Sentencia SC18381-2016/2012-01847 de diciembre 16 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC18381-2016

Rad.: 11001-02-03-000-2012-01847-00

Magistrado Ponente:

Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo

(Aprobada en sesión de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis)

Bogotá, D. C., dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Cuestión de primer orden es indicar que no obstante haber entrado en vigencia de manera total el Código General del Proceso a partir del 1º de enero del año en curso, al sub lite no resulta aplicable porque consagró, en el artículo 624 y el numeral 5º de su artículo 625, que los recursos ya radicados, entre otras actuaciones, deberán seguirse surtiendo empleando “las leyes vigentes cuando se interpusieron”.

Y como el que ahora ocupa la atención de la Sala fue iniciado bajo el imperio del Código de Procedimiento Civil, será este ordenamiento el que siga rigiéndolo.

2. El principio de inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas no es absoluto, toda vez que el artículo 379 de esta obra prevé la posibilidad de que sean revisadas si se presentan dificultades e irregularidades en la obtención de la prueba, fraude procesal, indebida representación o nulidades que afectan la actuación (artículo 380 ibídem).

A pesar de constituir una oportunidad adicional para quien estime lesionado su derecho al debido proceso, no consiste en una tercera instancia, por lo que es inviable el planteamiento de posiciones jurídicas o exposición de soluciones alternas al conflicto, por muy convincentes que sean, menos el reforzamiento de argumentos ya examinados por los juzgadores.

En otros términos, se trata de un remedio excepcional frente a graves anomalías que ensombrecen el deber de administrar justicia, para que se regularicen siempre y cuando hayan sido advertidas con posterioridad a la producción del fallo. De allí que su prosperidad está subordinada a que se trate de un aspecto novedoso y, por ende, que no fue materia de debate en el curso del pleito.

Como lo dijo la Sala,

El Código de Procedimiento Civil contempla en su artículo 379 la posibilidad de que las sentencias de los tribunales, una vez ejecutoriadas, puedan ser sometidas a escrutinio frente a la ocurrencia de una o varias de las causales del 380 ibídem, relacionadas con dificultades e irregularidades en la obtención de la prueba, fraude procesal, indebida representación o nulidades que afecten la actuación (…) Tal figura es una expresión del deber de administrar cumplida justicia evitando las decisiones contrarias a ella, con el fin de solventar situaciones que afecten las garantías procesales de las partes, para, de ser necesario y acreditado uno o varios de los motivos esgrimidos, invalidar lo inadecuadamente tramitado o proferir un nuevo fallo en el que se protejan sus derechos, tanto adjetivos como sustanciales (…) No obstante, el recurso de revisión por su connotación extraordinaria debe reunir determinados supuestos, de un lado encajando dentro de las situaciones que para el efecto consagra la ley procesal y del otro correspondiendo a verdaderos descubrimientos o hechos nuevos que patenticen la irregularidad alegada, ajena a la desidia o descuido de los deberes propios de quienes estuvieron involucrados en la litis, toda vez que si existió campo para su discusión dentro del curso normal del debate no es este el escenario propicio para hacerlo, ya que se convertiría en una nueva instancia o la oportunidad de reabrir etapas debidamente precluidas con amparo en la normatividad vigente. (CSJ SC de 15 nov. 2012, rad. 2010-00754).

3. La impugnante invocó la causal 8ª del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, consistente en “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso”, argumentando que la sentencia de segunda instancia fue dictada por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, a pesar de que el competente funcional era el Tribunal Superior de Cundinamarca.

4. Para que se configure la causal octava de revisión se exige que el funcionario incurra en un vicio de nulidad al momento de pronunciarse y que no esté previsto otro recurso que permita su análisis dentro del rito.

Así lo ha decantado por la Sala al anotar que

El num. 8º del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, gravita en torno de la protección del debido proceso y del derecho a ser oído y vencido en juicio con la plenitud de las formas procesales (artículo 29 de la Constitución Política), sobre la base, en primer término, de que se incurra en una irregularidad estructurante de nulidad al proferirse la sentencia que puso fin al proceso; y en segundo lugar, de que dicha decisión no sea susceptible de recurso alguno. (CSJ SC de 8 abr. 2011, rad. 2009-00125-00).

