Sentencia SC18146-2016/2009-00282 de diciembre 15 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Fernando García Restrepo

Rad. 11001-31-03-032-2009-00282-01

Aprobado en sesión de trece de julio de 2016

Bogotá, D.C., quince de diciembre de dos mil dieciséis.

Decide la Corte el recurso extraordinario de casación que los demandantes Liliana Molina Moreno, José Omar Carrillo Camargo, Fabián y Leonardo Carrillo Molina, los dos últimos menores de edad, representados por los dos primeros, interpusieron frente a la sentencia del 24 de abril de 2012, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, dentro del proceso ordinario que ellos adelantaron en contra de Codensa S.A. ESP, al cual fue llamada en garantía Generali Colombia Seguros Generales S.A.

Antecedentes

1. En el escrito con el que se dio inicio al proceso atrás identificado, que obra del folio 77 al 87 del cuaderno 1, ajustado, tras su inadmisión, con el que milita del folio 99 al 102 ibídem, se solicitó, en síntesis, que se declarara civil y extracontractualmente responsable a la demandada por los perjuicios ocasionados a los actores y que, por consiguiente, se la condenara a pagarles, a título de indemnización, las sumas de dinero a que hubiera lugar, por concepto de daños materiales, morales y a la vida de relación.

2. Las anteriores súplicas se fundamentaron, esencialmente, en que el 17 de noviembre de 2008, Fabián Carrillo Molina, quien para entonces terminaba los estudios de educación secundaria, intentó bajar por la ventana del tercer piso de su casa, un tubo metálico que soportaba una cortina, cuando de forma inesperada se produjo una fuerte descarga eléctrica, como consecuencia del arco voltaico que se generó entre dicho objeto y un cable para la conducción de energía que se encontraba en el exterior, circunstancia que le causó graves quemaduras en sus extremidades superiores, que a la postre provocaron la amputación de su mano derecha a la altura del antebrazo y serias lesiones en la otra.

3. La demanda fue admitida por el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá, mediante auto del 2 de junio de 2009 (fl. 102, cd. 1).

4. Enterada de dicha providencia, la convocada, por intermedio de apoderado judicial, contestó el libelo y, en desarrollo de ello, se opuso a sus pretensiones, manifestó atenerse a lo que resultara probado respecto de los hechos y formuló las excepciones de mérito que denominó “culpa de la víctima”, “culpa de un tercero”, “caso fortuito” y “concurrencia de culpas” (fls. 121 a 135, cd. 1).

5. Por separado, llamó en garantía a Generali Colombia Seguros Generales S.A., quien se resistió a dicha vinculación, en relación con la cual propuso las defensas que nominó “deducible” y “límites a la indemnización”. De cara a la acción, planteó los medios exceptivos que rotuló “causa extraña”, “reducción del monto indemnizable en virtud del comportamiento culposo de la víctima directa”, “cumplimiento por parte de Codensa S.A. ESP de las normas técnicas y de seguridad en el transporte y distribución de energía eléctrica”, “ausencia de prueba del perjuicio”, “inexistencia del daño emergente” y “ausencia de productividad del menor” (fls. 37 a 53, cd. 4).

6. El citado despacho judicial le puso fin al litigio con sentencia del 11 de noviembre de 2011, en la que, de una parte, desestimó las excepciones formuladas tanto por la demandada como por la llamada en garantía; de otra, declaró civil y extracontractualmente responsable a la primera, por las lesiones que sufrió Fabián Carrillo Molina; y, adicionalmente, impuso en favor de los actores el pago de la correspondiente indemnización, a efecto de resarcirles los perjuicios por ellos sufridos (fls. 424 a 448, cd. 2).

7. Inconformes con esa determinación, Condensa S.A. ESP y Generali Colombia Seguros Generales S.A., la apelaron.

El Tribunal Superior de Bogotá, al desatar la alzada, mediante proveído del 24 de abril de 2012, decidió revocar el fallo del a quo y, en su lugar, negar los pedimentos contenidos en la demanda (fls. 36 a 47, cd. 5).

8. Frente a la recién aludida determinación, los promotores del pleito formularon el recurso extraordinario que ahora se desata.

La sentencia del tribunal

1. Tras exponer las particularidades del régimen general de la responsabilidad civil extracontractual, consagrado en el artículo 2341 del Código Civil, y referirse a los pormenores de la derivada del ejercicio de actividades peligrosas, el juzgador de segundo grado puntualizó que la generación, transformación, transmisión y distribución de energía entrañan un alto riesgo, de modo que los daños que se desprendan de esas actividades, deben dilucidarse a la luz del artículo 2356 de la misma obra, precepto que exige a la víctima, para obtener el resarcimiento del agravio por ella experimentado, la demostración, únicamente, del nexo de causalidad entre el hecho dañoso y el perjuicio irrogado, así como de este último.

2. A continuación, descendió al caso llevado a su conocimiento, respecto del cual destacó que “no existe duda de que la descarga eléctrica recibida por Fabián Carrillo Molina el diecisiete de noviembre de dos mil ocho, generada desde un cable de conducción de energía perteneciente a Codensa S.A. ESP, constituyó la fuente exclusiva del daño causado”.

3. Precisó enseguida, que “las lesiones personales sufridas por el joven Fabián Carrillo Molina a causa de la descarga proveniente de las cuerdas del sistema eléctrico de Codensa S.A., no le son imputables [a ésta], al existir ruptura de[l] (…) nexo causal”, aserto que sustentó en las razones que pasan a compendiarse:

3.1. En el “dictamen pericial obrante a folios 303 a 308 y 344 a 353 del cuaderno principal”, se emitieron, entre otros, los siguientes conceptos:

3.1.1. “(…) ‘El transformador y sus protecciones se montaron según la norma LA 7 considerando la fecha de construcción’ (…)”.

3.1.2. “(…) ‘La distancia crítica en el caso del accidente es la distancia ‘b’ por ser la distancia que hay entre la línea de conducción más cercana y la fachada de la edificación. La distancia ‘b’ real está a 1,4m de la fachada. En conclusión la distancia ‘b’ no cumple lo exigido por la norma LA 7’ (…)”.

3.1.3. “(…) ‘El reglamento actual o sea el RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) tiene en el artículo 13.1 ver Anexo una distancia ‘b’ de 2.3 metros igual a la LA 7, por lo tanto tampoco está de acuerdo con el RETIE’ (…)”.

3.1.4. “(…) ‘S[í] existe permiso, según consta en el documento que se anexa expedido por la Oficina de Planeación del Distrito. Existe permiso para construir hasta tres niveles’ y al pretenderse esclarecer la duda en torno a si se construyó primero la instalación de las redes eléctricas o la vivienda, informó: ‘Lo primero fue la instalación de las redes eléctricas, ya que adujo que ‘El primer piso se construyó en 1998 hace 12 años finalizando la construcción en [d]iciembre de 1998. El segundo y tercer piso se construyó en el año 1993 (sic), finalizando la construcción en [n]oviembre de 1993 (sic). La edificación no fue construida en su totalidad desde el principio’ (…)”.

3.2. Con ese fundamento, señaló que “[n]o obstante que para el perito, para la fecha del experticio (sic)[,] las instalaciones eléctricas no cumplían con las normas LA 7 y RETIE, respecto a las distancias mínimas que tendrían que conservar con el inmueble, ello no puede implicar, necesariamente, que tal incumplimiento se convierta en fuente irrefutable de responsabilidad, pues si se miran bien las cosas, esta Colegiatura concluye que la empresa de energía sí honró dicha normatividad para instalarlas”.

3.3. Añadió que, “como lo estableciera el auxiliar de la justicia, la instalación de las redes eléctricas fue anterior al levantamiento de la vivienda, informando que (…) se hallaba[n] a una distancia de 4.35 de [su] primera planta (…), cumpliendo así la entidad demandada con la distancia que para ese entonces exigía la LA 7 de 2.3 y así mismo, la RETIE que oscila entre 1.y (sic) y 2.8 (f. 51 C. 3), circunstancia que, sin lugar a dudas, trasladó la responsabilidad de conservar las distancias exigidas sobre los propietarios de la vivienda”.

3.4. Puso de presente que el hecho de que la construcción de los tres pisos de la casa estuviera prevista por el Departamento de Planeación Distrital, “no eximía a los titulares del inmueble de tener que adoptar las medidas necesarias para evitar riesgos eléctricos que, sin dudarlo, sobrevendrían cuando las obras dispuestas para la segunda y tercera plata” se encontraran culminadas, como desde antes de su finalización lo advirtió José Omar Carrillo Camargo, en la carta que le remitió a la accionada el 11 de octubre de 2002, que reprodujo en lo pertinente.

3.5. Debido a que el auxiliar de la justicia “determinó que los dispositivos de transmisión de energía eléctrica cumplían, al momento de su instalación, con las distancias exigidas en la norma LA 7”, el ad quem estimó que “no puede concluirse que Codensa S.A. vulnerara las disposiciones legales por cuanto, el cumplimiento de los requisitos se exige para el momento de construcción de las redes eléctricas y no hacía el futuro”.

3.6. En ese orden de ideas, predicó que “la disminución paulatina de la distancia entre el inmueble de propiedad de los demandantes y las redes de distribución de energía eléctrica no se debe atribuir a Codensa S.A., arribando a la conclusión de que las obras emprendidas por los demandantes, fueron la causa determinante para que la exposición al riesgo aumentara de manera significativa”.

3.7. Finalmente se refirió a la “culpa exclusiva de la víctima”, como “causal eximente de responsabilidad civil”, que definió como aquella “conducta imprudente o negligente de quien ha sufrido un daño, por haberse expuesto, a sabiendas del riesgo que podría sobrevenir, a su ocurrencia”. Añadió que “su reconocimiento deb[e] someterse a un criterio mesurado”, con el propósito de establecer si “fue la causa exclusiva o parcial del daño, puesto que, de cada supuesto, se derivan consecuencias distintas: de ser lo primero se exime de responsabilidad al demandado, y de ser lo segundo, ante concurrencia de culpas, dicha responsabilidad tendrá que ser atenuada”.

Llegado a ese punto, el tribunal puso de presente que “[p]ara nadie es desconocido que la transmisión de energía eléctrica puede causar importantes lesiones a las personas y que aún, el solo hecho de aproximarse a estas redes, podría entrañar alto grado de peligrosidad”; que “[a]unque ello sea así, mal podría entenderse que cada vez que una persona abriera una ventana ubicada a escasa distancia de una red de conducción de energía eléctrica, estuviera asumiendo, implícitamente, los riesgos de una electrocución”; y que, pese a lo anterior, “en el caso que nos ocupa, si alguien tiene la intención de sacar un objeto metálico a través de ella, como un tubo metálico de gran tamaño, conoce y asume las consecuencias que tal proceder podría acarrearle en el evento de entrar en contacto con el transmisor”.

Agregó que “[d]esconocer la actitud imprudente de la víctima, en relación con las causas que generaron el accidente, sería restarle crédito a las explicaciones vertidas en el interrogatorio de parte cuando admitió que: ‘cuando yo saqué la varilla tomé todas las precauciones posibles, eh, lógico sabía que era un riesgo, pero, pues la saqué con todas las precauciones posibles, eh, en algún momento de descuido, al mirar hacia abajo que, quien me la estaba recibiendo fue que…se hizo un arco o pues la, yo sentí fue como que me jaló la varilla y ahí sentí el corrientazo’ (CD ROM pág. 252, junio -11-10. 3’56’’-4’21’’)”.

Así las cosas, el ad quem coligió que “el accidente ocurrió por una invasión de la distancia mínima contemplada en las normas reglamentarias, a un sitio al que no es posible acceder de manera directa, por parte del joven Fabián Carrillo Molina, dada la distancia existente entre las cuerdas de conducción de energía, hecho por demás atribuible a la víctima. (…). Así mismo, el contacto con las cuerdas de conducción de energía eléctrica, tampoco obedeció a un acontecer fortuito que hubiera colocado a la víctima en condiciones de indefensión o que la hubiera abocado indefectiblemente a sufrir las nefastas consecuencias del accidente. Por el contrario, fue la conducta descuidada del joven la que provocó la descarga cuando hizo contacto con un tubo metálico que, como no podía ser desconocido por un bachiller, constituía un conductor ideal de energía”.

4. En definitiva, el sentenciador aseveró que las conclusiones a las que arribó en el campo de los hechos, “deja[n] al descubierto que a la demandada no se le puede endilgar responsabilidad por no haber adoptado las medidas que, en abstracto, hubieran podido tomarse para evitar el accidente puesto que, su conducta, no resultó omisiva en tanto que las cuerdas no estaban expuestas al público de manera abierta porque, para arribar a ellas, era preciso traspasar la distancia de protección exigida por las normas reglamentarias, con un objeto que, además, resultara eficiente como conductor de energía, cuadro fáctico en el que [aquélla] (…) no tuvo ninguna participación, lo que lleva a concluir que no hubo ‘abstención en la acción’ que se presenta ‘cuando el autor del perjuicio, al entregarse a una actividad particular, se abstiene de adoptar todas las precauciones que serían necesarias para que esa actividad no causara daño a los demás’. (…) De acuerdo con lo expuesto, no se puede afirmar que la sociedad demandada hubiera sido la causante del daño derivado del accidente, puesto que, su conducta, extraída de las condiciones objetivas planteadas, no admite enjuiciamiento que justifique la declaratoria de responsabilidad”.

La demanda de casación

Cargo único

Con apoyo en la causal primera que sirve a esa forma de impugnación extraordinaria, se acusó el fallo del ad quem de quebrantar indirectamente los artículos 1613, 1614, 2341, 2343, 2347 y 2356 del Código Civil; la Ley 446 de 1998; los preceptos 174, 176, 177, 187, 237, 241, 258 y 264 del Código de Procedimiento Civil; la norma técnica “LA 7”; y la Resolución 18-1294 del 6 de agosto de 2008 (RETIE), “por errores evidentes de hecho en la apreciación de la prueba”.

En concreto, el recurrente denunció la comisión de tres yerros fácticos específicos, así:

1. El tribunal no apreció cabal y acertadamente la norma técnica identificada como “LA 7”, vigente para la época en la que se instalaron las líneas eléctricas, habida cuenta que la cercenó, al no tener en cuenta el segmento que “impone las condiciones para su ejecución”, particularmente, que las distancias a que ella alude, debían tomarse desde “los linderos del paramento del predio”, como se prevé en su parte final.

En sustento de tal equivocación, se expuso:

1.1. En primer lugar, las siguientes observaciones:

1.1.1. En el dictamen pericial se afirmó el incumplimiento de la distancia “b”, prevista en el citado reglamento técnico, esto es, la existente entre la línea de conducción de energía más cercana a la casa de los accionantes y la fachada de la construcción —2.3 metros—, por cuanto el espacio real era de solo 1.4 metros.

