Sentencia SC1927-2018/2016-02333 de junio 25 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001-02-03-000-2016-02333-00

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Fernando García Restrepo

SC1927-2018

(Aprobado en sesión de nueve de mayo de dos mil dieciocho)

Bogotá, D.C., veinticinco de junio de dos mil dieciocho.

Procede la Corte a dictar sentencia anticipada, escrita y por fuera de audiencia respecto de la solicitud de exequatur presentada por la señora Luz Marina Romero Gutiérrez, respecto de la sentencia en la que se decretó la interdicción de su hija Luz Ángela Panesso Romero proferida el 25 de enero de 2016 por el Tribunal Superior de Familia de Panamá, que en grado de consulta confirmó la del Juzgado Primero Seccional de Familia de ese mismo territorio, adiada 6 de noviembre de 2015.

l. Antecedentes

1. Mediante escrito presentado a través de apoderada judicial especialmente constituida para tal fin, la aludida demandante, mayor de edad y de nacionalidad colombiana deprecó el otorgamiento de efecto jurídico a la providencia extranjera ab initio citada.

2. Como soporte de la pretensión de la señora Romero Gutiérrez, su abogada de confianza expuso en lo fundamental que:

2.1. Luz Marina Romero Gutiérrez, colombiana de nacimiento, solicitó ante la autoridad judicial panameña, la declaratoria de interdicción de su hija Luz Ángela Panesso Romero, quien nació en la ciudad de Bogotá el 28 de diciembre de 1967, debido al “retraso psicomotor profundo” y los frecuentes episodios de epilepsia que padece, a más que su padre, el señor Manuel Efrén Panesso Mejía “falleció en Colombia el 25 de abril de 1999”, dejando una pensión de sobrevivencia, respecto de la cual la presunta interdicta, solicitó el reconocimiento de un 50% del total de la asignación, precisamente por sus condiciones médicas.

2.2. Una vez conocida por Colpensiones la sentencia fechada 6 de noviembre de 2015 pronunciada por el Juzgado Primero Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá y confirmada en grado jurisdiccional del consulta por el Tribunal Superior de Familia de ese país, emitió acto administrativo el 2 de febrero de 2016 mediante el cual suspendió el trámite iniciado para el reconocimiento de la citada asignación pensional a favor de la interdicta, hasta tanto no se adelantara el trámite de exequatur respecto de tal pronunciamiento, contemplado en los preceptos 605 y ss. del Código General del Proceso.

2.3. Con vista en las anteriores circunstancias, y a fin de que dicha determinación surta efectos legales en Colombia, eleva la presente demanda de exequatur en representación de su hija Luz Ángela Panesso Romero, de quién además obra como tutora, para que en nuestro territorio sea reconocida aquella como interdicta (fls. 20 a 22).

3. Cumplidas las exigencias formales previstas en el artículo 606 del Código General del Proceso, el 29 de noviembre de 2016 (fl. 35), fue admitida la solicitud y, en el mismo proveído, se dispuso correr traslado al Ministerio Público, entidad que en tiempo, a través de la Delegada para Asuntos Civiles, manifestó que:

“puede afirmarse que formalmente se han satisfecho las exigencias adjetivas previstas en nuestras disposiciones procesales, valga decir, tanto en la Ley 1306 de 2009, como en el Código General del Proceso.

Considerando además que para que las providencias extranjeras produzcan efectos en el Estado Colombiano, es necesario que adicionalmente reúna otras exigencias contempladas en la legislación interna, establecidas para impedir que con la decisión foránea se lesionen el orden público o la jurisdicción nacional, esto es, que no se opongan a las leyes u otras normas colombianas de orden público exceptuando las de procedimiento, hemos de concluir, que NO existe alguna diferencia entre la legislación interna y la del país del juez que profirió la sentencia.

De manera respetuosa, Señor Magistrado, le solicito tener en cuenta las anteriores consideraciones, bajo la comprobación de la existencia de tratados convenios relativos a la reciprocidad para el reconocimiento de sentencias extranjeras en este tema” (fls. 37 a 42).

