Sentencia SC17494-2014 de enero 14 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC17494-2014

Radicación 68001 31 03 005 2007 00144 01

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

Bogotá, D.C., catorce de enero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «III. La demanda de casación

La compañía aseguradora, en un solo cargo, formalizó la acusación presentada frente a la sentencia proferida, argumentando, en lo basilar, que dicho proveído engendra, de manera directa, una evidente trasgresión de varias normas sustanciales.

Cargo único

1. Según lo planteó el impugnante, el fallo adoptado violó, por interpretación errónea, el artículo 12 del Decreto 1771 de 1994, que reglamentó el Decreto-Ley 1295 de 1994; igualmente desconoció, en cuanto que no los aplicó, los artículos 27 del Código Civil; 1003, 1006, 1851, 1874, 1880 y 1881 del Código de Comercio.

2. El recurrente sostiene que el tribunal cuando abordó el estudio del artículo 12 del señalado Decreto 1771 de 1994, desvió su verdadero entendimiento habida cuenta que consideró que las únicas sumas de dinero que la administradora de riesgos profesionales podía recobrar, a través de la institución de la subrogación, allí contemplada, concernían con las prestaciones económicas de carácter indemnizatorio. En ese orden, como la pensión no respondía a esa naturaleza, no podía habilitar la sustitución de acreedor; tal autorización no estaba comprendida en la disposición invocada.

La norma señalada, arguyó el censor, no hace ninguna distinción, de ahí la discrepancia con la corporación acusada. Cuando la disposición memorada autorizó la subrogación lo hizo en términos generales e indeterminados, sin señalar eventos específicos o discriminar el origen del recobro, luego, en esa dirección, debe aceptarse que tal regulación abarca cualquier situación de desembolso; por tanto, la ARP puede recuperar del causante del daño las sumas pagadas a las víctimas sin importar la razón de las mismas. Bajo tal perspectiva, cuando el fallador individualiza y circunscribe esa posibilidad de subrogación solo a las sumas desembolsadas por conceptos diferentes a la pensión, incurre en un error de interpretación y, por consiguiente, surge la violación denunciada.

3. La demandante —recurrente en casación— insiste en que:

Tal subrogación tiene su fundamento en que la administradora de riesgos profesionales debe asumir el pago a la víctima directa o a sus causahabientes en razón de la conducta del tercero responsable, por lo cual, como ocurre en los seguros de daños al tenor de lo previsto por el artículo 1096 del Código de Comercio, adquiere el derecho de repetir por la totalidad de dichas sumas, sin consideración a la naturaleza jurídica de ellas, es decir, sin entrar a discriminar si tienen carácter indemnizatorio o si tiene naturaleza pensional, pues con independencia de dicha naturaleza, lo cierto es que la administradora tuvo que asumirlas en razón de la acción o de la omisión del tercero responsable.

Por ello, si el artículo 12 del Decreto 1771 de 1994 no trajo diferenciación alguna, mal podía el tribunal entrar a hacerla, máxime si con ella terminó restringiendo el ejercicio del derecho que allí se consagra. Pasó por alto el tribunal que el artículo 27 del Código Civil le ordena a los intérpretes atenerse al tenor literal de las normas cuando ellas sean claras y no entrar a consultar su espíritu, pues precisamente con ello se termina desfigurando su real contenido y alcance. En consecuencia, el yerro interpretativo del tribunal consistió en inventarse una limitación que la norma no trajo y hacer diferenciaciones que la disposición no contempla, desatendiendo el claro tenor literal de la disposición que consagra el derecho a repetir por la totalidad de las sumas pagadas (...).

Sostuvo que la expresión ‘con sujeción a las normas pertinentes’ que trae el artículo 12, señalado, no resulta indicativa de una exclusión o diferenciación; lisa y llanamente, refiere a que la subrogación debe operar atendiendo las disposiciones que regentan dicha figura jurídica, es decir, que la aseguradora acredite el pago efectuado y que el tercero perseguido sea el responsable del siniestro. Entenderla de manera diferente, como lo hizo el fallador, es incurrir en un error de interpretación. Y, en lo que respecta a la expresión ‘con sujeción en todo caso al límite de responsabilidad del tercero’, está señalando que ante la posibilidad del recobro, la administradora no puede pretender del tercero una suma superior a la que dicha sociedad desembolsó en favor de las víctimas. Mas está descartado, según acaeció en el sub lite, entender que el causante del daño queda exonerado de responder por obligaciones pensionales.

Concluye sus planteamientos aseverando que la misma norma, en el inciso segundo, contribuye a su debido entendimiento. Allí, dijo, se autoriza a las víctimas para perseguir la totalidad de la indemnización frente al causante del daño y, dado el caso, se descontará lo cancelado por la ARP; empero, dicho texto no estableció salvedad alguna y menos relacionada con la prestación pensional; además, al disponer que se deduzca lo sufragado para evitar una doble reclamación, sin que, tampoco, se haga distinción alguna sobre el concepto que motiva el recobro o la disminución autorizada, debe entenderse que queda comprendida la pensión.

IV. Consideraciones

1. La trasgresión directa de una norma sustancial ocurre, como lo ha asentado la Corte desde antaño, cuando:

(...) no se hace obrar el precepto pertinente en el caso controvertido, debiendo haberse aplicado en el fallo; por aplicación indebida, cuando entendida rectamente la norma se la aplica sin ser pertinente al asunto que es materia de la decisión; y por interpretación errónea, cuando, siendo la correspondiente, se la entendió sin embargo equívocamente y así se la aplicó (CSJ SC 22 de enero de 1973, aún no publicada).

