Sentencia SC17719-2016/2012-02692 de diciembre 7 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

SC17719-2016

Rad.: 11001-02-03-000-2012-02692-00

(Aprobado en sesión de doce de octubre de dos mil dieciséis)

Bogotá, D.C., siete de diciembre de dos mil dieciséis.

Decídese el recurso de revisión interpuesto por Ximena Elizabeth Castañeda de Molina frente a la sentencia de 12 de abril de 2011, proferida por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual que promovió contra la Entidad Promotora de Salud Famisanar Limitada - Cafam.

Antecedentes

1. La demandante, en el libelo que originó el litigio de marras, deprecó reconocer a su favor las sumas de $111.000.000 “por concepto de daño emergente” y de $50.000.000 “por concepto de lucro cesante”. Ello, dado que la EPS demandada, no obstante que la Fundación Cardio Infantil a donde su hermano inicialmente ingresó por padecer “problemas intestinales” no contaban con la “maquina V. A. C.” que este requería para recibir el “tratamiento médico” idóneo, “se negó a asumir los costos del tratamiento” que surgieron al hacerse “necesario su traslado de urgencia a la Fundación Santafé de Bogotá”, que sí contaba con el aludido aparato.

2. Admitido aquel y una vez trabada la litis, la entidad accionada contestó la demanda proponiendo las excepciones perentorias denominadas “ausencia de responsabilidad”, “inexistencia de nexo causal”, “ausencia de perjuicios”, “inexistencia de daño”, “falta de legitimación en la causa por activa”, “prescripción y/o caducidad” y “la genérica”.

3. Surtido el trámite de rigor, la primera instancia culminó con fallo desestimatorio proferido por el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de esta urbe el 25 de agosto de 2010, al hallar acreditada la “excepción de mérito […] denominada “falta de legitimación en la causa por activa””. Apeló tal determinación, deviniendo ratificada por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal de Bogotá, el día 12 de abril de 2011.

4. Frente a esta última providencia, la demandante interpuso el recurso de revisión que es materia de decisión.

El recurso de revisión

5. La impugnante, en el escrito correspondiente (fls. 30 a 37 y 42 a 44), invoca las causales primera (1ª) y sexta (6ª) de revisión, a propósito de que se anule la referida sentencia de segundo grado, las cuales fundamenta de manera conjunta, resumidamente, así:

5.1. El motivo de “la demanda ordinaria [promovida] lo constituyó el hecho de que [ella] tuvo que sufragar en el año de 2007 gastos que le correspondían a Famisanar Ltda. EPS por concepto del tratamiento m[é]dico a que se sometió su hermano en la Fundación Santafé de Bogotá”, montos que aquella entidad “se ha negado reiteradamente a cancelar”.

5.2. No obstante que la célula judicial a quo, a la hora del decreto de pruebas, “ordenó que se adjuntar[a] y acompañar[a] la sentencia que ese mismo despacho judicial dictó el día 26 de junio de 2007, dentro de la acción de tutela 07-619, que contra la sociedad Famisanar Ltda. había interpuesto […], proceso de tutela que conoció en primera instancia el Juzgado 47 Civil Municipal de Bogotá”, lo cierto es que tal acreditación, “que era de vital importancia para [sus] intereses […], a pesar de que el juzgado de conocimiento ordenó que por secretaría se acompañara copia de la misma que se encontraba radicad[a] en el archivo de ese despacho, no fue aportada al proceso, pues, extrañamente dicho fallo de tutela desapareció del juzgado” (destacado original, así como los demás), siendo que en tal determinación constitucional se le había “reconoc[ido] la legitimaci[ó]n en la causa de la acción de tutela […] para que se le amparen los derechos fundamentales que por esa vía reclamó a favor de su hermano Héctor Orlando Castañeda Medina. En esa acción de tutela […] ya se menciona por [su] parte […] que ella ha cancelado una suma importante de dinero, por concepto de asumir los costos que se generaron ante la Fundación Santafé de Bogotá”.

Así las cosas, asevera, “existían otras pruebas que acreditaban plenamente [su] interés sustancial […] para formular la demanda ordinaria, ya que desde antes de la misma, ella en forma única y exclusiva ha venido reclamando el reembolso de estos dineros, y así lo aceptó el fallador de tutela de segunda instancia en ese momento”, aparte que en el mismo sentido obraba la “declaración juramentada” que vertió mediante “interrogatorio”.

5.3. Asimismo, el proveído que aperturó la etapa probatoria “ordenó que se oficiara a la Clínica Cardio Infantil y a la Fundación Santafé de Bogotá, para que “remitan copia aut[é]ntica de la historia clínica de […] Héctor Orlando Castañeda Medina””, siendo que en tal “aparece el [R]ecibo de [C]aja P200033638, en donde se habla de un abono de Catorce Millones de Pesos ($14’000.000) a la [sic] cuenta de [ella], esta prueba […] también desapareció del proceso, ya que según [O]ficio Nº. 3986 de fecha 17 de noviembre de 2009 […] María Ángela Jiménez Uscátegui Jefe de la Oficina Jurídica de la Fundación Santafé de Bogotá, remite copia completa de la historia clínica de [aquel], y en los anexos de ese oficio, informa que la [misma] va en mil seiscientos veintiséis (1626) folios, sin embargo estos anexos repito extrañamente desaparecieron del expediente”.

