Sentencia SC18031-2016 de diciembre 12 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC18031-2016

Radicación: 11001-02-03-000-2013-01021-00

Número de proceso: 11001-02-03-000-2013-01021-00

Magistrado Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil de Bogotá

Clase de actuación: Recurso de revisión

Tipo de providencia: Sentencia SC18031-2016

Decisión: Declara infundado recurso de revisión

(Aprobado en sesión de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis)

Bogotá, D.C., doce de diciembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

1. Lo primero que debe señalarse es que mediante auto de 26 de febrero de 2014 se dispuso vincular al trámite a los señores Ronald Egidio y Johann Smith Villamil Zubieta, herederos determinados de la señora Trinidad Zubieta López, quien fuera demandante en el proceso ejecutivo integrado a esta censura, así como también a los sucesores indeterminados. Los primeros acudieron al trámite a través de apoderado, manifestando que «se allanan a las pretensiones de la demanda y la totalidad de su contenido en la forma y términos en que se encuentra integrado el libelo introductorio». A los segundos se les designó curador ad litem (auto, ene. 21/2015) quien debidamente posesionado coadyuvó el libelo introductorio, por considerar que los hechos y pretensiones planteadas «están acordes con lo propuesto».

Conforme a lo anterior, encontrándose cumplidas las exigencias de los artículos 382 y 383 del estatuto procesal civil, al haberse integrado el litisconsorcio necesario en debida forma, lo que por demás infirma la manifestación que en contario sentido elevó el opositor, móvil por el cual, procede la Sala a pronunciarse de fondo en el sub júdice.

2. El recurso de revisión es una garantía procesal de justicia a través del cual puede reabrirse la cosa juzgada, por considerar que se está en presencia de situaciones relevantes y trascendentes que habilitan el rompimiento de la estructura de firmeza e inmutabilidad de una decisión judicial.

Referente a este mecanismo de impugnación de las providencias judiciales, expresa el profesor Antonio-Enrique Pérez Luño (en su libro LA SEGURIDAD JURÍDICA, Ariel derecho, segunda edición, pág. 118), que:

(…) opera como un instituto procesal del Estado de Derecho que tiende a conjugar y realizar simultáneamente los valores de la seguridad jurídica y la justicia. Cuando existe en el ethos social, en el ethos del juez o del funcionario la convicción de que una sentencia o resolución administrativa, firme, lo ha sido en función de circunstancias manifiestamente erróneas, incompletas, o de actitudes dolosas, se impone su revisión. Con ello, no solo se responde a exigencias de justicia, sino de seguridad jurídica. Porque ninguna seguridad puede asentarse sobre la arena movediza de lo que aparece falso para la conciencia social.

La clase de impugnación que ha motivado este trámite, por tanto, responde a unas características que lo distinguen de los restantes recursos ya ordinarios ora extraordinarios, en el sentido que su formulación procede siempre contra sentencias ejecutoriadas. En esa dirección, este remedio procesal destella como el mecanismo idóneo por excelencia para vulnerar o permear la firmeza de las determinaciones judiciales.

En reciente oportunidad, la Corte expuso que:

Por sabido se tiene que los fallos judiciales, una vez proferidos dentro de las formas propias de cada juicio, cuando, por disposición legal, no son susceptibles de recurso alguno o que admitiéndolos vencen los términos sin que se formulen por la parte interesada, devienen firmes y constituyen ley del proceso, dado que adquieren la categoría de cosa juzgada. Esa garantía constituye, sin duda, seguridad jurídica para todos los asociados y hace parte de la salvaguarda constitucional del debido proceso (art. 29); amén de estar regulada, expresamente, esa consecuencia en la normatividad procesal civil (art. 331).

Sin embargo, esa prerrogativa no emerge como un axioma o un concepto absoluto. Y no lo es, dado que, circunstancias de diferente índole existen, por lo general externas a los juicios, que tornan permeable la institución de la cosa juzgada; en otras palabras, la res judicata cede ante situaciones de tal trascendencia que, eventualmente, vulneran en forma abierta el ordenamiento jurídico de la nación alcanzando a trasgredir el orden público.

