Sentencia SC18030-2016 de diciembre 12 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL,

SC18030-2016

Radicación: 11001-02-03-000-2012-00060-00.

Magistrado Ponente:

Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo

(Aprobada en sesión de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis).

Bogotá, D.C., doce de diciembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La presente decisión se sujetará al Código de Procedimiento Civil, por ser la norma vigente al momento de la solicitud de reconocimiento, esto es, el 17 de enero de 2012 (fl. 42).

Si bien el 1º de enero de 2016 entró en vigencia el Código General del Proceso, lo cierto es que los artículos 624 y 625 numeral 5º ibídem consagraron como regla general que las actuaciones en curso deben culminarse de acuerdo con la normatividad aplicable al momento de su iniciación, regla que es aplicable a la homologación.

Así lo ha recocido esta corporación:

Quiere decir que al no existir una referencia concreta al exequátur en la norma referida —numeral 6º del artículo 625—, queda comprendido dentro de la última regla transcrita, por lo que se tendrán en cuenta las normas que establecía el Código de Procedimiento Civil, por ser las aplicables al momento en que se inició (CSJ SC8655, jun. 29/2016, rad. 2015-01712-00).

Tal conclusión es armónica con la naturaleza de este procedimiento, ya que es similar al de algunos trámites incidentales, los cuales, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, subrogado por el artículo 624 del Código General del Proceso, «se regirán por las leyes vigentes cuando… se promovieron».

2. La homologación es un trámite jurisdiccional que busca otorgar, a una sentencia proveniente del exterior, efectos equivalentes a los de una local, en virtud del principio de colaboración armónica entre los estados, derivado de las necesidades connaturales de una sociedad globalizada, con un alto tránsito de personas y capital entre las fronteras territoriales.

En este caso, la administración de justicia deja de estar en manos de los jueces nacionales, para admitir que lo resuelto por falladores foráneos tenga pleno valor en el país, a condición que se cumplan las formalidades fijadas en la regulación, las cuales no pretenden un reexamen de la relación jurídica sustancial, sino una verificación de ciertos aspectos extrínsecos al proveído(1), tales como la reciprocidad diplomática, la competencia del juzgador, la salvaguardia del orden público interno, la tutela de los derechos de defensa y contradicción, y el cumplimiento de la legalización y autenticación que es exigible a todos los documentos extranjeros(2).

En Colombia, los artículos 693 y 694 del Código de Procedimiento Civil consagran los referidos requerimientos, en los siguientes términos:

(i) Entre Colombia y el país de procedencia es menester que exista reciprocidad diplomática o legislativa, con el objeto que las decisiones nacionales puedan ser objeto de homologación en este último, y a la inversa. Significa que entre los estados debe existir un compromiso de reconocer los proveídos emitidos en el otro, lo cual podrá estar contenido en tratados internacionales o en los ordenamientos jurídicos nacionales(3);

(ii) La providencia debe tener el carácter de sentencia judicial y ser emitida en un proceso contencioso o de jurisdicción voluntaria, so pena que deba rechazarse el trámite(4);

(iii) El asunto del cual se ocupa el fallo no puede referirse a derechos reales sobre bienes ubicados en territorio colombiano, pues en este caso se debe aplicar el principio de territorialidad(5);

(iv) La resolución debe estar en armonía con las normas de orden público sustancial patrias, esto es, los principios que disciplinan las diferentes instituciones jurídicas y en cuyo respeto está interesado el estado.

La jurisprudencia ha definido el orden público como «los principios esenciales del Estado»(6) o «los principios fundamentales en que se inspira el ordenamiento jurídico nacional»(7), esto es, «los principios y valores fundamentales del sistema u ordenamiento jurídico, su noción atañe al núcleo central, medular, básico, cardinal, primario e inmanente de intereses vitales para la persona, la existencia, preservación, armonía y progreso de la sociedad»(8).