1.1.2. En el Decreto 678 de 1994 se definió el “paramento” en dos sentidos: de un lado, como el “[p]lano vertical que delimita la fachada de un inmueble sobre un área pública o privada”; y, de otro, como “el plano vertical que limita el avance máximo de la fachada de una edificación contra un espacio público o privado”.

1.1.3. De conformidad con el artículo 26 de la Ley 142 de 1994, los prestadores de servicios públicos están “sujetos a las normas generales sobre la planeación urbana, la circulación y el tránsito, el uso del espacio público, y la seguridad y tranquilidad ciudadanas; y las autoridades pueden exigirles garantías adecuadas a los riesgos que creen…”.

1.1.4. La Resolución 503 del 18 de noviembre de 1987, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, rectora de las construcciones permitidas en el barrio donde está ubicada la casa de los actores, previó que su frente sería de 5.00 metros; que podían tener, por mucho, una altura de 9.00 metros (3 pisos); que estaban permitidos voladizos de 0.60 metros; y que “la instalación de las redes eléctricas” debía hacerse “de acuerdo [con] los compromisos establecidos…”.

1.2. Así las cosas, el impugnante concluyó que el tribunal “no apreció en su integridad la norma 7 puesto que de haber considerado la condición sine qua non (f.271) para las instalaciones de las redes con respecto al paramento, que ya estaba establecido con anterioridad a la instalación de las mismas redes, por la Resolución 530, hubiera concluido (…) que las redes debían ser puestas tomando como punto de referencia el paramento dado y a partir de este punto instalarlas a 2.3 m (distancia ‘b’), como manda la norma, y no a 1.4 m, como se encuentran, violándola, así lo demuestran: el perito en todas sus manifestaciones, el diagrama del paramento que aporta y que figura al folio 313 del cuaderno principal y [el] diagrama que allega la misma demandada a folio 195 donde figura con una distancia ilegal menor de 1.00m, tomada desde la fachada. Si se hubiera observado en su totalidad la prueba, con la condición requerida y aquí expuesta, el Juzgador hubiera llegado a la certeza que para la fecha de instalación de las redes, antes de ser construido el inmueble, estas no cumplieron con la norma 7, lo que conduce a establecer la responsabilidad inequívoca y directa de Codensa S.A. ESP en la causa del hecho dañoso a Fabián Carrillo Molina, declarándola responsable”.

2. El ad quem erró, por suposición, al apreciar el dictamen pericial, como quiera que le agregó “algo completamente extraño” a su contenido objetivo, yerro en pro del cual se esgrimió:

2.1. Con reproducción, en lo pertinente, de las apreciaciones que sobre la indicada prueba efectuó dicha autoridad, el casacionista destacó que el auxiliar de la justicia, en forma alguna, conceptuó que las redes de conducción de energía se encontraban a la distancia reglamentaria, puesto que, por el contrario, él fue “afirmativo (…) en sostener (…) el incumplimiento por parte de Codensa S.A. de las normas 7 y RETIE (…)”.

2.2. Precisó que “[e]n ninguna parte del expediente figura la supuesta afirmación del perito, que acog[ió] el tribunal como determinante, para probar la legalidad de la instalación”.

2.3. Luego de transcribir diversos apartes de la experticia y el artículo primero del “RETIE”, reiteró que “en el examen detenido del expediente no se puede encontrar referencia alguna que induzca a concluir que el perito se pronunció, siquiera en forma dudosa, aceptando que ‘los dispositivos de transmisión cumplieran con la norma, al ‘momento de su instalación’ como afirma el sentenciador, o después de su instalación, siempre dijo que no cumplían con la norma, a través de todos sus conceptos, con mayor énfasis en los que figuran en el cuaderno 2 folios 346 a 352, al contestar la solicitud de aclaraciones de la aseguradora GENERALI, es más afirmativo en su dictamen sobre el incumplimiento por parte de la demandada a las normas regulatorias para las instalaciones eléctricas”.

2.4. Terminó diciendo que el juzgador de segunda instancia incurrió “en yerro fáctico al suponer la existencia de un concepto que nunca existió agregando un hecho extraño, que desfigura completamente la prueba, presupuesto que lo determinó a declarar que Codensa S.A. no era la causante del daño derivado del accidente ‘puesto que su conducta, extraída de las condiciones objetivas planteadas, no admite enjuiciamiento que justifique la declaratoria de responsabilidad’, declaración que contradice la realidad fáctica”.

3. Por último, el censor le enrostró al ad quem “error de hecho al atribuir a la víctima Fabián Carrillo Molina la responsabilidad del accidente por invadir la distancia mínima contemplada en las normas reglamentarias”, puesto que “no observó ni tuvo en cuenta lo que obra en el juicio: se basó en una norma cercenada (norma 7) y [en un] dictamen pericial inexistente. Tampoco tuvo en cuenta los factores de seguridad sobre distancias mínimas y la responsabilidad única de Codensa S.A. en la causa del accidente por el incumplimiento de las normas particulares que le son dadas por ejercer una actividad peligrosa”.

En suma, el impugnante insistió en que las redes de distribución de energía que pasan al frente de la casa de los demandantes, no cumplían los requerimientos técnicos que le son propios; trajo a colación lo expuesto por el perito, sobre el tubo metálico que Fabián Carrillo Molina intentó sacar por la ventana, así como algunas de las manifestaciones que dicho actor hizo en el interrogatorio de parte que absolvió; reprodujo el artículo 35 del “RETIE”; y puso de presente que “[u]n arco eléctrico es un corto circuito a través del aire”.

Con esos fundamentos, aseveró que la distancia de seguridad para prevenir la ocurrencia del referido fenómeno -arco eléctrico-, en tratándose de líneas de conducción de energía de 11.400 voltios, “debe ser la establecida en la norma (…) fijada [en] 2.3 m., luego Fabián Carrillo no estaba invadiendo la ‘distancia mínima’ de 1.4m, como lo afirm[ó] el Juzgador”.

4. Al cierre, el inconforme solicitó casar la sentencia de cuestionada y que, en sede de segunda instancia, la Corte confirme la del a quo.

Consideraciones

1. Para arribar a la decisión desestimatoria que produjo, el tribunal, como fundamento cardinal de todo su razonamiento, aseveró que las líneas eléctricas existentes al frente de la casa donde tuvo ocurrencia el accidente de que aquí se trata, sí atendían las distancias de seguridad correspondientes, toda vez que, “como lo estableciera el auxiliar de la justicia, la instalación de las redes (…) fue anterior al levantamiento de la vivienda, informando que (…) se hallaba[n] a (…) 4.35 [metros] de la primera planta de la [casa] de los actores (fl. 270), cumpliendo así la entidad demandada con la distancia que para ese entonces exigía la LA 7 de 2.3 y así mismo, la RETIE que oscila entre 1.y (sic) y 2.8 (f. 51 C. 3), circunstancia que sin lugar a dudas, trasladó la responsabilidad de conservar las distancias exigidas sobre los propietarios” del inmueble.

Al respecto añadió que, “dado que el propio auxiliar de la justicia determinó que los dispositivos de transmisión de energía eléctrica cumplían, al momento de su instalación, con las distancias exigidas en la norma LA 7, no puede concluirse que Codensa S.A. vulnerara las disposiciones legales por cuanto, el cumplimiento de los requisitos se exige para el momento de construcción de las redes eléctricas y no hacia el futuro”.

Con apoyo en esa inferencia fáctica, esto es, en que las líneas eléctricas, cuando fueron instaladas, guardaban el espacio reglamentario en relación con la primera planta del inmueble de los accionantes, el ad quem edificó los otros dos argumentos en los que soportó su fallo, a saber:

Que “la disminución paulatina de la distancia entre el inmueble de propiedad de los demandantes y la redes de distribución de energía eléctrica no se debe atribuir a Codensa S.A.” sino a “las obras emprendidas por los demandantes”, toda vez que ellas “fueron la causa determinante para que la exposición al riesgo aumentara de manera significativa”, sin que la autorización prevista por el Departamento de Planeación Distrital de que podían construirse hasta tres pisos, eximiera “a los titulares del inmueble de tener que adoptar las medidas necesarias para evitar los riesgos eléctricos que, sin dudarlo, sobrevendrían cuando [tales] obras (…) estuvieran culminadas y de las cuales mostraron temor con antelación a ser erigidas”, según se desprende de la carta que José Omar Carrillo Camargo le envío a la demandada el 11 de octubre de 2002, militante a folio 2 del cuaderno principal.

Y que la causa del accidente fue la “conducta descuidada” de la propia víctima, como quiera que la descarga eléctrica se produjo “cuando hizo contacto con un tubo metálico que, como no podía ser desconocido por un bachiller, constituía un conductor ideal de energía”, según lo relató el joven Carrillo Molina en el interrogatorio de parte que absolvió, manifestaciones de las que infirió que “el accidente ocurrió por una invasión de la distancia mínima contemplada en las normas reglamentarias, a un sitio al que no [era] posible acceder de manera directa, (…), dada la distancia existente entre las cuerdas de la conducción de energía, hecho por demás atribuible” solamente a él y que “tampoco obedeció a un acontecer fortuito que [lo] hubiera colocado (…) en condiciones de indefensión o (…) abocado indefectiblemente a sufrir las nefastas consecuencias del accidente”.

2. Cotejados esos planteamientos, con los que sustentan el único cargo que el recurrente propuso en casación, se observa que el ataque se concentró en combatir la inferencia del ad quem relativa a que las líneas eléctricas instaladas al frente de la residencia de los accionantes, para cuando fueron establecidas, guardaban la distancia reglamentaria con la fachada del inmueble.

Tal planteamiento impugnativo no es deficitario, como en principio pudiera pensarse, puesto que, según la estructura que el tribunal le dio a su fallo, analizada precedentemente, la censura recayó sobre el aspecto toral de dicho proveído, en la medida que, cual ya se hizo notar, esa corporación se apoyó en ese planteamiento fáctico -la debida instalación de las líneas de conducción de energía-, para colegir, de un lado, que fueron los propietarios del inmueble donde ocurrió el accidente investigado, los que redujeron la distancia de seguridad al construir los segundo y tercer piso de la edificación, incrementando así notoriamente “la exposición al riesgo”; y, de otro, que la causa determinante del nefasto suceso, fue la conducta imprudente de la propia víctima, como quiera que invadió dicho espacio, al pretender sacar por la ventana del nivel más alto de la casa, un tubo metálico de apreciable longitud.

3. Con ese entendimiento del proveído recurrido y del cargo, se pasa al estudio de este último.

3.1. Como con meridiana nitidez se deprende del proveído reprochado, para colegir que fue adecuada instalación de las líneas de transmisión eléctrica en comento, el Tribunal se apoyó exclusivamente en el dictamen pericial, probanza de la que destacó las siguientes apreciaciones:

3.1.1. “El transformador y sus protecciones se montaron según la norma LA 7 considerando la fecha de construcción”.

3.1.2. “La distancia crítica en el caso del accidente es la distancia ‘b’ por ser la distancia que hay entre la línea de conducción más cercana y la fachada de la edificación. La distancia ‘b’ real está en 1,4m de la fachada. En conclusión la distancia ‘b’ no cumple lo exigido por la norma LA 7”.

3.1.3. Sí existía permiso, por parte de la Oficina de Planeación del Distrito, para que se levantaran los tres niveles que tiene el inmueble de los demandantes.

3.1.4. Primero se construyeron las redes eléctricas y luego la casa. El primer piso se terminó en diciembre de 1998 y los otros dos en “[n]oviembre de 1993 (sic)”.

3.1.5. Las referidas instalaciones para la conducción de energía se hallan “a una distancia de 4.35 de la primera planta de la vivienda de los actores (fl. 270), cumpliendo así la entidad demandada con la distancia que para ese entonces exigía la LA 7 de 2.3 y así mismo, la RETIE que oscila entre 1.y (sic) y 2.8 (fl. 51 c. 3), circunstancia que, sin lugar a dudas, trasladó la responsabilidad de conservar las distancias exigidas sobre los propietarios de la vivienda”.

3.1.6. “(…) los dispositivos de transmisión de energía eléctrica cumplían, al momento de su instalación, con las distancias exigidas en la norma LA 7”.

3.2. La referida prueba (fls. 303 a 308, cd. 1), en lo pertinente, es del siguiente contenido:

3.2.1. En “[e]l mes de [m]ayo de 2010 estuve en el sitio de los hechos y observé (…): El transformador y sus protecciones se montaron según la norma LA 7 considerando la fecha de construcción. En esta estructura existen las distancias a, b, h, etc. cuyas distancias respectivas respecto a la fachada de la edificación deben ser a=2.3 m, b=2.3 m, h=4.1 m. La distancia crítica en el caso del accidente es la distancia ‘b’ por ser la distancia que hay entre la línea de conducción más cercana y la fachada de la edificación. La distancia ‘b’ real está a 1,4 m de la fachada. En conclusión la distancia ‘b’ real no cumple lo exigido por la norma LA 7. La altura h s[í] supera los 4.1 m según la LA 7”.

3.2.2. El transformador no cumple el requisito consagrado en el literal “f” del ítem 30.3 del “RETIE” (“Subestaciones tipo poste”), que dice: “En la instalación se debe garantizar que se cumplan las distancias de seguridad que le apliquen, establecidas en el Artículo 13º de este anexo”; y no cuenta con “un conductor visible” que cumpla la función de “asegurar sólidamente a tierra la carcasa y el neutro”, por lo que “la única posibilidad es que exista un conductor por dentro del poste”.

3.2.3. Existe permiso para la construcción de los tres pisos de la casa, “según consta en el documento que se anexa expedido por la Oficina de Planeación del Distrito. (…). En el ordinal D dice: Altura de 1 a 3 pisos sin sobrepasar los 9 m de altura a partir del nivel del andén. La construcción que estamos considerando tiene una altura aproximada desde el nivel del and[é]n de 7.3 metros. El ancho de los voladizos también está de acuerdo con el documento expedido por Planeación Distrital el cual es 0.60 m”.

3.2.4. “Lo primero fue la instalación de las redes eléctricas”.

3.2.5. En la casa “existen voladizos[,] el primero está a una altura de 2.58 m y mide 0.60 m. El segundo está a 4.97 y mide 0.20 m”.

3.2.6. Desde el “centro del poste en la base[,] al inmueble hay 4.5 m.”.

3.2.7. “[L]a línea más cercana al inmueble está a 1.4 m de la fachada”.

