Sentencia SC17173-2017/2009-00260 de octubre 23 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC17173-2017

Rad.: 05615-31-03-001-2009-00260-01

Magistrado Ponente:

Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo

(Aprobado en sesión de quince de agosto de dos mil diecisiete)

Bogotá, D. C., veintitrés de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «La demanda de casación

Contiene un (1) reproche fundado en la violación indirecta de la ley sustancial, por errores de hecho en la interpretación de la demanda y de varias pruebas (fls. 16-34 del cuaderno Corte).

Cargo único

1. Denunció el desconocimiento de los artículos 946, 950, 952, 961, 962, 963, 964, 2513, 2518, 2520, 2531, 2532 del Código Civil, 1 de la ley 50 de 1936, y 407 del Código de Procedimiento Civil, por admitirse que la siembra de árboles y la realización de edificaciones eran reveladoras de la posesión, cuando estos hechos no fueron incluidos en la demanda, ni afirmados por los testigos, por lo que se asignó un alcance que no tienen. En adición, se concedió mérito a un dictamen pericial que incurre en contradicciones, se pretirieron unas fotografías que revelaban la ausencia de actos de detentación, y se declararon sospechosos unos testimonios sin fundamento.

2. Como apoyo, manifestó que las pruebas no demuestran ni la siembra de unos sauces, ni su época, elementos fundantes de la sentencia de segundo grado: (a) Guillermo de Jesús Henao Quintero no declaró sobre la fecha en que se realizó la siembra, ni cuándo comenzó el interesado a trabajar en el terreno; (b) César Augusto García Noreña reconoció que la posesión era conjunta –con el padre del promotor–, sin señalar con exactitud la fecha del sembradío; (c) Jerónimo Jiménez Cardona no indicó si su conocimiento era directo o indirecto, ni el autor de la siembra. Así mismo, desconoció los trabajos realizados por el padre del demandante; (d) Alba Rocío Henao Quintero omitió precisar la fuente de su conocimiento; además, el juzgador no tuvo en cuenta su lejanía con otras declaraciones, que reconocen que Diego León comenzó a vivir con su padre y sólo a su fallecimiento principió a trabajar el lote de forma exclusiva; (e) María Elena Henao García no dio cuenta del tiempo de posesión; (f) Rodrigo Belalcazar Ibarbo fue evasivo en sus respuestas y no esclareció la data de la posesión; (g) Germán Rómulo Santacruz Muñoz olvidó señalar cuándo se plantaron los árboles; y (h) Luis Arcadio López, vecino del sector, manifestó que no conoció la fecha en que los sauces fueron cultivados, aspecto que debió ser valorado.

3. Cuestionó que se otorgara valor al primer dictamen, porque el experto confundió el diámetro con la circunferencia, como se demuestra en las fotografías pretermitidas, pues aquí se advierte que ningún árbol tiene un diámetro de 2,11 metros, equivalente a más de 6 metros de circunferencia. En todo caso, que la planta más antigua tenga 21 años, no significa que la posesión coincida.

Concluyó que la experticia no está debidamente fundamentada, pues no describió los sauces ni su ubicación, la edad estimada está carente de sustentación, faltó la indicación de las fuentes de información sobre el crecimiento anual de las plantas. Frente a las construcciones, censuró que en la aclaración se redujera su vetustez, sin ninguna explicación.

4. Repugnó que se apreciara la segunda pericia, que tampoco da cuenta del origen y edad de las plantas, y únicamente refiere a 19 de ellas, mientras que la inicial menciona 20.

5. Estimó que en la inspección judicial no se dejó constancia de la verificación de los actos posesorios, por la falta de prueba sobre su realización; tampoco se comprobaron los árboles sembrados o su número, por lo que no podía admitirse lo asegurado por los peritos.

Insistió en la preterición de las fotografías arrimadas el 31 de mayo de 2010, que develan que el demandante, días previos a la inspección, cercó el predio, por lo que este hecho no puede calificarse como un acto de señorío. Así mismo, las fotos visibles a folios 43, 262, 264 del cuaderno 1, 38, 40 del cuaderno objeción al dictamen, y 41 y 43 del cuaderno 4, demuestran el tamaño de cada árbol y su número, lo que desmiente a los peritos.

6. Rechazó la tacha por sospecha de los testigos, ya que era menester que el fallador auscultara su contenido para ponderarlo, como lo señala el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil y la jurisprudencia vigente sobre la materia. De encontrar faltas graves a la imparcialidad, procedía restarles credibilidad, sin que fuera suficiente conjeturar sobre su carencia de neutralidad.

De haberse valorado, aseguró, se habría advertido que el actor reconoció dominio ajeno, pues fue contratado para realizar trabajos, a nombre de la sociedad, sobre el predio que ahora pretende prescribir; en adición, estaría claro que la posesión exclusiva comenzó con el fallecimiento de su padre.

7. Deprecó una inadecuada valoración de la confesión, en la que el promotor reconoció su estadía en el bien por 25 años, hecho que dista de una posesión.

8. El demandante presentó su réplica a la demanda, refiriéndose a cada medio de convicción, para concluir que no se configuró una vulneración de la ley sustancial.

Consideraciones

1. Cuestión de primer orden es precisar que, a pesar de entrar en vigencia de manera íntegra el Código General del Proceso desde el 1º de enero de 2016, al sub lite no resulta aplicable por consagrar, en el numeral 5º de su artículo 625, que los recursos interpuestos, entre otras actuaciones, deben surtirse empleando “las leyes vigentes cuando se interpusieron”.

Y como el que ahora ocupa la atención de la Sala fue iniciado bajo el imperio del Código de Procedimiento Civil, será este ordenamiento el que siga rigiéndolo, por el principio de la ultractividad de la vigencia de la ley en el tiempo.

2. La formulación de los cargos, de acuerdo con el numeral 3º del artículo 374 del citado estatuto procesal, deberá realizarse de forma separada y “con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara y precisa”.

La precisión tiene un doble contenido. Primero, el embiste debe dirigirse adecuadamente hacia los argumentos que soportan la decisión de segunda instancia; segundo, impone que se controviertan en su integridad las bases en que se soporta el fallo censurado.