(v) El proveído a reconocer debe estar ejecutoriado, en orden a garantizar que sea inmodificable e intangible según la ley del país de origen, para lo cual deberá acreditarse que frente a lo decidido no proceden recursos, que los mismos ya se agotaron, que precluyó la oportunidad para interponerlos, o que no puede acudirse a otros instrumentos judiciales para controvertir lo resuelto(9);

(vi) Copias de la sentencia y de la constancia de ejecutoria deben estar debidamente autenticadas y legalizadas, con el objeto que pueda certificarse la calidad del funcionario que suscribe el documento público, para lo cual deberá acudirse a la legalización ante consulado o a la apostilla, según el caso(10);

(vii) La competencia para conocer de la materia no puede estar radicada exclusivamente en cabeza de los jueces colombianos, como cuando existen inmunidades o deban aplicarse los estatutos personal o real según las reglas del derecho internacional privado;

(viii) Es imperativo observar los principios de cosa juzgada y non bis in idem, por lo que se excluye la homologación de decisiones que se refieran a asuntos sobre los cuales haya un pronunciamiento local o que el proceso se encuentre en curso; y

(ix) Deberá acreditarse que en el trámite adelantado en el otro país se respetó el debido proceso, en particular, las garantías de debida noticia y contradicción.

Lo expuesto, claro está, sin perjuicio de los tratados internacionales suscritos por Colombia y que sean aplicables al caso, los cuales pueden consagrar requisitos adicionales o diferentes.

3. En el caso sub examine encuentra la Corte que deberá autorizarse al reconocimiento que fue solicitado, en tanto se satisfacen las condiciones antes anunciadas, como se explicará a renglón seguido.

3.1. Reciprocidad.

Según el oficio DIAJI.GTAJI 70607 del Ministerio de Relaciones Exteriores(11), entre la República de Colombia y el Reino de España se suscribió el «Convenio sobre Ejecución de Sentencias Civiles», en la ciudad de Madrid el 30 de mayo de 1908, el cual se halla en vigor desde el 16 de abril de 1909, en el cual se consagró:

ART. 1º—Las sentencias civiles pronunciadas por los tribunales comunes de una de las altas partes contratantes, serán ejecutadas en la otra siempre que reúnan los requisitos siguientes: Primero. Que sean definitivas y que estén ejecutoriadas como en derecho se necesitaría para ejecutarlas en el país en que se hayan dictado. Segundo. Que no se opongan a las leyes vigentes en el Estado en que se solicite su ejecución.

Así las cosas, entre estos países se estableció un sistema de cooperación diplomática que, previa la satisfacción de los requerimientos prescritos, permite que las sentencias proferidas en ambos países pueden ser reconocidas en su homólogo, por lo que se satisfecha de la primera de las condiciones para el exequatur.

3.2. Decisión a homologar.

El pronunciamiento intitulado «Auto 243/10»(12) fue proferido por el Juzgado de Primera Instancia 008 de Gijón, y en el mismo se resolvió la solicitud realizada respecto a la adopción de la menor Ana Lucía González Rincón.

Dadas estas características, es posible concluir que se trata de una providencia que tiene carácter equivalente a una sentencia judicial emitida en un proceso de jurisdicción voluntaria, pues el funcionario judicial decidió una petición con efectos definitivos para los interesados.

Esto en desarrollo del artículo 1831 del Real Decreto de 3 de febrero de 1881 o ley de enjuiciamiento civil(13), el cual establece que la adopción se concederá a través de «auto» y sólo cuando haya controversia frente a la misma se sustanciará «…por los trámites del juicio declarativo ordinario que corresponda…», sin que en ninguno de los eventos pierda su naturaleza jurisdiccional.

3.3. Asunto materia de decisión.

El proveído de 8 de junio de 2010 se refiere exclusivamente a la adopción de la infante, así como sus efectos, sin referirse derecho real alguno, menos aún, sobre bienes ubicados en la República de Colombia.

