Sentencia SC17154-2015 de diciembre 14 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC17154-2015

Radicación 11001 31 03 004 2011-00125 01

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

(Aprobado en sesión de veintinueve de julio de dos mil quince)

Bogotá, D.C., catorce de diciembre de dos mil quince.

Decide la Corte el recurso de casación que los demandantes Omar Hernando González Pardo y María Lourdes Oñate Bello formularon contra la sentencia proferida el 9 de noviembre de 2012 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, dentro del proceso ordinario que promovieron frente a JAIME TORRES GONZÁLEZ y YUMNA SEFAIR SILVA.

Antecedentes

1. Se solicitó esencialmente, declarar la nulidad absoluta de las escrituras públicas 3491 de 18 de junio de 2008 y 847 del 20 de febrero de 2009, ambas de la Notaría 45 de Bogotá, por no reunir los documentos necesarios que soportan técnica y jurídicamente los actos suscritos, además de tener objeto y causa ilícita.

Pidieron consecuencialmente, oficiar a la Notaría 45 del Círculo de Bogotá para darle publicidad a la sentencia; al Instituto Geográfico Agustín Codazzi para que disponga lo que corresponda respecto de la Resolución de 30 de julio de 2008, “por la cual se modificó la plancha 209”, proferida con base en los dos instrumentos cuya nulidad se pretende; y a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá —Zona Norte—, a efectos de que cancele en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20368431 las escrituras mencionadas.

2. Son causa de su petición los hechos que a continuación se compendian:

Compraron el predio LOURDES, a la señora CECILIA VARGAS el 15 de abril de 1996, inmueble que se derivó del bien LA COMPAÑÍA, fraccionado en el trabajo de partición con ocasión de la sucesión de MARÍA FLORIDA ROZO, adjudicándoselo a JOSÉ IGNACIO BERNAL.

Los señores JAIME TORRES GONZÁLEZ PARDO y YUMNA SEFAIR SILVA, adquirieron la heredad conocida como EL ENCERRADO, a través de contrato de permuta celebrada con SAMUEL RAMÍREZ POVEDA y otros, contenido en el instrumento público 2369 de 30 de julio de 2005, especificándose que tiene un área aproximada de 42 hectáreas.

El 13 de febrero de 2007, los aquí demandados iniciaron proceso de deslinde y amojonamiento contra ellos, para dirimir el lindero entre las fincas EL ENCERRADO y LOURDES; actuación que finalizó por conciliación del 15 de abril de 2008, protocolizada en la escritura 1466 de la Notaría 32 de Bogotá.

Con desconocimiento del acuerdo y sin ningún fundamento técnico los opositores variaron el área del inmueble EL ENCERRADO de 42 a 54 hectáreas y 4.160 metros cuadrados; es decir que tuvo un “incremento de treinta y cuatro punto treinta y dos por ciento (34.32%)”.

Informaron que el sustento del “acrecentamiento” fue el englobe de las fincas LA ÑAPA y LOS LAURELES, tras efectuar una simple operación aritmética desprovista de justificación jurídica y racional, a más que contradice los títulos de adquisición de los mismos otorgantes y de sus antecesores, “con el agravante de que ello sirvió de soporte a la variación unilateral de linderos obtenida del IGAC en la Resolución cuya revocatoria se solicita, a costa del predio LOURDES de propiedad” de los convocantes.

Pese a que el instrumento público 3491 carece del apoyo necesario, “la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá procede con base en ella a modificar el área del predio EL ENCERRADO, y la inscribe” en el certificado de libertad 50N-20368431, consignando “el irregular incremento de área en el aparte DESCRIPCIÓN CABIDA Y LINDEROS del mismo. (…)”; aunado a lo anterior, mediante escritura 847 de la Notaría 45 de Bogotá los demandados apoyados en la apócrifa escritura citada procedieron a determinar y actualizar el área total del predio EL ENCERRADO, obteniendo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, quien obró de buena fe, que accediera a la ilegítima petición, reduciendo el área de la finca que pertenece a los demandantes conocida como LOURDES, en 16 hectáreas y 1800 metros cuadrados.

Por la vía administrativa se solicitó la revocatoria directa de la Resolución 25-326-0034-2008, pero la Dirección Territorial de Cundinamarca del IGAC “se abstuvo de revocar la Resolución atacada argumentando que no reunía los requisitos procesales necesarios para la formulación de la acción”, vulnerando con esa decisión, los derechos de propiedad de los actores sobre el predio mencionado, toda vez que, “catastralmente ha quedado disminuido en poco menos de un cincuenta por ciento (50%), sin que exista soporte jurídico que así lo permita”.

Finalmente la Procuraduría General de la Nación declaró fallida la audiencia de conciliación como requisito de procedibilidad, según consta en acta 8833.

3. Admitida la demanda por auto de 17 de marzo de 2011, el extremo pasivo la contestó oponiéndose a la totalidad de las súplicas y proponiendo las excepciones de mérito que denominó “cosa juzgada, falta de legitimación por pasiva, prescripción del derecho, no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios, prejudicialidad o pleito pendiente, extralimitación de las facultades otorgadas al apoderado, temeridad o mala fe y la genérica”.

4. A la primera instancia, luego de agotarse las formas propias del proceso ordinario, puso fin la sentencia de 8 de junio de 2012 dictada por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá, que denegó la totalidad de las pretensiones, al considerar que “de la documentación relacionada se desprende en forma clara que ciertamente se cumplieron a cabalidad y en su totalidad cada uno de los ordenamientos establecidos para la protocolización de dichas escrituras, así como para su registro y anotación en catastro e instrumentos públicos”, además, dijo, no se demostró que en los actos jurídicos de cuya nulidad se duelen existiera causa u objeto ilícito; y, como aquella no procede, lo propio ocurre con la declaración de perjuicios rogada en el libelo.

Frente al descrito proveído los promotores de la acción apelaron, argumentando básicamente que no se tuvieron en cuenta todos los medios de convicción recaudados, tanto documentales como testimoniales; providencia que fue confirmada en oportunidad por el superior.

La sentencia del tribunal

Luego de destacar la concurrencia de los presupuestos procesales y la ausencia de vicios que pudieran dar al traste con lo actuado, anunció que debido a que las súplicas buscan la declaratoria de nulidad de las escrituras 3491 y 847 de junio de 2008 y febrero de 2009 respectivamente, “se torna imperioso ahondar en el estudio de las referidas nulidades, y de allí esclarecer si los instrumentos atacados están viciados de nulidad o no”.

Se refirió a ese instituto merced a lo prevenido en el canon 1740 del Código Civil y señaló que la doctrina lo define como el “castigo o sanción civil que se impone por la omisión de los requisitos que la ley considera indispensables para la validez de los actos o contratos”.

Recordó su clasificación en absolutas y relativas; y tras relacionar los elementos ínsitos a cada una de ellas, destacó los aspectos en que se diferencian exponiendo lo siguiente: (i) la acción de nulidad absoluta pertenece a todo interesado; en cambio la relativa solo puede solicitarla la persona a quien la ley ha querido proteger; (ii) la nulidad absoluta no se convalida, mientras que el acto que da lugar a la nulidad relativa admite saneamiento; (iii) la primera, en materia de prescripción, sigue las reglas del derecho común, esto es la acción expira a los 20 años, reducido a la mitad por la Ley 791 de 2002; la segunda, por su parte, en 4 años.

Seguidamente dijo que ambas permiten a las partes reclamar la restitución de sus prestaciones; y, en su caso, daños y perjuicios, a más de obrar retroactivamente.

Apuntó otras connotaciones coincidentes a los dos tipos de sanciones y memoró su regulación en el Estatuto Mercantil, con especial énfasis en las causales de nulidad absoluta previstas en el canon 899 de esa obra, lo mismo que en el instituto de la anulación del precepto 900 y la remisión al Código Civil a que alude el artículo 822 del Código de Comercio.

Cuando abordó el caso específico señaló, primeramente, “que no se configura ninguna de las causales de nulidad del acto jurídico, tal como alega el inconforme, las que como se dijo, están taxativamente contempladas en la norma, por lo tanto se advierte la improcedencia de la acción adelantada”.

Expresó que en las escrituras atacadas de nulidad absoluta, “no se colige una modificación de los linderos del bien denominado EL ENCERRADO, pues es evidente que (…) si bien no estaban específicamente delimitados, si estaban determinados y en todo caso eran determinables”, gracias a la decisión del Juzgado Sexto de Familia de Bogotá de 12 de diciembre de 1995, que aclara y adiciona la sentencia aprobatoria de la partición dentro de la sucesión del causante LEOPOLDO POVEDA GALÁN, providencia de la que se puede establecer que los linderos del inmueble “EL ENCIERRO (sic) estaban llamados a acrecer”, dado que hacían parte del mismo LA ÑAPA y LOS LAURELES, “los que por tener folios independientes, pero que serían cancelados, contaban con linderos definidos en cuanto a su extensión y ubicación, que solamente debían tenerse por integrados al bien de los demandados”.

Es decir, que de tiempo atrás, con base en el mandato judicial “estaba determinada la alinderación del bien denominado EL ENCIERRO (sic)” sin que sufriera modificaciones con el otorgamiento de las escrituras a las que se les atribuye el vicio.

Manifestó que lo anterior es validado, porque en la escritura 3491, según dimana de la estipulación tercera, contrario a lo planteado por los demandantes, “simplemente se está haciendo claridad respecto del área, sin que esta aumente o disminuya”.

Arguyó, que la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá —zona norte—, desechó la impugnación que presentaran los actores contra la inscripción de la escritura 3491 de 2008 en el certificado de libertad del predio EL ENCERRADO, lo que revela que al otorgarla, “no se pasaron por alto normas legales, y contrario sensu, se observaron en su integridad, por lo que mereció ser registrada en el folio de matrícula respectivo”.