Tema sobre el cual, en oportunidad más reciente expuso:

(...) si el error in judicando es el resultado de la falta de aplicación de la ley, o de su aplicación indebida, o de su interpretación errónea (...) el recurrente, necesaria e indefectiblemente, deberá encauzar su réplica a la decisión por la vía directa (...) (CSJ SC 23 de junio de 2000, rad. 5459).

En el presente asunto, precisamente, se acusa al tribunal de violar, de manera directa, los artículos señalados en líneas precedentes, en cuanto que los interpretó erróneamente, desvío que consistió en aplicar a la controversia el precepto legal adecuado pero se le atribuyó un sentido o alcance que no le corresponde. Alrededor de esta clase de yerro, esta corporación ha dicho:

(...) al desatar el conflicto de intereses que se le ha presentado para su composición, puede dejar de aplicar la norma pertinente de derecho sustancial o aplicar la impertinente por haberla interpretado equivocadamente. Pero, así en la primera como en la segunda de estas dos hipótesis, el verdadero concepto de violación, dentro de la técnica del recurso extraordinario, no es la interpretación errónea, sino la inaplicación o la aplicación indebida, respetivamente.

Y, en el mismo fallo, en particular, respecto de la interpretación errónea, agregó:

Interpretar erróneamente un precepto legal es, pues, en casación aplicarlo al caso litigado por ser el pertinente, pero atribuyéndole un sentido o alcance que no le corresponde. De consiguiente, el quebranto de una norma sustancial, en la especie de interpretación errónea, excluye la falta de aplicación de la misma; y excluye igualmente la aplicación indebida, porque en el caso del yerro hermenéutico se aplica la disposición legal que corresponde, pero con una inteligencia que no puede dársele, en tanto que en la aplicación indebida se emplea el precepto que no corresponde al caso litigado (CSJ SC 22 de septiembre de 1972, G.J. t. CXLIII).

Puestas así las cosas, una vez quede en evidencia que el censor opta por este camino impugnativo, al decidirse enfrentar el fallo emitido bajo la égida de esta causal (primera) y bajo la modalidad de la violación denunciada (interpretación errónea), acepta de antemano que su desacuerdo no atañe al aspecto fáctico ni probatorio; su inconformidad refiere, exclusivamente, a la aprehensión de la regla jurídica por parte del juzgador.

Así quedó plasmado en reciente decisión:

Por tanto, cuando el censor monta el cargo por la vía directa, es porque concuerda con la apreciación que el ad quem ha realizado de la situación fáctica existente en el proceso; empero, considera que este no ha aplicado las normas sustanciales que la gobiernan, o que ha hecho actuar las que le son impertinentes o que ha interpretado erróneamente determinadas disposiciones, siendo impropio combatir el fallo por esta vía con apoyo en la apreciación que de la prueba hizo el sentenciador, porque este es un campo reservado a la violación de la ley sustancia por vía indirecta (CSJ SC 31 de agosto de 1995, rad. 4507).

2. Definido lo anterior, como se recordará, la queja del casacionista se fundamentó en la errada hermenéutica realizada por el ad quem, al haber desviado el verdadero entendimiento del artículo 12 del Decreto-Ley 1771 de 1994, cuando le estableció limitaciones en su aplicación, sin que la norma referida las contemplara o autorizara.

En esa dirección, para el impugnante, el sentenciador equivocadamente le hizo decir a esa regla legal, algo que en su esencia no indica. En otros términos, el juez de segunda instancia encontró en la disposición memorada una prohibición de subrogación cuando el pago había tenido como fuente la pensión de sobrevivientes, sin que esa norma jurídica lo estipule y, de ahí, el error jure in judicando ocurrido.

3. La anterior perspectiva marca el derrotero a seguir, evidenciando que el epicentro de la discordia surgida, ventilada a través de este mecanismo impugnativo extraordinario, yace en analizar, si la ley aplicable al presente asunto autoriza a la administradora de riesgos profesionales (la demandante), a recuperar, vía subrogación, las sumas de dinero que por concepto de pensión de sobrevivientes desembolsó en favor de los herederos y cónyuge de los señores Rodrigo Alberto Erazo y Herminio Rozo Camacho, quienes perdieron la vida en el accidente aéreo señalado.

4. Señalado lo anterior, cumple decir, primeramente, que en el expediente aparecen demostradas las siguientes situaciones de orden fáctico y jurídico, respecto de las cuales, por tratarse de impugnación extraordinaria vía directa, hoy son ley del proceso:

i) Los señores Rodrigo Alberto Erazo y Herminio Rozo Camacho, quienes perdieron la vida en el accidente del que dan cuenta los autos, para el momento de tal suceso, eran empleados de la empresa Coopcentral;

ii) En esta última condición realizaron el desplazamiento contratado, por ello, el siniestro fue calificado como un accidente de trabajo;

iii) Los fallecidos estaban afiliados al sistema de riesgos profesionales en la compañía demandante —Aseguradora Compañía de Seguros Bolívar S.A.—.

iv) Las cotizaciones a cargo del empleador estaban siendo cumplidas a cabalidad; y,

v) Debido al fatídico evento, la accionante, como receptora de los aportes del empleador, fungiendo como ARP, reconoció y canceló a las personas llamadas a recibir tal beneficio, la pensión de sobrevivientes.

