Sentencia SC20187-2017/2014-02139 de diciembre 1 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado ponente

Dr. Álvaro Fernando García Restrepo

SC20187-2017

Rad.: 11001-02-03-000-2014-02139-00

(Aprobado en sesión de primero de noviembre de dos mil diecisiete)

Bogotá D.C., primero de diciembre de dos mil diecisiete.

Se decide el recurso extraordinario de revisión promovido por Julio Rojas Ortiz respecto de la sentencia proferida el 15 de Julio de 2013 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro de la acción de pertenencia que incoó el aquí impugnante en contra de Álvaro Contreras Castillo y se ordenó la vinculación a personas indeterminadas.

I. Antecedentes.

1. En la demanda con la que se inició el referido proceso, que se tramitó en primera instancia ante el Juzgado Civil del Circuito de Chaparral -Tolima, Julio Rojas Ortiz pretendió que se le reconociera el derecho de dominio sobre un predio rural denominado “Olini 4” ubicado en la vereda “Calica” del Municipio de Chaparral.

2. Como sustento de las pretensiones postuladas en el referido litigio, el interesado argumentó, que:

2.1. Desde el 16 de septiembre de 1981, cuando se protocolizó el juicio de sucesión del señor Julio Rojas Núñez, empezó a poseer en su calidad de heredero en común y proindiviso con el demandado y sus hermanos Pedro Nel, Gloria, Amparo Rojas Ochoa, Consuelo, Esperanza, José Uriel, Amalia y Marly Rojas Ortiz, quienes vendieron sus derechos al demandante mediante escritura pública 2039 de 30 de mayo de 1987, a excepción de la última de las mencionadas.

2.2. Refirió que las posesiones antes señaladas, sumadas entre sí, exceden los 20 años exigidos por la ley para la adquisición del dominio por el modo de la prescripción extraordinaria.

2.3. Sostuvo que la posesión no ha sido interrumpida ni civil ni naturalmente y ha sido ejercida “de manera pública, pacífica y tranquila, sin violencia ni clandestinidad, por mi mandante, que ha ejercido su señorío mediante una vigilancia permanente, continua y adecuada explotación económica a través del pastoreo de animales propios o de los vecinos mediante Contratos de Arrendamiento, construido y sostenido los cerramientos de la finca, habiendo realizado tales actos en su calidad de señor y dueño, por parte del Demandante”

3. El demandado Álvaro Contreras Castillo contestó la demanda y dentro del término se opuso a las pretensiones, alegando entre otras excepciones, la que denominó “falta de requisitos legales para que opere la prescripción” que sustentó diciendo que no existe prueba que el demandante haya ejecutado durante el tiempo que exige la ley, “…actos o hechos susceptibles de ser apreciados por los sentidos que de manera indiscutible y objetiva demuestren que es el denominador (sic) de la cosa pretendida en usucapión, el que manda en ella y la disfruta para sí como dueño en sentido económico”

Agotado el trámite de la primera instancia del litigio de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, el a quo clausuró el debate con Sentencia de 25 de septiembre de 2012, en la que declaró “la no prosperidad de la declaratoria de pertenencia”, tras advertir que sólo a partir del año 2002 inició la posesión sobre ese lote de terreno, por lo que no se reunía el tiempo mínimo de 20 años que reclama el artículo 2512 del Código Civil (fls. 199 a 213).