También señaló, que quedan “abatidas” las súplicas del libelo y de la alzada, por cuanto que, “de las documentales militantes a folios 78 a 93, correspondientes a la Resolución 25-000-0130-000 del 16 de julio de 2009, emitida por la JEFA DE ÁREA DE CONSERVACIÓN DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI en la cual se expone con nitidez, la procedencia de la rectificación del área del inmueble denominado EL ENCERRADO” se observa que se dictó con fundamento en la providencia del Juzgado Sexto de Familia de Bogotá, “lo que brinda un sólido pilar a la intención de los demandados para efectuar la aclaración del área referida”.

Por último anotó, que el sistema normativo no establece como causal de nulidad absoluta de un instrumento público, “la existencia de una conciliación previa”; y además, concluyó, que si en las escrituras adosadas no se observa objeto ni causa ilícita, y tampoco se omitió las formalidades legales y las partes otorgantes son sujetos capaces, debía ratificarse la sentencia impugnada.

La demanda de casación

Con sustento en la causal primera que consagra el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil se formuló una sola denuncia, bajo la modalidad de violación indirecta por errores de hecho.

Cargo único

Se acusa la sentencia de infringir indirectamente las siguientes normas de derecho sustancial: (i) artículos 6º, 1519, 1523, 1740, 1741, 1742, 1746 y 1752 del Código Civil, y el 899 del Código de Comercio; (ii) por su relación con los anteriores, los preceptos 3 y 13 del Decreto 3496 de 1983, los artículos 73, 76 y 77 del Decreto 1250 de 1970, artículos 99, 102 y 103 del Decreto 960 de 1970, canon 49 del Decreto 2148 de 1983 y 5º del Decreto 1711 de 1984; (iii) los artículos 2º y 96 de la Resolución 2555 de 1988 y 70 de 2011 emanada del Instituto Geográfico Agustín Codazzi; (iv) el artículo 669 del Código Civil y 58 de la Constitución Política y, (v) también respecto de los anteriores, los cánones 175, 177, 185, 187, 194, 195, 197, 200, 258, 264 del Código de Procedimiento Civil.

Señaló inicialmente, que la violación de la normativa sustancial invocada se produjo, por errores de hecho manifiestos en la interpretación de la demanda y su sustitución, y de las pruebas que obran en el expediente.

Error en la interpretación de la demanda

Para explicar lo relacionado con la apreciación del libelo, comenzó por resumir todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia del Tribunal y a renglón seguido reprodujo las súplicas primera y segunda del texto de sustitución de demanda que se lee en los folios 535 a 547 del cuaderno uno (1).

Recordó que su reclamación procuró esencialmente que se declararan nulos absolutamente dos instrumentos públicos “por no reunir los documentos necesarios que soportan técnica y jurídicamente la exigencia de esta clase de actos jurídicos y por tener un objeto y causa ilícita”, puesto que la Resolución mediante la cual el IGAC actualizó el área y los linderos del predio EL ENCERRADO de propiedad de la pasiva se expidió después de la escritura pública 3491; mientras la segunda data del 18 de junio de 2008, el acto administrativo es del 30 de julio siguiente (la resolución del IGAC debió hacer parte de la EP 3491, dijo.); siendo aquella una exigencia cuyo desconocimiento acarrea la sanción pedida conforme lo previene el artículo 1741 del Código Civil.

Memoró precedentes de la Sala alusivos a la facultad que tiene el juez para interpretarla, recordando que al abrigo de esa potestad le está vedado alterar las pretensiones y los supuestos fácticos en que se funda.

Y agregó,

“es entonces evidente, manifiesto y trascedente el error del Tribunal acerca de la interpretación de la demanda pues acorde con la jurisprudencia de la Corte, tergiversó completamente su sentido, pues no atinó a ver que según el claro texto de los hechos y pretensiones, lo que se destaca es la nulidad absoluta de las citadas escrituras públicas por la omisión de los requisitos previos y soportes, constitutivos de verdaderas formalidades exigidos en atención a la naturaleza del acto mediante el cual se procede a la corrección o actualización de áreas y determinación de linderos de inmuebles”.

Error respecto de la valoración de los medios de convicción

Como acotación previa, recordó “los postulados básicos que dominan la institución de la nulidad absoluta deprecada y las normas imperativas que rigen la aclaración, corrección o actualización de áreas y linderos de inmuebles”, al igual que el interés de los actores en promover la acción formulada.

Se refirió al contenido del precepto 1741 del Código Civil, que regula las causales de nulidad absoluta del acto, enfatizando sobre la omisión de formalidades para su valor, es decir los requisitos ad sustantiaciam actus, que los diferenció de los ad probationem.

Mencionó la legitimación de la parte actora para intentar la acción de nulidad merced a lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley 50 de 1936 y transcribió una sentencia de la Corporación alusiva al tema; luego de lo cual reiteró el aspecto factual del litigio y dijo, que resulta “claro el interés jurídico y económico de los demandantes, porque esa variación en el área del predio EL ENCERRADO se realizó sin el lleno de las formalidades legales y requisitos técnicos exigidos por normas imperativas, (…)”.

Señaló, que de acuerdo con lo establecido por las disposiciones legales que citó, el trámite para corregir, actualizar o aclarar áreas de predios deben reunir las siguientes exigencias:

“a. previamente a realizar cualquiera de las anteriores actuaciones, debe elevarse una solicitud ante la Oficina de Catastro o del IGAC, para que estas entidades realicen las labores técnicas tendientes a aclarar, actualizar o corregir los linderos del inmueble correspondiente. En desarrollo de ese trámite, entre otros aspectos, se deben practicar las pruebas pertinentes, verificar la situación jurídica del inmueble, citar a todos los interesados o a todos aquellos que se pueden ver afectados (…) b. Realizada la anterior actuación administrativa, se debe otorgar la respectiva escritura pública con base en la Resolución o certificado catastral emitidos por el ente administrativo correspondiente que sirve entonces como fundamento o soporte de la corrección, actualización o aclaración del área o linderos del inmueble; c. inscripción de la escritura en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para la modificación de la matricula inmobiliaria. Trámite (…) regulado por normas imperativas y por consiguiente de obligatorio cumplimiento comoquiera que responde a postulados de elemental seguridad jurídica”.

Expresó que todo instrumento público que pretenda actualizar superficie y/o linderos de una heredad debe sujetarse a las normas imperativas, “so pena de que la escritura pública que omita dichas exigencias sea reo de nulidad absoluta”, circunstancia que se “refuerza” porque, con base en el artículo 99 del Decreto 960 de 1970, “desde el punto de vista formal son nulas las escrituras en que se omita el cumplimiento de requisitos esenciales que según el numeral 6) como norma en blanco, se presenta `cuando no se hayan consignado los datos y circunstancias necesarios para determinar los bienes objeto de las declaraciones”.

Inmediatamente relacionó los siguientes yerros en la valoración de los elementos persuasivos:

a. Apreciación incorrecta del documento 3491 de 2008. Sobre él describió su rótulo y manifestó, que el Tribunal no se percató de que, “según la especificación de la naturaleza del acto, por el numeral 902 allí indicado, se trataba de una determinación y actualización de área total de inmueble, conforme a lo establecido en la Resolución 1695 de la Superintendencia de Notariado y Registro, sin que a la mencionada escritura se hubiera acompañado la correspondiente Resolución del IGAC, exigido como soporte y formalidad legal para poder realizar” la actualización y dotar de validez el acto.

Expuso que a partir de lo anterior, el fallador ad quem “pretermitió otras pruebas” que ratifican la intención de los opositores de actualizar el área del bien llamado EL ENCERRADO, mediante el englobe de varios de sus predios, así:

b. Interrogatorio de parte de JAIME TORRES, en la que a pesar de ser absolutamente omitida, en ella confesó “paladinamente que suscribió la escritura 3491, `con el único objeto de aclarar el englobe de los lotes que adquirieron con anterioridad`”, esto es, que el fin de suscribir ese instrumento no era otro que englobar EL ENCERRADO, LAURELES y LA ÑAPA, “que presentaban matrículas independientes, además de desconocer los alcances de la conciliación realizada (…) dentro del proceso de deslinde y amojonamiento entablado entre las partes de este proceso”.

c. Aseguró que en la contestación de la demanda, se admitió “sin ningún género de dudas que por la escritura pública 3491 (…) procedieron a englobar el predio EL ENCERRADO mediante una corrección del área, resultante del englobe de los predios EL ENCERRADO, LA ÑAPA y LOS LAURELES” según refulge y valida de la respuesta a los hechos 10, 14 y 26 del escrito genitor; es decir, expresa, “que un simple acto unilateral de voluntad, según los demandados, basta para aclarar y englobar áreas de inmuebles, lo que revela a las claras entonces, que la escritura pública 3491 se otorgó sin el soporte legal previo, que en este caso es la Resolución que al efecto expide el IGAC”, formalidad aquella imprescindible, cuya omisión deriva en la invalidez del acto, por estar en juego postulados como el de la seguridad jurídica y los derechos de terceros.

d. Enumeró testimonios de los que, aseveró, “se deduce con claridad meridiana que los linderos del lote englobado EL ENCERRADO no estaban determinados ni por ende el área del inmueble”, antes de firmarse el instrumento. Además dijo, que las versiones de los declarantes se apoyaron en otras pruebas ignoradas por el Tribunal.

Al efecto, el señor Jorge Ceballos Álzate refirió que los demandantes iniciaron un proceso de deslinde y amojonamiento en el Juzgado Civil del Circuito de Chocontá para definir el lindero entre los predios EL ENCERRADO de los opositores y la finca LOURDES de los actores, y que dentro de ese juicio conciliaron sus diferencias “sobre la base de que se solicitaría al IGAC que hicieran la demarcación con base en la plancha 209-II-D-4, conciliación que quedó plasmada” en acta visible en el folio 400, “y en desarrollo de lo cual se acordó que la delimitación se haría a través de una inspección judicial” que no se hizo, procediendo JAIME TORRES a otorgar la escritura y en la que el inmueble el ENCERRADO pasó de 42 a 54 hectáreas 4160 metros cuadrados.