Por supuesto, “[s]i no hubiese desaparecido del expediente la historia clínica que remitió la Clínica Fundación Santafé de Bogotá, al a quo, forzosamente la decisión que debía asumir la primera y segunda instancia era la de reconocerle la legitimación en la causa a mi mandante, para que le fueran reintegrados los dineros”.

5.4. Por tanto, el fallo objeto de revisión “debió observar, pues así se lo reclam[ó] la suscrita en su debida oportunidad[,] la ausencia de un sin número de pruebas de vital importancia, que constituían [su] defensa sustancial […] y con las que se pretendía probar su legitimidad en la causa, ya que gracias a ella quien […] promovió la acción de tutela contra Famisanar Ltda., se pudo obtener por e[se] mecanismo que ésta EPS asumiera los costos del tratamiento de […] Héctor Orlando Castañeda Medina, sin embargo, esta prueba repito, a pesar de haber sido oportunamente solicitada y decretada, nunca apareció en el juzgado”, por lo que “no las tuvo en cuenta inexplicablemente al momento de fallo”.

5.5. Adicionalmente, predica que “los funcionarios de segunda instancia violaron flagrantemente el derecho fundamental de la presunción de buena fe que consagra el art. 83 de la Constitución Política”, habida cuenta que en punto de su “interrogatorio” señalaron que ““[…] no le es dable crearse su propia prueba, como así se pretende, porque el dicho de la actora no es creador de obligaciones en su favor, tanto más si lo allí manifestado no se ajusta a la previsión normativa que recoge el numeral 2 de la norma 195 del Código de Procedimiento Civil”” y, a más de ello, también dejaron de darle credibilidad “a la declaración” de su hermano Héctor Orlando Castañeda Medina, por lo que esas versiones rendidas “bajo la gravedad del juramento, no fueron tenid[a]s en cuenta en su verdadera dimensión, cuando por el contrario, se les debió dar toda la credibilidad a los mismos pues así lo establece la ley”.

5.6. Todo lo anterior comportó, anuncia, que “se invirtió la carga de prueba, se desestim[ó] el juramento como medio de prueba y además se dejaron desvalorar pruebas fundamentales como la copia de la tutela de segunda instancia, las inspecciones judiciales, […] los documentos que guardaban relación con los hechos de la demanda ordinaria y la historia clínica de […] Héctor Orlando Castañeda Molina de la Fundación Santafé de Bogotá, en donde aparecen las facturas canceladas por mi mandante, violando con ello, principios fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política, en detrimento de mi mandante, los cuales deberán ser reivindicados por medio de esta acción”, móvil por el que “el fallo dictado en segunda instancia debió ser a favor de mi mandante y no en el sentido de absolver a la parte demandada”, imponiéndose por tanto “invalidar la sentencia objeto de esta revisión y en su lugar dictar la que en [D]erecho corresponda, reconociendo las peticiones hechas por la parte demandante, en la respectiva demanda ordinaria”.

Contestación de la demanda

6. El extremo opositor, aparte de manifestarse relativamente a cada uno de los hechos y pretensiones esgrimidos (fls. 66 a 76), promovió sendas excepciones de mérito, así:

6.1. La designada como “ausencia de responsabilidad”, tras realizar un descriptivo recuento de los procedimientos médicos y de la evolución del estado de salud en ambas instituciones clínicas en las que fue tratado el paciente Héctor Orlando Castañeda Medina, la basó en que “la mejor manera de exonerarse de responsabilidad en el ejercicio profesional, tanto de los médicos y personal auxiliar, como de las [i]nstituciones, es acoger la normatividad que garantiza la calidad de los servicios sobre criterios objetivos, desarrollo del ordenamiento en la materia que nace de la Ley 100 de [19]93 la cual fue modificada por la [L]ey 1122 de 2007 y 1438 [de] 2011 junto con los [d]ecretos reglamentarios de la actividad en especial el Decreto 2309 de 2002, la [R]esolución 1439 del 2002 y la 486 del 2003 del [m]inisterio del ramo, que sobre un conjunto de principios ofrecen la senda jurídica para definir fallas o no, que constituyan o no causa eficiente para definir los elementos generadores de culpa y de esta deducir responsabilidad o ausencia de esta, son ellos: suficiencia, accesibilidad, oportunidad, continuidad, racionalidad técnica y racionalidad científica”.

