Sentencia SC20950-2017 de diciembre 12 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Ariel Salazar Ramírez

SC20950-2017

Rad.: 05001-31-03-005-2008-00497-01

(Aprobada en sesión de quince de agosto de dos mil diecisiete)

Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por Generali Colombia Seguros Generales S.A. contra la sentencia de tres de julio de dos mil catorce proferida por la Sala Primera de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín dentro del proceso ordinario radicado con el número de la referencia.

I. ANTECEDENTES

A. La pretensión.

Ángela María Soto Galeano, actuando en nombre propio y en representación de su hija menor de edad, solicitó que se declarara civilmente responsable a Iván de Jesús García Rincón por los perjuicios ocasionados con el fallecimiento de Wilson Yamit Osorio Giraldo, y en consecuencia se le condenara a pagar solidariamente con Generali Colombia Seguros Generales S.A., las siguientes cantidades:

a) Para la cónyuge supérstite $ 10’321.500 de daño emergente; $ 16’518.000 de lucro cesante consolidado y $ 127’723.226 por el futuro. A título de afectación extrapatrimonial $ 92’300.000.

b) En favor de la infante hija del fallecido $ 16’518.000 a título de lucro cesante consolidado; $ 99’803.132 por el futuro y $ 92’300.000 por la aflicción moral sufrida y daños a la vida de relación.

Sobre las anteriores sumas de dinero, reclamó el reconocimiento de intereses moratorios desde el 17 de mayo de 2008 hasta el pago total de las condenas.

Igualmente, pidió que se tuviera por ineficaz el parágrafo de la cláusula 2.18 correspondiente a las exclusiones de la póliza N° 4004473, de conformidad con el artículo 184 numeral 2 literal a) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

B. Los hechos.

1. El 22 de octubre de 2006, a las 9.00 p.m., Wilson Yamit Osorio Giraldo transitaba en una motocicleta de placas FIX65 por la vía que del aeropuerto José María Córdoba conduce a Medellín, cuando fue colisionado en el kilómetro 25+790 de la variante Las Palmas por el automotor con matrícula ITV609, que conducía en forma imprudente Iván de Jesús García Rincón, ocasionándole graves lesiones y falleciendo al día siguiente.

2. La Secretaría de Transporte y Tránsito de Rionegro sancionó como responsable de la contravención a García Rincón, exonerando de culpa al difunto.

3. El fallecido contaba con 32 años, estaba casado con Ángela María y tenían una hija de dos años para esa época. Así mismo, administraba el bar y restaurante “Corre Caminos” de su propiedad, con ingresos mensuales de $ 1’200.000, que fue cerrado por hacerse imposible su atención.

4. El automotor estaba asegurado con Generali mediante póliza N° 4004473, ante la cual se hizo reclamación formal el 17 de abril de 2008, que fue objetada y ni siquiera se le autorizó expedirle copia del contrato.

5. Como consecuencia del deceso, la esposa y su descendiente dejaron de recibir ingresos y resultaron afectadas emocionalmente.

C. El trámite de la primera instancia.

1. El libelo se admitió el 31 de octubre de 2008 (fl. 63, cdno. 1).

2. Ambos demandados se opusieron a la prosperidad de las pretensiones y formularon excepciones de mérito.

La compañía aseguradora planteó las de «ausencia de culpa» del conductor demandado, «causa extraña», «reducción del monto indemnizable en virtud del comportamiento culposo» del fallecido cónyuge y padre de las demandantes, «colisión de actividades peligrosas», «estimación excesiva» del daño moral y del lucro cesante, «ausencia de cobertura» del último y del «daño a la vida de relación como perjuicio extrapatrimonial», además de la validez de la cláusula que se pidió tener por ineficaz, «límites a la indemnización», «sublímite de indemnización para el caso del daño moral»; y no estar obligada a asumir todos los costos del litigio (fls. 81 a 100, cdno. 1).

Como fundamentos de sus defensas, expuso que Iván de Jesús García Rincón no tuvo un comportamiento culposo, sino que su conducta se ajustó a las normas de tránsito y el fallecimiento de Wilson Yamit Osorio Giraldo pudo obedecer a culpa de su parte, exclusiva o concurrente, y en el último caso debe reducirse el monto indemnizable, salvo que se atienda que por tratarse de una colisión de actividades peligrosas, a la demandante le correspondía demostrar la culpa del conductor demandando y dado que no obró de ese modo, las pretensiones no estaban llamadas a prosperar.

