Sentencia SC17429-2015 de diciembre 16 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 110013103019200900360 01 (aprobado en sesión de ago. 4/2015)

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

Bogotá, D.C., dieciséis de diciembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

1. Como viene de precisarse, la controversia evidenciada en este trámite impugnativo que ocupa a la Corte, concierne con los eventuales errores de hecho en que incurrió el tribunal acusado, al momento de cumplir la actividad probatoria en función de definir la instancia. Para el fallador, en los términos en que lo explicitó, no quedaba duda sobre la existencia del consorcio formado por las partes, la realización de algunos contratos para cumplir con las obras licitadas ante el Invías, su liquidación y el surgimiento de una obligación dineraria a cargo de la demandada y en favor de la actora. El censor, por el contrario, afirma que el sentenciador se equivocó, de manera manifiesta y trascendente, pues dio por establecido ese acuerdo de colaboración sin que, en el expediente, aparezcan elementos de convicción sobre sus principales características, v. gr., la forma en que los asociados distribuirían las ganancias y las pérdidas; la manera de cumplir los compromisos asumidos y otros; tampoco hay medios persuasivos que acrediten la liquidación de los “subcontratos” y, respecto de la veracidad del crédito surgido de ese procedimiento, menos aparece justificación alguna en el expediente.

2. Bajo esa perspectiva, cumple clarificar, en primera medida, los pormenores del negocio concertado entre las partes, sus características, naturaleza, instrumentos legales o convencionales de asumir deberes o adquirir derechos, amén de señalar su representación.

En nuestra normatividad, no obstante que los orígenes de esa forma de asociación se remontan, inclusive, a fecha anterior a la expedición del Decreto 150 de 1976 (contratación administrativa) y del 2655 de 1988 (sobre concesión minera), en el primero de los citados se encuentra la génesis de su actual regulación jurídica, en particular, en materia administrativa, pues en el marco del derecho privado no existen mandatos de ninguna naturaleza.

En efecto, el Congreso de la República, alrededor del tema expuso:

“Sin duda el fenómeno de la especialidad cada día va adquiriendo mayor preponderancia en el mundo de los negocios y del comercio. La mayor eficiencia y la menor ineficiencia como condiciones de la implantación dentro del comercio de la llamada ventaja comparativa ha provocado la aludida especialidad. En razón a ello, cada vez se hace más necesaria la unión de dos o más personas con el fin de hacer factible la prestación de un servicio, la ejecución de una obra, etc., brindando cada uno mayor calidad y eficiencia en razón de su especialidad, y evitando así los mayores costos y efectos negativos que puedan derivarse de la realización aislada y particular de actividades respecto de las cuales no se es el más apto. Ahora bien, esa realidad no puede ser desconocida por el ordenamiento jurídico; por el contrario debe reconocérsele. Y es precisamente ello lo que se pretende al conferir capacidad legal para contratar a las uniones temporales y a los consorcios”.

Tal argumentación sirvió de antesala y, en últimas, se constituyó en la motivación para la expedición de la Ley 80 de 1993, estatuto vigente y, como se advirtió, anejo a la contratación administrativa. En el artículo 7º, incorporó la siguiente definición:

“Para los efectos de esta ley se entiende por: 1. Consorcio: cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que los conformen”.

La Corte Constitucional, al revisar la conformidad de dicho texto con la Carta Política, expresó:

En nuestro régimen legal, la capacidad es la aptitud que se tiene para ser sujeto de relaciones jurídicas, es decir, para realizar sin el ministerio de otra persona, actos con efectos válidos en la esfera del derecho, y si bien esa habilitación se vincula con la noción de persona, hasta el punto que toda persona, en principio, es capaz, salvo lo que en contrario disponga la ley, no es requisito necesario ser persona para disponer de capacidad jurídica. En estos eventos el estatuto no se refiere a una persona y sin embargo permite que los consorcios y las uniones temporales puedan contratar con el Estado, lo cual, en resumen significa que la ley les reconoce su capacidad jurídica a pesar de que no les exige como condición de su ejercicio, la de ser personas morales.

El consorcio es una figura propia del derecho privado, utilizado ordinariamente como un instrumento de cooperación entre empresas, cuando requieren asumir una tarea económica particularmente importante, que les permita distribuirse de algún modo los riesgos que pueda implicar la actividad que se acomete, aunar recursos financieros y tecnológicos, y mejorar la disponibilidad de equipos, según el caso, pero conservando los consorciados su independencia jurídica.

