Sentencia SC17188-2014 de diciembre 16 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001-0203-000-2011-02515-00

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Fernando García Restrepo

Bogotá, D.C., dieciséis de diciembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

1. El recurso extraordinario de revisión ha sido concebido para remover el principio de inmutabilidad característico de la cosa juzgada, con el propósito de salvaguardar la primacía de la justicia en las decisiones judiciales, pero únicamente cuando se configure alguna de las específicas circunstancias que el legislador ha establecido en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, las que dan lugar a infirmar las sentencias pronunciadas sin contar con documentos que hubiesen sido determinantes en el criterio del fallador y que por las razones allí consagradas no pudieron aportarse en la oportunidad legal, así como las obtenidas con fraude o engaño, ya sea mediante la utilización de pruebas ilícitas, o con prescindencia de otras relevantes que podrían cambiar el sentido de la decisión, o conseguidas con maniobras tramposas, o con quebrantamiento del debido proceso, e incluso, en la hipótesis del numeral 9º ibídem, se tutela la seguridad jurídica al impedir la coexistencia de providencias contradictorias.

2. Se trata, sin duda, de un medio de impugnación con marcada naturaleza extraordinaria, motivo por el que su prosperidad depende del cumplimiento estricto de los supuestos consagrados con criterio taxativo en las normas pertinentes, en concreto, las recogidas en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil.

Asimismo, es preciso destacar que no constituye una nueva instancia, ni un escenario propicio para ventilar una vez más lo que ya fue decidido por los jueces de instancia en las etapas naturales del proceso de que se trate.

Tampoco, para mejorar el soporte fáctico, o el caudal probatorio recaudado, ni para corregir los errores o deficiencias en que se haya podido incurrir en las etapas ya surtidas del proceso, pues de lo contrario se convertiría esa herramienta en un mecanismo para obstaculizar el cumplimiento de decisiones judiciales obtenidas de manera legítima.

En palabras de la Corte, “salvo los supuestos previstos en las causales 7a, 8a y 9a del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, todos los demás aspectos formales de una sentencia, como los demás vicios o irregularidades cometidas durante la tramitación del proceso en que ella se dicta, como el quebranto de la ley sustancial y los errores de apreciación probatoria en que haya incurrido el juez al proferirla, son, en principio, aspectos que no caben dentro de la órbita del recurso de revisión por tratarse entonces de yerros para cuya corrección se han consagrado justamente los demás recursos” (CSJ SC, 24 oct. 2011, Rad. 2009-1969-00).

También, que la revisión “no franquea la puerta para tornar el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la vía normal para corregir los yerros jurídicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi. Como ya se dijo por la Corte, el recurso de revisión no se instituyó para que los litigantes vencidos remedien los errores cometidos en el proceso en que se dictó la sentencia que se impugna” (Sentencia CSJ SC, 24 Abr. 1980, reiterada en Fallo CSJ SC, 01 Jul. 1988 CXCII, pág. 9).

3. En el proceso en que fue proferida la sentencia acusada, y dada su importancia, se reitera que la entidad demandante presentó al cobro judicial en proceso ejecutivo con título hipotecario, dos pagarés, uno por $116.356.681,47 y el otro por $22.666.002,82, junto con sus intereses a la tasa del 20,87% efectivo anual a partir de la presentación de la demanda, esto es, del 29 de julio de 2004.

Asimismo, que se libró orden de apremio como fue solicitado; y que los demandados, ahora recurrentes en revisión, esgrimieron excepciones de mérito en las que pidieron que se declarara la inexistencia de título valor suficiente, cobro de lo no debido, indebida capitalización de intereses, modificación unilateral e ilegal de los términos pactados en el pagaré, cobro de intereses usurarios, indebida utilización de la cláusula aceleratoria, falta de aplicación del alivio otorgado por la ley de vivienda, enriquecimiento sin causa, inconstitucionalidad de las resoluciones de la Superintendencia Bancaria que fijaban el interés bancario corriente, revisión de la obligación conforme lo previsto en el artículo 868 del Código de Comercio, pago, anatocismo, abuso de la posición dominante y la genérica.

