Sentencia SC17181-2016 de noviembre 28 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC17181-2016

Radicación: 25386-31-03-001-2007-00255-01

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Fernando García Restrepo

(Aprobado en sesión de tres de agosto de 2016)

Bogotá, D.C., veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «La demanda de casación

Cargo único

Con invocación de la causal primera de casación, se denunció que la sentencia cuestionada infringió indirectamente los artículos 762, 764, 765, 768, 775, 946, 965, 966, 969, 970 del Código Civil; 174 a 177, 179, 183, 185, 187, 251, 252, 268 del Código de Procedimiento Civil; 29 y 230 de la Constitución Política, todo como consecuencia de la comisión de “errores de hecho manifiestos y evidentes en la apreciación de las pruebas”.

1. Empezó el censor por señalar que fueron defectuosamente valorados, el interrogatorio de parte absuelto por el demandado, el dictamen pericial (fls. 288 a 301, cdno. 1) y los documentos que militan del folio 79 al 116 del cuaderno principal; y que no se ponderaron las pruebas trasladadas del proceso de pertenencia que el aquí demandado adelantó en contra de los actores, radicado con el Nº 2005-0063, que aparecen en los folios 48 a 150 del cuaderno 3.

2. A continuación puntualizó que los errores cometidos por el ad quem, consistieron en lo siguiente:

2.1. Dar por demostrado, sin estarlo, que José Vicente Cortés Castro ostentó el inmueble materia del litigio como mero tenedor y, por lo mismo, como poseedor de mala fe; y que existieron frutos civiles y naturales.

2.2. No dar por demostrado, estándolo, que el nombrado y Maridel Gutiérrez Martínez fueron poseedores de buena fe del predio disputado; la existencia de mejoras útiles y de expensas; y el derecho de retención.

3. En sustento de la acusación, su proponente, en síntesis, expuso:

3.1. El tribunal no podía concluir que el señor José Vicente Cortés Castro fue un mero tenedor del inmueble objeto de la controversia, habida cuenta lo que él mismo y los señores Ernesto Nieto Perilla, Neftaly Torres Cifuentes y Maridel Gutiérrez Martínez, expresaron en las declaraciones que rindieron dentro del proceso de pertenencia que el aquí demandado adelantó en contra de los promotores del presente litigio (prueba trasladada), versiones que el censor reprodujo en lo que estimó necesario y pertinente.

Al respecto, el recurrente puso de presente que en la parte considerativa de la sentencia que dirimió ese pleito, fechada el 6 de abril de 2006, con apoyo en las relacionadas versiones, se reconoció la posesión de buena fe tanto de Marcolino Alfonso Bernal, como de sus antecesores.

Por aparte, aseveró: “De acuerdo a las probanzas antes referidas, podemos concluir que el señor JOSÉ VICENTE CORTES CASTRO y la señora MARIDEL GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, eran verdaderos poseedores de buena [fe] del inmueble que nos ocupa, ya que desde el año 1991 ingresaron al predio por[que] el señor GUILLERMO ACEVEDO los trajo y como nunca volvió y no les pagaba sueldo, ellos empezaron a cultivar maíz y yuca, al igual que cuidaban gallinas, vaca de leche y sembraban en el predio, sin nunca reconocer dominio ajeno y su posesión era pública, es decir conocida por todas las personas del sector, nunca tuvieron problemas, lo cual demuestra que era pacífica y siempre están al tanto del inmueble es decir que su posesión nunca se interrumpió”.

3.2. Incurrió en error el ad quem, cuando desconoció que los nombrados José Vicente Cortes Castro y Maridel Gutiérrez Martínez “eran poseedores de buena fe del predio objeto de reivindicación”, temática en relación con la cual el casacionista, de un lado, añadió que esa autoridad, no tuvo en cuenta a la segunda de ellos, al punto que no la mencionó; y, de otro, repitió similares planteamientos a los que se dejaron compendiados en el punto precedente.

3.3. El sentenciador de segunda instancia pasó por alto que los actores no demostraron el vínculo contractual que mantuvieron con los señores Cortes Castro y Gutiérrez Martínez y que ellos, por el contrario, informaron que abandonaron el país a mediados de 1994.