El artículo 7º de la mencionada ley se refiere al consorcio, pero en lugar de definir su contenido esencial, ofrece una relación descriptiva de la figura señalando los elementos instrumentales y vinculantes que lo conforman; (...) según la ley, el consorcio es un convenio de asociación, o mejor, un sistema de mediación que permite a sus miembros organizarse mancomunadamente para la celebración y ejecución de un contrato con el Estado, sin que por ello pierdan su individualidad jurídica, pero asumiendo un grado de responsabilidad solidaria en el cumplimiento de las obligaciones contractuales —resalta la Sala— (C.C., SC414, sept. 22/94).

En reciente providencia, la Corte expresó:

El consorcio, que es una expresión de esas formas de colaboración, presupone entonces la acción concordada de un número plural de sujetos (….).

Aunque en la práctica es el instrumento de cooperación del cual se sirven personas con actividades afines, que temporalmente y sin el ánimo de asociarse resuelven conjuntar esfuerzos para ejecutar determinado negocio, sin que se interfiera su organización jurídica o económica, en el derecho privado patrio no han sido objeto de regulación, constituyendo por ende una modalidad atípica de los denominados por la doctrina, contratos de colaboración, por el cual dos o más personas convienen en aunar esfuerzos con un determinado objetivo, consistente por lo general en la construcción de una obra o en la prestación de un servicio, sin que se establezca una sociedad entre ellos, puesto que no se dan los elementos esenciales del contrato de sociedad, amén de conservar cada cual su personalidad y capacidad para ejecutar las actividades distintas del negocio común. En otras palabras, se trata de “una unión formada para la gestión o la defensa de intereses comunes, sin llegar a constituir una sociedad” (Caballero Sierra, Gaspar. Los consorcios públicos y privados. Bogotá: Temis; 1985. Pág. 88), particularidades que por ende le confieren una naturaleza jurídica propia, una estructura singular que impide confundirlos con figuras como las cuentas en participación o la sociedad de hecho, pese a las aproximaciones que a primera vista pudieran avizorarse entre ellas (la Sala hace notar).

(…).

Refiriéndose a su naturaleza jurídica, el Consejo de Estado, en concepto del 9 de octubre de 2003 de la Sala de Consulta y Servicio Civil, expresó que en el caso de la conformación de un consorcio o una unión temporal, “no hay propiamente aportes de dinero, trabajo o bienes con la finalidad de construir un capital común que sirva para desarrollar una actividad, por medio de un nuevo ente jurídico distinto de ellos, como sucede en la constitución de una sociedad, sino que cada uno conserva su individualidad jurídica y colabora con su infraestructura o parte de ella: personal, estudios, planos, diseños, sistemas, instalaciones, oficinas, tecnología, know how, maquinaria, equipos, dinero, etc. según las reglas internas del acuerdo, para elaborar la propuesta y si se les adjudica el contrato, para ejecutarlo”. El consorcio, añadió, lo mismo que la unión temporal, “no es una persona jurídica sino un número plural de contratistas que se integran para presentar una propuesta y celebrar un contrato con una entidad” (la Corte resalta).

En dicho campo, el consorcio es de igual modo un negocio de colaboración atípico, por el cual se agrupan, sin fines asociativos, los sujetos que acuerdan conformarlo, quienes voluntariamente conjuntan energías, por un determinado tiempo, con el objeto de desarrollar una operación o actividad específica, que consiste en ofertar y contratar con el Estado. Así resulta del texto del artículo 7º del estatuto general de contratación de la administración pública, que al definir lo que para los efectos de dicho régimen legal, se entiende por consorcio, determina que se presenta “cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato”, agrupación de sujetos que no origina un sujeto distinto, con existencia propia, y deja indeleble, en cada uno de los integrantes, su independencia y capacidad jurídica. (CSJ, SC sept. 13/2006, Exp. 2002 00271 01).

