Sentencia SC18596-2016/2015-00308 de diciembre 19 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC18596-2016

Rad. Nº 11001-02-03-000-2015-00308-00

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

(Aprobado en sesión de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis)

Bogotá, D.C., diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Tradicionalmente, la jurisprudencia ha sostenido que el recurso de revisión, por sus especiales características, es una vía extraordinaria de impugnación de las sentencias cuyo propósito es corregir los errores de naturaleza procesal en que se hubiese podido incurrir al proferirlas.

Aunque esas decisiones son, en principio, intangibles e inmutables por la presunción de legalidad y acierto que ampara los fallos cuando han adquirido la impronta de la ejecutoriedad y se rigen por el principio de la cosa juzgada, sería imposible ignorar que no todos obedecen a postulados de equidad y de justicia.

Algunos se califican de inicuos o contrarios a derecho, y para enmendar el daño que pudieren haber causado se ha establecido este remedio extraordinario que busca, en esencia, dejar sin efectos una sentencia en firme pero ganada injustamente, con el propósito de abrir de nuevo el juicio en que se pronunció y se decida con apego a la ley.

En estos eventos —ha referido la doctrina—:

“… nada ofende en sí a la razón, que la ley admita la impugnación de la cosa juzgada; pues la autoridad misma de la cosa juzgada no es absoluta y necesaria, sino que se establece por consideraciones de utilidad y oportunidad; de tal suerte que esas mismas consideraciones pueden a veces aconsejar que sea sacrificada, para evitar la perturbación y el daño mayores que se producirían de conservarse una sentencia intolerablemente injusta” (Chiovenda, Giuseppe. Instituciones de derecho procesal civil. Volumen III. Madrid: 1940, pág. 406).

El recurso que se analiza, precisamente por ser excepcional, requiere, al decir de la Sala:

“… de la colocación de precisos mojones delimitadores de su campo de acción para que esa naturaleza extraordinaria no se desvirtúe, con demérito de la inmutabilidad propia de las sentencias ejecutoriadas.

Es por ello que la Corte, con especial empeño, ha destacado los aspectos que son vedados al recurso, y así, por ejemplo, ha dicho: “Este medio extraordinario de impugnación no franquea la puerta para tornar el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la vía normal para corregir los yerros jurídicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi.

Como ya se dijo por la Corte, el recurso de revisión no se instituyó para que los litigantes remedien errores cometidos en el proceso en que se dictó la sentencia que se impugna. El recurso de revisión tiende derechamente a la entronización de la Justicia, al derecho de defensa claramente conculcado y al imperio de la cosa juzgada material” (Sent. 16 sept. 1983, junio 30 de 1988, entre otras). (CSJ. Sentencia 24 de nov. 1992).

En virtud de las características del aludido recurso, el juez no puede ocuparse oficiosamente de la acreditación de los hechos alegados para fundarlo; como se ha explicado:

“… corre por cuenta del recurrente la carga de la prueba, de modo que le corresponde demostrar que efectivamente se presenta el supuesto de hecho que autoriza la revisión de la sentencia, compromiso que sube de tono si se tiene en cuenta que el presente es un recurso extraordinario y que, con su auxilio, se pretende socavar el principio de la cosa juzgada formal” (CSJ. SR feb. 2 de 2009. Rad. 2000-00814-00).

2. El artículo 380 del Código de Procedimiento Civil consagra los nueve casos en los que es pertinente fundamentar la revisión de una sentencia. Dentro de estos se encuentra el que señala el numeral 6º, que se alegó en la demanda.

Esta causal consiste en una discrepancia entre la verdad material y la que fue acreditada en el proceso, en razón de las maniobras fraudulentas realizadas por uno o varios sujetos procesales a fin de perjudicar los intereses de su contraparte.

