Sentencia SC17214 de diciembre 16 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001-31-03-007-2004-00457-01

Magistrado Ponente:

Dr. Jesús Vall de Rutén Ruiz

SC17214-2014

(Discutido y aprobado en sesión de nueve de septiembre de dos mil catorce)

Bogotá, D.C., dieciséis de diciembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

De conformidad con el artículo 1602 del Código Civil, “todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”.

Contiene este precepto el denominado “postulado de la autonomía de la voluntad privada” en virtud del cual la ley inviste a las partes, tomando en consideración su voluntad consensuada y dejando a salvo normas de orden público, del poder regulatorio de las relaciones jurídicas patrimoniales que ellos hubieren concertado. Esa connotación normativa y asentada en la confluencia de las voluntades de las partes, dimanante de la libertad que la ley les reconoce, supone que, en principio, ninguna de ellas pueda quedar vinculada a un acto jurídico que no haya consentido. Asimismo, implica que la extensión de ese acto sobre el cual manifiestan su consentimiento alcanza no sólo la constitución sino la regulación y extinción de la relación jurídica, lo que significa tanto la posibilidad de elegir entre los distintos tipos de convenios el que más se aproxime a la satisfacción de sus respectivos intereses, como la de enriquecer o apocar su extensión misma, con cláusulas que con frecuencia rebasan el contenido usual del contrato típico que les sirve de molde, introduciendo reglas bien correspondientes a otros contratos típicos o atípicos, nominados o no, o ya regulando facetas concretas de su relación, como por ejemplo los mecanismos para dirimir, durante la ejecución del contrato, diferencias entre ellas sobre la cabal interpretación de su acuerdo, la inclusión de arras o cláusulas penales, o, en fin, la regulación sobre la forma en que el contrato podría ser modificado estando ya en ejecución, entre muchas otras posibilidades que la autonomía de la voluntad permite.

De toda esta gama multiforme a que da lugar dicho postulado, merece destacarse, en primer lugar, el acuerdo atinente a la posibilidad que las partes tienen de investir de una formalidad particular la manera como han de ser modificadas las cláusulas del contrato que, en virtud de su querer consensuado, han perfeccionado. Y en esa medida, por ejemplo, las partes pueden disponer, como lo hicieron en efecto en la promesa sobre la que versa este proceso, que

“sólo se podrá prorrogar el término para el cumplimiento de las obligaciones que por este contrato se contraen, cuando así lo acuerden las partes por escrito, mediante cláusula que se agregue al presente documento, firmado por ambas partes por lo menos con 10 días de anticipación al término inicialmente señalado para la extensión de la escritura pública”.

Tal posibilidad, esto es, la de sujetar a una formalidad específica y voluntaria (pacto por escrito por lo menos con 10 días de antelación a la firma de la escritura), los efectos jurídicos de una modificación ulterior al contrato celebrado, no es más que otra aplicación del principio de la autonomía de la voluntad privada, posibilidad que, además, tiene soporte legal en las previsiones normativas contenidas en los artículos 1858 y 1979 del Código Civil que permiten, en su orden, que la venta de las especies allí mencionadas o el arrendamiento contratos consensuales no se reputen perfectos mientras no se firme escritura, trayendo ello como consecuencia que las partes puedan retractarse antes de esa suscripción.

De otro lado, una estipulación de esa naturaleza debe ser cumplida según el claro tenor literal que las partes convinieron, autolimitándose hacia el futuro, de modo que modificaciones a lo pactado como las que pretende demostrar este cargo, a partir de la declaración de parte del actor bien achacándole error de hecho al tribunal por haberla cercenado o ya atribuyéndole la comisión de error de derecho por no haber apreciado las pruebas en conjunto, y en particular la aludida declaración frente al contrato no tendrían cabida aun si la contraparte las hubiera también admitido, en la medida en que para poder realizar de ese modo verbal la reforma, como se insiste en que ocurrió, debió antes enmendarse con ajuste a la misma la cláusula en comentario, que respecto del caso que nos ocupa no sólo fija una exigencia de tipo legal que conste por escrito sino que establece un término dentro el cual dicha modificación debe ser adoptada.

Al margen de esta limitación convencional, cuya derogación consensual por las partes (a partir de la modificación que hagan expresa o tácitamente, pero asimismo en forma verbal, de alguna otra de las cláusulas) puede al menos teóricamente dar origen a polémicas sobre su eficacia en un contexto diferente, lo que sí no se remite a duda es el hecho de que la exigencia legal de que el contrato de promesa conste por escrito (L.153/1887, art. 89, num. 1°), genera en este pacto meramente preparatorio consecuencias referidas principalmente a que las modificaciones o adiciones deban constar asimismo por ese medio. Es lo que, por lo demás, ha pregonado la jurisprudencia de esta corporación al señalar que

“como quiera que por ser la promesa de contratar un convenio solemne, no solamente sus cláusulas primigenias sino también sus adiciones o modificaciones deben constar por escrito, pues como repetidamente lo ha dicho la Corte la formalidad del escrito es un requisito unido a la existencia misma del contrato y no simplemente condición ad probationem, razón por la cual son inadmisibles, para demostrarlas, otros elementos de convicción distintos a la forma escrita, incluida la confesión de los mismos contratantes” (Cas. Civ. del 25 de febrero de 1991).