Adicionalmente y en caso de encontrar responsable a García Rincón, solicitó tener en cuenta que los perjuicios morales reclamados superan la tasación que de los mismos ha realizado la Corporación en otros casos de muerte de seres queridos cercanos y que el lucro cesante fue fijado en la demanda sin descontar por lo menos el 25% de los ingresos del fallecido correspondiente a sus gastos personales, amén de que no hace parte de las coberturas de la póliza como tampoco los daños a la vida de relación.

Por último, señaló que los daños morales solo pueden ser estimados por el juez en la sentencia y que de condenársele a pagar, la indemnización se debe limitar a la suma asegurada y particularmente, la del daño moral al monto fijado en el contrato de seguro como sublímite, sin que se le pueda condenar a pagar la totalidad de los gastos del proceso, sino únicamente en proporción a la cuota que le llegare a corresponder en la reparación.

Iván García Rincón propuso las excepciones de «inepta demanda», «culpa exclusiva de la víctima» y «concurrencia de culpas» (fls. 111 a 115, cdno. 1), con fundamento en que no es posible afirmar que su conducta haya sido la causa determinante del accidente; por el contrario, de la prueba indiciaria puede concluirse que la alta velocidad que llevaba Wilson Yamit Osorio, las condiciones climáticas, de visibilidad y físicas de la vía determinaron que la motocicleta no fuera avistada y que perdiera el control e impactara contra el vehículo, y de no aceptarse dicha causal de exoneración, pidió reconocer la concurrencia de culpas.

Con la contestación a la demanda, el conductor presentó llamamiento en garantía a Generali Colombia Seguros Generales S.A., frente al cual esta última planteó como excepciones de mérito las de «ausencia de cobertura del lucro cesante», «ausencia de cobertura del daño a la vida en relación como perjuicio extrapatrimonial», «límites a la indemnización» y «sublímite de indemnización para el caso del daño moral», con base en los mismos argumentos que expuso al replicar la demanda (fls. 8-12, cdno. 2).

3. La sentencia de primera instancia tuvo por demostrada la excesiva estimación del daño moral y el lucro cesante, pero desestimó las restantes excepciones y declaró civil y extracontractualmente responsable a Iván de Jesús García Rincón de los perjuicios ocasionados a las demandantes, condenándolo a él y a Generali Colombia Seguros Generales S.A. a pagar en favor de:

a) Ángela María Soto, $ 1’420.000 por daño emergente y su actualización desde que se hicieron exigibles los diferentes conceptos que lo integran, tomando en cuenta el índice de precios al consumidor; $ 8’841.500 «correspondiente al daño emergente futuro» también ajustable con el IPC desde el 9 de marzo de 2008 al 11 de enero de 2013; $ 20’056.228 de lucro cesante consolidado y $ 39’011.182 por el futuro; 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes por «daño moral» y 10 más por «daño en vida de relación».

b) Para la menor $ 20’056.228 de lucro cesante consolidado y $ 27’999.140 por el futuro; 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes por «daño moral» y 10 más por «daño en vida de relación».

Sobre todas las cantidades se fijó un interés del 6% anual desde la ejecutoria de la decisión.

4. Las demandantes y la compañía aseguradora apelaron (fls. 288 al 290, cdno. 1).

El superior, en fallo de 3 de julio de 2014, modificó la determinación en estos términos (fls. 51 al 89, cdno. 5):

a) Revocó lo relacionado con las defensas que se dieron por establecidas, declarándolas no probadas.

b) Recalculó las sumas en favor de Ángela María Soto por lucro cesante consolidado y futuro que quedaron en $ 46’024.517 y $ 101’842.814 respectivamente, e incrementó a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes la reparación del «daño en vida en relación».

c) Fijó para la hija $ 46’024.517 a título de lucro cesante consolidado y $ 41’642.395 por el futuro, e igual valor al de la madre por «daño en vida en relación».

d) Confirmó lo restante, con la salvedad de que la responsabilidad de la aseguradora no era solidaria sino contractual, estimando «la acción directa frente a la misma, debiendo responder por la condena dispuesta dentro de los límites pactados en la póliza N° 4004473, esto es hasta el monto de $ 420’000.000,oo que debe tenerse como actualizado de acuerdo al I.P.C. al momento del pago».

Las gestoras pidieron una adición que les fue negada, mientras Generali Colombia Seguros Generales S.A. interpuso recurso de casación, el cual se concedió (fls. 91 al 104, cdno. 5).