3. En síntesis, de lo referido emerge que el consorcio es la conjunción o concurrencia de condiciones y recursos especiales, de naturaleza técnica, económica, tecnológica, física, que diferentes personas, naturales o morales, ponen al servicio de una causa común; esfuerzos que se concretan alrededor de un propósito claro como es el de optimizar las posibilidades de cumplir un encargo, regularmente vinculado a la prestación de bienes o servicios, sea en el sector público o privado. Tiene como características principales, entre otras: i) las de no constituir, en principio, una nueva sociedad, por tanto, carece de personalidad jurídica; ii) de manera excepcional, la ley le reconoce capacidad para adquirir derechos y obligaciones; iii) los entes que lo conforman, cuando de ello se trata, conservan, de manera independiente y autónoma, su organización; iv) no hay confusión patrimonial con el del consorcio; v) por disposición legal, sus integrantes son solidarios respecto de las obligaciones asumidas; y, vi) principalmente, su formación no está sometida a una solemnidad especial, luego su perfeccionamiento puede provenir, inclusive, de un acuerdo verbal.

4. Así, deviene de lo comentado, con evidente nitidez, que la existencia y demostración de este tipo de empresa de colaboración no está supeditada a la exhibición de un elemento de convicción en particular ni a la materialización de una solemnidad especial; se acredita, bajo cualquier mecanismo de prueba y por la sola concertación de la voluntad de los interesados en su formación y alrededor de la concurrencia de pareceres sobre el contrato que lo gestó, los elementos que cada uno de los partícipes aporta y la dinámica que debe cumplir para responder, como en el caso presente, a las obras asumidas.

5. Ahora, en cuanto a su representación y la indicación de las condiciones que lo rigen, de manera puntual, el inciso 2º del Parágrafo 1º del artículo 7º de la citada Ley 80 de 1993, expresa:

“Los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar la persona que, para todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad”.

De donde surge que la ley brinda a los interesados la posibilidad de escoger la persona que, “para todos los efectos”, asumirá la representación del consorcio y, además, que ellos indiquen “las reglas básicas” que regirán sus destinos.

Sin embargo, una es la situación que surge cuando el consorcio o las personas que le dieron vida deben enfrentar sus compromisos frente al contratante y otra, muy diferente por cierto, cuando es entre ellos que surgen las discrepancias como aconteció en el sub lite, hipótesis esta que devela una confrontación no del ente de colaboración sino de sus agentes y respecto de las reglas básicas que fijaron para regular sus relaciones.

6. En el asunto bajo examen, según quedó reseñado en líneas precedentes, el reproche concierne con vías de hecho, por haberse prohijado una trasgresión burda, evidente y trascendente en la apreciación probatoria al momento de resolver la instancia, al punto que de no haber sucedido tal desliz, el resultado de la decisión adoptada hubiese sido diferente.

6.1. La censura extraordinaria, como se sabe, no constituye un escenario nuevo o adicional para la valoración de los medios de convencimiento; a través de este mecanismo impugnativo los sujetos procesales no pueden aspirar a realizar un novedoso cotejo de elementos persuasivos, ni infirmar la sentencia emitida invocando equivocaciones de orden fáctico, salvo en aquellos eventos en que el desvío sea de tal extremo que incursiona en un vicio insostenible. Así lo ha expresado, en multitud de oportunidades la Corte Suprema:

“(…) es cuestión de hecho que corresponde a su discreta autonomía, la conclusión a que arribe, no es susceptible de modificarse en casación, sino a través de la demostración de un evidente error de hecho que ponga de manifiesto, palmaria u ostensiblemente, que ella es de tal alcance que contradice la evidencia, bien porque supone estipulaciones que no contiene, ora porque ignore las que ciertamente expresa, o ya porque sacrifique el verdadero sentido de sus cláusulas con deducciones que contradice la evidencia que ellas demuestran” (CSJ, SC feb. 25/2003, Exp. 6822).

También, en sentencia del 9 de agosto de 2010, expediente 2004-00524, expuso que:

