Sentencia SC16787-2016 de noviembre 21 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC16787-2016

Radicación: 11001 02 03 000 2014 01513 00

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

(Aprobado en sesión de diez de agosto de dos mil dieciséis)

Bogotá, D.C., veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones

1. En línea de principio, en el territorio patrio, sólo las decisiones emitidas por los jueces nacionales o las de los particulares facultados expresamente para ello, producen efectos; por tanto, bajo esa perspectiva, las sentencias de funcionarios extranjeros no podrán hacerse cumplir en el país, habida cuenta que resultaría afectada la soberanía del Estado.

No obstante, por diferentes circunstancias, se ha validado que esos fallos tengan plena aplicación en Colombia, siempre y cuando se sometan al cumplimiento de un mínimo de requisitos, a más de necesitar la autorización que expide la Corte Suprema de Justicia a través del trámite del exequátur.

2. El artículo 693 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, regulan esa posibilidad, al ordenar el primero de ellos que «Las sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia».

De acuerdo con la norma trascrita, para que produzcan eficacia las providencias y/o sentencias extranjeras en nuestro ordenamiento es menester que, primeramente, el país de donde proviene la decisión objeto de validación, le brinde a las de los jueces nacionales similar tratamiento, ya sea como consecuencia de tratados bilaterales o multilaterales celebrados; o, en defecto de los mismos, por la existencia de reciprocidad legislativa.

Dicha directriz, en variadas ocasiones, ha sido precisada por la Corte en los siguientes términos:

“[…] en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrado Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia […]” (G. J. t. LXXX, pág. 464, CLI, pág. 69, CLVIII, pág. 78 y CLXXVI, pág. 309, reiterada en CSJ SC6143-2014, rad. 2013-01441-00).

Por su parte, el canon 694 ibídem consagra requerimientos, tanto de forma, que atañen a la correcta incorporación al proceso de la decisión extranjera, la debida autenticación, traducción, legalización y ejecutoria de la misma; como de fondo, los cuales involucran aspectos relacionados con el contenido de la determinación, en la medida en que no pueden contradecir disposiciones de orden público interno, ni comprender asuntos que comprometan derechos reales sobre bienes que se hallen en el país, ni extenderse a conflictos de competencia exclusiva de las autoridades colombianas, como tampoco aquellos sometidos a proceso que se hallen en trámite o con sentencia en firme.

3. En el expediente contentivo de la petición de exequátur que ahora ocupa la atención de la Sala, se tiene acreditado lo siguiente:

a. Sentencia del 24 de octubre de 2008, emitida por el juez unipersonal en el proceso ordinario del Distrito de Winterthur (Suiza) que resolvió:

“1. El matrimonio de los solicitantes queda disuelto.

2. Se aprueba el acuerdo de los solicitantes acerca de las consecuencias económico-matrimoniales y del divorcio, que estipula lo siguiente:

a) Los solicitantes renuncian recíprocamente a una pensión alimenticia tras la disolución del matrimonio a efectos del artículo 125 del Código Civil suizo.

b) En lo relativo al aspecto económico-matrimonial, cada solicitante conserva aquello que posee en la actualidad, respectivamente aquello que figura a su nombre.

c) Cada solicitante asume las deudas que haya contraído o estén a su nombre.

d) Los solicitantes renuncian recíprocamente, bajo conocimiento de la situación jurídica, a la compensación del balance final en el momento del divorcio, derivado de la previsión profesional” (fls. 6 a 8).

b. El registro de matrimonio civil de los señores Leo Peter Baumann y Elizabeth González Vera llevado a cabo en la Notaría 63 del Círculo de Bogotá, D.C., el 5 de febrero de 2005 (fl. 13).

c. La coordinadora del grupo interno de trabajo de tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano certificó que:

“[…] una vez revisado el archivo del grupo interno de trabajo de tratados de la dirección de asuntos jurídicos internacionales de este ministerio, se pudo establecer que en el mismo no reposa información sobre tratados bilaterales o multilaterales en materia de reconocimiento recíproco de sentencias en causas matrimoniales en los que la República de Colombia y la Confederación Suiza sean Estados Parte” (fl. 51).

d. La encargada de funciones consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano en Berna (Suiza) adujo respecto de los textos legales que para que sea permitida la ejecución de sentencias judiciales extranjeras, el «principal fundamento legal es el Acta Federal sobre Derecho Internacional Privado (PIL Act) del 18 de diciembre de 1987, cuyos artículos 25 a 29, 32, 64, 84, 85 y 149 son relevantes en conexión con el reconocimiento y aplicación de decisiones colombianas relativas al tema de divorcios» (fls. 66 a 106).