D. La providencia impugnada.

En sustento de su determinación, el tribunal sostuvo que en relación con los hechos en que resultó herido y posteriormente falleció Yamit Osorio Giraldo, la Resolución 0877-25394 de la Secretaría de Transportes y Tránsito de Rionegro, la cual «goza de presunción de legalidad y validez», declaró contraventor a Iván de Jesús García Rincón por la prelación del motociclista que transitaba por la vía mientras el automotor salía de la estación de gasolina, sin que se infiera exceso de velocidad por la huella de frenado de 12.27 metros registrada en el croquis.

Aunque ese acto administrativo podía ser desvirtuado por los opositores, ya que tratándose de una actividad peligrosa era su deber probar un eximente de responsabilidad o al menos una concurrencia al tenor del artículo 2357 del Código Civil, eso no sucedió. Por el contrario, lo reforzó el interrogatorio que absolvió el conductor del carro y la explicación del patrullero Juan Diego Báez Vargas.

En lo referente a la exclusión del lucro cesante según el numeral 2.14 de la póliza, que lo descarta cuando «no sea consecuencia directa de un daño (material o personal) cubierto por este seguro», aunque fue considerada leonina por el a quo, lo cierto es, según indicó, que hace parte de la libertad contractual, pero no rige en este caso, porque «el mismo resulta ser una consecuencia directa del daño —en este caso la muerte de Osorio—» quedando dentro de la cobertura del contrato de seguro.

Ahora bien, si de conformidad con el artículo 1127 del Código de Comercio, el seguro de responsabilidad impone la obligación al asegurador de indemnizar los perjuicios patrimoniales causados por el asegurado y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, los detrimentos extrapatrimoniales que sufra ésta «toman la connotación de materiales, pues para el asegurado conllevan una merma patrimonial cuando surge el deber de reparar».

Además, en el acápite final de las exclusiones se dispone su pago cuando sean tasados en sentencia judicial en firme, lo que armoniza con el derecho a reclamar en forma directa según el artículo 1133 ibídem.

Las erogaciones por daño emergente derivadas del agotamiento de la conciliación y reparaciones de la motocicleta se hicieron efectivas, sin que se discutiera su cuantificación en las excepciones, por lo que no es la oportunidad de desestimarlas acudiendo a la información extraída de una página web como insinúa la aseguradora.

En lo que toca al lucro cesante, las demandantes estimaron que debió calcularse con base en la información ratificada por el contador público, mientras que para la aseguradora resultó incongruente con lo pedido, y era mayor el descuento por gastos personales del fallecido en vista de que la esposa trabajaba, sin ser cierto que dependiera económicamente de él.

Acreditado que Osorio Giraldo era propietario del establecimiento de comercio “Correcaminos”, cerrado con posterioridad a su muerte, la certificación del profesional cobraba pleno valor a la luz de la Ley 43 de 1990 y demás normas complementarias, siendo carga de los contradictores restarle peso sin que fuera perentorio «exigir los libros de comercio u otros documentos», ya que si bien la cónyuge aceptó que los ingresos eran variables y eso es normal para esa clase de negocios, tal circunstancia «en nada interfiere con la certificación del contador» a la que se da pleno valor.

En lo que respecta a la deducción a aplicar, aunque el a quo la fijó en un 25% acorde con la providencia de esta corporación CSJ SC, 30 jun. 2005, Rad. 00650, tampoco es un exabrupto que sea del 50% como pide la aseguradora y conforme al fallo CSJ SC, 9 jul. 2010 de esta Sala, toda vez que los ingresos base exceden los «dos salarios mínimos mensuales vigentes del momento» y Ángela María «es una profesional en contaduría pública que también reportaba ingresos para el hogar», por lo que se prefiere este último porcentaje.

Para realizar el cálculo del lucro cesante consolidado y el futuro, debían tomarse los $ 600.000 de cuota de contribución estimada al momento de la colisión (23 de octubre de 2006), actualizada con base en el IPC a la fecha del fallo (3 de julio de 2014), operación de la que resulta la suma de $ 801.280, según CSJ SC 9 jul. 2012, Rad. 2002-00101-01.

Los montos pasados deben incluir «intereses por 91 meses» transcurridos, arrojando un total de $ 92’049.035 a repartir por mitad, esto es, $ 46’024.517, sin que sea incongruente dicha cantidad con lo pedido ya que los $ 16’518.000 indicados en el libelo se referían al momento en que fue presentado y la diferencia se compensa con «lo que se reconozca por lucro cesante futuro».