3.4. La referida autoridad desacertó al predicar que el demandado es poseedor de mala fe, toda vez que con ello ignoró tanto la presunción que en sentido opuesto prevén los artículos 769 del Código Civil y 83 de la Constitución Política, como las declaraciones atrás relacionadas y el interrogatorio de parte que en el curso de lo actuado absolvió el propio accionado, que reprodujo en extenso.

3.5. Fue incorrecto que el juzgador ad quem hubiese reconocido la producción y existencia de frutos civiles y naturales, inferencia que comportó la indebida ponderación del dictamen pericial, porque en éste, el experto que lo rindió, fijó “EN CERO” el precio del arriendo del bien, debido a que por colindar con el río Bogotá, consideró inviable su explotación económica. Adicionalmente, advirtió que la parte actora no canceló los honorarios fijados al perito.

3.6. También se equivocó cuando desconoció la realización de mejoras en el predio y la erogación de expensas en su conservación, actividades comprobadas con el referido dictamen pericial, en el que se aludió a la celebración de contratos “de mano de obra y/o construcción”, así como a la “licencia” que para lo último, expidió la Oficina de Planeación del municipio de Tena, Cundinamarca.

Complementariamente, el recurrente relacionó la totalidad de las mejoras plantadas en el predio, así como de las obras de mantenimiento del mismo, realizadas por el accionado.

Consideraciones

1. Sea lo primero advertir, el alcance restringido del único cargo propuesto en casación, toda vez que él apuntó solamente a tres objetivos específicos: resquebrajar la mala fe, que el ad quem le atribuyó a la posesión del demandado; desvirtuar la prueba de los frutos, cuyo pago ordenó esa autoridad; y controvertir su negativa a reconocer la existencia de mejoras y de expensas, en favor del accionado.

Es evidente, entonces, que con la impugnación extraordinaria examinada, el recurrente no buscó el quiebre total de la sentencia cuestionada, sino simplemente la alteración de las determinaciones que en punto de prestaciones mutuas allí fueron adoptadas, sobre la base de que él ha sido poseedor de buena fe del inmueble disputado, por lo que tiene derecho al pago de mejoras y expensas; y de que en el proceso, no aparecen probados los frutos a que fue condenado.

2. Como se desprende del compendio que se hizo de la acusación y de las precedentes precisiones, el recurrente cuestionó al ad quem, fundamentalmente, porque estimó de mala fe la posesión ejercida por el demandado, inferencia que, en opinión de aquél, entrañó la comisión de los siguientes yerros fácticos:

2.1. Indebida ponderación del interrogatorio de parte que Marcolino Alfonso Bernal absolvió en el presente asunto.

2.2. Y preterición o desconocimiento de las pruebas trasladadas del proceso de pertenencia que el prenombrado señor adelantó en contra de los hermanos Terreros Aranguren, en concreto, de los testimonios que allí rindieron José Vicente Cortés Castro, Maridel Gutiérrez Martínez, Ernesto Nieto Perilla y Neftaly Torres Cifuentes.

3. En relación con dicha crítica, procede el siguiente análisis.

3.1. Respecto de la indebida ponderación del interrogatorio de parte del accionado, resulta pertinente observar:

3.1.1. El tribunal, con apoyo en esa prueba, arribó a “la convicción de que el demandado sabía a ciencia cierta que quienes le vendieron la posesión no eran propietarios, sino que estaban ocupando el predio porque lo habían ‘abandonado’ y que su antecesor, Vicente Cortés, cuidaba la finca, aunque no tenía sueldo, por lo que sin duda la detentaba con un título de mera tenencia cuya existencia hace presumir mala fe del poseedor, según precisa la regla 3ª del artículo 2351 del código civil”.

Con tal base, coligió que “el demandado, al comprar la posesión de quienes siendo meros tenedores intervirtieron el título —lo que hace presumir su mala fe—, se apropió de esa posesión ‘con sus calidades y vicios’, cual lo dice el precepto 778 de ese mismo código; ‘[l]uego, su posesión sería de mala fe, como la misma ley lo presume, porque proviene de quien transformó su título de mera tenencia en posesión’ (Cas. Civ. Sent. jun. 1º/2009; exp. 2004-00179-01)”.