Y en el mismo sentido, más recientemente puntualizó:

La solemnidad a la que por mandato de la ley está sometida la promesa, hace que cualquier otro medio de convicción que se exhiba para acreditar su existencia, su modificación o adición, resulte ineficaz para tales propósitos, pues se está ante un modo tarifario y específico de la prueba (CSJ SC 081 2000 del 23 de junio de 2000, rad. C-5295).

Además, debe advertirse que suele acontecer que las partes en los contratos de promesa de compraventa pacten el cumplimiento anticipado(1) de todo o parte de las obligaciones que habrán de surgir del contrato prometido, una vez celebrado. Y así, es usual que el promitente vendedor se obligue a entregar la cosa antes de la suscripción de la escritura pública, y, más frecuentemente, que el promitente comprador anticipe todo o parte del precio acordado para la compraventa. Se trata de cláusulas accidentales al contrato de promesa (CSJ SC 126 del 14 de ago. de 2000, rad. 5577; del 30 de oct. de 2000, rad. 5696; y más propiamente GJ CXCII 1er sem. Pág. 222, Cas. Civ. del 30 de mayo de 1988) que introducen obligaciones que tienen como hontanar dicho contrato y no el contrato prometido, que aún no ha nacido. Por lo que el incumplimiento de dichas obligaciones significa el incumplimiento del contrato de promesa de compraventa.

Las consideraciones antes expuestas permiten arribar a la conclusión de la falta de prosperidad del cargo que se examina, en lo tocante a la ausencia de incumplimiento por parte de las demandadas, sin que sea menester que la Corte considere otros tópicos que aquilatan esa conclusión, como la de haber admitido expresamente aquellas el incumplimiento de los pagos, desde la misma contestación de la demanda, cosa que afloraría como inexplicable si, como lo pregona el cargo, hubiesen sido acordadas, así fuese verbalmente, modificaciones a los plazos primigeniamente adoptados. Es que ciertamente la parte demandada no adujo esta excepción, que solo vino a ser estructurada a partir de la declaración de parte del demandante.

En lo que hace a la cifra que, como canon mensual del inmueble, incluyó el tribunal en su fallo, a efectos de que se tuviese en cuenta para la cuantificación de los frutos que aquel produjera después de la fecha que allí mismo señaló, y que corresponde a la del dictamen pericial, puede notarse con facilidad que se trata de un simple error aritmético o de transcripción para el cual es cabalmente aplicable lo previsto en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor

Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético, es corregible por el juez que la dictó, en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto susceptible de los mismos recursos que procedían contra ella, salvo los de casación y revisión.

Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará en la forma indicada en los numerales 1º y 2º del artículo 320.

Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de éstas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella.

En efecto, tomó el perito el valor del avalúo catastral para el año 2004 ($94.803.000,oo), de conformidad con el certificado que aportó a su peritaje (fl. 163, cdno.1), a efectos de tasar el canon mensual de arrendamiento en el uno por ciento (1%) de dicho valor, que fue reajustando año por año tomando como base el Índice de Precios al consumidor (IPC) hasta llegar al año 2009 con una cifra que literalmente fue escrita de la siguiente manera por el experto: “1’248.722,402”.

Por su parte, el tribunal, como se dejó transcrito en el resumen del fallo impugnado, ordenó tener en cuenta el valor de “$1.248.722.402,oo”.

La simple comparación de ambos textos permite concluir que la fracción que el experto separó en su guarismo con una coma (,402), fue tomada como parte del entero, lo que constituyó un error de aquellos a los cuales se refiere el artículo 310 antes transcrito, por tener incidencia en la parte resolutiva del fallo, en vista de que el mismo tribunal señaló en dicho segmento que los frutos civiles “se determinarán siguiendo los parámetros señalados en el nomenclador 10 de las consideraciones de esta misma”, correspondiente al acápite de sus consideraciones atinentes a los frutos civiles.

Comprobado que corresponde la falencia a un simple error aritmético o de transcripción y no a un yerro evidente de hecho por desfiguración del medio probatorio, el recurso de casación es improcedente, pues a más de que otro remedio legal está previsto para este tipo de equivocaciones, la referencia que, para acogerlo, hizo el tribunal del canon mensual fijado por el perito permite sin vacilación excluir el yerro probatorio.

El cargo, pues, no prospera.

Decisión

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NO CASA la sentencia proferida por Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 16 de diciembre de 2010, dentro del proceso ordinario de Fernando Moncada Ovalle contra Rosa Inés Pérez de Contreras y Nancy Rocío Alemán Pérez.

Costas del recurso, a cargo de las impugnantes. Para su tasación, la secretaría deberá tener en cuenta la suma de $3.000.000, como agencias en derecho, por no haber sido replicada la demanda».

Notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

(1) la expresión no es precisa pero sí da una idea cabal de lo que las partes entienden.