Aseveró, de seguido, que la Fundación Cardio Infantil “a la que requirió [sic] el paciente contaba con el personal idóneo y calificado para tal tipo de prestaciones, el proceso asistencial es el común en este tipo de servicios. El manejo médico se basó en las evidencias clínicas, las conductas fueron las aconsejadas por las buenas prácticas en salud, de acuerdo a los motivos de consulta, enfermedad actual, examen físico y antecedentes”, acaeciendo que aquel tenía una “obstrucción intestinal por lo que realizan manejo m[é]dico al que no responde y por sintomatología deciden realizar laparotomía para explorar el abdomen, encontraron severo síndrome adherencia interasas y parietoviscerales y una obstrucción mecánica, se liberan y se cierra el abdomen. Por evolución tórpida se suspende la vía oral. Y se deja en reposo intestinal, por ileo paral[í]tico se decide pasar nuevamente el paciente a cirugía para liberar las adherencias, pero por riesgo de realizar perforaciones en las asas por delgadez de las mismas se deja el abdomen abierto lo que se llama laparostomía y se realizan lavados quirúrgicos para poder después cerrar el abdomen, a este paciente le estaban haciendo este tratamiento en la Fundación Cardioinfantil [sic], es el que est[á] incluido en el POS y el paciente mejora pero se demora, m[á]s que el método VAC, que no est[á] en el POS, es un método nuevo, que est[á] indicado en el tratamiento de las herida complejas, supone en la mayoría de casos una evolución tórpida y prolongada”.

Por ende, refirió que “[s]i el cumplimiento de las normas y reglamentos determinan calidad en el producto asistencial, no se evidencia responsabilidad. Si este cumplimiento se predica de profesionales e institución, y de allí nace como obligación de medios diligencia, cuidado, pericia, prudencia como soportes estructurales de la ausencia de culpa, y este conjunto global de asertos exonera de la misma, porque no habría hecho descuidado, menos daño y por ende inexistencia de relación causal, es lógico arribar a la conclusión de ausencia de responsabilidad que desde un principio hemos excepcionado como valor y principio que exime de cualquier tipo de responsabilidad y menos en el campo civil médico a los profesionales e [i]nstitución que sirvieron a la salud del paciente, y no a su deterioro”.

6.2. Referente a la de “inexistencia de nexo causal”, expresó que “[c]onforme a la literatura consultada, no existe una clara ventaja en el resultado del manejo de pacientes con peritonitis de diferente etiología con el método convencional de laparostomía con bolsa de Viaflex o Bolsa de Bogotá, frente al uso del método VAC (Vacuum Assisted Closure), siendo éste último usado con más frecuencia en los pacientes con abdomen agudo traumático”, aduciendo al efecto que el enfermo “[e]stando en la Fundación Santafé de Bogotá, tuvo el mismo tipo de complicaciones que se derivan del manejo de peritonitis secundaria y que es manejada con técnica de laparostomía o abdomen abierto convencional, es decir, el paciente desarrolló más fístulas y de alto gasto, producto de ellas desnutrición, también desarrolló peritonitis terciaria y alteración importante hidroelectrolítica; todas las complicaciones anteriores se presentan en cualquiera de los dos manejos y prueba de ello se encuentra consignado [sic] en la Historia Clínica del usuario en la Fundación Santafé de Bogotá”.

Además, afirmó que el “paciente bajo su cuenta y riesgo solicitó y firmó salida voluntaria de la Fundación Cardioinfantil [sic]” (destacado original, como los posteriores), sin que hubiera “exist[ido] comunicado o queja del usuario que reflejara inconformidad o descontento con la atención m[é]dico quirúrgica en la entidad mencionada”, razón por la que “en horas de la mañana el paciente informa a los médicos de la institución para asistir a otr[a] institución donde se le pueda hacer otro manejo respecto a su fístula. Al paciente se le explica[n] claramente las condiciones de su salida, los riesgos que toma la misma y firma formato donde exonera a la institución y a sus médicos de cualquier responsabilidad respecto a la decisión tomada anteriormente [sic]”.

6.3. En tercer lugar, planteó la de “ausencia de perjuicios” acotando que “no se ha causado daño a […] Héctor Orlando Castañeda Medina[,] por el contrario la atención y servicio fue diligente en las instituciones en la[s] cuales fue atendido, mucho menos responsable por los supuestos daños y perju[i]cios ocasionados a la hermana […] Ximena Castañeda de Molina”, lo cual impulsa el predicamento de que aquel “es quien estaba legitimado para reclamar por esta vía los presuntos daños ocasionados y no su hermana pues es a él a quien por cuenta de cobro a su nombre, la Fundación Santafé de Bogotá le está cobrando por concepto de hospitalización desde 2007/04/09 hasta 2007/06/26”.