4. Apelada por la parte demandante la decisión señalada en el párrafo precedente, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en fallo de 15 de Julio de 2013 confirmó el numeral primero de la sentencia atacada a través del cual se declaró la no prosperidad de la declaratoria de pertenencia, tras considerar que al demandante le correspondía probar una posesión exclusiva e ininterrumpida durante el tiempo exigido por la ley, que para la prescripción extraordinaria era de 20 años, siendo que se acreditó en el diligenciamiento que en el año 1993 el inmueble no estaba en posesión del pretenso prescribiente. Sobre el tránsito de legislación por la modificación que introdujo la Ley 791 de 2002 sostuvo “[e]l término de la usucapión es el establecido por el artículo 1º de la Ley 50 de 1936, y no el contemplado en el artículo 6º de la Ley 791 de 2002 que modificó el artículo 2532 del Código Civil, por cuanto, en virtud del tránsito de legislación y advirtiendo que el lapso de la prescripción extraordinaria al instante de introducirse la demanda el 13 de julio de 2010 (fl. 22 cdno.1), era de diecisiete (16) (sic) años seis (6) meses, todavía no se colma el tiempo reclamado por la ley, esto es, veinte años, (…) Dicho en otras palabras, en razón al mandato contenido por el artículo 41 de la Ley 153 de 1887, en virtud del cual si el prescribiente quiere acogerse a la nueva ley ‘la prescripción no empezará a contarse sino desde la fecha en que la nueva hubiere empezado a regir’ (…) luego, no se cumple con la exigencia temporal requerida por el artículo 2532 del Código Civil, modificado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1936” (fls. 56 a 70).

II. El Recurso de Revisión.

1. Con apoyo en la causal establecida en el numeral 8º del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, Julio Rojas Ortiz postuló la revisión de la sentencia de segunda instancia compendiada anteriormente, en aras de que se declare la nulidad de la providencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué.

La causal invocada establece:

Causal Octava: “Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso”.

2. Para sustentar la causal alegada, el recurrente adujo, en síntesis, que:

2.1. En la sentencia de segunda instancia por medio de la cual se desató el recurso de apelación, el Tribunal acoge el artículo 2532 del Código Civil modificado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1936 “…cometiendo grave error porque (sic) a la fecha de la Providencia o sea el 15 de julio de 2013, el Artículo vigente era el mismo Artículo 2532 C.C. pero modificado por el artículo 1º de la Ley 791 de 2002 vigente desde el 27 de diciembre de 2012 (sic)”

2.2. Señaló que, en efecto, el término de la prescripción invocada al momento de interponer la demanda era el establecido en el artículo 1º de la Ley 50 de 1936, pero en el transcurso del proceso “más exactamente en el transcurso de la Apelación de la Sentencia de primera instancia ante el Tribunal Superior, la normatividad había cambiado, es así como al momento de la Providencia del 15 de julio de 2013 estaba bajo el imperio del artículo 1º y 6º de la Ley 791 de 2002”.

2.3. Manifestó que hubo deficiencias graves en la motivación del tribunal, porque debió acogerse a la nueva ley vigente al momento de proferir la sentencia; es decir, la Ley 791 de 2002, luego concluye que el tribunal juzgó de acuerdo a leyes inexistentes.

III. El Trámite del Recurso Extraordinario.

1. La demanda fue presentada ante el mismo Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué que ordenó al recurrente constituir caución, de conformidad con el artículo 383 del Código de Procedimiento Civil. (fl.13)

Advertida la irregularidad en el ámbito de la competencia para conocer del recurso extraordinario, por Auto del 4 de septiembre de 2014 resolvió dejar sin valor lo actuado para ordenar su remisión a esta Corporación.

2. Recibida la mencionada actuación, en providencia de 5 de diciembre de 2014 se admitió la demanda de revisión y se dispuso que de ella se corriera traslado a Álvaro Contreras Castillo, así como, a las personas indeterminadas (fl. 14).

3. El interesado se notificó personalmente del mencionado auto admisorio (fl. 16) quien se opuso a la prosperidad del extraordinario medio de impugnación, alegando en lo fundamental, que el fracaso de las pretensiones del demandante no sólo se fundó en el tiempo alegado como poseedor, sino en que éste no demostró poseer con ánimo de señor y dueño. Agregó que el tribunal no puede modificar la demanda, en la que se afirmó “haber ejercido posición (sic) sobre el predio objeto de prescripción, por más de veinte años”

El curador ad litem designado para las personas indeterminadas contestó la demanda sin manifestar oposición al respecto (fls. 64 y 65).