4. Así las cosas, se advierte que no existe reciprocidad diplomática entre los dos Estados, pues según las certificaciones citadas previamente, entre nuestro país y Suiza no existe tratado vigente respecto a la ejecución recíproca de sentencias. Sin embargo, aparecen documentos (Ley Federal sobre el Derecho Privado Internacional) que reconocen la fuerza de los fallos extranjeros, expresando que las providencias foráneas se pueden hacer efectivas:

“a. cuando la competencia de los juzgados o de las autoridades del estado, en el cual se tomó la decisión, fue fundamentada;

b. cuando en contra de la decisión no se puede hacer valer un recurso jurídico ordinario o cuando la decisión es definitiva y;

c. cuando exista una razón de negación en el sentido del artículo 27” (fls. 91 a 106).

Los anteriores requisitos se cumplen cabalmente pues, de un lado, la sentencia fue debidamente motivada; y de otro, las pruebas demuestran que la decisión está en firme, por ende ningún recurso puede impetrarse contra ella.

Cuanto hace al literal C, de aquella normativa, se identifican los impedimentos para el reconocimiento, cuando:

“1. Una decisión tomada en el exterior no se reconoce en Suiza cuando el reconocimiento fuese evidentemente no reconciliable con el “Orden públic[o]” suizo.

2. Una decisión tomada en el exterior tampoco se reconoce cuando una de las partes demuestra:

a. que ella no sería citada como es debido según la ley en su lugar de residencia ni en su residencia habitual, a no ser que se haya comprometida incondicionalmente al pleito.

b. que la decisión se haya producido bajo violación de fundamentos importantes de la ley de procedimiento Suiza, en especial que le haya sido negada el trámite de audiencia legal;

c. que un pleito entre las mismas partes y sobre el mismo objeto primero se haya entablado en Suiza o se haya decidido en Suiza, o que anteriormente haya sido decidido en un tercer estado y esta decisión pueda ser reconocida en Suiza.

3. Por lo demás, la decisión en el asunto en si no puede ser comprobada” (fls. 91 a 106).

En virtud de que ninguna de las últimas circunstancias aparecen dentro del trámite analizado, la existencia de la reciprocidad legislativa se encuentra acreditada.

5. Por otra parte, el artículo 694 del Código de Procedimiento Civil exige: i) que la «sentencia» proferida en país extranjero se halle en copia auténtica; ii) que esté debidamente legalizada de acuerdo con la normativa colombiana, incluyendo, dado el caso, la traducción pertinente; y, iii) que aparezca la constancia de estar en firme o haber adquirido ejecutoria.

6. Esos requisitos fueron cumplidos por la parte actora, habida cuenta que en el expediente aparece copia de la sentencia debidamente traducida y legalizada (CPC, fls. 5 a 8 - arts. 259 y 188); la determinación emitida por el funcionario foráneo no trasgrede principios o leyes de orden público de la Nación; el caso no es competencia exclusiva de los jueces nacionales, ni se conoce que haya sido adelantado o curse proceso por la misma causa en nuestro País, menos refiere a derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio patrio; además, en cuanto a la citación del otro cónyuge, debe decirse que el juicio de divorcio fue de común acuerdo, por tanto, en ausencia de contención, no era necesario ese trámite.

7. En el territorio patrio se admite el divorcio para el matrimonio civil por el consentimiento de ambos cónyuges, causa que, a la postre, fue la que condujo a la disolución del presente vínculo.