6.4. Relativamente a la de “inexistencia de daño”, puso de presente que el menoscabo “debe probarse sobre la base de la determinación de la existencia de un comportamiento médico constitutivo de culpa médica, y la inalterable condición de causa efecto como anclaje central dinamizador de la responsabilidad”, por lo cual “[s]i existe un resultado luego de un proceso asistencial médico, evento muerte, natural en la existencia humana, no se puede presumir culpa, y que este evento resultado de la atención es un daño, sería siempre como presumir que si el paciente sufre daños durante una intervención médica o quirúrgica debe buscarse la causa en la actividad del médico, obviando de plano las condiciones del paciente antecedentes propios del ciclo evolutivo de cada enfermedad y de muchas otras circunstancias accesorias, esta concepción abandonada ya es volver a la teoría de la medicina como una actividad de peligro. Para que se establezca responsabilidad en el daño, la fundamentación debe ser sobre hechos reales y objetivos”.

Por tanto, manifestó que “[c]uando […] Ximena Castañeda de Molina demanda afirmando que la entidad en ese momento accionada por el mecanismo [c]onstitucional de la tutela se negó a asumir los costos del tratamiento requerido por su hermano est[á] presumiendo la culpa, y los daños afirmación en todo su contenido errada, falsa, y sin bases jurídicas, desconoce todo un andamiaje jurídico y fáctico que rodea el actual evento, pues el resultado qued[ó] escrito en dos fallo[s] constitucionales los cuales en ninguna instancia nos ordena asumir el tratamiento requerido por […] Héctor Orlando Castañeda, con anterioridad a la fecha de notificación del fallo de segunda instancia que fue el 27 de junio de 2007”.

6.5. La “falta de legitimación por activa” la edificó en que quien “presuntamente sufrió el daño es Héctor Orlando Castañeda Medina […] a quien la fundación Santafé de Bogotá le practic[ó] y suministr[ó] lo requerido posteriormente generando cuenta de cobro la cual se anex[ó] a la presente demanda por un valor de […] $137’831.758”, emergiendo así que “las pretensiones de la demanda no deben prosperar, teniendo en cuenta que es la IPS (Institución Prestadora de Servicios de Salud) […] la que tiene un contacto con el paciente en este caso Héctor Orlando Castañeda Medina y no [con] Ximena Elizabeth Castañeda de Molina”.

6.6. En últimas, promovió la defensa denominada “prescripción y/o caducidad”, poniendo de presente “la presencia de cualquiera de los dos fenómenos conculcatorios del eventual derecho reclamado”.

Consideraciones

1. La Corte ha resaltado que la inmutabilidad de la sentencia ejecutoriada es un fundamento esencial del orden jurídico y soporte de los derechos de los justiciados, tal como lo reconoció el legislador al instituir como principio medular, en el punto, el de la “cosa juzgada”; empero, este postulado no es absoluto, por cuanto la entronización de la garantía de la justicia conduce a exceptuar de él los fallos proferidos en aquellos procesos en los que tales principios hubieren sido conculcados, en aras de permitir su restablecimiento.

Con el designio de remediar esa situación fue concebido el “recurso de revisión”, el cual tiende a quebrar la fuerza del apuntado fundamento basilar en los específicos y taxativos casos autorizados por el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, en orden a resguardar las garantías procesales en el evento de haber sido vulneradas.

La naturaleza extraordinaria del señalado medio impugnativo impone no sólo que los motivos que lo autorizan sean restrictos, sino que, por regla general, deben originarse en circunstancias exógenas al proceso dentro del cual se dictó el fallo opugnado, constituyendo, en esencia, situaciones novedosas que, de haberse conocido, habrían conducido a otro resultado.

Por tanto, con este recurso no es factible controvertir, por fundamento, los cimientos que sustentan la sentencia impugnada, o discutir los problemas debatidos en el proceso, o propiciar una nueva oportunidad para formular hechos exceptivos, ni mucho menos mejorar la prueba aportada al litigio, pues ello implicaría abrir la compuerta a una tercera instancia. Y es que la interposición del mismo presupone una relación procesal ya cerrada y, por eso, en su ámbito, que en cierta forma corresponde a las llamadas “acciones impugnativas” con efectos rescisorios, no es posible replantear el conflicto.

2. Conforme se acotó, en el asunto que ahora concita la atención de la Sala, la recurrente invocó las causales 1ª y 6ª del artículo 380 ejusdem, es decir, de un lado, aquella, consistente en “[h]aberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria” y, de otro, esta, atañedera a “[h]aber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente”.