3.2.8. La red que pasa por el inmueble, es de “11.400 [v]oltios”.

3.3. A su turno, la complementación y aclaración de la experticia (fls. 344 a 351, cd. 2) refirió, en síntesis, lo siguiente:

3.3.1. Sobre la altura, que “[e]ntre la línea y el inmueble hay una diferencia de 2.2m inferior a 3.8m que exige la norma, por lo anterior no cumple la norma de altura. La altura que menciono en el [d]ictamen es la altura vehicular, la cual se mide desde el nivel del piso hasta la línea, mientras que la altura de 3.8m es la que existe entre la línea y la prolongación de la línea del techo del inmueble según la gráfica de la norma”.

3.3.2. Las instalaciones eléctricas no cumplen la “norma 7” en lo tocante con las distancias “b=2.3m y a=3.8 m”, ni las contenidas en el “RETIE”, puesto que en este “son las mismas[,] la diferencia (…) son las letras utilizadas”.

3.3.3. La medida entre el inmueble y el poste es de 4.35 metros, a la que debe sumarse el radio del mismo (0.15 metros), para el total de 4.50 metros, que fue lo indicado en la experticia. “La distancia se consideró desde la fachada de la edificación hasta la línea imaginaria que pasa por el centro del poste”.

3.3.4. “Las instalaciones no están cumpliendo la [n]orma de distancias mínimas de seguridad en zonas con construcciones (página 51 de Resolución 18-1294 de agosto 6 de 2008 tabla 15 y fig. 5). Si se aplica la norma IEC 61936-1 no se modifica lo concluido en el [d]ictamen”, donde se aseveró “que no se cumple lo exigido por el RETIE en cuanto a la[s] distancias ‘b’ y ‘a’”.

3.3.5. “El primer piso se construyó en 1998[,] hace 12 años finalizando la construcción en [d]iciembre de 1998. [Los] segundo y tercer piso[s] se construy[eron] en el año de 1993 (sic), finalizando la construcción en [n]oviembre de 1993 (sic). La edificación no fue construida en su totalidad desde el principio”, fechas que posteriormente corrigió, así: “El primer piso se construyó en 1998 hace 12 años finalizando la construcción en [d]iciembre de 1998. [Los] segundo y tercer piso[s] se construyeron con una diferencia de 5 años respecto al primer piso, en el año 2003, finalizando la construcción en [n]oviembre de 2003” (fl. 359, cd. 2).

3.3.6. “La distancia total de los voladizos s[í] se encuentra ajustada a la autorización otorgada por Planeación Distrital. Cada voladizo debe tener máximo 0.60 m”.

3.3.7. Ratificó que la línea de conducción de energía más cercana a la casa, en el plano horizontal, se encuentra a 1.4 metros, distancia tomada desde la fachada del inmueble.

3.4. Siendo ese, como en efecto lo es, el contenido objetivo del dictamen, es evidente que el Tribunal erró gravemente cuando, con apoyo en ese concepto técnico, coligió que los cables de conducción eléctrica que cruzan por el frente del inmueble donde habitan los demandantes, fueron instalados con sujeción a las normas técnicas correspondientes y que, por consiguiente, no se observa que con su conducta, la aquí accionada hubiese vulnerado la ley, de modo que se encuentre comprometida su responsabilidad, en el caso materia del presente litigio.

Esa, ni por asomo, fue una conclusión expresa del auxiliar de la justicia. Por el contrario, lo que se extracta de su concepto, es que las referidas instalaciones, para el momento en el que las examinó, no cumplían las exigencias técnicas, particularmente, porque la línea de conducción eléctrica más cercana a la casa se halla, en el plano horizontal, a 1.4 metros de su fachada, debiendo estarlo a 2.3 metros (distancia “b” de la norma técnica “LA 7”); y, en el plano vertical, a 2.3 metros del techo, cuando lo reglamentario era 3.8 metros (distancia “a”, ibídem).

3.5. Ahora bien, miradas individualmente las específicas respuestas del experto, tampoco era viable arribar a esa deducción y, menos, en la forma cómo lo hizo el ad quem, según pasa a explicarse:

3.5.1. Dicha autoridad tergiversó el dictamen, pues al interpretarlo, sacó de contexto la manifestación del perito relativa a que “[e]l transformador y sus protecciones se montaron según la norma LA 7 considerando la fecha de su construcción”, en la medida en que la tomó aisladamente, dejando de lado que a continuación, el auxiliar precisó que dicha infraestructura no cumplía las distancias reglamentarias de seguridad, ni lo tocante con su debido aseguramiento.

Se comprueba lo anterior, con la simple lectura de la respuesta completa dada por el auxiliar, que es del siguiente tenor:

El mes de [m]ayo de 2010 estuve en el sitio de los hechos y observé lo siguiente: El transformador y sus protecciones se montaron según la norma LA 7 considerando la fecha de construcción. En esta estructura existen distancias a, b, h, etc. cuyas distancias respectivas respecto a la fachada de la edificación deben ser a=2.3m, b=2.3m, h=4.1m. La distancia crítica en el caso del accidente es la distancia ‘b’ por ser la distancia que hay entre la línea de conducción más cercana y la fachada de la edificación. La distancia ‘b’ real está a 1,4m de la fachada. En conclusión la distancia ‘b’ real no cumple lo exigido por la norma LA 7. La altura h s[í] supera los 4.1m según la LA 7.

El reglamento actual o sea el RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) tiene en el artículo 13.1 ver [a]nexo una distancia ‘b’ de 2.3 metros igual a la LA 7, por lo tanto tampoco está de acuerdo con el RETIE.

Por considerarlo importante transcribiré el ítem 30.3

30.3. Subestaciones tipo poste.

Las subestaciones que tengan el transformador montado sobre postes, deberán cumplir los siguientes requisitos de montaje:

(…)

f. En la instalación se debe garantizar que se cumplan las distancias de seguridad que le apliquen, establecidas en el Artículo 13º de este Anexo.

(…)

De los requisitos anteriores no se cumple en el transformador del caso el ítem ‘f’.

Respecto a asegurar sólidamente a tierra la carcasa y el neutro del transformador no hay un conductor visible que cumpla esta función, la única posibilidad es que exista un conductor por dentro del poste (subrayas fuera del texto).

Como se ve, de esas apreciaciones del perito, vistas en integridad, mal podía, como equivocadamente lo hizo el tribunal, colegirse que las instalaciones eléctricas plantadas al frente del inmueble de los actores, cumplían los requisitos técnicos previstos en la norma “LA 7”, inferencia que, en sí misma considerada, luce contraevidente y, por lo tanto, constitutiva de un manifiesto error de hecho.

3.5.2. Del mismo modo, el ad quem tergiversó la experticia cuando, con apoyo en ella, estimó que las redes eléctricas “se hallaba[n] a una distancia de 4.35 [metros] de la primera planta de la vivienda de los actores (fl. 270), cumpliendo así la entidad demandada con la distancia que para entonces exigía la LA 7 de 2.3 [metros]”.

La anotada medida, es la que, según el dictamen, existe entre el poste sobre el que está instalado el transformador y la fachada de la casa, que no tiene ninguna relación con la distancia “b” de la norma técnica “LA 7”, es decir, aquella a la que debe estar el cable de conducción de energía más cercano al inmueble, tomada desde el paramento (2.3 metros), la cual, en el caso de las instalaciones examinadas, a decir del perito, aparece incumplida, pues es tan solo de 1.4 metros (distancia real).

3.5.3. En íntima conexión con lo anterior, el Tribunal cercenó el dictamen, pues soslayó por completo que en concepto del experto, estaba incumplida la indicada distancia mínima de seguridad “b” de la norma técnica “LA 7” (2.3 metros), puesto que, como acaba de señalarse, el cable de transmisión de energía más próximo a la vivienda se halla a 1.4 metros de su fachada (distancia real), desconocimiento que le permitió a dicha Corporación aseverar que “el propio auxiliar de la justicia determinó que los dispositivos de transmisión de energía eléctrica cumplían, al momento de su instalación, con las distancias exigidas en la norma la 007” y que, por lo tanto, no es dable sostener “que Codensa S.A. vulnerara las disposiciones legales”.

3.6. Rutilantes, como son, los yerros en que incurrió el ad quem al ponderar el dictamen pericial, ellos devienen manifiestos.

3.7. A lo anterior se suma la trascendencia de tales equivocaciones, toda vez que, como ya se registró, fue como consecuencia de ellas, que el Tribunal coligió que las instalaciones eléctricas ubicadas al frente de la casa de los actores, desde cuando fueron establecidas, cumplían las exigencias técnicas previstas en el reglamento aplicable para entonces, especialmente, en lo referente a la distancia de seguridad que debe existir entre las líneas de conducción y la fachada de los inmuebles, planteamiento que, como al inicio de estas consideraciones se advirtió, es el cardinal del fallo, como quiera que con base en él, la susodicha corporación, adicionalmente, afirmó la culpa de los esposos Carrillo Medina, por haber acercado el inmueble a las líneas de conducción de energía, cuando construyeron los niveles segundo y tercero del mismo, provocando que “la exposición al riesgo aumentara de manera significativa”; y de Fabián Carrillo Medina, por haber invadido “la distancia mínima contemplada en las normas reglamentarias” cuando, de forma imprudente, contactó la línea de transmisión con un tubo metálico, que sacó por la ventana del tercer piso de la casa, para reintroducirlo nuevamente por la del segundo.

3.8. Establecido el acierto del reproche examinado, no hay lugar a que la Corte se ocupe de los otros desatinos imputados al ad quem, menos cuando ellos están comprendidos dentro de la referida inconformidad que resultó exitosa, toda vez que el primero, igualmente apuntó a establecer que las líneas utilizadas por la demandada para la distribución de energía en el sector de la casa de los demandantes, no guardan la distancia reglamentaria con el paramento de ella; y el tercero, a desvirtuar que la víctima hubiese invadido imprudentemente esa distancia reglamentaria.

4. El cargo prospera, ocasionando el quiebre total del proveído recurrido.

Sentencia sustitutiva

I. Antecedentes adicionales

1. En el fallo de primera instancia, el juzgado del conocimiento efectuó estos pronunciamientos:

Descartó el acogimiento de las excepciones propuestas tanto por la demandada, como por la llamada en garantía.

1.2. Declaró a aquélla “civil y extracontractualmente responsable (…) por los daños ocasionados a Fabián Carrillo Molina”.

1.3. La condenó a pagar, al citado actor, las cantidades de $ 130.746.260.63, por concepto de lucro cesante, $ 30.000.000, por daño fisiológico, y $ 30.000.000, por perjuicios morales; y a José Omar Carrillo Camargo, Liliana Molina Moreno y Leonardo Carrillo Molina, las sumas de $ 20.000.000, para cada uno de los dos primeros, y de $ 10.000.000, para el último, por perjuicios morales.

1.4. Impuso a la citada aseguradora el deber de pagar solidariamente el primer rubro atrás indicado —lucro cesante—.

1.5. Denegó la indemnización del daño emergente y de los “perjuicios morales objetivos”.

1.6. Estimó infundada la tacha por sospecha formulada respecto de las declaraciones rendidas por Claudia Molina Moreno, Emily Ricardo Parra y Edwin Mauricio Rodríguez López.

1.7. Atribuyó el pago de las costas a la accionada.

2. Para arribar a esas determinaciones expuso, en esencia, lo que a continuación se resume:

2.1. El presente asunto “debe abordarse desde la óptica de la responsabilidad civil extracontractual derivada de actividades peligrosas”, como quiera que se originó “en el manejo de redes eléctricas”, actividad que califica como tal, por lo que, “en principio, la culpa debería presumirse, de no ser porque la empresa demandada excepcionó la ‘culpa de la víctima’, ‘culpa de un tercero’ y ‘caso fortuito’ como eximentes de responsabilidad”, mecanismos defensivos que, por ende, “se resolverán a la par de los presupuestos” de la acción.

2.2. Las pruebas recaudadas “muestran que el día 17 de noviembre de 2008, el entonces menor Fabián Carrillo Molina, cuando manipulaba un tubo de cortina en su casa ubicada en la calle 54 A sur # 77 V – 02, antiguamente distinguida como la carrera 78 H # 54 A -52 sur de Bogotá, pues pretendía sacarlo por la ventana del tercer piso e ingresarlo por la ventada del segundo piso, recibió una descarga eléctrica causada por el contacto entre dicho riel y las cuerdas de media tensión que conducen el fluido eléctrico y que pasan cerca de ese inmueble. Así lo muestran las declaraciones de la testigo Emily Ricardo Parra y de los demandantes Fabián Carrillo Molina y José Omar Carrillo Camargo”, versiones de las que comentó los pasajes más significativos.

2.3. Según todos los testigos, Fabián Carrillo Molina, al momento del accidente, “se encontraba en buenas condiciones de salud”, como pasatiempo estudiaba “taekwondo”, era “un joven hiperactivo, carismático y alegre”, y las “lesiones que sufrió se debieron única y exclusivamente al hecho referido”.

2.4. De lo anterior se desprende que “la ocurrencia del hecho dañoso y el nexo causal se encuentran plenamente probados” y, además, que “cumple verificar si la culpa es imputable a la entidad demandada”, como lo propusieron los actores, respaldados en que el accidente obedeció a la cercanía de las cuerdas de conducción eléctrica a su casa, o a los accionantes, habida cuenta que aquélla y la llamada en garantía adujeron que tal suceso tuvo por causa exclusiva la negligencia de estos.

2.5. Con el propósito de dilucidar el segundo de los aspectos atrás advertidos, el a quo concentró su atención en el “dictamen pericial practicado al interior de este juicio por el ingeniero eléctrico Marco de Jesús Bonett Martínez” y en el “informe técnico realizado por el tecnólogo eléctrico de Condensa Edwin Mauricio Rodríguez”, probanzas de las que concluyó:

2.5.1. No son coincidentes en cuanto a la distancia mínima que debe existir “entre las líneas de conducción eléctrica y las fachadas de los inmuebles”.

2.5.2. Conforme la regla técnica “LA 7”, la medida aplicable era de 1.5 metros, por ser la que estuvo vigente hasta el año 2001, fecha a partir de la cual se amplió a 2.3 metros.

2.5.3. Según la experticia, “la instalación de las redes no cumplía con (…) la norma LA 7, ni con el RETIE, puesto que la distancia entre las redes de media tensión y la fachada del inmueble para la época del accidente era de 1.4 metros, que es evidentemente inferior a los 1.5 metros que preveía para la época del accidente la norma LA 7”.

2.5.4. El citado tecnólogo “no se refirió a esa distancia”, “no fue al lugar de los hechos”, ni “visitó el predio”, “sino que solo se encargó de hacer el informe con base en la información que le entregó el técnico que efectuó la inspección de aquél, tal como lo afirmó en su declaración, circunstancia que le resta credibilidad a sus conclusiones”.

2.5.5. Los padres de Fabián Carrillo Molina construyeron la casa de habitación donde ocurrió el accidente “de acuerdo con la licencia que obra en el expediente, tal como lo concluyó el auxiliar de la justicia en los apartes del dictamen visibles a folios 306 y 307 al señalar que el ancho de los voladizos mide ‘0.60 m y 0.20 m’, los cuales están ‘de acuerdo con el documento expedido por planeación Distrital, el cual es 0.60m”.

