Sentencia SC19884-2017/2009-00422 de noviembre 28 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC19884-2017

Radicación 73001-31-03-001-2009-00422-01

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Fernando García Restrepo

(Aprobado en sesión del treinta de agosto de dos mil diecisiete)

Bogotá, D.C., veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Cargo primero

Fincado en la inicial causal del canon 368 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente reprochó que la sentencia combatida es indirectamente violatoria de los artículos 1036, 1037, 1045, 1047, 1127 y 1133 del Código de Comercio, por aplicación indebida, y del 57 del primero de los estatutos en precedencia mencionados, por no haberse hecho actuar, todo “como consecuencia de errores de hecho en la apreciación objetiva y material de la demanda, su contestación, el escrito de llamamiento en garantía y otras piezas procesales obrantes en el expediente”.

El desarrollo de la acusación transitó el siguiente camino:

1. De entrada, el censor puso de presente la modificación que el tribunal hizo a la determinación que el a quo adoptó frente a la llamada en garantía, cambio en torno del cual observó que condujo a que la Aseguradora Colseguros S.A. quedara obligada a “pagar directamente la condena a favor de los demandantes, como si las pretensiones hubiesen sido [planteadas] en su contra y no (...) del Centro Comercial Multicentro Ibagué”.

2. Con ese entendimiento, estimó que tal decisión “es abiertamente equivocada”, pues con ella el ad quem le confirió a un tercero el tratamiento de demandado, cuando lo cierto es, de un lado, que entre los actores y la llamada en garantía, “no existe vínculo sustancial alguno” y, de otro, que aquellos no dirigieron la acción en contra de la última, sino que “su vinculación al proceso se dio en virtud del llamamiento en garantía formulado por el demandado Centro Comercial Multicentro Ibagué, circunstancia que por mandato de la ley impedía una condena en su contra como erróneamente lo dispuso el tribunal en el numeral segundo de la parte resolutiva del proveído del 19 de diciembre de 2013”.

3. Aseveró que en el supuesto de colegirse que la aseguradora estaba obligada “a responder en virtud de los distintos contratos de seguro celebrados”, lo que debió hacerse “era disponer que ella debía reembolsar al demandado lo que efectivamente hubiese pagado como consecuencia de la condena impuesta, pero nunca obligarla a pagar directamente la indemnización, toda vez que las pretensiones de la demanda nunca fueron formuladas por los actores en contra” suya.

4. Tras advertir la diferencia que existe entre el demandado y el tercero convocado al proceso, en la medida que únicamente el primero está llamado a soportar las pretensiones y las condenas que en virtud de su acogimiento se impongan, el censor reiteró que “el llamado en garantía, solamente deberá responder en caso de que el demandado pague la condena”, supuesto en el que “su obligación es la de reembolsar el monto que se haya pagado efectivamente por tal concepto, pero nunca la de pagarle directamente la condena al extremo demandante, toda vez que, como se ha señalado, las pretensiones no han sido enfiladas en su contra”.

5. Coligió que el dislate en el que incurrió el tribunal, obedeció a la incorrecta valoración por su parte de la demanda con la que se promovió el proceso, en donde claramente se observa que las pretensiones fueron dirigidas en contra del Centro Comercial Multicentro Ibagué y de la sociedad Roxtreme Ltda., mas no de Aseguradora Colseguros S.A.; de la contestación del libelo presentada por el primero de tales demandados, en la que se anunció la vinculación de la citada compañía de seguros; del escrito contentivo del llamamiento en garantía de que aquí se trata, en el que la llamante manifiesto “que le ‘asiste el derecho contractual (...) de exigir el reembolso total del pago que tuviese que hacer como consecuencia o resultado de la sentencia’ (...)”; y del auto admisorio fechado el 25 de agosto de 2009, en el que se precisaron las personas conformantes de los extremos procesales, sin incluirse como tal a la nombrada aseguradora.

6. Luego de reproducir en extenso un fallo de esta corporación, relativo al llamamiento en garantía y a sus efectos, el impugnante destacó la trascendencia del yerro imputado al juzgador de segunda instancia y solicitó que se case su sentencia para, en defecto de la misma, se disponga que la aseguradora llamada en garantía únicamente está obligada a reembolsar al Centro Comercial Multicentro Ibagué la suma de dinero que pague por concepto de la condena que le fue impuesta, como en su momento lo resolvió el a quo.