5. La norma sustancial objeto de reclamación, por interpretación errónea, es el artículo 12 del Decreto 1771 de 1994, cuyo texto es del siguiente tenor:

La entidad administradora de riesgos profesionales podrá repetir, con sujeción a las normas pertinentes, contra el tercero responsable de la contingencia profesional, hasta por el monto calculado de las prestaciones a cargo de dicha entidad administradora, con sujeción en todo caso al límite de responsabilidad del tercero.

Lo dispuesto en el inciso anterior no excluye que la víctima, o sus causahabientes, instauren las acciones pertinentes para obtener la indemnización total y ordinaria del perjuicio, de cuyo monto deberá descontarse el valor de las prestaciones asumidas por la entidad administradora de riesgos profesionales.

6. La subrogación, institución invocada por la accionante en procura de hacer prevalecer sus derechos de recobro, a voces del Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, Tomo II, pp. 1912, es la ‘acción y efecto de subrogar o subrogarse’, es decir, ‘sustituir o poner una persona o cosa en lugar de otra’. Esta percepción trasluce plena de conformidad con lo plasmado en el artículo 1666 del Código Civil (el Código de Comercio no introdujo definición alguna sobre el particular), en cuanto que es considerada como ‘la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero, que le paga’, desplazamiento que puede sobrevenir por ministerio de la ley o por acuerdo ajustado entre el acreedor primigenio y el tercero que satisface la prestación debida.

Pothier la definió como: una ficción de derecho por la cual el acreedor es considerado ceder sus derechos, acciones, privilegios e hipotecas a aquel de quien recibe lo que se le debe (Introduction á la contume d´Orleans, t. 20, nº 66; Traité des obligations, nº, 559).

Noción a la que se sumaron otros autores al decir:

Para que pueda hablarse de subrogación es preciso un pago hecho por quien, no siendo deudor, o al menos no único o principal deudor, tenga derechos de regreso contra el deudor principal o el codeudor, para recuperar en todo o en parte la suma desembolsada. Es, pues, necesario un acuerdo de las partes interesadas, o una disposición legal, que dé derecho a la subrogación (Jorge Giorgi, Teoría de las obligaciones en el derecho moderno, Madrid, Editoral Reus, S.A., Volumen VII, pág. 183).

Y, ciertamente, los artículos 1667 y 1668 del Código Civil colombiano, en su orden, contemplan las hipótesis de la subrogación tanto la que proviene de un pacto de los interesados como aquella que surge por la sola disposición de la ley. La última de las normas citadas consagra:

Se efectúa la subrogación por el ministerio de la ley, y aun contra la voluntad del acreedor, en todos los casos señalados por las leyes (...)’.

Por manera que, en línea de principio, una vez efectuado el pago la subrogación se produce y, con ello, connatural a dicha institución, sobreviene la sustitución del inicial acreedor; bajo esa perspectiva, quien satisface la contraprestación respectiva asume la posición de quien fuera en un comienzo su titular.

7. Empero, a pesar de tal nitidez, el relevo señalado está condicionado, además, a la concurrencia de un mínimo de requisitos, entre los cuales cumple señalar:

7.1. Salvo el caso del artículo 1579 del Código Civil, la obligación que se satisface debe ser ajena, es decir, quien paga ostentará, de manera diáfana, la calidad de tercero; no resulta posible, entonces, que quien satisfaga el derecho de crédito sostenga vínculo alguno con la prestación debida; menos que aparezca como deudor, mandante o representante de este. En otros términos, la solución brindada por esa persona ajena al crédito no será en respuesta a compromisos legales o convencionales, pues, en tal hipótesis, no estaría extinguiendo deuda ajena o por cuenta suya.

7.2. También, como requisito para que opere la subrogación, se ha establecido que aquella persona por cuyo actuar se satisface el derecho de crédito insoluto, al proceder en tal sentido, afecte su propio patrimonio; por tanto, el pago realizado no develará una recepción previa de dineros cuyo destino tienda a esa finalidad, en cuanto que, de acaecer tal evento, comportaría una representación, mandato, agencia oficiosa, etc., en fin, desnaturalizaría el cumplimiento de la obligación a instancia del tercero.

Alrededor del tema, en pretérita oportunidad, decisión que hoy por hoy cobra plena vigencia, la Corte expuso lo que sigue:

Pero si la deuda es objeto de pago por cuanto el tercero ha recibido del deudor bienes o valores en general para asumir la obligación de cancelarla, no es ya por fenómeno subrogatorio legal como entre ellos dos se miden los efectos que en derecho se derivan del pago, sino en conformidad con la convención surtida entre el deudor y quien tomó a su cargo la extinción de la deuda a trueque de aquellos bienes o valores recibidos precisamente para tal finalidad (...). Mal podría efectuarse con subrogación el pago de quien lo ha hecho como contravalor de lo que tiene ya recibido para verificarlo. Si lo hace, apenas cumple la obligación suya de cancelar determinada deuda, que por lo mismo no le es ajena. Al extinguirla frente al acreedor, extingue en el acto su propia obligación de cancelarla, asumida por recibo previo de contravalor y, desde luego, sin derecho a reembolso alguno de su parte (CSJ SC 17 de noviembre de 1960, Gaceta Judicial 2233-2234).

7.3. A lo anterior corresponde agregar que la obligación que se transmite bajo esa modalidad de pago, debe aparecer como susceptible de ser trasladada a persona diferente de quien era acreedor; en otras palabras, el crédito satisfecho será de aquellos que admita ser trasferido. Exigencia esta que permitirá radicar en cabeza de quien efectúa el pago la posibilidad de vindicar el cobro pendiente; de no albergarse esa prerrogativa, por obvias razones, no procede la subrogación.