Total que, por la finalidad de la casación, el promotor tiene la carga de derruir todos los cimientos de la sentencia de segundo grado, de suerte que ésta pierda sus soportes y se imponga su anulación. En caso contrario, la resolución se apoyará en los estribos no discutidos y conservará su vigor jurídico, siendo inocuo el estudio del escrito de sustentación.

Esta corporación ha admitido que:

[E]l censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jurídica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la línea argumental contenida en aquel proveído, principios estos que, de vieja data, han llevado a la Corte a sostener que ‘… los cargos operantes en un recurso de casación no son otros sino aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrantarlas. Por eso, cuando los cargos hechos en un recurso no se relacionan con esos fundamentos son inoperantes. El recurso (…) se encamina a demostrar que la sentencia acusada quebranta la ley, dados los fundamentos de hecho y de derecho en que ella se apoya y esto es así porque en casación se contraponen dos factores: el fallo acusado y la ley, pero sin que el sentenciador pueda salirse de los motivos o causales que alega el recurrente, y sin que éste, a su turno, pueda alegar con éxito razones, o aducir argumentos en que no se apoya el fallo recurrido’ (Subrayado original. AC, 29 oct. 2013, Rad. 2008-00576-01).

No es suficiente, entonces, con denunciar que el Tribunal incurrió en equivocaciones, sino que debe existir un ataque a todos los argumentos de la sentencia, de suerte que en caso de prosperar, ésta se quiebre por la falta de apoyadura.

Conviene recordar el pensamiento de la Corte:

‘… el recurso de casación debe contar con la fundamentación adecuada para lograr los propósitos que en concreto le son inherentes y, por disponerlo así la ley, es a la propia parte recurrente a la que le toca demostrar el cabal cumplimiento de este requisito, lo que supone, además de la concurrencia de un gravamen a ella ocasionado por la providencia en cuestión, acreditar que tal perjuicio se produjo por efecto de alguno de los motivos específicos que la ley expresa, no por otros, y que entre el vicio denunciado en la censura y aquella providencia se da una precisa relación de causalidad, teniendo en cuenta que, cual lo ha reiterado con ahínco la doctrina científica, si la declaración del vicio de contenido o de forma sometido a la consideración del Tribunal de Casación no tiene injerencia esencial en la resolución jurisdiccional y ésta pudiera apoyarse en premisas no censuradas eficazmente, el recurso interpuesto carecerá entonces de la necesaria consistencia infirmatoria y tendrá que ser desechado’ (…) En la misma providencia, se añadió que ‘… para cumplir con la exigencia de suficiente sustentación de la que se viene hablando, el recurrente tiene que atacar idóneamente todos los elementos que fundan el proveimiento, explicando con vista en este último y no en otro distinto, en qué ha consistido la infracción a la ley que se le atribuye, cuál su influencia en lo dispositivo y cómo este aspecto debe variar en orden al restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, lo que impone entre otras cosas de no menor importancia por cierto, que la crítica a las conclusiones decisorias de la sentencia sea completa’. Ello significa que el censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jurídica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la línea argumental contenida en aquel proveído… (Subrayado original. AC2869, 12 mayo 2016, Rad. 2008-00321-01. Reitera el precedente AC, 29 oct. 2013, Rad. 2008-00576-01).

3. Empero de lo expuesto, el cargo propuesto es incompleto, de cara a los distintos cimientos expuestos por el tribunal para respaldar su decisión, pues la promotora centró sus censuras en la siembra de árboles de sauce, vetustez de las edificaciones y fecha del encerramiento, sin atacar los demás actos que, en criterio del juzgador, demostraban la antigüedad de la posesión.

En efecto, en el fallo cuestionado se hizo una valoración conjunta del caudal probatorio, que permitió colegir que la tenencia con ánimo de señor y dueño empezó con la siembra de sauces y guayabos, así como con el mantenimiento del terreno, a través de su empradizado, siembra de follaje y cuidado de ganado vacuno, hechos que iniciaron hace más de dos (2) decenios.

Así lo advirtió el ad quem:

[T]anto las atestaciones de los testigos tenidos en cuenta dentro del proceso, como de la diligencia de inspección judicial realizada[,] se desprende claramente que el señor Diego León Henao Quintero ha ejercido su posesión con ánimo de señor y dueño sobre el bien de menor extensión que se pretende usucapir por un tiempo mayor de veinte años, a través de actos concretos tales como la siembra de árboles frutales y comunes como ‘sauces’, pasto, el mantenimiento de ganado vacuno, la realización de una construcción y otras mejoras, así como el constante mantenimiento del mismo (fl. 39. Negrilla fuera del texto original).

Después concluyó:

[L]a posesión del actor sobre el lote de terreno que se pretende usucapir se produjo de manera generalizada por un término superior al de los 20 años; pues son los hechos mismos de la posesión los que llevan a establecer la verdad de dichas aseveraciones, habida cuenta que refieren tales declarantes que fue a través de actos tales como la siembra de árboles frutales y comunes como los ‘sauces’ que se produjo [por] el ingreso del señor Diego León Henao Quintero al feudo… (sic)

[E]n relación a la época de la siembra se tiene que, del dictamen pericial rendido se desprende que los árboles frutales habidos en el lote cuentan con una antigüedad mayor de 22 años e incluso en su mayoría menor a la de 20, pues refiere el experto, verbigracia, que los árboles de guayaba datan de 18 a 22 años, y el naranjo de 15 (fl. 46 idem. Negrilla de la Sala).

El cultivo de los sauces, entonces, no fue el único criterio para probar la posesión y su longevidad, sino también la labranza de frutales (guayabos) y las actividades de mejoramiento del suelo, las que también principiaron 20 años atrás, según se advierte de las declaraciones de los testigos, dictámenes periciales, interrogatorio de parte e inspecciones judiciales.

