Sentencia SC 17724-2016/2013-01750 de Diciembre 7 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC17724-2016

Rad. 11001 02 03 000 2013 01750 00

(Aprobado en sesión de doce de octubre dos mil dieciséis)

Magistrada Ponente

Dra. MARGARITA CABELLO BLANCO

Bogotá D.C., siete de diciembre de dos mil dieciséis

Se decide la solicitud de exequátur formulada por la señora Maribel Behrens, respecto de la sentencia de adopción proferida el 15 de junio de 2012, por el Tribunal de Primera Instancia de Bremervorde (República Federal de Alemania).

Extractos «CONSIDERACIONES

1. En línea de principio, en el territorio patrio, sólo las decisiones emitidas por los jueces nacionales o las de los particulares facultados expresamente para ello, producen efectos; por tanto, bajo esa perspectiva, las sentencias de funcionarios extranjeros no podrán hacerse cumplir en el país, habida cuenta que resultaría afectada la soberanía del Estado.

No obstante, por diferentes circunstancias, se ha validado que esos fallos tengan plena aplicación en Colombia, siempre y cuando se sometan al cumplimiento de un mínimo de requisitos, a más de necesitar la autorización que expide la Corte Suprema de Justicia a través del trámite del exequátur.

2. El artículo 693 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, regulan esa posibilidad, al ordenar el primero de ellos que “Las sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia”.

De acuerdo con la norma trascrita, para que produzcan eficacia las providencias y/o sentencias extranjeras en nuestro ordenamiento es menester que, primeramente, el país de donde proviene la decisión objeto de validación, le brinde a las de los jueces nacionales similar tratamiento, ya sea como consecuencia de tratados bilaterales o multilaterales celebrados; o, en defecto de los mismos, por la existencia de reciprocidad legislativa.

Dicha directriz, en variadas ocasiones, ha sido precisada por la Corte en los siguientes términos:

“[…] en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrado Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia […]” (G. J. t. LXXX, pág. 464, CLI, pág. 69, CLVIII, pág. 78 y CLXXVI, pág. 309, reiterada en CSJ SC6143-2014, Rad. 2013-01441-00).

Por su parte, el canon 694 ibídem consagra requerimientos, tanto de forma, que atañen a la correcta incorporación al proceso de la decisión extranjera, la debida autenticación, traducción, legalización y ejecutoria de la misma; como de fondo, los cuales involucran aspectos relacionados con el contenido de la determinación, en la medida en que no pueden contradecir disposiciones de orden público interno, ni comprender asuntos que comprometan derechos reales sobre bienes que se hallen en el país, ni extenderse a conflictos de competencia exclusiva de las autoridades colombianas, como tampoco aquellos sometidos a proceso que se hallen en trámite o con sentencia en firme.

3. En el expediente contentivo de la petición de exequátur se tiene acreditado lo siguiente:

a) Registro Civil de Nacimiento de Maribel Betancur Moscoso del 27 de noviembre de 1979 en la ciudad de Cali (Colombia) y registrada únicamente por su madre Luz Marina Betancur Moscoso (fl. 2).

b) Sentencia del 15 de junio de 2012, emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Bremervorde - Alemania, que declaró “en conformidad al artículo 1754, párrafo 1º, la adoptada adquiere los derechos de una hija legítima común del adoptante y de su esposa. La adoptada mantendrá el apellido Behrens, ya que acepto (sic), como si fuese su apellido de nacimiento” (fls. 12 a 15).

c) La Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores mencionó que:

“[…] se constató que entre la República de Colombia y la República Federal de Alemania no existe Convenio sobre Ejecución de Sentencias Judiciales. Sin embargo, para los dos países se encuentra vigente el Convenio Relativo a la Protección de los Niños y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, suscrito en La Haya, el 29 de mayo de 1993. El mencionado instrumento fue aprobado por la República de Colombia mediante Ley 265 de 25 de enero de 1996 y entró en vigor para el Estado colombiano en fecha 1º de noviembre de 1998” (fl. 75).

d) Copias autenticadas y traducidas de la normativa del Código Civil alemán, en lo referente a los temas de familia en ese país (fls. 88 a 108).

e) El tratado relativo a la “Protección de los Niños y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional” celebrado en la Haya el 29 de mayo de 1993, el cual fue suscrito y aprobado por el Estado colombiano mediante la Ley 265 de 1996, y rigió en Alemania desde el 1º de marzo de 2002 (fls. 131 - 159).

f) Ley sobre los Asuntos de la Jurisdicción Alemana, que permite el reconocimiento de sentencias extranjeras, expedida en Bonn el 9 de noviembre de 2001 (fls. 196 a 213).