3.4. Ausencia de afectación al orden público patrio.

En materia de adopciones la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, consagró unos principios básicos, que se encuentran satisfechos en la providencia a homologar, a saber:

(i) La adopción tiene que ser irrevocable (art. 61 ibíd.), como en efecto sucede en el Reino de España (C.C., art. 180)(14);

(ii) Los menores tienen que haber sido declarados en situación de adoptabilidad o sus padres deben consentir en la adopción (arts. 63 y 66, ibíd.), lo que precisamente sucedió en el caso de la Ana Lucía González Rincón, pues su madre, única titular de la patria potestad, asintió en el trámite. Esto se advierte expresamente en la sentencia, a saber: «[c]itad[a] ante este juzgado la madre biológica de Ana Lucía, compareció y se mostró conforme con la adopción solicitada…»(15).

Aunado a lo anterior, con ocasión de la manifestación efectuada por la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, se recabaron pruebas adicionales que dieron cuenta de la plena consciencia y orientación que la representante legal tuvo al momento de expresar su voluntad.

En efecto, la certificación de 13 de enero expedida por la secretaria judicial del Juzgado de Primera Instancia 008 de Gijón, señala que «…a diecinueve de mayo de dos mil diez… [s]iendo la hora señalada… comparece Don/Doña Alba Lucía Rincón Bustamante… y previo juramento manifiesta: que presta su asentimiento para la adopción de Ana Lucía González Rincón…»(16).

En el mismo sentido, la señora Rincón Bustamante, en declaración rendida el 2 de septiembre de 2013 ante el encargado de funciones consulares del Consulado de Colombia en Bilbao, en cumplimiento de la comisión ordenada por la Corte por auto de 30 de agosto de 2012, señaló bajo juramento, ante la pregunta formulada, «si en el procedimiento de adopción de su hija… manifestó de forma libre y consistente su consentimiento para que la menor fuera adoptada por su esposo Francisco Fernández González, en otras palabras, si tal beneplácito fue expresado sin que mediara coacción; y si fue otorgado después de recibir información y asesoría suficiente atinentes a las consecuencias psicosociales y jurídicas que conllevaría su decisión», que «[s]í [dio] el pleno consentimiento y previo a realizar el trámite [y que recibió] la orientación pertinente»(17).

Lo expuesto, pone en evidencia que la titular de la patria potestad expresó su aquiescencia libre de coacciones, después de recibir la información previa sobre las consecuencias psicosociales y jurídicas que comportaban el hecho de que su cónyuge adoptara a su hija, por consiguiente se tiene demostrado el cumplimiento a cabalidad del requisito extrañado por la mencionada representante del Ministerio Público.

Ciertamente se echa de menos el beneplácito del padre biológico, señor Jorge Luís González Rincón, situación explicable por cuanto, a través de sentencia de 24 de octubre de 2008 del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sincelejo, fue privado de la patria potestad, como se acredita con el respectivo fallo y la copia del registro civil de nacimiento de la infante(18), por lo que su voluntad no resulta relevante para estos fines.

Así lo ha reconocido la jurisprudencia vigente en la materia, al permitirse la homologación de sentencias de adopción siempre que se acredite el consentimiento del titular de la patria potestad, sin importar el de quien fue privado de ella(19).

(iii) Debe formarse un vínculo de padre a hijo, que extingue el previo, sin perjuicio de los derechos del progenitor que sea cónyuge o compañero permanente del adoptante (L. 1098(sic), art. 64). Esto precisamente fue lo que resolvió el juzgado de Gijón, quien afirmó que la menor «…ostentará los apellidos del padre adoptante y con todos los efectos dimanantes de la filiación adoptiva…»(20). Sin embargo, según el artículo 178 del Código Civil español, «[l]a adopción produce la extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia anterior», salvo «…cuando el adoptado sea hijo del cónyuge del adoptante…»(21).

(iv) Según el artículo 68 de la ley nacional, el adoptante deberá ser capaz, haber cumplido 25 años de edad, y tener 15 años más que el adoptable, así como garantizar idoneidad física, mental, moral y social. Requisitos similares fueron evaluados por el fallador español, quien consideró los posteriores aspectos:

El adoptante deberá tener veinticinco años cumplidos y ser, al menos, catorce años mayor que el adoptando… lo que resulta acreditado en el presente caso por la documental aportada.