Así las cosas, no era suficiente que en el cargo se controvirtiera el primero de los aspectos, esto es, la siembra de los salgueros; también debían rebatirse las conclusiones relativas a la manutención del labrantío y a la cosecha de otras plantas, pues al dejarse intactas estas conclusiones las mismas soportaran la decisión impugnada, haciendo fútil el estudio del cargo.

Pero es que, si aún en gracia de discusión se otorgara razón a la recurrente en sus raciocinios, la sentencia de 8 de junio de 2012 se mantendría incólume, pues la falta de certeza sobre la causa y la antigüedad de los sauces adheridos al terreno, no desvirtúa que la posesión inició hace 20 anualidades a través de la siembra de árboles de guayaba -algunos con 22 años de edad- y por el trabajo sobre el terreno con el fin de obtener follaje y sostener ganado vacuno.

El ataque propuesto, en este contexto, resulta incompleto, razón suficiente para rechazar su estudio.

4. Con todo, aunque se obviara el anterior desacierto, la censura no se abriría paso en casación, pues no existió un yerro evidente en la valoración que hizo el juzgador de la demanda, los testimonios, los dictámenes periciales, y las inspecciones judiciales.

4.1. Al respecto, el numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil prescribe que “[c]uando se alegue la violación de norma sustancial como consecuencia de error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda… o de determinada prueba, es necesario que el recurrente lo demuestre”.

Tal exigencia, explicable por la naturaleza extraordinaria de este remedio, busca evitar que la casación se convierta en una tercera instancia, para lo cual es necesario que su procedencia se circunscriba a casos excepcionales, caracterizados por un desacierto protuberante en la resolución del fallador de instancia.

Total que, son los jueces de primer y segundo grado los llamados a valorar el material suasorio incorporado a la actuación, por lo que sus decisiones están revestidas por una presunción de acierto, que sólo podrá ser desvirtuada ante defectos garrafales y conclusiones contrarias a la realidad, a condición que su configuración no admita dubitación alguna.

Según la jurisprudencia de esta corporación:

pertinente resulta memorar que, como de antaño se tiene establecido, los fallos impugnados a través del recurso extraordinario de casación, cuando llegan a esta corporación, lo hacen soportados por la presunción de acierto y de legalidad que los acompaña; lo anterior significa, que al gestor de la censura le asiste el inevitable compromiso de enfrentar la decisión reprochada, previo examen de la misma, auscultando los procedimientos evaluativos acometidos por el ad quem alrededor de los aspectos fácticos y jurídicos involucrados en la controversia, desnudar sus falencias o desaciertos y, así, puestos en evidencia, combatirlos hasta el punto de derruir su basamento (SC, 18 dic. 2012, Rad. 2007-00313-01).

De ahí que, las divergencias hermenéuticas, las alegaciones en torno a probabilidades, las hipótesis alternas, o las explicaciones alambicadas, carecen de la entidad suficiente para demostrar un error facti, porque se disipa la gravedad del defecto, cayendo en el campo de las alegaciones de instancia, que son ajenas a los mecanismos excepcionales (cfr. CSJ, SC 006, 16 mar. 1999, Exp. 5111).

Así lo ha puesto de presente esta Sala:

Partiendo de la base de que la discreta autonomía de los juzgadores de instancia en la apreciación de las pruebas conduce a que los fallos lleguen a la Corte amparados en la presunción de acierto, es preciso subrayar que los errores de hecho que se les endilga deben ser ostensibles o protuberantes para que puedan justificar la infirmación del fallo, justificación que por lo tanto no se da sino en tanto quede acreditado que la estimación probatoria propuesta por el recurrente es la única posible frente a la realidad procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la formulada por el juez; por el contrario, no producirá tal resultado la decisión del sentenciador que no se aparta de las alternativas de razonable apreciación que ofrezca la prueba o que no se impone frente a ésta como afirmación ilógica y arbitraria, es decir, cuando sólo se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado (G.J., T. CXLII, pág. 242, reiterada en SC, 3 jun. 2008, Exp. 1997-11872-01; SC, 9 mar. 2012, Exp. 2006-00308-01).

4.2. En el caso sub examine se echan de menos los yerros evidentes atribuidas al tribunal, por cuanto el casacionista se limitó a plantear hipótesis demostrativas alternas, a partir de segmentos probatorios descontextualizados. Por el contrario, una revisión sistemática de las mismas, devela que las conclusiones del fallo son armónicas con la realidad objetiva de las pruebas.

4.3. En cuanto a la demanda, que según el impugnante fue defectuosamente apreciada porque no enlistó como hecho posesorio la realización de edificaciones o la siembra de árboles, los cuales finalmente sirvieron para reconocer la prescripción adquisitiva a su favor; procede señalar que tal omisión es aparente, por cuanto de los fundamentos fácticos y solicitudes probatorias se colige su alegación.

Para ilustrar mejor, en los supuestos materiales del líbelo genitor se afirmó:

Como parte de los actos de posesión con ánimo de señor y dueño, el señor Diego León Henao Quintero ha efectuado los siguientes: a) Sembrados permanentes de hierba, cuido, forraje. b) Cercó en madera y alambre de púa. c) pastoreo permanente de ganado vacuno. d)… entregó a título de Arrendamiento. e)… demandó a la Asociación de Vivienda y Desarrollo Social Aldeas de Asocos… a causa de que dicha sociedad por vías de hecho inundó parte de los sembrados… f)… instaló… contador de energía eléctrica… Esa instalación de energía eléctrica se efectuó en la Diagonal 43 cr. 42 A 30 porque el demandante EDIFICO Y CONSTRUYO dentro del lote que posee con [á]niño de señor y dueño una habitación (fls. 16-18 del cuaderno 1. Negrilla fuera de texto).

En adición, en el acápite de solicitudes probatorias, se suplicó la realización de una inspección judicial, cuya finalidad era constatar “el estado de conservación del inmueble” y “el plantío de los sembrados” (fl. 19 ibidem).

Luego, dentro de los sucesos demostrativos de su posesión, enumeró expresamente el relativo a la edificación y construcción de una habitación; en adición, al deprecar al juez de conocimiento que comprobara la realización de plantaciones, implícitamente alegó el tema relativo a los sembradíos, sin distinguir en atención a la especie vegetal.

