Sentencia SC18232 de diciembre 12 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC18032-2016

Ref.: Exp. 11001 02 03 000 2015 00756 00

(Aprobado en sesión de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis)

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

Bogotá, D.C., doce de diciembre de dos mil dieciséis.

Nota: Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales del nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones

1. En línea de principio, en el territorio patrio, sólo las decisiones emitidas por los jueces nacionales o las de los particulares facultados expresamente para ello, producen efectos; por tanto, bajo esa perspectiva, las sentencias de funcionarios extranjeros no podrán hacerse cumplir en el país, habida cuenta que resultaría afectada la soberanía del Estado.

No obstante, por diferentes circunstancias, se ha validado que esos fallos tengan plena aplicación en Colombia, siempre y cuando se sometan al cumplimiento de un mínimo de requisitos, a más de necesitar la autorización que expide la Corte Suprema de Justicia a través del trámite del exequátur.

2. El artículo 693 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, regulan esa posibilidad, al ordenar el primero de ellos que «Las sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia».

De acuerdo con la norma trascrita, para que produzcan eficacia las providencias y/o sentencias extranjeras en nuestro ordenamiento es menester que, primeramente, el país de donde proviene la decisión objeto de validación, le brinde a las de los jueces nacionales similar tratamiento, ya sea como consecuencia de tratados bilaterales o multilaterales celebrados; o, en defecto de los mismos, por la existencia de reciprocidad legislativa.

Dicha directriz, en variadas ocasiones, ha sido precisada por la Corte en los siguientes términos:

“[…] en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrado Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia […]” (G. J. t. LXXX, pág. 464, CLI, pág. 69, CLVIII, pág. 78 y CLXXVI, pág. 309, reiterada en CSJ SC6143-2014, Rad. 2013-01441-00).

Por su parte, el canon 694 ibídem consagra requerimientos, tanto de forma, que atañen a la correcta incorporación al proceso de la decisión extranjera, la debida autenticación, traducción, legalización y ejecutoria de la misma; como de fondo, los cuales involucran aspectos relacionados con el contenido de la determinación, en la medida en que no pueden contradecir disposiciones de orden público interno, ni comprender asuntos que comprometan derechos reales sobre bienes que se hallen en el país, ni extenderse a conflictos de competencia exclusiva de las autoridades colombianas, como tampoco aquellos sometidos a proceso que se hallen en trámite o con sentencia en firme.

3. En el expediente contentivo de la petición de exequátur se tiene acreditado lo siguiente:

a. Sentencia del 27 de julio de 2011, emitida por el Juzgado de Primera Instancia Mönchengladbach (Alemania) que declaró:

“1. el matrimonio de los interesados, que fue contraído el 02.06.2001 en el Registro Civil de Bogotá D.C. / Colombia, registrado en el registro de casamientos bajo el número 03546997, se divorcia.

2. No existe compensación económica […]” (fls. 4 a 7).

b. Registro Civil de matrimonio de los señores H.K. y A.O.C.B., llevado a cabo en la Parroquia San Juan de Ávila (Bogotá D.C.) el 2 de junio de 2001 (fl. 13).

c. Informe de los citados anteriormente en lo concerniente a las obligaciones y derechos que tienen respecto del menor XXXX(1), quien nació el «25 de septiembre de 2001», referente a:

“1. La custodia y el cuidado personal está en cabeza y bajo responsabilidad de los dos padres. El niño vive con la madre principalmente y por lo general está en casa de su padre, K.H., los fines de semana, quien vive en la misma ciudad. No hay reglas restrictivas para que nuestro hijo pueda disfrutar del amor y compañía de sus dos padres.

2. La manutención de nuestro hijo es atendida por los dos padres en forma conjunta, para lo cual el padre K.H. aporta una cuota mensual de 300 €. Este dinero es utilizado para gastos de educación, vestuario, recreación, alimentación, techo etc. y lo administra la madre A.O.C.B., quien también aporta económicamente para satisfacer al 100% todas las necesidades del niño.

Las vacaciones escolares de nuestro hijo y las festividades de navidad y fin de año, son compartidas por los dos padres.

3. La patria potestad: Este derecho que tenemos como padres lo seguimos ostentando conjuntamente. No hemos tenido problemas en el desempeño, autoridad, diálogo y concertación para cumplir como padres frente a nuestro hijo XXXX” (fl. 47).

d. El Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano certificó que:

“[…] una vez revisado el archivo del grupo interno de trabajo de tratados de la dirección de asuntos jurídicos internacionales de este ministerio, se pudo establecer que en el mismo no reposa información sobre tratados bilaterales o multilaterales en materia de reconocimiento recíproco de sentencias civiles, en los que la República de Colombia y la República Federal de Alemania sean Estados Parte” (fl. 60).

e. La consejera del consulado de Colombia en Berlín envió copia traducida de la legislación alemana sobre sentencias judiciales extranjeras proferidas en causas de divorcio (fls. 68 a 77).

4. Así las cosas, se advierte que no existe reciprocidad diplomática entre los dos Estados, pues según las certificaciones citadas previamente, entre nuestro país y Alemania no existe tratado internacional vigente respecto a la ejecución recíproca de sentencias. Sin embargo, aparecen documentos (Ley sobre sobre los procesos en materia de familia y asuntos de jurisdicción voluntaria) que reconocen la efectividad de los fallos extranjeros.

