000 que recibió; por último proclamó la nulidad de la Escritura Pública nº 3740 de 15 de diciembre de 2004 otorgada en la Notaría 28 de Bogotá, a través de la cual Benedicto Romero Barrera vendió a Óscar de Jesús López Cadavid el 50% del derecho de dominio sobre el aludido inmueble (folios 383 a 396).

5. Al resolver la alzada interpuesta por los enjuiciados, el superior revocó en su totalidad la decisión y negó íntegramente las súplicas del libelo (folios 38 a 50, cuaderno 9).

La sentencia del tribunal

El juzgador ad quem aseveró que la compraventa cuestionada —que data del 19 de enero de 2001 y tuvo por objeto la finca La Patagonia—, fue suscrita por Julio Sarquiz Carreño, como vendedor, y Libardo Munévar Mora, en condición de adquirente, por lo que el demandante carece de legitimación por activa, al no haber intervenido en el acuerdo de voluntades.

La demanda de casación

Cinco cargos fueron planteados en el escrito de sustentación, de los cuales la Corte solo admitió el último (folios 9 a 13, cuaderno 7).

Quinto cargo

1. Fundado en la causal segunda de casación prevista en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente denunció la providencia impugnada por no estar en consonancia con los hechos y las pretensiones de la demanda.

2. En su desarrollo, argumentó que la motivación de tal determinación corresponde a otro proceso, toda vez que el acápite de consideraciones refiere a un problema jurídico ajeno al planteado en el escrito iniciador del litigio, lo cual significa que el juzgador ad-quem dejó de resolver la situación fáctica sometida a su conocimiento.

Adicionalmente, en la parte resolutiva de la sentencia cuestionada fue revocada la providencia de “17 de marzo de 2010”, esto es, una fecha totalmente distinta a la que corresponde al proveído impugnado.

Consideraciones

1. Cuestión de primer orden es precisar que, a pesar de entrar en vigencia de manera íntegra el Código General del Proceso desde el 1º de enero de 2016, al sub lite no resulta aplicable por consagrar, en el numeral 5º de su artículo 625, que los recursos ya interpuestos, entre otras actuaciones, deben surtirse empleando “las leyes vigentes cuando se interpusieron”.

Y como el que ahora ocupa la atención de la Sala fue iniciado bajo el imperio del Código de Procedimiento Civil, será este ordenamiento el que siga rigiéndolo, por el principio de la ultractividad de la vigencia de la ley en el tiempo.

2. El artículo 305 de este estatuto procesal civil, equivalente al actual 281 del Código General del Proceso, establece que “la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en esta”.

De allí se desprende que al juzgador le está vedado imponer una condena que supere las súplicas del reclamante, pronunciarse sobre un objeto distinto al delimitado por los contendores o por una causa diferente a la invocada por ellos, al paso que está obligado a resolver los que sí fueron expuestos; todo esto sin menoscabo del ejercicio de sus facultades oficiosas.

En relación con ello la Sala ha indicado que:

(…) son los involucrados en el conflicto, con sus escritos, quienes delimitan el contorno del debate, fijando las pautas a tener en cuenta al momento de desatar la litis y restringiendo, por ende, la labor del funcionario encargado de resolverla. De esa forma, el desconocimiento del querer explicitado se constituye en una irregularidad en la producción del fallo, ya sea por referirse a puntos no sometidos a discusión, acceder a menos de lo pedido o desbordando los alcances esbozados (…) Al respecto la Sala en SC de 18 de diciembre de 2013, rad. 2000-01098-01, precisó que (…) validada la suficiencia del texto de la demanda, mediante su admisión, y concedida la oportunidad de contradecir a aquellos contra quienes se dirige, no puede el funcionario dirimir la disputa por fuera de los lineamientos que le imponen las partes, ya sea al hacer ordenamientos excesivos frente a las expectativas de estas, al dejar de lado aspectos sometidos a su escrutinio o al resolver puntos que no han sido puestos a consideración, salvo cuando procede en estricto cumplimiento de las facultades oficiosas conferidas por la ley (…) Y en ese mismo pronunciamiento recordó como (…) La Corporación tiene dicho al respecto que “[e]l principio dispositivo que inspira el proceso civil, conduce a que la petición de justicia que realizan las partes delimite la tarea del juez y a que este, por consiguiente, al dictar sentencia, deba circunscribir su pronunciamiento a lo reclamado por ellas y a los fundamentos de hecho que hubieren delineado, salvo el caso de las excepciones que la ley permite reconocer de oficio, cuando aparecen acreditadas en el proceso” (CSJ SC8410 de 2014, rad. 2005-00304).