Como resultado, el funcionario judicial, al interpretar la demanda, debía tener como invocados los hechos relativos a las edificaciones y las plantaciones realizadas, sin que se advierta yerro en este proceder. Iterase, el juzgador se limitó a considerar el contenido literal de este documento y a desatar las súplicas probatorias según su formulación textual.

Así las cosas, se desestima un defecto fáctico en la interpretación del líbelo genitor.

4.4. De otro lado, los supuestos yerros de hecho en la valoración de los testimonios de Guillermo de Jesús Henao Quintero, César Augusto García Noreña, Jerónimo Jiménez Cardona, Alba Rocío Henao Quintero, María Elena Henao García, Rodrigo Belalcazar Ibarbo, Germán Rómulo Santacruz y Luis Arcadio López, y en el interrogatorio de parte de Diego León, están huérfanos de demostración, pues el embiste se planteó con base en la reinterpretación de algunas frases, sin que se haya demostrado una hermenéutica contraevidente del tribunal.

Así, en el cargo se citaron las expresiones “el sembró sauces”, “el papá trabajó con Diego”, “se han sembraron sauces por cuenta de Diego”, “ha sembrado sauces”, “él ya lo cercó”, “hay unos sauces que tiene más o menos de 18 a 20”, “lo he conocido sembrando árboles” y “la estadía por 25 años o más” (sic), para denunciar falta de precisión sobre la fechas de las plantaciones y del cercamiento del terreno, así como inexistencia de la exclusividad en la detentación, haciendo nebulosa la prueba de la posesión.

Sin embargo, estas mismas frases pueden ser entendidas en sentido diverso, con el fin de reconocer los actos posesorios invocados. Baste afirmar que algunos deponentes utilizaron presente progresivo para describir los comportamientos del convocante –ha sembrado, lo he conocido sembrado–, lo que denota que Diego León realizó sembradíos en el pasado, los cuales se mantienen hasta ahora. También se empleó la locución por cuenta, para denotar la intervención de terceros por encargo del detentador, actividad que bien pudo ser realizada por el padre de éste o un tercero. Que se afirmara que los sauces tienen de 18 a 20, es una atribución de edad, que podía servir para encontrar el inicio de la detentación por un tiempo equivalente al exigido por la ley.

En suma, las frases citadas como comprobación del dislate fáctico no dan cuenta del mismo, sino simplemente de unas aserciones que, por admitir variados entendimientos, debieron ser revisadas en el contexto de su producción, el que es demostrativo de la ausencia de tergiversación.

Precisamente, la declaración de Guillermo de Jesús, si bien no mencionó una fecha precisa de la siembra de sauces, ésta podía inferirse del reconocimiento que hizo sobre el ingreso del demandante al predio desde “hace más o menos 25 años”, cuando “empezó a trabajarlo, y nadie reclam[ó] nada… [por lo que] él le sembró árboles, pasto de corte, y echaba vacas y terneros” (fl. 2 del cuaderno 2. Negrilla fuera de texto).

Frente a César Augusto García Noreña, no es dable concluir que asintió en una posesión conjunta, como lo pretende el opugnante, pues, al referirse al predio, expresamente reconoció que “Diego le sembró… sauces, guayabo dulce, limones… tomatera, fríjol, maíz y en este momento… hierba para animales” (fl. 5), sin develar la participación de terceras personas.

Más aún, en lo subsiguiente admitió que “lo que hace que yo lo conozco [,hace más o menos 34 años,] Diego era el que trabajaba el terreno” (fl. 5) y que él lo “tiene sembrado [de] guayabo dulce, limones, él fue el que cercó un cerco bien parado [pues] antes era un cerco caído, tiene una portada muy bonita donde guarda sus vacas y tiene los pollos y las gallinas, y los sauces”.

Y al analizar la posesión del demandante proclamó que era “a la vista de todo el mundo[,] siempre ha sido pacífica y tranquila, siempre es él, el que se ha manejado allí” (fl. 7), lo que descarta una detentación conjunta.

En relación con la declaración de Jerónimo Jiménez Cardona, dable es inferir que dio cuenta de la plantación de salgueros como acto posesorio, así como su antigüedad, pues al ser inquirido sobre el tema respondió que “se han sembrado sauces por cuenta de Diego y el más grande puede tener m[á]s o menos 22 años” (fl. 12).

Particularmente, atestó que distingue a Diego León “en ese lote hace más o menos unos 25 años, [que él] tom[ó] posesión de ese lote[;]… tuvo animales… tuvo árboles frutales… pasto para ganado… y [é]l hizo… una sala comedor o apartamento pequeño y en ese lugar convive con la familia” (fl. 11), lo que demuestra diversos actos de señorío, incluyendo la cosecha de plantas.

Su dicho se asentó en su vecindad con el sector, por haber vivido allí por más de 25 años, por lo que su disertación era merecedora de credibilidad, por señalar la razón de su dicho, contrario a lo pretendido por el casacionista.

Referente a Alba Rocío Quintero, tampoco existe un yerro en la valoración del Tribunal, pues sus aseveraciones están soportadas en su relación de hermandad con el demandante (fl. 13), y depuso sobre todos los temas que le fueron auscultados.

Por supuesto que, sólo una persona conocedora de las partes y del predio, puede dar cuenta de su composición, estado, así como destinación, como en efecto sucedió con Alba Rocío en la diligencia del 15 de febrero de 2007, lo que confirma su cognición sobre los hechos materia de litigio.

Tampoco hay una equivocación en la hermenéutica de la atestación de María Elena Henao García, ya que de sus afirmaciones era posible deducir el tiempo de posesión del demandante.

Repárese que, frente a la pregunta “[c]u[á]nto hace que el señor Diego León Henao Quintero ingresó a ese lote objeto de esta diligencia”, contestó “[h]ace m[á]s o menos 25 años lo que hace que yo lo conozco, el ingresó a ese lote porque estaba abandonado, entonces [é]l ya lo cercó, le sembró árboles frutales… y… los sauces” (fl. 15). Después aseveró que el demandante “s[í] ha sembrado sauces y el sauce mayor puede tener m[á]s de 20 años” (fl. 16).

