Sentencia 2012-02654 de diciembre 12 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Jesús Vall de Rutén Ruiz

SC17088-2014

Rad.: 11001-02-03-000-2012-02654-00

(Aprobado en sesión de cinco de noviembre de dos mil catorce)

Bogotá, D.C., doce de diciembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1.En ejercicio de la soberanía del Estado, los jueces patrios son los únicos investidos de jurisdicción en el territorio colombiano. No obstante, este principio no es absoluto, en cuanto ha sido morigerado para atender las necesidades surgidas por el aumento de relaciones sociales, económicas y familiares que se presentan en el mundo contemporáneo y que trascienden las fronteras del país.

De manera excepcional se acepta que providencias dictadas por jueces foráneos surtan efectos legales en el territorio nacional, en aplicación de un tratado internacional (reciprocidad diplomática), y a falta de éste, con fundamento en la fuerza que el país de donde provienen les conceda eventualmente a las decisiones colombianas (reciprocidad legislativa). Al efecto, el artículo 693 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, han consagrado la figura del exequátur por la cual «[l]as sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia».

Sobre el particular, la Corte ha considerado que la reciprocidad diplomática «atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país». Y la reciprocidad legislativa opera en ausencia «de derecho convencional, [acogiendo] normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia… (G. J. t. LXXX, pág. 464, CLI, pág. 69, CLVIII, pág. 78 y CLXXVI, pág. 309 entre otras)»(4).

2. En el caso bajo estudio de la Corte, se solicita el exequátur para la Sentencia 1079/2010 de 25 de marzo de 2010, proferida por el Tribunal de Monza, Italia -Sección Cuarta Civil-, mediante la cual se declaró la disolución del matrimonio civil celebrado el 4 de febrero de 2004, entre Antonio Fabiano y Virginia de Jesús Castellar Puello.

3. A cuyo propósito resulta menester verificar la observancia de los requisitos previstos en los artículos 693 y 694 del Código de Procedimiento Civil, abordando en primer lugar el examen concerniente a si entre Colombia e Italia existe reciprocidad diplomática, en relación con lo cual el Ministerio de Relaciones Exteriores —Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Tratados, Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales—(5), informó que no encontró tratado alguno entre los dos Estados que verse sobre el reconocimiento recíproco del valor de las sentencias pronunciadas por autoridades jurisdiccionales en procesos civiles y de familia, por lo que se concluye la ausencia de reciprocidad diplomática.

4.Visto lo anterior, debe emprenderse el examen en orden a acreditar en el sub lite la reciprocidad legislativa en la República Italiana, para establecer la procedencia del reconocimiento de efectos legales que aquí se reclama, a cuyo efecto, el Consulado de dicho país en Bogotá por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, allegó al plenario respuesta a la nota verbal del 18 de junio de 2013, en la cual informó que:

«En falta de un Tratado bilateral, la legislación italiana está reglamentada por la ley conocida como reforma del derecho internacional privado que afirma por el caso en específico: Reconocimiento de sentencias civiles extranjeras (divorcio, adopción, cambio de nombre o apellido u otro): la Ley de Derecho Internacional Privado (n. 218/1995) establece, como regla general, la eficacia automática en Italia de las sentencias extranjeras que cumplan con ciertos requisitos para la compatibilidad con el sistema jurídico italiano (básicamente que no sean en contra de la orden y la moral pública)»(6).

Atendiendo a lo expresado en dicha comunicación, se dispuso trasladar al presente trámite, copia auténtica de la Ley 218 de 1995 —Derecho Internacional Privado Italiana— obrante en el proceso de exequátur 11001-0203-000-1999-07649-01, compendio normativo que en sus artículos 64 y 65 consagran los aspectos relevantes para que en ese país se otorgue reconocimiento legal a las sentencias pronunciadas en otro país, así:

«ART. 64.—Reconocimiento de sentencias extranjeras. 1. La sentencia extranjera será reconocida en Italia sin que sea necesario recurrir a procedimiento alguno cuando: a) el juez que la profirió, podía conocer de la causa de acuerdo con los principios de competencia jurisdiccional propia del ordenamiento italiano; b) el auto de apertura del proceso, fue puesto en conocimiento del demandado de acuerdo con lo dispuesto por la ley del lugar donde se desarrolló el proceso sin violación de los derechos esenciales de la defensa; c) las partes constituyeron en juicio de acuerdo con las leyes del lugar donde se desarrolló el proceso, o la contumacia haya sido declarada de conformidad con la ley; d) la misma queda ejecutoriada de acuerdo con la ley del lugar donde se pronunció; e) que la misma no sea contraria a otra sentencia ejecutoriada y pronunciada por un juez italiano; f) que no esté pendiente un proceso ante un juez italiano por el mismo objeto y entre las mismas artes, iniciado antes del proceso extranjero; [y] g) que sus disposiciones no produzcan efectos contrarios al orden público».

«ART. 65.—Reconocimiento de providencias extranjeras. Tienen efecto en Italia, las sentencias extranjeras relativas a la capacidad de las personas, y las relativas a la existencia de relaciones familiares o de derechos de la personalidad, cuando hayan sido pronunciadas por las autoridades del Estado cuya ley se refiere a las normas de la presente ley, o produzcan efectos en el ordenamiento de ese Estado, aun cuando hayan sido pronunciadas por las autoridades de otro Estado, siempre que no sean contrarias al orden público y los derechos esenciales de la defensa».