4. El trámite prosiguió con la apertura a pruebas por Auto de 13 de septiembre de 2016 (fl. 69), y luego de culminada la etapa de su recaudo, se corrió traslado común a los intervinientes para alegar de conclusión (fl. 72), término que no fue utilizado por ninguno de los intervinientes, razón por la cual, la actuación se encuentra para dictar la pertinente sentencia.

IV. Consideraciones.

1. Si bien el principio de la cosa juzgada se erige como pilar esencial de la seguridad jurídica, el recurso de revisión se concibió como un mecanismo excepcional para remover la inmutabilidad de las decisiones judiciales definitivas, en aras de preservar la supremacía de la justicia cuando se configure alguna de las circunstancias que el legislador estableció de manera taxativa en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, que permiten infirmar las sentencias que se hayan pronunciado sin contar con documentos que hubieran modificado el criterio del fallador y que por las razones allí consagradas no pudieron aportarse en la oportunidad legal, así como, las obtenidas fraudulentamente o con quebrantamiento del debido proceso, e incluso, en la hipótesis del numeral 9º ibídem se tutela la seguridad jurídica al impedir la coexistencia de providencias contradictorias.

2. En esa medida, como medio de impugnación extraordinario que es, la revisión no constituye un escenario de instancia en el que puedan exponerse o debatirse las mismas pretensiones o excepciones ventiladas y ya decididas a lo largo del proceso en que se profirió la sentencia enjuiciada, pues en sí mismo, el mencionado recurso es un remedio extremo, concebido para conjurar situaciones irregulares que en su momento distorsionaron la sana y recta administración de justicia, hasta tal punto que, de no subsanarse, se privilegiaría la adopción de decisiones opuestas a dicho valor, en contravía de principios fundamentales del Estado de Derecho.

Al respecto, esta Corporación ha sostenido de antaño, que este instrumento procesal “no franquea la puerta para tornar el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la vía normal para corregir los yerros jurídicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi. Como ya se dijo por la Corte, el recurso de revisión no se instituyó para que los litigantes vencidos remedien los errores cometidos en el proceso en que se dictó la sentencia que se impugna” (CSJ SC, 24 abr. 1980, reiterada en CSJ SC, 1 jul. 1988, CXCII).

3. Frente al reproche del inconforme, de cara al numeral 8º del artículo 380 ídem, procede la revisión por “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso”. Dicho canon contempla dos requisitos, a saber: i) que la invalidez se origine en la decisión de fondo, lo que excluye, en consecuencia, cualquier causa de anulación que se presente durante el trámite del proceso; y ii) que contra dicha providencia no sea procedente ningún otro medio de impugnación.

En relación con el citado precepto, esta Corporación ha señalado:

(…) los motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que —además de estar expresamente previstos en el Código de Procedimiento Civil, dado que campea en esta materia el principio de la taxatividad de las nulidades— se hayan configurado precisamente en la sentencia acusada y no antes, es decir, ‘no se trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en este el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esa oportunidad, so pena de considerarla saneada; ni tampoco de indebida representación ni falta de notificación o emplazamiento, que constituye causal específica y autónoma de revisión, como lo indica el numeral 7º del texto citado, sino de las irregularidades en que, al tiempo de proferir la sentencia no susceptible de recurso de apelación o casación, pueda incurrir el fallador y que sean capaces de constituir nulidad, como lo sería, por ejemplo, el proferir sentencia en proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacción o perención; o condenar en ella a quien no ha figurado como parte; o cuando dicha providencia se dicta suspendido el proceso. Lo cual es apenas lógico porque si la tal nulidad solamente aparece para las partes cuando éstas conocen la sentencia, no existiendo legalmente para ellas otra oportunidad para reclamar su reconocimiento, lo procedente es que se les abra el campo de la revisión’ (CLVIII, 134).