2.1. Relativamente a la primera de las vías de revisión invocadas, la Corte, en CSJ SC, 25 jun. 2009, rad. 2005-00251-01, adujo lo siguiente:

En relación con el alcance de este supuesto normativo tiene sentado la Corporación que, dada “la finalidad propia del recurso, no se trata… de mejorar la prueba aducida deficientemente al proceso en el que se dictó la sentencia cuyo aniquilamiento se busca, o de producir otra después de pronunciado el fallo; se contrae… a demostrar que la justicia, por absoluto desconocimiento de un documento que a pesar de su preexistencia fue imposible [la] oportuna aducción por el litigante interesado, profirió un fallo que resulta a la postre paladinamente contrario a la realidad de los hechos y por ende palmariamente injusto”, puesto que no “es lo mismo recuperar una prueba que producirla o mejorarla”, ya que, de lo contrario, no habría jamás cosa juzgada, bastando que el litigante vencido en un juicio adecuara la prueba en el de revisión o produjera otra. De allí que, desde este punto de vista, “la prueba de eficacia en revisión… debe tener existencia desde el momento mismo en que se entabla la acción”, de donde si no constituye “esa pieza documental -bien por su contenido o por cualquier otra circunstancia- una auténtica e incontestable novedad frente al material… recogido en el proceso, la predicada injusticia de esta resolución no puede vincularse causalmente con la ausencia del documento aparecido”; debe, por tanto, “tratarse de una prueba específica, la documental, que preexista en las oportunidades probatorias, no después, sólo que el recurrente no pudo aducirla por causas ajenas a su voluntad. El medio...‘debió existir desde el momento mismo en que se presentó la demanda, o por lo menos desde el vencimiento de la última oportunidad procesal para aportar pruebas, no siendo admisible, en consecuencia, la que se encuentre o configure después de pronunciada la sentencia” (Sentencia de 12 de junio de 1987, sin publicar). … el hecho de que con posterioridad al fallo, se encuentre un documento que hubiera podido hacer variar la decisión combatida, no es suficiente para sustentar el recurso extraordinario de revisión…”.

En oportunidad más reciente, según así quedó establecido en CSJ SC, 1º mar. 2011, rad. 2009-00068-00, la Sala sostuvo que para la cabal estructuración del motivo de opugnación de que se viene tratando, como condición sine qua non determinante de su éxito, es indispensable probar los concurrentes elementos a continuación expuestos:

(a) que las pruebas documentales de que se trate hayan sido halladas ulteriormente al momento en que fue proferido el fallo, habida cuenta que “la prueba de eficacia en revisión y desde el punto de vista que se está tratando, debe tener existencia desde el momento mismo en que se entabla la acción […] de donde se sigue que no constituyendo esa pieza documental -bien por su contenido o por cualquier otra circunstancia- una auténtica e incontestable novedad frente al material probatorio recogido en el proceso, la predicada injusticia de esa resolución no puede vincularse causalmente con la ausencia del documento aparecido” (Sentencia 237 de 1º de julio de 1988); (b) que el alcance del valor persuasivo de tales probanzas habría transformado la decisión contenida en ese proveído, por cuanto “el documento nuevo, per se, debe ser decisivo y por tanto tener la suficiente fuerza como para determinar un cambio sustancial de la sentencia recurrida”; y, (c) que no pudieron aportarse tempestivamente, debido a fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria, razón por la que “no basta que la prueba exista para que la revisión sea viable, sino que es necesario para ello que haya sido imposible aducirla, o por un hecho independiente de las partes, o por un hecho doloso de la parte favorecida” (G.J. t. LI bis pág. 215).

2.2. A su vez, relativamente a la segunda de las causales invocadas, cabe señalar que acerca de las “maniobras fraudulentas” tiene asentado la Corporación que deben comportar “una actividad engañosa que conduzca al fraude, una actuación torticera, una maquinación capaz de inducir a error al juzgador al proferir el fallo en virtud de la deformación artificiosa y malintencionada de los hechos o de la ocultación de los mismos por medios ilícitos; es en síntesis, un artificio ingeniado y llevado a la práctica con el propósito fraudulento de obtener mediante ese medio una sentencia favorable, pero contraria a la justicia” (CSJ SC, 30 jun. 1988 y 11 sep. 1990, G. J., T. CCIV, página 45; citada en CSJ SC, 19 dic. 2012, rad. 2010-02199-00).

Un proceder así se caracteriza porque sus “elementos esenciales son, de acuerdo con las abundantes precisiones de la jurisprudencia…: una conducta fraudulenta, unilateral o colusiva, realizada con el fin de obtener una sentencia contraria a derecho, que a su turno cause perjuicios a una de las partes o a un tercero, y determinante, por lo decisiva, de la sentencia injusta. Todo el fenómeno de la causal dicha puede sintetizarse diciendo que maniobra fraudulenta existe en todos los casos en que una de las partes en un proceso, o ambas, muestran una apariencia de verdad procesal con la intención de derivar un provecho judicial o se aprovechan, a sabiendas de esa aparente verdad procesal con el mismo fin” (CSJ SC243, 7 dic. 2000, rad. 007643; reiterada en CSJ SC, 21 abr. 2010, rad. 2007-00773-00).

A las condiciones descritas, se suma la que añadió la Corte cuando expresó que parejamente es “requisito para que determinada situación pueda calificarse de maniobra fraudulenta, como causa eficiente para dar lugar a la revisión…, que la misma resulte de hechos externos al proceso y por eso mismo producidos fuera de él, pues si se trata de circunstancias alegadas, discutidas y apreciadas allí, o que pudieron serlo, la revisión no es procedente por la sencilla razón de que aceptar lo contrario sería tanto como permitir, que al juez de revisión se le pueda reclamar que, como si fuese juez de instancia, se aplique a examinar de nuevo el litigio” (CSJ SC208, 18 dic. 2006, rad. 2003-00159-01).

