Sentencia 2014-02855/2014-02855 de mayo 30 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Fernando García Restrepo

SC1859-2018

Rad.: 11001-02-03-000-2014-02855-00

(Aprobado en sesión de once de abril de dos mil dieciocho)

Bogotá, D.C., treinta de mayo de dos mil dieciocho.

Decide la Corte el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Gilma Inés Ballesteros de Osorio y María Dora Osorio Ballesteros, respecto de la sentencia proferida el 23 de mayo de 2013 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso reivindicatorio que en contra de las recurrentes y otras, adelantó Diana Isabel Osorio Benthan y Miguel Ángel González Alarcón.

I. Antecedentes

1. En el mencionado proceso declarativo, cuyo trámite se ventiló en primera instancia ante los Juzgados Treinta y Ocho Civil del Circuito y Quince Civil del Circuito de Descongestión, ambos de esta ciudad, Diana Isabel Osorio Benthan y Miguel Ángel González Alarcón, pretendieron que se declarara, en lo fundamental, que les pertenece el pleno y absoluto dominio del bien distinguido con el folio de matrícula Nº 5OC-263716, ubicado en la “Calle 39 Nº 26A-45 de la ciudad de Bogotá D.C.”, y, que como consecuencia de lo anterior, se condene a las demandadas Gilma Inés Ballesteros de Osorio, María Dora Osorio Ballesteros, Flor Alba Ballesteros Pérez, y, Marina Ballesteros de Sandoval, a restituirlo a su favor, debiendo cancelar además el valor de los frutos naturales o civiles percibidos por el inmueble y los que ellos como dueños hubieren podido percibir “con mediana inteligencia y cuidado”, desde el mismo momento en que aquéllas iniciaron la posesión irregular del mismo, esto es, el 25 de febrero de 2000, y hasta el momento en que se haga efectiva su entrega material (fls. 54 y 55, cdno. 1)

2. En procura de sustentar dichas pretensiones, los interesados argumentaron, en síntesis, que:

2.1. Mediante escritura pública Nº 10702 del 10 de octubre de 2005, otorgada en la Notaría 19 de Bogotá D.C., adquirieron el derecho de dominio y la posesión del inmueble mencionado, por compra realizada al Banco Central Hipotecario en liquidación, quien a su vez lo obtuvo en virtud de la dación en pago celebrada con las demandadas a través de la escritura Nº 5133 del 16 de diciembre de 1999, de la Notaría 13 del mismo Círculo Notarial.

2.2. Que pese a que mediante la citada dación en pago las convocadas transfirieron al BCH “el derecho de dominio, posesión junto con las mejoras y anexidades del inmueble aquí referido”, éstas nunca lo entregaron a la entidad bancaria, razón por la cual esta última en la escritura de compraventa los facultó para “iniciar las acciones judiciales pertinentes que les permitiera recuperar la tenencia y posesión del inmueble”.

2.3. Como quiera que la dación en pago suscrita por las demandadas con el BCH solo se registró en el folio de matrícula del bien pretendido hasta el 24 de febrero de 2000, “ha de entenderse que la posesión irregular la han ejercido estas personas desde el 25 de febrero de 2000”, actuando siempre de mala fe, si en cuenta se tiene que mediante dicho acuerdo quedó no solo saldada la obligación dineraria que tenían con el banco, sino que se canceló la garantía real que pesaba sobre el inmueble, y pese a ello, se itera, nunca lo entregaron real y materialmente (fls. 50 a 54, ib.).

3. El Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá mediante auto del 6 de diciembre de 2006, admitió el libelo y ordenó su traslado a las demandadas (fl. 63, ídem).