En concordancia con lo anterior, en fecha reciente la Sala explicitó los motivos que, en línea de principio, pueden dar lugar a la nulidad originada en la sentencia, mencionando los siguientes: ‘a) cuando se dicta en un proceso terminado por desistimiento, transacción o perención, hoy parcialmente sustituida por el llamado ‘desistimiento tácito’, regulado por la Ley 1194 de 2008; b) se adelanta estando el litigio suspendido; c) se condena a una persona que no tiene la calidad de parte; d) si por la vía de la aclaración se reforma la misma; e) se dicta por un número de magistrados menor al establecido por el ordenamiento jurídico; f) se resuelve sin haber abierto a pruebas el pleito; g) se desata sin correr traslado para que los litigantes aleguen en los eventos que así lo dispongan las normas procesales y h) la que tiene ‘deficiencias graves de motivación’ (…)” (CSJ SC, 8 Abr. 2011, Rad. 2009-00125).

Se debe anotar que se cita esta última providencia en razón a que el recurrente invocó como hechos que constituyen la causal los que se citan en el literal h de la sentencia citada y no porque se considere vigente la jurisprudencia mencionada, que valga decir, no fue Ratio Decidendi en ese momento y que por lo tanto no constituye jurisprudencia vigente y que al contrario, la Sala, en decisiones mayoritarias aunque no unánimes, viene haciendo crítica de ella para no acoger como causal de nulidad originada en la sentencia la que tiene “deficiencias graves de motivación” que serían objeto de otros recursos.

De lo expuesto se desprende que para la prosperidad, en sede de revisión, de cualquier reproche que tenga como soporte la “nulidad originada en la sentencia”, le incumbe al impugnante demostrar la configuración de alguna de las delimitadas situaciones antes referidas, sin que le sea dable discutir el tema litigioso, pues dada la taxatividad que se predica en el sistema legal colombiano de las “nulidades”, solo los hechos establecidos por el legislador como motivos constitutivos de una irregularidad de tal entidad, y los que jurisprudencialmente se han elaborado para el caso de la nulidad originada en la sentencia con la anotación anterior, son los que pueden aducirse para invalidar y aniquilar un fallo definitivo y protegido por la seguridad jurídica que le irradia la cosa juzgada material, puesto que se trata de reglas estrictas que inhiben a las partes para invocar otras circunstancias o la aplicación de la analogía.

Con todo, aunque inicialmente se estableció que “la causa de nulidad no puede ser distinta de las que establece el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, pues el recurso de revisión no es campo propicio para expandir las razones que el legislador estableció” (CSJ SC, 13 ene. 2007, Rad. 2001-00211-01), es cierto que se viene mencionando doctrinaria y jurisprudencialmente, que también hay lugar a revisión por causales de nulidad originadas en la sentencia.

4. Lo anterior es claro frente a otros hechos que pueden producir nulidad y que se han señalado antes, pero como se anticipó, el demandante sostuvo que el proveído reprochado es nulo por deficiencias graves de motivación, en cuanto la referida Colegiatura no aplicó una ley vigente para el momento de proferir la sentencia, por lo que resulta propicio indicar que, aunque en algunas providencias se mencionaron a manera de ejemplo hechos que podrían configurar nulidad originada en la sentencia y que realmente no se encuentran previstos en forma taxativa en el ordenamiento jurídico, es el momento para dejar esclarecido que para el caso de la nulidad invocada no resulta procedente alegar como fuente la indebida motivación o las deficiencias que pudiera encontrarse en este aspecto en la sentencia recurrida extraordinariamente, pues esta acusación no solo es inexistente como causal de nulidad, sino que está prevista para otros recursos y no como causal de nulidad, por lo que resulta ajena al recurso de revisión.

Por lo tanto, el recurrente erró al pretender encuadrar los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la providencia del 15 de Julio de 2013 a uno de tales supuestos, pues como se insistió a propósito del motivo de revisión antes analizado, la decisión del Tribunal se fundó en la aplicación de la ley sustancial vigente para la época de interposición de la demanda de pertenencia, lo que carece de capacidad y carácter de alcanzar a ser motivo de anulación. Por esa razón resulta inexistente el cargo propuesto contra la sentencia recurrida.