Consideraciones

1. En relación con todo recurso, es principio conocido, que ahora se reitera, que quien lo proponga, debe estar asistido de “interés jurídico, el que, como es sabido, deriva necesariamente del agravio que la decisión impugnada le cause o irrogue” (CSJ, SC del 1º de octubre de 2004, rad. 7560).

2. Aplicada tal directriz a la casación, se establece que tanto en su interposición, como en la formulación de cada uno de los cargos que se propongan para sustentarlo, es necesario que el impugnante actúe legitimado.

De suyo, entonces, que como se desprende de los artículos 365, 366, 369 y 370 del Código de Procedimiento Civil, y actualmente de los artículos 333, 337 y 338 del Código General del Proceso, solo hay lugar al recurso, entendido como tal, frente a las providencias que irrogan un agravio al impugnante, sin que hubiese mediado renuncia por parte de este al intereses(sic) de que estaba investido para ello, lesión que de ser económica, debe superar el límite establecido en la misma ley.

Pero dicho interés para recurrir, no es suficiente. Es igualmente necesario, que el inconforme tenga la facultad de plantear cada uno de los cargos que aduzca con el propósito de combatir la sentencia blanco de su ataque, posibilidad que deriva de que las específicas decisiones cuestionadas a través de ellos, le irroguen en verdad un perjuicio suficiente que habilite su cuestionamiento impugnativo.

En palabras de la Corte:

Está fuera de discusión la afirmación según la cual es requisito indispensable para que se pueda recurrir una determinada providencia, que el impugnanteseencuentrelegitimadoparahacerlo, lo cual necesariamente presupone que la providenciaobjetodelrecursolehayaocasionadoalgúnagravio,valedecir,unaofensa,unperjuicioquedebaserreparado, regla esta que, obviamente, semantieneinalterableentratándosedelaimpugnaciónencasacióndelassentenciasjudiciales; por supuesto que solo quien ha sido derrotado, en el sentido de que en el fallo se acogen total o parcialmente las súplicas de la parte contraria o, simplemente, naufragan las propias, tiene abierta la posibilidad de solicitar su aniquilación mediante el mencionado recurso extraordinario.

Que el recurso de casación, como todos los demás, exige que la decisión atacada cause un perjuicio al recurrente, es cuestión que aflora explícita, de entrada, en el artículo 365 del Código de Procedimiento Civil, el cual, al señalar las finalidades de ese medio de impugnación, destaca, justamente, la de reparar el agravio inferido a las partes por la sentencia cuestionada. Y seguidamente el artículo 366 ejusdem, determina el monto económico que debe alcanzar la decisión desfavorable al impugnante, cuando ello sea del caso, a la par que consagra, de manera francamente excepcional, la posibilidad de interponer el recurso, aun cuando el interés que se tenga para hacerlo (que necesariamente debe existir), no alcance la exigencia legal, siempre y cuando la parte contraria, cuyo perjuicio le permita acceder al mismo, lo hubiese interpuesto.

Del mismo modo, el inciso segundo del artículo 369 ibídem, frustra tal posibilidad si el vencido se abstiene de apelar la sentencia de primer grado o de adherir a la apelación de la otra parte, cuando la sentencia del tribunal sea exclusivamente confirmatoria de aquella, pues entiende el legislador que en esa hipótesis la parte ha renunciado al interés que inicialmente podría asistirle. Y, para no hacer fatigoso el examen, sea suficiente reparar en el artículo 370 ídem, que gobierna lo concerniente con la cuantificación del perjuicio sufrido por el recurrente (CSJ, SC del 21 de octubre de 2003, rad. 6931; se subraya).

En tiempo más reciente, la corporación, en sustento de la desestimación que adoptó en frente de uno de los recurrentes, del único cargo planteado en casación, memoró:

Precisamente, para negar la prosperidad de dos cargos propuestos en casación a la luz de las causales cuarta y quinta del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, la Sala precisó que ‘[e]n relación con todos y cada uno de los motivos’ previstos en esa norma, ‘la Corte tiene establecido que ‘esrequisitoindispensablequelapartequeporesavíarecurre,tengainterésenlaimpugnación (G.J. Tomo LXIV, pág. 792), es decir, que frente a la resolución cuya infirmación se propone obtener, considerada esta última desde el punto de vista de sus efectos prácticos determinados por las providencias en ella adoptadas por el órgano jurisdiccional en orden a juzgar sobre el fundamento del litigio, ha de encontrarse dicho recurrente en una relación tal que le permita conceptuarseperjudicado y así justificarsuactuaciónencaminadaapedirlatutelaqueelrecursodecasacióndispensa. Significa esto que el interés del cual viene haciéndose mérito está dado por el vencimiento total o parcial que para la parte representa el contenido decisorio del fallo definitivo de instancia, vencimiento que según definición prohijada por autorizados expositores (...) se resuelve en el contraste concreto entre ese contenido y el interés desplegado por quien recurre durante el curso del proceso, desde luego en la medida en que no haya renunciado a hacer valer ese interés, de manera pues que el vencimiento está fincado en lalesiónactual,clarayterminantequelasentenciadiscutidaleocasiona’ (Cas. civ., sentencia de 7 de septiembre de 1993, expediente 3475, G.J. T. CCXXV, Nº 2464, pág. 433)’ (Cas. civ., sentencia de 30 de noviembre de 2011, expediente 05001-3103-005-2000-00229-01) (CSJ, SC del 1º de noviembre de 213, rad. 1994-26630-01; se subraya).

3. Tal y como se desprende del compendió que se hizo del cargo auscultado, él está dirigido, fundamentalmente, a combatir la decisión adoptada en segunda instancia, consistente en que el pago ordenado a la aseguradora, se haga directamente a los actores.

Correlativamente se constata, que el fin perseguido por el censor, corresponde a que se modifique la condena deducida en contra de la llamada en garantía, en el sentido de que manteniéndose la misma sin alteraciones sustanciales, se indique como su único beneficiario al llamante, esto es, al demandado Centro Comercial Multicentro Ibagué.

4. Siendo ello así, colige la Corte que la recurrente en casación no está asistida de interés suficiente para la formulación de tal reproche, pues se establece que la decisión por ella confutada, según acaba de puntualizarse, no le ocasiona un agravio económico, propiamente dicho, en tanto que ya sea que su deber consista en reembolsarle al nombrado accionado la cantidad de dinero que sufrague en atención a la condena que se le impuso, ora en efectuar el pago a los gestores del litigio, es lo cierto que el patrimonio de aquella, estaría igualmente gravado.

Con otras palabras, que el titular de dicho crédito sea el llamante en garantía o los actores, no es cuestión de la que se derive una mayor o menor afectación patrimonial de la recurrente, lo que descarta, por sí sola, la pertinencia del cargo, el cual, ante la falta de interés de su proponente, no está llamado a prosperar.

5. Pese a lo anterior, cabe añadir que de asumirse el estudio de fondo de la acusación, habría que concluir también su fracaso, como pasa a analizarse:

5.1. El tribunal, al registrar los antecedentes del asunto, refirió expresamente que el Centro Comercial Multicentro Ibagué, a más de contestar la demanda, llamó en garantía a la Aseguradora Colseguros S.A., petición en frente de la cual esta se defendió proponiendo excepciones, dirigidas a enervar tanto la acción, como el llamamiento mismo; que el juzgado del conocimiento, en la sentencia de primera instancia, entre otras determinaciones, le ordenó “a la llamada en garantía Aseguradora Colseguros S.A. (...) el pago de hasta 200 millones de pesos, ‘menos el porcentaje deducible’”; y que dicha interviniente, en la anotada condición, apeló tal fallo, inconformidad que sustentó esgrimiendo la falta de demostración de los daños cuya reparación se solicitó en la demanda, la culpa de los progenitores del menor accidentado y que la indemnización impuesta, fue exagerada.

Ya, en sus consideraciones, esa corporación, tras deducir la plena satisfacción de los elementos estructurales de la responsabilidad endilgada (daño, culpa y nexo causal), establecer que la indemnización fijada por el a quo desborda los límites legales y desatiende los parámetros jurisprudenciales delineados para su concreción y determinar la apropiada cuantía de la misma, pasó a ocuparse de la inconformidad expuesta por la prenombrada demandada en la apelación que propuso, relativa “al monto de la cobertura que se obligó a pagar (...) la llamada en garantía”.

Sobre el particular, con apoyo en las pruebas recaudadas, coligió, en definitiva, que “la cobertura a que se hallaba comprometida la aseguradora era mucho mayor de la determinada por el juzgado, el que sin dar razón de su corolario la limitó a $ 200.000.000, sin percatar las anteriores circunstancias”.

