Sentencia SC20185-2017/2010-00055 de diciembre 1 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001-31-03-001-2010-00055-01

(Aprobado en sesión de tres de mayo de dos mil diecisiete)

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Fernando García Restrepo

Bogotá, D.C., primero de diciembre de dos mil diecisiete.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por Codensa S.A. ESP, frente a la sentencia proferida el 23 de enero de 2014, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario que en su contra adelantaron Gloria Amparo Betancourt Maya y sus menores hijos Johan Sebastián, Andrés Felipe y Juan David Cárdenas Betancourt, representados por aquélla.

Antecedentes

1. En la demanda, que obra en los folios 30 a 37 del cuaderno principal, se solicitó, en síntesis, que se declarara la responsabilidad civil extracontractual de la accionada, por la muerte del señor Sebastián Cárdenas Solórzano (q.e.p.d.), quien el 30 de marzo de 2005 recibió una descarga eléctrica cuando estaba laborando; y que, como consecuencia de ello, se la condenara a pagar a los gestores del litigio los perjuicios materiales y morales que sufrieron, en las cuantías que allí mismo tasaron, junto con la correspondiente corrección monetaria y los intereses moratorios causados desde la ejecutoria de la respectiva sentencia y hasta la fecha de la solución efectiva de tales obligaciones.

2. Para respaldar dichas súplicas, se adujeron los hechos que a continuación se resumen:

2.1. La citada víctima y Gloria Amparo Betancourt Maya convivieron en unión libre desde el 15 de diciembre de 1995 hasta la fecha de fallecimiento del primero, tiempo en el que nacieron como hijos comunes, Johan Sebastián, el 23 de septiembre de 1996, Andrés Felipe, el 28 de septiembre de 1998, y Juan David, el 13 de febrero de 2001.

2.2. El señor Cárdenas Solórzano laboraba en construcción y percibía ingresos mensuales que oscilaban entre $ 900.000 y $ 1.200.000, recursos con los que velaba por su propio sostenimiento y el de su familia.

2.3. El 30 de marzo de 2005, a eso de las 9:00 a.m., el nombrado subió a la terraza de la casa vecina al inmueble donde residía, ubicada en la calle 42 sur # 45-27, actualmente calle 42 sur # 51ª-05, barrio “Muzú” de esta capital, con el propósito de “arreglar unas canales de aguas lluvias”, cuando “de un momento a otro fue energizado por los cables de alta tensión de propiedad de la Empresa Codensa S.A., que pasaban muy cerca de la casa, atrayéndolo, y cayendo del cuarto piso a la vía pública”, donde fue ayudado por vecinos del sector, trasladado a la Clínica de Occidente, centro asistencial en el cual, horas después falleció.

2.4. El referido accidente fue “producto del descuido, culpa y la negligencia de la Empresa Condensa S.A. ESP, porque instalaron un transformador y cables de alta tensión muy cerca de la casa”, a “menos de cincuenta centímetros”, “circunstancia [que] fue la causa directa de la tragedia”.

2.5. La demandada “era el guardián jurídico de ese bien inanimado que caus[ó] el daño”, amén que su actividad “conlleva peligro”, por lo que su “culpa (…) se presume”.

2.6. Pese a que los habitantes del lugar, con ocasión del relatado suceso presentaron a la accionada una solicitud en ejercicio del “derecho de petición”, tiempo después, en el mismo inmueble, acaeció otro accidente, en el que resultó electrocutada la menor Jennifer García Patiño. Sólo hasta el 9 de septiembre de 2009, Codensa S.A. ESP retiró el transformador que estaba ubicado a pocos metros del sitio donde recibió la descarga eléctrica el señor Cárdenas Solórzano.

3. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá, al que por reparto le correspondió el conocimiento del asunto, admitió el libelo introductorio con auto del 25 de enero de 2010, que notificó personalmente a la demandada por intermedio de su representante legal, en diligencia surtida el 21 de abril siguiente (fl. 57, cdno. 1).

4. La accionada, en desarrollo de la contestación de la demanda que presentó oportunamente, se opuso a sus pretensiones, se pronunció sobre cada uno de los hechos en ella esgrimidos, descartó la aplicación de la responsabilidad objetiva y propuso con el carácter de meritorias, las excepciones que denominó “[c]ulpa de la víctima”, “[c]ulpa de un tercero”, e “[i]nexistencia del vínculo de causalidad entre el daño y la culpa” (fls. 81 a 93, cdno. 1).

5. Agotado el trámite de la primera instancia, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá dictó sentencia el 30 de julio de 2013, en la que declaró probadas las excepciones de “[i]nexistencia del vínculo de causalidad” y “culpa de la víctima”, negó la totalidad de las pretensiones de la demanda y condenó en costas a los actores (fls. 317 a 328, cdno. 1).

6. Al desatar la apelación que ellos propusieron contra ese fallo, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, en el suyo, fechado el 23 de enero de 2014, lo revocó y, en su lugar desestimó las excepciones formuladas, “salvo la de concurrencia de culpas”, que acogió; declaró civilmente responsable a la convocada por los perjuicios causados a los gestores del litigio con la muerte de su compañero y padre, señor Sebastián Cárdenas Solórzano; la condenó a pagar, por perjuicios materiales, a Gloria Amparo Betancourt Maya $ 51.010.236, a Johan Sebastián Cárdenas Betancourt $ 12.047.025, a Andrés Felipe Cárdenas Betancourt $ 12.863.378 y a Juan David Cárdenas Betancourt $ 13.703.003; y por perjuicios morales, la suma de $ 44.000.000 para cada uno de ellos; dispuso la corrección monetaria de esos valores, con base en índice de precios al consumidor, y el reconocimiento de intereses civiles al 6% anual, desde el 1º de febrero de 2014 y hasta cuando se satisfagan las condenas; e impuso las costas a Codensa S.A. ESP, pero sólo en el 80%.

La sentencia impugnada

Los argumentos fundantes de las decisiones que el ad quem adoptó, fueron los siguientes:

1. La actividad desarrollada por la empresa aquí demandada es “peligrosa” y, por ende, quienes reclamaron la reparación del daño derivado de ella estaban liberados de demostrar la culpa de la accionada, que se presume, amén que ésta sólo podía exonerarse de la responsabilidad que se le endilgó, comprobando “(…) ‘el concurso exclusivo de un causa extraña, que podrá consistir en la fuerza mayor, en un caso fortuito o en la intervención de un elemento no imputable al demandado y que haya determinado la consumación del accidente’ (…)”.