De la manifestación del testigo PEDRO MANUEL MORENO MAHECHA, recordó que aquel como topógrafo, dijo que los bienes estaban superpuestos en sus linderos, en este caso el LOURDES sobre EL ENCERRADO.

Igualmente aludió a las versiones de LUÍS BARAJAS ROJAS y por último a la de ÁLVARO SUÁREZ ROJAS quien informa que participó como comisionado del IGAC para definir los lindes entre los predios de las partes de este juicio, memorando “que el señor TORRES quedó molesto por el resultado”.

e. Expuso que el sentenciador colegiado, desconoció el proceso de deslinde y amojonamiento y la conciliación a la que se llegó, actuación que se inició para determinar con precisión los límites entre las propiedades en disputa, y que luego de dictada la sentencia respectiva debía inscribirse en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos en los certificados de libertad que a cada heredad se le tiene asignada.

Dijo que los señores JAIME TORRES y YUMNA SEFAIR SILVA intentaron desconocer los términos del acuerdo y añadió que, “por lo expuesto no son ciertas las conclusiones probatorias a las que llegó el Tribunal” pues es claro que antes de la escritura 3491, “no estaban determinados los linderos del predio EL ENCERRADO, y al proceder los demandados a suscribir dicha escritura, desconocieron abiertamente los términos y condiciones en el acuerdo conciliatorio”, errando protuberantemente cuando afirma que los linderos del inmueble “si bien no estaban específicamente delimitados, si estaban determinados y en todo caso eran determinables”.

Explicó, que no se percató el juez plural que la Resolución de 30 de julio de 2008 del IGAC visible en el folio 359, “es posterior a la escritura pública 3491 de 18 de junio de 2008, y es una `rectificación de área` y modifica su plancha 209 III D4 en lo que tiene que ver con la demarcación del lindero con el predio LOURDES, de propiedad de los demandantes”, reduciéndole su superficie en 16 hectáreas y 1800 metros cuadrados.

Esgrime que las actuaciones administrativas a las que refirió el Tribunal, dentro de las cuales la Oficina de Registro, “desechó la impugnación que presentara la parte demandante en contra de la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria del predio EL ENCERRADO no desvirtúa de ninguna manera la nulidad sustancial que en este proceso se intenta”, y tampoco se convalida la irregularidad sustancial constitutiva de invalidez de la escritura pública 3491, con la Resolución del 16 de julio de 2009 que no revocó el acto administrativo de 30 de julio de 2008 expedido por el IGAC, toda vez que, reiteró, el plurimencionado instrumento “carece de soporte técnico por constituir una rectificación de área”.

Afirma, para concluir, que le asiste a los actores en este caso el derecho a reclamar la nulidad de las escrituras públicas, “comoquiera que mediante títulos viciados de ilicitud, se pretende” despojarlos de parte de la propiedad de su predio LOURDES cuyos títulos de adquisición son incuestionables y además encuentran respaldo en el artículo 58 superior, garante del dominio adquirido con arreglo a las leyes civiles.

Consideraciones

1. En aras de evitar que los extremos de las relaciones negociales soslayen el sometimiento a la legalidad, el ordenamiento confeccionó sanciones de orden civil para los infractores, que se traducen en la cesación de los efectos acordados. En esa dirección, ordena el artículo 1740 del Código Civil, que “es nulo todo acto o contrato a que falte alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de las partes”.

Tratándose del vicio castigado ora con nulidad absoluta, bien con relativa, de todos modos, la consecuencia no opera ipso jure; requiere la declaración judicial correspondiente.

2. Por cuanto la presente actuación tuvo origen en la pretensión de nulidad absoluta de dos actos incorporados en instrumentos públicos contentivos de una actualización de áreas de bien inmueble y de ratificación de medidas respectivamente, tras denunciarse, entre otras, disposiciones del Estatuto del Notariado, conviene recordar, cual lo hubiere expuesto la Sala que:

“De conformidad con lo dispuesto por el Decreto-Ley 960 de 1970, en el proceso de “perfeccionamiento” de una escritura pública, se distinguen varias etapas sucesivas e independientes entre sí, cuales son: la recepción de las declaraciones de los otorgantes; la extensión de las mismas, es decir, la incorporación al documento de la “versión escrita” de lo declarado; el otorgamiento, o sea, el asentimiento de los otorgantes al texto que ha sido extendido en el instrumento; y, por último, la autorización que, a tenor del artículo 14 del Decreto-Ley 960 de 1970, consiste en “la fe que imprime el notario” al instrumento, lo que realiza luego de verificar el cumplimiento de los “requisitos pertinentes” y en atestación pública “de que las declaraciones han sido realmente emitidas por los interesados”.

Dado que durante el proceso de “perfeccionamiento” de una escritura pública puede incurrirse en nulidad, lo que acontece cuando se omite el “cumplimiento de los requisitos esenciales”, o pueden ocurrir irregularidades de menor entidad “desde el punto de vista formal”, el Decreto-Ley 960 de 1970 dedicó su Título III a la “Invalidez y Subsanación de los Actos Notariales”.

De los primeros, se ocupa en forma específica el artículo 99 del Decreto en mención, casos en los cuales se sanciona por el legislador el vicio de que se trate, con la invalidez del acto notarial en cuestión.

En cuanto a las demás irregularidades, éstas pueden ser objeto de “Subsanación”, enmienda o corrección, y de ello se ocupan las restantes normas del Título III del aludido Decreto 960 de 1970, cual acontece cuando a pesar de haberse cumplido los requisitos esenciales para el nacimiento de una escritura pública a la vida jurídica, por una circunstancia ajena a las partes y atribuible al Notario, éste no la firmó. En tal hipótesis, quien ocupe el cargo podrá suscribir con posterioridad el documento para elevarlo a la categoría de escritura pública, previa autorización de la Superintendencia de Notariado y Registro (D.L. 960/70, art. 100 y D. 2148/83, art. 47), (…)”(1).

El artículo 99 del Decreto 960 de 1970 recoge “desde el punto de vista formal” los motivos de nulidad de las escrituras en los eventos de omitirse los siguientes presupuestos esenciales:” 1. Cuando el Notario actúe fuera de los límites territoriales del respectivo Círculo Notarial. 2. Cuando faltare la comparecencia ante el Notario de cualquiera de los otorgantes, bien sea directamente o por representación. 3. Cuando los comparecientes no hayan prestado aprobación al texto del instrumento extendido. 4. Cuando no aparezcan la fecha y el lugar de la autorización, la denominación legal del Notario, los comprobantes de la representación, o los necesarios para autorizar la cancelación. 5. Cuando no aparezca debidamente establecida la identificación de los otorgantes o de sus representantes, o la forma de aquellos o de cualquier compareciente. 6. Cuando no se hayan consignado los datos y circunstancias necesarios para determinar los bienes objeto de las declaraciones”.

Aquellas exigencias se predican del documento en cuanto instrumento autónomo, es decir, distinto a la manifestación de voluntad que él incorpora; por ello, se destaca, es considerado una pieza desligada de las afirmaciones que las partes le hubieren consignado.

Al efecto, ha sostenido esta Corporación:

“Es posible, naturalmente, que el contenido de la escritura, cuando es negocial, adolezca de una causal de nulidad, mas no por semejante motivo se verá comprometido el instrumento en sí. En el mismo orden de ideas, si sobre la escritura pública gravita uno de los motivos de nulidad indicados en el artículo 99 del Decreto 960, su contenido, por lo menos en principio, no tiene por qué sufrir influencia de ninguna especie de ese hecho, puesto que se está ante dos entidades que jurídicamente se conciben o captan de manera autónoma, así estén conectadas en la medida en que la escritura dice de la declaración. Otra cosa, por supuesto, será que con ocasión de la declaratoria de invalidez de la escritura, desaparezca también su contenido cuando este no puede permanecer sin el sustento de aquella por ser condición de su propia existencia; sin embargo, aún en tal caso, la cuestión siempre se sopesará desde el ángulo del instrumento y no desde el de las declaraciones en ella consignadas.

Por tanto, cabe afirmar que las declaraciones en sí mismas desempeñan un papel neutro o indiferente respecto de las exigencias formales de la escritura pública, de donde se sigue que estas exigencias de índole formal ninguna dependencia crean respecto de lo que determine la ley sustancial acerca de esas declaraciones”(2) (resaltado fuera de texto).

3. Una cosa es la nulidad formal de las escrituras públicas reglamentada en el Decreto 960 de 1970 y otra diferente la nulidad absoluta de un acto o contrato por falta de requisitos para el valor del mismo según su especie y la calidad o estado de las partes a que se refiere el artículo 1740 y siguientes del Código Civil.

3.1. En efecto, el canon 1741 de la misma obra dice: “La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. Hay así mismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato”.

3.2. Las nulidades sustantivas, entonces, pueden ser absolutas o relativas, siendo uno de los criterios para realizar la distinción la naturaleza e importancia de la norma violada, dependiendo de si lo que se resguarda es el orden público o los intereses privados. De la misma manera, emergen otros rasgos característicos para diferenciarlas, dependiendo, verbigracia, de la legitimación para invocarla, el saneamiento y el término de prescripción.

Tratándose de las primeras, los motivos para que se estructure, se repite, derivan de: (i) la causa ilícita, entendiéndose por tal, “la prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público” (art. 1524); (ii) el objeto ilícito, pues dado que el mismo concierne a lo que se quiere del negocio jurídico, este debe ser armónico con el imperio de la legalidad. Se desconoce por ejemplo, al contravenirse el derecho público de la Nación, venderse cosas que se encuentren por fuera del comercio, o cuando se transfiere el derecho a suceder a una persona viva, no obstante mediar su consentimiento (arts. 1519-1521); (iii) la falta de solemnidades por su parte, alude a los llamados presupuestos ad sustanciam actus, formalidad impuesta por el derecho para la constitución del negocio, que van más allá de fungir como medio de prueba por ser esenciales para su existencia misma. (iv) Por último, la sanción que se comenta se produce cuando el acuerdo se celebra entre personas incapaces absolutamente.