4. Analizado lo anteriormente reseñado, advierte la Sala que entre la demanda de exequatur y la providencia que se pretende homologar existe una contradicción que es necesaria dilucidar, pues si bien, del libelo introductorio se extrae que lo que se pretende ratificar es la adopción de Maribel Behrens desde el 15 de junio de 1996, lo cierto es, que el fallo que realmente contiene la aprobación que se reclama data del 15 de junio de 2012 (ver fls. 12 a 15) y no de aquella fecha, máxime cuando así refulge del texto de la sentencia mencionada, toda vez que allí destaca que es la autoridad competente “objetiva y localmente para decidir sobre la adopción”; por lo tanto, será esta calenda a partir de la cual se abordará el estudio de este trámite.

5. En el presente asunto se observa, que no existe reciprocidad diplomática entre los dos Estados, debido a que, por un lado, si bien ambos suscribieron el acuerdo internacional sobre “Protección de los Niños y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional”, éste se refiere a lo largo de toda su normativa, solamente a aquellos, esto es, a los “niños”, circunstancia que no se cumple en el caso analizado, por cuanto que la solicitante, quien es la adoptada, al momento de emitirse la sentencia extranjera (15 de junio de 2012), era mayor de edad, pues ya tenía 32 años.

La Corte en un asunto de la misma naturaleza, puntualizó que:

“[…] ese protocolo precisa que el mismo se dejará de aplicar “si no se han otorgado las aceptaciones a las que se refiere el artículo 17, apartado c), antes de que el niño alcance la edad de dieciocho años”, artículo que a su vez refiere que “en el Estado de origen sólo se podrá confiar el niño a los futuros padres adoptivos si: c) Las autoridades centrales de ambos Estados están de acuerdo en que se siga el procedimiento de adopción…” (énfasis agregado).

Cotejado el articulado con los hechos propios que rodearon la adopción de marras, se advierte que estos últimos no encuadran dentro del ámbito de aplicación del aludido pacto, porque [XXX], una de las amparadas, ya había adquirido su mayoría de edad para la época del fallo extranjero; las dos adoptadas se encontraban en Italia desde antes del trámite y fallo respectivos; su viaje allí respondió a circunstancias diferentes a la adopción propiamente dicha; el adoptante, previo a adquirir esa condición, convivió y formalizó vínculo matrimonial con la progenitora de las prohijadas; y no tuvo participación alguna la autoridad central de uno y otro país” (CSJ STC 29 de Sept. 2010. Rad. 2008-01649-00 - Resaltado fuera del texto).

Por otro, el numeral 1º del artículo 2º del Convenio resalta que:

“cuando un niño con residencia habitual en un Estado contratante (“el Estado de origen”) ha sido, es o va a ser desplazado a otro estado contratante (“el Estado de recepción”), bien después de su adopción en el Estado de origen por cónyuges o por una persona con residencia habitual en el Estado de recepción, bien con la finalidad de realizar tal adopción en el Estado de recepción o en el Estado de origen”.

Dicho precepto no es aplicable al proceso en cuestión, porque de la información que reposa en el expediente, se observa que el desplazamiento de la solicitante de Colombia a Alemania, no se realizó con el fin de llevar a cabo la “adopción” conforme con los términos del Convenio multilateral. En este orden, la providencia extranjera señaló que Maribel Behrens (demandante) convive con el adoptante “desde el verano de 1994”, circunstancia que, en lo absoluto busca la aplicación del mencionado Acuerdo, ya que alude estrictamente a que el traslado de la menor a otro país, se dio como consecuencia de que su madre biológica había contraído nupcias meses atrás con el señor Klaus Friederich Werner Behrens (adoptante) en Colombia.

La Sala mencionó en un caso de similares contornos que:

“No obstante, relativamente a la naturaleza de la adopción decretada, el convenio no es aplicable al caso, porque como se informa en las diligencias, el desplazamiento de la menor adoptada del Estado de origen y los procedimientos observados se realizaron al margen de la normatividad internacional. Baste señalar, en efecto, que su traslado al Estado de recepción, no tuvo como mira realizar la adopción propiamente dicha, al punto que ni siquiera participaron las Autoridades Administrativas Centrales de uno u otro país, referidas en el convenio, por el contrario, su permanencia allí obedeció a circunstancias diferentes, como que el padre adoptante, antes que serlo, contrajo matrimonio con la madre biológica, quienes desde entonces y por ese motivo todos viven en los Estados Unidos de América […]” (CSJ STC 28 Sept. 2010 Rad. 2004-00097-00).