2. En el presente caso “hubo culpa” de la querellada, porque la red de media tensión que pasaba en las proximidades del inmueble donde ocurrió el accidente investigado, no cumplía “con las exigencias normativas sobre distancias mínimas horizontales y verticales, que para el 30 de abril de 2005 eran contempladas por la Empresa de Energía de Bogotá con base en la tabla 234-1 de la National Electrical Safety Code - NESC, y la prevista en el Reglamento de Instalaciones Eléctricas —RETIE— adoptado por el Ministerio de Minas y Energía en la Resolución 180398 de 7 de abril de 2004, que se modificó con las resoluciones 180498 de 2005, 181419 de 2005, 180466 de 2007, 182011 de 2007 y 181294 de 2008”, como quedó acreditado con el dictamen pericial rendido en el proceso, en el que se estableció que la referida línea de conducción eléctrica se encontraba a una distancia del inmueble de sólo 0.525 metros, cuando la primera de esas disposiciones técnicas exigía 1.50 metros y la segunda 2.30 metros.

3. El resultado dañoso también fue producto de la culpa atribuible a la propia víctima, toda vez que ella, según el hecho quinto de la demanda, subió a la terraza de la edificación donde se encontraba (cuarto piso) a arreglar unas canales de aguas lluvias, sin atender las normas de protección previstas en la Resolución 003673, expedida por el Ministerio de Protección Social el 26 de septiembre de 2008, contentiva del Reglamento Técnico para el Trabajo en las Alturas, “aplicable en los sectores formales e informales de la economía, pues a no dudarlo, esa labor es considerada de alto riesgo, lo que ameritó la regulación de medidas de prevención y protección contra caídas (arts. 9º, 10 y 12), y es diáfano que esas medidas no fueron tomadas en el sub judice, visto que la misma caída al suelo demuestra la falta de mecanismos de protección para las alturas”.

4. Como es ilógico pensar que el señor Cárdenas Solórzano pretendía reparar unas canales de recolección de aguas lluvias sin herramientas, cabe suponer que las portaba y que como muchas de ellas son metálicas, ante la proximidad de la red de media tensión, pudo producirse un “arco voltaico”, que ocasionó la electrocución y, fruto de ella, la caída a la vía pública de la nombrada víctima.

5. Ese entendimiento de los hechos, deja ver “que la causa del accidente, que incluso llevó a la caída del difunto, fue la electrocución, pero al mismo tiempo permite ratificar que la víctima actuó con imprudencia al realizar labores en la parte superior de la edificación, ya que dejó de conducirse como una persona prudente por no adoptar las medidas de seguridad que exigía esa labor, al ascender con herramientas y pasar por alto que la cercanía de las redes eléctricas hacía viable el accidente (fl. 268)”.

6. La causa de la muerte de una persona, es un hecho susceptible de “confesarse por quien pueda tener participación en la misma, toda vez que para el aspecto meramente fáctico la ley no fija tarifa probatoria especial”, de modo que “es admisible la paladina confesión que hizo la demandada en la réplica a la demanda, en cuanto a que el fallecimiento fue por electrocución que ocasionó la propia víctima al contactar las redes eléctricas, pues entre varias afirmaciones, al oponerse a las pretensiones y contestar el hecho 8º, dijo que el accidentado fue el responsable de su muerte al contactar las redes eléctricas vecinas al inmueble (fls. 81 y ss.), aspectos procesales en que el apoderado se presume facultado para confesar (CPC, art. 97)”.

7. La excepción de “culpa de un tercero” no puede dilucidarse, como quiera que ni los ocupantes del inmueble donde acaeció la tragedia, que fueron quienes contrataron al señor Cárdenas Solórzano para que efectuara las refacciones de la casa, ni los responsables de la construcción de la edificación, resultaron vinculados al proceso, por lo que no hay cómo juzgar aquí su conducta. “En cambio, la entidad demandada, que de acuerdo con las normas y funciones propias de su labor, es la encargada de velar por el cuidado y mantenimiento de las redes eléctricas, (…), no acreditó en forma alguna que hubiese adelantado las gestiones eficaces para impedir que la construcción [s]e desarrollara con violación de las reglas de seguridad sobre el particular, ni las actuaciones o acciones posteriores tendientes a garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas respectivas, incluidos los temas relativos a la seguridad de las edificaciones, irregularidades de las construcciones, falta de licencia de construcción u otros”.

8. La objeción por error grave, propuesta contra el dictamen pericial rendido por el ingeniero electricista Gilberto Cuervo León, no se comprobó, en tanto que es ostensible que él fincó sus conclusiones, de un lado, en las normas que han regulado y regulan las distancias mínimas entre las edificaciones y las redes de energía eléctrica, lo que no se desvirtuó; de otro, en la visita que hizo al inmueble; y, adicionalmente, en las fotografías anexas a la pericia. Al respecto, ninguna injerencia tiene la sentencia emitida en otro proceso de responsabilidad civil por electrocución, como quiera que ella versó sobre supuestos fácticos diferentes y que los jueces, en desarrollo del principio de autonomía que rige su función, “deben decidir con fundamento en los criterios que consideren pertinentes” al caso sometido a su conocimiento.

9. La advertida concurrencia de culpas, determina la reducción de la indemnización “en un veinte por ciento (20%)”.

10. A continuación, el Tribunal su ocupó de concretar los perjuicios.

Empezó por el lucro cesante, pasado y futuro, para cuyo cálculo tuvo en cuenta el salario mínimo legal mensual, habida cuenta que en el proceso no se acreditó la cuantía del ingreso percibido por la víctima; la vida probable del occiso y de la demandante Gloria Amparo Betancourt Maya; y el tiempo que faltaba a cada uno de los hijos de la pareja, para cumplir los 25 años.

Y terminó con los perjuicios morales, que tasó en $ 55.000.000 para cada actor y que, por la compensación de culpas, redujo a $ 44.000.000.

Demanda de casación

Contiene cuatro cargos, que serán estudiados en el mismo orden de su proposición, pero conjuntando los tres iniciales, por las razones que en su momento se expondrán.

Cargo primero

Con estribo en la causal primera que sirve al mencionado recurso extraordinario, se denunció la sentencia del Tribunal por ser indirectamente violatoria de los artículos 2341, 2343 y 2356 del Código Civil, como consecuencia de los errores de hecho en que incurrió esa autoridad al valorar las pruebas del proceso, yerros que la condujeron a “tener por demostrado, sin estarlo, el nexo de causalidad entre la actividad desarrollada por Codensa y los perjuicios reclamados por los demandantes”.

Luego de memorar a espacio, las motivaciones del fallo recurrido relativas al aludido elemento estructural de la responsabilidad examinada, el impugnante imputó al ad quem la comisión de los siguientes desatinos específicos:

1. Indebida apreciación de la confesión contenida en la réplica al libelo introductorio.

1.1. El juzgador de segunda instancia estimó que la accionada, por intermedio del apoderado judicial que la representó, al dar contestación a la demanda, confesó que la causa de la muerte de la víctima, fue su electrocución.

1.2. El reconocimiento que a ese respecto se hizo, por ser cualificado, era indivisible y, consiguientemente, no podía tenerse como prueba de confesión, toda vez que si bien es verdad que en distintos apartes del indicado escrito, el apoderado que lo presentó “mencionó la electrocución como la causa del accidente, siempre lo hizo aclarando y explicando que la muerte había sido provocada exclusivamente por la conducta de la propia víctima”.