También, que el Juzgado Civil del Circuito de Chocontá, ante quien se tramitó el juicio en primera instancia, la clausuró con sentencia de 16 de junio de 2010 que declaró probadas algunas de las excepciones propuestas, no obstante lo cual ordenó seguir adelante con la ejecución por $63.000.000 (pagaré 6100001129-5) y $12.542.550,01 (pagaré 100470059324) más los intereses de mora causados desde el 1º de enero de 2000, y del 28 de abril de 2001, respectivamente.

Y que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, al momento de resolver los recursos de apelación que interpusieron las partes en contienda, en su sentencia de 26 de noviembre de 2010 —que constituye el objeto del recurso de revisión que en este pronunciamiento se decide—, revocó la sentencia de primera instancia y en su lugar ordenó proseguir con la ejecución “respecto del pagaré 100470059324 conforme se dispuso en el mandamiento de pago y frente al pagaré Nº 6100001129-5 por la suma de $60’673.470”.

4. Con estas premisas, corresponde a la Corte pronunciarse sobre las acusaciones formuladas contra la sentencia del tribunal.

4.1. En relación con la causal sexta de revisión:

a) De conformidad con lo preceptuado en el numeral 6º del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, configura causal de revisión “[h]aber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente”.

Relativo a la causal sexta de revisión, la Corte ha precisado que solamente “se estructura cuando las partes, o una de ellas, despliega una actividad deliberada, consciente e ilícita, encaminada a falsear la verdad, con miras a inducir en error al juzgador, malogrando los derechos que la ley concede a terceros o a los otros sujetos procesales, comportamiento que, obviamente debe aparecer plenamente probado” (CSJ SC, 25 Jul. 1997, Rad. 5407).

En pronunciamiento CSJ SC, 20 Feb. 2012, Rad. 2007-00190 esta Sala destacó que “las maniobras fraudulentas a que se refiere la norma deben corresponder a situaciones o hechos externos al proceso, no conocidos por el juez y producidos por fuera de aquel” y que esa causal “tiene por finalidad reprimir la conducta de las partes cuando resulte atentatoria de los principios de lealtad, probidad y buena fe que han de presidir su actuación en el proceso”.

Por otra parte, se pone de relieve que la jurisprudencia constante de esta corporación exige, para la estructuración de la causal que se comenta, que las conductas que constituyen las maniobras fraudulentas estén debidamente probadas “so pena de que, en caso contrario, especialmente de duda racionalmente seria que merezca credibilidad sobre las maniobras alegadas, se declare infundado el recurso” (CSJ SC, 30 Mar. 2007, Rad. 2004-00613-00).

b) Así las cosas, para que se configure la causal que se comenta, se requiere: i] que haya existido colusión de las partes, o maquinaciones fraudulentas de al menos una de ellas, de tal magnitud que se constituyan, en uno u otro evento, en causa eficiente de una sentencia contraria a la equidad; ii] que se le haya inferido perjuicio al recurrente; y, finalmente, iii] que los hechos o circunstancias constitutivas de tales maniobras no se hayan podido alegar en el proceso en que se dictó la sentencia acusada.

c) Se puede concluir sin dificultad, analizado el expediente que contiene el recurso que ahora se decide, que la impugnación extraordinaria no se abre paso ya que no se cumplen las exigencias antes referidas, pues los hechos que le darían sustento a la causal sexta invocada no tienen el carácter de novedosos. Por el contrario, fueron presentados, y a plenitud estudiados, debatidos y valorados en el trámite propio de las instancias.

Así es, desde la primera intervención de la parte demandada en el proceso ejecutivo, mediante la proposición de un recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo, se censuraron, entre otras cosas, la legalidad del cobro, su cuantía, la supuesta modificación unilateral —por parte del acreedor— de la tasa de interés, la no aportación de una carta de instrucciones para diligenciar espacios en blanco de los pagarés presentados como título de recaudo, la circunstancia de no encontrarse en mora la obligación que allí se cobraba, la capitalización de intereses, la ausencia de los requisitos de claridad, expresividad y exigibilidad de los títulos aducidos como ejecutivos, y que se cobraba en UVR cuando el pacto se había celebrado en pesos.