6. Sin embargo y en consonancia con lo anterior, aparecen documentos (ley sobre los asuntos de la jurisdicción voluntaria) en temas de “adopción”, que reconocen la fuerza de los fallos extranjeros en Alemania, expresando que las providencias foráneas no pueden ser reconocidas:

“1. cuando los juzgados del otro Estado no son competentes de acuerdo con la ley alemana;

2. cuando una persona interesada que no ha opinado sobre el asunto y se remite a ello, no le ha sido remitido debidamente el auto de iniciación del proceso o cuando no lo ha recibido con la suficiente anterioridad para hacer valer sus derechos;

3. cuando la sentencia es incompatible con una decisión extranjera anterior decretada o por reconocer aquí o cuando el procedimiento en que se basa dicha decisión es incompatible con un procedimiento que haya estado subjúdice aquí anteriormente;

4. Cuando el reconocimiento de la sentencia lleva a un resultado que de modo evidente es incompatible con principios esenciales de la ley alemana, especialmente cuando el reconocimiento es incompatible con los derechos fundamentales” (fls. 196 a 213).

Dado que ninguna de las anteriores circunstancias se vislumbran dentro la normativa analizada, la existencia de la reciprocidad legislativa se encuentra acreditada.

7. Por otra parte, el artículo 694 del C. de P. C exige: i) que la “sentencia” proferida en país extranjero se halle en copia auténtica; ii) que esté debidamente legalizada de acuerdo con la normativa colombiana, incluyendo, dado el caso, “su traducción en legal forma”, requisitos que se encuentran cumplidos habida cuenta que en el expediente aparece copia de la providencia en idioma castellano y legalizada (fls. 12 a 15 - arts. 259 y 188 C. de P.C.); y, iii) que aparezca la constancia de haber adquirido ejecutoria, contrario a lo mencionado por la Procuradora para Asuntos Civiles, “en cuanto a que no se acredita el cabal cumplimiento del artículo 694-3 del C.P.C”, la prueba de la firmeza de la providencia del juez alemán se constata de la lectura de dicha disposición judicial, debido a que advirtió que “[…] La decisión es firme. No es posible ya presentar recursos legales” (fl. 15 - Resaltado por fuera del texto).

Tampoco, la determinación emitida por el funcionario foráneo trasgrede principios o leyes de orden público de la Nación; el caso no es competencia exclusiva de los togados nacionales, ni se conoce que haya sido adelantado o curse proceso por la misma causa en nuestro País, menos refiere a derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio patrio.

8. En el sistema jurídico colombiano se admite “la adopción” de mayores de edad, causa que, a la postre, fue la que se dio en este caso y en ese orden “la adopción” resulta viable, pues como se dijo, el artículo 69 de la Ley 1098 de 2006, autoriza este procedimiento siempre y cuando “el adoptante hubiere tenido a su cuidado personal y haber convivido bajo el mismo techo con él, por lo menos dos años antes de que este cumpliera los dieciocho (18) años”, ahora bien, itérase, la solicitante convive con el adoptante desde 1994 en territorio alemán, teniendo en aquel momento 14 años de edad, superando así holgadamente el tiempo mínimo exigido por la ley patria.

9. Con base en lo anterior y por hallarse reunidos todos los presupuestos legales es procedente otorgar efecto jurídico a la mencionada determinación de “adopción”, como en casos anteriores lo ha dispuesto la Sala, y ordenar su inscripción en el respectivo registro del estado civil.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. Conceder el exequátur al fallo proferido el 15 de junio de 2012, por el Tribunal de Primera Instancia de Bremervorde (República Federal de Alemania), a través del cual se decretó la adopción de Maribel Behrens.

2. Inscribir esta decisión, junto con la providencia reconocida, tanto en el folio correspondiente al registro civil de la señora Maribel Behrens, para los efectos previstos en los artículos 6º, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con el artículo 13 del Decreto 1873 de 1971.

3. Librar, por Secretaría, las comunicaciones pertinentes.

4. No Condenar en costas en la actuación.

Notifíquese»