1.3. Por lo tanto, “Codensa no admitió de manera llana y simple el contacto de la víctima con las redes eléctricas, como equivocadamente lo entendió el Tribunal. La demandada, al referirse a la causa del accidente, agregó apreciaciones y explicaciones que resultan ligadas de forma inescindible con el hecho principal, esto es, consideraciones que son inseparables del hecho de la electrocución, por formar un todo con éste. Reitero: Codensa no confesó, sin más, que la víctima se había electrocutado; las manifestaciones de la demandada, en todos los casos, buscaban desvirtuar la responsabilidad que se le imputaba, con fundamento en una culpa de la víctima”.

1.4. El mencionado yerro es “ostensible”, en tanto que para tener por “acreditado el nexo causal”, el citado sentenciador “se sirvió del hecho principal de la confesión de Codensa, pero desechó las aclaraciones y explicaciones que estaban inescindiblemente ligadas al mismo”, proceder con el cual “terminó dividiendo una confesión que por ser calificada, era indivisible”.

Con otras palabras, si el Tribunal “aceptó la confesión de Codensa en cuanto a la electrocución de la víctima, necesariamente ten[ía] que haber admitido también las aclaraciones y explicaciones que acompañaron al hecho principal confesado, esto es, que la verdadera y exclusiva causa del daño” fue “la culpa de la propia víctima”.

1.5. En lo restante, el impugnante sustentó su criterio con la reproducción de distintos fallos de esta Corporación y el concepto de un autor nacional.

2. Defectuosa valoración del documento obrante en los folios 266 y 267 del cuaderno principal, que corresponde al informe de la Clínica de Occidente.

2.1. Aseveró el recurrente que con base en dicho informe, según el cual el “[d]iagn[ó]stico de la muerte” fue “traumatismos múltiples no especificados”, el ad quem coligió que “la causa del accidente, que incluso llevó a la caída del difunto, fue la electrocución”, deducción que calificó de notoriamente equivocada, puesto que la probanza de que ahora se trata “no demuestra, ni por asomo, que ésa haya sido la causa de la muerte de la víctima”.

2.2. Enfatizó el desacierto del Tribunal al contemplar objetivamente esa prueba, puesto que le atribuyó “un alcance que francamente no tiene, pues a partir de dicho informe es imposible concluir que la víctima cayó de la parte alta del inmueble por una electrocución”.

3. Suposición de la prueba de nexo causal.

3.1. Sobre la base de que ni la confesión de la convocada al responder el escrito generatriz de la controversia, ni el informe precedentemente comentado, comprueban que la causa del deceso de la víctima fue su electrocución, el casacionista predicó que la prueba del nexo causal, por lo tanto, fue inventada por el ad quem.

3.2. Advirtió adicionalmente, que los otros medios de convicción recaudados en el proceso tampoco acreditan ese elemento de la acción, pues el certificado de medicina legal que figura en el folio 12 del cuaderno principal, no aludió, por ninguna parte a la causa de la muerte del señor Cárdenas Solórzano; y los testimonios “carecen de la fuerza de convicción necesaria” para comprobar ese hecho en la medida que los deponentes no presenciaron el accidente, declaraciones respecto de las cuales el impugnante se limitó a comentar algunas apreciaciones de las declarantes Carmen Sofía Esparza Sierra y Bellacenid Flórez Valderrama.

3.3. Igualmente puso de presente que no obra en el plenario la necropsia practicada al cadáver del nombrado, ni copia de la investigación penal respectiva.

Cargo segundo

Con respaldo también en la causal primera de casación, se reprochó el quebranto indirecto de las mismas normas indicadas en la acusación anterior, esta vez como consecuencia de los errores de derecho en que incursionó el ad quem al apreciar las pruebas del proceso, que comportaron la violación medio de las reglas probatorias expresadas en los artículos 195 y 200 del Código de Procedimiento Civil.

1. Previa recordación de las consideraciones del Tribunal en torno de la demostración del nexo causal y tras reproducir tanto las previsiones legales contenidas en el numeral 2º del artículo 195 y en el inciso 1º del artículo 200 del Código de Procedimiento Civil, como las manifestaciones de la contestación de la demanda con base en las cuales el Tribunal dedujo la confesión por apoderado que invocó como prueba en su fallo, el censor insistió en que ellas contienen aclaraciones y explicaciones en el sentido de que la causa exclusiva del fallecimiento del señor Cárdenas Solórzano fue su propia culpa.

2. En tal orden de ideas, el recurrente adujo similares argumentos a los que expuso en desarrollo del primer error que denunció en el cargo anterior, relativos a la indivisibilidad de la confesión y a que, en virtud de ese principio, el hecho admitido por la convocada, de que la nombrada víctima se electrocutó, no podía ser escindido del agregado concerniente a que ello se debió a su propia culpa.

3. Añadió que al tomarse lo expuesto por la demandada como un todo, sus manifestaciones no le son perjudiciales a ella misma, ni benéficas a su contraparte, por lo que no constituyen confesión, en tanto que así vistas, no satisfacen la exigencia del ya citado numeral 2º del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil.

Cargo tercero

También con sustento en el numeral 1º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, el censor le enrostró al sentenciador de segunda instancia haber infraccionado indirectamente las disposiciones legales especificadas en los cargos precedentemente compendiados, debido a los yerros fácticos que cometió al valorar los elementos de juicio que seguidamente especificó y que lo llevaron “a no tener por demostrado, estándolo, que los perjuicios sufridos por los demandantes son atribuibles exclusivamente a una culpa de la víctima”.

En sustento de la acusación, su proponente denunció:

1. La pretermisión del informe técnico rendido por la Universidad Nacional de Colombia, que aparece en los folios 194 y siguientes del cuaderno principal, en tanto que con él se probó que “de haber habido electrocución, ésta sólo habría podido ocurrir por un contacto directo o por un acercamiento excesivo a las redes de energía”, esto es, a menos de “dieciocho (18) centímetros”, documento que reprodujo en lo pertinente.

Así las cosas, puntualizó que si la causa de la muerte fue la electrocución de la víctima y su posterior caída de las alturas debido a la descarga, ese primer acontecimiento obedeció a que ella tocó la red de conducción o se acercó a menos de 18 centímetros de la misma, conducta que denota su propia culpa, la cual, aunada a la falta de elementos para trabajar en las alturas, que halló demostrada el Tribunal, constituyen las causas exclusivas del lamentable accidente.

2. El desconocimiento del dictamen pericial rendido por el ingeniero Cuervo León, en cuanto hace a la respuesta 11, en la que descartó que la línea de media tensión pudiera ejercer atracción sobre la víctima y estableció que la producción de un “arco voltaico” dependía del extremo acercamiento a ella, conceptos del experto que, en concordancia con el informe técnico anteriormente comentado, demuestran que si la víctima se electrocutó, fue porque hizo contacto con la red conductora de energía o porque se aproximó indebidamente a ella, de lo que, al tiempo, se sigue que “el comportamiento de Codensa carece de relevancia causal”.