4. Habiendo sido debidamente vinculadas al asunto, éstas a través de apoderado judicial contestaron la demanda oponiéndose a lo pretendido, pero sin formular medios exceptivos, alegando en compendio lo siguiente:

4.1. Si bien ciertamente celebraron un convenio de dación en pago con el BCH, “existía un compromiso (…) que éste incumplió al no constituir el Fideicomiso Inmobiliario para que [ellas] cancelaran un arriendo y tuvieran la primer opción de compra, tal y como lo ordenó y permitía la Ley de Vivienda 546 de 1999”, razón por la cual “nunca se les exigió la entrega del inmueble (…) y tienen la posesión de buena fe”; de ahí que no solo dicho acuerdo no fue perfeccionado, pues ello únicamente ocurriría con la entrega del bien, sino que tienen derecho a que se les reconozcan los perjuicios causados “por el incumplimiento y los servicios de vigilancia y cuidado del inmueble durante 8 años”, y porque adicionalmente la demandada María Dora Osorio de Ballesteros “le canceló al Banco más de $130.000.000 y nunca le fue reintegrado el valor de la reliquidación o el alivio a que tenía derecho”.

4.2. El mencionado banco obró de mala fe al suscribir la escritura de dación en pago “con el compromiso de constituir un Fideicomiso Inmobiliario”, y “transferir lo que no le pertenecía”, dado que “solo tenía los derechos de dominio, más no la posesión ni las mejoras efectuadas al inmueble”, y, los demandantes “al comprar un inmueble con este problema”, por lo que se sienten “asaltadas en su buena fe” al firmar la escritura de dación en pago sin que se efectuara la negociación en mención.

4.3. Nunca entraron al inmueble con violencia, sino en virtud de la escritura de compraventa Nº 592 del 15 de marzo de 1996, razón por la que desde dicha data es que “tienen la posesión material de inmueble” (fls. 94 a 98 y 101 a 105, Cit.).

5. Agotado el trámite de rigor, el Juzgado Quince Civil del Circuito de Descongestión de esta capital clausuró el debate con fallo desestimatorio de las pretensiones el 10 de octubre de 2012, tras advertir, en suma, que aunque los interesados acreditaron los requisitos para la procedencia de la acción de dominio, “no logr[aron] desvirtuar la presunción que según el artículo 762 C.C., abriga la posesión que ejercen los demandados respecto de la cosa litigada” (fls. 43 a 59, cdno. 2).

6. Apelada la sentencia por la parte demandante, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá –Sala Civil, en proveído del 23 de mayo de 2013 decidió revocar en su integridad aquélla, para en su lugar, entonces, en lo principal, “ORDENAR a las demandadas María (sic) Ballesteros de Sandoval, Gilma Ballesteros de Osorio, María Dora Ballesteros, así como a los herederos de Flor Alba Ballesteros Pérez, RESTITUIR a los demandantes Isabel Osorio Benthan y Miguel Ángel González Alarcón, el inmueble ubicado en la calle 39 Nº 26 A 45 de esta ciudad, en el término de cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia”; y, “CONDENAR a las demandadas (…) a cancelar a los demandantes (…) la cantidad de $81.246.392 por frutos civiles conforme lo motivado”.

Lo anterior, bajo el argumento primordial consistente en que, “si las demandadas se despojaron del derecho de dominio al transferírselo al Banco Central Hipotecario, reconocieron desde aquel entonces dominio ajeno, y en consecuencia, estaban obligadas a entregar el inmueble a la entidad financiera en esa misma fecha, esto es, el 16 de diciembre de 1999, pues para aquel entonces, mediante el acto jurídico [la dación en pago] se desprendieron de su calidad de dueñas, aunque conservaron la tenencia del bien, condición que en modo alguno tiene la virtualidad de edificar la posesión en su cabeza” (…).

“Sin embargo, nótese que la parte demandante señaló en el hecho quinto del libelo que la demandada “ha manifestado que está ejerciendo posesión sobre el inmueble (fl. 51, cdno. 1) y en el hecho octavo indicó que desde el 25 de febrero de 2000, en virtud del registro de la escritura pública las demandadas han ejercido de manera irregular la posesión del inmueble (fl. 52 cdno. 1), y al contestar la demanda las accionadas no desvirtuaron su calidad de poseedoras del mismo, sino que manifestaron que tenían tal calidad, (…) por lo que es evidente que en el presente asunto hubo una interversión del título de mera tenencia en posesión, y aunque no se haya establecido en qué momento ocurrió tal situación, habrá de tenerse como fecha de inicio de la posesión el 25 de febrero de 2000, como quiera que sobre el punto no se presentó controversia y por tal circunstancia no fue objeto de prueba.