3. De acuerdo con la cabal estructuración de las referidas causales, como condición sine qua non determinante del éxito del recurso de revisión, es indispensable probar, de modo irrefutable, los concurrentes elementos que a cada una conciernen, lo cual, cabe destacarlo, no ocurrió en el presente evento, según pasa a denotarse.

3.1. Para empezar, atinente con la dolencia del numeral 1º del precepto 380 de la ley de ritos civiles, hallase que no están demostrados los requisitos ut supra vistos, en especial, el relativo a que las pruebas documentales “no pudieron aportarse tempestivamente, debido a fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

3.1.1. En efecto, de acuerdo con lo que viene de plantearse, es claro que a la revisionista incumbía acreditar, por cuanto lo propio era su onus probandi, que los concretos documentos a que refiere, es decir, de un lado, la sentencia de tutela dictada en segundo grado el 26 de junio de 2007 por el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogotá con radicado 07-619 y, de otro, la historia clínica de Héctor Orlando Castañeda Medina, no pudo incorporarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria, tópicos estos a los que, valga aclararlo, si bien no aludió la revisionista a la hora de formular el presente recurso, lo cierto es que debe entenderse que tales son los que habían de ser aquí demostrados de necesidad, comoquiera que la constatada presencia de alguno de ellos es lo que estructuraría la precisa causal al efecto invocada, de suerte que sin satisfacer esa carga procesal mal puede ser despachada en forma favorable la pretensión anulativa del fallo proferido por el ad quem, merced a que “[e]n general, por fuerza mayor o caso fortuito debe entenderse “el imprevisto que no es posible resistir, como el naufragio, el terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercido por un funcionario público, etc.” (Art. 1° Ley 95 de 1890); es claro que estos hechos o actos, u otros semejantes, que enuncia el legislador, requiere que sean imprevisibles o irresistibles, significando lo primero, un acontecer intempestivo, excepcional o sorpresivo; y lo segundo, imposible, fatal, inevitable de superar en sus consecuencias” (CSJ SC, 2 dic. 1987, G.J. t. CLXXXVIII, pág. 332).

Y, en esa misma decisión, refiriéndose la Corporación a esta especie de asuntos, destacó que:

[L]a fuerza mayor o el caso fortuito implican una verdadera imposibilidad de aducirlos; y no una simple dificultad, así ella se manifieste grande (CLXI, pág. 156). Y en lo atinente a que no hubiera sido posible allegarlo por maniobras del contrincante, tal requisito requiere de dos presupuestos: la presencia del documento que hubiera podido servir en manos o bajo el de medio de prueba dominio de la parte contraria durante o antes de la tramitación del proceso revisado, y la participación de dicha parte en la retención de dicha prueba. Desde luego, corresponde al recurrente la carga probatoria tendiente a demostrar que fue caso fortuito o fuerza mayor o conducta de su adversario lo que le impidió aducir al proceso esta especie de prueba, pues si no empieza por probar estos extremos, inexorablemente el recurso interpuesto está llamado al fracaso (se resaltó).

3.1.2. De ahí que en el particular asunto es ostensible que la revisionista, contrario sensu a lo que era de esperar, no acreditó cuál de los mencionados eventos tuvo la virtud de configurarse para impedirle aportar los “nóveles” documentos aludidos (mismos que, valga decirlo, fueron decretados por el juzgado de conocimiento, por auto de 7 de octubre de 2009, mediante el cual abrió a pruebas el asunto sub examine), con los que, en consecuencia, conforme así afirma, se imponía la prosperidad de la pretensión dirigida al reconocimiento de perjuicios que instó, pues el escenario litigioso quedó yermo de toda acreditación en tal respecto.

Muestra evidente de la precedente afirmación es que conforme a las pruebas decretadas en este asunto, es decir, tanto de la deposición vertida por la recurrente (fls. 91 a 96), como de las contestaciones a los oficios remitidos a las Fundaciones Cardio Infantil (fl. 108) y Santafé (fls. 101 y 103), o a la Fiscalía General de la Nación (fol. 110), no se desprende en manera alguna la razón por la cual aquella supuestamente estuvo impedida para acceder e incorporar como acreditaciones al sub judice ya la historia clínica de su hermano ora el fallo de tutela emitido el día 26 de junio de 2007, y menos aún se demostró qué hechos atribuibles a la parte contraria, a caso fortuito o a fuerza mayor, supusieron el impedimento de aportarlos tempestivamente.