La anterior percepción refleja, de manera fidedigna, el texto del artículo 1670 del Código Civil, que establece que la subrogación, tanto legal como la convencional, traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones y privilegios. Dicho lineamiento no puede ser entendido de forma distinta que la subrogación, en cuanto que comporta la sustitución de acreedor, transmite al nuevo sujeto únicamente lo que del primero era titular (derechos, acciones y privilegios); no tiene la virtud de radicar en cabeza del tercero acciones que el anterior acreedor no detentaba, tampoco la de mejorar el crédito que se transmite, menos blindarlo de la posible formulación de oposiciones que el deudor podría formularle al inicial. En fin, connatural a la subrogación, de producirse la misma, quien asume la carga obligacional, se ubica en la posición que el acreedor primigenio ostentaba.

8. En el caso presente, teniendo en consideración la situación fáctica expuesta y aceptada por los contendientes, es claro que la controversia se refiere a un evento de subrogación legal, emergiendo como fundamento normativo de la misma el artículo 12 Decreto 1771 de 1994, cuyo texto para efectos de estudio se reitera así:

La entidad administradora de riesgos profesionales podrá repetir, con sujeción a las normas pertinentes, contra el tercero responsable de la contingencia profesional, hasta por el monto calculado de las prestaciones a cargo de dicha entidad administradora, con sujeción en todo caso al límite de responsabilidad del tercero.

Y, ciertamente, este referente jurídico fue invocado por la parte demandante para dejar a salvo la posibilidad de recobro, al considerar que su interpretación adecuada es aneja a viabilizar de forma general y sin limitaciones frente al tercero (transportador) causante del daño, la repetición de lo por ella pagado.

9. Ahora, al margen de que la misma regla jurídica contemple, de manera expresa, los conceptos de pago que conducirían a esa sustitución de acreedor (subrogación), se torna indispensable establecer, como fue advertido, la naturaleza de la prestación satisfecha, habida cuenta que no podría, en la forma simple como lo reclama el casacionista, habilitarse el reemplazo del acreedor, siendo necesario auscultar el sentido de la norma para determinar cuáles son las situaciones específicas en donde esa regla jurídica autoriza la sustitución de acreedor con miras a hacer efectivo el recobro pertinente sin, siquiera, tener en cuenta las características o esencia del compromiso originario; tal situación refulge incontrovertible. En otros términos, puede existir pago mas no subrogación, habida cuenta que esta, en cuanto a las posibilidades de recobro, pende de la naturaleza del crédito que el tercero satisfizo.

10. El artículo 12 del Decreto 1771 de 1994, ya enunciado, ordena la subrogación frente o respecto del ‘(...) tercero responsable de la contingencia profesional (...)’, y es claro que en el sub examen se reclama un pago que la actora realizó por razón de una pensión de sobrevivientes, el tribunal acusado así lo vindicó sin que una u otra parte lo haya confutado. En esa dirección surge imperativo desnudar la naturaleza de dicha prestación, para saber a cargo de quién está establecida, o lo que es lo mismo, determinar el sujeto responsable de esa contingencia profesional así como definir las personas beneficiarias. Huelga, también, precisar, si la referida prestación destella naturaleza indemnizatoria para, de ahí, concluir si el compromiso del tercero causante del daño (demandada) lo compele a asumir ese resarcimiento. Clarificado todo lo anterior emergerá si procede o no el quiebre de la sentencia.

10.1. Lo señalado en precedencia habilita memorar que la Ley 100 de 1993, entre otros propósitos, concibió el ‘sistema de seguridad social integral’ y, como parte del mismo, creó el ‘sistema de riesgos profesionales’. Además, en función de materializar tal logro, en los siguientes términos autorizó al Gobierno Nacional para reglamentar dicho régimen:

‘Dictar las normas necesarias para organizar la administración del sistema general de riesgos profesionales como un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes, que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. En todo caso, la cotización continuará a cargo de los empleadores’ (art. 139.11).

10.2. En respuesta a esa autorización adoptó el Decreto 1295 de 1994, a través del cual se dispuso ‘organizar y administrar el sistema general de riesgos profesionales’ y, en el artículo 4º, se estableció, perentoriamente, que: ...

‘c) Todos los empleadores deben afiliarse al sistema general de riesgos profesionales.

d) La afiliación de los trabajadores dependientes es obligatoria para todos los empleadores; y,

e) El empleador que no afilie a sus trabajadores al sistema general de riesgos profesionales, además de las sanciones legales, será responsable de las prestaciones que se otorgan en este decreto’.

A su turno, el artículo 16 del mismo marco normativo, dispuso:

‘Durante la vigencia de la relación laboral, los empleadores deberán efectuar las cotizaciones obligatorias al sistema general de riesgos profesionales’. Sumas de dinero que por mandato expreso del artículo 19 del mismo decreto, no pueden ser destinadas, en un porcentaje del 94%, más que a ‘la cobertura de las contingencias derivadas de los riesgos profesionales’.

Síguese de lo expuesto que a la par de la celebración de una determinada relación laboral, el empleador, por mandato legal, debe afiliarse a cualquiera de las empresas autorizadas para fungir como administradora de los riesgos profesionales a cuyo cargo está el pago de las cotizaciones que genere dicha afiliación. De no cotizar, ante un evento derivado de la relación laboral, catalogado como riesgo profesional, el patrón debe asumir la respectiva prestación.