Al respecto es preciso recordar que la irregularidad con fuerza suficiente para invalidar la sentencia objeto de revisión, “debe ser de naturaleza estrictamente procesal, lo que evidentemente excluye los errores de juicio atañaderos con la aplicación del derecho sustancial, la interpretación de las normas y la apreciación de los hechos y de las pruebas que le puedan ser imputados al sentenciador. En realidad, dicho motivo de revisión tiene por finalidad abolir una sentencia cuando en ella misma o con ocasión de su pronunciamiento se ha vulnerado el debido proceso o menoscabado el derecho de defensa, cual ocurre, por ejemplo, si se dicta contra una persona que no ha sido parte en el proceso o pretermitiéndose la etapa de alegaciones” (CSJ SC, 22 sep. 1999, rad. 7421); no se trata, entonces, de cualquier irregularidad ni tampoco de una equivocada fundamentación de la providencia, o de un yerro del juez en la apreciación de las pruebas ora en la aplicación de las normas que han de dirimir el conflicto.

De ese modo las cosas, cumple señalar, sin rodeos, que el compendio de los fundamentos del medio impugnativo ejercitado permite establecer, por fuera de toda duda, que el mismo viene a utilizarse con el propósito de denunciar presuntos yerros que repercutieron en la forma como se aplicó la ley sustancial, a saber, la vigencia de la modificación que introdujo la Ley 791 de 2002 al artículo 2532 del Código Civil, el cual, valga decirlo, no tiene la virtud de configurar la puntual causal invocada.

5. Al margen de lo anterior, ha de precisarse que la modificación que introdujo la Ley 791 de 2002, en la cual se redujo el término de prescripción extraordinaria a 10 años, sólo podría aprovechar a quien la alegue para que se consolide a partir de su vigencia; es decir, a partir del 27 de diciembre de dicho año, en tanto que así expresamente lo dispone el artículo 41 de la Ley 153 de 1887, aún vigente, luego no podía aplicar el Tribunal esta ley con efectos retroactivos, como lo pretende el ahora recurrente.

Reza así la mencionada norma que, por su claridad y contundencia es preciso transcribir:

“ART. 41.—La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera o la segunda, a voluntad del prescribiente; pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir.”

Por lo que, si la demanda se incoó el 13 de Julio de 2010 (fl.22), no era posible que el actor se acogiese a la normatividad que redujo los términos de prescripción, porque, para esa fecha, sólo habían transcurrido un poco más de 7 años.

Se itera pues que la Ley 791 comenzó su vigencia el 27 de diciembre de 2002, fecha de su promulgación en el diario oficial 45046, conforme a lo mandado en el artículo 13 de la comentada ley. Por consiguiente, los diez años de su vigencia, para consolidar una prescripción adquisitiva del dominio bajo su imperio, sólo se cumplirían el 27 de diciembre de 2012, luego, incoada la demanda en fecha anterior a esta calenda, la norma aplicable era el artículo 2532 sin la modificación que introdujo esta ley, que contemplaba un término veintenario de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio.

6. Ahora, como el tenor del asunto materia de discusión no es de los cuales permitan la declaración de nulidad de la sentencia, se insiste, ya que la eventual irregularidad no emergió en manera en la sentencia, bajo los supuestos ya explicados, máxime cuando, como se explicó, no hubo irregularidad alguna en la aplicación sustancial de la norma regulatoria de los términos de prescripción, se impone denegar el mecanismo excepcional.

7. En mérito de lo explicado, se declarará infundado el recurso de revisión estudiado, relevando, eso sí, que se impone condenar en perjuicios al recurrente a favor del opositor, puesto que es claro que el “amparo de pobreza” que le fue concedido en esta actuación, por Auto de 22 de octubre de 2014 (fl. 8), no lo exonera de ello, de acuerdo con lo que establece el inciso primero, del artículo 163, del Código de Procedimiento Civil.