Bajo esa orientación, con el propósito de remediar semejante situación y, particularmente, con miras a resguardar los derechos de los sujetos procesales ante una vulneración grave y específica, fue establecido el recurso extraordinario de revisión, dirigido, entonces, a quebrar la firmeza de la decisión emitida cuando la misma resulta impregnada de tales vicios; empero, la procedencia del mismo, como extraordinario que es, está supeditado a los taxativos casos autorizados por el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil (CSJ SC jul. 31/2013, rad. 2010 01816 00, reiterada en SC10121-2014, ago. 4/2014, rad. 2011 02258 00).

3. De tales planteamiento surge, entonces, que no obstante el propósito de la firmeza de los fallos, que no es otro que brindarle a las partes y a la comunidad en general, la seguridad de que el caso ventilado en una determinada causa litigiosa, queda excluido de una nueva y futura contienda; sin embargo, existen eventos en que tal ejecutoria no implica, imprescindiblemente, un acatamiento irrestricto, en la medida en que la determinación cuestionada puede, eventualmente, devenir impregnada de vicios de tal magnitud que aconsejan, como ya se dijo, en aras de la garantía de justicia, revisar lo actuado y decidido. Bajo esa perspectiva, de ponderación entre el concepto de justicia y de seguridad jurídica, se procuró crear, de manera excepcional, una herramienta procesal que cumpliera ese cometido. Ahí, en esa situación, tuvo origen el presente recurso.

Alrededor del mismo tema, esta corporación ha expresado lo siguiente:

Algunas, en verdad, se califican de inicuas o contrarias a derecho, y para enmendar el daño que pudieren haber causado se ha establecido este remedio extraordinario que busca, en esencia, dejar sin efectos una sentencia en firme pero ganada injustamente, con el propósito de abrir de nuevo el juicio en que se pronunció y se falle con apego a la ley.

En estos eventos —ha referido la doctrina— “nada ofende en sí a la razón, que la ley admita la impugnación de la cosa juzgada; pues la autoridad misma de la cosa juzgada no es absoluta y necesaria, sino que se establece por consideraciones de utilidad y oportunidad; de tal suerte que esas mismas consideraciones pueden a veces aconsejar que sea sacrificada, para evitar la perturbación y el daño mayores que se producirían de conservarse una sentencia intolerablemente injusta” (Chiovenda, Giuseppe. Instituciones de derecho procesal civil. Volumen III. Madrid: 1940, pág. 406).

Mas el recurso que se analiza, precisamente por ser excepcional, requiere, al decir de la Corte, “de la colocación de precisos mojones delimitadores de su campo de acción para que esa naturaleza extraordinaria no se desvirtúe, con demérito de la inmutabilidad propia de las sentencias ejecutoriadas.

“Es por ello que la Corte, con especial empeño, ha destacado los aspectos que son vedados al recurso, y así, por ejemplo, ha dicho: “Este medio extraordinario de impugnación no franquea la puerta para tornar el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la vía normal para corregir los yerros jurídicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi.

“Como ya se dijo por la Corte, el recurso de revisión no se instituyó para que los litigantes remedien errores cometidos en el proceso en que se dictó la sentencia que se impugna. El recurso de revisión tiende derechamente a la entronización de la Justicia, al derecho de defensa claramente conculcado y al imperio de la cosa juzgada material. (Sent. sep. 16/83, jun. 30/88, entre otras)”. (Sent. nov. 24/92). (CSJ SC sep. 10/2013, rad. 2011-01713-00, reiterada en SC10121-2014, ago. 47/2014, rad. 2011 02258 00).