4. Dentro de la etapa de ordenación y práctica de pruebas (fls. 45 a 343), se dispuso tener en cuenta los documentos anexados con la demanda y se ofició al Ministerio de Relaciones Exteriores para que certificara si entre Colombia y Panamá existen tratados o convenios vigentes sobre el reconocimiento recíproco de las sentencias judiciales extranjeras en procesos de interdicción; vencido dicho período, se concedió la oportunidad para alegar de conclusión, oportunidad aprovechada por la demandante para insistir en su petición (fls. 351 a 352).

5. El trámite reservado para esta clase de asuntos fue agotado plenamente y por esto, corresponde resolver sobre el fundamento y viabilidad de la petición elevada.

II. Consideraciones

1. Sea lo primero indicar, que aunque la regla 4ª del art. 607 del Código General del Proceso prescribe para el trámite del exequatur, que “ [v]encido el traslado se decretarán las pruebas y se fijará audiencia para practicarlas, oír los alegatos de las partes y dictar la sentencia”, la presente decisión se profiere de conformidad con lo previsto en el numeral 2º del canon 278 ejusdem, que autoriza al juez para dictar sentencia anticipada, total o parcial “en cualquier estado del proceso” entre otros eventos “[c]uando no hubiere pruebas por practicar”, tal como sucede en el caso que hoy ocupa la atención de la Sala.

2. Ahora, en lo que concierne al asunto en cuestión, debe señalarse que la exclusividad de la jurisdicción es una de las manifestaciones de la soberanía del Estado, y como tal, comporta que este se reserve para sí la sublime función pública de administrar justicia, en virtud de la cual, únicamente las decisiones judiciales adoptadas por los jueces permanentes y los particulares habilitados transitoriamente para ello, producen consecuencias jurídicas y son de obligatorio acatamiento dentro del territorio nacional.

Sin embargo, dicho imperio jurisdiccional, y más concretamente, el axioma de la independencia de los Estados, ha adoptado “una nueva concepción (...), más acorde con la universalización de ciertos valores y formas de organización política y económica”, en razón al inacabado proceso de globalización, “[e]l creciente flujo de bienes y personas y la agilidad de todo tipo de comunicaciones” (CSJ SC, 16 jul. 2004, Rad. 2003-00079-01, reiterado en SC21053-2017).

Es por eso que, excepcionalmente se ha admitido, en atención a exigencias prácticas de internacionalización, cooperación y eficacia de la justicia, que las sentencias, laudos arbitrales y otros proveídos que tengan tal carácter, dictados en un Estado foráneo, en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, surtan efectos en Colombia, siempre que se respeten los postulados sustanciales y procesales establecidos en los artículos 606 y 607 del Código General del Proceso.

3. Así las cosas, el legislador nacional diseñó un sistema mixto en aras de conceder las mencionadas homologaciones, sobre el cual ha precisado esta corporación:

“[P]ara que los fallos extranjeros produzcan efectos en el territorio colombiano, necesariamente deberá acreditarse la existencia de un tratado suscrito entre Colombia y el país que dictó la sentencia, es decir lo que es conocido como la reciprocidad diplomática; o, en su defecto, lo que a ese respecto prevea la ley foránea o la práctica jurisprudencial imperante, en orden a reconocerle también efectividad a las sentencias dictadas en Colombia, fenómenos denominados en su orden reciprocidad legislativa y reciprocidad de hecho” (CSJ SC, 17 jul. 2001, Rad. 0012, reiterada en SC21053-2017) .

Por consiguiente, al adoptar esta clase de decisiones,

“se atiende [en primer lugar] a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera [o su jurisprudencia reinante] para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley [o la doctrina jurisprudencial] a las proferidas en Colombia (G.J. t. LXXX, pág. 464; CLVIII, pág. 78; CLXXVI, pág. 309; CSJ SC, 18 dic. 2014, rad. 2013-02234-00, reiterada ibídem).

4. No obstante, como se anticipó, para el éxito del exequatur, no basta con demostrar alguna de las advertidas reciprocidades, sino que se requiere, adicionalmente, que la respectiva providencia que se aspira irradie efectos en Colombia, cumpla con los requisitos consagrados en el prenotado artículo 606 de la codificación aludida y las del correspondiente instrumento internacional, ley o jurisprudencia.