al denunciarse en el punto la comisión de errores de hecho probatorios, pertinente resulta memorar que no cualquier yerro de esa estirpe es suficiente para infirmar un fallo en sede de casación, sino que se requiere que sea manifiesto, porque si se edifica a partir de un complicado proceso dialéctico, así sea acertado, frente a unas conclusiones también razonables del sentenciador, dejaría de ser evidente, pues simplemente se trataría de una disputa de criterios, en cuyo caso prevalecería la del juzgador, puesto que la decisión ingresa al recurso extraordinario escoltada de la presunción de acierto (…). En consecuencia, el error de hecho para que se configure, inclusive en materia de interpretación contractual, tiene explicado la Corte, además de trascendente, debe ser “tan grave y notorio que a simple vista se imponga a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o en otros términos, de tal magnitud, que resulte contrario a la evidencia del proceso. No es por lo tanto, error de hecho aquél a cuya demostración solo se llega mediante un esforzado razonamiento” (Sent. 73, abr. 20/2001, Exp. 6014, citando casación civil de oct. 22/98) (…). El recurso extraordinario, por lo tanto, “no está, pues, para escenificar una simple disputa de criterios, y de esta suerte, ‘para el quiebre de la sentencia no es bastante ensayar un discurrir que se juzgue con mejor perfil dialéctico o con mayor rigor lógico; lo que hace indispensable que quien haga transitar el proceso por los senderos de la casación, y particularmente dentro del ámbito del error de hecho, debe presentarse a esta con argumentos incontestables, al punto de que la sola exhibición haga aparecer los del tribunal como absurdos o totalmente desenfocados, lo cual ha de detectarse al simple golpe de vista’ (Sent. 6, feb. 12/98, Exp. 4730, reiterando doctrina anterior)” (reflexiones validadas, entre otros pronunciamientos, en el de dic. 18/2012, Rad. 2007 00071 01).

6.2. Siguiendo ese derrotero, contrario a lo denunciado por el casacionista, cuando alega equivocación del ad quem de manera grave, al acometer el estudio de la prueba allegada, debe expresarse que la existencia del consorcio “Eje Cafetero”, conformado por los extremos litigiosos para licitar ante el Instituto Nacional de Vías, no puede someterse a dudas; tampoco la acreditación de aspectos como las obligaciones asumidas por los asociados y la mención de la forma como se llevaría a cabo la distribución de ganancias. De igual manera, la presencia de la deuda cuestionada resulta ser, también, una realidad innegable.

El tribunal censurado así lo concibió y tal postura no aparece opuesta a la razón ni a la coherencia argumentativa; no trasgrede los más elementales referentes del sentido común y, por ello, no alcanza para constituir el error de hecho denunciado.

6.2.1. Ciertamente:

i) Relativo a la celebración del consorcio, la prueba testimonial rendida por las señoras Marisol Soto y Santos Fael Sánchez refiere, entre otras circunstancias, a las reuniones entre los representantes de ambas sociedades; la cuenta corriente conjunta para el pago de acreedores; la concertación de una y otra empresa para repartirse las utilidades en proporciones iguales (50%); los trabajos que cada consorciada asumió.

En la exposición de la primera de las citadas (Marisol Soto), quedó expuesto que:

“(…) Cuando yo entré a trabajar en Constructec (sic) las dos empresas o sea, Constructec y Puentes y Torones ya tenían un consorcio que se llamaba el Eje Cafetero, este consorcio era para desarrollar los dos viaductos Cajones y Cerrajosa, ese consorcio iba a desarrollar como la gerencia del proyecto, toda la parte administrativa del proyecto directamente con el Invías que era el contratista, para desarrollar ese proyecto Constructec y Puentes y Torones (sic) acordaron que cada uno iba a hacer un viaducto, Contructec Viaducto Cerrajosa y Puentes y Torones Viaducto Cajones (sic), ellos acordaron que aunque cada empresa iba a desarrollar un viaducto diferente las utilidades o perdidas que dejara ese negocio sería dividido entre los dos por el 50% para cada uno de los dos (….)” (fl. 134, cdno. ppal).

Luego de culminar su vinculación con la accionada, tiempo después, ingresó a trabajar a la sociedad Puentes y Torones S.A., habiendo tenido la oportunidad no solo de conocer algunos aspectos del negocio sino de participar activamente, dados sus conocimientos, en determinadas actividades que le permitieron cerciorarse del estado del pacto, v. gr., aprobar cuentas del proyecto y liquidar los “subcontratos” de donde surgió la obligación a cargo de la demandada.

Y si bien, afirmó que no conoció el documento que recogiera los pormenores del pacto de colaboración y si lo hizo no recordaba detalles del contrato ajustado con el Invías, argumento del casacionista para poner en tela de juicio la calidad del trabajo del tribunal, no son aspectos suficientes para infirmar las conclusiones de la sentencia, pues quedó atestado que dicho consorcio sí existió y que los señores Salcedo y Ruíz ejercieron la vocería del mismo. Así lo corroboró la declarante y dados sus nexos con una y otra empresa, amén del conocimiento de la obra, como lo resaltó el ad quem, no había lugar a desechar tal exposición.