3. La omisión de las fotografías aportadas por los actores, que corresponden al anexo 1.5 de la demanda, como quiera que de ellas se deprende con nitidez, que las líneas de conducción eléctrica que existían en el sitio del accidente, eran fácilmente apreciables por cualquiera, elementos de juicio que refuerzan la demostración de la culpa con la que procedió la víctima.

Consideraciones

1. Como se desprende del compendio efectuado de los cargos atrás consignados, en los tres, a la luz de la causal primera de casación y por la presunta violación indirecta de la ley sustancial, su proponente combatió la prueba de nexo de causalidad que halló establecida el Tribunal, aunque lo hizo por distintos caminos: en el primero y el tercero, adujo la comisión de errores de hecho en la ponderación de las pruebas; y en el segundo, de derecho.

Los advertidos puntos de coincidencia de las acusaciones y la circunstancia de que similares fundamentos servirán para su despacho de fondo, son las razones para que la Sala hubiese optado por conjuntarlas.

2. En la contestación del escrito introductorio, que obra en los folios 81 a 93 del cuaderno principal, la demandada, por intermedio del apoderado judicial que la representó, se opuso a las pretensiones incoadas, “en razón de que el occiso fue el responsable del accidente que le costó la vida, al contactar de manera imprudente, negligente, omisa, imperita, descuidad[a] e irreflexiva las redes eléctricas vecinas al inmueble en que laboraba, (…)”.

Frente a los hechos octavo, noveno y décimo del referido libelo, luego de negar su veracidad y exigir su prueba, dijo que el “accidente ocurrió por culpa de la víctima quien contactó las redes”; que “[e]s normal arreglar o limpiar unas canales, arreglar un techo y una antena parabólica pero no con incuria tal que se contacten las redes vecinas con algún elemento conductor”; y que “[l]a causa del accidente fue la culpa de la víctima quien contactó las redes”.

Más adelante, al sustentar la excepción de “[c]ulpa de la víctima”, afirmó que “[l]o que sucedió, necesariamente, fue que el señor Cárdenas por descuido, inadvertencia, imprudencia, impericia, negligencia, imprevisión, todas formas de culpa, contactó las redes con algún elemento conductor de energía y se electrocutó”. Insistió en que “[e]l lamentable accidente del señor Cárdenas Solórzano fue ocasionado por él mismo, quien, una de las razones anotadas, o varias de ellas, o todas, todas formas de culpa, lo propició, por lo cual, fue culpa de él, la víctima y no de la demandada”.

Y en desarrollo de la excepción de “[c]ulpa de un tercero”, señaló: “Qué sucedió? Que la víctima fue imprudente, negligente, omis[a], confiad[a], imperit[a], descuidad[a] y contactó las redes con algún elemento conductor y recibió el choque eléctrico”.

3. Con apoyo en esas manifestaciones de la accionada, particularmente las dos primeras, el Tribunal, en la sentencia combatida, observó:

La demandada también argumenta en sus alegatos que la muerte de Sebastián Cárdenas no fue por electrocución, sino por la caída del tejado donde hacía los arreglos, y que ese hecho por cualquier causa no puede ser objeto de confesión. Sin embargo, aunque el deceso de una persona es un hecho científico, es inviable aceptar que su causa no pueda probarse por confesión, ya que la extinción del ser humano se trata, en últimas, de una circunstancia fáctica, cuya causa puede confesarse por quien pueda tener participación en la misma, toda vez que para el aspecto meramente fáctico la ley no fija una tarifa probatoria especial.

Por ese motivo, es admisible la paladina confesión que hizo la demandada en la réplica a la demanda, en cuanto a que el fallecimiento fue por electrocución que ocasionó la propia víctima al contactar las redes eléctricas, pues entre varias afirmaciones, al oponerse a las pretensiones y contestar el hecho 8º, dijo que el accidentado fue el responsable de su muerte al contactar las redes eléctricas vecinas al inmueble (fls. 81 y ss.), actos procesales en que el apoderado se presume facultado para confesar (CPC, art. 197) (se resalta).

4. En cuanto hace a dicha prueba de confesión, el recurrente, sobre la base de que era calificada y, por ende, indivisible, denunció en la primera parte del cargo que inicialmente propuso, error de hecho; y en el cargo segundo, de derecho, toda vez que Tribunal tuvo por acreditado el hecho principal reconocido por la confesante —la electrocución como causa del deceso— y desconoció las explicaciones y agregados que la demandada hizo en relación con el mismo, es decir, que ese lamentable suceso fue producto de la culpa exclusiva de la víctima.

Sobre esas dos específicas acusaciones, son pertinentes las siguientes apreciaciones:

4.1. Aspecto crucial de la confesión y que ofrece serias dificultades prácticas, es el de su indivisibilidad, prevista en el artículo 200 del Código de Procedimiento Civil, que es del siguiente tenor:

La confesión deberá aceptarse con las modificaciones, aclaraciones y explicaciones concernientes al hecho confesado, excepto cuando existe prueba que las desvirtúe.

Cuando la declaración de parte comprenda hechos distintos que no guarden íntima conexión con el confesado, aquellos se apreciaran separadamente.

Como se ve, dos son los puntos en los que se apoyó el legislador para desarrollar el tema: de un lado, que la confesión es indivisible (inc. 1º); y, de otro, que la declaración de parte es divisible (inc. 2º).

Ese diverso tratamiento, en su pura esencia, deriva de que el confesante admita un solo hecho, ya sea llanamente, esto es, en igual forma a como lo planteó su contraparte (confesión simple), o con modificaciones o agregaciones que le dan un matiz o alcance diferente (confesión calificada o cualificada); o que reconozca diversos hechos que no guarden entre sí una íntima conexión jurídica, pese a que estén conectados y a que el accesorio, de comprobarse, puede incidir en el principal (confesión compuesta).

En el caso de la confesión simple, por versar sobre un hecho puro o desnudo, no hay lugar a evaluar la posibilidad de su divisibilidad. En los otros supuestos, confesión calificada y compuesta, por contener unos componentes adicionales al hecho confesado, sí cabe tal examen.

Cuando la parte acepta el hecho que le es perjudicial, pero le atribuye características o condiciones distintas a las que le asignó su contraparte, la confesión es indivisible, como quiera que, desde el punto de vista jurídico, las modificaciones o agregaciones que se introducen al hecho confesado forman parte de él, a tal punto que no pueden desligarse sin desfigurarlo o alterarlo sustancialmente. El factor que orienta el análisis de la confesión cualificada o calificada es, pues, la unidad jurídica que existe entre unas y otro. Por ello, la manifestación del reconociente se toma integralmente, sin desechar ninguno de los aspectos que contiene, incluso, los favorables a éste.