Y centrándose en el último requisito la jurisprudencia ha establecido que si contra el fallo generador del vicio era procedente recurso, sin que se acudiera a él, la revisión se torna inviable, al señalar:

(…) la segunda regla citada, que constituye “motivo de revisión” la “existencia de nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso, lo que implica que su estructuración deriva de la presencia en la misma sentencia de ciertas circunstancias anómalas o irregulares, que dada la gravedad que alcanzan por la afectación, en principio, del debido proceso o del derecho de contradicción o defensa, adquieren idoneidad jurídica para la invalidación de aquella, cuando no estuviere habilitado legalmente otro medio para su impugnación (…). (CSJ SRC4584, 10 abr. 2014, rads. nº 2010-00346-00 y 2010-00673-00).

5. Con base en tales premisas concluye la Corte que no se cumple el primero de los presupuestos referidos, por lo que se declarará impróspero el recurso extraordinario.

Si bien es cierto la competencia funcional para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en el juicio ejecutivo censurado estaba radicada en el Tribunal Superior de Cundinamarca, al ser el superior del Juzgado Civil del Circuito de Cáqueza, no menos cierto es que esa atribución fue transferida a la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá.

Efectivamente, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en desarrollo de las facultades previstas en el artículo 63 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, expidió el Acuerdo 7043 de 2010 modificado por el 9261 de 21 de febrero de 2012, en los cuales creó la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá y, entre otras cosas, le dio la potestad de dictar sentencia en los juicios de conocimiento de la Sala Civil-Familia del Tribunal de Cundinamarca.

Esa traslación de competencia se ajusta al ordenamiento, toda vez que el artículo 15 de la ley 1285 de 2009 modificatorio del citado 63 de la ley 270 de 1996, ordenó crear un “plan nacional de descongestión” que debía ser “concertado con la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, según correspondiere”, y en cuya ejecución se adoptaran como algunas de las medidas que

a) El Consejo Superior de la Judicatura, respetando la especialidad funcional y la competencia territorial podrá redistribuir los asuntos que los Tribunales y Juzgados tengan para fallo asignándolos a despachos de la misma jerarquía que tengan una carga laboral que, a juicio de la misma Sala, lo permita;

b) La Sala Administrativa creará los cargos de jueces y magistrados de apoyo itinerantes en cada jurisdicción para atender las mayores cargas por congestión en los despachos. Dichos jueces tendrán competencia para tramitar y sustanciar los procesos dentro de los despachos ya establecidos, asumiendo cualquiera de las responsabilidades previstas en el artículo 37 del C.P.C.; los procesos y funciones serán las que se señalen expresamente;

c) Salvo en materia penal, seleccionar los procesos cuyas pruebas, incluso inspecciones, puedan ser practicadas mediante comisión conferida por el juez de conocimiento, y determinar los jueces que deban trasladarse fuera del lugar de su sede para instruir y practicar pruebas en proceso que estén conociendo otros jueces;

d) De manera excepcional, crear con carácter transitorio cargos de jueces o magistrados sustanciadores de acuerdo con la ley de presupuesto (…)

Con otras palabras, a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se le dio la atribución, en ejercicio de la aplicación de políticas de redistribución de cargas asignadas a los distintos despachos judiciales, de alterar la competencia de los diferentes tribunales y juzgados del país, indistintamente de la jurisdicción.

Por ende, se concluye que ese proceder no constituye causal de nulidad de lo actuado en los estrados a los que le sean asignados los juicios que otrora estaban radicados en distintas sedes, sino que devela un cambio organizacional en el interior de la Rama Judicial, precisamente para garantizar una pronta administración de justicia a favor de los ciudadanos que acuden a tal estamento.

Sobre ese específico tema la Corte, había tenido oportunidad de pronunciarse, en un caso de contornos iguales, al señalar

Quiere decir que el ámbito de acción de la Sala Administrativa del Consejo Superior es tan vasto, que la aplicación de las políticas de redistribución incide directamente en la alteración de las competencias de los diferentes tribunales y juzgados del país, indistintamente de la jurisdicción, sin que para ello necesite contar con su aprobación o aquiescencia, como lo ha entendido la Corte en diversos pronunciamientos, proceder que de ninguna manera es constitutivo de nulidad.