En esa dirección, aparece el artículo 8º, ibídem, el que describe el riesgo profesional como ‘el accidente que se produce como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada’. Y ante la hipótesis de acontecer un siniestro catalogado de tal (art. 7º ídem), ‘todo trabajador (...) tendrá derecho al reconocimiento y pago de las siguientes prestaciones económicas:’

(...).

‘d) Pensión de sobrevivientes’.

En síntesis, una vez surja una determinada relación laboral, privada o pública, el empleador está obligado a afiliarse y, a hacer lo propio con sus empleados, al sistema de riesgos profesionales; además, a cancelar las cotizaciones a que haya lugar, sumas de dinero que no pueden tener una destinación diferente que la de responder por las contingencias provenientes de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Las prestaciones consagradas (art. 7º ib.), son de obligatoria causación dentro del sistema pertinente, una vez acaezca el suceso que las determina, ya sea que la asuma la administradora de riesgos profesionales o, dado el caso, queden radicadas en cabeza del empleador.

10.3. Propicio resulta enfatizar que por mandato de las normas que regulan el sistema de riesgo profesional (D. 1295/94 y D. 1771/94), la afiliación a dicho régimen, obligatorio para el empleador como se señaló en precedencia, le establecen a este último el compromiso de satisfacer las cotizaciones a que haya lugar y, una vez suceda el siniestro pertinente, se causa la obligación de la administradora (la actora). Para el pago a que haya lugar dispondrá de los recursos que el empleador, vía cotizaciones, ha entregado previamente a la sociedad que funge de administradora. Y, si, por cualquier circunstancia, el empleador no cumple con la afiliación o haciéndolo no cubre las cotizaciones, le corresponderá asumir la prestación económica del caso.

Dentro de estas, ante el evento de la muerte del empleado, una vez sea catalogado el mismo como accidente de trabajo, surge la pensión de sobrevivientes como la prestación que corresponde a esa hipótesis, la que se genera en favor de las personas a que alude el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, con sus correspondientes modificaciones.

11. En definitiva, la administradora de riesgos profesionales, por disposición legal, recibe del empleador algunas sumas de dinero para que satisfaga, en el momento oportuno y, cumplidas las exigencias legales, las contingencias provenientes de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, prestaciones entre las cuales aparece, como se advirtió, la pensión de sobrevivientes.

12. Respecto de este reconocimiento económico (L. 100/93, D. 1295/94 y D. 1771/94), particularmente sobre su naturaleza, muchas opiniones se han vertido tanto por la doctrina y jurisprudencia patria como por la extranjera. Unas y otra han expuesto variedad de criterios en torno a ese aspecto, inclusive se ha puesto en duda la procedencia de ser reconocida acumulándola con las acciones indemnizatorias cuando su generación proviene de un daño atribuible a un tercero; también respecto de si es o no posible considerarla dentro de un criterio resarcitorio, en fin, dubitativa se ha mostrado en el inmediato pasado la Corte al evaluar el tema.

12.1. Por ejemplo, en el año 1991, se dijo que ‘(...) la víctima no puede acumular al cumplimiento de estas prestaciones laborales auténticamente indemnizatorias y el derecho a pedir al tercero victimario indemnización por el mismo concepto (...) y, de la otra, que la entidad empleadora canceladora goza del derecho de repetición contra el victimario por el valor de las prestaciones laborales cumplidas (...) (CSJ SC 3 de septiembre de 1991).

Desde esta perspectiva, en cuanto que las prestaciones reconocidas a la víctima podían ser consideradas de naturaleza indemnizatoria, no era posible acumularlas.

12.2. Posteriormente, en el año 1996, la Corte, expuso:

‘De suerte que, siendo independiente la causa de estas prestaciones (pensión de sobrevivientes) a favor de la viuda y la hija de (...) mal podría aceptarse que la parte demandada pudiese descontar del monto de la indemnización por ella debida, el valor de las sumas pagadas a las demandantes en virtud de la relación laboral que su esposo y padre tenía con una empresa diferente, y como trabajador afiliado al ISS, pues, en tal caso, el responsable civilmente de una actividad peligrosa, a la postre resultaría obteniendo un beneficio de lo que las leyes de carácter laboral han previsto en beneficio del trabajador y su familia, sin que hubiere ninguna causa de orden jurídico ni norma expresa en contrario, y, siendo ello así, a expensas de lo que paga el Seguro Social, se disminuiría el valor de la indemnización a cargo de la parte demandada (...)’ (CSJ SC 24 de junio de 1996, rad. 4662).

En ese orden, reflejando una perspectiva diversa, en cuanto que la pensión de sobrevivientes proviene de la relación laboral, mientras que la indemnización tiene su origen en el daño inferido, las dos prestaciones bien podían ser acumuladas sin que, reconocida la indemnización, no resultaría posible descontar la otra.

12.3. En el año 1998, encontrándose vigente el Decreto 1771 de 1994, la Corte, al revisar de nuevo el tema, expuso:

‘Así las cosas, la improcedencia de la acumulación no puede fundarse en el argumento simple del resarcimiento de la víctima por el seguro y el carácter indemnizatorio del mismo, sino en la consagración legal de una acción de subrogación a favor del asegurador que pagó, pues de no existir dicha acción la acumulación no tendría reproche, porque el tercero no puede quedar impune y constituirse en el verdadero beneficiario del seguro, tal como lo predica la Corte en la sentencia del 24 de junio de 1996’ (CSJ SC 22 de octubre de 1998, rad. 4866).