4. A criterio de la Sala el punto de desacuerdo entre las partes de este proceso radica en si las escrituras públicas 3491 del 18 de junio de 2008 y 847 de 20 de febrero de 2009, tuvieron por finalidad corregir simples errores aritméticos del bien inmueble objeto de controversia con base en una decisión judicial, o si por el contrario, involucraron una alteración de la heredad que se dijo esclarecer en dimensiones y linderos; caso último en el cual frente a la omisión de los requisitos que el ordenamiento jurídico impone para su otorgamiento e inscripción posterior, se pretende la declaración de nulidad absoluta.

5. La primera de las documentales materia de discusión consagró explícitamente, como apoyo de la solicitud de aclaración de medidas por corrección de simples errores aritméticos: “SEGUNDO: Que los comparecientes manifiestan que el mencionado inmueble se formó, como producto del englobe efectuado mediante sentencia de fecha 4 de agosto de 1995 proferida por el Juzgado Sexto de Familia de Bogotá, dentro del proceso de sucesión del señor LEOPOLDO POVEDA GALÁN, siendo los inmuebles englobados los siguientes. 1. LA COMPAÑÍA (…) 2. LOS LAURELES y 3. LA ÑAPA (…) Las extensiones de cada uno de los inmuebles señalados se pueden apreciar al examinarse las matrículas inmobiliarias que los identifican, a saber: 50N-87725, 50N-87726 y 50N-340515.

TERCERO: Que los comparecientes proceden mediante el presente instrumento a hacer claridad en cuanto a actualizar en el folio de matrícula inmobiliaria 50N 20368431, que el área del globo resultante del englobe antes mencionado, señalado en la cláusula primera de este instrumento, identificado con matrícula inmobiliaria 50N 20368431, del cual son los comparecientes actuales titulares del derecho, corresponde a (54 Ha 4160M2), el cual se obtiene a través de una simple operación aritmética, consistente en sumar las extensiones de los tres lotes englobados antes aludidos que lo conforman” (resalta la Sala).

La segunda escritura, por su parte, según se lee en los folios 353 a 355, “por la cual se ordena unos cambios en el catastro del Municipio de Guatavita” específicamente tuvo por objeto, “ratificar el área total del predio denominado EL ENCERRADO” (resalta la Sala), de propiedad de los señores JAIME TORRES GONZÁLEZ y YUMNA SEFAIR SILVA, documento este elevado con posterioridad a la rectificación que hizo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi del fundo, conforme dimana de la Resolución 25-236-0034 de 30 de julio de 2008 (fl. 91).

6. La desprevenida revisión de las manifestaciones trasuntadas incorporadas en esos instrumentos develan que, acorde con su sentido literal, las mismas pretendieron validar la real y correcta superficie que reseñaron tenía el predio, a partir de un mandato judicial emanado del Juzgado Sexto de Familia de Bogotá.

7. Desde la visión de las exigencias de forma que, prima facie se ordena para la corrección de una escritura pública, ya con la intención de solucionar errores simples o aritméticos, ya para modificar medidas, linderos, o aspectos de fondo, los artículos 102 y 103 del Decreto 960 de 1970, y 49 del Decreto 2148, establecen lo siguiente:

“ART. 102.—CORRECCIÓN DE ERRORES DESPUÉS DE LA FIRMA. Una vez autorizada la escritura, cualquier corrección que quisieren hacer los otorgantes deberá consignarse en instrumentos separados con todas las formalidades necesarias y por todas las personas que intervinieron en el instrumento corregido, debiéndose tomar nota en éste de la escritura de corrección.

ART. 103.—ERRORES ARITMÉTICOS Y NUMÉRICOS. Sin embargo, los errores puramente aritméticos podrán ser corregidos en cualquier tiempo si los factores que los determinan se hallaren claramente establecidos en el propio instrumento. La cifra aritméticamente verdadera se pondrá en sustitución de la errónea, de la manera y por los trámites indicados en el artículo 101.

Si se cometiere error en la nomenclatura, denominación o descripción de un inmueble o en la cita de su cédula o registro catastral, podrá corregirse mediante el otorgamiento de escritura aclaratoria suscrita por el actual titular del derecho, si de los comprobantes allegados a la escritura en que se cometió el error y de los títulos antecedentes apareciere el de manifiesto. De igual modo se procederá si el error se cometiere en relación con los nombres o apellidos de alguno de los otorgantes, considerando los documentos de identificación anotados en el mismo instrumento”.

ART. 49.—DE LA CORRECCIÓN DE ERRORES. Cuando se trate del otorgamiento de escritura aclaratoria para corrección de errores en la nomenclatura, denominación o descripción de un inmueble, en la cita de su cédula o registro catastral, en la de sus títulos antecedentes y de sus inscripciones en el registro, o en los nombres o apellidos de los otorgantes, podrá suscribirla el actual titular del derecho presentando los documentos con los cuales acredite tal calidad y el notario dejará constancia de ellos en la escritura.

El error en los linderos que no configure cambio en el objeto el contrato, se aclarará únicamente con base en los comprobantes allegados a la escritura en que se cometió el error y en los títulos antecedentes en que apareciere él de manifiesto, mediante escritura que podrá ser suscrita por el actual titular del derecho. Si el error no apareciere de manifiesto, la escritura de aclaración la escritura de aclaración debe ser suscrita por todos los otorgantes de la que se corrige.

Obsérvese que la primera norma, de carácter general, obliga a realizar la nueva declaración en instrumento separado, con todas las formalidades y en presencia de todos los sujetos que participaron en la negociación inicial; la segunda, excepcionalmente, por el contrario, impone clarificar los desaciertos puramente aritméticos, si los factores que los determinan se hayan fácilmente explicados en el propio documento, relacionados con la descripción de la finca mediante la rúbrica de otro escrito por parte del actual titular del derecho; y el último precepto, a manera de reiteración de los anteriores, estipula que para aclaraciones de escrituras públicas, que no constituyan cambio en el objeto del contrato, podrá suscribirlo el nuevo titular presentando los soportes que acrediten su calidad, lo mismo que los comprobantes allegados en que se cometió la equivocación y los títulos antecedentes en que aparecieren de manifiesto. Finaliza esta última regla reiterando que, si la equivocación no aparece de bulto, la nueva escritura deberá ser firmada por todos los otorgantes de la que se corrige.

Quiere decir lo anterior que, en tratándose de simples errores que no alteran realmente el contenido esencial del instrumento, ellos pueden ser precisados mediante otro documento similar, informando la omisión con sus soportes y suscribiéndolo el propietario actual; empero, si la equivocación cometida afecta aspectos esenciales del contenido jurídico, su corrección debe hacerse con el sometimiento a los requerimientos señalados para la primera escritura y por las mismas partes que suscribieron aquella.

8. La Superintendencia de Notariado y Registro expidió la Circular 3 del 16 de mayo de 2007, vigente para la época de ocurrencia de los hechos acusados en este trámite, requiriendo a los Registradores tener el máximo cuidado en la etapa de calificación de inscripción de títulos, a efectos de que al hacer la anotación se tenga la certeza que el inmueble es el mismo que identifica el folio de matrícula. Y, respecto a instrumentos de aclaración y/o corrección, ordenó que:

“En tratándose de documentos que conlleven una modificación de área y linderos, siempre y cuando no sea producto de un error cometido al citarse el área en la escritura pública registrada o por registrar; el Registrador debe asegurarse que el título a inscribir sea una escritura de actualización de área y linderos, efectuada con fundamento en una decisión administrativa del Instituto Geográfico Agustín Codazzi o de la Oficina de Catastro, según sea el caso, la cual debe estar debidamente protocolizada en la respectiva escritura…”.

Se desprende de lo anterior la necesidad de protocolizar junto con la escritura pública de corrección, el acto administrativo de la oficina de Agustín Codazzi que haya realizado el trámite correspondiente cuando de actualización y/o modificación de medidas y linderos se trate.

9. Teniendo claro el marco jurídico que debe apoyar la decisión, se abordará a continuación el análisis de cada uno de los dislates atribuidos. Dentro del asunto materia de discusión, el inconforme, en rigor, protesta un error de hecho por la equivocada apreciación de la demanda y de unas pruebas.

10. Enunciada el tipo de falta imputada a la sentencia, se recuerda que el Tribunal confirmó la decisión del a quo, desestimatoria de las pretensiones incoadas, motivado en que las razones que estructuraron el ataque en las instancias no encuadran dentro de ninguna de las causales de nulidad absoluta.

11. La primera parte del reproche propuesto al fallo de segundo grado apuntalado en la modalidad del error mencionado, reclama que el juzgador de forma ostensible y manifiesta se equivocó al interpretar la demanda tergiversando completamente su genuino sentido, al no observar que lo pedido era la nulidad de dos escrituras públicas por la omisión de unas exigencias legales tratándose de la naturaleza del acto consignado en los instrumentos, consistentes en la actualización y posterior ratificación de áreas de un bien inmueble, “con el agravante de que ello sirvió de soporte a la variación unilateral de linderos obtenida del IGAC a costa del predio LOURDES de propiedad de los demandantes” (se resalta).

11.1. Ese particular desatino debe ser de tal magnitud que incida significativamente en la forma como se resolvió el debate, al producir un resultado contrario a la realidad procesal, dejando por fuera los planteamientos de la cuestión litigiosa que no alcanzan a derrumbar lo resuelto, dada la presunción de legalidad y tino con que arriba a la Corte.