A diferencia de lo anterior, si el litigante admite el hecho que le es perjudicial (confesión) y, además, refiere otros hechos diversos que, pese a estar conectados con aquél, no le son íntimamente conexos, se aplica el criterio de la divisibilidad, en virtud del cual se aprecia solamente el hecho confesado, correspondiéndole a la respectiva parte probar el hecho adicional alegado, a efecto de que produzca los efectos que con su proposición persigue.

4.2. Desde cuando estaba en vigencia el Código Judicial, la Corte, respecto de la prueba de confesión, ha enseñado que ella puede ser simple, cualificada y compuesta; y que según tenga uno u otro carácter, es indivisible o divisible.

Se tendrá la primera o sea la simple, cuando el confesante se limite a declarar el hecho que le perjudica, lisa y llanamente, y, por lo tanto, tratándose de confesión en posiciones, cuando el absolvente se reduce a aceptar o afirmar sin aclaraciones y explicaciones el hecho por el que se le pregunta; se tendrá la segunda, esto es la cualificada, cuando el confesante declara el hecho, pero asignándole, ya una naturaleza jurídica distinta, ya una modalidad que lo caracteriza, ya una limitación que restringe su contenido o alcance: en todo caso, cuando ocurre la agregación de un hecho o circunstancia favorable al deponente que se halla en íntima conexidad, vale decir en condición de unidad jurídica, con el hecho que le sería perjudicial aisladamente considerado; y se tendrá la última o sea la compuesta, cuando la declaración contenga dos partes diferentes, en cuanto el deponente que acepta el hecho que le perjudica, alega otro distinto y separado que no constituye con el primero unidad jurídica alguna, sino que le es independiente, aunque si llegara a probarse por otros medios pudiera tener efectos jurídicos sobre aquél.

(…) Tratándose de la primera de estas categorías o sea de la confesión simple, no puede presentarse problema alguno acerca de su inescindibilidad, porque ella por su propio enunciado, esto es en virtud de su propia naturaleza, supone esa condición, sin la cual no sería confesión simple. Así que es entre las otras dos especies de confesión: la cualificada y la compuesta, entre las que se encuentra contenido el criterio diferencial de nuestro derecho probatorio sobre la indivisibilidad o divisibilidad de la confesión, de manera que a términos del artículo 609 del Código Judicial, sabio en su formulación, —que corresponde al artículo 200 del Código de Procedimiento Civil y hoy en día al 196 del Código General del Proceso, aclara la Sala—, la indivisibilidad se predica de la confesión cualificada, pero no de la compuesta, cuya característica es precisamente la divisibilidad.

La razón de ser de la indivisibilidad de la confesión cualificada estriba principalmente en una consideración de crítica racional y en otra de orden moral, a saber: es la primera la de que en esta especie de confesión no se declara sino un hecho con su propia naturaleza jurídica o configurado por sus modificaciones, adiciones y aclaraciones, o sea que el hecho confesado es el que resulta de todas estas circunstancias que lo determinan en su especie particular; y es la segunda o de índole moral, la de que sería inicuo escindir la deposición rendida en tales circunstancias, constitutivas de unidad del hecho declarado, para aceptar solamente aquellas que hayan de perjudicar al confesante y repudiar las que le sean favorables, echando sobre él la carga de su prueba. Es que si un litigante no tiene otra prueba de su pretensión que la confesión de su contrario, si acepta que éste dice la verdad en lo que toca con la parte del hecho que le perjudica, moralmente carecería de razón para suponer que miente en lo relativo a la parte del mismo hecho que le favorece.

(…) Por el contrario, tratándose de la confesión compuesta o sea la que versa sobre hechos distintos e independientes, sin enlace alguno en su producción o en la relación de causa a efecto, y aunque el segundo pudiera tener repercusiones jurídicas sobre el primero —como sería verbigracia la declaración de quien, confesando haber contraído determinada deuda para con su preguntante, agregase no deberle ya nada por haber éste contraído después una deuda que compensó la del absolvente—, entonces, no teniéndose aquí la declaración de un solo hecho, sino la de dos diferentes y autónomos, es claro que, por esta inconexión o carencia de unidad jurídica, esa confesión sólo probará el hecho perjudicial al deponente, pero no el perjudicial a su contraparte y con que pretendiera favorecerse aquél, quien tendrá entonces sobre sí la carga de probar ese segundo hecho que ninguna vinculación inmediata y directa tiene con el primero (CSJ, SC del 16 de diciembre de 1967, G.J. t. CXIX, primera parte, pp. 382 y 383; se resalta).

Posteriormente, en relación con el artículo 200 del Código de Procedimiento Civil, la Sala explicó:

Cuando allí se habla de modificaciones, aclaraciones y explicaciones concernientes al hecho confesado se está aludiendo a una cierta forma de presentar el hecho: éste, desde luego, no se traza por el absolvente de una manera escueta, o sea, en los mismos términos por los que el preguntante averigua, sino que le introduce un matiz o faceta diferente. La descripción tiene que corresponder al hecho del que se trate, sólo que sus notas distintivas no son, en su totalidad, las que afirma la contraparte; así, le puede suprimir unas de tales notas distintivas; o agregarle otras; puede reducir sus dimensiones objetivas; puede darle una diversa ubicación temporal, o, incluso, puede llegar hasta discrepar de la naturaleza misma del hecho. Lo importante es que el absolvente al presentar la adición no se desconecte del hecho como tal; por eso, con razón se ha dicho que la inescindibilidad de la confesión es algo que debe ser mirado a la luz, no propiamente del carácter favorable que tenga la agregación que se introduce, sino de la íntima conexión que posea con el hecho confesado. Justamente por esta causa el inciso 2º del precepto antes transcrito, hace residir la divisibilidad de la declaración de parte en que el hecho adicionado no guarde una vinculación de fondo con el confesado; acá no se trata de aspectos o facetas del hecho confesado, sino de algo que, no obstante su relación con él, es deslindable del mismo y éste continúa inalterado en su configuración (CSJ, SC del 26 de febrero de 1991, proceso ordinario de “Fábrica de Grasas y Aceites Vegetales S.A. Fagrave” contra “Compañía Colombiana de Terminales S.A. Colterminales”; se resalta).

4.3. Sin perder de vista las precisiones conceptuales anteriores, es del caso anticipar que, en tratándose de la ponderación de una confesión, la estimación que el sentenciador de instancia haga sobre el nivel de conexidad entre el hecho confesado y los componentes adicionales que en relación con él haya propuesto quien la realiza, es una cuestión que concierne a la apreciación objetiva de la prueba que, por consiguiente, en el plano casacional, solamente puede dilucidarse a la luz del yerro fáctico que sirve a la estructuración de la infracción indirecta de la ley sustancial.