3.1.2. En la declaración de parte de que se trata, el absolvente, tras admitir que sí conocía a los señores José Vicente Cortés Castro y Maridel Gutiérrez Martínez, al ser preguntado sobre la forma como entró en posesión del predio materia del litigio, relató:

(…) si ellos un día yendo con don HUMBERTO ACOSTA nos hicieron el comentario de que esa finca ALTAMIRA la habían dejado abandonada y que un señor ACEVEDO lo había llevado a don VICENTE CORTÉS y [a] la señora MARIDEL[,] los había dejado allá en esa finca, que ellos tenían la posesión y mejoras de esa finca, pero que tenían un inconveniente con el municipio de Tena, tesorería de Tena[,] porque les estaban llegando unos recibos de cobro de impuesto predial que si el dueño no aparecía o ellos no pagaban, la finca iba a ser embargada, de ahí ellos me dijeron que ellos vendían la posesión, que estaban buscando a quién venderle la posesión y quien comprara se hiciera cargo de los impuestos que se debían de años atrás, ya diciéndome eso me hicieron la propuesta que fuéramos al municipio de Tena a averiguar cuánto se debía por impuestos de la finca ALTAMIRA, entonces [fuimos] (…) en compañía de ellos al Municipio de Tena a averiguar cuánto se debía, entonces allá en el municipio de [T]ena el señor tesorero nos dijo que eso ya estaba en jurídica, que iba para jurídica que lo único que había que hacer era llegar a hacer un acuerdo de pago y ver cómo podía pagarse eso, de lo contrario iban a embargar la finca Altamira. Ya averiguando lo de tesorería del municipio de Tena entonces yo averigüé a los alrededores de la finca, con vecinos de la misma finca, el por qué don Vicente, qué clase de señor era y por qué estaba vendiendo la posesión de dicha finca, entonces varios vecinos me hicieron el comentario de que esas tierras eran unas tierras abandonadas que las habían dejado unos señores ACEVEDO y que por lo tanto ese señor no tenía sueldo y lo único que hacía era cuidar la finca ahí, que que (sic) bueno sería que alguien se hiciera cargo de esas tierras para que le hicieran mejoras y acabaran con un poco de vainas de zonas de riesgos que había ahí, de atracos, que estaba muy amontalado (sic) y se prestaba para muchas cosas para con las personas que pasaban por ahí, niños, señores, gente que bajaba por la vía. Ya habiendo averiguado todo alrededor de los vecinos de la finca Altamira, entramos en negociación con don VICENTE CORTÉS y la señora MARIDEL GUTIÉRREZ y mi persona MARCOLINO ALFONSO, él me dijo yo voy a ser muy claro don MARCOLINO, me dijo don VICENTE CORTÉS, usted ya averiguó acá con los vecinos de que yo soy el poseedor de esta finca y como no tengo como pagar los impuestos, entonces yo le vendería a usted la posesión de trece años aproximadamente que llevo acá y no la propiedad, entonces a base de eso entramos en negociación y llegamos a un acuerdo (…)

3.1.3. Así las cosas, se impone descartar que el tribunal hubiese cometido error de hecho al valorar el referido interrogatorio, pues como se aprecia de su contenido objetivo, era factible que esa corporación dedujera, como lo hizo, que el aquí demandado conocía, desde antes a cuando adquirió fue puesto en posesión por un acto que llamó “de compra” hecha a los señores José Vicente Cortés Castro y Maridel Gutiérrez Martínez, que éstos no eran los propietarios del mismo, que llegaron a ocupar la finca en condición de cuidanderos y que como no les fue cancelado su salario, optaron por apoderarse de ella, con ánimo de señorío.

Esas inferencias fácticas, al tiempo, habilitaron al sentenciador de instancia para que, en primer lugar, tildara de poseedores de mala fe a los señores Cortés Castro y Gutiérrez Martínez, de conformidad con la regla tercera del artículo 2351 del Código Civil; y, en segundo término, estimara que en tal condición fue que aquéllos lo pusieron en la posibilidad de poseer, o como se declaró en el proceso: “le transmitieron al aquí demandado la posesión que le dijeron vender”, lo que verdaderamente se hizo según previsiones del artículo 778 de la misma obra.