“La causal invocada se estructura —tiene dicho esta Corte— cuando ha existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en el cual se profirió la sentencia impugnada, así los actos constitutivos de tal proceder no configuren un ilícito penal, siempre que de él haya recibido perjuicios el recurrente. La referida causal, como las que le anteceden, ‘(…) presupone que los hechos tenidos en cuenta por el juzgador para tomar la decisión correspondiente, no se ajustan a la realidad, y por ello su finalidad es subsanar esa deficiencia y por añadidura remediar así una notoria injusticia’ (G.J. t. CCXII, pág. 311). La discrepancia en cuestión, en tratándose del motivo alegado, debe provenir de las maquinaciones o ardides fraguados bien por una de las partes, o de consuno por ambas, con el propósito de obtener un resultado dañino” (Sentencia de revisión de 5 de julio de 2000. Exp. 7422).

El fraude o la maquinación engañosa para causar perjuicios a terceros y para quebrantar la ley o los derechos que de ella se derivan, se erige en la razón de este motivo de revisión, el cual comporta:

“… un elemento antecedente, que es el engaño como medio de llegar al fraude, que es el fin u objeto a que da base el engaño. Engaño y fraude no son sinónimos puesto que el primero es solo la falta de verdad en lo que se dice, se cree o se piensa. Lo que sucede es que en el fraude el concepto de engaño va unido, como atributo que le pertenece por esencia” (Corte Suprema. G. J. T. LV. 533).

Es preciso, con todo, no olvidar que en desarrollo de la presunción de licitud y buena fe en el comportamiento de las personas, la causal de revisión que se funda en las maniobras dolosas en el proceso:

“… además de excepcional y restringida en su sentido, debe encontrarse plenamente probada para su prosperidad (artículo 177 y 384 del Código de Procedimiento Civil), so pena de que, en caso contrario, especialmente de duda, racionalmente seria que merezca credibilidad sobre las maniobras alegadas, se declare infundado el recurso” (Corte Suprema, sent. cit.).

En igual sentido, se ha explicado:

“Precisamente, con el objeto de combatir y, de suyo, erradicar ese tipo de conductas perversas y atentatorias de la plausible finalidad que inspira la ley en general, el legislador patrio acuñó esta causal sexta como arquetípica expresión de un control ‘ex post’ —o ‘a posteriori’— a través del recurso extraordinario de revisión, para lo cual se requiere que la “discrepancia entre la verdad real y la que aparenta ser tal al tenor del expediente, ha de tener origen en una asechanza artificiosa y oculta, realizada con engaño y asimismo con el designio inconfesable de obtener un resultado procesal ilícito e injusto siempre que haya causado perjuicios al recurrente”. Precisando aún más este concepto, “Maniobra fraudulenta significa entonces todo proyecto o asechanza oculta, engañosa y falaz que va dirigida ordinariamente a mal fin”. (G.J. Tomo CLXV, pág. 27, jurisprudencia reiterada en sentencias de 11 de marzo de 1.994 y del 3 de septiembre de 1996).

Para la configuración de esta causal urge, pues, que “los hechos aceptados por el juzgador para adoptar la decisión impugnada, no se ajusten a la realidad porque fueron falseados, a propósito, por alguna de las partes intervinientes en el proceso, mediante una actividad ilícita y positiva que persigue causar un perjuicio a la otra o a terceros; hechos fraudulentos que deben quedar plenamente probados en el recurso, por cuanto, en desarrollo del principio de la buena fe, se presume que el comportamiento adoptado por las personas está exento de vicio” (Sentencia del 3 de octubre de 1999)” (Sentencia de 14 de diciembre de 2000, exp. 7269).

3. Al amparo de la causal 6ª del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, los recurrentes alegaron que en el proceso en el que se resolvió su oposición al deslinde practicado el 30 de octubre de 2006, los demandados realizaron maniobras fraudulentas que le causaron perjuicios. Las mismas consistieron en que el apoderado de aquellos “al focalizar la teoría y argumento defensivo…” en la contestación de la demanda y en la inspección judicial, condujo a los funcionarios a conclusiones erróneas.