2.5.6. Enfatizó seguidamente el juzgado del conocimiento, que “con posterioridad a la construcción se cambió la normatividad, como ya [se] indicó, aumentando la distancia a 2.3 metros, sin que la empresa demandada haya modificado sus instalaciones eléctricas para ajustarse a la norma actual, máxime cuando la familia de Fabián Carrillo había solicitado el traslado del transformador”.

2.6. En tal orden de ideas, ese sentenciador arribó a las siguientes conclusiones:

2.6.1. Para el 17 de noviembre de 2008, fecha del accidente, los cables eléctricos de enfrente de la casa de los actores, “no cumplían con la norma sobre distancias mínimas vigente para ese entonces, esto es, la norma LA 7, que la preveía(…) en 1.5 metros, pues tan solo alcanzaba los 1.4 metros con relación a la fachada del inmueble”.

2.6.2. Esa situación, “sin lugar a dudas[,] ponía en riesgo a los habitantes de ese inmueble y aumentaba las posibilidades de producirse un accidente como el ocurrido”.

2.6.3. A ese respecto, “vale la pena resaltar lo dicho por el tecnólogo eléctrico en su declaración al afirmar que ‘en mi concepto, no creo que haya habido contacto directo con la red, pudo haber una descarga que se produjo por reducción de las distancias mínimas de seguridad…’, posiblemente por ‘un arco que se genera, un arco de voltaje de corriente’”.

2.6.4. Consiguientemente, “no es posible atribuirle la culpa del hecho dañoso al entonces menor Fabián Carrillo Molina, ni a sus padres José Omar Carrillo y Liliana Molina, menos aún aceptar que se trató de un ‘caso fortuito’ o de una ‘causa extraña’, pues precisamente el hecho se produjo por la cercanía de las cuerdas de conducción eléctrica a la vivienda de la [f]amilia Carrillo, las que de haber cumplido con las normas sobre distancias mínimas no habrían permitido la ocurrencia de ese incidente”.

2.6.5. Así las cosas, se “impone declarar no probadas todas las excepciones planteadas por la parte demandada, incluida la de concurrencia de culpas, pues no habiéndose acreditado la culpa de Fabián Carrillo, tampoco es viable aceptar tal ocurrencia. Igual suerte correrán las defensas planteadas por la llamada en garantía, denominadas ‘causa extraña’, ‘reducción del monto indemnizable en virtud del comportamiento culposo de la víctima directa’, ‘cumplimiento por parte de Codensa S.A. ESP de las normas técnicas y de seguridad en el transporte y distribución de [e]nergía [e]léctrica’, por las mismas razones”.

2.6.6. Las precedentes inferencias no sufren mella, por la tacha de sospecha que se formuló en relación con los testigos Claudia Molina Moreno, Emily Ricardo Parra y Edwin Mauricio Rodríguez López, “pues no obstante el grado de parentesco de la primera, la relación afectiva de la segunda y la relación laboral del último, esas circunstancias no alteraron su imparcialidad”, toda vez que ellos “se concretaron a informar los hechos que les constaba”.

2.7. En punto de los alcances de la indemnización imponible a la demandada, el funcionario que conoció la controversia observó:

2.7.1. El daño emergente reclamado, “desde la realidad probatoria en estudio, aparece(…) como una mera hipótesis, pues (…) no se demostr[ó], en tanto que no se acreditó que los demandantes hubiesen tenido que sufragar gasto alguno por concepto de hospitalización, servicios médicos, medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prótesis, transportes o cualquier otro emolumento”.

2.7.2. En lo que atañe con el lucro cesante, militan en el proceso las siguientes pruebas:

a) La “valoración médica” efectuada por “el área de Riesgos Profesionales de Saludcoop EPS” a Fabián Carrillo Molina, en la que “determinó que la pérdida de su capacidad laboral definitiva o discapacidad física, es mayor al 50%, dada la amputación de su mano y su antebrazo derecho con prótesis ajustada, la anquilosis de mano y antebrazo izquierdo y el síndrome doloroso regional complejo MSI”.

b) La “certificación obrante a folio 4 de expediente”, que fue ratificada por María Teresa Medellín, en su condición de “Coordinadora Académica del Colegio I.E.D. La Amistad”, que da cuenta “que Fabián Carrillo, para el momento del accidente[,] era estudiante de grado once”.

c) La certificación visible a folio 5 del cuaderno principal, con la que se acreditó que la nombrada víctima “había obtenido el cupo para ingresar a estudiar contaduría en la Universidad de la Salle”, documento que fue ratificado por el jefe de admisiones y registro de esa institución, señor Luis Esneyder Ortiz.

Con apoyo en esos elementos de juicio, el a quo estimó acreditado que, “de no haber sufrido el accidente, Fabián Carrillo habría cursado sus estudios de contaduría pública, por lo que para efectos de calcular el lucro cesante debe partirse de esa base, específicamente del monto que reflejan las estadísticas reportadas por el observatorio laboral para la educación [del] Ministerio de Educación, según las cuales en Colombia el ingreso promedio de un profesional en contaduría, es de $ 1’095.247, tal como puede verse en la publicación efectuada por ese ministerio en su página web”.

En tal orden de ideas, el juzgado del conocimiento, con aplicación de las fórmulas matemáticas correspondientes, procedió al cálculo tanto del lucro cesante pasado, que totalizó en la cantidad de $ 42.980.449.45, como del futuro, en desarrollo del cual, adicionalmente, apreció “la tabla de supervivencia contenida en la Resolución número 1555 de 2010 expedida por la Superintendencia Financiera”, con la que proyectó la vida probable de Fabián Carrillo Molina, lucro que concretó en la suma de $ 218.512.071.82.

2.7.3. Pasó a evaluar el “daño fisiológico”, en torno del cual observó que “de la historia clínica aportada y [d]el certificado expedido por Saludcoop, se advierte con claridad el daño sufrido por Fabián Carrillo M[o]lina, en cuanto le fue amputada su mano y antebrazo derecho, presenta ‘anquilosis de mano y antebrazo izquierdo’ y ‘síndrome doloroso regional complejo msi’”, de lo que se sigue la demostración del “daño a la vida de relación que se ocasionó a la víctima a causa del accidente, al quedar limitado en el desarrollo autónomo de sus funciones básicas”, perjuicio para cuyo resarcimiento fijó la suma de $ 30.000.000.

2.7.4. En punto del perjuicio moral subjetivo, aseveró que el accidente “causó una serie de dificultades emocionales tanto a título personal de cada uno de los miembros del núcleo familiar como del grupo en sí” y que provocó a sus integrantes un “profundo dolor”, inferencias que encontró respaldadas en la historia clínica y en las declaraciones de Claudia Molina Moreno y Emily Ricardo Parra, análisis que lo condujo a fijar, por este concepto, las cantidades de $ 30.000.000, para Fabián Carrillo Molina, de $ 20.000.000 para cada uno de sus padres, y de $ 10.000.000, para su hermano.

2.7.5. Sobre los “perjuicios morales objetivos” acotó que “es sabido que no se presumen y que, por tanto, deben probarse”; que los actores no atendieron satisfactoriamente esa carga procesal; y que, por ello, debe “denegarse su reconocimiento”.

2.8. Finalmente se ocupó de “definir todo lo relativo al llamamiento en garantía”, cuestión en relación con la cual destacó la celebración del contrato de seguro de responsabilidad civil extracontractual contenido en la póliza No. 4000018, que el mismo estuvo vigente entre el 1º de julio de 2008 e igual día del año siguiente y su cobertura, apreciaciones que lo condujeron a colegir que “la aseguradora llamada en garantía deberá reembolsar a la empresa asegurada las sumas que tenga que cancelar por concepto de perjuicios materiales a que será condenada, sin que supere el monto máximo pactado para la indemnización, esto es, de ciento cincuenta mil dólares (U$ 150.000), claro está, descontando la suma de noventa y nueve mil dólares (U$ 99.000), por concepto de deducible acordado”.

Añadió que “las excepciones planteadas por la llamada en garantía para limitar su responsabilidad a[l] valor asegurado” y para que se aplique “el correspondiente deducible”, no son propiamente tales, en la medida que “no se contraen a finiquitar el derecho reclamado”, y que, por lo mismo, “no están llamadas a prosperar, dado que para ello basta remitirse a los términos del contrato de seguro”.

3. Tanto la demandada, como la aseguradora vinculada al litigio, apelaron la sentencia de primera instancia. En la oportunidad para alegar de conclusión en segunda instancia, sustentaron las alzadas en la forma como pasa a compendiarse:

3.1. La electrificadora accionada, soportó su inconformidad en los siguientes puntos:

3.1.1. Adujo el rompimiento del nexo causal, como consecuencia de dos circunstancias específicas:

a) De un lado, la “imprudencia con la cual actuó Fabián Carrillo Molina”, que tildó como “la causa adecuada del daño”, comportamiento que infirió de lo que él mismo expuso en el interrogatorio de parte que absolvió, manifestaciones que reprodujo en lo pertinente.

En sustento de la culpabilidad que le atribuyó al nombrado, expresó, en primer lugar, que él “sabía el riesgo que corría al realizar la maniobra” de bajar un tubo metálico de tres metros de largo, sacándolo por la ventana del tercer piso de su residencia, como quiera que “era consciente” de que su padre, al construir la casa, acercó el inmueble a las redes eléctricas, debido a los voladizos que incluyó en los dos niveles superiores de la misma; en segundo término, que por la extensión del tubo, era muy factible el contacto con las cuerdas de la luz, así el cableado hubiese estado a la distancia reglamentaria; y, finalmente, que al momento de verificarse esa actividad, soplaban fuertes vientos, que la complicaron notoriamente.

Coligió que, por lo tanto, el a quo se equivocó cuando sostuvo que “el actuar imprudente de la víctima no fue causa adecuada de la producción del daño”, puesto que el accidente fue resultado directo de esa conducta y de “los voladizos que acercaron el inmueble a la red”.

b) Y, de otro, el “hecho de un tercero”, consistente en la “construcción de manera irresponsable” de los pisos segundo y tercero del inmueble donde tuvo ocurrencia el accidente, por parte de su propietario, que “vulneró la distancia que debió guardar el inmueble frente a las redes eléctricas”.

3.1.2. Estimó incorrectamente tasado el perjuicio material, por las siguientes razones:

a) El lucro cesante se liquidó con base en el supuesto de que Fabián Carrillo Molina habría llegado a titularse como contador público y a desempeñarse profesionalmente como tal, por el simple hecho de que fue admitido en una institución educativa para adelantar ese programa académico, cuando, de un lado, en el país la deserción universitaria se acerca al 50% y, de otro, el propio sentenciador de primera instancia reconoció que aquél no pudo retomar sus estudios, por “falta de capacidad económica de su familia”, que no se derivó del accidente investigado.

Al respecto, el recurrente concluyó que en el proceso “no existe ninguna prueba a partir de la cual pueda presumirse de manera certera que Fabián Carrillo iba a convertirse en un contador público”; y que, por el contrario, “la realidad nacional y la ausencia de capacidad económica de los padres de Fabián, permiten presumir que seguramente no habría podido terminar la carrera mencionada”.

b) El cálculo del indicado rubro -lucro cesante- se hizo con base en el salario que percibiría un profesional de la contaduría pública desde la misma fecha en la que tuvo ocurrencia el accidente fuente de la acción, “cuando para dicha época la víctima se encontraba terminando sus estudios de bachillerato”, actitud con la que el a quo desconoció que para obtener tal título profesional, “se requ[erían] por lo menos 5 años de estudio”.

3.1.3. En definitiva, el apelante solicitó:

a) De forma principal, que se declaren probadas las eximentes de responsabilidad alegadas, ya sea el hecho exclusivo de la víctima o el de un tercero, y que, como consecuencia de ello, se absuelva a la accionada de la condena que se le impuso en primera instancia.

b) Subsidiariamente, que se “gradúe según su causalidad, la participación de la víctima en la ocurrencia del daño de conformidad con el artículo 2357 del CC” y que, en tal virtud, “se reduzca el valor de la indemnización a cargo de Condensa SA ESP, establecida en la sentencia de primera instancia, en proporción a dicha participación tanto en el daño material como [en el] inmaterial”.

c) Se reconozca “la ocurrencia del hecho de tercero por parte del señor José Omar Carrillo” y, en armonía con tal determinación, “se pronuncie respecto a la indemnización o restitución a cargo de est[e]”.

d) Se disponga que “el porcentaje de concurrencia en la producción del daño por parte de Codensa SA EPS, sea aplicado sobre el lucro cesante calculado sobre el salario mínimo legal mensual, y atendiendo que la pérdida de la capacidad laboral fue del 50%”.

3.2. A su turno, la aseguradora llamada en garantía, sustentó la alzada con los planteamientos que a continuación se sintetizan:

3.2.1. Insistió en la “ausencia de culpa de Codensa”, puesto que “la instalación eléctrica cercana a la casa del señor José Omar Carrillo Molina (sic) cumplía, cuando la casa fue construida, con las disposiciones vigentes”; el “hecho de haberse violado las distancias mínimas de seguridad, con posterioridad a la construcción de la primera planta de la misma, no [es] imputable a la sociedad demandada”; y porque “aun hoy en día[,] la instalación eléctrica de Codensa cumpliría con las normas de seguridad”, premisas en relación con las cuales observó:

a) La norma técnica aplicable era la denominada “LA 7”, según la cual “la distancia que debe existir de cada una de las líneas de la instalación eléctrica, de forma horizontal hacia muros, proyecciones y ventanas; debe ser de 2.3 metros”.

b) La fachada del primer piso de la construcción estaba, y está, a una distancia de 4.5 metros, tomada “desde la base del poste hasta la entrada de la vivienda”, lo que evidencia el cumplimiento, “sin problema alguno, con lo dispuesto en la norma LA 7”.

c) Según se indicó en el dictamen pericial, “la distancia actual del tercer piso de la casa en relación con la instalación eléctrica es de 1.4 metros”.

d) Si bien es verdad que el auxiliar de la justicia hizo referencia a la existencia de voladizos en el segundo y tercer piso de la edificación, no tuvo en cuenta que ellos fueron los que “acercaron finalmente la fachada de la casa hasta lo que hoy en día estima (…) como una distancia que viola las normas mínimas sobre seguridad”.

e) De sumarse la extensión de los voladizos (0.80 metros) a la distancia a la que se encuentran las líneas de conducción de energía (1.4 metros) se tendría “que la distancia del tercer piso de la vivienda de los demandantes se encontrar[ía] a, por lo menos, 2.2 metros de la instalación eléctrica”, medida que “se compadecería, en término[s] generales, con las exigencias de la norma LA 7” y del “RETIE”, reglamento sobre instalaciones eléctricas que reemplazó a ese primer ordenamiento.

f) La autorización para que los propietarios de los predios pudieran construir, “por el frente de la casa, voladizos de 0.60 metros, (…) no significa, necesariamente, que la realización de los mismos no fuese considerad[a] como un comportamiento reprochable”, toda vez que “no tener en cuenta las distancias que deben respetarse entre las fachadas -y por ende, voladizos incluidos- y las líneas de conducción de energía, sí constituye una culpa imputable al propietario que construye”.

g) De lo expuesto se concluye que Codensa S.A. ESP, al instalar las líneas eléctricas en los alrededores de la casa de los actores, no violó las normas técnicas sobre distancias mínimas de seguridad; y que si posteriormente ese estado de cosas se alteró, fue debido a “la existencia de [los] voladizos que, a pesar de estar autorizados, pueden ser considerados como el desarrollo de una actividad culposa, que no habría [sido] ejecutada por una persona prudente y diligente puesta en las mismas circunstancias del señor José Omar Carrillo o [de] quien haya construido los otros 2 pisos de la casa”.