Como regla de principio, no incurre en incongruencia el fallador cuando desestima totalmente las súplicas de la demanda, porque tal decisión repele cualquier exceso u omisión en la resolución del debate, habida cuenta que “(e)ste motivo de impugnación, en principio, es ajeno a los fallos completamente adversos a quien provoca el conflicto, en la medida que brindan una solución íntegra frente a lo requerido y sus alcances totalizadores no dejan campo para la duda o la ambivalencia. En otras palabras, se niega lo que se pide y, por ende, no puede decirse que exista una contradicción por el solo hecho de que el reclamante insista en un propósito y el funcionario no encuentre soporte al mismo” (CSJ SC de 18 dic. 2013, rad. 2000-01098-01).

Sin embargo, excepcionalmente el juez puede incurrir en el vicio de incongruencia —a pesar de desestimar todo lo solicitado—, cuando toma un camino ajeno al debatido por los involucrados en la litis, es decir, desconoce abiertamente la situación de facto sometida a su conocimiento y lo pedido con base en esta.

Igual yerro comete el funcionario judicial si tiene por probadas defensas no esgrimidas en tiempo y que eran del resorte exclusivo de una de las partes, como la prescripción, la nulidad relativa y la compensación.

Así lo precisó la Corte al considerar que:

(…) en el caso de que la decisión absolutoria sea el producto de un desvío considerable de los hechos consignados en el libelo o haciendo caso omiso a los alegatos oportunamente presentados por los intervinientes, desbordando los límites allí trazados al elaborar una interpretación personal del asunto, que dista del querer expreso de las partes, tal proceder constituye un defecto que puede ser objeto de revisión. Lo que también ocurre si se tienen por probadas, de oficio, las defensas que omitió plantear el opositor al apersonarse del proceso, estando a su exclusivo cargo, como sucede con la prescripción, la nulidad relativa y la compensación. (CSJ SC de 18 dic. 2013, rad. 2000-01098).

Por lo tanto, para la prosperidad de la causal segunda prevista en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, hoy numeral tercero del artículo 336 del Código General del Proceso, es menester que el recurrente demuestre un exabrupto palpable entre lo narrado y exigido en la demanda, así como lo planteado en las defensas del oponente, frente a lo que aparece consignado en el fallo, de tal manera que se note de bulto que lo decidido es extraño al debate.

3. Y precisamente esto mostró el censor en su escrito de sustentación, porque en el caso que ahora convoca la atención de la Corte, el Tribunal consideró —de manera lacónica por demás—, que “(c)orresponde a la Sala determinar si dentro del presente asunto confluyen los elementos constitutivos de la nulidad que depreca el demandante, sobre el contrato de compraventa celebrado el 19 de enero de 2001, mediante el cual el demandante dice haber vendido, a través de Julio Sarquiz Carreño Quintero a Libardo Munévar Mora, el predio rural denominado “la Patagonia” situado en el municipio de Trinidad - Casanare”.

Basamento que lo llevó a concluir que el promotor carecía de legitimación por activa, toda vez que no fue quien suscribió el contrato cuestionado.

Sin embargo, una mínima revisión del pliego iniciador del presente litigio deja al descubierto, de forma ostensible, que el contrato impugnado fue otro, el de compraventa contenido en la Escritura Pública Nº 1875 otorgada el 6 de julio de 2001 en la Notaría 52 de Bogotá, por medio del cual Luis Armando Rincón vendió a Benedicto Romero Barrera y Óscar de Jesús López Cadavid la finca La Argentina, ubicada en el municipio de Trinidad (Casanare).