En tal orden de ideas, apuntó que “[l]a condena que se profirió contra la llamada en garantía habrá de modificarse, ordenándole pagar la totalidad de la indemnización impuesta al centro comercial, deduciendo de esto, eso sí, el 10% del monto ordenado, pues para el caso en concreto este porcentaje resulta mayor al equivalente de dos salarios mínimos mensuales”.

En definitiva el ad quem adoptó las decisiones con las que desató la controversia, entre ellas, la consistente en “[m]odificar el numeral 3º del apartado resolutivo de la providencia apelada, para precisar que la Aseguradora Colseguros S.A. deberá pagar a los actores la totalidad de las condenas proferidas contra el Centro Comercial Multicentro Ibagué, efectuando una deducción equivalente al 10% del total de la condena”.

5.2. Del precedente recuento se extracta que el tribunal sí apreció que la Aseguradora Colseguros S.A. fue vinculada al proceso y actuó dentro de él, como llamada en garantía.

5.3. De dicha postura del juzgador de segunda instancia, surge claro que él no incurrió en los yerros aquí denunciados, pues es ostensible que no desatendió el contenido objetivo de la demanda y/o de la contestación a la misma presentada por el Centro Comercial Multicentro Ibagué, ni pretirió el llamamiento en garantía que este le hizo a la precitada interviniente.

No, se reitera. Dicho sentenciador, en su fallo, tuvo en cuenta que la nombrada empresa actuó en el proceso en su condición de llamada en garantía.

5.4. Desvirtuados los desatinos fácticos endilgados al tribunal, el cargo se derrumba estrepitosamente.

6. Desde la perspectiva del quebranto de la ley sustancial, resulta pertinente y necesario añadir que la específica decisión combatida en la acusación examinada, no luce manifiestamente ilegal.

Al respecto, debe memorarse que a voces del artículo 84 de la Ley 45 de 1990, modificatorio del 1127 del Código de Comercio, el “seguro de responsabilidad imponeacargodelaseguradorlaobligacióndeindemnizarlosperjuiciospatrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tienecomopropósitoelresarcimientodelavíctima, la cual, en tal virtud, se constituye en elbeneficiariodelaindemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se reconozcan al asegurado” (se subraya).

Por consiguiente, si bien es verdad que en el presente proceso la vinculación de la Aseguradora Colseguros S.A. fue consecuencia del llamamiento en garantía que le hizo Centro Comercial Multicentro Ibagué, la situación que en definitiva se desprende de la comentada condena impuesta por el ad quem, no contraría la regulación sustancial vigente sobre esta tipología de seguro.

7. Corolario de lo expuesto, es que el cargo examinado no se abre paso.

Cargo segundo

También con apoyo en la causal primera de casación, el censor denunció el fallo del ad quem por ser indirectamente violatorio de los artículos 1036, 1037, 1045, 1046, 1072, 1073, 1079 y 1127 del Código de Comercio, por falta de aplicación, “como consecuencia de errores de hecho en la apreciación objetiva y material de varios elementos de prueba obrantes en el expediente”.

En pro de la acusación, su proponente, en resumen, adujo:

1. El tribunal, soportado en las pólizas 2183 y REC 3097, concluyó que el valor asegurado, respecto de la responsabilidad civil extracontractual amparada en dichos contratos, ascendió a la suma de $ 1.000.000.000, con un deducible del 10%.

2. Tal conclusión “fue equivocada” y fruto del cercenamiento y desfiguración de los siguientes medios de convicción:

2.1. La póliza de responsabilidad civil extracontractual RCE 3097, que milita en el folio 5 del cuaderno 2, con vigencia comprendida entre el 29 de mayo de 2007 y el 29 de mayo de 2008, con la que se amparó el referido riesgo “por los ‘bienes bajo cuidado, control y custodia’, dentro de los cuales, claro está, se encuentra la atracción conocida como ‘bola humana’, en la cual, según el tribunal, resultó lesionado el entonces menor Camilo José Arias Botero”, comoquiera que, según se observa, “el límite asegurado por dicho concepto es de $ 200.000.000 por evento, advirtiéndose en el mismo documento que ‘Se extiende la cobertura de RCE en el evento a realizar en las vacaciones extremas del 03 de julio 07 al 08/08/07 de acuerdo a la comunicación del asegurado del 28/06/07. Se deben cumplir las garantías informadas en esta correlativa a la póliza MULR 2183 de SEM’”.