3.2.2. Recabó en la existencia de una “causa extraña”, consistente en el “comportamiento culposo de Fabián Carrillo Molina”, puesto que “según se ha probado en este proceso, la electrocución sufrida por [él] (…) ocurrió cuando (…) pretendió, tal y como se afirma en la demanda y lo manifest[ó] (…) en la audiencia de interrogatorio de parte, trasladar, desde el tercer piso de la casa hasta el segundo piso de la misma, un tubo metálico que sostenía unas cortinas”.

Como ese elemento medía 4.5 metros de largo y su traslado se intentó “a través de las ventanas que sobre la fachada tiene la vivienda de la familia Carrillo Molina”, se colige que “al acercarse el tubo probablemente a menos de 30 o 40 centímetros de la línea de media tensión, produjo un arco voltaico que desató la electrocución de Fabián”, sin que fuera necesario tocarla, como lo expuso el técnico Edwin Mauricio Rodríguez López en el testimonio que rindió.

El recurrente aseveró que “la maniobra ejecutada por el menor Fabián Carrillo fue culposa”, como quiera que a todas luces “no era posible trasladar el tubo por el exterior de la casa desde el tercer piso (…) hacia el segundo (…) sin tocar los cables de la instalación eléctrica”. Y añadió que ese proceder, sobre el que la propia víctima se refirió ampliamente en el interrogatorio que absolvió, constituye “una conducta imprudente, imprevisible, irresistible y jurídicamente ajena a Codensa. (…). Fabián, que conocía de tiempo atrás la instalación eléctrica, no debió haber considerado jamás trasladar el tubo por la fachada exterior de la casa. Para ello era preciso considerar cualquier otra posibilidad, pero jamás la finalmente ejecutada”.

En últimas, infirió que, “en este caso, contrario a lo afirmado por los demandantes y [a] la posición adoptada por el [a] quo”, fue “el comportamiento culposo del menor Fabián” el que determinó “la ocurrencia del lamentable accidente”.

Precisó que, de situarse el juez “en un escenario en el cual la distancia entre la fachada del inmueble y las líneas de conducción de energía hubiese sido mayor”, debería igualmente tenerse de presente que como el tubo que Fabián pretendía desplazar medía 4.5 metros, era ineludible e inevitable que en su traslado por el frente de la casa, se acercara “peligrosa e imprudente[mente] a los cables eléctricos”, de lo que se sigue “que de manera exclusiva, el lamentable hecho que dio origen al presente proceso fue generado por la decisión negligente e imprudente del joven Fabián”.

3.2.3. Para el “caso de que [se] (…) concluya que a Codensa S.A. ESP pueda serle imputable (…) algún comportamiento culposo”, solicitó se reduzca el monto de la indemnización “de conformidad con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil”, habida cuenta la culpabilidad atrás atribuida a la víctima directa del accidente en cuestión.

3.2.4. Adicionalmente, el inconforme adujo la inexistencia del daño emergente reclamado en la demanda, ya que, según aparece probado en el proceso, el costo de la mayoría, por no decir que de todos, los procedimientos médicos que requirió Fabián, fueron asumidos por la E.P.S. Saludcoop, a la que él estaba afiliado, motivo por el cual solicitó la confirmación del fallo del a quo en cuanto se refiere a la negativa de esta pretensión.

3.2.5. Calificó de “excesiva la estimación que han efectuado los demandantes de los perjuicios morales que afirman haber sufrido, pues supera los lineamientos establecidos por la jurisprudencia nacional para eventos similares al que sustenta el proceso que nos ocupa” y, como consecuencia de ello, reclamó la cabal observancia de los parámetros pertinentes.

3.2.6. Puso de presente las expresas previsiones del contrato de seguros celebrado entre la demandada y la llamada en garantía, a efecto de que las mismas sean atendidas, particularmente, en lo que atañe al límite de la indemnización y al deducible pactado.

3.3. Como corolario de sus propios planteamientos, el recurrente solicitó revocar la sentencia de primera instancia y que, a cambio de ella, se absuelva a la demandada; en defecto de lo anterior, pidió la confirmación de dicho proveído, pero con reducción del monto de la condena; y que, en todo caso, se tengan en cuenta “los términos y límites a la indemnización pactad[o]s en el contrato de seguro celebrado entre Codensa y Generali”.

II. La acción

1. Fincados en el accidente que sufrió Fabián Carrillo Molina el 17 de noviembre de 2008, cuando recibió una descarga eléctrica proveniente de la línea de media tensión que pasa por el frente de su casa, ubicada en esta capital, que provocó la amputación de su mano derecha, desde el antebrazo, y graves lesiones en la izquierda, éste, sus padres y su hermano, solicitaron que se declarara la responsabilidad civil extracontractual de Codensa S.A. ESP, como quiera que dicha red es de su propiedad y se sirve de ella para la transmisión y distribución de energía eléctrica en la ciudad.

2. Se sigue de lo anterior, como con acierto lo señaló el a quo, que la acción intentada tiene como fuente una actividad peligrosa, toda vez que así califican la producción, el manejo y la utilización de la energía eléctrica.

En tiempo reciente la Corte, en relación con “la responsabilidad emanada de la energía eléctrica”, aseveró que los procedimientos que se realizan con ella, son “actividad[es] en ‘grado sumo’ peligrosa[s] por su potencial de causar daño” y recordó que “(…) ‘en reiteradas oportunidades, ha calificado la electricidad como peligrosa, ubicando la responsabilidad derivada de los daños causados por su virtud en las previsiones del artículo 2356 del Código Civil, en cuyo caso el damnificado tiene la carga probatoria de ‘demostrar que el perjuicio se causó por motivo de la generación, transformación, transmisión y distribución de energía eléctrica’ (Sent. oct. 8/92, CCXIX, pág. 523)” (CSJ, SC jun. 9/2010, Rad. 1999-02191-01).

En este tipo de responsabilidad, la carga probatoria que recae en quien la propone, se circunscribe a acreditar la actividad peligrosa, el daño y que éste es consecuencia directa de aquélla, sin que le competa demostrar el elemento culpa, cuya prueba se presume.

La Sala, respecto de la responsabilidad por actividades peligrosas, en general, tiene establecido:

A partir de los años treinta (sents., nov. 30/35, mar. 14 y mayo 31/38), la Corte Suprema de Justicia empezó a precisar el alcance del artículo 2356 del C. Civil y a elaborar en el medio colombiano la teoría de las actividades peligrosas como forma de incurrir en responsabilidad civil cuando con ocasión de su ejercicio se causa un daño, es decir, como lo ha dicho la jurisprudencia, cuando el hombre para desarrollar una labor adiciona a su fuerza una ‘extraña’, que al aumentar la suya rompe el equilibrio que antes existía con los asociados y los coloca ‘en inminente peligro de recibir lesión’, aunque la tarea ‘se desarrolle observando toda la diligencia que ella exige’ (Sent. abr. 30/76).

Como se declaró, la fuente positiva de esta teoría se localiza en el artículo 2356 del C. Civil, cuyo texto permite presumir la culpa en el autor del daño que a su vez genera la actividad peligrosa, sin que ello implique modificar la concepción subjetiva de la responsabilidad, pues aún dentro del ejercicio de la actividad peligrosa ésta se sigue conformando por los elementos que inicialmente se identificaron, pero con una variación en la carga probatoria, porque demostrado el ejercicio de la actividad peligrosa ocasionante del daño, la culpa entra a presumirse en el victimario. ‘A la víctima le basta demostrar -ha dicho la Corte- los hechos que determinan el ejercicio de una actividad peligrosa y el perjuicio sufrido y será el demandado quien debe comprobar que el accidente ocurrió por la imprudencia exclusiva de la víctima, por la intervención de un elemento extraño, o por fuerza mayor o caso fortuito, ya que el ejercicio de una actividad peligrosa, por su naturaleza, lleva envuelto el de culpa en caso de accidente’ (CSJ, SC oct. 25/99, rad. 5012; se subraya).

Para el caso concreto de los daños derivados de la “prestación del servicio de energía eléctrica”, la Corporación ha puntualizado:

Importa señalar (…), en cuanto que la acción realizada por dichas entidades reviste peligrosidad[,] ‘le basta al actor demostrar que el perjuicio se causó por motivo de la generación, transformación, transmisión y distribución de energía eléctrica’ pudiendo liberarse aquéllas del efecto indemnizatorio únicamente ‘en tanto prueben el concurso exclusivo de una causa extraña…’ (Sent. oct. 8/92, CCXIX, pág. 523) (CSJ, SC jun. 16/2008, Rad. 2005-00611-01).

3. De los precedentes razonamientos se extracta la prosperidad de la acción, toda vez que los actores demostraron la actividad peligrosa, su ejercicio por parte de la demandada y el nexo de causalidad entre ella y el daño cuya reparación persiguen, como pasa a analizarse.

3.1. El juez a quo, con apoyo en “las declaraciones de la testigo Emily Ricardo Parra y de los demandantes Fabián Carrillo Molina y José Omar Carrillo Camargo”, tuvo por acreditado el hecho de que “el día 17 de noviembre de 2008”, el segundo de ellos, entonces menor de edad, “cuando manipulaba un tubo de cortina en su casa ubicada en la calle 54 A sur # 77 V – 02, antiguamente distinguida como la carrera 78 H # 54 A -52 Sur de Bogotá, pues pretendía sacarlo por la ventada del tercer piso e ingresarlo por la venta del segundo piso, recibió una descarga eléctrica causada por el contacto entre dicho riel y las cuerdas de media tensión que conducen el fluido eléctrico y que pasaban cerca de ese inmueble”.

Como esa inferencia fáctica en verdad aparece comprobada con los elementos de juicio señalados por el sentenciador de primera instancia y, además, no fue controvertida por las apelantes, quienes edificaron sus defensas sobre el mismo supuesto de hecho, no hay duda que en la fecha anotada, el aquí demandante Fabián Carillo Molina sufrió una electrocución, resultado de una descarga originada en la línea de media tensión que atraviesa por el frente de su residencia, atrás identificada, cuando pretendió trasladar del tercer al segundo piso de la misma, un tubo metálico utilizado como riel de una cortina, en procura de lo cual lo sacó por la ventana del nivel superior para introducirlo luego por la del inferior.

3.2. En lo que hace a la actividad peligrosa imputada a la empresa demandada, encuentra la Corte que ella, de conformidad con el “certificado de existencia y representación legal” expedido por la Cámara de Comercio de esta ciudad, obrante del folio 111 al 119 del cuaderno No. 1, tiene como objeto social “principal” la “distribución y comercialización de energía eléctrica, así como la ejecución de todas las actividades afines, conexas, complementarias y relacionadas a la distribución y comercialización de energía, la realización de obras, diseños y consultoría en ingeniería eléctrica y la comercialización de productos en beneficio de sus clientes”.

A lo anterior se añade que Codensa S.A. ESP, desde la contestación de la demanda, admitió que el cable conductor del que provino la descarga eléctrica que impactó a la nombrada víctima, forma parte de la red existente en la zona donde está ubicada la vivienda de los actores, para la trasmisión y distribución de energía; que fue ella quien lo instaló, con sujeción a las normas técnicas de seguridad correspondientes; y que dicha línea corresponde a una de media tensión, de la que se sirve para cumplir con su objeto social.

Al respecto, resulta diciente el “informe técnico – reclamo responsabilidad civil”, elaborado por la propia empresa demandada, a través de uno de sus técnicos, señor Edwin Mauricio Rodríguez López (fls. 195 a 200, cd. 1), que ella aportó en el audiencia de que trata el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, practicada el 28 de abril de 2010, acto en el que, según el registro magnetofónico que de él milita en el disquete de folio 202 del cuaderno principal, se incorporó al proceso como prueba y del que, adicionalmente, se corrió traslado a la parte actora, quedando cumplido así el principio de contradicción.

Dicha probanza da cuenta de que el 17 de noviembre de 2008, en el inmueble ubicado en la calle 54 A sur # 77 V - 02 de Bogotá, se presentó la “electrocución de un joven menor” cuando “(…) ‘intentaba descolgar un riel de una cortina en el tercer piso de la edificación, cuando fue alcanzado por una descarga…’(…)”.

En el apartado denominado “Análisis de las causas del daño”, se registró lo siguiente:

El cliente se encuentra conectado al CD 6621 perteneciente al circuito Nuevo Roma (BO21) de la estación Bosa.

Se revisó el registro de eventos en la base de datos del sistema de distribución y comercial para afectaciones sobre CD en la fecha reportada por el cliente, encontrando:

- Incidencia 400010 del 17 de noviembre de 2008, la cual reporta disparo de cabecera por causa no determinada. Revisión baja carga, se encuentra abierto el SC440. Se revisa el circuito desde este punto en adelante, no se encuentra evidencia de falla.

El día 6 de enero de 2009, se realizó inspección técnica para determinar distancias mínimas de la red al predio del accidente y se realiz[ó] el siguiente informe de acuerdo a la información encontrada:

[Por la Corte se deja constancia que en esta parte, el escrito remite a un documento digitalizado, identificado como ‘Accidente Nuevo Roma.xls]

Teniendo en cuenta la información reportada se determina que las distancias de la red de MT al predio, cumplen con la norma LA 7 (distancias mínimas verticales y horizontales en redes de 34,5 – 13,2 – 11,4 KV).

Adjunto las fotos tomadas:

[Aquí, igualmente remite a documentos digitalizados].

Es ostensible, por lo tanto, la demostración de que la línea generadora de la electrocución padecida por el joven Carrillo Molina, conforma la red de distribución utilizada por la aquí accionada, sociedad que, por consiguiente, es la llamada a responder por los daños ocasionados, o que sobrevengan, con esas instalaciones o con la actividad, sin duda peligrosa, que desarrolla a través de ellas.