Para computar esos valores posteriores, con igual monto base de $ 801.280, debía tomarse en consideración la esperanza de vida del difunto así como la de las perjudicadas, «reducida aritméticamente a un número entero de meses desde la fecha de la sentencia, previa deducción del valor del interés civil por haberse anticipado ese capital (...) eso sí, precisando que respecto a la menor (...), será hasta que la misma cumpla 25 años de edad». Así, por los 450 meses que le restaban a Wilson Yamit, de acuerdo con la Resolución 497 de 1997 de la Superintendencia Bancaria, el total era de $ 143’485.209, que al aplicarle «una regla de tres simple, en el entendido que a la señora Soto corresponderían 450 meses, mientras que para [la hija] y hasta que cumpla 25 años serían 184 mensualidades» les tocaría $ 101’842.814 y $ 41’642.395, respectivamente.

Sobre la indemnización de los perjuicios extrapatrimoniales por daño moral, no es desproporcionada la cantidad que fijó el a quo «en ejercicio del arbitrio iudicis», pero el «daño de vida en relación» debía reajustarse a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de cada una de las demandantes, en vista del aislamiento de la esposa al morir su pareja y la afectación de la hija por la ausencia de la figura paterna.

Por último, la compañía aseguradora no está llamada a responder de forma solidaria por la condena impuesta, sino atendiendo que «el deber de indemnizar se deriva de una relación contractual, que favoreció la acción directa por parte del demandante en los términos del artículo 1134 del C. de Co.».

II. LA DEMANDA DE CASACIÓN

Se plantean ocho acusaciones contra la sentencia de segunda instancia, las cuales son parciales, toda vez que no se discute la existencia del hecho dañoso, la responsabilidad de quien lo ocasionó, la estimación del daño emergente y moral, ni la forma en que deben asumir su pago los demandados.

Todas las censuras se plantearon por la senda de la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se resolverán en distinto orden al de su formulación por fines prácticos. El cargo séptimo será desagregado de conformidad con lo estatuido por el numeral 2º del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991 dado que integra las acusaciones contenidas en el quinto y el sexto, que la Corte estima debieron formularse separadamente, y de hecho así lo fueron en los mencionados reproches.

Por lo anterior, inicial y conjuntamente se abordarán las acusaciones quinta y el cuestionamiento de vía directa contenido en la séptima, porque contienen el mismo reparo en relación con la cobertura de «perjuicios extrapatrimoniales»; después se analizarán en forma integrada la sexta y la violación indirecta de la ley sustancial de la séptima concernientes al «daño de la vida de relación» dado que guardan total identidad; posteriormente se resolverá la tercera que trata los aspectos probatorios del indicado perjuicio; enseguida la octava referente al «lucro cesante» y luego los cargos primero y segundo conjuntándolos por referir al valor base de liquidación de ese rubro. Para finalizar, se analizará el cuarto reproche referente a la forma como se fijó el lucro cesante futuro.

CARGO QUINTO

Acusó la violación directa de los artículos 1056 y 1127 del Código de Comercio por falta de aplicación del primero e interpretación errónea del segundo al estimar que «el seguro de responsabilidad civil, salvo exclusión expresa, ampara los perjuicios extrapatrimoniales sufridos por la víctima, pues estos tienen la connotación de daños materiales para el asegurado», pues con tal consideración, según el casacionista, se desfiguró el verdadero sentido del enunciado artículo 1127 que ni por asomo obliga a «indemnizar los perjuicios extrapatrimoniales causados a la víctima», siendo que la norma «es de una claridad meridiana» y manda solo a reparar los patrimoniales.

Aunque los «perjuicios extrapatrimoniales» del afectado —sostuvo el casacionista— son «daños materiales» para el asegurado, eso no quiere decir que estén inmersos dentro del precepto en su tenor literal, porque «con independencia de que se trate de un daño material o inmaterial, es claro que la causación de ese perjuicio supone, para el responsable, un compromiso de carácter patrimonial, pero esto no cambia la naturaleza del daño irrogado a la víctima», que continúa siendo la misma.

Si bien esa interpretación era admisible en la antigua redacción de la norma, que sí imponía al asegurador indemnizar los «perjuicios patrimoniales que sufra el asegurado», cambió con la modificación que introdujo la Ley 45 de 1990 al precisar que «quien realmente sufre el daño es la víctima, no el responsable», pero limitando el amparo en esa clase de seguro a los «perjuicios patrimoniales», con extensión a los «extrapatrimoniales» sólo si se pactan expresamente, como se indicó en la providencia CSJ SC, 19 Dic. 2006 que aunque se citó en el fallo cuestionado, se le dio otra lectura.