En relación con dicho contrato, el censor insistió en que respecto del indicado rubro, el valor asegurado ascendió solamente la suma señalada ($ 200.000.000); y que fue mediante dicho negocio jurídico que, de forma específica, se brindó cobertura a las actividades a desarrollar en las “vacaciones extremas”.

2.2. La “certificación obrante a folios 205 a 206 del cuaderno 8 (cuaderno de segunda instancia), en donde se advierte que dentro de los riesgos amparados se encontraba la ‘actividad vacaciones extremas del 03/07/07 al 08/07/2007’, por un valor de $ 200.000.000 evento, menos el deducible del ‘10% del valor de la pérdida mínimo 05 smmlv’, documento que no fue siquiera mencionado en la sentencia de segunda instancia”.

2.3. La póliza MULR 2183, que milita en los folios 192 a 204 del cuaderno 8, “la cual, como se advierte, a diferencia de la anterior, no cobija expresamente la responsabilidad civil extracontractual por las actividades desarrolladas en virtud de las llamadas ‘vacaciones extremas’, por lo cual mal puede concluirse, como lo hizo el tribunal, que dicha póliza cobijaba o cubría los hechos en los que resultó lesionado el entonces menor Camilo José Arias Botero”, que fueron comprendidos específicamente en la póliza RCE 3097.

2.4. El certificado de modificación de la póliza MULR 2183, que figura en los folios 11 y siguientes de cuaderno 2, en el cual “claramente consta que se le adicionó una cobertura que inicialmente no tenía: la responsabilidad civil por la actividad llamada ‘vacaciones extremas’ pero de 1 de enero de 2008 al 17 de febrero de 2008, fecha[s] que obviamente no cobija[n] el suceso” sobre el que versó este asunto, acaecido el 28 de julio de 2007.

3. Observó el censor, que de la valoración acertada de las mencionadas pruebas se sigue que “el tribunal las desfiguró y pasó por alto su verdadero contenido”, yerro que lo condujo a fijar un valor asegurado de $ 1.000.000.000 inexistente, cuando lo cierto era que el mismo solo ascendió a $ 200.000.000, equivocación suya trascendente, en la medida que provocó que se impusiera a la aseguradora llamada en garantía, la obligación de responder por la totalidad de la condena impuesta en la sentencia de segunda instancia.

4. En virtud de lo anterior, el recurrente solicitó casar el fallo cuestionado y que, como consecuencia de ello, se modifique el punto segundo de su parte resolutiva, en el sentido de “indicar que la obligación de la aseguradora no podrá exceder el límite de $ 200.000.000, menos el deducible”.

Consideraciones

1. Para colegir que el amparo de responsabilidad civil extracontractual que comprendió la actividad en la que resultó lesionado el entonces menor de edad Camilo José Arias Botero, tuvo como límite la suma de $ 1.000.000.000, el Tribunal estimó:

1.1. En primer lugar, que la póliza RCE-3907, vigente entre el 3 de julio de 2007 y el 29 de mayo de 2008, únicamente comprendió, según su contenido expreso, los siguientes amparos: “(...) ‘predios labores y operaciones’, ‘patronal’, ‘contratistas y subcontratistas independientes’, ‘parqueaderos’, ‘bienes bajo cuidado, control y custodia’, ‘responsabilidad civil cruzada’ y ‘RC gastos médicos’”.

1.2. En segundo término, que “de acuerdo con el escrito visto a folio 8 de esa encuadernación, dicha cobertura fue aumentada mediante la póliza MULT 2183”, la cual, conforme se registró en el documento de folio 9 siguiente, “tuvo por objeto extender ‘La cobertura de RC en el evento a realizar en las vacaciones extremas del 03/07/07 al 08/08/07’”.