3.3. En lo tocante con el daño, es irrefutable su acreditación, toda vez que del conjunto de los testimonios recibidos, se extracta que Fabián Carrillo Molina, como consecuencia del choque eléctrico que experimentó, sufrió graves quemaduras en su cuerpo, principalmente, en las extremidades superiores. 

Esa información general aparece precisada en la “EPICRISIS” relacionada con el caso del prenombrado actor, elaborada por el Hospital Simón Bolívar, que milita a folio 18 del cuaderno principal, en la que se registró que dicho paciente fue “[r]emitido de [la] Clínica Policarpa de Saludcoop por quemadura por electricidad”; que “el día 17 de noviembre de 2008 a las 4 pm suf[rió] quemaduras al hacer contacto con cables de alta tensión en accidente casero”; que al examen físico, se apreciaron “quemaduras de grado II y Grado III en dorso, brazos, antebrazos y mano derecha, la cual se encuentra en garra, edematizada y mal perfundida, quemaduras Grado II y Grado III en antebrazo y mano izquierda[,] la cual se encuentra también edematizada y en garra, quemaduras grado II en abdomen”; y que el diagnóstico al egreso del paciente, consistió en: “1. Quemadura 9% set. grado II y grado III en miembros superiores, manos, dorso y abdomen por electricidad. 2. Amputación de miembro superior derecho. 3. Colgajo pediculado en mano izquierda”. 

Tales datos aparecen, de un lado, corroborados en la historia clínica del nombrado (fls. 278 a 302, cd. 1), remitida por el citado Hospital en cumplimiento de la orden oficiosa que le impartió el juzgado del conocimiento; y, de otro, complementados con el memorando de folio 279 del cuaderno 1, que a la letra reza:

En atención a la solicitud de la referencia, le informo que revisados los registros de la Historia Clínica del señor Fabián Carrillo Molina, el 24 de mayo-10 se le realiz[ó] el procedimiento quirúrgico de Capsulotomía + Tenolisis Flexores, por sus secuelas de quemadura mano izquierda. El 31 de mayo-10 asist[ió] a control post-operatorio, se retir[ó] inmovilización y se entrega[ron] [ó]rdenes para fisioterapia para iniciar en 20 días y orden de cita para control. El 18 de junio-10 asist[ió] a nuevo control, el Ortopedista tratante registr[ó] inicio de fisioterapia en casa, no dolor o molestias, adecuada evolución, no infección, se entreg[ó] orden para fisioterapia y control en 3 semanas”.

Por otra parte, en acatamiento de las determinaciones que el a quo adoptó en materia de pruebas, al practicar la ya memorada audiencia del 28 de abril de 2010, se allegó al proceso la “valoración médica ocupacional para el paciente: Fabián Carrillo Molina”, realizada por la médico especialista en salud ocupacional de Saludcoop, doctora Olga María García Guerrero, que es del siguiente contenido:

IDX:

• Amputación de mano y antebrazo derecho con prótesis ajustada

• Anquilosis de mano y antebrazo izquierdo

• Síndrome doloroso regional complejo MSI

% [pé]rdida de capacidad laboral mayor al 50%

Discapacidad física

Cumple criterios para ingreso como beneficiario discapacitado

Tiene carácter definitivo

Contundente es, por lo tanto, la prueba del daño irrogado a la víctima directa del accidente investigado. Con ella se estableció plenamente que, en razón de la electrocución de que fue objeto, Fabián Carrillo Molina sufrió quemaduras grados II y III en el dorso, las extremidades superiores y el abdomen. Del mismo modo, que como consecuencia de tales lesiones, en definitiva, su mano derecha fue amputada y la izquierda sometida a la intervención quirúrgica denominada “Capsulotomía” y “Tenolisis Flexores”. Esas secuelas, al tiempo, le provocaron, de manera definitiva, la pérdida de su capacidad laboral en más del 50% y discapacidad física permanente. 

4. Se concluye que como la parte actora atendió la carga demostrativa que le correspondía, en tanto que acreditó satisfactoriamente la actividad peligrosa atribuida a la sociedad demandada y que fue en desarrollo de ella que se produjeron los daños cuyo resarcimiento persiguen los gestores del litigio, la acción está llamada a acogerse. 

III. Las excepciones

1. Es del caso reiterar que la demandada y la llamada en garantía propusieron, para defenderse, en total, las siguientes excepciones meritorias: “culpa de la víctima”, “culpa de un tercero”, “caso fortuito”, “concurrencia de culpas”, “causa extraña”, “reducción del monto indemnizable en virtud del comportamiento culposo de la víctima directa” y “cumplimiento por parte de Codensa S.A. ESP de las normas técnicas y de seguridad en el transporte y distribución de energía eléctrica”, “ausencia de prueba del perjuicio”, “inexistencia del daño emergente” y “ausencia de productividad del menor”.

Todos esos planteamientos fueron desestimados por el juzgado de primera instancia, determinación que, en esencia, fue la que generó la inconformidad de las apelantes.

2. Las integrantes del extremo pasivo de la relación procesal, al sustentar las alzadas, solamente insistieron en los argumentos defensivos que pasan a relacionarse:

2.1. Codensa S.A. ESP, la culpa de la víctima y de un tercero.

2.2. Generali Colombia Seguros Generales S.A., la ausencia de culpa de aquélla; la mediación de una “causa extraña” en la ocurrencia del accidente, consistente en el proceder culposo con el que actuó Fabián Carrillo Molina; la inexistencia del daño emergente reclamado; la excesiva estimación de los perjuicios morales solicitados por los actores; y los límites que en cobertura y deducible, se pactaron en el contrato de seguro.

3. Siendo ello así, se impone a la Corte abordar el estudio de las excepciones planteadas, pero únicamente en cuanto hace a los planteamientos precedentemente relacionados, porque a ellos fue que las apelantes circunscribieron su inconformidad frente al fallo de primera instancia, lo cual hará en el siguiente orden lógico: analizará en primer lugar, la falta de culpa de Condensa S.A. ESP, alegada por la llamada en garantía; continuará con la culpa de un tercero, aducida por la accionada, en la medida en que, en desarrollo de ella, se discutió sobre la debida instalación de las redes eléctricas por su parte; proseguirá con la culpa de la víctima, esgrimida por las dos recurrentes, aunque la llamada en garantía la denominó “causa extraña”; y se ocupará, finalmente, de los razonamientos relacionados con la indemnización y con el seguro, en acápites separados.

4. Ausencia de culpa de la demandada.

4.1. En la contestación de la demanda que presentó Generali Colombia Seguros Generales S.A., se adujo el “[c]umplimiento por parte de Codensa S.A. ESP de las normas técnicas y de seguridad en el transporte y distribución de [e]nergía [e]léctrica”, en pro de lo cual señaló que dicha empresa, no desconoció “las normas técnicas y reglamentarias respecto a la instalación y condiciones de uso de los cables que se encontraban cerca de la vivienda de la familia Carrillo, por el contrario, la [e]mpresa ha cumplido con las disposiciones que regulan la adecuada prestación del servicio público de distribución de [e]nergía. En el caso que nos ocupa, no fue la negligencia de Codensa la que generó el lamentable accidente sino las conductas imprudente[s] de los aquí demandantes”.

Tras advertir que “el transporte de energía encarna en s[í] mismo un riesgo”, puso de presente la previsión de medidas por parte de la citada empresa para evitar su materialización y que la efectiva causación de daños escapa a la gestión de la misma, cuando ese acontecer obedece a “exposiciones imprudentes” por parte de los ciudadanos.

4.2. El comentado planteamiento de la empresa aseguradora no es admisible, por lo que pasa a exponerse: 

4.2.1. Díjose atrás, y ahora se reitera, que la generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica, son actividades peligrosas y que, por lo tanto, la responsabilidad civil por los daños que en desarrollo de ellas se provoquen, debe dilucidarse a la luz del artículo 2356 del Código Civil, modalidad en la que la prueba del elemento subjetivo culpa se presume, sin que, por ende, ni la licitud de la conducta potencialmente dañina, ni la diligencia y cuidado que se tenga al ejecutarla, libera a quien la realiza, del deber de resarcir los perjuicios que con ella hubiere irrogado a otros. 

4.2.2. Por eso, con insistencia, la Corte ha predicado que “[l]a exoneración de responsabilidad en tratándose de la ‘culpa presunta’ tiene un escenario restringido que queda circunscrito a la ruptura de la relación de causalidad por ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor o ‘culpa exclusiva de la víctima’; mientras la que se origina en la ‘culpa probada’ tiene un campo de acción mayor, ya que la demandada tiene a su alcance para liberarse la posibilidad adicional de aducir y comprobar que obró sin negligencia, descuido o incuria” (CSJ, SC del 26 de agosto de 3010, Rad. 470013103003 2005-00611-01; se subraya). 

4.2.3. Se concluye, entonces, que así se admita que fue adecuada la prestación del servicio de distribución de energía eléctrica por parte de Codensa S.A. ESP, como lo alegó la llamada en garantía, tal circunstancia, en sí misma considerada, no sirve para desvirtuar la acción, cuyo resquebrajamiento, se reitera, solo puede obedecer a la plena comprobación de que la causa exclusiva del daño irrogado fue la culpa de la víctima o de un tercero, una fuerza mayor o un caso fortuito. 

5. Culpa de un tercero.

5.1. La empresa accionada esgrimió el rompimiento del nexo causal entre la actividad peligrosa por ella ejecutada -distribución y comercialización de energía eléctrica- y el daño que sufrió Fabián Carrillo Molina, debido a que la producción del mismo fue consecuencia de la “culpa de un tercero”, en este caso, el progenitor de la nombrada víctima, señor José Omar Carrillo Camargo, como propietario del inmueble donde tuvieron ocurrencia los hechos, o quien hubiese ostentado tal condición, toda vez que fue dicha persona la que, al construir los pisos segundo y tercero de la edificación, la acercó imprudentemente a los cables de conducción de energía, incrementando así el riesgo derivado de ellos.

Con el propósito de no incurrir en innecesarias repeticiones, basta recordar aquí que la excepción en comento, se soportó en que la demandada instaló la red eléctrica circundante al inmueble de los actores, por una parte, antes de la construcción del mismo; y, por otra, con plena sujeción a las normas de seguridad entonces imperantes, en particular, las relativas a las distancias mínimas.

5.2. Frente a esta excepción, son pertinentes las siguientes apreciaciones:

5.2.1. Al practicarse la etapa de fijación de hechos y pretensiones dentro de audiencia referida por el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, se dejó clarificado que la línea de conducción eléctrica que pasa por el frente de la casa de los accionantes es de “media tensión”, con una carga de 11.400 voltios, cuestión que ratificó el perito en la experticia practicada en el curso de lo actuado.

5.2.2. La norma técnica sobre “distancias mínimas entre inmuebles y redes eléctricas” aplicable en este caso, corresponde a la que la propia Codensa S.A. ESP aportó en copia auténtica y que milita del folio 269 al 271 del cuaderno principal, identificada como “LA 7”, en la que, respecto de las líneas conductoras de media tensión (“11,4 y 13,2 kV”), figuran las siguientes distancias:

a) En el plano “Horizontal”:

1. A muros, proyecciones y ventanas no expuestas (a) 2,3 [metros].

2. A ventanas expuestas (b) 2,3 [metros].

3. A balcones y sitios accesibles a personas (b y c) 2,3 [metros].

(...).

b) Y en el plano “Vertical”:

1. Sobre o debajo de techos o proyecciones no accesibles a personas (e) 3,8 [metros].

2. Sobre o debajo de balcones y techos accesibles a personas (f) 4,1 [metros]

(…)

5.2.3. En el proceso no se indicó y, mucho menos, se demostró, la fecha en la que se realizó la instalación de las líneas de transmisión eléctrica que existen en inmediaciones del bien raíz en el que residen los promotores del litigio. Solamente se sabe, porque así lo informó el perito actuante, que ello tuvo ocurrencia con anterioridad a la construcción de los pisos segundo y tercero de la casa de los actores.

5.2.4. Pese a lo anterior, encuentra la Corte que así se admita que dicha obra antecedió a la construcción de la casa de habitación de familia Carrillo Molina, incluso, de su primer piso, su realización debió ser posterior a la Resolución 530 del 18 de noviembre de 1987, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital de Bogotá, mediante la cual se aprobó el proyecto de “la Urbanización de Desarrollo Progresivo denominada CATALINA II”, dentro del cual se encuentra ubicado el inmueble en cuestión, como quiera que en ella, como adelante se verá, se previeron las reglas para su instalación, lo que permite entender que la misma, para ese entonces, no se había efectuado.

5.2.5. De la precitada resolución, resulta pertinente destacar:

a) Que contiene, entre otras, las siguientes “normas urbanísticas y arquitectónicas”:

ART. 4º—Establecer como reglamentación interna de la Urbanización Catalina II las normas que a continuación se enumeran:

(…)

D. Alturas:

De 1 a 3 pisos sin sobrepasar los 9.00 mts de altura a partir del nivel del andén.

(…)

I. Voladizos:

Se permitirán con una dimensión de 0.60 mts por los frentes de los lotes.

b) Y que, en lo relacionado con las “obras de urbanismo y saneamiento”, se previó:

ART. 9º—Incorporar como parte integrante de la presente resolución, la recomendación aprobatoria de los proyectos de infraestructura efectuada por el Comité técnico coordinador de servicios públicos e interventoría de obras, en su sesión 20 de octubre 19 de 1987. Esta reglamentación incluye los siguientes aspectos:

(…)

B. Energía

El urbanizador construirá la red de alumbrado público y de servicios domiciliarios, de acuerdo con los compromisos establecidos en el oficio 392297 de [s]eptiembre 3 de 1987, según los proyectos y especificaciones establecidas por la Empresa de energía eléctrica de Bogotá, para lo cual los urbanizadores deberán pagar el valor de elaboración del respectivo proyecto por parte de la empresa.

5.2.6. En el dictamen pericial rendido en el curso de proceso, consideradas su aclaración y complementaciones, el auxiliar de la justicia a quien se le encomendó, conceptuó:

a) La “distancia crítica en el caso del accidente es la distancia ‘b’ por ser la distancia que hay entre la línea de conducción más cercana y la fachada de la edificación. La distancia ‘b’ real está a 1,4 m de la fachada. En conclusión la distancia ‘b’ real no cumple lo exigido por la norma LA 7” (se subraya).

b) La “línea más cercana al inmueble está a 1.4 m de la fachada” (se subraya).

c) La red que pasa por el inmueble, es de “11.400 [v]oltios”.

d) Entre el referido cable transportador de energía y el techo del inmueble, “hay una diferencia de 2.2m inferior a 3.8m que exige la norma, por lo anterior no cumple la norma de altura” (se subraya).

e) La “[a]ltura en el exterior del inmueble” es de “7.3m”.

f) Las instalaciones eléctricas, “[r]especto a la [n]orma 007[,] no cumple[n] la[s] distancia[s] b=2.3m y a=3.8m”.

g) En el inmueble ocupado por los accionantes “[sí] existen voladizos[,] el primero está a una altura de 2.58m y mide 0.60m. El segundo está a 4.97m y mide 0.20m”.