4. Propio de todo mecanismo de impugnación, en el caso del recurso de revisión, su procedencia, su formulación, trámite y definición del mismo, son aspectos que están supeditados al cumplimiento de un mínimo de formalidades o requisitos, amén de no poderse esgrimir ante cualquier hipótesis, pues, por mandato legal (CPC, art. 380), solo en aquellos eventos o causales en que la ley lo autoriza puede acudirse a sus beneficios y, por supuesto, una vez la parte lo aduzca, le corresponde asumir, irrestrictamente, la acreditación de los hechos que estructuran la queja formulada.

La Corte dejó sentado que:

(…) No obstante, es preciso resaltar que se trata, sin duda, de un mecanismo excepcional para cuya prosperidad deben cumplirse no solamente los supuestos de hecho que las citadas causales consagran, sino todas las cargas procesales establecidas en el ordenamiento jurídico. De ellas se destaca la presentación en tiempo del correspondiente recurso y, en su caso, la vinculación formal —también oportuna— de todas las personas que hicieron parte en el proceso en que se dictó la sentencia censurada, so pena de que la acción decaiga por caducidad (Sent. Cas. Civ. mayo 20/2011, exp. 2005-00289-00).

5. Atendiendo entonces, las características y naturaleza del medio extraordinario de impugnación, así como los objetivos del mismo, de suyo aparece que no resulta factible, en ningún evento, la posibilidad de que a través de su interposición se vuelva sobre los términos del debate y menos reabrir la evaluación del material probatorio allegado a lo largo de la confrontación, tampoco es dable discutir, nuevamente, los argumentos de una u otra parte. Bajo esa dirección, esta impugnación no constituye una oportunidad adicional para reformular los planteamientos realizados, menos está dirigida a mejorar la prueba aportada al litigio, pues ello implicaría habilitar una tercera instancia que la ley no le tiene reservada a esta censura.

De manera que, mediante el recurso de revisión, con miras a socavar los cimientos del fallo opugnado, sólo pueden estudiarse aquellas circunstancias que coincidentes con las causales previstas en los casos señalados expresamente por la normatividad vigente, resultan invocadas por el recurrente. De ahí deriva, sin equívoco alguno, que la relación procesal conformada en las respectivas instancias y las vicisitudes allí evaluadas, quedan cerradas o concluidas en este trámite.

6. Asimismo, debe precisarse, que conforme lo dispone el canon 381 ibíd., «cuando se invoque alguna de las causales consagradas en los numerales 1º, 6º, 8º y 9º del artículo precedente», el libelo contentivo del «recurso de revisión» debe presentarse «dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia».

Sobre el tema, la Corte consideró que:

Esos plazos fijados por el legislador son perentorios e improrrogables, y comportan preclusión de la oportunidad para formular esta excepcional impugnación; es decir, sobreviene forzoso el decaimiento de la facultad legal que tiene la parte para incoar la revisión. En otras palabras, se produce la caducidad, cuya existencia debe declarar el juez, aún de oficio, por disposición del artículo 383, numeral 4º, del actual estatuto procesal civil (CSJ CS, jul. 11/2013, rad. 2011-01067).

Atendiendo los anteriores presupuestos, la Sala advierte que como el promotor del recurso de revisión lo apuntaló en los motivos establecidos por el ordinal 1º del artículo 380 ejusdem, surge palmario que el término «de los dos años» para instaurar la demanda de carácter extraordinario iniciaba a partir de «la ejecutoria de la respectiva sentencia», esto es, del 16 de mayo de 2011, en tanto que la señalada carga la cumplió el pasado 6 de mayo de 2013, por lo que resulta evidente que lo fue en tiempo.

7. En el caso bajo análisis, como quedó reseñado, la parte recurrente invocó como motivo de revisión, la hipótesis fáctica contemplada en el numeral 1º del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, referente a: «haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria».