Lo cierto es que, al menos en punto de la “historia clínica” de Héctor Orlando Castañeda Medina deprecada a la Fundación Cardio Infantil, toda la argumentación elevada al respecto por la impugnante se desestructura de suyo, en tanto que la misma sí fue arrimada al sub lite según ello se observa en folios 127 a 434 del expediente remitido, de donde emerge que, por sustracción de materia, no tiene asidero alguno la manifestación de que tal documentación se “encontr[ó] después de pronunciada la sentencia”, en tanto que ni más ni menos ella ya reposaba dentro del plenario.

Asimismo, atañedero con la historia clínica pedida a la Fundación Santafé o a la sentencia de tutela atrás mentada, cabe señalar que la impugnante tuvo a mano mecanismos legales que abandonó y con los cuales bien podía haberse procurado, en oportunidad, el recaudo de los referidos documentos, esto es, en primer lugar, pudo impugnar el proveído de 15 de junio de 2010 (fl. 482, ídem), a través del cual se clausuró el período probatorio y se corrió traslado común para alegar de conclusión en el juicio ordinario de cuya revisión de la sentencia de segundo grado se ocupa ahora la Corte, y ello en aras de poner de presente que esas demostraciones no se habían recaudado. Y, en segundo término, ante la segunda instancia, sustentándose en el canon 361 de la ley civil adjetiva, hubiera sido del caso instar la práctica de tales pruebas, argumentado para lo propio, por vía de ejemplo, con base en sus numerales 2º o 5º; empero, ello tampoco lo hizo.

Con todo y al margen de lo anterior, cabe señalar que la opugnante sí sabía dónde estaba la decisión constitucional emitida por el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogotá, en segundo grado, el 26 de junio de 2007, ya que así lo dejó patente en el memorial que al efecto radicó el día 18 de marzo de 2010 (fl. 461, ídem), habida cuenta que en él adujo que “respetuosamente allego a su despacho la copia informal de l[a] sentencia en la tutela 2007-0619 de Ximena Elizabeth Castañeda de Molina contra Famisanar proferida por el Juzgado 42 Civil del Circuito de Bogotá D.C. la cual también se anex[ó] con la demanda original dentro del proceso de la referencia. Como quiera [sic] que el despacho en el auto que abrió a pruebas decreta que acosta [sic] del demandante se allegue la mencionada sentencia empero como esa acción de tutela est[á] ya archivada en Archivo Central según me informaron en este juzgado de conocimiento, entonces una forma expedita de allegar la sentencia de la tutela es aportando la copia que tengo en los archivos de mi oficina” (reliévase), lo cual comporta el inmediato decaimiento de los pilares en que fundó su causal.

Recuérdese que, como adujo esta Sala en CSJ SC9722-2015, 18 ago. 2015, rad. 2011-01413-00, “la causal primera contiene una oportunidad preclusiva prevista por el legislador, cuando autoriza la acción de revisión al “[h]aberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos (…)”, todo lo cual traduce que si esa clase de pruebas aparecen antes de esa etapa procesal, no procede el recurso, porque incumbe a la parte interesada aportarlas en su oportunidad por virtud del principio de la carga de la prueba” (denótase).

3.1.3. Se desprende de lo anterior, que la falta de aportación de la referida documental no se debió a la actividad de Famisanar Limitada, ni a la presencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito que le hubieran impedido a Ximena Elizabeth Castañeda de Molina incorporarlos al expediente, sino a la ausencia de diligencia y esmero de esta, por lo que dicha conducta constituye evidencia de su pasividad y pigricia en la defensa de sus derechos e intereses, pues a pesar de las expeditas e indiscutibles oportunidades y términos que tuvo en el proceso de ordinario de responsabilidad para allí aportarlos, los dejó transcurrir con pasmosa indiferencia, comportamiento al cual, por supuesto, son atribuibles los resultados adversos que otrora obtuvo y que ahora también aquí conseguirá.

3.1.4. Desde luego, como ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporación, verbigracia, en CSJ SC, 22 sep. 1999, rad. 6946, lo cierto es que:

[N]o basta con que se haya encontrado los documentos a ultranza, si el recurrente no demuestra que “no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”; es él quien debe asumir la carga probatoria de que se presentó alguna de estas circunstancias; de allí que la causal de revisión tampoco puede alcanzar éxito si, por el contrario, ellos no se adujeron por falta de diligencia del interesado o por no averiguar dónde reposaban, o porque no se aprovecharon debidamente las oportunidades probatorias propias de las instancias. Dicho en otras palabras, debe constatarse, por fuera de cualquier género de duda, que para el litigante perjudicado no fue posible aportar oportunamente los documentos que trae a propósito de la impugnación, no obstante haber agotado con la debida diligencia todos los medios a su alcance; no basta, por lo tanto, que se le haya presentado una dificultad, por grave que ésta pueda ser, siendo superable de algún modo (reliévase).