5.2.7. De las precedentes constataciones, se establece que la instalación de las redes eléctricas de que se trata, no se ajustó a los parámetros técnicos correspondientes, por las siguientes razones:

a) En tanto que, como ya se advirtió, la construcción de la red eléctrica en el urbanización “Catalina II”, fue una de las ejecuciones que se derivó del reconocimiento efectuado mediante la Resolución 530 del 18 de noviembre de 1987, proferida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital de Bogotá, propio es pensar que para la realización de esas obras, era forzoso atender las directrices arquitectónicas y urbanísticas contenidas en dicho acto y que, por lo tanto, tales instalaciones debían plantarse con observancia de las características que iban a tener las viviendas que allí se levantaran, particularmente, que podían contar con voladizos en el frente de hasta 0.60 metros y que su altura máxima podía llegar a 9.00 metros. 

Con otras palabras: si los propietarios de los terrenos conformantes de la nombrada urbanización, estaban autorizados para construir sus casas con esas características, era de esperarse que así lo hicieran. Por consiguiente, la instalación de todos los elementos que sirvieran a la prestación de los servicios públicos en la zona, entre ellos, el de energía eléctrica, debía realizarse con sujeción a esas proyecciones. 

b) En suma, para el caso de los hilos de conducción eléctrica, los de media tensión, conforme la norma técnica “LA 7”, debían colocarse, como mínimo, en el plano horizontal, a una distancia de 2.30 metros, partiendo de la línea imaginaria donde terminara el voladizo que pudiera construirse a los inmuebles; y, en el plano vertical, a 3.8 metros más arriba de la altura máxima que podían tener las edificaciones (9.00 metros), es decir, a 12.8 metros del nivel del suelo. 

c) Empero resulta que, en la realidad, esas distancias no se respetaron. 

Si bien es verdad que el voladizo de 0.20 metros que se construyó al tercer piso de la casa, supera la autorización que en esta materia contempló la mentada Resolución 530, es igualmente cierto que, descontada esa indebida prolongación, el cable transmisor de media tensión existente al frente de la casa de los accionantes, está ubicado a una distancia de 1.60 metros de la línea imaginaria atrás referida, cuando lo correcto era, se reitera, a 2.30 metros.

A su turno, mientras que ese hilo conductor debía hallarse a 12.8 metros del nivel del piso, lo cierto es que se encuentra a 9.5 metros, valor que se obtiene de sumar la altura exterior de inmueble (7.3 metros) y la distancia real que existe entre el techo del mismo y la línea eléctrica (2.2 metros), datos extractados del dictamen pericial.

5.2.8. En adición a lo anterior, se arriba a las siguientes dos conclusiones:

a) La cercanía existente entre la fachada del inmueble, descontado el voladizo del tercer piso, y el mencionado circuito conductor de energía, a más de que violatoria de las distancias mínimas de seguridad previstas en la norma técnica distinguida como “LA 7”, obedece a la indebida instalación de dicha red eléctrica, toda vez que ella se efectuó sin atender las previsiones arquitectónicas y urbanísticas contempladas en la Resolución 530 del 18 de noviembre de 1987, dictada por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital de Bogotá, en la que se autorizó la urbanización “Catalina II”, de la que forma parte el inmueble donde acaeció el accidente aquí investigado. 

b) El desconocimiento de la mencionada resolución administrativa, por parte de quien construyó los pisos segundo y tercero de la casa en la que residen los promotores del litigio, ya se trate del aquí demandante y progenitor de la víctima directa del accidente sobre el que versó este asunto, señor José Omar Carrillo Camargo, o de persona diferente, al implementar en el nivel más alto (tercero) un voladizo de 0.20 metros, cuando ya había aplicado en el segundo una extensión de 0.60 metros, deviene como un comportamiento que no fue determinante en la producción de daño, pues como se ampliará más adelante, de haberse instalado la línea eléctrica provocante de la electrocución, a las distancias horizontal y vertical que correspondían, ese suceso, con todo y la existencia del aludido voladizo, de todas maneras, no se hubiere presentado. 

5.2.9. La excepción en estudio, por ende, no estaba llamada a acogerse, como lo resolvió el a quo, aspecto de su fallo que merece confirmación, pero debido a las razones aquí expuestas.

6. Culpa de la víctima.

6.1. En opinión de la demandada y de la llamada en garantía, la causa exclusiva del lamentable suceso base de la acción, fue el proceder culposo con el que actuó la propia víctima, Fabián Carrillo Molina, pues siendo conocedor de la proximidad a la que se encontraba el cableado eléctrico que cruza por frente de su casa, optó, para trasladar del tercer al segundo piso de la misma un tubo metálico utilizado como riel de cortina, por sacarlo al exterior a través de la ventana del nivel superior, maniobra en desarrollo de la cual se produjo el contacto de dicho elemento con la línea de media tensión y, por ende, la electrocución del nombrado.

6.2. Respecto de esos planteamientos, la Corte estima:

6.2.1. Es verdad, porque así lo reconoció el propio Fabián Carrillo Molina en el interrogatorio de parte que absolvió en audiencia verificada el 11 de junio de 2010, cuyo registro magnetofónico figura en el disquete obrante a folio 252 del cuaderno principal, que era de su conocimiento la cercanía a la edificación donde vivía de los cables de conducción de energía eléctrica, puesto que su padre, “en algún tiempo anterior, eh pasó una carta a Codensa solicitando que alejaran las redes, ya que a causa de esto nosotros sufríamos de migraña, por el cual yo pasé por un tratamiento y todo”; que el día de los hechos, ayudaba en la adecuación de su casa para la realización del festejo que con ocasión de su grado de bachiller, iban a ofrecer en ella sus progenitores; que para trasladar del tercer al segundo piso del inmueble, un tubo o “varilla” que servía de soporte a una cortina, cuyo largo era [de] más de tres metros o [de] tres metros”, decidió hacerlo por el exterior de la construcción, habida cuenta que por su extensión no era factible movilizarlo por dentro; y que lo que sucedió fue que “cuando yo saqué la varilla, tomé todas las precauciones posibles, lógico sab[ía] que era un riesgo, pero pues la saqué con todas las precauciones posibles, en algún momento de descuido, al mirar hacia abajo [a] quien me la estaba recibiendo, fue que se hizo un arco, o pues yo sentí fue que como que me haló la varilla y ahí sentí el corrientaso”. 

6.2.2. De esas manifestaciones se deduce, sin mayor dificultad, que la conducta asumida por la propia víctima fue imprudente y, por lo mismo, constitutiva, en sentido jurídico, de culpa, pues un hombre prudente colocado en las mismas circunstancias en las que se encontró el joven Carrillo Molina, de seguro, no habría procedido en igual forma, sino que hubiese optado por realizar el traslado del tubo por dentro de la casa. 

6.2.3. Pese a lo anterior, la culpabilidad atribuida a Fabián, en sí misma considerada, no denota que su proceder, hubiese provocado la electrocución que él experimentó. 

El fenómeno de la causalidad corresponde a un juicio de valor que sirve para determinar cuál fue, en concreto, el hecho generador de un daño, independientemente de los factores subjetivos que rodeen su realización. 

Se trata de establecer si el resultado dañoso es consecuencia directa de la acción o de la omisión atribuida a quien se le imputa la responsabilidad, sin que importe saber si el sujeto quiso el daño (dolo) o actuó culposamente, al producirlo. 

6.2.4. Llegados a este punto, se torna necesario:

a) En primer lugar, recordar que, conforme las previsiones arquitectónicas y urbanísticas contempladas en la Resolución 530 del 18 de noviembre de 1987, dictada por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital de Bogotá, en la que se autorizó la urbanización de la que forma parte el inmueble donde tuvieron ocurrencia los hechos, y las distancias mínimas de seguridad contempladas en la norma técnica “LA 7”, la línea de transmisión de energía de media tensión existente en el frente de la casa de los actores debió haberse instalado, en el plano vertical, a 2.30 metros de la línea imaginaria donde debía terminar el voladizo que pudiera construirse a los inmuebles, que vendría a equivaler a 2.10 metros desde la fachada del tercer piso (descontado el voladizo de 0.20 metros existente en este nivel de la casa); y, en el plano horizontal, a 12.8 metros del nivel del suelo, esto es, a 5.5 metros por encima del techo de la vivienda, pues esta tiene una altura exterior de 7.3 metros. 

b) Y, en segundo término, precisar que en el proceso no se comprobó el dato cierto del largo que tenía el tubo metálico que Fabián Carrillo Molina pretendió trasladar del tercer al segundo piso de la vivienda. 

Al respecto, se pone de presente que la medida de 4.7 metros que indicó el perito, fue hipotética y que carece de sustento, toda vez que él la soporto en que el ancho de la ventana del tercer piso más próxima a las redes eléctricas, era de 1.71 metros, sin que pueda esclarecerse por qué, entonces, se requería de un tubo tan largo para soportar la cortina de la misma. 

Por consiguiente, resulta más razonable pensar que el referido instrumento tenía una extensión de tres metros, aproximadamente, como lo dijo el propio Fabián en el interrogatorio de parte que absolvió. 

6.2.5. En este orden de ideas, propio es colegir que si el objeto metálico en cuestión medía 3.00 metros o, incluso, 4.70 metros, como de forma especulativa lo dijo el auxiliar de la justicia, se concluye que en el supuesto de que Fabián Carrillo Molina hubiese, de un lado, conseguido sacarlo completamente por la ventana del tercer piso —cuestión poco factible por la difícil manipulación que ello exigía— y, de otro, apuntado en dirección al cable transmisor de energía de media tensión, no habría podido hacer contacto con el mismo, de haber estado éste instalado a las distancias reglamentarías que le correspondían, atrás indicadas (2.10 metros desde la fachada del tercer piso y 5.50 metros por encima del techo de la construcción), pues la línea imaginaria entre la ventana y el hilo conductor, tendría una longitud mucho mayor. 

Es que desde el borde del techo de la construcción, hasta el sitio donde debía estar instalada la red, habrían 5.89 metros, medida que se obtiene de aplicar el “Teorema de Pitágoras”, conforme el cual, en todos los triángulos rectángulos, “la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los lados contiguos al ángulo recto (catetos) al cuadrado”, es decir, H2 =A2 + B2, siendo A y B los dos catetos y H la hipotenusa. 

Con una gráfica se explica mejor:

3
 

De donde:

H2 = A2 + B2

H2= 5.52 + 2.12

H2= 30.25 + 4.41

H= 5.89

Menos factible era el contacto, si se tiene en cuenta que el espacio entre la ventana del tercer piso, por estar ubicada por debajo del borde del techo, y la red eléctrica, sería mayor a la indicada, no siendo posible aquí calcularla, por desconocerse la menor altura de aquélla.

El precedente análisis descarta también la posibilidad de que, en el analizado supuesto, el extremo del tubo hubiese podido llegar a acercarse a menos de 0.50 metros del cable de media tensión, para generar un arco eléctrico o voltaico que produjere la electrocución, apreciación que tiene en cuenta lo que en su testimonio declaró el técnico de Codensa S.A. ESP, señor Edwin Mauricio Rodríguez López.

6.2.6. Nítido resulta, pues, que la circunstancia determinante del accidente de que se trata, fue el hecho de que las redes eléctricas no se encontraban instaladas con sujeción a las normas técnicas, en particular, a las distancias de seguridad mínimas, pues si así hubiese acontecido, con todo y el proceder imprudente de Fabián Carrillo Molina, no se habría producido su electrocución.

6.2.7. Esta inferencia de la Corte, encuentra respaldo en las apreciaciones del perito, quien sobre el punto conceptuó:

9. Ancho de la ventana más próxima a las redes eléctricas y posible largo de un tubo que soporta una cortina que cubra dicha ventana a todo lo ancho de ella.

Respuesta: Ancho de la ventana 1.71 metros, Largo del tubo 4.67 metros.

10. Distancia entre la ventana del tercer piso y la del segundo.

Respuesta: Medida desde la parte inferior de la ventana del tercer piso y la parte superior de la ventana del segundo piso hay 1.0 metro.

11. Voltaje de la red que pasa por el inmueble.

Respuesta: 11400 [v]oltios.

12. Verificar el largo del tubo, con el ancho de la ventana del tercer piso, determinar si era viable sacarlo por dicha ventana y bajarlo a la del segundo piso sin contactar los cables de electricidad vecinos.

Respuesta: El largo del tubo sin dividirlo es de 4.67m. Sin dividirlo no es viable sacarlo y bajarlo al segundo piso. Si el tubo se divide en dos partes iguales sería viable sacarlo (haciéndolo con cuidado extremo) y bajarlo al segundo piso si se cumplen las distancias ordenadas por el RETIE: b=2.3 m y a=3.8 m, donde b es la distancia de la línea o conductor energizado a 11.4 KV y la fachada de la edificación, ‘a’ es la distancia vertical sobre el tejado, ver la figura de[l] RETIE. El señor José Carrillo afirma que el tubo estaba dividido.

6.2.8. De lo expuesto se sigue que la excepción de “culpa exclusiva de la víctima” tampoco está llamada a buen suceso, pues los fundamentos en que se sustenta no desvirtúan el nexo de causalidad existente entre la culpa presunta de la demandada y el daño cuya reparación aquí se persiguió.

IV. La indemnización

1. El éxito de la acción y el fracaso de las excepciones permite pasar al estudio de la indemnización fijada por el a quo en el fallo de primera instancia, que la Corte, como es obvio entenderlo y ya se anunció, circunscribirá a los argumentos sustentantes de las apelaciones que las recurrentes interpusieron contra dicho proveído.

2. Codensa S.A. objetó la liquidación del lucro cesante debido, fundamentalmente, a que no era dable efectuar su tasación con base en el supuesto de que Fabián Carrillo Molina hubiese llegado a desempeñarse como contador público, pues de la simple circunstancia de que al momento de producirse el accidente, él fuera admitido por la Universidad de La Salle de esta capital para adelantar los estudios de ese programa, no permitía arribar a la referida inferencia del a quo, por lo que la para la tasación de indicado factor no podía aplicarse el salario que percibiría un profesional en ese campo, sino el salario mínimo legal mensual.

Añadió que de persistirse en la idea de tal desempeño laboral, en el cálculo del rubro de que se trata debía descontarse el período de tiempo que la citada víctima necesitaba para titularse como tal, es decir, cinco años, como mínimo.