Dable es inferir que la detentación con ánimo de señor y dueño principió, por lo menos, hace dos (2) décadas, pues la siembra de árboles es una clara manifestación de señorío, en virtud del cual se cultivaron sauces que frisaban los 20 años de crecimiento.

Frente a Rodrigo Belalcazar Ibarbo, a quien el casacionista calificó como evasivo y sin precisión sobre la fecha de inicio de la posesión, su atestación da cuenta de la conclusión opuesta, porque respondió todas las preguntas, conforme a su conocimiento de los hechos, e insistentemente declaró que el demandante es poseedor del predio hace más de 20 años.

Aseguró que “Diego León Henao es el dueño del lote”, así como “poseedor… posesión [que ejerce]… con [á]niño de señor y dueño”, de forma tranquila y continua (fls. 20-21), con la advertencia que “hace aproximadamente 20 años desde que [ve] a Diego ahí[,] ha sembrado cítricos y árboles [que] v[io] que [é]l sembró”, tales como mandarinos, guayabos y sauces (fl. 21).

Esta manifestación, adicionalmente, sirve para clarificar la expresión “hay unos sauces que tiene más o menos de 18 a 20”, pues en este punto se estaba refiriendo al aspecto temporal de la posesión.

Sobre la declaración de Germán Rómulo Santacruz Muñoz, se descarta una equivocación en su hermenéutica, ya que sus afirmaciones dan cuenta de una detentación por más de 20 años.

Precisamente, el deponente aseguró que desde 1982 conoció a Diego León y desde aquel entonces éste vive en el inmueble objeto de litigio, “sembrando árboles, cercando… ordeñando, cortando pasto”, con “árboles frutales[, como] guayaba… sauces” (fls. 22-23). Significa que a partir de esta anualidad se reconocieron actos de señorío, que se extendieron hasta la fecha de la diligencia (20 de febrero de 2007), en un total de 25 años.

En cuanto al testimonio de Luis Arcadio López no se observa un cercenamiento, pues la falta de precisión sobre la fecha en que se sembraron los sauces, no se traduce en un desconocimiento de la antigüedad de la posesión.

Por el contrario, al ser cuestionado sobre su conocimiento del momento y razón por la que Diego León ingresó al lote Nº 3, contestó que “cuando… lo conoci[ó] él ya estaba en el lugar[;] cuando… [vino] a vivir en el sector el Águila ya Diego León Henao vivía en ese lugar y de eso hace… más o menos 22 años” (fls. 17-18). Después reiteró que la posesión “ha sido tranquila, ha sido constante[,] porque toda la vida lo [ha] visto ahí” (fl. 18).

Por último, que el demandante declarara que tiene una “estadía por 25 años o más” en el lote a usucapir, no se traduce en un reconocimiento de ausencia de posesión, porque tal aseveración se hizo en el marco de una respuesta en la que expresamente se atribuyó la calidad de poseedor. Dijo el accionante:

“Ese lote es el que yo poseo hace más de 25 años, o sea que yo soy el dueño porque yo allá he sacrificado mi vida y he luchado por la familia, porque era un lote que estaba abandonado, lleno de escombros, basura, maleza, entonces yo lo empradice, le hice todos los cercos, sembré árboles frutales, pastos para el ganado, árboles nativos y sauces, hice un apartamento y la estadía por 25 años o más” (fls. 7-8 del cuaderno 3. Negrilla fuera de texto).

El declarante se reconoció como dueño, por haber realizado actos de conservación y explotación continuos por más de cinco (5) lustros, en desatención de los derechos del legítimo propietario, por lo que la expresión estadía, no puede desfigurarse para extraer una conclusión contraevidente.

Finalmente, que Diego León admitiera que una de las construcciones se realizó hace 12 años, mal podría equivaler a una confesión sobre su tiempo de posesión, ya que, por el contrario, la reclamó desde hace 25 anualidades como se explicó.

Con base en las consideraciones precedentes, se desestima que el Tribunal incurriera en los yerros fácticos que se le imputaron frente a los testimonios de Guillermo de Jesús Henao Quintero, César Augusto García Noreña, Jerónimo Jiménez Cardona, Alba Rocío Henao Quintero, María Elena Henao García, Rodrigo Belalcazar Ibarbo, Germán Rómulo Santacruz y Luis Arcadio López, quienes, valga la pena anotarlo, eran vecinos del mismo sector y conocía de vista o trato al demandante, razón suficiente de su dicho.

Aclárese, en todo caso, que las pequeñas diferencias o contradicciones entre los testigos, como la maquinaria o personal empleado para la siembra, o la antigüedad de las edificaciones, no dan lugar a un error de hecho, pues las mismas son connaturales al proceso de recordación de los deponentes, sin que de ellas pueda extraerse un defecto evidente. Así lo precisó esta corporación en consideraciones que son aplicables al caso:

Por tanto, a pesar de que los testimonios ofrezcan imprecisiones y contradicciones, si estas tienen explicación lógica (el paso de los años, la equivocación en uno o dos años, variantes accidentales de episodios no esenciales al caso, etc.), no se configura el error de hecho sustentado en tales contradicciones. Porque, como ha enseñado la Corte “puede suceder que por el tiempo transcurrido entre los hechos que narran los testigos y el momento en que declararon ‘…es apenas natural que sus relatos ofrezcan ciertas lagunas y contradicciones. Lo sospechoso, lo inverosímil, habría sido lo contrario. De conformidad con los dictados de la crítica testimonial, si tales declaraciones hubiesen sido coincidentes hasta en sus más mínimos detalles, habrían carecido de toda credibilidad” (Sentencias de la Sala Civil de 30 de septiembre de 1977 y de 26 de junio de 1998) (SC, 26 mar. 2001, Exp. 6577).

4.5. Reparó el casacionista que el juez de segundo grado valorara el dictamen rendido por José Camilo Franco Franco, por cuanto “confundió… el diámetro con la circunferencia”, en orden a establecer la edad de los árboles arraigados en el terreno en litigio.