En ese orden de ideas, como quiera que la escritura pública de venta de las demandadas al Banco Central Hipotecario se realizó el 16 de diciembre de 1999 y se registró en el folio de matrícula inmobiliaria el día 24 de febrero de 2000, fue en esta fecha que se verificó la tradición en los términos del artículo 759 del Código Civil, por lo que es evidente que resulta ser anterior a la posesión de las demandadas, quedando así desvirtuada la presunción de dueñas que amparaba a las poseedoras” (fls. 5 a 20, cdno. 4).

II. El recurso de revisión

1. Con apoyo en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, Gilma Inés Ballesteros de Osorio y María Dora Osorio Ballesteros presentaron recurso extraordinario de revisión contra la decisión de fondo de segunda instancia identificada anteriormente, solicitando a la Corte, en concreto, que “se sirva revocar la sentencia impugnada y en su defecto, se dicte la que en derecho corresponda, ordenándose además la inscripción de la decisión ante la Oficina de Registro correspondiente” (fl. 90, cdno. 3 Corte).

2. Como sustento de tales aspiraciones, la parte recurrente adujo, en relación con la causal invocada, esto es, la que tiene lugar cuando se ha “encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”, en compendio, a saber:

2.1. Debido a la interdicción definitiva declarada por el Juzgado Noveno de Familia de Bogotá en sentencia del 15 de noviembre de 1994, respecto de la señora Alba Lucía Avalo de Reyes, decisión que fue confirmada por la Sala de Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad el 29 de septiembre de 1995, fue designado como curador de ésta el señor Juan Evangelista Reyes Bustamante, con “quien se continuó la negociación del bien” que se reclamó en reivindicación, y se suscribió la promesa de compraventa del mismo el 19 de diciembre de 1995, elaborándose en esa misma data un documento dirigido a la Notaría 54 de la misma ciudad, con el propósito que se elaborara la respectiva escritura de venta, dejando allí constancia de que María Dora Osorio de Ballesteros ha ejercido la posesión del predio desde el mes de septiembre de 1992.

2.2. Que mediante la escritura pública Nº 0592 del 15 de marzo de 1996, las demandadas dentro del pleito declarativo de la referencia, adquirieron el dominio del predio identificado con el folio de matrícula 5OC-263716, el que les fue ordenado restituir en la sentencia cuestionada.

2.3. Aducen que los documentos referidos en líneas anteriores “después de haber sido suscritos y legalizados sus originales”, quedaron en poder del citado señor Reyes Bustamante, “y al parecer fueron tomados o encontrados por la señora Alba Lucía”, por lo que desde que se suscribió la respectiva escritura de venta “se desconoció el paradero de los mismos”, a lo que se suma el hecho del fallecimiento de ésta “fuera de la ciudad de Bogotá D.C. (…) desconociéndose en consecuencia su paradero, habitación, residencia, domicilio o lugar de trabajo del señor Evangelista”, situación ésta que impidió que dichas documentales fueran aportadas oportunamente al proceso en aras de demostrar la posesión que venían ejerciendo en el inmueble objeto del litigio desde el año 1992.

2.4. Precisan que fue “a principios del mes de agosto de 2014”, que María Dora Osorio Ballesteros “fue informada por un familiar” sobre el paradero del mentado señor Reyes Bustamante en la ciudad de Tunja, por lo que una vez lo localizó, “se encontraron en la ciudad de Bogotá D.C., el día 19 de agosto de 2014” y pudo obtener la documentación traída al presente recurso, de donde se desprende, dicen, que “los hechos ocurridos son producto del hombre, que escapan de la mano y de la voluntad de las accionadas, colocándolas en una impotencia relativa para superar el hecho ante la imprevisibilidad de los acontecimientos ocurridos en el seno de la familia Reyes-Avalo” (fls. 62 a 91, cdno. 3 Corte).

III. El trámite del recurso extraordinario

1. Presentada la demanda correspondiente y concedido amparo de pobreza a las recurrentes (fl. 95, cdno. 3 Corte), esta Colegiatura ordenó al Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá la remisión del respectivo expediente (fl. 102, ib.).