Sobre el particular, la Corte ha señalado que “[c]orrespondiéndole, pues, al recurrente la carga probatoria tendiente a demostrar los supuestos que configuran las causales de revisión invocadas, su incumplimiento acarrea inexorablemente el fracaso del recurso extraordinario propuesto, con condena en perjuicios al recurrente en favor de los demandados, puesto que es claro que el amparo de pobreza que le fue concedido en esta actuación, no lo exonera de ello, de acuerdo con lo que establece el artículo 163, inciso primero del Código de Procedimiento Civil” (se sublineó; CSJ SC, 11 jul. 2000, rad. 7074).

En ocasión más reciente, puso de presente que “[c]omo la recurrente invocó desde el inicio del trámite el amparo de pobreza y le fue concedido, no habrá condena en costas por haber sido vencida, pero se impondrá la relativa al pago de los perjuicios que pudiera haber causado con esta actuación porque éstos no aparecen exonerados en la regulación procesal de dicho trámite. Así se ha decidido por esta Corte en pasadas ocasiones, como en Sentencia 102 de julio 11 de 2000 y en Sentencia 3318 del 18 de marzo de 2014” (se resalta; CSJ SC17395-2014, 19 dic. 2014, rad. 2011-02692-00). Así se procederá.

V. Decisión.

En armonía con las consideraciones precedentes, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DECLARAR INFUNDADO el recurso de revisión propuesto por Julio Rojas Ortiz contra la sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia.

2. Sin condena en costas, en razón de habérsele concedido al recurrente amparo de pobreza.

3. CONDENAR al revisionista al pago de los perjuicios causados al opositor con el trámite de este recurso, los cuales deberán liquidarse mediante incidente.

4. Cumplido lo anterior, Devuélvase el expediente al juzgado de origen, a excepción de la actuación relativa al recurso de revisión. Por Secretaría, ofíciese.

5. ARCHIVAR, en su momento, el expediente aquí conformado.

Notifíquese,

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

Aclaración de Voto

Con el tributo de siempre por las decisiones adoptadas por la Sala, manifestamos que compartimos la desestimación del recurso de revisión incoado por el demandante, en la medida en que sus alegaciones no se enmarcan dentro de la causal que invocó, ya que realmente tienden a reabrir el proceso sobre el cual versó este mecanismo extraordinario por disentir de la interpretación que al ordenamiento sustancial que lo rige aplicó el Tribunal de segunda instancia.

No obstante, como el presente proveído destaca que las “deficiencias graves de motivación” de una sentencia no constituyen causal de anulación procesal de la misma, necesario resulta apartarnos de ese argumento, toda vez que en Sentencia de revisión del 29 de agosto de 2008 (SR-085-2008), esta Corporación precisó, previo estudio de la evolución que ha tenido ese motivo invalidatorio en el ámbito internacional, en la práctica judicial y en las diversas decisiones que en sede de tutela esta Sala ha prohijado con miras a exigir de los jueces el acatamiento al deber de motivación de los fallos, que la referida anomalía sí es detonante para retirar del ordenamiento un proveído carente de una verdadera fundamentación.

En efecto, en tal oportunidad la Corte anotó que:

La muestra recogida, evidencia de manera ostensible la imposibilidad de ocultar que los defectos de argumentación son y han sido causa de aniquilación de los fallos judiciales. Además, la recensión hecha demuestra abrumadoramente el efecto deletéreo que tiene sobre una sentencia el déficit absoluto de argumentación y cómo a pesar de que en todos los casos examinados en sede constitucional las providencias mostraban objetivamente unas razones, ellas fueron obviamente, inaceptables por insuficientes, precarias o contradictorias como ya se vio. Por supuesto que en tales casos la presencia objetiva de argumentos no fue bastante para dar por cumplida la exigencia de motivar, pues en cada caso se determinó que los argumentos eran intolerables, y apenas cumplían como la apariencia.