(…).

Las actuaciones practicadas han llevado al juzgador a considerar que la adopción que se pretende de Ana Lucía es conveniente para sus intereses, por reunir el adoptante D Francisco las condiciones de idoneidad suficientes para convertirse en padre adoptivo de la misma, al resultar acreditada su solvencia moral y económica, estimando procedente constituir la adopción, convirtiendo a la adoptanda en hija de aquel, con todos los efectos y pronunciamientos inherentes a la nueva filiación(22).

(v) Participación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en orden a salvaguardar el interés superior del menor. Requisito que se entiende satisfecho, en el caso de Ana Lucía González Rincón, con la intervención del Ministerio Fiscal en el proceso, quien emitió informe «…mostrando conformidad con la adopción pretendida…»(23).

(vi) En adición de lo dicho, debe precisarse que la ley 1098 ciertamente envuelve exigencias de naturaleza sustancial y procedimental adicionales, las cuales pueden diferir de las reglas vigentes en el Reino de España, sin que por ello se desconozcan las normas de orden público nacionales, pues existe armonía en los principios fundamentales que subyacen al trámite de adopción, por lo que se entiende satisfecho este requisito.

3.5. Ejecutoria de la sentencia:

El Convenio 134 de 30 de mayo de 1908, suscrito por la República de Colombia y el Reino de España, dispuso que la ejecutoria «…se comprobará por un certificado expedido por el Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia…», hoy Subdirección General Adjunta de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia, sin que sea dable acudir a otro medio demostrativo(24).

En el caso bajo examen se tiene que, junto con la solicitud, se arrimó el certificado de la autoridad antes enunciada, en la cual se hace «…constar [que]… el Auto 243/10, de 8 de junio de 2010… por el que se aprueba y constituye la adopción de Ana Lucía González Rincón por parte de D. Francisco Fernández González, es firme al objeto de expedir el oportuno despacho para las correspondientes anotaciones en el Registro que proceda así como para que surta los efectos oportunos en Colombia…»(25), cumpliendo así a cabalidad con esta condición convencional.

3.6. Copias auténticas y legalizadas.

La señora Nieves Martínez Antuña, en calidad de secretaria judicial del Juzgador de Primera Instancia 8 de Gijón, dio «fe y testimonio» que el auto en homologación corresponde al dictado en el proceso de adopción(26), y aseveró que lo reproducido «concuerda bien y fielmente con el original»(27).

A su vez, su firma fue debidamente apostillada(28), conforme el artículo 3º de la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961, sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada en Colombia a través de la Ley 455 de 1998.

También consta la apostilla de la firma de Paula Mongé Royo(29), Subdirectora General de Cooperación Jurídica Internacional de España, quien emitió la constancia de ejecutoria mencionada en precedencia.

3.7. La competencia de los jueces nacionales:

En atención a que la menor Ana Lucía González Rincón es ciudadana española(30) y tiene su residencia en dicho país desde enero de 2006(31), los jueces españoles eran competentes para conocer de la adopción.

3.8. No afectación de la cosa juzgada y non bis in idem:

No existe evidencia que permita concluir que, sobre los mismos hechos y por las mismas partes, se hayan realizado o se estén adelantando procesos en el país.

La única actuación de la cual se tiene noticia es el proceso de pérdida de patria potestad del padre biológico de la infante, cuyo fallo está debidamente ejecutoriado y en firme(32).

3.9. Respeto a las garantías del debido proceso:

Al proceso de adopción fue vinculada la madre de la adoptable, quien pudo participar en la causa y manifestar su conformidad con la petición.

En adición, al trámite también se convocó a la menor de edad y se cuestionó sobre su consentimiento, como quedó consignado en el Auto 243/10: «[c]itados el adoptante y la adoptada comparecieron prestando su consentimiento a la adopción interesada»(33), garantía adicional para la protección de los derechos de la menor.