De suyo, entonces, cuando en desarrollo del recurso extraordinario de que se trata, lo que se discute es si la confesión efectuada por una de las partes es cualificada o compuesta, a efecto de definir si es indivisible o divisible, el ataque debe imputarle al juzgador la comisión de error de hecho en la apreciación de la declaración, al reconocer o negar, según fuere el caso, que entre el hecho confesado y los agregados al mismo existe una “íntima conexidad” y que, por lo mismo, aquél y éstos conforman una unidad jurídica inescindible.

De vieja data, la Corporación viene predicando, y ahora ratifica, que:

(…) ‘apreciar si una confesión es cualificada o compuesta, o sea, el primer caso, si la circunstancia agregada al hecho principal es inseparable de éste, formando con él una unidad inescindible, o, en el segundo caso, si esa agregada circunstancia no constituye con el hecho principal, un solo todo, sino que le viene como contrapuesta, dándose así la concurrencia de dos hechos distintos, de los cuales con el segundo se pretende neutralizar la virtud del primero, como lo tiene enseñado la doctrina, esa operación encomendada al discrecional juicio del sentenciador de instancia, que no podría serle quebrado en el recurso extraordinario sino a virtud de un acusamiento formal por error de hecho (se resalta), en que se le convenciese de contraevidencia en la consideración de esta confesión’ (Cas. Civ. 30 de julio de 1943, LV, p. 621 y 2 de julio de 1956, LXXX, p. 757; Cas. Civ. 24 de julio de 1969, CXXXI, p. 65) (CSJ, SC del 20 de noviembre de 1971, G.J. t. CXXXIX, p. 229).

Con mayor elocuencia, posteriormente observó:

Distintivo de la confesión calificada es el de que las explicaciones dadas por el confesante guarden íntima relación con el hecho reconocido como cierto, no solo por su naturaleza sino también por el tiempo de su ocurrencia, hasta el punto de integrar una unidad jurídica que el principio de la lealtad procesal impide dividir, a fin de que quien la provocó no pueda prevalerse únicamente de lo que de ella le beneficia. Se caracteriza la confesión compuesta, en cambio, por la ausencia de íntima conexidad entre lo que se confiesa y lo que se agrega: como el hecho agregado es aquí distinto y separado del reconocido, la falta de relación íntima permite dividirlo, ya que el primero tiene origen distinto al del segundo, en frente del cual el confesante asume el deber de probar su defensa.

Ocurre, empero, que como la calificación de divisible o indivisible que el Tribunal le haya dado a la confesión, es aspecto que dice relación a la contemplación objetiva de esta prueba y no a la ponderación legal que de ella hace, puesto que se trata de la apreciación del contenido de la confesión, y no de la valoración de su mérito demostrativo, su ataque en casación solo es posible por error manifestó de hecho y no por yerro de derecho (CSJ, SC del 29 de enero de 1975, G.J. t. CLI, p. 12; se resalta).

4.4. Con base en lo precedentemente expuesto, es del caso colegir desde ya, que fue indebida la formulación del cargo segundo y que, por lo mismo surge patente su fracaso, como quiera que el examen de si entre el hecho confesado —la electrocución de la víctima como causa de su deceso— y el agregado —que ese acontecimiento fue fruto de la culpa exclusiva del señor Cárdenas Solórzano— existe una íntima conexión, sólo puede hacerse por la senda del yerro fáctico y no por la del error de derecho, que fue el que impropiamente se denunció en el aludido ataque.

4.5. Definido lo anterior, sigue la Corte al estudio de la acusación inicial del cargo primero, en relación con la cual son pertinentes los razonamientos que pasan a consignarse:

4.5.1. Mediante este reproche, el recurrente estimó que el Tribunal cometió error de hecho al ponderar la referida confesión de la demandada, habida cuenta que la escindió, siendo indivisible, para tener por probado el hecho de la electrocución de la víctima y que este suceso fue, a su turno, la causa del deceso de ella, dejando de lado la especificación que la confesante hizo de que dicha electrocución fue consecuencia del proceder culposo con el que actuó el señor Sebastián Cárdenas Solórzano, pues fue él quien contactó el cable conductor de energía o se le aproximó, con las herramientas que portaba, de tal manera, que se produjo un “arco voltaico”.

4.5.2. Cotejada la advertida censura con el pasaje de la sentencia que se transcribió en el punto tercero de estas consideraciones, se advierte que, contrariamente a lo que afirmó el censor, el ad quem contempló la contestación de la demandada sin alteración alguna de su contenido objetivo, como quiera que apreció por igual que “el fallecimiento fue por electrocución” y que este hecho lo ocasionó “la propia víctima al contactar las redes eléctricas, pues entre varias afirmaciones, al oponerse a las pretensiones y contestar el hecho 8º, dijo que el accidentado fue el responsable de su muerte al contactar las redes eléctricas vecinas al inmueble”.

Esa sola circunstancia descarta que el Tribunal hubiese cometido el yerro fáctico que se le enrostró, en tanto que, como viene de decirse, dicha autoridad no desconoció, en todo o en parte, las referidas manifestaciones de la demandada, ni agregó nada a ellas que ésta no hubiese dicho, ni las tergiversó.

4.5.3. Siguiendo el hilo de la cuestión como se trae, debe destacarse que el ad quem, en definitiva, sí reconoció la culpa de la víctima como causa del accidente investigado.

En párrafos anteriores a los atrás reproducidos, dicha Corporación, luego de analizar la conducta desarrollada por el propio señor Cárdenas Solórzano, aseveró que él “también tuvo culpa”, toda vez que no aplicó las prevenciones necesarias para trabajar en las alturas, de conformidad con la reglamentación legal existente al respecto; y que “la víctima actuó con imprudencia al realizar las labores en la parte superior de la edificación, ya que dejó de conducirse como una persona prudente por no adoptar las medidas de seguridad que exigía esa labor, al ascender con herramientas y pasar por alto que la cercanía de las redes eléctricas hacía viable el accidente” (se resalta).

Significa lo dicho, que el ad quem no contravino el principio de la indivisibilidad de la confesión, pues tuvo en cuenta, por una parte, el hecho principal admitido por la demandada —la electrocución como causa de la muerte de la víctima— y, por otra, el agregado que aquélla le hizo, es decir, que ese acontecimiento devino del comportamiento culposo de Cárdenas Solórzano.

4.5.4. Cuestión bien distinta es que esa autoridad no tuviera la actuación del occiso como causa exclusiva del accidente, postura que no obedeció a que desconociera la confesión, sino a que, fincado en el dictamen pericial y en los anexos del mismo, estableció que fue un factor mayormente determinante del comentado insuceso, el hecho de que el cable transmisor de energía de media tensión, propiedad de la demandada, no se encontraba ubicado a la distancia reglamentaria, sino a una mucho menor, en relación con el inmueble donde acaecieron los hechos.

Dijo el Tribunal:

(…) Descendiendo al caso bajo examen, afírmase que el accidente se produjo con culpa de la demandada y concurrencia de culpa de la víctima, sin que haya lugar a estudiar la eventual responsabilidad de los propietarios o constructores del inmueble de cuatro pisos, revisado que nadie con esas últimas calidades fue vinculado a la litis.