Al respecto, en el estudio de 26 de abril de 2007 (fls. 45-52 del cuaderno 2), aclarado el 26 de septiembre de la misma anualidad (fls. 63-66 ejusdem), se señaló la calenda de los árboles de guayaba (entre los 18 y 22 años), naranjo (15 años), y sauce (entre 2 y 23 años), se estableció de la siguiente manera:

[S]e tuvo en cuenta… la especie de árbol, altura, el diámetro del tallo o tronco, la floración, el estado de las ramas, el estado de las hojas, analizando cada uno de estos aspectos tenemos que desde las primeras etapas del desarrollo de la planta se forma una capa celular embrionaria, llamada cámbium… [que] se encuentra siempre en período de división [y] produce alternativamente células de floema y xilema. Las continuas divisiones del cámbium aumentan poco a poco la circunferencia del eje. El cámbium también aumenta su perímetro a medida que la porción leñosa crece como consecuencia de la multiplicación de las células de xilema (fls. 63-64 ibidem).

A partir de estas premisas, concluyó:

Los árboles de guayaba tienen un diámetro de 72 cmt uno de ellos, otro tiene un diámetro de 94 cmt, otro 75 cmt, otro 78 cmt, estos miden aproximadamente de altura ocho metros, lo cual indica que son árboles maduros, con las características arriba mencionadas, existen unos árboles de guayaba más jóvenes; el naranjo tiene un diámetro de 44 cmt y una altura de cuatro metros y los árboles de sauce tienen un diámetro de 2,11 metros, 2,12 metros, 1,70 metros, 1,50 metros, 1,25 metros, 76 cmt, 80 cmt y 58 cmt y una altura aproximada de 15-20 metros los demás árboles de sauce tienen un diámetro y una altura menor, lo que indica que son árboles más jóvenes. Teniendo estos datos y comparándolos con otros árboles de la misma especia de los cuales se conoce su edad con exactitud, presentan las mismas características en cuanto a altura y diámetro.

Es de anotar que un árbol puede incrementar su diámetro en diez centímetros aproximadamente cada año, teniendo en cuenta esa premisa tenemos que el árbol más antiguo tiene una edad de 21 años pues su diámetros (sic) es de dos metros con once centímetros (fl. 64).

El experto, al presentar la metodología, utilizó la circunferencia como uno de los criterios para averiguar el crecimiento de las plántulas; empero, al descender al caso en discusión, empleó la palabra perímetro para los mismos fines.

Si bien estas expresiones tienen un contenido geométrico diferente, por lo que no era posible su asimilación, tal pifia no tiene la aptitud de restar mérito de convicción a la pericia, por cuanto se trata de un lapsus que no afecta la claridad de la metodología ni los resultados de su aplicación al caso.

Y es que, para fijar la edad de un árbol, según el perito, lo relevante era la rata de ensanchamiento anual del tronco, con independencia que se fije a partir de la circunferencia, diámetro, radio, cuerda o arco, siempre que el patrón de comparación se encuentre en la misma escala, como en efecto sucedió en el caso.

En todo caso, aunque se admitiera el defecto deprecado, el mismo es intrascendente, por cuanto el experto acudió a variables adicionales para fijar la antigüedad de los sauces y guayabos, como su altura, estado, y comparación con otros árboles de quienes se tenía certeza sobre su madurez, lo que permitió arribar a una fecha probable. Estos elementos adicionales, junto con el engordamiento del tronco, fueron las que llevaron a la conclusión de una media 2 y 22 para los salgueros, 18 y 22 para los frutales.

Conclusión que, por guardar armonía con los testimonios de Guillermo de Jesús Henao, César Augusto García, Jerónimo Jiménez Cardona, Alba Rocío Henao, María Elena Henao, Rodrigo Belalcazar Ibarbo y Germán Rómulo Santacruz Muñoz, era merecedora de credibilidad, como fue reconocido por el tribunal.

De otra parte, las supuestas deficiencias de fundamentación del informe de 26 de abril de 2007, fueron superadas a través de la aclaración de 26 de septiembre, en la que el perito develó los métodos empleados para arribar a sus conclusiones, proporcionó insumos adicionales para su adecuada apreciación, y precisó la fecha en que se construyeron las edificaciones.

El numeral 6º del artículo 237 del Código de Procedimiento Civil, exige que el dictamen sea “claro, preciso y detallado”, y que explique “los exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones”, aspecto que fue satisfecho por el profesional José Camilo Franco Franco, al señalar cómo fijó la data de las plantas y de las construcciones, a partir de procedimientos comprobables.

La falta de descripción de la fisionomía de los árboles o de su ubicación no resta mérito demostrativo a la pericia, como lo pretende el promotor de la casación, pues estos aspectos no alteran la fundamentación del estudio, máxime cuando son innecesarios para soportar sus conclusiones.

Sobre todo si se considera la segunda pericia, realizada en virtud de la objeción por error grave al primero, arrojó conclusiones similares en aspectos relativos al número de árboles, tipo, valor y autor de las mismas (fls. 31-36, 44-47 del cuaderno objeción por error grave), coherencia a partir de la cual era dable atribuir valor persuasivo a ambas, sin incurrir en un dislate evidente.

4.6. También se desestima que exista un error de hecho en la apreciación de la inspección judicial de 28 de febrero de 2007, por inferir de ella la prueba de la posesión, pues este medio demostrativo sirvió para un fin diferente, como fue la verificación de la identidad del lote pretendido en usucapión.

Así se previno en la sentencia impugnada:

[A]dvierte esta colegiatura que le asiste razón al recurrente al referir que la práctica de la segunda inspección resultaba innecesaria para el presente evento, habida cuenta que la primera de estas había sido realizada en debida forma por la juez que conocía el proceso, quien de manera específica dejó plasmado en el acta que había realizado la verificación de los linderos y mejoras del bien, los cuales detalló en la misma, cumpliéndose de tal manera la finalidad de dicho medio probatorio, esto es, el de verificar la identidad del bien objeto del proceso (fl. 39 del cuaderno 12).