Lo propio aconteció con la declaración de la señora Santos Fael Sánchez Correcha, quien afirmó, dada su percepción personal, que sí hubo esa modalidad de asociación y se denominó Eje Cafetero, habiéndose formalizado con el propósito de licitar ante el Invías. Refirió, también, a partir de conocer directamente tales circunstancias, atendiendo su calidad de auxiliar contable de la actora, el devenir de los subcontratos, de la cuenta común, así como el giro de cheques de la misma para pagar proveedores de uno y otro.

Y, aunque manifestó que parte de la información la obtuvo del dicho de la señora Marisol, aquello sobre lo que testificó siendo producto de una aprehensión directa, resultaba suficiente para fortalecer las inferencias del tribunal tanto respecto del mismo testimonio como de otras pruebas, en especial de la documental.

ii) Debe observarse, además, que las diferentes cartas que cruzaron los contendientes, todas, aluden a la deuda en favor de la actora; acreencia que, ciertamente, como se vindicó en el recurso bajo estudio, la demandada desconoció; no obstante, ese extremo procesal no refutó el origen o la génesis de la supuesta acreencia, es decir, la conformación del consorcio. La sociedad Constructec S.A., de otra parte, tampoco cuestionó el trabajo de obra desarrollado ni negó la delegación que recayó en el señor Araque para ajustar las cuentas; situación similar aconteció con la participación de los señores Carlos Riveros y Héctor Arévalo, es decir, no fue desmentida la facultad para intervenir en la reconstrucción de la contabilidad de los “subcontratos”. Se refutó, en un momento dado, la capacidad del primero de los señalados para obligar a la señalada empresa, situación diferente a infirmar la posibilidad de intervenir en la ordenación de cuentas.

En los folios 15 y 16, contentivos del “Estado de fuentes y usos”, documentos suscritos por quienes fueron asignados por las partes y con miras a fulminar las cuentas provenientes de los subcontratos realizados, negocios estos respecto de los cuales, dicho sea de paso, no hay controversia sostenible sobre su realidad. Esa labor generó un saldo a cargo de la sociedad demandada, pero al margen de la veracidad de su cuantía, lo cierto es que el señor Pedro Araque y Marisol Soto respondían a una autorización de los extremos y, tan cierto es lo anterior, que en ninguna de las misivas que se cruzaron los interesados, itérase, se expresó desacuerdo sobre la participación de uno cualquiera de ellos en el trabajo asignado. Contrario a esa realidad, basta mirar la carta emitida por la accionada (fl. 19), suscrita por el señor Salcedo Mora, gerente de proyectos de Constructec, en donde, textualmente, sostiene:

“Como le informe (sic) en nuestra conversación telefónica sostenida el día de ayer procederemos a revisar el informe de “Estado de fuente y usos” presentado por los contadores de las empresas y recibido en mi oficina (…)”.

Lo mismo puede pregonarse de la misiva cuyo origen y destino es similar (fl. 22), es decir, no hay descalificación de la labor cumplida por el señor Pedro Araque; la inconformidad giró alrededor de la obligación surgida de ese proceso de cuentas.

iii) En esa misma dirección pueden citarse los escritos obrantes en folios 17 a 24 y 25 a 39, en los que se aluden a algunos números y referencias de contratos, coincidiendo sobre el particular con lo expuesto en la demanda, negocios que refieren a los viaductos objeto de la obra licitada.

En definitiva, el material de convicción reseñado en precedencia permite aseverar, sin temor a ninguna equivocación, que el consorcio “Eje Cafetero” sí existió y por cuenta de los extremos en litigio.

6.2.2. Alusivo a los compromisos o relaciones de las empresas que decidieron unir esfuerzos, las declarantes señaladas brindaron claridad sobre el particular. La señora Santos Fael Sánchez Correcha aludió, entre otros aspectos a: i) al pago que se hacía a los proveedores con la autorización de las dos empresas (fls. 130 y 131, cdno. ppal); ii) al apoyo que una de las sociedades brindaba a la otra, de ser el caso, para cumplir con la obra contratada con el Invías (fl. 131, ib.); refirió, también, que las dos sociedades habían acordado dividir la obra (fl. 132). Por su parte, la señora Marisol Soto, expuso, como atrás se reseñó, que las partícipes de ese proyecto habían convenido dividir en porcentajes iguales (50%), las ganancias; además, se reunían a aprobar cuentas y a girar los cheques para pagar a los proveedores.

En ese orden, no hay duda sobre el establecimiento de “las reglas básicas” de las sociedades que conformaban el consorcio.