5. Enunciado lo anterior, y descendiendo al caso sub examine, en el expediente contentivo de la petición de exequatur se tiene acreditado lo siguiente:

a. Registro Civil de Nacimiento de Luz Ángela Panesso Romero del 27 de diciembre de 1967 en la ciudad de Bogotá (Colombia) y registrada por su padre Manuel Efrén Panesso Mejía (fl. 28).

b. Sentencia del 6 de noviembre de 2015, emitida por el Juzgado Primero Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá, que decretó “LAINTERDICCIÓN de Luz Ángela Panesso Romero, mujer mayor de edad, de nacionalidad Colombiana y cédula E-8-52763” y, en consecuencia, designó como “TUTORA de la interdicta a su madre, la señora Luz Marina Romero Gutiérrez, mujer mayor de edad, cedulada N-19-1154” (fls. 3 a 6) .

c. Sentencia del 25 de enero de 2016, emitida por el Tribunal Superior de Familia de Panamá, que en sede de grado jurisdiccional de consulta de la determinación referenciada en el numeral inmediatamente anterior, la adicionó “en el sentido que la tutela es de carácter legal”, aprobándola en todo lo demás (fls. 10 a 12).

d. Copia de la Resolución GNR 146232 del 18 de mayo de 2016, a través de la cual la administradora Colombiana de Pensiones dispuso “[m]antener en suspenso el posible derecho y el porcentaje que le corresponde respecto a la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del señor Panesso Mejía Manuel Efrén, ya identificado, a la señora Luz Ángela Panesso Romero en calidad de hija inválida con un porcentaje del 50%” pues “la sentencia aportada fue proferida por el Juzgado Primero Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá [por lo que] se deberá adelantar el trámite de exequatur y allegar copia de la sentencia proferida en dicho proceso” (fls. 17 a 19 anverso).

e. La Coordinador (sic) del Grupo Interno de Trabajo de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores mencionó que:

“una vez revisado el archivo de la Coordinación del Grupo interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de este Ministerio, informa que no se encontró tratado bilateral o multilateral vigente entre la República de Colombia y la República de Panamá en materia de reconocimiento recíproco de sentencias extranjeras” (fl. 50).

f. El Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Consulares de la citada cartera ministerial remitió la nota verbal Nº EP/ COL/ 520/ 17 del 4 de septiembre del año pasado, a través de la cual la Embajada de Panamá “envió las diligencias realizadas en atención al oficio del asunto, librado dentro del proceso de exequatur [de la referencia], en el que se solicitaba “informar si e (sic) ese país existe legislación vigente que conceda efectos a las sentencias judiciales proferidas en el exterior”” frente a lo cual indicó, que “la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá informa que entre los artículos 1419 y 1421 del Código Judicial de la República de Panamá; así como el artículo 156 de la Ley 61 de 7 de octubre de 2015 (Código de Derecho Internacional Privado), se contemplan los presupuestos necesarios para que se pueda reconocer y ejecutar una sentencia extranjera en Panamá, con la excepción de las declaratorias de herederos, las cuales se tramitaran ante los Juzgados de Circuito Civil” aportando copia de simple de las mentadas normas, así como de “un fallo de fecha 3 de diciembre de 2010 (no relacionada a este expediente), copia autenticada del Código Judicial de la República de Panamá, copia autenticada del Código Judicial de la República de Panamá, copia autenticada de la Ley 23 del 1º de junio de 2001 que modifica y adiciona artículos al Código Judicial y dicta disposiciones urgentes para agilizar y mejorara la eficacia de la justicia y copia autenticada de la Ley 61 del 7 de octubre de 2015 que subroga la Ley 7ª de 2014 que adopta el Código de Derecho Internacional Privado de la República de Panamá” (fls. 52 a 343).

6. Puestas de ese modo las cosas, es dable afirmar que en el presente asunto no existe reciprocidad diplomática en materia de interdicción entre los dos Estados, debido a que, como bien lo especificó el Ministerio de Relaciones exteriores, no existe tratado o acuerdo alguno suscrito entre Colombia y Panamá en materia de reconocimiento de sentencias extranjeras.

7. Empero y aunque de lo anterior se desprende la inexistencia de referida correspondencia, de las pruebas recaudadas en el expediente se desprende la de orden legislativo.