Claro está, esta prueba, junto con otras, amén de su compatibilidad o complementariedad, permitieron acreditar los actos posesorios, en tanto la verificación física del inmueble que hizo el a quo corroboró algunas de las aseveraciones de los testigos, en punto a las construcciones realizadas, el encerramiento del lote, la siembra de árboles frutales y comunes, la plantación de follaje, y el mantenimiento de semovientes (fl. 43 del cuaderno 2).

Luego, la inspección no fue ponderada como una prueba de la posesión, sino que ésta en conjunto con diferentes medios de convicción, daban certeza sobre el señorío de Diego León sobre el fundo que reclamó para sí.

Por supuesto que pueden existir algunas divergencias entre la inspección judicial y otras pruebas, como los dictámenes periciales, en concreto, frente al número de salgueros enraizados en el terreno, lo cual se explica por la finalidad de cada uno de estos medios probatorios, sin que por esta circunstancia deba suprimírseles mérito ilustrativo a todos.

No puede perderse de vista que las pruebas, aunque buscan la reconstrucción de la realidad, no la representan con absoluta fidelidad, pues están mediadas por la percepción de las personas que intervienen en su práctica, de allí que sea normal que existan algunas discordancias que, en sí mismas, no les cercenan credibilidad. Aquí precisamente interviene la sana crítica, para establecer la verdad más cercana a lo factual, con base en criterios lógicos, experienciales y científicos.

Por ello, que el juzgador de primer grado vislumbrara un menor número de sauces, en comparación con los peritos, sólo denota que aquél se circunscribió a la delimitación de la heredad, mientras que éstos, adicionalmente, verificaron sus condiciones económicas y de explotación, incluyendo el volumen maderero aprovechable.

En todo caso, las eventuales dudas que pudiera surgir sobre el número de árboles, mal podrían conducir a la casación de la sentencia, pues, además de existir otras pruebas que acreditan la posesión y su iniciación, lo cierto es que la antigüedad podía establecerse con base en uno (1) solo de ellos.

Luego, se descarta la existencia de un defecto fáctico en la valoración de las inspecciones judiciales, así como de su evaluación conjunta con otras pruebas.

4.7. En punto a la pretermisión de las fotografías incorporadas a la foliatura por autos Nº 218 de 16 de junio de 2006 (fls. 91-92 del cuaderno 1), 1287 de 29 junio de 2010 (fl. 333 ejusdem), así como en los dictámenes periciales, ciertamente se configuró, pues el ad quem no se refirió a ellas de forma expresa o implícita en el proveído.

Sin embargo, tal deficiencia resulta intrascendente frente a la resolución adoptada, en tanto no tiene la capacidad de modificar su sentido, por lo que es insuficiente para dar paso a la casación deprecada.

Recuérdese que el juzgador encontró establecida la posesión y su iniciación, a partir de una valoración conjunta de los medios suasorios, sin que el registro fotográfico contravenga estas conclusiones, ya que por el contrario proporcionan una apoyadura adicional.

Por ejemplo, las fotos que reposan a folio 43 del cuaderno 1, corroboran que el predio pretendido en usucapión estaba cercado, con follaje y plantas, a diferencia del terreno circundante, que se encontraba sin ningún tipo de delimitación o mantenimiento.

Las reproducciones incorporadas en desarrollo de la inspección judicial (fls. 228-231, 234-236, 262, 264 ibídem), mostraban que el lote Nº 3 tenía árboles, prado, algunas edificaciones, ganado vacuno, y un cerramiento, lo que era armónico con la verificación judicial y el dicho de los testigos.

Las mismas conclusiones se extraen de los anexos al dictamen pericial de 15 de julio de 2008 (fls. 38 y 40 del cuaderno objeción al dictamen) y de la demanda de reconvención (fls. 41 y 43 del cuaderno 4).

Que las fotografías develen que el cerramiento se modificó en el año 2010, o que en esta anualidad se hicieron nuevas edificaciones, lo único que prueba es el carácter ininterrumpido de la posesión, por lo que mal podría servir para negar la súplica del usucapiente.

Tampoco las imágenes permiten desvirtuar los estudios periciales, en punto a la vejez de las plantas, en tanto de ellas no pueden confrontarse todas las variables utilizadas por los expertos para definirla y, en todo caso, no hay un registro visual de todos ellas, que permitan concluir sin dubitación alguna que ningún árbol tiene el perímetro que cuestiona el casacionista.

Las fotografías ciertamente develan la existencia de algunos árboles con diferentes alturas, tipología y grosor, pero de ello no se sigue que pueda fijarse su dimensión exacta, ya que para ello se requerirían estudios técnicos adicionales, los cuales escapan a la finalidad del recurso de casación. Repárese que, sin este dato, no es posible contrastar las conclusiones del dictamen en torno a la forma en que se fijó la edad de las citadas especies vegetales.

Así las cosas, el yerro por pretermisión develado por el impugnante carece de la potencialidad de derruir la providencia de segunda instancia, al resultar intrascendente, por lo que deberá desestimarse.

Sobre el punto, conviene recordar las palabras de la jurisprudencia: “para que la violación de la ley adquiera real incidencia en casación, de suerte que conduzca al quiebre de la sentencia acusada, es menester que tenga consecuencia directa en la parte resolutiva del fallo, por lo que aquellos errores que apenas aparezcan en las motivaciones o razonamientos de la providencia, sin esa forzosa trascendencia en la conclusión final, no alcanzan a obtener la prosperidad del recurso” (SC10881, 18 ago. 2015, Rad. 2001-01514-01, reitera SC, 12 dic. 2014, Exp. 00166).

4.8. Para terminar, no se advierte que en el fallo censurado se pretermitieran los testimonios de Ángela María Pérez Rivillas, Clara María Molina Orrego y Joaquín Mariano Martínez, como se alegó en el cargo, ya que, por el contrario, el juzgador se refirió expresamente a los mismos para restarles mérito demostrativo en razón de su calidad de sospechosos (fls. 37 reverso y 38 del cuaderno 12).

