Sentencia SC17625-2015/2014-00290 diciembre 18 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

SC17625-2015

Rad.: 11001-02-03-000-2014-00290-00

(Aprobado en sesión de siete de octubre de dos mil quince)

Bogotá, D.C., dieciocho de diciembre de dos mil quince.

Se decide la solicitud de exequátur presentada por Sebastián Camilo y Nicolás Enrique Martos Soler, antes Araque Soler, respecto de la sentencia de adopción de 1º de abril de 2002, proferida por el Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Colmenar Viejo, Madrid, España.

1. ANTECEDENTES

1.1. Los demandantes sustentaron la pretensión de homologación en los siguientes hechos:

1.1.1. Nacieron en Colombia los días 21 de febrero de 1990 y 10 de noviembre de 1992, respectivamente.

1.1.2. Su padre biológico fue el señor Leopoldo Enrique Araque Mahecha, quien falleció el 5 de febrero de 1993.

1.1.3. El 14 de marzo de 1998, su madre Diana Cristina Soler Rodríguez contrajo nupcias por el rito católico en Bogotá con el ciudadano español José Manuel Martos Clavero, quien posteriormente reclamó su adopción ante el Juzgado de Primera Instancia 3 de Colmenar Viejo, Madrid, por residir a la sazón en dicha municipalidad.

1.1.4. El estrado mencionado por sentencia de 1º de abril de 2002 accedió a lo suplicado y dispuso que una vez tal pronunciamiento quedara en firme los apellidos de los actores serían Martos Soler.

1.1.5. Afirman que la decisión anotada cumple con los compromisos adquiridos por Colombia al suscribir el “Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional” del 29 de mayo de 1993 y no hace referencia a derechos reales sobre bienes ubicados en dicho territorio ni envuelve el orden público de la Nación.

1.2. Admitida la demanda, el Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos de la Infancia la Adolescencia y la Familia, adujo que en su criterio la providencia cuya convalidación se persigue no puede surtir efectos en el país dado que únicamente tuvo en cuenta el consentimiento del adoptante y los adoptados, desconociendo que la Ley 1098 de 2006 exige el de su progenitora para la adopción de menores de edad.

La Delegada del Ministerio Público para Asuntos Civiles, no se opuso a lo peticionado, en el entendido que “se aporte la totalidad de las pruebas exigidas legalmente” y se cumpla con los presupuestos establecidos por los artículos 693 y 694 del Código de Procedimiento Civil.

1.3. Evacuadas las etapas probatoria y de alegaciones, ésta última aprovechada por los solicitantes, se procede a decidir lo que corresponda en relación con el pedimento elevado.

2. Consideraciones

2.1. Para que los fallos extranjeros(1) produzcan efectos en Colombia se requiere de la existencia de un tratado (reciprocidad diplomática), o en su defecto, lo que al respecto prevea la ley foránea o la práctica judicial imperante (reciprocidad legislativa y de hecho), siempre y cuando no contraríen el orden jurídico nacional.

La concesión del exequátur(2) permite que el contenido de tales determinaciones se extienda en el país, mediante una sentencia que se dicta una vez agotado el trámite señalado en el canon 695 del Código de Procedimiento Civil, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos en el precepto 694, ibídem, y en el tratado, en la ley o en la jurisprudencia respectiva.

2. En el sub examine, los actores instan que se homologue la decisión que aprobó su adopción y dispuso el cambio de sus apellidos, proferida por un juzgado español, pedimento coadyuvado por su progenitora.

Visto lo pretendido, el “Convenio sobre ejecución de sentencias civiles” suscrito entre Colombia y España el 30 de mayo de 1908, ratificado por la Ley 7ª del mismo año, establece que “Las sentencias civiles pronunciadas por los Tribunales comunes de una de las Altas Partes Contratantes serán ejecutadas en la otra”, siempre que: “sean definitivas y que estén ejecutoriadas como en derecho se necesitaría para ejecutarlas en el país en que se hayan dictado», y «[q]ue no se opongan á las leyes vigentes en el Estado en que se solicite su ejecución”.

En punto a la ejecutoria, se dijo en el aludido pacto que se verificaría a través del “certificado expedido por el Ministro de Gobierno ó de Gracia y de Justicia, siendo la firma de éstos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores, y la de éste á su vez por el Agente Diplomático respectivo acreditado en el lugar de la legalización”.

En el sub júdice, se adosó copia autenticada y legalizada de la providencia mediante la cual el Juzgado de Primera Instancia No. 3 de Colmenar Viejo, decretó la adopción de Sebastián Camilo y Nicolás Enrique Araque Soler, así como su cambio de apellidos a Martos Soler; de igual forma se allegó certificación acerca de su firmeza, expedida por la Subdirección General Adjunta de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia de España, según lo exige el mencionado tratado.