En eso coincidieron la Sentencia CSJ SP, 1° oct. 2014, Rad. 43575 (doctrina autorizada) y el Concepto 20008010484-001 de 19 jun. 2008 de la Superintendencia Financiera.

Bajo ese parámetro también se dejó de aplicar el artículo 1056 id según la cual «el asegurador está en libertad de cubrir o no la reparación de los daños inmateriales irrogados a la víctima», al concluir que «los daños a la vida de relación reclamados por las demandantes, están amparados por el seguro de responsabilidad civil expedido por Generali, aun cuando dicha cobertura no hubiese sido pactada de manera expresa en la póliza» y confirmar lo dispuesto por el a quo en ese punto pero aumentando el monto, cuando debía eximírsele de indemnizarlos.

ACUSACIÓN DE VÍA DIRECTA CARGO SÉPTIMO

Denunció el quebranto directo de las normas señaladas en la censura precedente, con fundamento en idénticos reproches a los allí consignados, por lo que la Corte considera innecesario reseñarlos nuevamente.

CONSIDERACIONES

Los «seguros de daños» tienen por objeto la protección del patrimonio del asegurado frente a un perjuicio de orden pecuniario, de ahí que se les reconozca como de mera indemnización. En tal sentido, esta Sala ha indicado que por medio de ellos el amparado logra «la posibilidad de obtener la reparación del detrimento que sufra en su patrimonio a causa del acaecimiento del siniestro» (CSJ SC, 21 Ago. 1978, G. J. T. CLVIII Nº 2399, págs. 118 a 124).

Una de las características de este tipo de seguro es «la materialización de un perjuicio de estirpe económico radicado en cabeza del asegurado, sin el cual no puede pretenderse que el riesgo materia del acuerdo de voluntades haya tenido lugar y, por ende, que se genere responsabilidad contractual del asegurador. No en vano, en ellos campea con vigor el principio indemnizatorio, de tanta relevancia en la relación asegurativa». (CSJ SC026-1999, 22 Jul. 1999, Rad. 5065 y CSJ SC, 24 May. 2000, Rad. 5439; el subrayado no es del texto).

De acuerdo con el artículo 1082 del Código de Comercio, los seguros de daños «podrán ser reales o patrimoniales». Los primeros, también conocidos como «de cosas», recaen sobre bienes muebles o inmuebles, determinados o determinables, respecto de los cuales se ampara el riesgo que pone en peligro su integridad material o la de los derechos que se tienen sobre ellas. Ejemplo de esta clase son los de incendio, robo, vehículos, agrario y de transporte.

La segunda tipología corresponde a los seguros patrimoniales, los cuales sin estar vinculados a un bien o cosa en particular, «protegen la integridad del patrimonio económico contra el detrimento eventual que pueda afectarlo desfavorablemente y que tanto puede originarse en una disminución del activo como en un aumento del pasivo»(1). Los seguros de responsabilidad civil y de cumplimiento pertenecen a esta especie.

Aunque ambos tipos de seguro se rigen bajo el principio de indemnización, existen entre ellos notables diferencias, tales como que en los primeros el límite de la suma asegurada coincide con el valor del bien mueble o inmueble, en tanto en los segundos corresponde a un monto acordado por las partes; en los últimos no se presentan las figuras de infraseguro y supraseguro que con frecuencia se registran en los reales, y tampoco se habla de los conceptos de «valor presunto», «valor estimado» o «valor a nuevo», ni de la aplicación de la «regla proporcional» utilizada en los de bienes cuando no es posible establecer el monto asegurable. Además, en los últimos, la subrogación está limitada a los casos de «dolo o culpa grave» de los dependientes o de ciertas personas vinculadas al asegurado, o a que la responsabilidad de estos se encuentre amparada en una relación asegurativa.

Tales divergencias justifican una regulación normativa independiente que atiende las especificidades de cada una de las tipologías comentadas, realidad a la que no fue ajeno el legislador, de ahí que en relación con el seguro de responsabilidad civil estableció una reglamentación especial, la cual aparece consignada en los artículos 1127 a 1133 del Estatuto Mercantil, el artículo 4º de la Ley 389 de 1997, y las disposiciones que crearon modalidades de seguros obligatorios para ciertos sectores de la economía o actividades específicas (riesgos profesionales, transporte público, accidentes de tránsito, ejecución de obras públicas, construcción, espectáculos, empresas de vigilancia privada y transportadoras de valores, contra daño ambiental, corredores de seguros y de reaseguros, entre otros).

