Sentencia SC17624-2015/2015-00670 de diciembre 18 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad. 11001-02-03-000-2015-00670-00

(Aprobado en sesión de siete de octubre de dos mil quince)

Magistrado ponente

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

Bogotá, D. C., dieciocho de diciembre de dos mil quince.

Se decide la solicitud de exequátur presentada por Gloria Elizabeth Zuluaga Carmona, respecto de la sentencia de 24 de marzo de 2014, proferida por el Juzgado de Primera Instancia Nº 7 de Móstoles, Reino de España, mediante la cual se declaró por mutuo acuerdo el divorcio del matrimonio civil contraído por la peticionaria con el señor David Andrés Mejía Molina.

1.- Antecedentes

1.1.- La actora soporta la súplica de homologación en los hechos adelante resumidos:

1.1.1.- El casamiento tuvo lugar el 19 de diciembre de 2003 en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Reino de España.

1.1.2.- El Juzgado de Primera Instancia Nº 7 de Móstoles, España, el 24 de marzo de 2014 decretó el divorcio por mutuo acuerdo.

1.1.3.- En dicho trámite las partes adjuntaron un «convenio regulador» de las prestaciones económicas, alimentos, guarda, custodia y régimen de visitas de la menor Sofía, hija común, el cual fue aprobado en dicho fallo.

1.2.- Admitida la demanda, luego de corregirse el defecto advertido, el Ministerio Público, Delegado en lo Civil, no se opuso a la prosperidad de las pretensiones siempre que «(…) se acrediten todos y cada uno de los requisitos exigidos por el artículo 694 del Código de Procedimiento Civil» y la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia sostuvo que en este evento concurren todos los requisitos para la homologación deprecada.

Como la sentencia objeto de convalidación se dictó en un proceso no contencioso, no se imponía la citación del ex cónyuge de la peticionaria a este asunto.

1.3.- Fenecido el término probatorio como el de alegaciones de conclusión, se procede a proferir fallo.

2. Consideraciones

2.1.- Entendiendo la jurisdicción como una manifestación de la soberanía del Estado, a través de la cual éste se reserva la función de administrar justicia dentro de su territorio, resulta sensato que, las sentencias u otras providencias revestidas de tal carácter y los laudos arbitrales proferidos por jueces foráneos no tengan eficacia jurídica en el territorio patrio salvo lo consagrado en la materia en tratados internacionales suscritos o adheridos por Colombia, respecto del país de origen, o en su defecto, el reconocido en el extranjero a las decisiones proferidas por los juzgadores colombianos en los mismos temas.

La reciprocidad diplomática y la legislativa han sido reconocidas por esta Corporación, al decir que este sistema combinado «se traduce en que prioritariamente debe atenderse a las estipulaciones de los tratados que haya celebrado Colombia con el Estado de cuyos jueces provenga la sentencia que se pretenda ejecutar en nuestro territorio nacional; a falta de derecho convencional se impone, entonces, acoger las normas de la respectiva ley extranjera para darle al fallo la misma fuerza concebida por esa ley a las sentencias proferidas en Colombia por sus jueces”(1), motivo por el cual, en este último caso, es carga de la parte accionante acreditar la existencia de aquella [legislación extranjera], a efecto de que la Corte pueda conceder, de concurrir los demás requisitos previstos el artículo 694 del Código de Procedimiento Civil, la autorización solicitada.

2.2.- La posición precedente conlleva al análisis previo de dichas reciprocidades, pues su acreditación en el plenario permite el examen de los restantes requisitos.

2.2.1.- El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, informó que el «Convenio Sobre Ejecución de Sentencias Civiles entre la República de Colombia y el Reino de España» suscrito en Madrid el 30 de mayo de 1908, aprobado por el Congreso Nacional mediante la Ley 7ª de 13 de agosto del mismo año, y el cual entró en vigor desde el 6 de abril de 1909, actualmente tiene vigencia para ambos Estados.

2.2.2.- El mentado Convenio prevé en el artículo 1º que «(…) Las sentencias civiles pronunciadas por los Tribunales comunes de una de las Altas Partes contratantes, serán ejecutadas en la otra, siempre que reúnan los requisitos siguientes: Primero. Que sean definitivas y que estén ejecutoriadas como en derecho se necesitaría para ejecutarlas en el país en que se hayan dictado. Segundo. Que no se opongan a las leyes vigentes en el Estado en que se solicite su ejecución».