2. Una vez recibido éste y subsanados los defectos advertidos en el escrito inicial, por auto del 2 de junio de 2015 se admitió la demanda de revisión y se dispuso que de ella se corriera traslado a Miguel Ángel González Alarcón y Diana Isabel Osorio Benthan (fl. 129 Cit.), quienes una vez notificados de dicha decisión, través de apoderado judicial se opusieron a la prosperidad de la impugnación extraordinaria, el primero formulando la excepción de mérito que denominó “Infundado el recurso extraordinario de revisión”, tras considerar, en suma, que los documentos aportados ahora como nuevos por las recurrentes, sencillamente “sirvieron de base para llevar a cabo un negocio jurídico en el cual el vendedor se obliga a vender y el comprador se compromete a comprar dicho inmueble que posteriormente se elev[ó] a escritura pública”, por lo que “pretenden crear o mejorar la prueba que nunca aportaron pudiendo allegarla en las instancias y etapas procesales del reivindicatorio” (fls. 171 a 177 ibídem).

Por su parte, la otra demandada atacó lo pretendido con el medio exceptivo que tituló: “La causal invocada no reúne los requisitos exigidos por el numeral 1º del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil”, pues en su sentir, “no se demostró la fuerza mayor o el caso fortuito, o la obra de la parte contraria, que imposibilitaron aportar los señalados documentos aportados a este recurso”, los que además, “no ostentan por si solos, la virtualidad para considerar que de haberlos conocido el juzgador, hubiera proferido la decisión en sentido diferente al que plasmó en la sentencia censurada” (fls. 182 a 199, Op. Cit.).

3. Mediante proveído del 31 de octubre de 2016 se tuvo por notificados, por conducta concluyente, a los convocados Domingo Alberto Ballesteros Pérez y Marina Ballesteros de Sandoval, quienes guardaron silencio frente a los medios de defensa propuestos por los demandados.

4. El trámite prosiguió con la apertura de pruebas por auto del 13 de diciembre siguiente (fl. 213, ib.), y luego de culminada la etapa de su recaudo, se corrió traslado común a los intervinientes para alegar de conclusión (fl. 249, ibídem), el cual fue aprovechado por Diana Isabel Osorio Benthan y Miguel Ángel González Alarcón (fls. 251 a 254 Cit.), y, por las recurrentes (fls. 255 a 265 Cfr.), de manera que la actuación se encuentra para dictar sentencia.

IV. Consideraciones

1. El recurso extraordinario de revisión ha sido concebido para remover el principio de inmutabilidad característico de la cosa juzgada, con el propósito de salvaguardar la primacía de la justicia en las decisiones judiciales, pero únicamente cuando se configure alguna de las específicas circunstancias que el legislador ha establecido en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, (aplicable a esta impugnación extraordinaria por haberse formulado antes de entrar en vigencia el Código General del Proceso), las que dan lugar a invalidar las sentencias pronunciadas sin contar con documentos que hubiesen sido determinantes en el criterio del fallador y que por las razones allí consagradas no pudieron aportarse en la oportunidad legal, así como las obtenidas con fraude o engaño, ya sea mediante la utilización de pruebas ilícitas, o con prescindencia de otras relevantes que podrían cambiar el sentido de la decisión, o conseguidas con maniobras tramposas, o con quebrantamiento del debido proceso, e incluso, en la hipótesis del num. 9º ibídem, se tutela la seguridad jurídica al impedir la coexistencia de providencias contradictorias.

Así las cosas, se trata, sin duda, de un medio de impugnación con marcada naturaleza extraordinaria, motivo por el que su prosperidad depende del cumplimiento estricto de los supuestos consagrados con criterio taxativo en las normas pertinentes, en concreto, las recogidas en el canon en cita.

Así mismo es preciso destacar, que no constituye una nueva instancia, ni un escenario propicio para ventilar una vez más lo que ya fue decidido por los jueces en las etapas naturales del proceso de que se trate, así como tampoco la oportunidad para mejorar el soporte fáctico o el caudal probatorio recaudado, ni para corregir los errores o deficiencias en que se haya podido incurrir en las etapas ya surtidas de la controversia, pues de lo contrario se convertiría esa herramienta en un mecanismo para obstaculizar el cumplimiento de decisiones judiciales obtenidas de manera legítima.