Así, el tribunal se adentró en la declaración de Ángela María para extraer de ella su calidad de asesora jurídica de la sociedad demandada, encontrando que este hecho ponía en duda su imparcialidad, “dado que de alguna manera ella brindó orientación a la accionada en asuntos relacionados con la conflictiva surgida con el aquí pretensionante”, lo cual corroboró de la aseveración “que la entrada del actor al bien que se pretende usucapir solo se produjo hasta el año de 1999 en razón de la realización de un contrato de arrendamiento”, por cuanto esta “referencia… difiere ostensiblemente de los dichos de la mayoría de los testigos traídos al proceso” (fl. 37 reverso).

Esta conclusión, fundada en las manifestaciones de la deponente, no puede calificarse como contraevidente, ya que resulta perplejo que se señale una fecha como de inicio de posesión que es contraria a los demás medios demostrativos, de lo que se infiere su parcialidad.

En similar situación se encuentra Clara María Orrego Molina, cuyo carácter sospechoso devino de la aceptación de su condición de socia de la demandada (fl. 541 del cuaderno 3), por lo que según el Tribunal tenía un interés directo en la propiedad del terreno (fl. 38 del cuaderno 12).

Lo anterior se hizo palmario en la respuesta suministrada a la pregunta “si conoce el lote de terreno ubicado en el sector el Águila… y diga si sabe a qui[é]n pertenece ese lote”, pues afirmó categóricamente, y mostrando parcialidad, que “ese lote es de nosotros[,] es decir, MOLINA ORREGO Y CIA” (fl. 536 del cuaderno 3. Negrilla fuera de texto).

Esta conclusión, además de la falta de objetividad expuesta, lejos de ser un dislate manifiesto, tiene soporte en las reglas de la experiencia, las cuales indican que un socio propende por el mejor beneficio del ente colectivo, máxime cuando se trata de sociedades de personas, en que existe una responsabilidad especial de los aportantes de capital.

Por último, en la declaración de Joaquín Mariano Martínez también afloraron algunos hechos que permitieron al juez de segunda instancia negarle mérito suasorio, sin que pueda colegirse que hubo un error de hecho en este proceder.

Y es que el deponente admitió estar casado con la hija del representante legal de la sociedad (fl. 533 ejusdem), y ser trabajador de la persona moral (fls. 525 y siguientes idem), de lo cual podía inferirse “un ánimo favorecedor de los intereses de la sociedad, hasta el punto de insistir en la versión de la abogada Pérez Rivillas en el sentido que hubo un contrato de arrendamiento entre el demandante y dicha accionada, cuya prueba no refulgió en el plenario” (fl. 38 del cuaderno 12).

Este colofón aparece ajustado a la sana crítica, ya que en virtud de la gratitud que es propia de muchos vínculos laborales, es dable que el deponente realice declaraciones favorecedoras a los intereses de su empleador, como un mecanismo para retribuir su apoyo.

En todo caso, el fallador de segundo grado fue más allá, pues al desarrollar los fundamentos de la sentencia volvió sobre estas declaraciones y ponderó su contenido en relación con otras pruebas, en aspectos relativos a la forma en que los sauces llegaron al predio (fls. 40 y 46), el reconocimiento de dominio ajeno por parte de Diego León (fl. 41), el perfeccionamiento de un negocio de arrendamiento (fl. 37 reverso), el objeto del contrato supuestamente celebrado entre las partes (fl. 41 reverso), la forma en que conocieron de los hechos del caso (idem) y la antigüedad de las construcciones (fl. 42 reverso), lo que permitió ratificar su conclusión, en el sentido de que no eran merecedoras de valor suasorio.

Así las cosas, no es factible admitir que las pruebas fueron omitidas, cuando expresamente el fallador las valoró, aunque de forma negativa a los intereses de la demandada.

Finalmente, aún frente a la hipótesis que existiera un defecto en la valoración, tampoco se abriría paso la casación, pues su resultado sería que tuviera que ponderarse el mérito de convicción que el ad quem atribuyó a un grupo de testigos, en desmedro de otros, aspecto que queda reservado a la autonomía judicial de los juzgadores de instancia.

Es posición de esta Corte que:

[S]i en un proceso se encuentran, por ejemplo, dos grupos de testigos que afirman posiciones contrarias, dando cada uno la razón de la ciencia de su dicho, no puede cometer per se el tribunal error evidente si se inclina por uno de esos grupos de testigos, máxime si en apoyo de su elección se sustenta en otras pruebas que corroboran el dicho del grupo escogido. Se trata, en efecto, de que en casos como el que abstractamente se plantea, el Tribunal hace uso racional de su discreta autonomía en la apreciación de las pruebas, no pudiendo en consecuencia, cometer yerro fáctico en esa tarea (CSJ SC 003-2003 del 11 de febrero de 2003, rad. 6948, reiterada en SC11151 de 2015, Rad. 2005-00448-01).

Los recursos extraordinarios no tienen por finalidad establecer si la afirmación de siete (7) testigos, que reconocieron a Diego León como poseedor del lote Nº 3, deben prevalecer sobre los tres (3) que sostienen que era un arrendatario, pues esto está sometido a la apreciación razonada del juzgador.

5. Con base en las premisas precedentes, la Corte advierte que el cargo único no está llamada a prosperar.

6. Descartados los yerros que se endilgaron a la providencia del Tribunal, se frustra la impugnación extraordinaria, por lo que deberán imponerse costas a su proponente, según lo previsto en el inciso final del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, así como agencias en derecho de conformidad con el precepto 392 ibídem, modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, para lo cual se tendrá en cuenta que la parte opositora replicó la demanda de casación.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia proferida el 8 de junio de 2012 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Antioquia, Sala Civil-Familia, dentro del proceso ordinario que promovió Diego León Henao Quintero en contra de la sociedad Molina Orrego y Cía. S.C.S.

Se condena en costas a la recurrente en casación. Por secretaría inclúyase en la liquidación la suma de $6.000.000, por concepto de agencias en derecho.

Cumplido lo anterior, devuélvase la actuación surtida al tribunal de origen.

Notifíquese».