Al respecto, ha señalado la Sala que,

“(…) la apreciación errónea de una demanda constituye motivo determinante de la casación de un fallo proferido por la jurisdicción civil, habida consideración que adoleciendo este último de un defecto de tal naturaleza, la decisión adoptada dirimirá el conflicto con apoyo en reglas de derecho sustancial que le son extrañas y, por consecuencia, habrá dejado de aplicar las que son pertinentes para regularlo.

Pero es en verdad importante no perder de vista que al tenor de aquella disposición procesal, para que así sucedan las cosas y sea viable la infirmación por la causa aludida, deben reunirse varias condiciones que no siempre se dan con la facilidad que por lo común suponen los litigantes que al recurso en referencia acuden, residiendo una de ellas, como se sabe, en la necesaria ocurrencia de un genuino error de hecho que además de manifiesto e influyente en lo dispositivo de la resolución judicial por esta vía impugnada, ha de consistir en la desfiguración mental o material del escrito de demanda por falta de cuidadosa observación, capaz de producir por lo tanto una desviación ideológica del juez en relación con los elementos llamados a identificar el contenido medular de dicho escrito y respecto de los cuales ese funcionario no tiene atribución para suplir a las partes (…)

En otras palabras y en orden a que tengan relevancia para los fines señalados, la falencia de juzgamiento de la que viene haciendo mérito debe tener origen en un yerro objetivo que surgiendo de una desfiguración evidente y por eso mismo perceptible de manera intuitiva, vaya contra toda razón en cuanto que, tergiversando el texto de la demanda '...le hace decir lo que no expresa o le cercena su real contenido' (G.J. t. CXXXIX, pág. 136) en lo que atañe a la causa pretendí hecha valer por el actor, el petitum por él formulado o la naturaleza jurídica de la pretensión concreta entablada” (CSJ SC, oct. 19/94, rad. 3972. Reiterado en CSJ SC dic. 18/2013, rad. 12000-01098-01) (resaltado fuera de texto).

11.2. Una de las variantes de la causal primera de casación, contemplada en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, gravita en la afectación de la ley sustancial en forma indirecta, por la ocurrencia de errores de facto al interpretar indebidamente la demanda.

11.3. Según se expresó, las súplicas del presente caso incorporan en puridad, una reclamación tendiente a declarar nulos absolutamente dos instrumentos públicos “por no reunir los documentos necesarios que soportan técnica y jurídicamente la exigencia de esta clase de actos jurídicos y por tener un objeto y causa ilícita”; punto reiterado una vez más al finalizar su reproche: “el claro texto de los hechos y pretensiones”, advierte “la nulidad absoluta de las citadas escrituras públicas por la omisión de los requisitos previos y soportes, constitutivos de verdaderas formalidades exigidos en atención a la naturaleza del acto mediante el cual se procede a la corrección o actualización de áreas y determinación de linderos de inmuebles”.

11.4. Contrastado el ataque con la providencia de segunda instancia y el libelo incoativo y su sustitución —última esta que se limitó a “incluir nuevas pruebas” (fl. 534)— se encuentra que el Tribunal le dispensó una cabal hermenéutica al escrito introductor puesto que, el análisis de la sentencia combatida recoge un estudio vinculado a lo pedido en el proceso, por manera que ab initio descarta cualquier reproche.

El fundamento del embate se soportó en que la Resolución mediante la cual el Instituto Geográfico Agustín Codazzi actualizó el área y los linderos del predio EL ENCERRADO de propiedad de los demandados se expidió con posterioridad a la firma de la escritura pública 3491, pues mientras que la segunda data del 18 de junio de 2008, el acto administrativo es del 30 de julio siguiente; siendo aquella una exigencia cuyo desconocimiento acarrea la nulidad absoluta conforme lo previene el artículo 1741 del Código Civil.

11.5. El ad quem entendió y puso al descubierto la aspiración ahora exteriorizada por la parte recurrente en casación, vale señalar, la anulación de los documentos escriturarios, amén de pronunciarse explícitamente sobre ella.

En efecto, la sentencia, como se dijo en precedencia, previo a memorar algunos aspectos teóricos sobre el instituto de la nulidad, definición, origen, clasificación y regímenes aplicables en las materias civil y comercial, esbozó uno por uno los argumentos para negar las pretensiones incoadas, haciendo particular énfasis en que aquella actualización de áreas se produjo como consecuencia del fallo del Juzgado Sexto de Familia de Bogotá que aclara y adiciona la aprobación de la partición dentro del proceso de sucesión del causante LEOPOLDO POVEDA GALÁN, concluyendo que no se estructuraba ninguno de los motivos de nulidad absoluta contemplados en el precepto 1740, esto es objeto ilícito, causa ilícita, ausencia de solemnidades e incapacidad absoluta.

Lo dejó sentado el órgano de segunda instancia en estos términos:

“Por no encontrarse dentro de las específicas causales de nulidad absoluta, ninguna de las escrituras públicas atacadas, ya que no tienen objeto ilícito, ni causa ilícita, ni incurrieron en omisión de requisito o formalidad prescrito por la ley en consideración de la naturaleza misma del contrato, ni las partes que la otorgaron son incapaces absolutos, impera confirmar la sentencia de primer grado”.

11.6. Habida cuenta de lo advertido, el análisis dispensado por el juzgador al escrito introductorio del que se duele la censura, no trasluce una equivocación en su apreciación conforme los lineamientos del artículo 368.1 del Código de Procedimiento Civil; y, a pesar del esfuerzo argumentativo realizado por el recurrente al decir que “no atinó a ver que según el claro texto de los hechos y pretensiones, lo que se destaca es la nulidad absoluta de las citadas escrituras públicas”, tal circunstancia, que además fue lo toral de la Litis pues sobre ella se edificó, resultó enteramente comprendida y analizada, llegándose al colofón que no se estructuraron los motivos legales para declarar los instrumentos públicos inválidos absolutamente.

Aunque el censor soporta su acusación en el desconocimiento del artículo 1741 del Estatuto Civil, por la omisión de los requisitos “que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos”, aludiendo, entonces, a requerimientos de linaje ad sustanciam actus, lo cierto es que, de un lado, tales formalidades deben estar de manera expresa señaladas en las normas pertinentes; ejemplos hay cuando se exige de instrumento público para constituir usufructo sobre inmuebles (C.C., art. 826); para donar bienes raíces (art. 1457 ídem); para otorgar hipoteca (art. 2434); para la renta vitalicia (art. 2292). Lo propio ocurre con formalidades como la que reclaman que la promesa de celebrar contrato sea por escrito (L. 153/887, art. 89).

El resultado de omitir tal rito, lo establece igualmente el mismo sistema, y debe ser también explícito, como lo hace el canon 1760 del citado ordenamiento al preceptuar: “la falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad; y se mirarán como no ejecutados o celebrados aun cuando en ellos se prometa reducirlos a instrumento público (…)”.

Es menester reiterar que, al valorarse el aspecto factual del debate, el ad quem no echó de menos la exigencia relacionada con la resolución de catastro porque, para él resultó suficiente la decisión judicial que sirvió como instrumento habilitante para actualizar los linderos de la heredad conocida como el encerrrado; así lo entendió y discurrió en consecuencia.

De tal suerte, mal puede atribuirse un desatino en la interpretación de la demanda; menos aún cuando ese error sólo se configura si el sentenciador incurre en un protuberante u ostensible desliz, de manera que refulja la contrariedad de lo por él percibido o captado, con el contenido integral de aquella pieza procesal.

11.7 De los elementos fácticos y probatorios se puede concluir que:

a) El inmueble objeto de la litis se transfirió bajo la forma de cuerpo cierto; la operación no se hizo por cabida, es decir atendiendo como elemento esencial la extensión de la heredad (C.C., art. 1887 y ss.), según lo devela el contenido del contrato de permuta de 30 de julio de 2005 visible en las páginas 334 a 342 del informativo.

b) La EP 3491 del 18 de junio de 2008, tuvo por finalidad, según se desprende de su contenido literal, realizar una aclaración de errores aritméticos por parte de los propietarios del predio “EL ENCERRADO”, en virtud de la decisión judicial de complementación de sentencia de partición proferida por el Juzgado Sexto de Familia de la ciudad de Bogotá; siendo ello de esa manera, de conformidad con las normas transcritas en párrafos anteriores, es evidente que no era perentoria la exigencia de anexar un certificado catastral de modificación de medidas y linderos al referido instrumento. Bajo esas premisas la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos no accedió a la reclamación, vía gubernativa, planteada por los actuales recurrentes.

c) Determinar si el contenido del título 3491 de 18 de junio de 2008, es una información falsa y errónea, por cuanto en realidad lo que se hizo fue una modificación en el área que por tanto exigía la protocolización, junto con la escritura pública del acto administrativo respectivo, escapa al ámbito de la nulidad absoluta deprecada, para entrar al estudio de la fuerza y efectos jurídicos otorgados por esa entidad a la providencia proferida por el Juez Sexto de Familia de la capital, al aceptar realizar la inscripción aludida sin ningún otro requerimiento.

d) Por el contrario, si los requisitos alegados son inobservados o se está modificando la heredad sin respaldo en orden administrativa catastral, como lo enseña la nueva Circular Conjunta del IGAG y la Superintendencia de Notariado y Registro de 20 de mayo de 2010, expedida justamente para gobernar “la actualización y/o aclaración para corrección de áreas y/o linderos de inmuebles”, que modificó la 03 del l6 de mayo de 2007, el Registrador deberá rechazar la inscripción con fundamento en las previsiones de los artículos 52 y 82 del Decreto-Ley 1250 de 1970, consecuencia aquella que también determina la normativa sustancial evocada como quebrantada por la vía indirecta (D. 1711/84, art. 5º).

e) Aunado a lo anterior, delanteramente útil es destacar que, por girar la acusación sobre instrumentos respaldados en actos gubernativos dimanantes de la administración, si el error señalado refiere a la falsa manifestación de pretender corregir simples errores aritméticos y así acogerlo la entidad estatal, sería la jurisdicción contenciosa la llamada a realizar el control de legalidad sobre las decisiones tomadas en su caso, ya por la oficina del Registro, ya respecto de las Resoluciones expedidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi donde se rectifican superficies de predios.