Luego de hacer su particular análisis de las escrituras públicas y de los testimonios, manifestaron que los juzgadores se equivocaron al considerar que una parte correspondiente a una enramada, con lo que allí existía, constituía una fracción de terreno; también al sostener que el punto llamado “la pesebrera” era una franja de lote ubicada en el inmueble de los demandantes; y por establecer que los instrumentos públicos aportados contenían errores. Alegó que tales yerros fueron producto de dicha focalización de la defensa.

Refirieron, también, que la declaración de la mencionada Dilia Blanco de Angarita fue producto de una “componenda con los demandados”, pues no estuvo acorde con la realidad e incurrió en contradicciones.

4. Las maniobras fraudulentas, como lo ha dicho la Sala, implican “todo proyecto o asechanza oculta, engañosa y falaz que va dirigida ordinariamente a mal fin”:

“Todo el fenómeno de la causal dicha puede sintetizarse diciendo que maniobra fraudulenta existe en todos los casos en que una de las partes en un proceso, o ambas, muestran una apariencia de verdad procesal con la intención de derivar un provecho judicial o se aprovechan, a sabiendas de esa aparente verdad procesal con el mismo fin” (CSJ. SR 243 de 7 de diciembre de 2000, rad. 007643).

No son fraudulentos aquellos actos que han sido puestos a consideración del aparato judicial sin doblez o fingimiento alguno, y que los intervinientes han tenido la oportunidad de conocer y controvertir:

“… no alcanzan a tener el carácter de maniobras engañosas las actuaciones propias del devenir del proceso promovidas por las partes en su transcurso y sin ninguna ocultación que, por lo mismo, fueron sometidas a consideración de los jueces y estuvieron sujetas a controversia, independientemente de cómo hayan sido finalmente tratadas o resueltas; ni las que resultan de procedimientos supuestamente irregulares, los cuales justamente por haber estado sometidos al escrutinio judicial excluyen la maquinación de las partes” (Sent. 242 de 13 de dic de 2001, Exp. 0160).

En el mismo sentido, se ha precisado que:

“… requisito para que determinada situación pueda calificarse de maniobra fraudulenta, como causa eficiente para dar lugar a la revisión (…), que la misma resulte de hechos externos al proceso y por eso mismo producidos fuera de él, pues si se trata de circunstancias alegadas, discutidas y apreciadas allí, o que pudieron serlo, la revisión no es procedente por la sencilla razón de que aceptar lo contrario sería tanto como permitir, que al juez de revisión se le pueda reclamar que, como si fuese juez de instancia, se aplique a examinar de nuevo el litigio” (CSJ SR 208 de 18 de dic de 2006, exp. 2003-00159-01).

En el presente caso, el reclamo de los recurrentes consistió en su desacuerdo con los motivos que su contraparte utilizó para oponerse a las pretensiones, así como en su inconformidad con la valoración que los funcionarios hicieron de las pruebas, tales como las escrituras públicas en las que se transfirió el dominio de cada uno de los inmuebles, de los testimonios, del dictamen pericial, de la inspección judicial y del interrogatorio de parte de una de las actoras.

Se lamentaron de la apreciación de los documentos que contenían los linderos de los inmuebles; cuestionaron la veracidad de lo narrado por los testigos Dilia Blanco de Angarita y Saúl Cordero Cordero; calificaron de mentiroso al deponente Víctor Sanabria; y, a sus dichos, opusieron los de Víctor Julio Sanabria y Helena León de Sanabria, que, en su opinión, merecían más credibilidad.

Es decir, protestaron por la oposición que le planteó la parte demandada al interior del proceso, pero no precisaron cuál fue la maquinación fraudulenta, oculta, engañosa que tal extremo emprendió en su perjuicio, pese a que contradecir las pretensiones es una facultad legal, por lo que “el simple ejercicio de tal potestad de raigambre constitucional se constituye en un acto legítimo de los litigantes, garantizado plenamente en el ordenamiento, y no en una maniobra engañosa u oculta” (CSJ.SR. jun. 24 de 2016, rad. 2010-01759-00).