En otras palabras, para esta corporación, la posibilidad de cobrar o no, tanto la prestación proveniente del régimen de seguridad social, incluidos los riesgos profesionales, como la indemnización originada en el daño infligido, resultaba procedente siempre y cuando existiera norma que así lo autorizara.

12.4. En el año 2000, volvió la Sala a emitir pronunciamiento sobre el punto e invocando un precedente de la Sala Laboral de esta corporación, concluyó que, de un lado, la pensión de sobrevivientes no podía ser considerada con un criterio indemnizatorio; por ello, además, como prestación económica prevista en la ley, no procede la subrogación por parte de la ARP. En los siguientes y precisos términos plasmó su parecer:

Respecto de la materia que el cargo aborda, se observa que el tribunal, determinado por una apreciación equivocada, como adelante se verá, en punto del carácter indemnizatorio de la pensión de sobrevivientes, ajustó su decisión acerca de la incidencia de esta en la reparación del lucro cesante, a la doctrina jurisprudencial de la Corte entonces imperante, expuesta en sentencia del 3 de septiembre de 1991, que fue modificada posteriormente con ocasión de la expedición del fallo de casación del 24 de junio de 1996 y, últimamente, por el de octubre 22 de 1998.

En efecto, díjose inicialmente que en virtud de la función indemnizatoria que caracterizaba el pago de un seguro, y particularmente el que tiene origen en una relación laboral preexistente con un tercero, no podía aceptarse que la víctima de un hecho dañoso que con aquel se beneficiaba, pudiera pretender, además, que el victimario le cubriera íntegramente la prestación a su cargo, porque esto implicaría una doble reparación que estaría en pugna con el principio según el cual, dejar indemne a la víctima es el límite cuantitativo de la indemnización, sin importar para nada si el pago lo hacía el directo responsable o un tercero, con o contra la voluntad del primero.

Posteriormente, la Corte halló que en virtud de derivar de causas jurídicas diferentes, y prescindiendo de la estimación de la función indemnizatoria, no era posible descontar de la indemnización a cargo del responsable del hecho dañoso, los valores correspondientes a prestaciones de origen laboral ‘... pues, en tal caso, el responsable civilmente de una actividad peligrosa, a la postre resultaría obteniendo un beneficio de lo que las leyes de carácter laboral han previsto en beneficio del trabajador y su familia, sin que hubiere ninguna causa de orden jurídico ni norma expresa en contrario, y, siendo ello así, a expensas de lo que paga el seguro social, se disminuiría el valor de la indemnización a cargo de la parte demandada, por el daño ocasionado a los damnificados por su actividad, es decir, que, vendría a lucrarse por el hecho de que la víctima del accidente estuviese afiliada al Instituto de Seguro Social’.

En reciente oportunidad esta corporación sentó el criterio según el cual, no es el resarcimiento de la víctima por el seguro y la función indemnizatoria del mismo, el criterio determinante de la posibilidad de descontar o no de la indemnización a cargo del responsable las sumas pagadas por terceros aseguradores, sino la expresa consagración legal de la figura de la subrogación, que de modo particular haga el legislador para cada caso, a favor del tercero que paga; de manera que, tratándose de prestaciones económicas a cargo de la seguridad social, debe examinarse si la norma que las contempla la prescribe en su favor. Dice así la sentencia de 1998:

‘Así las cosas, la improcedencia de la acumulación no puede fundarse en el argumento simple del resarcimiento de la víctima por el seguro y el carácter indemnizatorio del mismo, sino en la consagración legal de una acción de subrogación a favor del asegurador que pagó, pues de no existir dicha acción la acumulación no tendría reproche, porque el tercero no puede quedar impune y constituirse en el verdadero beneficiario del seguro, tal como lo predica la Corte en la sentencia del 24 de junio de 1996’.

(...) De modo que es la ley y no la naturaleza del seguro la que abre paso a la acumulación. Además el seguro solo tiene carácter indemnizatorio cuando el asegurador extingue la obligación del responsable, como sucede en el seguro de responsabilidad civil donde el asegurador, para liberar al asegurado responsable, indemniza directamente a la víctima. De lo contrario lo que existe son dos prestaciones surgidas de un mismo hecho, pero con causas jurídicas diferentes. Por consiguiente, puede afirmarse, que cuando se produce un daño imputable a una persona, si un tercero por mera liberalidad o por virtud de cualquier relación contractual, otorga a favor de la víctima una prestación que tenga por fundamento la necesidad jurídica de indemnizar el señalado daño, independientemente de mediar o no subrogación legal o voluntaria en los derechos de la víctima por parte de ese tercero, esa circunstancia no puede aprovechar el responsable para liberarlo de la obligación indemnizatoria a su cargo en igual medida a la de aquella prestación.

Por tanto, si el Seguro Social dispusiese de una acción subrogatoria especial contra el responsable del daño del trabajador, la acumulación de indemnizaciones no sería posible puesto que el responsable se vería abocado a indemnizar dos veces el mismo daño. En consecuencia, cada vez que la seguridad social indemnice a la víctima por los daños sufridos, será preciso averiguar si la legislación especial establece o no el derecho de subrogación, porque lo dispuesto por el Código de Comercio en materia de seguros, no es aplicable, por lo menos en el régimen actual, a los sistemas de seguridad social’.

Para despachar el cargo, cumple entonces examinar si las disposiciones reguladoras de la pensión que el seguro social reconoció a los beneficiarios del occiso, vigentes al momento de producirse el siniestro (muerte de...), contemplan o no la subrogación en favor del citado ente estatal.