Así las cosas, confrontados los preceptos legales antes transcritos con las reglas patrias sobre exequátur, se hace patente la similitud normativa imperante en uno y otro Estado, en cuanto autorizan la ejecución de sentencias judiciales foráneas, por lo que puede concluirse que las decisiones emitidas por jueces colombianos tendrán eficacia jurídica en el territorio italiano, en cuanto reúnan los requisitos señalados en precedencia.

Ahora bien, en lo atañedero a la salvaguarda del orden público patrio con respecto al contenido mismo de la providencia objeto de homologación, se advierte que ésta en manera alguna contraviene el ordenamiento legal colombiano, toda vez que la decisión destacó el «carácter ininterrumpido de la separación (empezada más de tres años de la demanda de divorcio)», puesto que los cónyuges con anterioridad habían presentado acta de separación consensual ante «el Presidente del Tribunal de Monza el 24 de mayo de 2005», la que fuera «homologada el 21 de julio de 2005», razón por la cual concluyó que «el no breve periodo de separación misma y la voluntad manifestada por las partes de poner fin a su experiencia conyugal, excluyen que la comunión material y espiritual entre los cónyuges pueda ser reconstituida»(7), circunstancia semejante y que armoniza con la hipótesis planteada en la causal 8ª del artículo 154 de nuestro Código Civil(8), de suerte que en el sub lite no se observa contrariedad manifiesta u ostensible de la ley nacional.

5. Confirmada la existencia de reciprocidad legislativa y la conformidad con el orden público colombiano, pasa a verificarse el cumplimiento de los demás requisitos formales reclamados por el artículo 694 del Código de Procedimiento Civil, en tal virtud se considera:

i. La sentencia únicamente se ocupó de la definición del estado civil de los esposos Fabiano Castellar, sin hacer mención alguna a circunstancias de carácter patrimonial, por lo que se descarta cualquier pronunciamiento referente a derechos reales constituidos sobre bienes que se encontraban en el territorio nacional.

ii. La providencia fue presentada en copia debidamente autenticada, según da cuenta la constancia visible a folios 7 y 18, traducida por traductor oficial(9), en la que dice: «Tribunal de Monza, copia conforme al original. Monza, 9 de julio de 2012. Firma estampada ilegible de parte del funcionario judicial Margherita Crippa, con aposición de un sello redondo negro del Tribunal Civil y Penal de Monza». Igualmente, aparece legalizada mediante apostilla(10) la firma del funcionario judicial que expidió la copia auténtica de la sentencia(11), así como su traducción en debida forma.

iii. En lo referente a la ejecutoria de la decisión, aparece a folios 7 y 17 la certificación emitida por la Secretaria y Funcionaria Judicial del Tribunal Civil y Penal de Monza, en la que se lee: «atesta que la presente sentencia depositada en fecha 12 de abril de 2010 ha quedado ejecutoriada por cumplimiento de términos. Monza, 28 de septiembre de 2011».

iv. El asunto no es de conocimiento exclusivo de los jueces colombianos; e igualmente no obra constancia en el plenario de que estuviere en curso un proceso sobre la misma cuestión.

En lo concerniente al requisito de la debida citación a la cónyuge Virginia de Jesús Castellar Puello, hoy demandante en exequátur, tal exigencia se tiene por cumplida puesto que en la providencia se hizo expresa referencia a que «la demandada no se [presentó] a pesar de haber sido citada en legal forma»(12).

6. En suma, verificado el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la ley colombiana para tales efectos, resulta procedente conceder el exequátur solicitado.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrado justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE el exequátur conforme a lo expresado en la parte motiva de la providencia, respecto de la Sentencia 1079 de 2010 de 25 de marzo de 2010, proferida por el Tribunal de Monza, Sección Cuarta Civil, Italia, mediante la cual decretó la disolución del matrimonio civil celebrado el 4 de febrero de 2004, entre el ciudadano italiano Antonio Fabiano y la ciudadana colombiana Virginia de Jesús Castellar Puello.

Para los efectos previstos por los artículos 6º, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con el artículo 13 del Decreto 1873 de 1971, ordénase la inscripción de esta providencia junto con la sentencia reconocida y su respectiva traducción, tanto en el folio correspondiente al registro civil del matrimonio como el de nacimiento de los cónyuges. Por Secretaría líbrense las comunicaciones pertinentes.

Sin costas en la actuación.

Notifíquese».

4 CSJ, SC, 28 jul. 1998, Rad. 6583; 18 dic. 2009, Rad. 2008-00315-00; 26 ene. 2011, Rad. 2007-00499-00; 8 nov. 2011, Rad. 2009-00219-00; 19 dic. 2012, Rad. 2011-00579-00; entre otras.

5 Folio 64.

6 Folio 75.

7 Folio 15.

8 Artículo 154 [8], Código Civil Colombiano. «[l]a separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de dos (2) años».

9 Traductora e interprete Oficial en los idiomas español – Italiano, italiano – español, Aura Cenzato de Thiele, según certificado suscrito por el jefe del área de legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

10 Ley 455 de 1998, por medio de la cual se aprueba la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961.

11 Folios 9 vto. y 18.

12 Folio 15.