En este sentido el actor, concretó en los siguientes términos su reproche:

La sentencia cuestionada, proferida el 3 de mayo de 2011 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que revocó la de primer grado, dispuso «no seguir adelante la ejecución, por inoponibilidad del título ejecutivo contra el ejecutado», con fundamento en que la obligación a cargo del deudor «está contenida en el documento privado del 29 de mayo de 2000 […] que sí constituía título idóneo para impulsar su cobro coercitivo, pero que sin embargo, nosearrimódebidayoportunamenteporelejecutante»; empero, dicho instrumento, que fue el báculo del «proceso ejecutivo por obligación de suscribir documento» con radicado 2000-1085, que le adelantó al mismo demandado ante el Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogotá, D.C., «fue encontrado» posteriormente el 8 de abril de 2013, cuando constató que reposaba en dicho expediente, el cual no pudo allegar al trámite coactivo por fuerza mayor en virtud a que «NO tiene la calidad de abogado, razón por la cual mediante apoderado judicial […] formuló la demanda hipotecaria, sin que [dicho] profesional se hubiere percatado de aportar el original del documento aludido», y si bien el citado «documento privado» existía aun «desde el momento de entablarse la demanda ejecutiva con título hipotecario, […] desconocía dónde se encontraba el mismo, pues se le había manifestado [que] hacía parte del protocolo de la Notaría 21 de Bogotá, D.C.», pero con fundamento en lo señalado en la providencia acusada procedió a hacer la búsqueda y a solicitar su desglose (resaltado del texto).

8. De vieja data ha señalado la corporación, respecto de los motivos concretos para estructurarse dicha causal que haga viable la revisión de una sentencia, que resulta indispensable probar los siguientes elementos:

(a) que las pruebas documentales de que se trate hayan sido halladas ulteriormente al momento en que fue proferido el fallo, habida cuenta que “la prueba de eficacia en revisión y desde el punto de vista que se está tratando, debe tener existencia desde el momento mismo en que se entabla la acción […] de donde se sigue que no constituyendo esa pieza documental -bien por su contenido o por cualquier otra circunstancia- una auténtica e incontestable novedad frente al material probatorio recogido en el proceso, la predicada injusticia de esa resolución no puede vincularse causalmente con la ausencia del documento aparecido” (Sent. 237, jul. 1º/88); (b) que el alcance del valor persuasivo de tales probanzas habría transformado la decisión contenida en ese proveído, por cuanto “el documento nuevo, per se, debe ser decisivo y por tanto tener la suficiente fuerza como para determinar un cambio sustancial de la sentencia recurrida”; y, (c) que no pudieron aportarse tempestivamente, debido a fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria, razón por la que “no basta que la prueba exista para que la revisión sea viable, sino que es necesario para ello que haya sido imposible aducirla, o por un hecho independiente de las partes, o por un hecho doloso de la parte favorecida” (G.J. t. LI bis pág. 215), (CSJ, SC, mar. 1º/2011, rad. 2009-00068-00).

Asimismo, ha pregonado que:

[I]ncumbe al revisionista aducir y probar de modo paladino que los documentos hallados después de la sentencia no pudo incorporarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria, de suerte que sin satisfacer esa carga procesal no podrá ser despachada en forma favorable la pretensión anulativa del fallo proferido por el ad quem, merced a que “[e]n general, por fuerza mayor o caso fortuito debe entenderse ‘el imprevisto que no es posible resistir, como el naufragio, el terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercido por un funcionario público, etc.’ (L. 95/890, art. 1º); es claro que estos hechos o actos, u otros semejantes, que enuncia el legislador, requiere que sean imprevisibles o irresistibles, significando lo primero, un acontecer intempestivo, excepcional o sorpresivo; y lo segundo, imposible, fatal, inevitable de superar en sus consecuencias (Sent. de revisión, dic. 2/87, G.J. t. CLXXXVIII, pág. 332).