1.3. Adicionalmente, que “[a] voces de la póliza 2183, cuyo recaudo se obtuvo en el decurso de esta instancia (folios 192 a 203 del cuaderno del tribunal), la compañía de seguros asumió los riesgos mencionados allí correspondientes a las atracciones ofrecidas durante el evento mencionado, riesgos dentro de los que se encontraba la responsabilidad civil extracontractual, según se desprende del numeral III del apartado de ‘actividad asegurada’, amparo que tenía como ‘valor asegurado o límite’ la cantidad de $ 1.000.000.000 por el evento y durante la vigencia del seguro, dejando expresamente dicho más adelante, al especificar el ‘interés asegurado’, que en lo atinente el objeto de la póliza era cubrir ‘los perjuicios patrimoniales que sufra el asegurado con motivo de la responsabilidad civil en que incurra de acuerdo con la ley, causados durante el giro normal de sus actividades’ (ver fl. 202); (...)”.

1.4. Y, finalmente, que como la responsabilidad endilgada al demandado Centro Comercial Multicentro Ibagué fue la extracontractual, el evento dañoso sobre el que versó este asunto “cabe (...) dentro de la cobertura otorgada”, de lo que no hay ninguna duda, “menos (...) cuando la certificación extendida por Colseguros (fl. 6 ib.), muestra que dentro de la póliza extendida, es decir, la ‘póliza No. RCE-3097 con vigencia desde el 29 de mayo de 2007 … seencontrabacontratadalacoberturapararesponsabilidad civil extracontractual conunvaloraseguradode$1.000.000.000’ (resalta la Sala)”.

2. El cargo de que ahora se ocupa la Sala, mediante el cual se controvirtió que el valor asegurado fuera el fijado por el tribunal ($ 1.000.000.000) y, correlativamente, se aseveró que la cuantía del mismo, solo alcanzó la suma de $ 200.000.000, se fundamentó, esencialmente, en tres planteamientos, a saber:

2.1. Primero: únicamente fue con la póliza RCE 3097 que se aseguró la responsabilidad civil extracontractual del Centro Comercial Multicentro Ibagué que pudiera derivarse de las actividades correspondientes al evento de las “vacaciones extremas” realizado en sus instalaciones entre el 3 y el 8 de julio de 2007.

Tal inferencia, a su turno, la soportó en las siguientes razones específicas:

a) La atracción denominada “bola humana”, en la que resultó lesionado el joven Arias Botero, que formaba parte de la referida actividad, estaba comprendida en el amparo denominado en dicha póliza como “bienes bajo cuidado, control y custodia”, respecto del cual se fijó como límite por evento y vigencia, la suma de $ 200.000.000.

b) En el mismo documento, se advirtió que la cobertura de responsabilidad civil se extendía al referido evento de las “vacaciones extremas” del año 2007.

c) La certificación militante en los folios 205 y 206 del cuaderno 8, ratificó que “dentro de los riesgos amparados se encontraba la ‘actividad vacaciones extremas del 03/07/07 al 08/07/07’, por un valor de $ 200.000.000 evento, menos el deducible del ‘10% del valor de la pérdida mínimo 05 smmlv’”.

2.2. Segundo: la póliza 2183 no comprendió dicha actividad, por lo que mal podía tenerse en cuenta la misma, a efecto de establecer el monto de la cobertura.

2.3. Y tercero: la modificación que se hizo a la póliza precedentemente indicada, versó sobre las “vacaciones extremas” realizadas entre el 1º de enero y el 17 de febrero de 2008, esto es, en fechas muy posteriores a aquella en la que tuvo ocurrencia el accidente sobre el que trató este asunto litigioso.

3. Del cotejo de unos y otros argumentos, aflora que la acusación luce desenfocada, en tanto que no se ocupó de combatir las genuinas razones en las que el tribunal afincó sus conclusiones fácticas respecto de la cobertura del seguro, aquí aplicable.

3.1. Como se aprecia, en concepto del tribunal, la póliza RCE-3907, tal y como fue concebida primigeniamente, no brindó cobertura a la actividad de las vacaciones extremas realizadas en el año 2007, lo que infirió de los amparos expresamente previstos en ella y, sobre todo, de que en el documento de folio 9 del cuaderno 2 así se expresó, cuando en relación con la póliza 2183 dejó constancia de que “se extiende la cobertura de RC en el evento a realizar en las vacaciones extremas del 03/07/07 al 08/07/07”.

3.2. El recurrente, en relación con el primero de tales contratos de seguro, no cuestionó el entendimiento que de él efectuó el tribunal, soportado en los amparos que expresamente contempló, sino que sobrepuso a tal hermenéutica su propia comprensión de la póliza, al sostener que en el amparo “bienes bajo cuidado, control y custodia” estaba ubicaba la distracción denominada “bola humana” y que en el mismo documento se hizo alusión a la vacaciones extremas del año 2007.