(…) En cuanto a la demandada, hubo culpa porque las redes eléctricas de media tensión, con 11.400 voltios, pasan frente al inmueble de la calle 42 sur # 51A-05 de Bogotá, sin cumplir con las exigencias normativas sobre distancias mínimas horizontales y verticales, que para el 30 de abril de 2005 eran contempladas por la Empresa de Energía de Bogotá con base en la tabla 234-1 de la National Electrical Safety Code - NESC, y la prevista en el Reglamento de Instalaciones Eléctricas —RETIE— adoptado por el Ministerio de Minas y Energía en la Resolución 180398 de 7 de abril de 2004, que se modificó con resoluciones 180498 de 2005, 181419 de 2005, 180466 de 2007, 182011 de 2007 y 181294 de 2008.

Justamente la experticia puso de presente que las líneas ‘no cumplían con las normas relacionadas con distancias mínimas respecto del inmueble’, que ‘la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica no cumplió con la conservación de dicha distancia mínima horizontal, ya que de acuerdo con la norma National Electrical Safety Code (NESC) 1984 tabla 234-1, la distancia mínima a conservar era de 1,50 metros y de acuerdo con el actual Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, artículo 13, tabla 15, la distancia mínima a conservarse es de 2,30 metros, sin embargo de acuerdo con el diagrama de distancias elaborado por el suscrito, la red de media tensión en cuestión se encontraba a 0,525 metros de la pared de la edificación’. Información complementada con los diagramas adosados a la pericia, donde puede verse una distancia de 1,30 entre la edificación y la base del poste, mientras que entre la parte superior de aquél y la construcción, lugar del accidente, tan solo están separados 0,525 metros, lo que permite colegir que para la época de marras (sic), no se cumplió con la distancia inicial de 1,50 metros exigida por la National Electrical Safety Code - NESC, ni menos con los 2,30 metros exigidos por el Reglamento de Instalaciones Eléctricas —RETIE—, desde 2004.

El cumplimiento de las normas aludidas, es necesario para evitar la producción de los ‘arcos voltaicos’, de manera que su infracción pone a los beneficiarios de los servicios de energía en situación de evidente peligrosidad, cuya existencia no puede ser extraña a la sociedad demandada en su calidad de guardian[a] y encargada de velar porque la actividad se desenvuelva dentro del marco de la juridicidad (se resalta).

Como ninguna de las precedentes apreciaciones fue combatida en casación, ellas siguen irradiando el fallo con toda su fuerza, de modo que no hay cómo desconocer o, siquiera, alterar tales inferencias del sentenciador, por lo que se impone admitir que con el dictamen pericial y con los anexos del mismo, quedó comprobado que el accidente investigado también obedeció a que la línea de media tensión no se encontraba, respecto de la casa donde estaba la víctima, a las distancias horizontal y vertical reglamentarias.

4.5.5. Esa constatación torna válida la ponderación que el Tribunal hizo de la prueba de confesión, pues así se admita que la efectuada por la aquí accionada al contestar el libelo introductorio era, en principio, indivisible, el caso se ubica en la salvedad que en relación con esa regla contempla la parte final del inciso 1º del artículo 200 del Código de Procedimiento Civil, cuando dispone que “[l]a confesión deberá aceptarse con las modificaciones, aclaraciones y explicaciones concernientes al hecho confesado, excepto cuando exista prueba que lo desvirtúe” (se resalta).

Sobre este preciso punto, uno de los más autorizados expositores nacionales explica:

Pues bien, si el confesante admite como cierto el hecho de haber recibido una suma de dinero a préstamo, o una cosa a título de comodato, pero agrega que el plazo para el pago no ha llegado todavía; o que la recibió con determinadas condiciones que aún no se han cumplido o presentado; o que los intereses no fueron al tipo fijado por el demandante sino a otro menor, o que no hubo estipulación sobre intereses, etc., etc., en todos estos casos la confesión es indivisible. El confesante sería obligado a pagar en la forma, modo, tiempo y lugar y cuantía que él admite al confesar, y no en las que pretende el demandante. Es decir, que la confesión se la toma como la hace, sin podérsela dividir. El actor no podría prevalerse de la admisión del hecho de la entrega del dinero o de la cosa y rechazar las salvedades y afirmaciones que le entrega o hace el confesante. A menos que exista, aducida y demostrada por el actor o por el que pretende prevalerse de la confesión, una prueba que destruya la agregación, salvedad, modificaciones o aclaraciones del confesante. Pero si no existe otra prueba que la confesión, el derecho a la indivisibilidad es perfecto, absoluto(1) (se resalta).

El mismo autor, más adelante puntualizó:

Ahora, si a la confesión indivisible con que se presenta cualquiera de las partes, el adversario le opone otra prueba que la desvirtúe, como un recibo de intereses que exprese la tasa mayor que la confesada, entonces queda naturalmente desvirtuada la salvedad de la confesión(2) (se resalta).

Es incuestionable, entonces, que si el ad quem, soportado en otros medios de convicción, concluyó que la irregular cercanía del cableado eléctrico a la casa donde laborada Cárdenas Solórzano, fue causa decisiva de la electrocución y, por ende, de su muerte, esa verificación fáctica, no controvertida en casación, desvirtuó la agregación de la demandada confesante, consistente en que la causa exclusiva de ese resultado dañoso, fue la culpa de la nombrada víctima.

4.5.6. La acusación auscultada, por consiguiente, no prospera.

5. Manteniéndose en pie la ponderación que el Tribunal hizo de la comentada confesión y, por ende, sus conclusiones fácticas de que el compañero y padre de los actores se electrocutó, que ese hecho provocó su caída a la vía pública y que fruto de todo ello, falleció, ninguna significación tienen los restantes reproches del cargo primero, ni el denunciado en el cargo tercero, como pasa a explicarse brevemente:

5.1. El segundo cuestionamiento de la acusación inicial, tocante con la defectuosa valoración del informe rendido por la Clínica de Occidente (fls. 266 y 267, cdno.1), carece de sentido, pues como ya se estableció, el Tribunal no se apoyó en dicho documento para colegir que el deceso del señor Cárdenas Solórzano obedeció a la electrocución que sufrió, la cual, como repetidamente se ha observado, ocasionó su caída del cuarto piso de la edificación donde se encontraba a la vía pública.

De todas maneras, si fuera cierto que el ad quem incurrió en el desatino fáctico que se le imputó, en tanto que la prueba que ahora se comenta no sirve para establecer el hecho mismo de la electrocución, tal yerro deviene intrascendente, pues las advertidas conclusiones del sentenciador de instancia encuentran suficiente respaldo en la confesión que esa autoridad infirió de la contestación de la demanda, ponderación que como viene de señalarse, se mantiene inalterada, en tanto que el ataque que se formuló en su contra no prosperó.