Corolario de lo anotado, el dislate atribuido no se configura.

12. La otra parte de la acusación se hizo consistir en errores de facto por incorrecta apreciación de algunos de los elementos persuasivos adosados al plenario.

El desatino por valoración errónea de los medios de convicción, recae sobre su contemplación física, material u objetiva, y ocurre por preterición, suposición, alteración o distorsión de su contenido en la medida que se atribuye un sentido distinto al que cumple dispensarles. Dicho de otra forma, la equivocación se produce cuando el juzgador “ha visto mucho o poco, ha inventado o mutilado pruebas; en fin, el problema es de desarreglos ópticos” (CSJ CS. Sentencia mayo 11/2004, rad. 7661).

En tal virtud, para que se presente, es necesario “que al primer golpe de vista ponga de manifiesto la contraevidencia de la determinación adoptada en el fallo combatido con la realidad que fluya del proceso” (Sent. 146, oct. 17/2006, exp. 06798-01), “que repugna al buen juicio”, es decir, que “el fallador está convicto de contraevidencia” (sents. jul. 11/90 y ene. 24/92), por violentar “la lógica o el buen sentido común” (CCXXXI,644), “tan evidente, esto es, que nadie vacile en detectarlo, que cuando apenas se atisba como probable o posible, ya no alcanza para el éxito de la casación, porque, como lo tiene averiguado la Corte, ‘la duda jamás sería apoyo razonable para desconocer los poderes discrecionales del sentenciador (XLV, 649)’…” (CCXXXI, pág. 645. Reiterado en Cas. Civ., mayo 19/2011, exp. 2006-00273-01).

Por ello, la imputación debe contener “argumentos incontestables” (Sent. cas. civ., oct. 22/98), “tan concluyentes que la sola exposición del recurrente haga rodar por el piso la labor probatoria del Tribunal” (Sent. feb. 23/2000, exp. 5371), sin limitarse a contraponer la interpretación que de las pruebas hace el censor con la que hizo el fallador porque, por más razonado que ello resulte, sabido se tiene “que un relato de ese talante no alcanza a constituir una crítica al fallo sino apenas un alegato de instancia” (Sent. 056, abr. 8/2005, exp. 7730).

13. Previo a abordar los desaciertos invocados en el análisis de las pruebas, conviene recordar, como bien se sabe, que el recurso de casación, por lo extraordinario y, atendiendo su naturaleza, al momento de su formulación y posterior sustentación, imponen al censor el acatamiento de un mínimo de requisitos tanto de forma como de técnica que, al ser desconocidos, además de impedir que el fondo del debate sea abordado, lo condenan a la deserción. Su gestor, adicionalmente, no puede olvidar que este remedio procesal no atañe al aspecto fáctico de la controversia judicial (tema decidendum); menos está concebido como una nueva oportunidad para debatir el factum del litigio, tampoco constituye una tercera instancia. El objetivo principal es escudriñar el contenido del fallo proferido por el ad quem (tema decissus), tratando de visualizar los yerros denunciados y, así, en una confrontación idónea, quebrar la sentencia proferida.

13.1. También, ha enfatizado la Corte en multitud de providencias, que en este mecanismo impugnativo, el casacionista debe derruir todos y cada uno de los cimientos fundamentales que soportaron el pronunciamiento adoptado, pues el cargo operante en este escenario es únicamente aquél que se refiere íntegramente a las bases estructurales de la sentencia opugnada, con el objetivo de desvirtuarlas, por cuanto que, “si alguno de tales soportes no es atacado o su censura resulta insuficiente y por sí mismo le presta apoyo suficiente al fallo impugnado éste debe quedar en pie, haciéndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura” (CSJ SC Auto ago. 22/2011, rad. 2007-00285).

Por tanto, si varios de los argumentos en que halló estribo la decisión no fueron replicados en la demanda de casación, entonces se reputarán firmes. En este sentido la Corte tiene dicho que si se pretende combatir “con éxito un juicio jurisdiccional de instancia, no deben hacerse de lado los fundamentos del mismo, puesto que en este campo un cargo en casación no tendrá eficacia legal sino tan solo en la medida en que combata y desvirtúe directamente cada uno de tales argumentos”. (CSJ SC Sent. 035, abr. 12/2004, rad. 7077).

13.2. La acusación, igualmente lo ha reiterado la Sala, debe afectar en los eventos de ser cierto el dislate denunciado, el decisum del pronunciamiento judicial, dado que, si en nada varía la decisión de la Corporación que, como aquí fue denegatoria de las pretensiones, entonces el cargo se torna intrascendente.

En punto a aquella exigencia del desacierto fáctico, la Corporación ha sostenido que:

“en sede casacional, los errores no sólo deben ser evidentes, sino también trascendentes, lo que significa que el recurrente debe acreditar que el yerro ‘fue determinante en relación con la decisión judicial que se combate’ (cas. civ. oct. 27/2000; exp. 5395), ‘hasta el punto de que su verificación en el recurso, conduzca por necesidad a la infirmación del fallo con el fin de restablecer por este medio la legalidad sustancial quebrantada’ (CCLII, pág. 631), de donde se colige que si la equivocación es irrelevante, ‘la Corte no debe ocuparse del examen de los errores delatados, dada su inocuidad’ (CCXLIX. pág. 1605)” (Cas. Civ., sent. mar. 26/2001, rad. 5823, criterio reiterado en el fallo ago. 31/2011, rad. 2004-00359 01, entre otros).

Del mismo modo, ha dicho sobre el tema la Sala que:

“...para que la violación de la ley adquiera real incidencia en casación, de suerte que conduzca al quiebre de la sentencia acusada, es menester que tenga consecuencia directa en la parte resolutiva del fallo, por lo que aquellos errores que apenas aparezcan en las motivaciones o razonamientos de la providencia, sin esa forzosa trascendencia en la conclusión final, no alcanzan a obtener la prosperidad del recurso” (CSJ SC Sent. mayo 19/2004, rad. 7145. Reiterado en CS Sent. nov. 9/2006, rad. 00684-01).

14. Plasmadas las anteriores pautas, cumple decir, desde ya, que la sustentación del recurso extraordinario de casación, en lo atinente a los reproches por valoración probatoria, no satisfizo las mínimas exigencias contempladas en el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, y en la jurisprudencia de esta Corporación.

El censor fundamentó el error de hecho en los siguientes aspectos:

a. La apreciación indebida del instrumento público 3491 de 18 de junio de 2008, al no percatarse que según la especificación de la naturaleza del acto, “se trataba de una determinación y actualización del área total del inmueble”; y agregó, el Tribunal no comprendió que debió acompañarse la correspondiente Resolución del IGAC, necesaria como soporte técnico y jurídico.

b. Preterición de la confesión del demandado JAIME TORRES dentro del interrogatorio de parte, pues en ella dijo, que el objeto de suscribir el instrumento 3491 era englobar los predios EL ENCERRADO, LAURELES y la ÑAPA, “que presentaban matrículas independientes”.

c. Desconocimiento de la contestación de la demanda.

d. Haber ignorado varios de los testimonios de los que asegura, se deduce que los linderos del lote englobado EL ENCERRADO “no estaban determinados ni por ende el área del inmueble antes de suscribirse la escritura pública 3491”.

e. Pretirió la existencia del proceso de deslinde y amojonamiento y su conciliación.

15. Para el Tribunal, el motivo basilar para ratificar la decisión de primera instancia, y por ende discurrir “que no se configura ninguna de las causales de nulidad del acto jurídico” fue que en los instrumentos públicos acusados no se observa una verdadera modificación de la finca el ENCERRADO pues sus límites, aunque no estaban específicamente delimitados, “si estaban determinados y en todo caso eran determinables, gracias a la decisión del Juzgado Sexto de Familia de Bogotá de 12 de diciembre de 1995, que aclara y adiciona la sentencia aprobatoria de la partición dentro de la sucesión del causante LEOPOLDO POVEDA GALÁN”, y agregó que a partir de esa providencia judicial, “la cual se encuentra en firme”, los lindes del inmueble EL ENCERRADO, “estaban llamados a acrecer”, por hacer parte del mismo LA ÑAPA y LOS LAURELES.

Acto seguido dijo el fallador Colegiado que como esos dos últimos bienes, por tener folios independientes, pero que serían cancelados, contaban con linderos delimitados en extensión y ubicación, entonces se entendían incorporados a la heredad de los convocados.

Añadió que en la escritura 3491 de 2008, según dimana de la estipulación tercera, contrario a lo planteado por los demandantes, “simplemente se está haciendo claridad respecto del área, sin que esta aumente o disminuya”, con base en un mandato judicial.

Destacó que los aspectos ahora motivo de contienda fueron zanjados en las decisiones administrativas provenientes de la Registraduría de Instrumentos Públicos de Bogotá —zona norte— y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Finalmente señaló que nuestro ordenamiento no establece como causal de nulidad absoluta de una escritura la existencia de una conciliación anterior, a más que los documentos adosados no tenían objeto y causa ilícita, ni omitió las formalidades legales, ni las partes otorgantes son sujetos incapaces.

En esencia, las consideraciones sentadas en precedencia fueron los que sirvieron de soporte al Tribunal para alzar su decisión y colegir la inexistencia de motivos constitutivos de nulidad absoluta, argumentos que, lejos se hallan de haber sido controvertidos integralmente por el ataque casacional.

16. Al exponer el censor que se apreció indebidamente la escritura pública 3491 de 2008, por las razones invocadas en el libelo, consistentes en que la misma inadvirtió los requisitos técnicos y jurídicos para poder realizar la actualización de área y dotar de validez el acto, desconoce que el Tribunal no echó de menos ninguna exigencia de ley para correr el mencionado instrumento, en la medida que aquél se autorizó por el Notario con fundamento en una decisión judicial que aclara y adiciona la sentencia aprobatoria de un trabajo de partición, sin que observara alguna razón para invalidar el acto(3).