8. En ese orden, el divorcio decretado por el juez extranjero y la homologación pretendida del fallo pertinente resulta viable, pues, como se dijo, el artículo 154 del Código Civil, numeral 9º modificado por el artículo 6º de la Ley 25 de 1992 de Colombia, autoriza culminar el vínculo conyugal por mutuo consenso, modalidad que, itérase, inspiró la sentencia judicial en el Estado de origen, y por otro, los restantes requisitos establecidos en el ordenamiento procesal (arts. 693 y ss.), fueron acatados cabalmente por el interesado.

9. En un asunto que guarda simetría con el que aquí se plantea, la Sala sostuvo que:

“la Corte ha concedido la homologación a las sentencias de divorcio provenientes de Suiza, con fundamento en la misma norma citada en el presente episodio, vale decir, la Ley Federal de 18 de diciembre de 1987, sobre Derecho Internacional Privado, para lo cual ha dicho esta Sala: ’el artículo 25 establece que para el reconocimiento de una sentencia extranjera en Suiza se requiere que haya sido proferida por el funcionario judicial competente del Estado de donde proviene, que la misma no sea susceptible de recurso ordinario o que sea definitiva, y que no existan “motivos de denegación”. (…) Conforme al artículo 27, es motivo de denegación la manifiesta incompatibilidad de la sentencia extranjera con el “Orden público suizo”. También, respecto de una de las partes, cuando “no ha sido citada regularmente, ni según el derecho de su domicilio, ni según el derecho de su residencia habitual, al menos que ella no haya procedido de fondo sin hacer reserva”, o cuando “no ha tenido la oportunidad de hacer valer sus derechos” por violación de los principios pertenecientes a la concepción suiza del derecho de procedimiento. Igualmente, cuando el litigio entre las mismas partes y sobre el mismo objeto haya sido presentado o juzgado en Suiza, inclusive por un Estado tercero, siempre que “esta última decisión cumpla con las condiciones de su reconocimiento”. (…) En cuanto a las sentencias de divorcio, el artículo 65, ibídem, establece, como principio, que serán reconocidas en Suiza, cuando se cumplen los requisitos allí previstos. Sin embargo, si ninguno de los esposos o solamente el cónyuge demandante tiene la nacionalidad del Estado donde se profiere la sentencia, “únicamente es reconocida en Suiza” (a) cuando al “momento de presentación de la demanda, al menos uno de los esposos estaba domiciliado o tenía su residencia habitual” en dicho Estado y el “cónyuge demandado no estaba domiciliado en Suiza”, (b) cuando el cónyuge demandado se somete a la competencia del tribunal extranjero sin hacer reserva, y (c) cuando el cónyuge demandado ha consentido expresamente el reconocimiento de la decisión en Suiza.

“Y Concluyó la Corte: “ninguna duda se alberga sobre que en Suiza se reconocería efectos a una sentencia de divorcio proferida por los jueces colombianos, como así la Corte lo admitió en otrora en un caso similar” (CSJ STC jun. 27/2003, rad. 0148-00, reiterado en CSJ STC dic. 19/2008, rad. 2006-01031-00).

10. Con base en lo anterior y por hallarse reunidos todos los presupuestos legales es procedente otorgar efecto jurídico a la mencionada determinación de «divorcio», como en casos anteriores lo ha dispuesto la Sala, y ordenar su inscripción en el respectivo registro del estado civil.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONCEDER el exequátur al fallo proferido el 24 de octubre de 2008 por el Juez Unipersonal en Proceso Ordinario del Distrito de Winterthur (Suiza), a través del cual se decretó el divorcio promovido por Elizabeth Gonzales Vera con Leo Peter Baumann.

2. INSCRIBIR esta decisión, junto con la providencia reconocida, tanto en el folio correspondiente al registro civil de la señora Elizabeth Gonzalez Vera, para los efectos previstos en los artículos 6º, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con el artículo 13 del Decreto 1873 de 1971.

3. LIBRAR, por secretaría, las comunicaciones pertinentes.

4. NO CONDENAR en costas en la actuación.

Notifíquese.»