Para acreditar la firmeza de esos fallos la regla 2ª de ese Convenio exige un «certificado expedido por el Ministerio de Gobierno o de Gracia y Justicia, siendo la firma de éstos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores y la de éste a su vez por el Agente Diplomático respectivo acreditado en el lugar de la legalización».

Adviértase que la legalización requerida en precedencia fue modificada por la «Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros» suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, a la cual adhirió el Estado Colombiano, al aprobarla mediante Ley 455 de 1998, declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-164 de 1999.

2.3.- Verificada la reciprocidad diplomática entre ambas naciones [Colombia y España] se procede a establecer si las restantes exigencias para conceder lo impetrado, relacionadas con la evidencia de la determinación y su compatibilidad normativa interna, se encuentran cumplidas.

2.3.1.- No hay duda que la sentencia de divorcio materia de homologación se encuentra debidamente ejecutoriada, pues así lo certifica la «Subdirectora General Adjunta de Cooperación Jurídica Internacional de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones» del Ministerio de Justicia del Reino de España, cuya firma fue autenticada en la forma prevista en el artículo 4º de la normativa citada en precedencia.

Dicha disposición señala: «El certificado mencionado en el primer párrafo del artículo 3º será colocado en el documento mismo o en un ‘otrosí’; su forma será la del modelo anexado a la presente convención. Sin embargo, podrá ser redactado en el idioma oficial de la autoridad que lo expide. Los términos corrientes que aparezcan en dicho certificado podrán estar redactados en un segundo idioma. El título ‘Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)’ estará escrito en francés».

2.3.2.- La determinación objeto de autorización, al referirse al divorcio del matrimonio formado entre la aquí accionante y David Andrés Mejía Molina, nada tiene que ver con derechos reales constituidos en cosas situadas en territorio colombiano.

Habiéndose determinado que se accedió al divorcio, acogiendo la solicitud por mutuo acuerdo formulada por los cónyuges, infiere la Corte que esta decisión extranjera no contraviene la legislación sobre esa materia, instituida en Colombia a través del artículo 154 del Código Civil, modificado por el 4º de la Ley 1ª de 1976, y el 6º de la Ley 25 de 1992.

La normativa aplicada en dicho asunto se armoniza con lo previsto en el numeral 9º de la última disposición citada, en cuanto consagra el divorcio por “consentimiento de ambos cónyuges, manifestado ante juez competente y reconocido por éste mediante sentencia”.

Entonces, como en ambos países, España y Colombia, se reconocen eficacia jurídica al divorcio por mutuo consentimiento, allá en el artículo 81 numeral 1º del Código Civil y acá en la legislación acabada de mencionar, puede sostenerse que no se está de cara a un pleito de exclusiva competencia de los jueces colombianos.

La sentencia que se pretende homologar se dictó en proceso voluntario pues ambos cónyuges acudieron a la jurisdicción del Reino Español para de común acuerdo invocar el divorcio del matrimonio civil que contrajeron el 19 de diciembre de 2003 en la ciudad de Boadilla del Monte, así como la aprobación del “convenio regulador” de las prestaciones económicas, guarda, custodia, alimentos y régimen de visitas de la hija menor procreada entre ellos.

Por último, no aparece evidencia de un juicio en curso o de fallo con sello de ejecutoria emitido por la justicia de Colombia en relación con similar asunto.

2.4.- Por tanto, agotado el trámite del exequátur y verificadas las exigencias requeridas en la ley para otorgarlo, no queda opción diferente que proceder de conformidad.

3.- Decisión

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero: CONCEDE el exequátur a la sentencia de 24 de marzo de 2014, proferida por el Juzgado de Primera Instancia Número 7 de la ciudad de Móstoles, Reino de España, mediante la cual se decretó el divorcio de Gloria Elizabeth Zuluaga Carmona y David Andrés Mejía Molano, respecto del matrimonio civil contraído el 19 de diciembre de 2003, en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, únicamente en cuanto a esa decisión se refiere.

Segundo: Para los efectos legales a que haya lugar, en especial los previstos en los artículos 6º, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970, 13 del Decreto 1873 de 1971 y 9º de la Ley 25 de 1992, se ordena la inscripción de la presente providencia, junto con la sentencia autorizada, en el folio correspondiente al registro civil de matrimonio y de nacimiento de las partes. Líbrense las comunicaciones a que haya lugar.

Sin costas por no aparecer causadas.

Notifíquese y cúmplase

Magistrados: Luis Armando Tolosa Villabonak, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez.

1 G.J. CLXXVI, Nº 2415, 1984, pág. 309