4. Con apoyo en lo discurrido, se tienen por acreditados los requisitos sustanciales y formales para acceder al exequátur suplicado, por lo que se procederá de conformidad.

Decisión

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrado justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE:

Primero. Conceder el exequátur a la providencia de 8 de junio de 2010, proferida por el Juzgado de Primera Instancia 008 de Gijón, Principado de Asturias, Reino de España, mediante la cual aprobó la adopción de la niña Ana Lucía Gonzáles Rincón por parte de Francisco Fernández González.

Segundo. Ordenar la inscripción de esta providencia, junto con la sentencia reconocida, para los efectos legales previstos en los artículos 6º, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970, 1º y 2º del Decreto 2158 de 1970 y 13 del decreto 1873 de 1971, en el folio correspondiente al registro civil de nacimiento de Ana Lucía González Rincón. Por secretaría líbrense las comunicaciones pertinentes.

Tercero. Disponer que en la publicación que de esta providencia haga la relatoría de la Sala, se guarde reserva de la identidad de los intervinientes.

Cuarto. Sin costas en la actuación.

Notifíquese y cúmplase.»

1 CSJ, SC10089, 25 de julio de 2016, radicación 2013-02702-00.

2 Lino Enrique Palacio, Manual de Derecho Procesal Civil, Lexis-Nexis y Abeledo-Perrot, Argentina, 2003, 17ª Ed., pág. 693.

3 CSJ SE, 18 de diciembre de 2009, radicación 2008-00315-00; 11 ene. 2011, radicación 2007-00499-00; 8 de noviembre de 2011, radicación 2009-00219-00; 19 de diciembre de 2012, radicación 2011-00579-00 y 21 de febrero de 2014, radicación 2008-01175-00.

4 Cfr. CSJ, AC5678, 31 de agosto de 2016, radicación 2016-00540-00.

5 CSJ, AC4909, 2 de agosto de 2016, radicación 2016-01537-00.

6 CSJ, SC10089, 25 de julio de 2016, radicación 2013-02702-00.

7 CSJ, SE, 27 de julio de 2011, radicación2007-01956-00.

8 CSJ, SE, 8 de noviembre de 2011, radicación 2009-00219-00.

9 CSJ, AC7288, 27 de octubre de 2016, radicación 2016-03016-00.

10 CSJ, AC7244, 25 de octubre de 2016, radicación 2016-02791-00.

11 Folios 80 al 83.

12 Folio 17.

13 Folio 180 reverso y 182 reverso.

14 Folio 181 reverso.

15 Folio 17.

16 Folios 98 y 99.

17 folios 164 a 168 y 170.

18 «30/12/2005. Mediante sentencia de fecha 24/10/2008 del juzgado 2º Promiscuo de Familia de Sincelejo, Sucre, se ordenó privar al señor Jorge Luís González González de derechos de patria potestad sobre la menor Ana Lucía González Rincón. Ejercerá los derechos de la patria potestad exclusivamente la madre…» (fl. 4 reverso).

19 STC3599, 26 de marzo de 2015, radicación 2015-00031-01; y SC6318 17 de mayo de 2016, radicación 2012-02724-00.

20 Folio 18.

21 Folio 181.

22 Folio 18.

23 Folio 17.

24 CSJ, AC744, 16 de febrero de 2016, radicación 11001-02-03-000-2015-02905 00; AC567, 9 de febrero de 2016, radicación 11001-02-03-000-2015-02242-00; AC3857, 8 de julio de 2015, radicación 11001-02-03-000-2015-02242-00; AC6498, 27 de septiembre de 2016, radicación 2016-02648-00.

25 Folio 21.

26 Folio 17.

27 Folio 19.

28 Folio 20.

29 Folio 21 reverso.

30 Folio 34.

31 En la Sentencia del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sincelejo, se indica que desde el 10 de enero de 2006 la menor fue trasladada a la ciudad de Gijón, providencia de Asturias de España (fls. 219 y 220).

32 Folio 221 reverso.

33 Folio 17.