(…)

Es así como el cambio de tribunal no fue caprichoso ni abusivo, sino el producto de la aplicación de medidas de descongestión tomadas por el organismo integrante de la Rama Judicial facultado para hacerlo.

Basta con remitirse al contenido del Acuerdo PSAA12-9261 en virtud del cual se tuvieron en cuenta las medidas de alivio que desde el año 2010 se habían adoptado para la Sala Civil del Tribunal de Bogotá, haciéndoselas extensivas a la Sala Civil - Familia del Tribunal de Cundinamarca, para que se entregaran a los Magistrados de descongestión preexistentes “hasta veinte (20) procesos mensuales para fallo, seleccionando prioritariamente los expedientes más antiguos, sin que el número total de procesos supere sesenta (60)”. (CSJ SC16484 de 2015, rad. nº 2007-00335-01).

En este orden de ideas, colígese que no ocurrió el vicio alegado, puesto que el traslado del proceso ejecutivo con garantía real iniciado por Intendencia Empresarial S.A. contra el Colegio Santiago Gutiérrez, del Tribunal de Cundinamarca a su homólogo de Bogotá, no obedeció al capricho de los funcionarios judiciales, sino al cumplimiento de directrices que en materia administrativa adoptó el Consejo Superior de la Judicatura.

Además, ese traslado así como el proferimiento de la sentencia que dirimió el litigio fue realizado garantizándose el derecho de defensa y, por tanto, el debido proceso de las partes, habida cuenta que estas ya habían manifestado los motivos por lo que cada una estimaba que debía dictársele fallo favorable.

Así mismo, porque la notificación de la determinación de fondo adoptada en el despacho de descongestión fue realizada por el estrado que inicialmente conoció del pleito, esto es, la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, con el propósito de proteger los derechos de los intervinientes –no los vulneró como lo alega la recurrente– al dar la posibilidad de que esa decisión sea publicada en el despacho judicial al cual acuden de ordinario los contendores en aras de conocer las incidencias que haya tenido el litigio.

En suma, no constituye vicio de nulidad por falta de competencia funcional que dicte sentencia de segunda instancia un despacho judicial distinto a aquél que había asumido el conocimiento del proceso, cuando ese traslado es producto de una redistribución adoptada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante el correspondiente acto administrativo.

Esta conclusión había sido expuesta por la Sala en pretérita ocasión, al señalar

(…) ello, per se, tampoco constituye vicio procesal de ninguna especie dado que, la facultad para adoptar medidas de descongestión y crear jueces o salas especializadas para tramitar causas litigiosas en curso, o para fallar, como ocurrió en el presente caso, es una atribución legal que tiene el Consejo Superior de la Judicatura merced a las previsiones del artículo 85.5 de la Ley 270 de 1996 y el precepto 63 ejusdem, modificado por el artículo 15 de la Ley 1285 de 2009 (…) (CSJ SC15413 de 2014, rad. nº 2005-00410-01).

6. Se concluye de lo expuesto que no prospera el recurso extraordinario examinado, por lo que así se declarará.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve:

1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el Colegio Santiago Gutiérrez frente a la sentencia de 9 de marzo de 2012, proferida por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ejecutivo hipotecario promovido por Intendencia Empresarial S.A. contra el recurrente.

2. Condenar a la entidad impugnante a pagar las costas y perjuicios. En la liquidación de aquellas inclúyase por concepto de agencias en derecho $3’000.000 y, en cuanto a los últimos podrán establecerse y cuantificarse previo trámite incidental.

3. Hacer efectiva la caución constituida para cancelar los valores provenientes de los rubros señalados. Para tal efecto, en su oportunidad la secretaría librará los oficios que se requieran, así mismo expedirá las copias pertinentes, debiendo sufragar las expensas quien las requiera.

4. Devolver el proceso al juzgado de origen, agregando copia de esta providencia, y en su oportunidad archívese el expediente que recoge la actuación surtida ante esta corporación.

Notifíquese».