6.2.3. Atinente a la liquidación de algunos negocios surgidos del consorcio (sub-contratos), y los resultados de la misma, tampoco admite discusión. Entre otras. Por las siguientes razones:

i) En primer lugar, debe resaltarse que las testigos referidas, por conocimiento directo, se percataron de la decisión unilateral de la accionada sobre adelantar por su cuenta las obras; fueron contestes al manifestar que la empresa Constructec S.A., había optado por continuar de manera independiente los trabajos en el viaducto a ella asignado; igualmente brindaron claridad respecto a que, a partir de ese suceso, dispusieron de un procedimiento especial para actualizar la contabilidad, amén de las reuniones celebradas entre ambas sociedades en relación a los aspectos vinculados con ese evento.

Así lo expresó la señora Marisol Soto:

“En el 2005 en enero mas (sic) o menos yo estuve en una reunión con el ingeniero Salcedo, el ingeniero Álvaro Ruiz, el contador de Constructec Carlos Riveros y un auxiliar que se llamaba Ricardo y no recuerdo el apellido de Constructec también, (sic) en esa reunión se habló que debido a que las relaciones comerciales se habían roto y Constructec unilateralmente había decidido que no iban a trabajar mas (sic) en conjunto, eso ocurrió en octubre de 2004, entonces iban a liquidar ese negocio interno que tenían los dos, el consorcio Eje Cafetero no se podía liquidar sino hasta que se terminara el proyecto, pero el acuerdo interno si lo iban a liquidar, entonces, se decidió que ambas partes iban a presentar la documentación referente a cada viaducto para mirar si había dado ganancia o perdida (sic), cuando (…)”.

ii) La documental obrante en folios 15 y 16, relativa al estado de “fuentes y usos” de los viaductos La Cerrajosa y Cajones, está suscrita por delegados de ambas partes y esa circunstancia no fue desmentida por la deudora. El cuestionamiento planteado aludió a la capacidad del señor Pedro Araque, para obligar a la sociedad Constructec S.A.

iii) Además, las diferentes comunicaciones que cruzaron los interesados así lo indican. Basta examinar el texto de aquellas que obran en folios 17 a 24, documentos que no fueron desconocidos por las partes, para concluir que Constructec S.A., nunca refutó las aseveraciones de la actora sobre la existencia del consorcio, ni del delegado para revisar la contabilidad, ni del procedimiento de depuración de la contabilidad. Lo único con lo que no estuvo de acuerdo fue con el resultado final, esto es, la supuesta deuda en su contra.

Respecto de estas misivas según lo arguyó el juzgador de segunda instancia, existen suficientes elementos para, junto con otros medios de prueba (v. gr., el testimonio de la señora Marial (sic) Soto y la restante documental), inferir que los extremos referían a los mismos proyectos y “subcontratos”, pues las indicaciones señaladas en esos instrumentos concuerdan con la numeración de ellos y, en los citados escritos, no hay una sola línea que ponga en duda la veracidad del proyecto y la forma en que convinieron en desarrollarlo, ni la liquidación realizada; la discrepancia, se insiste, solo giró alrededor del resultado del procedimiento.

iv) A ello debe agregarse que el concepto del profesional (perito) refirió a la validez de ese escrito y, si bien, el impugnante, lo cuestionó por estar soportado en documental proveniente de la demandante, el colaborador de la justicia expuso que la contabilidad analizada correspondía, evidentemente, a la actora pero que la misma se llevaba conforme a las normas que regulan la materia, lo que, a voces del artículo 271 del CPC, genera credibilidad respecto de los datos allí contenidos, máxime que no existió prueba en contrario.

v) Y la experticia a cargo del señor Luis Orlando Peña, auxiliar que ratificó lo dicho por el primero de los auxiliares designados, contribuye a fortalecer las inferencias respecto del proceso de liquidación.

6.2.4. Y, en cuanto a la existencia de la obligación, además de vindicar los anteriores elementos con tales fines, debe sumarse el indicio en contra de la demandada, inferido por razón de su comportamiento en la práctica de la experticia.