5.2. La sola circunstancia de que el Tribunal hubiese apoyado el juicio de responsabilidad que realizó, por una parte, en la tantas veces mencionada prueba de confesión, de la que extrajo la culpa de la víctima, y, por otra, en el dictamen pericial y sus anexos, que le permitieron reconocer la culpa concurrente de la accionada, desvirtúa la inconformidad final del cargo primero, esto es, que esa autoridad supuso o inventó la prueba del nexo causal.

5.3. Añádese que aflora ostensible el fracaso del cargo tercero, en la medida que él propugnó porque se reconociera que el móvil exclusivo del comentado resultado fatal fue la culpa de la víctima, en razón a que, como igualmente ya se analizó, el Tribunal estableció que el hecho de la indebida cercanía de la línea de media tensión al inmueble de los hechos también fue causa altamente determinante del accidente en cuestión, apreciación que según ya se acotó, no fue combatida por el casacionista.

6. Corolario de todo lo expuesto, es que ninguno de los cargos examinados se abre paso.

Cargo cuarto

Mediante él, se puso de presente la infracción indirecta de los artículos 2341, 2343, 2356 y 2357 del Código Civil, toda vez que el Tribunal, al ponderar las pruebas del proceso, erró de hecho y, en tal virtud, “no tuvo por demostrado, estándolo, que la culpa de la víctima directa del accidente tuvo una entidad superlativa, razón por la cual la reducción de la indemnización debió ordenarse en un porcentaje mucho mayor”.

1. De entrada, el censor destacó que el ad quem no explicó las razones por las que fijó la reducción de la condena que impuso a la demandada en sólo el 20%, tema en relación con el cual reprodujo las manifestaciones de esa Corporación.

2. Seguidamente, le imputó la preterición tanto del informe técnico rendido por la Universidad Nacional, como de la respuesta al punto 11 de cuestionario absuelto por el perito Cuervo León y de las fotografías allegadas por los actores, como anexos de su demanda, omisiones a las que se refirió de manera similar a como lo hizo en el cargo anterior.

3. Agregó que de esos elementos de juicio se infiere que “las conductas culposas” de la víctima “fueron bastante graves y su incidencia causal fue definitiva”, puesto que “[c]ualquier persona medianamente prudente y avisada, que advierte la presencia de una red eléctrica cercana, y que sabe además del peligro que esto representa cuando se manipulan materiales conductores de electricidad, adopta elementales medidas de precaución para evitar que ocurra un accidente”, de modo que al “no hacerlo” así, “incurre en una culpa superlativa”.

4. Afirmó que el comportamiento imprudente que asumió el señor Cárdenas Solórzano, “quien sin duda despreció el peligro a pesar de advertirlo, no sólo es de una entidad mayúscula, sino que además determinó causalmente la ocurrencia de los hechos. De allí que el Tribunal haya cometido un ostensible error probatorio al pretermitir estas pruebas, pues de haberlas apreciado habría concluido que la reducción de la indemnización no podía ser de apenas el 20%”.

Consideraciones

1. Es verdad que el juzgador de segunda instancia no explicitó las razones con base en las cuales concluyó que, debido a la concurrencia de culpas que halló acreditada en el proceso, la reducción de la condena que impuso a la demandada debía limitarse al 20%.

2. No obstante lo anterior, de esa decisión, en sí misma considerada, se infiere que ello obedeció a que estimó que la culpa que estableció en contra de la demandada, fue mayormente significativa en la producción de resultado final, es decir, en ocasionar la muerte de la víctima, o como se afirma también, que la conducta culposa de la empresa tuvo una mayor incidencia causal, la cual, si bien no puede medirse de manera exacta por el fallador, sí puede inferirse de las pruebas presentadas y tasarse por esa inferencia.

3. Así las cosas, es evidente la deficiente formulación del cargo ahora auscultado, pues para resquebrajar esa conclusión del Tribunal, no bastaba demostrar la magnitud de la culpa concurrente de la propia víctima, sino, lo que es bien distinto, acreditar que ella determinó la producción del daño cuya reparación se solicitó, en proporción igual o superior a la culpa atribuida a la demandada, labor que omitió por completo efectuar el censor. No se demostró fehacientemente que la incidencia del obrar culposo de la víctima pudiera ser igual o mayor al descuido de la empresa de energía.

4. Desde otra perspectiva se encuentra que si, como lo dijo el ad quem, sin objeción del recurrente, era deber de la aquí demandada conservar las líneas de conducción eléctrica en condiciones normales, entre otras, respetando las distancias mínimas de seguridad correspondientes; y que ella, por la actividad a la que se dedica, distribuir y comercializar energía eléctrica, según reza el certificado de la Cámara de Comercio de esta ciudad, militante en los folios 2 a 10 del cuaderno principal, califica como una profesional experta en ese campo, no encuentra la Corte que el citado sentenciador hubiese incurrido en un error de hecho y, mucho menos, en uno mayúsculo, cuando coligió que la culpa que le atribuyó a la accionada, tuvo una intensidad superior en la producción del resultado dañoso final que la culpa de la propia víctima.

Es que, mirados los hechos, conforme los estableció el ad quem, cabe afirmar que si la línea de media tensión que pasaba en proximidades del inmueble donde ocurrió el accidente, hubiese estado a la distancia reglamentaria para entonces, 2.30 metros, según el RETIE, el accidente no habría acontecido, pese a la conducta descuidada de Cárdenas Solórzano, al ascender al cuarto piso de la edificación con herramientas metálicas y sin adoptar medidas de protección, pues en ese supuesto, él no habría podido hacer contacto directo con el cable conductor de la energía, ni se habría producido un “arco voltaico”, toda vez que, según lo predicó y defendió el propio recurrente en la demanda de casación, este fenómeno exigía que la persona o el elemento conductor se acercara a menos de 18 centímetros de la red.

5. En suma, se tiene que la asignación, por parte del ad quem, de una responsabilidad superior en la producción del resultado dañoso a la demandada, no comporta la comisión del yerro fáctico que se le enrostró.

6. El cargo, por consiguiente, no prospera.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia del 23 de enero de 2014, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso que se dejó plenamente identificado en los comienzos de este proveído.

Costas en casación, a cargo de la recurrente. Como la demanda presentada para sustentar dicho cuestionamiento extraordinario, fue replicada en tiempo por los actores, se fija por concepto de agencias en derecho la suma de $ 6.000.000. La secretaría de la Sala efectúe la correspondiente liquidación.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, presidente de Sala.—Margarita Cabello Blanco.—Álvaro Fernando García Restrepo.—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.—Ariel Salazar Ramírez.—Luis Armando Tolosa Villabona.

(1) Rocha Alvira, Antonio. “Clásicos jurídicos colombianos. De la prueba en derecho”. Biblioteca Jurídica Dike, 1990, p. 232.

(2) Ob. cit., p. 234.