Y después, cuando propusieron excepciones de mérito, ventilaron esos mismos reproches y otros muchos, de tal suerte que todos los que ahora se presentan como sustento de la causal sexta de revisión, fueron ya estudiados, debatidos y decididos con la participación muy activa de la parte demandada, ahora recurrente extraordinaria.

d) Por lo anterior, no es dable concluir que en el proceso en que se dictó la sentencia censurada no se hubieran podido ventilar las vicisitudes que al decir de la parte recurrente configuran la causal sexta de revisión alegada, de la misma manera como ni el expediente del recurso extraordinario, ni el del ejecutivo, revelan que la parte ejecutante haya incurrido en un proceder ilícito o irregular o engañoso.

e) En conclusión, como la causal objeto del presente análisis no permite la revaloración del debate propio del proceso en que se dictó la sentencia censurada, sino que tiene un propósito distinto, a saber, la reprobación de la conducta de las partes, o por lo menos de una de ellas, que atente contra los principios de lealtad y buena fe que deben siempre regir la actividad de los sujetos procesales en el desenlace del pleito, por lo que se descarta que el recurso de revisión sea escenario para estudiar los hechos y circunstancias que los recurrentes trajeron como soporte de su impugnación.

f) Como colofón de este acápite es preciso observar, a título de recapitulación, que los hechos invocados como sustento de la causal 6ª de revisión no le podrían dar soporte suficiente para su prosperidad, y que, en todo caso, tales supuestos de hecho no fueron acreditados.

4.2. En relación con la causal octava de revisión:

a) Se configura la causal octava de revisión, tal como establece el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, cuando se incurre en “nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso”.

Como requisitos estructurales del mencionado motivo de revisión el legislador estableció, como puede advertirse fácilmente del texto de esa disposición, dos, a saber: i) que la nulidad se origine en la sentencia, lo que excluye, en consecuencia, cualquier causa de anulación que se presente durante el trámite del proceso de que se trate; y ii) que contra dicha decisión no sea procedente ningún otro recurso.

La Corte ha precisado que la nulidad, además de tener un talante autónomo en el ámbito de este recurso extraordinario, pues no obedece puntualmente a las causales consagradas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, puede tener ocurrencia en unos eventos específicos.

Así lo ha reconocido la jurisprudencia de esta corporación: “[e]s necesario dejar sentado que la causal 8ª del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, tiene su propia fisonomía, de modo que acudir a ella no implica necesariamente emplear un camino alternativo para plantear las mismas nulidades previstas en el artículo 140 ibídem, lo cual lleva a morigerar el planteamiento según el cual hay identidad entre las causales de nulidad de la sentencia y los motivos de invalidación del proceso previstos en la referida norma” (CSJ SC, 29 Ago. 2008, Rad. 2004-00729-01).

b) Con este panorama el asunto se contrae a establecer si en la sentencia enjuiciada se incurrió en alguno de esos desaciertos, todos alusivos a una grave conculcación de garantías procesales reconocidas como elementales por el ordenamiento jurídico.

De otra parte, dada la naturaleza dispositiva del recurso, le incumbe al censor demostrar la configuración de alguna de esas específicas situaciones antes referidas, sin que sea viable debatir nuevamente el tema litigioso.

En ese orden de ideas, se observa que la impugnación trasluce en realidad una divergencia entre la decisión cuestionada, y su conformidad con la correcta interpretación que los recurrentes estiman se le debió reconocer a las normas que gobiernan la situación ventilada en el proceso en que el fallo acusado se pronunció.