A su turno, la llamada en garantía advirtió sobre la inexistencia del daño emergente y la excesiva estimación de los perjuicios morales reclamados por los demandantes.

3. En frente de los reparos elevados por la empresa accionada, procede el siguiente análisis:

3.1. Es cierto que el juzgado del conocimiento, para calcular el lucro cesante, se soportó en la idea de que Fabián Carrillo Molina, de no haberse presentado el accidente en el que resultó gravemente lesionado, hubiese llegado a titularse como contador público. Al respecto, esa autoridad expuso:

(…), con la certificación obrante a folio 4 del expediente y debidamente ratificada por María Teresa Medellín (Coordinadora Académica del Colegio I.E.D. La Amistad), se acreditó que Fabián Carrillo, para el momento del accidente era estudiante del grado once (…) [y] también se probó que había obtenido el cupo para ingresar a estudiar contaduría en la Universidad de la Salle, tal como se advierte de la certificación visible a folio 5, que también fue ratificada por Luis Esneyder Ortiz (Jefe de Admisiones y Registro de esa [u]niversidad), (…) [lo] cual tuvo que aplazar en virtud del accidente y de las múltiples cirugías que le fueron practicadas, sin que con posterioridad hubiese podido iniciar sus estudios superiores debido a la falta de capacidad económica de su familia, por haber tenido que cerrar su taller y, en adición, a su bajo estado de ánimo.

Lo anterior muestra que, de no haber sufrido el accidente, Fabián Carrillo habría cursado sus estudios de contaduría pública, por lo que para efectos de calcular el lucro cesante debe partirse de esa base, específicamente del monto que reflejan las estadísticas reportadas por el Observatorio Laboral para la Educación [del] Ministerio de Educación, según las cuales en Colombia el ingreso promedio de un profesional en contaduría, es de $ 1’095.247,oo, tal como puede verse en la publicación efectuada por ese Ministerio en su página web.

3.2. Todo daño, para que sea indemnizable, “debe ser ‘directo y cierto’ y no meramente ‘eventual o hipotético’, esto es, que se presente como consecuencia de la ‘culpa’ y que aparezca ‘real y efectivamente causado’” (CSJ, SC del 27 de marzo de 2003, Rad. 6879; se subraya).

En tratándose de ganancias dejadas de percibir, indispensable es reiterar, de un lado, que “la indemnización exige la certeza del detrimento, o sea, su verdad, existencia u ocurrencia tangible, incontestable o verosímil, ya actual, ora ulterior, acreditada por el demandante como presupuesto ineluctable de la condena con pruebas idóneas en su entidad y extensión”; y, de otro, que “la jurisprudencia de esta Corte cuando del daño futuro se trata y, en particular, del lucro cesante futuro, ha sido explícita ‘en que no es posible aseverar, con seguridad absoluta, como habrían transcurrido los acontecimientos sin la ocurrencia del hecho’, acudiendo al propósito de determinar ‘un mínimo de razonable certidumbre’, a ‘juicios de probabilidad objetiva’ y ‘a un prudente sentido restrictivo cuando en sede litigiosa, se trata de admitir la existencia material del lucro cesante y de efectuar su valuación pecuniaria, haciendo particular énfasis en que procede la reparación de esta clase de daño en la medida en que obre en autos, a disposición del proceso, prueba concluyente en orden a acreditar la verdadera entidad de los mismos y su extensión cuantitativa, lo que significa rechazar por principio conclusiones dudosas o contingentes acerca de las ganancias que se dejaron de obtener, apoyadas tales conclusiones en simples esperanzas, expresadas estas en ilusorios cálculos que no pasan de ser especulación teórica, y no en probabilidades objetivas demostradas con el rigor debido’ (cas. civ. sentencia de 4 de marzo de 1998, exp. 4921)” (CSJ SC del 9 de septiembre de 2010, Rad. 2005-00103-01; se subraya).

3.3. No obstante que en el proceso aparece plenamente acreditado que, al momento en el que tuvo ocurrencia el accidente materia del litigio, el joven Fabián Carrillo Molina, por una parte, estaba próximo concluir el grado once de educación media y, por otra, había sido admitido por una universidad de la ciudad para cursar el programa de contaduría pública, forzoso es colegir que de esos hechos, siguiendo reglas probabilísticas objetivas, no podía, ni puede, inferirse, como un hecho cierto, o cuya ocurrencia pudiera calificarse de altamente factible, que él, de no haber experimentado el suceso que lo afectó, habría conseguido titularse como tal y, consecuencialmente, desempeñarse laboralmente en ese campo.

Muy lejos se está de la obtención de un título profesional, en el momento en que se obtiene el cupo para ingresar al programa respectivo, pues para la consecución de ese logro debe el interesado, en síntesis, contar con los recursos económicos necesarios para sufragar los gastos que el estudio, y la condición de estudiante, demandan; y, además, superar satisfactoriamente los deberes académicos que toda carrera profesional impone.

3.4. Así las cosas, no hay duda de que, partiendo para ello del simple hecho de que Fabián Carrillo Molina fue admitido por la Universidad de La Salle de Bogotá para ingresar a su facultad de contaduría pública, colegir que él, en el futuro inmediato, tendría un desempeño laboral como tal, corresponde a un juicio especulativo, hipotético o eventual del sentenciador de primera instancia, que, por lo mismo, no podía, ni puede, ser utilizado para calcular las ganancias que dejó de percibir o que en lo venidero no recibirá, como consecuencia del daño irrogado a su persona, en virtud de la electrocución de que fue objeto.

3.5. De lo anterior se sigue que mal hizo el a quo en tomar, como ingreso base para la liquidación del lucro cesante, el salario que, según el “Observatorio Laboral para la Educación” del Ministerio de Educación devengaría un contador público titulado, ítem que deberá remplazarse por el salario mínimo legal mensual, como lo solicitó la propia recurrente, amén que ese ha sido el parámetro utilizado por la Corte en todos los casos en los que no aparece demostrada la percepción de sumas diferentes, cuestión sobre la que en tiempo reciente acotó:

Como en el expediente omitió adosarse prueba para hallar la suma en el período en cuestión (…) es preciso acudir a los criterios auxiliares de la actividad judicial, entre otros, la equidad, la jurisprudencia y la doctrina, tal como lo mandan los artículos 230 de la Constitución Política y 16 de la Ley 446 de 1998, asunto sobre el cual esta Corporación ha dicho, entre otras cosas, refiriéndose a la mentada problemática, que ante la falta de otros medios de convicción, debe el juzgador acoger como referente para dicha tasación el salario mínimo legal, pues ‘(…) nada descabellado es afirmar que quien trabaja devenga por lo menos el salario mínimo legal (…)’ (CSJ, SC 5885-2016 del 6 de mayo de 2016, Rad. 2004-00032-01).

3.6. La conclusión precedente deja sin piso la otra queja que la demandada formuló frente a la liquidación del lucro cesante, pues descartado, como queda, que sea criterio admisible para la liquidación del mismo el desempeño futuro de Fabián Carrillo Molina como contador público, no hay lugar a descontar en la cuantificación del rubro de que se trata el período de cinco años correspondiente al tiempo que, como mínimo, hubiese necesitado aquél para adelantar los estudios de esa profesión.

3.7. Como la única modificación que cabe hacerse al cálculo del lucro cesante, pasado y futuro, que aparece en la sentencia de primera instancia, es la base económica de la que debe partirse, puesto que los demás factores que integran la liquidación no fueron objeto de ningún reproche por los apelantes, se impone a la Corte, para recalcular tal factor, aplicar las mismas fórmulas utilizadas por el a quo y realizar similares operaciones a las suyas, pero tomando como ingreso de la víctima el salario mínimo legal mensual que estaba vigente para la fecha de ese fallo -11 de noviembre de 2011-, que corresponde a la suma de $ 535.600.

Realizada así la liquidación, se establece que el lucro cesante pasado asciende a la cantidad de $ 21.018.390.12; y que el futuro llega a $ 106.857.234.64. Sumados estos valores y reducidos en un 50%, teniendo en cuenta la pérdida de la capacidad laboral de la víctima, tal y como lo estimó el juzgado del conocimiento, se concluye que el referido perjuicio totaliza la suma de $ 63.937.812.38.

3.8. Al actuar la Corte en sede de segunda instancia, es deber suyo actualizar tal condena de conformidad con el mandato final del inciso 2º del artículo 307 del Código de Procedimiento civil, que reza: “De la misma manera deberá proceder el superior para hacer la condena en concreto omitida total o parcialmente por el inferior, o para extender la condena en concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, aun cuando las parte beneficiada con ella no hubiese apelado” (se subraya)

Se sigue, por lo tanto, a efectuar el referido ajuste, con fecha de corte el 30 de junio de 2016, razón por la cual el ingreso base aplicable será el monto del salario mínimo legal mensual vigente en el presente año, que corresponde a la suma de $ 689.455.oo.

3.8.1. Lucro cesante pasado:

Como es lógico entenderlo, varía el período de la liquidación, por corresponder al transcurrido entre la fecha del accidente y la de ese acto (30 de junio de 2016). Equivale a 88,47 meses.

Reemplazando en la fórmula utilizada por el a quo, se obtiene:

1
 

3.8.2. Lucro cesante futuro:

Se tomará el mismo tiempo de vida probable de la víctima definido por el a quo, que corresponde al período de la liquidación (730 meses).

Cambiando en la respectiva fórmula matemática el ingreso base ($ 689.455.00) y el ítem temporal, se tiene:

2
 

3.8.3. Como la pérdida de la capacidad laboral de Fabián Carrillo Molina aplicada por el a quo fue del 50%, se colige que los anteriores valores deben reducirse a la mitad, así:

a) Lucro cesante pasado: $ 76.480.676.69 / 2 = $ 38.240.338.34.

b) Lucro cesante futuro: $ 133.089.873.52 / 2 = $ 66.544.936.76.

3.8.4. En definitiva, se concluye que al 30 de junio de 2016, fecha de corte de la liquidación, el lucro cesante totaliza la suma de $ 104.785.275.11.

3.8.5. Como la liquidación del precitado rubro puede incrementarse para cuando se realice su pago, la concreción de su monto a tal momento deberá realizarse con estricta sujeción a las pautas fijadas por la Corte precedentemente y con observancia de lo dispuesto en el inciso final del artículo 308 del Código de Procedimiento Civil.

4. Ningún acogimiento merecen los reproches que en relación con la condena impuesta en el fallo auscultado formuló la aseguradora llamada en garantía, pues el juzgado del conocimiento negó el daño emergente reclamado, por lo que no hay lugar a evaluar su inexistencia; y porque, frente a la excesiva reclamación de perjuicios morales por parte de los demandantes, según la llamada en garantía, el juzgado circunscribió las condenas que impuso, a unos límites que guardan conformidad con los lineamientos jurisprudenciales fijados por esta Corporación.

IV. El llamamiento en garantía

1. En lo que concierne a este tópico, se establece que la única condena que en el fallo de primer grado se impuso a la llamada en garantía, fue el pago a Fabián Carillo Molina de lucro cesante (punto tercero de su parte resolutiva), toda vez que los otros valores fijados para indemnizar el “daño fisiológico” que se le irrogó y los perjuicios morales, se asignaron exclusivamente a la empresa demandada. 

2. Ahora bien, considerada la suma que por concepto de lucro cesante concretó el a quo ($ 130.746.260,63), que esta Corte redujo a $ 63.937.812.38, al tomar como base para su cálculo el salario mínimo legal mensual y no los ingresos de un profesional en contaduría pública, así como su monto actualizado a la fecha de esta sentencia, que corresponde a la cantidad de $ 104.785.275.11, se colige que uno y otro valor atiende las previsiones del contrato de seguro de responsabilidad civil celebrado entre la accionada, como tomadora-asegurada, y la llamada en garantía, como aseguradora, recogido en la póliza No. 4000018, pues ninguno de los dos supera su cobertura, fijada en “US$ 150,000,000” con un deducible de “US$ 99.000 POR SINIESTRO”. 

3. El acatamiento de esas estipulaciones negociales descarta que, en desarrollo de las apelaciones examinadas, deba efectuase algún ajuste a la indicada decisión, pues la aseguradora recurrente limitó su alegación a solicitar que cualquier condena que se le impusiese, se sometiera a las advertidas restricciones de la póliza. 

V. Conclusiones

En definitiva, la Corte confirmará la sentencia del a quo, pero con modificación y adición del punto tercero de su parte resolutiva, en cuanto hace al valor del lucro cesante allí impuesto, a la actualización de ese monto al 30 de junio de 2016 y a la forma como debe efectuarse su ajuste al día del pago.

Costas en segunda instancia a cargo de las apelantes, pero solo en un 80%, habida cuenta que fruto de su inconformidad se reducirá el valor del lucro cesante estimado por el a quo. Como agencias en derecho se fija la suma de $ 8.000.000.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del 24 de abril de 2012, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, dentro del proceso ordinario que se dejó plenamente identificado al comienzo de este proveído, y, como consecuencia de ello, en sede de segunda instancia,

RESUELVE:

1. Confirmar el fallo de primera instancia, dictado en ese mismo asunto litigioso el 11 de noviembre de 2011, por el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá, Piloto de Oralidad, con modificación y adición del punto tercero de su parte resolutiva, que quedará así:

“3. Condenar a Codensa a pagar solidariamente con la garante Generali Colombia Seguros Generales S.A., a Fabián Carrillo Molina la suma de (…)” sesenta y tres millones novecientos treinta y siete mil ochocientos doce pesos con treinta y ocho centavos ($ 63.937.812.38), “correspondiente (…) a los perjuicios materiales por lucro cesante, para lo cual se le[s] concede el término de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del presente fallo”.

PAR. 1º—El lucro cesante atrás referido, actualizado al treinta (30) de junio de dos mil dieciséis (2016), asciende a la suma de ciento cuatro millones setecientos ochenta y cinco mil doscientos setenta y cinco pesos con once centavos ($ 104.785.275.11).

PAR. 2º—Para determinar el valor del lucro cesante al momento de su pago, efectúese el cálculo del mismo con estricta sujeción a los lineamientos fijados por la Corte en la parte motiva de este fallo y téngase en cuenta el mandato contenido en el inciso final del artículo 308 del Código de Procedimiento Civil.

2. Costas en segunda instancia a cargo de las apelantes, pero solo en un ochenta por ciento (80%). Como agencias en derecho se fija la suma de ocho millones de pesos ($ 8.000.000). La Secretaría del ad quem efectúe la correspondiente liquidación.

Sin costas en casación, por la prosperidad del recurso.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo, presidente de la Sala—Margarita Cabello BlancoAroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Luis Alonso Rico Puerta—Luis Armando Tolosa Villabona.