3.3. Añádese que el censor guardó absoluto silencio, frente a la ponderación que el ad quem hizo del documento de folio 9 del cuaderno 2, del que dedujo, como ya se registró, que la extensión del aparo de responsabilidad civil para las “vacaciones extremas” del señalado año, se concretó mediante la póliza 2183.

3.4. Adicionalmente, ninguna riña manifestó el impugnante respecto del alcance que el ad quem le dio a la póliza 2183, que dedujo del documento allegado en segunda instancia, visible en los folios 192 a 203 del cuaderno 8, particularmente, en lo que hace al amparo de “responsabilidad civil extracontractual”, cuyo “valor asegurado o límite” se fijó en “$ 1.000.000.000 Evento/1.000.000.000 vigencia” y en relación con el cual, posteriormente, en desarrollo del punto 3.2, especificó que “[c]ubre los perjuicios patrimoniales que sufra el asegurado con motivo de la responsabilidad civil en que incurra de acuerdo con la ley, causados durante el giro normal de sus actividades”, acápite en el que se ratificó el “Valor asegurado” de “$ 1.000.000.000 evento/ 1.000.000.000 vigencia”.

3.5. Se colige, entonces, que unas fueron las inferencias que en relación con las pólizas RCE 3097 y 2183 extrajo el tribunal y otras las del recurrente, sin que las de este desvirtúen las de aquel, en tanto que corresponden a un entendimiento diverso de tales contratos, que por más atinado que sea, no sirve para derrumbar las presunciones de legalidad y acierto que abrigan el fallo de instancia combatido, en tanto que no pone al descubierto la comisión por parte del sentenciador de un error de juzgamiento manifiesto que conduzca al quiebre de sus determinaciones.

Sobre el punto, debe recordarse que “cuando el cargo se construye con base en el quebranto de la ley sustancial, se torna indispensable para el recurrente, por una parte, enfocaracertadamentelasacusacionesqueformule, con lo que se quiere significar que ellas deben combatir lasgenuinasrazones,jurídicasofácticas,quesoportanelfalloimpugnado, y no unas extrañas a él, fruto del incorrecto o incompleto entendimiento que de la sentencia haya hecho el censor, o de su imaginación, o inventiva; y, por la otra, quesuactividadimpugnaticiatienequeestardirigidaaderruirlatotalidaddeesosargumentosesencialesdelasentencia, pues si el laborío del acusador noloscomprendeacabalidad,almargendequeeljuzgadordeinstanciahubierepodidoincurrirenlasfalenciasdenunciadas,susentencianopodríaquebrarseenvirtuddelrecursoextraordinario (...). En pocas palabras: el cargo fundado en el numeral 1º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil debeestardebidamenteenfocadoysercompleto o, lo que es lo mismo, debecontrovertirdirectamentelatotalidaddelosauténticosargumentosquerespaldanladecisióncombatida (CSJ, auto de 19 de diciembre de 2012, rad. 2001-00038-01; se subraya).

4. De soslayarse la falencia casacional que se deja explicada, se concluye que la combatida apreciación fáctica del tribunal, esto es, la de que el valor asegurado del amparo de responsabilidad civil extracontractual que corresponde aplicarse en el caso sub lite asciende a la suma de $ 1.000.000.000, no envuelve un error de hecho de aquellos que abren el camino al recurso extraordinario de que se trata, pues la interpretación contractual en que se sustenta es plausible y, por lo mismo, no deviene arbitraria y, mucho menos, contraevidente.

4.1. Llegados a este punto, es del caso reiterar que “nocualquieryerro” fáctico “essuficienteparainfirmarunfalloensededecasación, sino que se requiere que sea manifiesto, porque si se edifica a partir de un complicado proceso dialéctico, así sea acertado, frente a unas conclusiones tambiénrazonables del sentenciador, dejaríadeserevidente, pues simplemente setrataríadeunadisputadecriterios,encuyocasoprevaleceríaladeljuzgador, puesto que la decisión ingresa al recurso extraordinario escoltada de la presunción de acierto (CSJ, SC del 9 de agosto de 2010, rad. 2004-00524-01).