De manera que como el fallo enjuiciado en sede del recurso extraordinario de revisión resulta intangible desde la perspectiva de la posible observancia del ordenamiento jurídico sustancial, o de su desconocimiento, la pretensión de la parte recurrente está condenada al fracaso.

c) Estudiados los fundamentos propuestos por la impugnación relativos a la causal octava de revisión, se advierte que la misma no se configura, no solamente por razón de encontrarse ausentes los presupuestos antes referidos, sino porque tales fundamentos no aluden a vicios de carácter procesal que pudieran configurar la causal. Además, como ya se dejó dicho, la temática que encarna el reproche fue propuesta y discutida en el litigio ante los jueces de instancia.

Adviértase que la parte recurrente, como soporte de la nulidad que reclama, alude a que el desembolso realizado por el Banco Central Hipotecario fue de $63.000.000, pero que el pagaré se diligenció por $124.793.948 y cuando esa entidad financiera “ya no existía en la vida jurídica”; que el crédito se otorgó en pesos pero fue cobrado en UVR y en lugar de disminuir con los pagos realizados, se incrementó; que el alivio concedido según la Ley 546 de 1999 fue reversado, lo que constituiría una modalidad de capitalizar intereses; que se infringió el principio de congruencia porque en la parte resolutiva de la sentencia quedaron dos numerales terceros; que en el trámite del proceso se demostró que los demandados no adeudan el dinero cobrado; y, en fin, que el tenedor ignoró las instrucciones impartidas por los otorgantes para el diligenciamiento de los espacios en blanco de los pagarés, lo que determina que es una prueba obtenida con violación al debido proceso.

Pues bien, todas esas temáticas fueron materia de estudio desde la primera instancia, esto es, antes del proferimiento de la sentencia objeto del recurso. Y cualquiera que fuese el sentido de la decisión adoptada por el tribunal, el hipotético yerro en que allí se hubiera podido incurrir en cuanto a resolver sobre ellas, naturalmente no podría encontrar su origen en el fallo de segundo grado, con lo que se descarta la estructuración de la causal invocada.

d) Por lo anterior, se colige que las premisas sobre las que se asienta la causal octava de revisión alegada no tuvieron origen en la sentencia censurada sino antes, ni constituyen vicios procesales, mucho menos constitutivos de los motivos de nulidad que consagra el ordenamiento jurídico en materia del proceso civil. En efecto, fueron estudiadas y decididas por el juez de primera instancia en su sentencia, y nuevamente valoradas por el juez de segundo grado, motivo suficiente para que la Corte concluya que no ameritan un pronunciamiento estimatorio del recurso de revisión bajo el ámbito de la causal octava.

Un pronunciamiento en sentido diferente, esto es, que le diera cabida a estudiar de nuevo lo ya resuelto sin que se cumplan los estrictos requisitos de la causal de revisión invocada, reabriría irregularmente un debate ya concluido, evento que daría lugar a una tercera instancia, ajena del todo al ordenamiento jurídico vigente.

5. De todo lo anterior fluye el fracaso de la impugnación extraordinaria, lo que supone la condena en costas a la parte recurrente, según lo previsto en el artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, y que se fijen agencias en derecho como lo ordena el numeral 1º del artículo 392 ibídem.

V. Decisión

En armonía con las consideraciones precedentes, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE:

1. Declarar infundado el recurso de revisión propuesto por Sofía Mireya Santana Chinchilla y Julio Enrique Sarmiento Arias contra la sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia.

2. Condenar a los recurrentes en costas, y al pago de los perjuicios causados en el trámite del recurso que en esta providencia se decide, en favor de los demandados, Central de Inversiones S.A. y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. En la liquidación de aquellas inclúyase como agencias en derecho, la suma de $3.000.000, habida cuenta que hubo oposición; la tasación de los segundos se hará mediante incidente según lo establecido en el artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, y los pagos se harán con cargo a la caución constituida por la impugnante (fls. 49, 51, 53 a 54, 56 a 57 y 61 cdno. Corte).

3. Cumplido lo anterior, devuélvase el expediente al juzgado de origen, a excepción de la actuación relativa al recurso de revisión. Ofíciese.

4. Archivar, en su momento, el expediente aquí formado.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

(Aprobado en sesión de 9 septiembre de 2014)».