3.1.4. En frente de esas conclusiones, carece de trascendencia casacional la alegación del recurrente, consistente en que los actores abandonaron el país en el año 1994 y en que no demostraron el contrato que celebraron con los señores José Vicente Cortés Castro y Maridel Gutiérrez Martínez, toda vez que dichos planteamientos no entrañan ataque alguno al proveído cuestionado y, por lo mismo, no pueden recibir eco, en este fallo.

3.2. Sobre el supuesto desconocimiento de las pruebas trasladadas del proceso de pertenencia que Marcolino Alfonso Bernal adelantó en frente de Luz Marina y Diego Terreros Aranguren, cabe anotar:

3.2.1. La preterición, como modalidad constitutiva del error de hecho, exige que la prueba ignorada por el juzgador, sea legalmente atendible.

En el punto, es del caso memorar que la Corte, en reciente pronunciamiento, desechó la acusación de que el ad quem pasó por alto algunas pruebas documentales allegadas en copia informal, fincada en que ese yerro, al igual que el consistente en la alteración del contenido de los elementos de juicio, “‘(…) conforme a la más elemental lógica jurídica, exigen que el medio de convicción preterido o tergiversado exista materialmente en el proceso y, adicionalmente, que tenga valor demostrativo, según las previsiones contempladas en las normas de disciplina probatoria. (…). Así las cosas, ningún sentido tiene denunciar en casación la comisión de un error de hecho por preterición o por indebida valoración de un medio de convicción que no milita en el litigio, (…). Tampoco lo tendría, si el defecto acusado se relaciona con una prueba que, no obstante obrar físicamente en el expediente, carece de mérito probatorio, debido, entre otros motivos, a su indebida incorporación al expediente’ (CSJ, SC jun. 30/2010, rad. 2006-00035-01). (…). En suma, la falta de ponderación de las referidas copias informales, no corresponde a un comportamiento del sentenciador de segunda instancia constitutivo del yerro fáctico que se le enrostró” (CSJ, SC 16929-2015 dic. 9/2015, rad. 2010-00430-01).

3.2.2. En el libelo introductorio y en la contestación del mismo, las partes solicitaron como prueba, el allegamiento de copia auténtica de la totalidad del proceso de pertenencia de Marcolino Alfonso Bernal contra Diego y Luz Marina Terreros Aranguren.

El juzgado del conocimiento accedió a ello en el auto con el que abrió a prueba el proceso, dictado en la audiencia verificada el 12 de diciembre de 2008 (fls. 150 a 157, cdno. 1).

Pese a lo anterior, en el curso de la primera instancia no se arrimaron las copias ordenadas.

Solamente con el escrito mediante el cual la parte demandada solicitó la aclaración y complementación del fallo del ad quem (fls. 151 a 161, cdno. 3), se anexaron dichas reproducciones mecánicas, pero desprovistas de autenticidad (fls. 48 a 150, ib.).

3.2.3. Traduce lo anterior, la inoportuna y deficiente agregación de las referidas piezas procesales, como quiera que su aportación se efectuó por fuera de las etapas probatorias de las dos instancias, sin autenticación y sin auto que ordenara tenerlas como tales, en los términos y para los efectos del artículo 289 del Código de Procedimiento Civil, omisión esta última de la que se desprende que no se cumplió el principio de contradicción.

3.2.4. Del anterior análisis se sigue, que las copias del proceso de pertenencia invocadas por el recurrente no eran, ni son, atendibles como prueba y que, por lo mismo, su falta de ponderación por parte del ad quem, no configuró la comisión del error de hecho por preterición que se le atribuyó a dicha autoridad.

4. Infundados, como son, los desatinos fácticos en los que el censor se apoyó para imputarle al tribunal error al considerar de mala fe la posesión del demandado, se colige que tal deducción fáctica y jurídica se mantiene enhiesta y que, por lo tanto, sigue irradiando todos los efectos que le son propios.

5. En razón de lo anterior, los otros yerros endilgados al sentenciador de segunda instancia tampoco están llamados a acogerse, como pasa a examinarse:

5.1. Una primera consecuencia que el ad quem derivó del hecho de ser el demandado poseedor de mala fe del inmueble perseguido, fue la imposibilidad de “acoger las consideraciones dadas en la aclaración del dictamen, donde el perito corrigió el valor estimado de los frutos para decir que el inmueble no ha producido nada (fls. 279, cdno. ppal.)”, puesto que, según voces del artículo 964 del Código Civil, cuando se detenta el bien en esa condición, la valoración de los mismos “debe incluir los que se hubiesen producido con un mediano cuidado e inteligencia”, por lo que “para la condenación en frutos se ha de acudir a los valores en que el perito inicialmente dictaminó los producidos por el inmueble”.