Ante todo y a este propósito, es indispensable definir si la pensión de sobrevivientes tiene carácter indemnizatorio, por ser ese el supuesto en el que se asienta la subrogación. En tal orden de ideas, para la Corte es claro que la indicada prestación social de carácter económico, no tiene aquella connotación, como se deduce de considerar que, cual lo afirma la Sala Laboral de esta corporación, ella ‘... cubre el riesgo de la muerte del asegurado bien sea trabajador activo o pensionado, en beneficio fundamentalmente de los integrantes de la familia de este (Ac. 49/90, art. 27) pues es de presumir que ellos se verán privados del ingreso que les permitía mantener un determinado nivel de vida, al paso que la pensión de vejez cubre el riesgo generado por la presunta pérdida de la capacidad de trabajo en razón de la edad y permite al asegurado dejar de trabajar sin perder del todo su ingreso (...). De otra parte, la pensión de sobrevivientes en modo alguno es gratuita, sino al contrario, solo surge previo el pago más o menos prolongado de cotizaciones (Ac. 49/90, art. 25) que se cancelan obligatoriamente y con independencia de si el cónyuge que pueda llegar a ser beneficiario labore a su vez y cotice igualmente con el propósito de obtener protección frente a sus propios riesgos. Es notorio, por tanto, que este enfoque descarta también abiertamente la postura censurada del fallador, (que afirmó la incompatibilidad entre la pensión de sobrevivientes y la de vejez, anota ahora la Corte) pues de admitirse esta, se perdería sin contraprestación ninguna y pese a acontecer la contingencia protegida, el valor, en todo caso importante, de la cotización descontada de la remuneración de un asalariado, así como también del respectivo aporte patronal, contrariándose de paso el principio de eficiencia que corresponde al servicio público de la seguridad social’ (resaltados fuera del texto. Sent. ene. 24/95).

Como inferencia lógica de la ausencia de la función indemnizatoria del daño, resultante de la pérdida de la vida en la pensión de sobrevivientes, no hay posibilidad jurídica de que el pago que por ese concepto hace la seguridad social, dé lugar a la subrogación por la cual se averigua, lo que permite entender que el fallador desacertó cuando estimó que la pensión era de naturaleza indemnizatoria, y por ello aseveró, equivocadamente, la imposibilidad de la acumulación con la indemnización a cargo del directo causante del hecho dañoso, cuando hizo la estimación del lucro cesante —los resaltados no son originales— (CSJ SC 12 de mayo de 2000, rad. 5260).

12.5. En un último pronunciamiento sobre el particular, la Corte, en el año 2012, validó lo expuesto en precedencia y mantuvo su criterio de que la pensión de sobrevivientes no es una prestación de naturaleza indemnizatoria. Así lo plasmó:

(...) Los beneficios pensionales tienen su origen en los aportes realizados para cada uno de esos riesgos, o en el tiempo de servicios, según sea el caso; y por lo tanto son ajenos a cualquier circunstancia que resulte extraña al respectivo sistema; de suerte que al no haber ningún factor de conexión entre ellos y la actividad de un tercero, no podría estatuir la ley, como en efecto no lo hace, la facultad de repetir en contra de este, toda vez que esas obligaciones se radican de modo exclusivo en la entidad aseguradora y a nadie más pueden transmitírsele.

Por el contrario, los daños patrimoniales futuros sufridos por los deudos de la persona fallecida a raíz del hecho lesivo, consisten en la pérdida de aquellas contribuciones o utilidades económicas que el finado les habría aportado presumiblemente. Ellos constituyen el lucro cesante y su resarcimiento está condicionado a la demostración, entre otros hechos, de la renta que en promedio recibía el occiso y, en particular, de la parte que este habría destinado de sus propios ingresos a cubrir las necesidades de sus familiares, o a prodigarles una ayuda económica aunque no tuvieran necesidad de ella; es decir que se debe probar la dependencia económica que existía respecto del difunto.

De lo anterior se deduce que para el cálculo de los daños patrimoniales futuros resarcibles no interesa que los deudos hayan resultado beneficiados con una pensión de sobreviviente, no solo porque tal atribución se fundamenta sobre un título diferente del hecho lesivo sino porque la existencia de una pensión no tiene ningún nexo de causalidad con las contribuciones patrimoniales o las utilidades económicas que el fallecido habría aportado presumiblemente a sus familiares.

De hecho, ni siquiera ambos tipos de prestación tienen los mismos destinatarios, aunque a menudo estos suelan coincidir, porque puede darse el caso de que el afiliado muera sin dejar beneficiarios en el sistema de seguridad social y, no obstante, haya personas legitimadas para reclamar la indemnización civil.

O, por el contrario, que no existan perjudicados civiles y, sin embargo, se otorgue la pensión de sobreviviente a quien objetivamente tenga ese derecho. Por lo demás, cualquier persona que resulte lesionada con la muerte de otra puede pedir el resarcimiento de esos perjuicios, en tanto los pruebe; mientras que la pensión solo puede ser recibida por quienes estén taxativamente cobijados por la ley, en estricto orden y proporción, siempre que cumplan los requisitos legales y por el tiempo que la norma determine, independientemente de que la muerte les reporte un perjuicio patrimonial.