16.1. En efecto, mediante proveído de 4 de agosto de 1995 (fl. 161), el Juzgado Sexto de Familia de Bogotá dispuso: “1. APRUÉBESE en todas sus partes el anterior trabajo de partición de los bienes de la sucesión de LEOPOLDO POVEDA GALÁN”.

16.2. A su turno, el 12 de diciembre de 1995, la misma agencia judicial resolvió una petición de aclaración y adición al auto aprobatorio del trabajo partitivo, señalando que:

“Respecto de las matrículas inmobiliarias 050-0340515 y 050-0087726 correspondientes a los predios LA ÑAPA y LOS LAURELES como dichos predios quedaron anexados, por el catastro al predio EL ENCERRADO cuya matrícula inmobiliaria es la 050-0087725, se procederá a la inscripción pertinente en éste folio último aludido y cancelar los folios de matrícula inmobiliaria inicialmente mencionadas en este acápite”.

Tras proseguir con las enmiendas pertinentes, resolvió:

“PRIMERO: ACLARAR y ADICIONAR, la sentencia aprobatoria de la partición, y por consiguiente, el trabajo partitivo de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: INSCRÍBASE la determinación aquí adoptada en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos del lugar de ubicación de los inmuebles adjudicados (…)”.

16.3. Merced a lo anteriormente razonado por el juzgador plural, la heredad conocida como EL ENCERRADO —obtenida por los demandados a través de contrato de permuta protocolizado en el instrumento 2369 de 30 de julio de 2005— no sufrió una modificación de sus linderos, por estar ellos definidos en la resolución judicial mencionada, según explicó al valorar la escritura pública 3491 de 18 de julio de 2008 que en sus estipulaciones precisó:

“PRIMERO: que por medio de la escritura pública 2369 de 30 de julio de 2005 otorgada en la Notaría 63 del Círculo de Bogotá, D.C., los comparecientes adquirieron por permuta realizada por los señores NOEL POVEDA GALÁN y otros, el derecho de dominio y posesión sobre el inmueble consistente en un lote de terreno denominado EL ENCERRADO (…) al cual le corresponde el folio de matrícula inmobiliaria 50N 20368431.

SEGUNDO: Que los comparecientes manifiestan que el mencionado inmueble se formó, como producto del englobe efectuado mediante sentencia de fecha 4 de agosto de 1995 proferida por el Juzgado Sexto de Familia de Bogotá, dentro del proceso de sucesión del señor LEOPOLDO POVEDA GALÁN, siendo los inmuebles englobados los siguientes. 1. LA COMPAÑÍA (…) 2. LOS LAURELES y 3. LA ÑAPA (…) Las extensiones de cada uno de los inmuebles señalados se pueden apreciar al examinarse las matrículas inmobiliarias que los identifican, a saber: 50N-87725, 50N-87726 y 50N-340515.

TERCERO: Que los comparecientes proceden mediante el presente instrumento a hacer claridad en cuanto a actualizar en el folio de matrícula inmobiliaria 50N 20368431, que el área del globo resultante del englobe antes mencionado, señalado en la cláusula primera de este instrumento, identificado con matrícula inmobiliaria 50N 20368431, del cual son los comparecientes actuales titulares del derecho, corresponde a (54 Ha 4160M2), el cual se obtiene a través de una simple operación aritmética, consistente en sumar las extensiones de los tres lotes englobados antes aludidos que lo conforman”.

16.4. Lo anterior fácilmente devela que el censor se desentendió de cuestionar el punto toral de la providencia, pues para el Tribunal la inexistencia de la nulidad absoluta invocada, más allá de observarse colmadas las exigencias de ley, se basó en que la escritura según el recurrente mal valorada, se elevó “gracias” a una ordenación jurisdiccional, mandato que no fue controvertido, independientemente de la validez o no del aserto.

En ese sentido, el ataque se torna incompleto dado que, lo que debió ser específicamente objeto de reproche fue el proveído explicativo de la partición, bien descalificándolo, bien anunciando que las escrituras no se apoyaron fielmente en él por ir más allá de lo adicionado en el auto emanado de la jurisdicción de familia, ya denunciando que no suplía la certificación o Resolución de la autoridad catastral.

Tal aspecto, en estrictez, resultó soslayado por el casacionista a pesar de corresponderle derruir ese pilar del fallo enjuiciado, y al pasarlo por alto, se quedó a mitad de camino en el laborío de réplica y debido contraste frente a los cimientos de la sentencia combatida.

Si en la inteligencia del ad quem, entre los ajustes que efectuó la decisión aclaratoria del auto de 4 de agosto de 1995 que aprobó un trabajo de partición, hubo concordancia con la escritura pública basada en dicho fallo, el recurrente tenía la empresa de confutar con rigor el porqué lo vertido en el instrumento público no guardaba simetría con lo expuesto en la decisión judicial, aspecto este igualmente ayuno de reproche.

Ahora bien, aún pasándose por alto la deficiencia de técnica prenombrada, la acusación de todas maneras se tornaría insubstancial e intrascendente dado que la conclusión a la que arribaría la sentencia hubiera sido la misma, teniendo en cuenta que no se estructuró ninguna de las causales de nulidad absoluta planteadas.

17. Alusivo a la confesión que dice realizó en el interrogatorio de parte el opositor JAIME TORRES, por reconocer que se suscribió el documento público respectivo con el único propósito de aclarar el englobe de unos predios, es decir EL ENCERRADO, LAURELES y LA ÑAPA, al presentar certificados de libertad independientes, debe expresarse lo siguiente:

17.1. Es bueno precisar, que el hecho de no mencionar explícitamente determinado elemento persuasivo obrante en los autos, mucho menos cuando el análisis global de las pruebas se colmó, no revela necesariamente que en la especie bajo estudio, hubo un error con suficiente entidad como para deducir que las escrituras públicas atacadas adolecen de nulidad absoluta.

Así lo ha recordado la Sala al sostener:

“la mera circunstancia de que en un fallo no se cite determinada prueba o parte del contenido de la misma no implica error manifiesto de hecho, a menos que de haber apreciado tal medio la conclusión del pronunciamiento hubiera tenido que ser evidentemente distinta de la adoptada por el sentenciador (…)” (CSJ SC, nov. 24/2009, rad. 2003-00500-01).

17.2. De esta forma, al margen del mérito que le hubiere otorgado el Tribunal a la versión dada por el demandado en el interrogatorio de parte visto en los folios 1 a 3 del cuaderno de pruebas, tal circunstancia se muestra intrascendente para los efectos de devastar la decisión combatida pues, “...para que la violación de la ley adquiera real incidencia en casación, es menester que tenga consecuencia directa en la parte resolutiva del fallo, (…), sin esa forzosa trascendencia en la conclusión final, no alcanzan a obtener la prosperidad del recurso”. (CSJ SC Sent. mayo 19/2004, rad. 7145. Reiterado en Cas. Civ. nov. 9/2006, rad. 00684-01).

En efecto, si en el asunto que transita por la Corte, se ventila una pretensión de nulidad absoluta de un acto, y el motivo fundamental para que la sentencia recurrida la desestimara consistió en que había un mandato judicial conforme al cual se suscribió una escritura y se procedió a su posterior registro, la valoración del interrogatorio de parte del demandado, del que se predica la existencia de una confesión, resulta inidóneo frente a lo que entendió el Tribunal, ordenó el Juzgado Sexto de Familia.

Por ende, indistintamente del mérito persuasivo que se le hubiere dispensado a lo que esgrime el recurrente es una prueba de confesión, ello en nada desviaría el direccionamiento del fallo enjuiciado.

18. Cuanto hace a la contestación de la demanda, el impugnante trasunta apartes de los hechos respondidos en el escrito de réplica obrante en los folios 112 a 130 del cuaderno 2, pero omite fundamentar la verdadera razón del por qué lo ahí asentado fue desconocido por el Tribunal, más allá de volver a insistir en que la suscripción de la escritura 3491 “se otorgó sin el soporte legal respectivo”, desconociendo, informa, “la seguridad jurídica y los derechos de los terceros que no pueden ser conculcados”.

18.1. Adicionalmente, revisado el escrito de cuya inobservancia se duele la crítica, basta advertir, que el apoderado de los convocados aludió explícitamente a que el cimiento de la escritura y posterior registro devino de la decisión del Juzgado Sexto de Familia de Bogotá. Así, sobre el hecho 14 del libelo introductor, trasuntado en su exacta extensión, dijo: “ES PARCIALMENTE CIERTO, EL Despacho del Juzgado 6 de Familia de Bogotá realizo (sic) un ajuste a la partición, que fue inscrita el día 3 de febrero de 1996, en ella se englobaron los folios de matrícula inmobiliaria 50N-87725, 50N-87726 y 50N-340515 que dan origen al folio de matrícula inmobiliaria 50N-20368431, pero en el documento inicial se omitió por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, realizar la operación aritmética para determinar la cabida TOTAL del globo de terreno formado por los predios LA ÑAPA, LOS LAURELES y EL ENCERRADO”.

De donde, como se ha visto, cuando se inscribió la anotación contentiva del instrumento acusado de nulidad, “el documento inicial” al que refiere el memorial de defensa del extremo pasivo, no era otro que la decisión que aprobaba la partición, y la Oficina pública correspondiente omitió registrar que los predios LA ÑAPA y LOS LAURELES “quedaron anexados por el catastro al predio EL ENCERRADO”, como se clarificó ulteriormente con la providencia de 12 de diciembre de 1995 (fls. 156-158, cdno. 2), y validado también con la Resolución del IGAC 25-326-0034 de 30 de julio de 2008, “por la cual se ordena unos cambios en el catastro del municipio de Guatavita”, en las que las hectáreas del inmueble en disputa, pasan de 42 a 54.4160 (fls. 687, 688).