En el texto del proveído se consignó que “(…) [s]e han aportado al expediente los documentos que acreditan que los adoptantes son mayores de veinticinco años y tienen veinticinco años más que el adoptado, reuniendo los demás requisitos de capacidad que establece el artículo 175 del Código Civil y no concurriendo en ellos ninguna prohibición legal”. Seguidamente, que “(…) [n]o se requiere propuesta para la adopción pretendida por concurrir la circunstancia 2ª del artículo 176.2 del Código Civil, ya que ambos adoptandos son hijos del consorte del adoptante”. De la misma manera, que “[l]a documental aportada y la información testifical practicada han acreditado que la relación personal existente entre adoptante y adoptandos es la propia de la relación paterno-filial y, tanto las condiciones personales y sociales como la situación económica del adoptante abonan dicha opción, por lo que en interés del adoptando imponer acordar la adopción”.

2.3. De lo expuesto se colige que la determinación cuya homologación se suplica no compromete el orden público patrio, ya que lo resuelto se acompasa a cuanto sobre el particular dispone el Código de la Infancia y la Adolescencia. Con mayor razón cuando de acuerdo a la documentación allegada, los jóvenes Sebastián Camilo y Nicolás Enrique Martos Soler vivían con su madre y con el señor Martos Clavero desde antes de cumplir 18 años, en razón de su matrimonio celebrado el 22 de abril de 1998.

En todo caso, el requisito de la diferencia de edad aludido en el artículo 68 de la Ley 1098 de 2006, pese a que concurre, no había lugar a cumplirlo, puesto que de conformidad con el inciso final de la misma norma, el adoptante es el cónyuge de la madre biológica de los adoptados. Por la misma razón, esto es, como se trata de una adopción singular línea paterna, en tanto la maternidad se conserva, resulta claro, contrario a lo discurrido por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, el consentimiento de la progenitora no se hacía necesario, según se infiere no sólo de la disposición citada, sino también del precepto 66, ibídem. Recuérdese, además, su padre biológico falleció en 1993.

En adición, conviene precisar, no se trata de un asunto de exclusiva competencia de la justicia colombiana, y no existe prueba de un proceso en curso o sentencia en firme de sus jueces en torno del mismo objeto; y la Delegada del Ministerio Público para asuntos civiles no se opuso.

2.4. En consecuencia, reunidos los requisitos sustanciales y formales, se accede a lo rogado.

3. DECISIÓN

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONCEDER el exequátur de la sentencia proferida el 1° de abril de 2002 por el Juzgado de Primera Instancia No. 3 de Colmenar Viejo, Madrid, España, mediante la cual se aprobaron las adopciones de Sebastián Camilo y Nicolás Enrique Martos Soler.

SEGUNDO: Para los efectos legales a que haya lugar, especialmente los previstos en los artículos 6, 10, 11, 22 y 60 del Decreto 1260 de 1970, en concordancia con los cánones 1º y 2º del Decreto 2158 de 1970, se ordena la inscripción de la presente providencia, junto con la reconocida, en el folio correspondiente al registro civil de nacimiento de los jóvenes citados. Por secretaría líbrense las comunicaciones pertinentes.

Sin costas en la actuación.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Luis Armando Tolosa Villabona—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez.

(1) “La sentencia, como producto de la jurisdicción, emana de la soberanía, y por eso sus efectos jurídicos quedan limitados dentro del territorio en que la soberanía se ejerce. Ahora bien: si antes de que a la sentencia extranjera le sea concedido el exequatur no produce en nuestro ordenamiento jurídico ninguno de los efectos que son propios del acto jurisdiccional de ella, por el solo efecto de su existencia como sentencia extranjera, según dice muy bien Morelli, deriva un efecto jurídico, que consiste en hacer surgir en la parte la acción tendiente precisamente al reconocimiento”. La sentencia extranjera (Exequatur), Sentís Melendo, Santiago, pág. 40, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1958.

(2) “(...) [D]ecisión por la cual la autoridad judicial reviste de la fórmula ejecutoria una sentencia extranjera y presta a dicha sentencia sobre el territorio del Estado en cuyo nombre administra justicia el concurso de la ley y el apoyo de las autoridades locales”: Weiss Traité, Tomo 6, pág. 18, citado en Tratado de Derecho Internacional Privado, Cock A., Alfredo, pág. 194, Imp. Universidad de Antioquia, Medellín, 1935.