En palabras de la Corte, la revisión “no franquea la puerta para tornar el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la vía normal para corregir los yerros jurídicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi. Como ya se dijo por la Corte, el recurso de revisión no se instituyó para que los litigantes vencidos remedien los errores cometidos en el proceso en que se dictó la sentencia que se impugna” (CSJ SC, 3 sept. 2013 Rad. 2012-01526-00, reiterada recientemente en SC21716-2017).

2. El numeral 1º del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil establecía como motivo de revisión, “haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

En relación con el alcance de este supuesto normativo, la corporación tiene sentado que dada “la finalidad propia del recurso, no se trata (…) de mejorar la prueba aducida deficientemente al proceso en el que se dictó la sentencia cuyo aniquilamiento se busca, o de producir otra después de pronunciado el fallo; se contrae (…) a demostrar que la justicia, por absoluto desconocimiento de un documento que a pesar de su preexistencia fue imposible de oportuna aducción por el litigante interesado, profirió un fallo que resulta a la postre paladinamente contrario a la realidad de los hechos y por ende palmariamente injusto”, puesto que no es lo mismo recuperar una prueba que producirla o mejorarla, ya que, de lo contrario, no habría jamás cosa juzgada, y bastaría con que la parte vencida en juicio adecuara la prueba en revisión o produjera otra.

De allí que, desde este punto de vista, “la prueba de eficacia en revisión (…) debe tener existencia desde el momento mismo en que se entabla la acción”, de donde si no constituye “esa pieza documental -bien por su contenido o por cualquier otra circunstancia- una auténtica e incontestable novedad frente al material (…) recogido en el proceso, la predicada injusticia de esta resolución no puede vincularse causalmente con la ausencia del documento aparecido” (CSJ SC 25 jun. 2009, rad. 2005-00251-01, reiterada recientemente entre otras, en CS21078-2017).

En consonancia con lo expuesto, para la configuración de la causal que se examina, se exige la presencia concurrente de elementos imprescindibles, que a criterio de la Sala son: que “a) [s]e trate de prueba documental; b) que dicha prueba, por existir con la suficiente antelación, hubiese podido ser aportada al proceso; c) que su ausencia de los autos haya sido debida a fuerza mayor o caso fortuito, o a obra de la parte contraria (dolo), favorecida con la sentencia; d) que el hallazgo se produzca después de proferido el fallo; y e) que la citada prueba sea determinante de una decisión diferente a la adoptada en él, es decir, que sea trascendente” (CSJ SC 20 Ene. 1995, Rad. 4717, enunciada hace poco en SC6996-2017).

3. En el caso que ocupa la atención de la Corte, las recurrentes presentan los siguientes documentos a fin de demostrar la posesión que venían ejerciendo sobre el inmueble objeto del proceso reivindicatorio “desde el mes de septiembre de 1992”, a saber:

3.1. Copia auténtica del contrato de promesa de compraventa suscrito el 19 de septiembre de 1995 entre Juan Evangelista Reyes Bustamante en su condición de curador de la interdicta Alba Lucía Avalo de Reyes, promitente vendedor, y, María Dora Osorio Ballesteros, Marina Ballesteros y Gloria Cecilia Beltrán Muñoz, promitentes compradoras, respecto de la casa habitación “señalada en su puerta de entrada con el número 26A-45 de la calle 39 (anteriormente Carrera 32 Nº 27-20”, de la ciudad de Bogotá (fls. 39 a 41, cdno. 3 Corte).

3.2. Copia auténtica de documento aparentemente fechado 19 de septiembre de 1995, a través del cual el promitente vendedor solicitó a la Notaría 54 de esta capital elaborar la respectiva escritura de venta, y donde aparece consignado que “la señora MARIA DORA OSORIO BALLESTEROS, es la persona que ha venido poseyendo este inmueble desde septiembre de 1.992, hasta la fecha de firmarse la Promesa de Compraventa [el] 19 de septiembre de 1.992 ya que a partir de esta fecha adquirieron la propiedad” (fl. 42, ib.).