Resulta claro, entonces, que el pago de una pensión de sobreviviente se calcula sobre los presupuestos del propio sistema y no atiende a la verificación de un daño, ni al monto del mismo, ni a la imputación de responsabilidad civil a un tercero, ni tiene por finalidad compensar la ayuda económica que se dejó de recibir de manos del difunto. Todo lo cual indica, sin ambages de ninguna especie, que al no tener esa prestación relación alguna con los perjuicios que han de ser resarcidos, mal podría significar una fuente de ganancias o enriquecimiento sin causa.

Las premisas que vienen de exponerse conllevan a desestimar el argumento que se alegara respecto de la supuesta incompatibilidad entre la pensión de sobreviviente que recibe la demandante con la indemnización cuyo pago persigue este proceso (9 de julio, rad. 11001-3103-006-2002-00101-01).

Señalado tal derrotero, nada obsta, entonces, para que la víctima pueda reclamar del generador del daño el resarcimiento pleno, a la par que resulta posible el reconocimiento de dicha prestación económica (pensión), y, adicionalmente, la subrogación contemplada en el artículo 12 del Decreto 1771 de 1994, memorado en esta providencia, a favor de la administradora de riesgos profesionales, no procede en la hipótesis de la pensión de sobrevivientes.

13. Ciertamente, esta última prestación no puede entenderse imputada al cubrimiento de un daño emergente o lucro cesante, en los términos de los artículos 2341, 1613 y 1614 del Código Civil y bajo esa consideración no procede describirla dentro del concepto de indemnización. Además, el desembolso que, eventualmente, pueda tener lugar, por imperativo legal, estaría a cargo de la administradora de riesgos profesionales o del empleador y se muestra como una prestación proveniente de un sistema (el de riesgos profesionales), dentro del cual las cargas pecuniarias por las contingencias profesionales, entre otras, la pensión de sobrevivientes, están a cargo, exclusivamente, en cabeza de una u otro, según el caso. Es claro que aquella prestación (la pensión de sobrevivientes) constituye un ingreso, luego no puede considerarse un perjuicio.

14. Por último, alrededor del tema, debe enfatizarse que la satisfacción de esa prestación por parte de la actora no tuvo como causa la liberación del tercero de un compromiso suyo (obligado a indemnizar), pues, por un lado, no canceló deuda ajena con recursos propios, sino deuda para la cual, previamente, el comprometido a ello (empleador), por mandato legal, le había hecho entrega de ciertas sumas de dinero (cotizaciones), cuya destinación no podía ser otra que sufragar la prestación económica que el régimen estableció, una vez ocurriera el suceso que desató la obligación de la administradora y, como en el caso sub judice, acaecida la muerte de los empleados, surge el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Sobre el particular, obsérvese que el artículo 80 del Decreto 1295 de 1994, reglamentario de la Ley 100 de 1993, en cuanto a las funciones de las ARP, expresamente establece:

‘Las entidades administradoras de riesgos profesionales tendrán a su cargo, entre otras, las siguientes funciones: ...

e) Garantizar a sus afiliados el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones económicas, determinadas en este decreto’.

Y, como se recordará, una de esas prestaciones económicas es la pensión de sobrevivientes (art. 7º ib.). Luego, sin duda, la llamada a asumir esa carga era la demandante y, en su defecto, al no cubrir las cotizaciones, el compromiso sería asumido por el empleador.

Por otro, cuando la disposición señalada (D. 17171/94, art. 12)(sic), alude al ‘tercero responsable de la contingencia profesional’, es evidente que la empresa demandada no puede ser catalogada como tal, es decir, como tercero, en la medida en que no es ella la que debe asumir la contingencia, esto es, la pensión, habida cuenta que, por ley, le corresponde a la administradora de riesgos profesionales o al patrono.

15. En ese contexto, la expresión inserta en el artículo memorado (D. 1771/94, art. 12), alusiva a que la ‘administradora de riesgos profesionales podrá repetir, con sujeción a las normas pertinentes’, no describen otro condicionamiento distinto a que, en primer lugar, la subrogación debe ser posible atendiendo la naturaleza de la contingencia o prestación que liberaría el recobro; luego, superada esa exigencia, el procedimiento pertinente con miras a la repetición debe responder a la normatividad respectiva que involucra, v. gr., la acreditación de las constancias de pago, que el mismo se haya realizado a su destinatario natural o el diputado para receptarlo, etc.

En fin, en ese contexto, considera la Corte que la cancelación de la pensión de sobrevivientes no autoriza a la actora a promover recuperación alguna de las sumas canceladas, pues, se reitera, es una obligación propia de su función, sin el carácter indemnizatorio proveniente del hecho dañino y por tanto ajeno al tercero causante del perjuicio.

16. Puestas así las cosas, aparece que el tribunal acusado no incurrió en el error endilgado; contrariamente, estuvo su proceder plegado a lo que esta corporación, por mandato Constitucional y legal (C.P., art. 234; CPC, art. 365; L. 1285/2009), ha establecido como la recta interpretación de la norma invocada por el impugnante, en cuyo sentir fue trasgredida por el fallador.

El cargo no prospera.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia que el diecinueve (19) de diciembre de dos mil doce (2012), profirió la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso ordinario que la misma promovió contra Aerolíneas Alas de Colombia Ltda.

Costas a cargo de la parte recurrente. Conforme lo previene la Ley 1395 de 2010, se fija por concepto de agencias en derecho la suma de $ 6.000.000, atendiendo que la opositora hizo presencia al descorrer el traslado.

La secretaría procederá a la práctica de la liquidación correspondiente.

Cumplido lo anterior, el expediente deberá retornar a su lugar de origen dejando, previamente, las constancias del caso.

Cópiese, notifíquese y, en su momento, devuélvase».