3.2. Ahora bien, en punto de la causal del numeral sexto (6°) formulada, innegable resulta que las circunstancias expuestas por la revisionista como contingentemente generadoras de la colusión solamente quedaron en palabras que ni siquiera tuvieron algún destinatario, esto es, ella no intentó atribuir esa conducta a Famisanar Limitada o a alguien más, en cuanto que sobre el particular meramente sostuvo que las pruebas documentales de marras “extrañamente desaparecieron del expediente”; sin embargo, no especuló en modo ninguno acerca de a quién podría atribuirse esa eventual disipación.

Es decir, expresado de otro modo, “la causal alegada no encuentra respaldo probatorio para su configuración, dado que los medios de convicción que se practicaron en la actuación no dan cuenta de algún tipo de conducta imputable al demandado que pueda calificarse como artimaña o maniobra fraudulenta. Es más, ni siquiera en la exposición de los hechos que se hizo en el libelo inicial, se explicó en qué consistió el supuesto engaño” (CSJ SC, 10 sep. 2013, rad. 2011-00949-00), máxime cuando mal se puede dejar de lado que en desarrollo de la presunción de licitud y buena fe en el comportamiento de las personas -incluso las jurídicas-, la causal de revisión que se funda en las maniobras dolosas en el proceso mal puede salir avante sin ningún tipo de sustento demostrativo.

No se pierda de vista que para que este fenómeno se produzca se hace menester la presencia de voluntad claramente dirigida a ocasionar un daño, lo que acá no se evidencia ni se pone de manifiesto, mucho más si se repara en que, en gracia de discusión, fácilmente surge que de haberse producido en el asunto sub judice la maniobra fraudulenta en pos del ocultamiento apuntado, que no lo hubo, tal hubiera sido fácilmente superada con la simple aportación de los documentos que se echan de menos por la impugnante, en cualesquiera de las etapas procesales en que legalmente ello podía materializarse; no obstante surge que, como atrás quedó anotado, ella no fue proactiva a fin de lograr ese cometido procesal.

Además, valga apuntarlo, no es posible traer como soporte del recurso extraordinario unos hechos que no tienen la relación que es menester con la causal que se alegó, como para el particular asunto puede ser la supuesta indebida valoración del interrogatorio de la revisionista o del testimonio de su hermano, ni mucho menos pretender con base en ellos que se realice un nuevo análisis de la cuestión probatoria para decidir otra vez una controversia que quedó concluyentemente resuelta en las instancias.

Luego, no tiene razón la censora al insistir que sí estaba legitimada en la causa por activa por conducto de haber pagado unas cuentas derivadas de la atención médica que se le brindó a su hermano, tópico que presuntamente se desprende de los documentos que dijo haber sido “extrañamente desaparecidos”, mediante la interposición de un recurso que —como quedó explicado— es eminentemente extraordinario y restrictivo, y que no sirve por ende para retomar el debate judicial ya definido; de lo que aquí se trata, a no dudarlo, es lograr demostrar la configuración de las causales a fin de hacer operar estas, habida cuenta que, recuérdese, para valerse de la consecuencia jurídica de una regla legal, primero ha de verificarse la ocurrencia del supuesto de hecho que ella encierra en aras de poder aplicarla.

Tales circunstancias tornan improcedente el presente recurso, porque al omitirse el sustento que se precisa para aniquilar y dejar sin efecto la providencia proferida dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil bajo análisis, se sustrae de su fuente la configuración de la causal sexta (6ª) invocada, en tanto que obrar a contragolpe de ese entendido sencillamente significaría abrir la compuerta para que por esta vía se exigiera un nuevo examen o una reconsideración libre y sin limitaciones de las pruebas como si simplemente se tratara de una instancia más del debate procesal, comoquiera que en últimas el reproche elevado por la revisionista, más bien, según se extrae de la manera en que fue construido, se contrae a dar su propia percepción de cómo debió valorarse el haz de prueba y fallarse el asunto litigioso puesto a consideración de la jurisdicción, mas no a desnudar colusión o treta que impusiera soslayar las presunciones de acierto y legalidad de que se reviste la sentencia que en el particular asunto hizo tránsito a cosa juzgada.

En suma, no fueron acopiados elementos de persuasión en procura de establecer que el extremo opositor, a sabiendas, hubiese efectuado ocultamientos con el propósito de perjudicar a la impugnante, aparte que hubiera obrado de modo malintencionado con una indisimulada actitud orientada a lacerar sus intereses.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión objeto del presente pronunciamiento.

2. Costas y perjuicios a cargo de la parte recurrente. Estos se liquidarán por el trámite previsto en el artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, y aquellas serán tasadas por la secretaría de esta corporación, para lo cual se incluirán como agencias en derecho la suma de tres millones de pesos ($3.000.000), en virtud de haber existido oposición.

3. Comunicar esta decisión a la aseguradora para los efectos de su incumbencia. Ofíciese en tal sentido.

4. Devolver, cumplido lo anterior, el expediente al juzgado de origen, junto con copia de esta providencia. Una vez ello, archívese lo actuado.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo, presidente de Sala, Impedimento—Margarita Cabello Blanco—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.