Además, las razones que sustentaron el recurso, relativas a la delimitación correcta de los fundos “Santa Elena” y “Albania”, y el desacuerdo con los motivos que José Vicente Angarita Pinzón y Rosa Herminda Cañas de Angarita emplearon en su contestación, fueron materia de amplia discusión en el trámite —en ambas instancias— en donde los demandantes tuvieron la oportunidad de exponer su visión de la controversia y de las pruebas.

Por lo tanto, como los hechos en los que se sustentó la causal de revisión pudieron discutirse al interior del juicio, resulta improcedente reabrir la discusión jurídica ya zanjada por el juez de tal asunto, al no ser esa la finalidad del recurso de revisión, pues los requisitos que deben concurrir para su procedencia se proponen:

“… evitar que el debate pueda ser reabierto de cualquier manera, so pretexto de volver la mirada a la prueba para intentar un nuevo y mejor escrutinio de ella, o para reclamar una más aguda o perspicaz interpretación de la ley, cosa que siempre será posible como hipótesis, pero que es insuficiente por sí, para desquiciar el valor de una solución hallada con la genuina participación de todos los sujetos del proceso, decisión que repítese, es por regla general inexpugnable” (CSJ SC, 29 Ago. 2008, Rad. 2004-00729).

Aunque, ciertamente, se manifestó que la declaración de la testigo Dilia Blanco de Angarita fue fruto de una “componenda con los demandados”, ninguna de las pruebas permite evidenciar que entre tales partes existió algún arreglo oculto y reprochable con miras a incidir en el fallo. El recurrente mismo no ahondó en tal recriminación solo sustentada por su dicho, y, por el contrario, procedió, simplemente, a criticar tal prueba por ser contradictoria y, en su opinión, no estar acorde con la realidad.

Por mandato del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, le incumbía a la parte actora “probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, lo que no hizo, pues no demostró un accionar de los intervinientes encaminado a engañar o a defraudar, y que el mismo le hubiese causado un perjuicio, según lo indica la causal de revisión elegida.

Como lo tiene dicho la Corte:

“… la prosperidad de la causal en referencia exige prueba concluyente de actos de manifiesta mala fe que se puedan calificar de ilícitos así no hayan sido objeto de investigación penal, circunstancia que por lo tanto debe quedar demostrada a cabalidad, ya que si sobre el particular existe duda, ello conduciría al fracaso de la impugnación’” (…) (CSJ SC, 14 jun. 2007, Rad. 2003-00129).

Por las motivaciones expuestas, y ante la ausencia de evidencia que demuestre la existencia de la colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso, se declarara infundada la revisión.

5. En consecuencia, se condenará a las recurrentes al pago de las costas y los perjuicios que hayan causado con su actuación en el presente recurso, incluyendo la suma de $ 3.000.000 como agencias en derecho a favor de la parte demandada en el proceso materia de la impugnación, y para su pago se hará efectiva la caución prestada.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DECLARAR INFUNDADO el recurso de revisión que formularon Marlen Medina Tarazona, Mauricio Alfonso Medina Tarazona y Miguel Alexander Medina Tarazona contra la sentencia proferida por la Sala Civil - Familia - Laboral del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo el 12 de marzo de 2013.

2. Condenar a los impugnantes al pago de las costas y perjuicios causados a la parte citada, y para su pago se hará efectiva la caución prestada. Las costas liquídense por secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $ 3.000.000.

3. Devolver a la oficina judicial de origen el expediente que contiene el proceso dentro del cual se dictó la sentencia materia de revisión, con excepción del cuaderno de la Corte, agregando copia de la presente providencia. Por secretaría líbrese el correspondiente oficio.

4. Archivar la actuación realizada con ocasión del recurso extraordinario de revisión, una vez cumplidas las órdenes impartidas.

Cópiese, notifíquese y devuélvase».