Por lo anterior, al mencionado contrato no se le aplican las disposiciones legales que regulan otras categorías, ni aquéllas que aun siendo comunes a los seguros de daños, entran en contradicción con normas que de modo especial gobiernan el seguro de responsabilidad civil como por ejemplo el artículo 1088 del Código de Comercio, que no está llamado a aplicarse porque existe una disposición que regula íntegramente lo concerniente a la indemnización a cargo del asegurador en ese tipo de seguros.

En efecto, el citado precepto consagra un principio de la reparación que es común a los seguros de daños, es decir, se trata de una norma general frente a esa clase de convenios, en tanto que el artículo 1127 de la misma codificación es un precepto exclusivo de los seguros de responsabilidad civil, pues consagra de modo expreso que los perjuicios comprendidos en la indemnización que debe pagar la compañía aseguradora, son los «patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra».

Esta última es, entonces, una norma especial y ulterior cuya aplicación prevalece de acuerdo con las reglas de prelación normativa contempladas en el artículo 10 del Código Civil, subrogado por el numeral 1º del artículo 5º de la Ley 57 de 1887, a cuyo tenor «la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general», y 2º de la Ley 153 de 1887, conforme a la cual la norma posterior prevalece sobre la anterior.

1. El seguro de responsabilidad y su evolución normativa:  

El seguro de responsabilidad civil fue introducido en nuestro ordenamiento jurídico por el Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio); sin embargo, a lo largo de su existencia ha sido objeto de modificaciones, las cuales aparecen consignadas en las leyes 54 de 1990 y 389 de 1997.

El artículo 1127, en la redacción original del Código de Comercio definía el seguro de responsabilidad como aquél que «impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que sufra el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley. Son asegurables la responsabilidad contractual y la extracontractual, con la restricción indicada en el artículo 1055» (subrayado propio).

A la prestación a cargo de la compañía aseguradora se le asignó, entonces, la función señalada por la doctrina de «liberación del patrimonio del asegurado de las obligaciones impuestas por la satisfacción, reconocimiento o fijación de las pretensiones de los terceros».(2)

De ahí que el artículo 1133 idem estableciera que el seguro de responsabilidad civil no era «un seguro a favor de terceros» y que el damnificado carecía de «acción directa contra el asegurador».

Bajo su concepción original, el fin primordial de ese convenio radicaba en la indemnización al asegurado de los eventuales perjuicios derivados de sus actuaciones. El móvil de éste para contratar no era otro que el de evitar las pérdidas económicas que llegara a sufrir en caso de resultar responsable civilmente ante otras personas, y se viera conminado a efectuar erogaciones a favor de éstas a fin de resarcir los daños que les hubiera causado.

Posteriormente, la Ley 45 de 1990 a través de la cual se regularon las actividades de intermediación financiera y aseguradora, introdujo reformas importantes a esta modalidad de seguro, en virtud de las cuales se aceptó el amparo de la culpa grave sin extenderla a los actos dolosos del asegurado; fueron modificadas las normas de prescripción; se admitió la posibilidad de cubrir en exceso el valor de costos del proceso que se promoviera contra el asegurado; fue variado el momento de configuración del siniestro, y lo que más interesa en la resolución de este asunto, a su originaria función de protección del patrimonio del asegurado, se adicionó la de resarcimiento de la víctima, a quien le dio acción directa contra el asegurador.

En ese orden, el artículo 1127 del Estatuto Mercantil, modificado por el 84 de la Ley 45 de 1990 —texto que corresponde al vigente— preceptúa:

El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado. 

Son asegurables la responsabilidad contractual y la extracontractual, al igual que la culpa grave, con la restricción indicada en el artículo 1055 (se subraya).

De la comparación entre la redacción original de la norma y la introducida con la Ley 45 de 1990, se concluye que el legislador reemplazó el verbo ‘sufrir’ por ‘causar’, de modo que si antes preceptuaba que el seguro de responsabilidad «impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que sufra el asegurado» con motivo de la responsabilidad en la que incurra; ahora establece que dicho contrato «impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado» con ocasión de esa responsabilidad.