Y, en esa misma sentencia, refiriéndose la corporación a esta especie de asuntos, destacó que “la fuerza mayor o el caso fortuito implican una verdadera imposibilidad de aducirlos; y no una simple dificultad, así ella se manifieste grande (CLXI, pág. 156). Y en lo atinente a que no hubiera sido posible allegarlo por maniobras del contrincante, tal requisito requiere de dos presupuestos: la presencia del documento que hubiera podido servir de medio de prueba en manos o bajo el dominio de la parte contraria durante o antes de la tramitación del proceso revisado, y la participación de dicha parte en la retención de dicha prueba. Desde luego, corresponde al recurrente la carga probatoria tendiente a demostrar que fue caso fortuito o fuerza mayor o conducta de su adversario lo que le impidió aducir al proceso esta especie de prueba, pues si no empieza por probar estos extremos, inexorablemente el recurso interpuesto está llamado al fracaso” (CSJ, SC, mar. 1º/2011, rad. 2009-00068-00).

9. De la lectura y el análisis efectuado a la reseña memorada se infiere que en el sub examine no concurren las exigencias atrás referidas, dado que la prueba que el actor señaló como constitutiva de haberse hallado con posterioridad al fallo acusado, no responde a esas expectativas.

En efecto, cuando el recurrente, a instancia de la Corte, subsanó la demanda de revisión, precisó que el elemento demostrativo de la causal primera del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, correspondía al original del «documento privado del 29 de mayo de 2000»; sin embargo, a partir de tal medio de persuasión no puede considerarse estructurado este motivo de revisión, por las razones que se señalan a continuación:

9.1. El citado elemento probatorio no resulta ser un «documento» que haya aparecido con posterioridad a la decisión cuestionada, pues, de la constancia vista a folio 5 del cuaderno principal, emitida por la Secretaria del Juzgado Veintiocho (28) Civil del Circuito de Bogotá, se verifica que fue desglosado del proceso ejecutivo de suscribir documento instaurado por Egidio Josué Villamil Franco contra Marco Fidel Fino Fino en cumplimiento al auto calendado 16 de abril de 2013 y que «el mismo sirvió como base de la ejecución».

Bajo esas circunstancias, comoquiera que el revisionista fue el promotor del referido juicio compulsivo, no le es posible aludir válidamente que encontró tal instrumento luego de finiquitar el litigio censurado, pues, tal cartular constituyó el título ejecutivo en aquel asunto, siendo entonces incontrovertible que lo aportó a ese trámite el aquí recurrente, o por lo menos, que en razón a su valoración probatoria y mérito ejecutivo que del mismo efectuó el juzgador respectivo, fue que accedió a las súplicas que este le formuló y ordenó la suscripción de la escritura de constitución del gravamen hipotecario que posteriormente el quejoso buscó materializar en el litigio con garantía real cuestionado, por lo que, si bien, no se hallaba en su poder, no le era desconocido el lugar donde reposaba.

9.2. Pero además, el demandante no acreditó cuál de los mencionados eventos le impidió su aducción, y con el que hubiera podido hacer efectivo el cobro ejecutivo de la obligación en él contenida en su favor, pues el escenario litigioso quedó huérfano de acreditación en tal sentido. Nótese que al respecto manifestó que fue por «fuerza mayor» que se le imposibilitó arrimar dicho medio demostrativo al trámite hipotecario, la que derivó de no ostentar la condición de «abogado». Empero, además que la ausencia de un título profesional en tal sentido no puede catalogarse como el «imprevisto que no es posible resistir», también lo es que más bien se observa que solamente con posterioridad al fallo cuestionado el querellante se interesó en obtener dicho instrumento, según surge de la comunicación de 10 de septiembre de 2012, que le remitió la Notaria 21 de Bogotá, aclarándole que a la escritura 778 «se encuentra protocolizada fotocopia auténtica del referido documento privado de fecha 29 de mayo de 2000» (fl. 6), lo cual desestructura plenamente la ocurrencia de aquél insalvable evento, denotando en cambio dejadez que ahora no puede enmendar.