No debe olvidarse que para el fallador, según lo explicitó, tal elemento de prueba, provino de “no haberse examinado la contabilidad de la empresa demandada”, aspecto que no fue rebatido por el censor y, que, sin duda, pone de presente la ausencia de esos elementos para concluir sobre la veracidad de la obligación. Y es que la justificación dada por el impugnante para desvirtuar tal determinación del juzgador, se redujo a indicar que al profesional se le precisó que los datos estaban en poder de la acreedora (demandante), luego, el aspecto basilar para construir ese mecanismo probatorio (indicio), quedó sin confutar, amén de poner de presente que el mismo sujeto procesal invoca la contabilidad de la promotora de este proceso como fuente válida para definir el estado real de cuentas de los proyectos asumidos.

6.2.5. En relación al indicio erigido a partir de la actitud de la accionada frente a la objeción de la prueba pericial, tampoco resplandece absurdo, pues si se tiene en cuenta que, por mandato del precepto 242 del CPC, las partes tienen el deber de asistir y colaborar con la práctica de las pruebas y, particularmente con ese medio de convicción, no anduvo equivocado, de manera mayúscula, el juez de segundo grado, cuando, en su criterio, al no proveérsele al auxiliar de la justicia la documental suficiente y remitirlo a la contabilidad de la parte contraria, debía inferir de esa actitud una conducta contraria a aquel mandato legal.

Y es que la lógica enseña que si la demandada se muestra en desacuerdo con el concepto de un experto y reclama pronunciamiento de otro auxiliar, debe estar presta a suministrar toda la información y documental suficiente para evacuar los motivos de tal discrepancia.

7. Teniendo en cuenta ese estado de cosas; si respecto de quienes decidieron conjuntar, entre otros, sus esfuerzos económicos, tecnológicos, logísticos, físicos, procurando la obtención de la oferta de obra, se avienen a cumplir actividades como las señaladas, es decir, gestionar la apertura de cuentas corrientes conjuntas y de las mismas girar cheques para el pago de acreedores de la obra asumida; delegar personal para el cumplimiento de ciertos trabajos relacionados con esa asociación; cruzar información o comunicaciones de las características mencionadas; a pesar de esa evidencia, se pretenda desconocer la realidad de dicho convenio, postura semejante no resulta atendible.

En ese orden, la labor probativa del juez de la apelación no reluce absurda, ni contraría la lógica y, por tanto, las apreciaciones del recurrente, por muy elaboradas que puedan percibirse, no son suficientes para infirmar la decisión adoptada.

No debe perderse de vista que el funcionario de segundo grado expuso que no solo hizo descansar su determinación en los mecanismos de convicción individualmente considerados, sino que aplicó la regla del artículo 187 del CPC, en el sentido de sopesarlas en conjunto, así lo expresó: “Probanzas relacionadas que analizadas en su conjunto (…)”, luego, sin dubitación alguna, las vacilaciones o imprecisiones de las testigos o vacíos de la documental, al hacerlas interactuar, retroalimentan y fortalecen, como en el caso presente, algunos aspectos fácticos de la controversia, validando, en últimas, las inferencias del fallador.

8. En el caso analizado, el ejercicio del juez colegiado no resplandece absurdo, tampoco trasgrede la lógica, ni desconoce un mínimo de reglas de coherencia y argumentación. Contrariamente, reflejan la percepción de una realidad que si bien deja algunas zonas grises o lagunas, antes que desdecir de la solidez de la prueba, evidencian que parte de la información del factum litigioso no estaba al alcance de terceras personas, sin embargo, los aspectos analizados son suficientes para, en ellos, basar la aprehensión realizada.

Sobre el particular, por sabido se tiene, que los jueces de instancia gozan de cierto grado de autonomía en materia de pruebas y, en línea de principio, el recurso extraordinario de casación no puede vulnerar tal potestad salvo, como se enunció al comienzo de este proveído, de la incursión en yerros que rompen, por completo, la normatividad, mientras ello no suceda, la sentencia se torna impermeable frente a este mecanismo impugnativo y, en el caso en estudio, itérase, no hay elementos que indiquen tal desvío.

9. No hay, en consecuencia, soporte suficiente para resquebrajar la sentencia emitida.

El cargo no prospera.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia que el 2 de mayo de 2013, profirió la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario formulado por la Sociedad Puentes Y Torones S.A., contra la sociedad Construcciones Tecnificadas S.A. —Constructec S.A.—.

Costas a cargo de la parte recurrente. Conforme lo previene la Ley 1395 de 2010, se fija por concepto de agencias en derecho la suma de $6.000.000, atendiendo, además, que la opositora hizo presencia en este trámite, dando respuesta a la impugnación.

Cópiese, notifíquese y, en su momento, devuélvase».