Sin embargo, tal modificación no tuvo un propósito distinto al de garantizarle a la víctima el pago de los daños que le fueron irrogados, y por eso en virtud de la reforma, ella pasa a ser beneficiaria de la indemnización y titular de un mecanismo directo para obtener el resarcimiento.

Así lo subrayó el Ministro de Hacienda y Crédito Público en la exposición de motivos de la reforma (Ley 45/90), donde precisó que las variaciones al «seguro de responsabilidad» se sugerían

(...) con la perspectiva que su régimen sea de protección a los damnificados, para facilitar el pago de las indemnizaciones a las víctimas, como corresponde a las orientaciones de la doctrina internacional y a las regulaciones universales de este seguro. Se otorga así a los damnificados la posibilidad de accionar directamente contra el asegurador de la responsabilidad civil de quien les causó un daño, enmendándose la situación actual por la cual, no obstante la existencia de un seguro de responsabilidad civil, el damnificado debe intentar el reconocimiento de los respectivos daños frente a quien los generó y no respecto del asegurador de su responsabilidad.(3)

En el mismo sentido, en la ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes se denotó que las modificaciones propuestas se encaminaban a adecuar el seguro de responsabilidad al interés social implícito en su cobertura, en vista de que

[e]l incremento de actividades industriales, comerciales y profesionales, con su correlativo aumento de capacidad de generación de daño, hacen que el seguro de responsabilidad civil cumpla una función preventiva y reparadora que evita la lesión patrimonial del asegurado causante del hecho dañoso y protege a los damnificados. Acogiendo tendencias del derecho comparado, el proyecto introduce dos enmiendas fundamentales: de una parte, la conversión del damnificado en el beneficiario de la indemnización que tenga como fuente un seguro de responsabilidad civil, con ocasión de determinada responsabilidad en que incurra el asegurado, y por la otra, la consagración legal de que dicho seguro es un contrato en favor de terceros y qué, en tal virtud, los damnificados tienen acción directa contra el asegurador (énfasis propio).(4)

Quiso la ley procurar la tutela eficaz de los derechos del damnificado, pero nada más, de ahí que no existe razón válida para afirmar que desapareció la razón de ser del aseguramiento, cual es la de servir como garantía de la indemnidad patrimonial del asegurado, quien precisamente acude a dicha modalidad como medida para precaverse de las consecuencias de sus actos.

La función primigenia de esta tipología de seguro no fue suprimida ni alterada, pues el artículo 1083 del Código de Comercio vincula el interés asegurable al patrimonio del asegurado, el cual puede resultar afectado por la ocurrencia de hechos u omisiones por las cuales sea llamado a responder, de ahí que únicamente él sea su titular, condición objetiva que la inserción normativa del propósito de reparación del ofendido no modificó, como tampoco sufrió alteración el riesgo asegurable que continúa siendo el mismo.

Esa ha sido la posición de esta Sala, para la cual la modificación legal no alteró el objeto ni la finalidad propia del seguro de responsabilidad civil. Al respecto, sostuvo:

«Con la reforma introducida por la Ley 45 de 1990, cuya ratio legis, como ab-initio se expuso, reside primordialmente en la defensa del interés de los damnificados con el hecho dañoso del asegurado, a la función primitivamente asignada al seguro de responsabilidad civil se aunó, delantera y directamente, la de resarcir a la víctima del hecho dañoso, objetivo por razón del cual se le instituyó como beneficiaria de la indemnización y en tal calidad, como titular del derecho que surge por la realización del riesgo asegurado, o sea que se radicó en el damnificado el crédito de indemnización que pesa sobre el asegurador, confiriéndole el derecho de reclamarle directamente la indemnización del daño sufrido como consecuencia de la culpa del asegurado, por ser el acreedor de la susodicha prestación, e imponiendo correlativamente al asegurador la obligación de abonársela, al concretarse el riesgo previsto en el contrato... 

(...) El propósito que la nueva reglamentación le introdujo, desde luego, no es, per se, sucedáneo del anterior, sino complementario, “lato sensu”, porque el seguro referenciado, además de procurar la reparación del daño padecido por la víctima, concediéndole los beneficios derivados del contrato, igualmente protege, así sea refleja o indirectamente, la indemnidad patrimonial del asegurado responsable, en cuanto el asegurador asume el compromiso de indemnizar los daños provocados por éste, al incurrir en responsabilidad, dejando ilesa su integridad patrimonial, cuya preservación, en estrictez, es la que anima al eventual responsable a contratar voluntariamente un seguro de esta modalidad» (CSJ SC, 10 Feb. 2005, Rad. 7614; en igual sentido CSJ SC, 10 Feb. 2005, Rad. 7173 y CSJ SC, 14 Jul. 2009, Rad. 2000-00235-01).