3.3. Copia auténtica de la escritura pública de venta e hipoteca Nº 592 del 15 de marzo de 1996, suscrita entre Juan Evangelista Reyes Bustamante en representación de Alba Lucía Avalo de Reyes (vendedora), y, María Dora Osorio Ballesteros, Gilma Ballesteros de Osorio, Marina Ballesteros de Sandoval, y Flor Alba Ballesteros Pérez (compradoras), sobre el inmueble identificado líneas atrás, quedando gravado el mismo a favor del Banco Central Hipotecario (fls. 44 a 58, Op. Cit.).

3.4. Recibo original del pago de impuesto predial unificado del fundo en mención del año 1997, donde firma como declarante María Dora Osorio Ballesteros (fl. 59, ibídem).

3.5. Recibo original del pago de impuesto distrital del referido predio del año 1997, donde firma como declarante María Dora Osorio Ballesteros (fl. 60, ib.).

4. Sin embargo, a la luz de lo que se ha expuesto, los documentos que sirven de soporte al cargo formulado en sede de revisión, así como la valoración que las recurrentes les atribuyen, la Corte concluye que los requisitos enunciados no se hallan cumplidos en el presente asunto, tal como a continuación se pasa a explicar.

4.1. No obstante que la prueba echada de menos por las recurrentes es documental, que su existencia es anterior al inicio del proceso ordinario reivindicatorio de la referencia, y, que los legajos aparecieron después de pronunciada la sentencia, como lo exige la casual de revisión alegada, no lo es menos que también se requiere que éstos no se hubieran podido aportar al proceso “por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”; empero, en el asunto que se examina, las inconformes indicaron como evento que constituiría la fuerza mayor, no solo “el hecho del descubrimiento de la demencia sufrida por la señora Alba Lucia Avalo de Reyes, quien era la propietaria del inmueble desde el año 1992”, sino la posterior imposibilidad de ubicar al señor Juan Evangelista Reyes Bustamante, quien los tenía en su poder (fls. 76, cdno. 3 Corte).

Al respecto, es preciso recordar que el evento de la fuerza mayor o el caso fortuito, se encuentra definido en el artículo 1º de la ley 95 de 1890 como “el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”; es decir, ha de tratarse de fenómenos externos al sujeto cuyo comportamiento se analiza, que reúnan las características que de antaño estereotipan la figura, esto es, la imprevisibilidad (hechos súbitos, sorpresivos, insospechados, etc.) y la irresistibilidad (que los efectos del hecho no puedan ser exitosamente enfrentados o conjurados por una persona común).

De este modo, verificada la actuación surtida, se observa que la ausencia de los documentos traídos a esa actuación no estuvo determinada por fuerza mayor ni caso fortuito, y menos por la acción de la parte reivindicante, sino que por el contrario, lo que el caudal probatorio acredita, es que las revisionistas no sólo conocían de la existencia de esos elementos demostrativos con antelación al inicio del proceso reivindicatorio promovido en su contra por Diana Isabel Osorio Benthan y Miguel Ángel González Alarcón (24 de noviembre de 2006), sino que la no aportación de los mismos se debió a su falta de cuidado, diligencia y esmero, pero nunca por los motivos de justificación legal enantes expuestos.

Al respecto, la Corte ha sostenido que “si tal documento no se adujo porque simplemente no se había averiguado en dónde reposaba, o porque no se pidió su aporte en ninguna de las oportunidades que la ley señala para que pueda valorarse su mérito de persuasión, entonces el hecho de que con posterioridad al fallo, se encuentre un documento que hubiera podido hacer variar la decisión combatida, no es suficiente para sustentar el recurso extraordinario de revisión” (CSJ SC17394-2014).