9.3. Así las cosas, se deduce de lo expuesto que la ausencia de aportación del referido medio de persuasión no obedeció a la ocurrencia de hechos constitutivos de «fuerza mayor» o caso fortuito que le hubieran impedido al recurrente allegarlo al juicio hipotecario, sino a su falta de diligencia, puesto que por las razones antes anotadas no le era ajeno que el mismo reposaba en el Juzgado 28 Civil de Circuito de Bogotá, y que, por tanto, ha podido en cualquier momento solicitar su desglose y allegarlo al trámite coactivo, lo que no resulta viable a través de este extraordinario medio de defensa, cuya finalidad, en el evento de la casual invocada, no se trata de «mejorar la prueba aducida deficientemente al proceso en el que se dictó la sentencia cuyo aniquilamiento se busca».

10. En conclusión, desvirtuados como quedaron los hechos señalados por el demandante en los cuales no concurren las exigencias previstas en la regla primera del canon 380 del estatuto procesal civil, el recurso extraordinario de revisión resulta improcedente, por lo que así habrá de declararse.

11. De otro lado, solo para responder los reclamos del demandante en revisión sobre la extralimitación del tribunal al volver a estudiar la validez del título ejecutivo, y sin que el tema tenga incidencia directa en la presente determinación, puesto que, como se señaló, el medio extraordinario en análisis no tiene como finalidad que la autoridad que conoce del mismo «vuelva sobre los términos del debate y menos reabrir la evaluación del material probatorio allegado a lo largo de la confrontación, tampoco es dable discutir, nuevamente, los argumentos de una u otra parte», resulta pertinente precisar, en tal sentido, que por virtud del canon 497 del Código de Procedimiento Civil, el juzgador ordinario está habilitado para volver a estudiar, aun oficiosamente y sin límite, el título que se presenta como soporte del recaudo, a la hora de emitir el fallo con que finiquite lo atañedero con ese escrutinio judicial, sin que ello comporte que, en tratándose de sentencias de segundo grado en las que el recurso vertical no gravita sobre dicho tema, se pueda predicar afrenta alguna al principio de la no reformatio in pejus por causa de dicho emprendimiento.

Esta corporación ha señalado al respecto, que:

[E]l artículo 497 del Código de Procedimiento Civil dispone: “[l]os requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento de pago (…) sin perjuicio del control oficioso de legalidad” (se resalta).

Se colige de tal mandato que el legislador autoriza expresamente al juez, sin distinguir su instancia, para revisar de nuevo la idoneidad de dicho instrumento, y sin que ello signifique aniquilar el principio de la reformatio in peius, por cuanto éste, como el de legalidad, apuntalan teleológicamente los principios de prevalencia del derecho sustancial y de justicia, bastiones del Estado constitucional y democrático (CSJ STC, dic. 13/2013, rad. 02853-00, reiterada en STC596-2015, feb. 5/2015 rad. 2015-00121-00).

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Egidio Josué Villamil Franco contra la sentencia de 3 de mayo de 2011, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ejecutivo con título hipotecario que junto con Trinidad Zubieta López (q.e.p.d.) adelantaron contra el señor Marco Fidel Fino Fino.

Segundo: Condenar al recurrente a pagar al demandado los perjuicios y las costas causadas con la interposición del referido recurso. Los primeros deberán liquidarse por el trámite previsto en el artículo 384 del Código de Procedimiento Civil; las costas serán tasadas por la secretaría de esta corporación, para lo cual se incluirá como agencias en derecho la suma de tres millones de pesos ($ 3’000.000), en virtud de haber existido oposición.

Tercero: Comunicar esta decisión a la aseguradora garante de los referidos perjuicios y costas para los efectos de su incumbencia. Ofíciese en tal sentido.

Cuarto: Devolver, cumplido lo anterior, el proceso ejecutivo hipotecario, junto con copia de esta providencia al juzgado de origen. Una vez lo anterior, y archívese la actuación de la Corte.

Notifíquese.»