18.2. Lo anterior fue corroborado por las decisiones adoptadas en sede administrativa por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá —zona norte— (fls. 206-212, cdno. 1) y por la Jefatura del Área de Conservación Dirección Territorial Cundinamarca del IGAC (fls. 639-654, cdno. 2).

Con la primera, se decidió negativamente sobre la revocatoria directa que ordenó inscribir la escritura mencionada, explicándose:

“En el evento que ahora colma la atención, se observa que el fundamento de las declaraciones de voluntad vertidas en el acto escriturario objeto del instrumento autorizado con el número 3491 de 18 de junio de 2008 por parte de la Notaría 45 del Círculo de Bogotá, D.C., radicó en el procedimiento de englobe tramitado y aprobado mediante sentencia proferida el día 4 de agosto de 1995 por el Juzgado Sexto de Familia de Bogotá, D.C., según consta en la cláusula segunda de ese instrumento. Y el acto de englobe objeto del mismo tuvo que ver con la agregación al área del predio EL ENCERRADO de las áreas correspondientes a los bienes raíces nominados LA ÑAPA y LOS LAURELES, los cuales sumaban un total de 12 hectáreas y 4160 metros cuadrados y que agregados a las 42 hectáreas iniciales del inmueble EL ENCERRADO, arroja un total equivalente a 54 hectáreas y 4160 metros cuadrados”.

Por su parte, en similar pronunciamiento al trasuntado —acto administrativo este en que también el Tribunal apoyó su sentencia—, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi resolvió una petición de revocatoria directa sobre la decisión que ordenó una rectificación de superficie, entre ellas la del bien conocido como el ENCERRADO y, previo a desestimarla, señaló:

“Con relación al predio identificado con número catastral 00-00-0003-0216-000, denominado EL ENCERRADO, catastralmente venía figurando con 42 hectáreas, pero no se había tenido en cuenta la actualización de área cuando en la adjudicación de sucesión de la sentencia del Juzgado Sexto de Familia de Bogotá de fecha 4 de agosto de 1995, se incluían y englobaban a este inmueble las áreas de los predios denominados LA ÑAPA y LOS LAURELES, predios que se habían omitido en los archivos catastrales por la NO presentación de títulos y certificados de libertad. Los predios denominados LA ÑAPA y LOS LAURELES suman en total 12 hectáreas 4.160 metros cuadrados, que sumados a las 42 hectáreas arroja un total de 54 hectáreas 4160 metros cuadrados”.

Por consiguiente, el error imputado no se configura.

19. De las declaraciones de los testigos JORGE CEBALLOS ALZATE, PEDRO MANUEL MORENO MAHECHA, LUIS GILBERTO BARAJAS y ÓSCAR ÁLVARO SUÁREZ, según las que, expresa el libelista, “se deduce con claridad meridiana que los linderos del lote englobado EL ENCERRADO no estaban determinados ni por ende el área del inmueble, antes de la suscripción de la escritura pública 3491 de 2008, (…) no tenidas en cuenta por el Tribunal (…)”, observa la Sala que, tal preterición, en sí misma refulge igualmente intrascendente.

19.1. En efecto, la prueba testimonial no tiene la suficiencia para desconocer el aserto sobre el que el Tribunal fundó su decisión al razonar que aunque los lindes del inmueble EL ENCERRADO no estaban determinados, al momento de rubricarse las escrituras atacadas, “eran determinables” con base en el plurimencionado pronunciamiento del Juzgado Sexto de Familia de Bogotá, de modo que, por una parte, a pesar de que el fallador acepta que los límites de la finca no estaban fijados concluyentemente, expresó que eran “determinables”, tópico huérfano de reproche.

19.2. De otra, aún valorando las versiones que el recurrente echa de menos en el análisis del juez de segunda instancia, ellas no desvirtuarían el puntal sobre el que se estructuró la sentencia por no ser bastantes para ubicarse en jerarquía superior al examen documental realizado por el ad quem.

20. Según el casacionista, se omitió analizar el proceso de deslinde y amojonamiento seguido para determinar los confines del predio EL ENCERRADO con respecto a la finca LOURDES, actuación que terminó tras aprobarse por el Juzgado Civil del Circuito de Chocontá, en la diligencia de inspección judicial realizada el 17 de noviembre de 2007, la conciliación alcanzada (fls. 398-401).

Argumenta el recurrente, que los opositores no acataron los términos del acuerdo, y manifestó, que son desacertadas las conclusiones probatorias del Tribunal debido a que antes de suscribirse las escrituras denunciadas no estaba alinderada la superficie del ENCERRADO, equivocándose al discurrir que a lo menos los límites del inmueble eran “determinables”, toda vez que, dijo, el juicio mencionado “es buena prueba de que eso no era así”.

20.1. Para los propósitos que interesan al recurso extraordinario, el Tribunal, contrario a lo afirmado en el libelo casacional sí tuvo en cuenta el acuerdo conciliatorio con el que finalizó el proceso de que tratan los artículos 460 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, pero le dispensó una valoración que olvida la censura.

Nótese que el penúltimo razonamiento de la sentencia combatida explícitamente dijo que, como nuestro sistema positivo “no concibe como causal de nulidad absoluta de una escritura pública, la existencia de una conciliación previa, (…) sin miramiento alguno, se va al traste la disertación que a este tenor hace la demandante”.

20.2. En adición a lo expuesto, aunque este último apartado del ataque, sí involucra un embate a la reflexión del juzgador, luego de esgrimir que los linderos del predio el ENCERRADO, a lo menos eran “determinables”, se limitó a decir, cual se anotó en precedencia, que el juicio del que se duele no se consideró prueba suficiente de que “eso no era así”.

Por sabido se tiene que la sola referencia al desconocimiento de un medio de convicción, no es bastante para derruir los fundamentos del fallo que se combate. La exigente tarea del recurso extraordinario de casación impone demostrar que el sentenciador, desligado de toda lógica y sensatez, valoró antojadiza e inicuamente el elemento persuasivo, pero aquí, no hay señalamientos explícitos frente a las implicaciones derivadas del yerro denunciado, que tampoco pudo probar, por suerte que el ataque carece de la contundencia necesaria para arruinar la inteligencia propuesta en la segunda instancia.

Conviene entonces recordar, que si la crítica se hace mover en el ámbito del primero de los motivos de casación, como consecuencia de error de hecho en la apreciación de las pruebas, es necesario, además, que el acusador “adelante la labor dialéctica que implica la confrontación entre lo que real y objetivamente fluye de la probanza respectiva y la conclusión que de ella derivó el sentenciador, pues que sólo así podrá…, dentro de los confines exactos de la acusación, ver de establecer si en verdad se presentó el desatino que con ribetes de protuberancia le endilga el casacionista” (G. J. T. CCXLVI, Vol. I, pág. 270; CCXLIX, II, pág. 1338), lo que aquí no es posible precisamente por ausencia absoluta de dicho cotejo; criterio este que la Sala ha reiterado, entre otros, en el proveído de 23 de junio de 2011, radicación 2003-00222-01.

20.3. No obstante ser suficiente lo expuesto para desestimar este último yerro atribuido, bueno es destacar que, así se hiciera abstracción del defecto memorado, aquél igualmente adolece de la simetría exigible.

Sí, cual fuere anotado, se estudió el resultado del proceso de deslinde que fue la conciliación a la que se llegó, pero le restó mérito persuasivo porque el desconocimiento de aquél acuerdo no constituye dentro de nuestro ordenamiento jurídico causal de nulidad absoluta, el ataque debió ser simétrico con esa exposición.

Y, en este asunto, el censor lo que cuestionó en punto a la conciliación realizada, fue “que no le mereció ninguna consideración al Tribunal”, añadiendo, que los demandados intentaron por todos los medios soslayarla, pese a que “es claro que allí se determinó el lindero entre los predios EL ENCERRADO y LOURDES, el cual coincidió totalmente con la línea de demarcación de la plancha doscientos nueve 82009) (sic) III D4 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, es decir, que no se produjo variación de ningún lindero)”.

Frente a ese escenario, el reproche luce desenfocado pues, al margen del tino o desacierto del fallador en su juicio, los argumentos enarbolados desconocen la consonancia y congruencia debida respecto a lo que expresó la sentencia rebatida, vale reiterar, que “la existencia de una conciliación previa”, ante su desconocimiento, no genera “nulidad absoluta”.

Como lo dijera la misma Corporación en auto de 2 de noviembre de 2011, radicación 2003-00428: “de manera, pues, que en esas condiciones el reproche resulta desenfocado, en la medida en que no guarda una estricta y adecuada consonancia con lo esencial de la motivación que se pretende descalificar’ (auto dic. 18/2009, exp. 6800131030012001-00389 01) o que ‘resulta desenfocado, pues deja de lado la razón toral de la que se valió el ad quem para negar las pretensiones (…) Ignorado fue, entonces, el núcleo argumentativo del fallo impugnado, haciendo del cargo una embestida carente de precisión, pues apenas comprende algunas de las periferias del asunto, lo cual anticipa su ineficacia para propiciar el pronunciamiento de la Corte” (Auto ago. 30/2010, exp. 11001-31-03-005-1999-02099-01)”.

Habida cuenta de las motivaciones condensadas, fracasa la acusación.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

RESUELVE:

1. NO CASA la sentencia proferida el 9 de noviembre de 2012 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, dentro del proceso ordinario identificado en el encabezamiento de esta providencia.

2. CONDENAR en costas del recurso de casación al recurrente. Por concepto de agencias en derecho inclúyase la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000) M/cte., por haber sido objeto de réplica.

Notifíquese.

Magistrados: Luis Armando Tolosa Villabona—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo (Magistrado Impedido)—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez.

1 CSJ SC Sentencia Enero 31 de 1995, radicación 4293.

2 CSJ SC Noviembre 31 de 1998 radicación 4826.

3 Artículo 35 del Decreto 2163 de 1970.