Significa lo expuesto, que la indicada corporación apreció en su verdadero sentido la aclaración de la experticia, en lo tocante con el valor de los frutos, pues tuvo en cuenta que el perito, en ese trabajo complementario, conceptuó que el inmueble del litigio no había “producido nada”.

Cuestión por completo diferente fue que sustentara los frutos que impuso al demandado, en que éste, como poseedor de mala fe, estaba obligado a pagar los que los actores hubiesen podido percibir con mediana inteligencia y actividad, que fue los que concretó con apoyo en la pericia.

Con otras palabras: el tribunal no desconoció el concepto que el perito emitió al aclarar y complementar su dictamen, conforme al cual, el inmueble del proceso no generó frutos, toda vez que el reconocimiento que sobre el particular hizo, no recayó en los efectivamente producidos por el bien, sino en los que se hubieren obtenido con mediana inteligencia y actividad, que a su turno esa corporación calculó, con base en la estimación que el auxiliar de la justicia consignó en su trabajo inicial.

5.2. El segundo efecto que el ad quem extrajo de la mala fe posesoria del demandado, fue que él “no tiene derecho a ‘que se le abonen las mejoras útiles’ ni el propietario está obligado a pagar las voluptuarias”, por lo que a aquél solamente “le queda el ‘derecho a que se le abonen las expensas necesarias invertidas en la conservación de la cosa’, ya sean permanentes o que aprovechen al reivindicador, y a llevarse los materiales de dichas mejoras, siempre que pueda separarlos sin detrimento de la cosa reivindicada y que el propietario rehúse pagarle el precio que tendrían dichos materiales después de separados’ (C.C., arts. 965 a 967)”.

En ese orden de ideas, es patente que las determinaciones que el tribunal adoptó sobre mejoras y expensas, no obedecieron al desconocimiento por su parte de unas y otras, sino que estuvieron guiadas por el anotado raciocinio.

Prueba de lo anterior, es que dicho juzgador, entre otras decisiones, adoptó las que enseguida se compendian:

— Dispuso el reembolso al demandado de los valores que sufragó por concepto de cercas ($ 19.925.000) e impuestos pagados hasta 2007 ($ 41.036.442).

— Negó el reconocimiento en su favor de los “demás gastos de ‘mantenimiento de la finca en lo referente a la limpieza o desyerbe, aplicación de abono [e] insecticidas y lo invertido en la compra de la posesión”, ya que no son obras “permanentes”, ni beneficiosas para los dueños, ni dirigidas a la producción de frutos.

— Autorizó al accionado para que retire los materiales con los que levantó las mejoras que plantó en el predio o, en caso de que los actores quieran conservar las mismas, estableció el pago por parte de éstos a aquél del valor de dichos materiales y de la suma de $ 10.000.000, que Marcolino Alfonso Bernal invirtió en la consecución de la correspondiente licencia de construcción.

— Ordenó reintegrarle la cantidad de $ 4.950.000, que gastó en la siembra de los árboles frutales existentes en el predio.

Es ostensible, pues, que el tribunal no incurrió en deficiencias probatorias al verificar las mejoras plantadas en la finca por el demandado o las expensas que él invirtió en la conservación de la misma; y que las limitaciones que impuso al respecto, fueron resultado de la mala fe que le atribuyó a su posesión, apreciación esta que, como ya se estudió, no fue desvirtuada en casación.

6. Se concluye, en definitiva, que el cargo auscultado, no prospera.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, actuando en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 31 de julio de 2012 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil - Familia, en el presente proceso, que se dejó plenamente identificado al inicio de este proveído.

Costas en casación a cargo del recurrente. Como la parte opositora no replicó la demanda con la que se sustentó dicha impugnación extraordinaria, se fijan como agencias en derecho la suma de $ 3.000.000. Por la secretaría de la Sala elabórese la correspondiente liquidación.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al tribunal de origen.»