4.2. Ahora bien, con abstracción de la motivación acabada de sentar, de por sí suficiente para desestimar las aspiraciones de las impugnantes, no debe perderse de vista que los documentos aportados carecen de trascendencia para cambiarle el sentido a la decisión estimatoria que en el plano de la acción reivindicatoria tomó el Tribunal Superior de Bogotá, por cuanto si bien con los mismos pretendieron demostrar, en lo fundamental, que su posesión sobre el inmueble objeto de debate “es anterior a la propiedad de los reivindicantes”, dado que desde el mes de septiembre de 1992, dicen, la señora María Dora Osorio Ballesteros lo venía poseyendo (fl. 78, ibídem), lo cierto es que dicha calidad fue perdida por ésta cuando suscribió la escritura de venta Nº 592 el 15 de marzo de 1996, por lo que en nada incide dicha situación en la decisión combatida que desvirtuó la presunción de dueñas que las amparaba como poseedoras del fundo desde el 25 de febrero de 2000, es decir, desde el día siguiente en que fue registrada la escritura pública de dación en pago que efectuaron al BCH en liquidación.

De esta manera, independientemente del raciocinio efectuado por el juzgador de instancia para arribar a tal conclusión, lo cierto es que los documentos de aparición sobreviniente lejos están de demostrar lo contrario, tal y como quedó visto, pues de éstos únicamente puede inferirse la forma como las recurrentes adquirieron en su momento el dominio del predio a reivindicar.

4.3. Por lo expuesto, la Corte colige que no se configuran los requisitos establecidos en la causal primera de revisión para su prosperidad, ya que, por una parte, no se demostró la fuerza mayor o el caso fortuito, o la obra de la parte contraria que habrían imposibilitado aportar la señalada prueba documental al proceso; y por la otra, tales escritos no ostentan, por sí solos, el mérito de persuasión suficiente como para considerar que de haberlos conocido el juzgador, la decisión adoptada tendría un sentido diferente al que plasmó en la sentencia censurada.

5. De todo lo anterior fluye el fracaso de la impugnación extraordinaria, lo que supondría la condena en costas a la parte recurrente según lo previsto en el artículo 384 del Código de Procedimiento Civil; empero, como las recurrentes están amparadas por pobres, solo se impone condenarlas en perjuicios, puesto que es claro que el beneficio que les fue concedido en esta actuación por auto del 15 de diciembre de 2014 (fl. 95, cdno. 3 Corte), no las exonera de ello, de acuerdo con lo que establecía el inciso primero del artículo 163 del Código de Procedimiento Civil.

Sobre el particular, la Corte ha señalado que “[c]orrespondiéndole, pues, al recurrente la carga probatoria tendiente a demostrar los supuestos que configuran las causales de revisión invocadas, su incumplimiento acarrea inexorablemente el fracaso del recurso extraordinario propuesto, con condena en perjuicios al recurrente en favor de los demandados, puesto que es claro que el amparo de pobreza que le fue concedido en esta actuación, no lo exonera de ello, de acuerdo con lo que establece el artículo 163, inciso primero del Código de Procedimiento Civil”.

(…).

“[c]omo la recurrente invocó desde el inicio del trámite el amparo de pobreza y le fue concedido, no habrá condena en costas por haber sido vencida, pero se impondrá la relativa al pago de los perjuicios que pudiera haber causado con esta actuación porque éstos no aparecen exonerados en la regulación procesal de dicho trámite. Así se ha decidido por esta Corte en pasadas ocasiones, como en sentencia 102 de julio 11 de 2000 y en sentencia 3318 del 18 de marzo de 2014” (CSJ SC17395-2014, 19 dic. 2014, rad. 2011-02692-00, reiterada entre otras, en CS SC18080-2016).

V. Decisión

En armonía con las consideraciones precedentes, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar infundado el recurso de revisión propuesto por Gilma Inés Ballesteros de Osorio y María Dora Osorio Ballesteros, contra la sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia.

2. Sin condena en costas, en razón de habérsele concedido al recurrente amparo de pobreza.

3. Condenar a las revisionistas al pago de los perjuicios causados a los demandados con el trámite de este recurso, los cuales deberán liquidarse mediante incidente

4. Cumplido lo anterior, devuélvase el expediente al juzgado de origen, a excepción de la actuación relativa al recurso de revisión. Ofíciese.

5. Archivar en su momento el expediente aquí formado.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Octavio Augusto Tejeiro Duque—Luis Armando Tolosa Villabona.