Más paradójico es que en el acápite inicial de su providencia, el juzgador ad-quem dejó expresa constancia acerca de que la apelación que se aprestaba a dilucidar tuvo como objeto “la sentencia de 17 de marzo de 2010 proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocué - Casanare, el cual declara nulo el contrato de compraventa celebrado entre los señores Luis Armando Rincón como vendedor a través de Julio Sarquiz Carreño Quintero y Libardo Munévar Mora como comprador, de fecha 19 de enero de 2001”; y así lo reprodujo en el numeral 1º de las resoluciones; sin embargo, al decidir se aparta de este marco, para referirse a otro negocio y sujetos.

Tal situación denota, a simple vista, que el Tribunal expidió una sentencia foránea al litigio, comoquiera que la situación fáctica que dilucidó no correspondía con la que le fue puesta de presente por las partes.

Además, la brevedad de las consideraciones contenidas en el fallo reprochado impiden auscultar justificación alguna, pues lo único que corresponde con la situación expuesta por los contendores son los acápites atinentes a los antecedentes del pleito (narración fáctica del devenir procesal, pretensiones de la demanda, contestación, resumen de la sentencia apelada y la alzada); mientras que —como ya se anotó— el encabezado, las consideraciones y las resoluciones son totalmente disonantes.

Se configuró, de esta forma, una separación evidente de la plataforma fáctica esgrimida en la demanda y su contestación, la cual fue sustituida por unos hechos inconexos y distantes a la controversia, como si se tratara de otro caso, perdiéndose toda la sincronía entre las consideraciones, lo decidido y la realidad material del litigio.

Total, la incongruencia de la sentencia criticada en sede de casación es notoria, por cuanto el juzgador de segunda instancia dirimió la contienda en relación con un acuerdo de voluntades diferente al que fue materia de las súplicas del promotor.

En consecuencia, el cargo prospera y, por ende, la sentencia impugnada debe ser casada para, en su lugar y en sede de instancia, proferir la que deba reemplazarla.

Sin embargo, la Corte en sede de instancia estima indispensable, antes de proferir la sentencia de reemplazo, decretar oficiosamente y con base en las facultades conferidas por los artículos 179, 180 y 375 inciso 2º del Código de Procedimiento Civil, la práctica de pruebas, por lo que así se dispondrá.

No hay lugar a condena en costas por la prosperidad del recurso de casación, conforme lo reglado en el inciso final del artículo 375 de la misma obra.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 26 de mayo de 2011, proferida por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, en el proceso ordinario que incoó Luis Armando Rincón contra Benedicto Romero Barrera y Óscar de Jesús López Cadavid.

Y antes de dictar la sentencia sustitutiva, de oficio se decretan las siguientes pruebas:

1º. La práctica del testimonio de Jesús Emiro Pereira Rivera, así como la ratificación de la versión que él rindió ante la Fiscalía General de la Nación y que fue allegada como prueba traslada a este juicio, para lo cual se dará aplicación al artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, hoy 222 del Código General del Proceso. Para tal efecto oportunamente se señalará fecha y hora.

2º. Ofíciese al Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, solicitándole copia auténtica del proceso adelantado contra Óscar de Jesús López Cadavid, en el cual fue dictada sentencia condenatoria el 19 de enero de 2011 por el delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley, emanada de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

3º. Líbrese oficio a la Unidad Administrativa Especializada en Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, con el fin de que informe si adelanta procedimiento alguno en relación con la finca La Argentina, ubicada en el municipio de Trinidad (Casanare) y a la que le corresponde el folio de matrícula inmobiliaria Nº 475-002583 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y, en caso afirmativo, indique el estado del mismo.

Sin costas en casación por su prosperidad.

Notifíquese,

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, Presidente de la Sala, (Ausencia justificada)—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.