Y agregó:

Se ha dicho usualmente que la nulidad originada en la sentencia, cuando de argumentación se trata, supone la ausencia total de motivación. No obstante, en ese contexto casi sería imposible hallar una sentencia totalmente carente de razones, lo cual impone que en el camino de aplicar la carencia de argumentos como fuente de la nulidad de la sentencia, sea necesario un esfuerzo adicional, ya que normalmente los juzgadores abonan algunos motivos para decidir, de modo que resultaría estéril la búsqueda de una sentencia radicalmente ayuna de fundamentos. A partir de esta circunstancia, parece necesario dejar sentado como premisa, que no basta la presencia objetiva de argumentos en la sentencia para que el fallo quede blindado y a resguardo de la nulidad, pues la mirada debe penetrar en la médula misma del acto de juzgamiento, para averiguar si la motivación puesta apenas tiene el grado de aparente, y si de ese modo puede encubrir un caso de verdadera ausencia de motivación; (SCR, 29 de agosto de 2008, rad. 11001-02-03-000-2004-00729-01).

La razón de ser de la aludida carga argumentativa que tiene el funcionario judicial obedece a la necesidad de control que también recae en la jurisdicción, la cual satisface en tanto hace visibles las razones tenidas en cuenta en la adopción de una determinada resolución, lo que, por contera, deja ver que no se trata de una disposición arbitraria ni caprichosa propia de pretéritas centurias.

Corresponde, por ende, a un mecanismo legitimador del estamento administrador de justicia, reflejado en el análisis objetivo, reflexivo y jurídico de los elementos de juicio incorporados al plenario, en relación con el litigio sometido a su conocimiento. Efectivamente:

(…) el principio de la motivación de la sentencia no aparece en forma expresa en la Constitución Política de 1991 (…)”; empero “(…) surge del principio de publicidad de la actuación judicial, explícitamente reconocido por los artículos 29 y 228, porque con ella se da a la luz, a la publicidad, las razones de convencimiento que tuvo el juez para adoptar la decisión, permitiendo desterrar de la sentencia la discrecionalidad y la arbitrariedad, haciendo de ella una obra razonable y racional (no emocional), que por contera garantiza el control del fundamento de la decisión por las partes, el juez de la impugnación y la opinión pública en general, según explicación de Liebman. De manera que la motivación de la sentencia es una exigencia que se entronca con el propio Estado Social de Derecho, en tanto se constituye como un factor legitimante de la actividad judicial, siempre y cuando guarde coherencia y tenga fuerza persuasiva, pues a partir de ella se hace la jurisprudencia, que no es otra cosa que el imperio de la ley aplicado al caso particular. Por consiguiente, esa motivación debe ser concreta y en relación con el caso, porque la jurisprudencia debe ser concebida desde el problema y “sus conceptos y sus proposiciones tienen que estar ligados de modo especial con el problema”. (CSJ SC 072 de 24 de agosto de 1998, rad. 4821).

Además, como esta Sala adoctrinó el concepto de “deficiencias graves de motivación” de un fallo, en sede constitucional —en donde el defecto debe tener ribetes protuberantes— y como máximo juez de la jurisdicción ordinaria en la especialidad civil, comercial, agrario y de familia, para explicar que sí constituye motivo de nulidad procesal; si de abandonar esa tesis se trataba menester era recoger expresa y detenidamente la nueva posición, lo que no contiene la sentencia de ahora.

Es que omitir dicha argumentación genera inseguridad jurídica para la comunidad judicial y académica, máxime por la existencia de precedentes en sentido contrario a la idea expuesta en la providencia objeto de aclaración (Sentencias STC2967 de mar. 11 de 2014, rad. 2014-00257-00 y STC3271 de mar. 17 de 2014, rad. 2014-00388-00).

Fecha ut supra.

Magistrada: Margarita Cabello Blanco—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.