Del mismo modo, se identifican los impedimentos para el reconocimiento, cuando:

• “de acuerdo al derecho alemán, los tribunales del otro país no son competentes;

• a uno de los participantes, quien invoca que él no se ha manifestado sobre el asunto principal, no le fue comunicado de manera regular o fue comunicado con retraso el documento que diri[g]e el proceso, de manera que él no pudo defender sus derechos;

• si la decisión es irreconciliable con una decisión decretada aquí o con una decisión extranjera anterior que deba ser reconocida o cuando el proceso que le sirve de base es irreconciliable con un proceso sub iudice” (fl. 67).

Dado que ninguna de esas circunstancias se vislumbran dentro la normativa analizada, la existencia de la reciprocidad legislativa se encuentra acreditada.

5. Por otra parte, el artículo 694 del C. de P. C exige: i) que la «sentencia» proferida en país extranjero se halle en copia auténtica; ii) que esté debidamente legalizada de acuerdo con la normativa colombiana, incluyendo, dado el caso, la traducción pertinente; y, iii) que aparezca la constancia de estar en firme o haber adquirido ejecutoria.

6. Esos requisitos fueron cumplidos por la parte actora, habida cuenta que en el expediente aparece copia de la providencia debidamente traducida y legalizada (CPC, arts. 259 y 188, fls. 4 a 7); la determinación emitida por el funcionario foráneo no trasgrede principios o leyes de orden público de la Nación; el caso no es competencia exclusiva de los jueces nacionales, ni se conoce que haya sido adelantado o curse proceso por la misma causa en nuestro país, menos refiere a derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio patrio; además, en cuanto a la citación del otro cónyuge, debe decirse que el proceso de divorcio fue de común acuerdo, por tanto, en ausencia de contención, no era necesario ese trámite. Así lo ha manifestado la Sala:

“[n]o se ordenó la citación de la contraparte, porque el artículo 695 del Código de Procedimiento Civil la exige cuando la decisión por homologar ha sido adoptada en proceso contencioso, naturaleza de la que no está revestido el procedimiento que se siguió en el caso, dado que el divorcio fue por mutuo acuerdo” (CSJ SC, 4 abr. 2008, Rad. 2006-01256, criterio reiterado CSJ SC, 5 agosto. 2013, Rad. 2011-00104-00).

7. En el territorio patrio se admite el divorcio para el matrimonio civil por el consentimiento de ambos cónyuges, causa que, a la postre, fue la que condujo a la disolución del presente vínculo.

8. En ese orden, el divorcio decretado por el juez extranjero y la homologación pretendida del fallo pertinente resulta viable, pues, como se dijo, el artículo 154 del Código Civil, numeral 9º modificado por el artículo 6º de la Ley 25 de 1992 de Colombia, autoriza culminar el vínculo conyugal por mutuo consenso, modalidad que, itérase, inspiró la sentencia judicial en el Estado de origen, y por otro, los restantes requisitos establecidos en el ordenamiento procesal (arts. 693 y ss), fueron acatados cabalmente por el interesado.

9. En un asunto que guarda simetría con el que aquí se plantea, la Sala sostuvo que:

En ese orden, la homologación pretendida del fallo extranjero resulta viable y conducente, pues, por un lado, el artículo 154 del Código Civil, numeral 9º modificado por el artículo 6º de la Ley 25 de 1992, de Colombia autoriza culminar el vínculo conyugal por mutuo consenso, causal que, itérase, sirvió de fundamento a la sentencia judicial en el país de origen (Alemania), y por otro, los restantes requisitos establecidos en la normatividad procesal (arts. 693 y ss), como ya se dijo, fueron acatados cabalmente por el interesado (CSJ STC 30 Sep. de 2015, Rad. 2012-02451-00).

10. En relación con el convenio allegado por los señores K.H. y A.O.C.B. (accionante) a la Corte (fl. 47) respecto de la custodia, manutención y patria potestad del menor XXXX, dicho acuerdo no contraría el orden público colombiano y se encuentra acorde con las disposiciones que gobiernan la materia.

11. Con base en lo anterior y por hallarse reunidos todos los presupuestos legales es procedente otorgar efecto jurídico a la mencionada determinación de «divorcio», como en casos anteriores lo ha dispuesto la Sala(2), y ordenar su inscripción en el respectivo registro del estado civil.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero: CONCEDER el exequátur al fallo proferido el 27 de julio de 2011 por el Juzgado de Primera Instancia Mönchengladbach (Alemania), a través del cual se decretó el divorcio promovido por A.O.C.B. con K.H.

Segundo: INSCRIBIR esta decisión, junto con la providencia reconocida, tanto en el folio correspondiente al registro civil de la señora A.O.C.B., para los efectos previstos en los artículos 6º, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con el artículo 13 del Decreto 1873 de 1971.

Tercero: LIBRAR, por Secretaría, las comunicaciones pertinentes.

Cuarto: NO CONDENAR en costas en la actuación.

Notifíquese».

1 En virtud del artículo 47 del Código de la Infancia y la Adolescencia, armonizado con el canon 7º de la Ley 1581 de 2012, se omite el nombre de la menor.

2 CSJ STC 24 sept. 2013 Rad. 2012-01891-00