Lo anterior es así, porque una vez decretado el respectivo medio de convicción, se obtuvo copia auténtica de la normatividad que regula el reconocimiento de las sentencias extranjeras en el territorio Panameño, en la que de acuerdo con lo dispuesto en el Código Judicial de esa República “[l]as sentencias pronunciadas por los tribunales extranjeros y los fallos arbitrales, tendrán en la República de Panamá la fuerza que establezcan los convenios o tratados respectivos” si los mismos existiesen, y de no serlo así, la decisión judicial “podrá ser ejecutada en Panamá, salvo prueba de que en dicho estado no se dé cumplimiento a las dictadas por los tribunales panameños”; así mismo preceptúa que no se reconocerá en caso de que “procediera de un estado que no se dé cumplimiento a la dictada por los tribunales panameños” o porque no cumple con los siguientes requisitos:

“1. Que la sentencia haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una pretensión personal, salvo lo que la ley disponga especialmente en materia de sucesiones abiertas en países extranjeros; 2. Que no haya sido dictada en rebeldía, entendiéndose por tal, para los efectos de es[e] artículo el caso en que la demanda no haya sido personalmente notificada al demandado, habiéndose ordenado la notificación personal por el tribunal de la causa, a menos que el demandado rebelde solicite la ejecución; 3. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea licita en Panamá; y 4. Que la copias de la sentencia sea auténtica. Se entiende por sentencia la decisión que decide la pretensión” (fl. 52) .

Sumado a lo anterior, es evidente que en tratándose del proceso de interdicción por incapacidad mental, una y otra legislación, es decir, la panameña frente a la colombiana (arts. 1307 y ss. del Código Judicial de la República de Panamá y 659 del Código de Procedimiento Civil Colombiano - norma aplicable al asunto para la data de proferimiento de la fecha de la sentencia a convalidar), existe similitud y concordancia, pues en ambos casos es indispensable que, por lo menos i) se practique un examen médico en el que se especifique el estado de salud mental del presunto interdicto y ii) la citación de todos aquellos que se crean con derecho a intervenir en el asunto.

Por consiguiente, se considera que son ejecutables en Colombia las sentencias pronunciadas por los jueces de la República de Panamá, en virtud de la aludida reciprocidad.

8. Por otra parte, el artículo 606 del Código General del Proceso exige: i) que la “Sentencia” proferida en país extranjero se halle en copia auténtica; ii) que esté debidamente legalizada de acuerdo con la normativa colombiana, incluyendo, dado el caso, “su traducción en legal forma”, requisitos que se encuentran cumplidos habida cuenta que en el expediente aparece copia de la providencia, que fue dictada en idioma castellano y legalizada; y, iii) que aparezca la constancia de haber adquirido ejecutoria, presupuesto que se verifica con el sello militante en la determinación que resolvió el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia que decretó la interdicción varias veces mencionada, que a la letra reza “(…) la presente resolución de fecha 25 de enero de 2016 se encuentra debidamente ejecutoriada, 4 de marzo de 2016” (fl. 12 anverso - subrayas por fuera del texto original).

Tampoco, la determinación emitida por el funcionario foráneo trasgrede principios o leyes de orden público de la Nación; el caso no es competencia exclusiva de los togados nacionales, ni se conoce que haya sido adelantado o curse proceso por la misma causa en nuestro País, menos refiere a derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio patrio.

9. Con base en lo anterior y por hallarse reunidos todos los presupuestos legales es procedente otorgar efecto jurídico a la mencionada determinación de interdicción y ordenar su inscripción en el respectivo registro del Estado civil.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONCEDER el exequatur del fallo proferido el 25 de enero de 2016 por el Tribunal Superior de Familia de Panamá, que en grado de consulta confirmó la del Juzgado Primero Seccional de Familia de ese mismo territorio, adiada 6 de noviembre de 2015, en la que se decretó la interdicción de Luz Ángela Panesso Romero.

2. INSCRIBIR esta decisión junto con la providencia reconocida, en el folio correspondiente al registro civil de la señora Panesso Romero, para los efectos previstos en los artículos 6º, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970, de conformidad con el artículo 13 del Decreto 1873 de 1971.

3. LIBRAR, por secretaría, las comunicaciones pertinentes.

4. NO CONDENAR en costas en la actuación.

Notifíquese.

Magistrados: Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Presidente de la Sala—Margarita Cabello BlancoÁlvaro Fernando García RestrepoLuis Alonso Rico PuertaAriel Salazar RamírezOctavio Augusto Tejerio DuqueLuis Armando Tolosa Villabona.