4.2. En tal orden de ideas, se observa que, ciertamente, como lo señaló el ad quem, el seguro de responsabilidad civil contenido en la póliza RCE-3097, previó como únicos amparos, los siguientes:

Predios, labores y operaciones (PLO)

Patronal

Contratistas y subcontratistas independientes

Parqueaderos

Bienes bajo cuidado, control, y custodia (REC)

Responsabilidad civil cruzada

RC gastos médicos

Anexo de RC vehículos propios y no propios

Así las cosas, no se advierte error cuando el tribunal, de ese contenido, infirió que no estaba incluida la responsabilidad civil extracontractual por actividades como las de las “vacaciones extremas”, sin que sea de recibo, valga acotarse, la prédica del recurrente, de que el dispositivo denominado “bola humana” esté subsumido en el quinto de tales rubros (“bienes bajo cuidado, control, y custodia (REC)”), pues ese planteamiento califica como un medio nuevo que, por consiguiente, es inadmisible en casación, comoquiera que solo vino a hacerse en desarrollo de la impugnación extraordinaria auscultada, toda vez que en las instancias, lo que la aseguradora afirmó fue que “[e]l límite del valor asegurado [e]st[á] determinado por el amparo afectado, elcualenelpresentecaso,eselderesponsabilidad civil contratistas y subcontratistas, por cuanto el siniestro se produjo en un bien de propiedad del contratista, la sociedad Roxtreme Ltda.” (se subraya), tal y como su apoderado judicial lo plasmó en el escrito de respuesta al llamamiento en garantía y a la demanda generatriz de la controversia, al sustentar la excepción de “límite del valor asegurado” (fls. 47 a 50, cdno. 2), planteamiento que, en idénticos términos, consignó en el escrito conclusivo de primera instancia (fls. 248 a 250, cdno. 1 bis), sin que en las alegaciones ante el ad quem, se hubiere hecho referencia a este tópico.

4.3. Súmase que la mención final de la aludida póliza, correspondiente al capítulo de “observaciones”, reza:

Se extiende la cobertura de RCE en el evento a realizar en las vacaciones extremas del 03/07/07 al 08/07/07 de acuerdo a comunicación del asegurado del 26/06/07. Se deben cumplir las garantías informadas en esta. Correlativa a la póliza MUL2183 de SEM.

Factible era y es, por lo tanto, entender que la remisión que en esa glosa alusiva a las vacaciones extremas realizadas en el año 2007 se hizo a la póliza “MUL2183”, significó que dicha actividad recreativa quedó sometida al régimen definido en el citado contrato, que se acopió como prueba en segunda instancia y que figura en los folios 192 a 203 del cuaderno 8, donde, como ya se acotó, se amparó la “responsabilidad civil extracontractual” con un “valor asegurado” de “$ 1.000.000.000 evento/ 1.000.000.000 vigencia”.

4.4. La anterior conclusión no alcanza a ser desvirtuada por la certificación que la aseguradora llamada en garantía expidió el 14 de noviembre de 2013 (fls. 205 y 206, cdno. 8), toda vez que si bien es verdad que en ella se incluyó como cobertura adicional de la póliza RCE - 3097 la “actividad vacaciones extremas (del 03/07/2007 al 08/08/2007(sic))”, no es cierto que en relación con dicho amparo, se hubiere indicado el límite de $ 200.000.000 a la cobertura brindada, restricción que se expresó pero solo respecto de la “actividad vacaciones extremas (del 01/01/2008 al 17/02/2008”.

Agrégase que la comentada certificación, por su propia naturaleza, carece de virtud para enervar la interpretación que de los contratos de seguro efectuó el tribunal, en tanto que dicho laborío estuvo soportado en el contenido mismo de las pólizas que los contienen, el cual mal podría considerarse incidido y, mucho menos, alterado por lo expresado en el documento que ahora se analiza.

4.5. En suma, el criticado juicio del tribunal no entraña el error de hecho denunciado.

5. El cargo examinado naufraga.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 19 de diciembre de 2013, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil - Familia, en el proceso que se dejó plenamente identificado al inicio de este proveído.

Costas en casación a cargo de la parte recurrente. Como el extremo opositor replicó en tiempo la demanda con la que se sustentó el recurso extraordinario, se fija, como agencias en derecho, la suma de $ 6.000.000. La secretaría de la Sala realice la correspondiente liquidación.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al tribunal de origen».