Luego, es necesario memorar que a la vez que el seguro de responsabilidad civil protege a la víctima en su condición de acreedor de la obligación de indemnizar que eventualmente puede surgir a cargo del asegurado, también resguarda la integridad del patrimonio de este último.

Además, no puede desconocerse que es precisamente esa la finalidad con la que el tomador acude a dicha clase de aseguramiento, de la cual dimana la confianza que se tiene en la conducta esperada de la aseguradora en cuanto al pago de la indemnización.

Sobre este aspecto, referenciado en la doctrina como la «utilitas» del contrato de seguro, se ha expresado lo siguiente:

Frente a la posibilidad teórica y práctica del advenimiento de un daño a la persona o a sus intereses patrimoniales o extrapatrimoniales, de vieja data, el contrato de seguro sirve a la función práctica o económica social de brindar tranquilidad o confianza de cara al riesgo incertus an, incertus quando de un suceso dañino y, en caso de ocurrir, otorga seguridad o certeza in concreto respecto de la indemnización total o parcial de sus consecuencias adversas».(5) 

A dicho propósito, la utilidad de la relación jurídica aseguraticia, ab initio, se proyecta, en abstracto, en la confianza suministrada por el asegurador al asegurado mediante el pago de una contraprestación respecto del acontecimiento eventual e incierto del siniestro y, ulteriormente, en la certidumbre de la reparación de sus efectos.

En la autorizada opinión de Emilio Betti, la utilitas de la prestación, en efecto, puede remitirse a la asunción de determinados riesgos, en cuyo caso, «consiste en una garantía, en una seguridad, que desde el momento de la celebración del contrato el asegurador da al asegurado en el sentido de que al ocurrir el evento temido por éste, el asegurador le pagará la indemnización o, en general, una compensación que lo mantendrá indemne, al menos parcialmente, del daño que haya sufrido. Por ello, aún antes de que ocurra el evento temido, existe la atribución de una utilidad por parte del asegurador al asegurado, consistente en la asunción del riesgo temido por parte de aquél».(6)

De modo que una interpretación de la regulación del seguro de responsabilidad civil que desconozca, suprima o aminore su función originaria en cuanto a la protección patrimonial del asegurado, desnaturalizaría el contenido esencial de dicho convenio y particularmente la función con la que fue concebido por la ley, en demérito de la confianza que el asegurado deposita al acudir a esa modalidad de aseguramiento.

2.2. Tipología de los daños que causa el asegurado: 

Cuando las normas de responsabilidad civil extracontractual aluden a la indemnización a favor de la víctima, es claro que refieren al resarcimiento de la totalidad de los daños que infirió la conducta o actividad atribuida al responsable, sean ellos de orden patrimonial o extrapatrimonial.

Así también se desprende del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, conforme al cual la valoración de daños debe atender el principio de reparación integral, de ahí que la obligación del juzgador sea ordenar la indemnización plena de los perjuicios padecidos por el damnificado.

Desde el punto de vista del vínculo jurídico que surge entre la víctima y el demandado a quien se declara responsable de los perjuicios, no está sujeto a discusión que tales daños son causados por el asegurado, de ahí que el artículo 84 de la Ley 45 de 1990 haya corregido en la descripción normativa la expresión «los perjuicios patrimoniales que sufra el asegurado», por la nueva «los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado».

Mas, no es menos cierto que los perjuicios que el demandado causa a la víctima le generan un detrimento económico al tener que pagar la condena a indemnizar integralmente los daños que causa al demandante; luego, constituye el mismo menoscabo pecuniario que el asegurado sufre al tener que solventarlos de su patrimonio. Por consiguiente, cuando la norma en comento alude a «los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado» no se está refiriendo a la clasificación de los perjuicios (patrimoniales y extrapatrimoniales) dentro de la relación jurídica sustancial entre demandante y demandado en el proceso de responsabilidad civil, sino al detrimento económico que surge para el asegurado dentro de la relación que nace en virtud del contrato de seguro, los cuales son siempre de carácter patrimonial para el asegurado, independientemente de la tipología que se les haya asignado al interior del proceso de responsabilidad civil.

«La responsabilidad —explica De Cupis— constituye una carga económica, un perjuicio para el patrimonio del responsable, que corresponde a la transferencia, efectuada por el ordenamiento jurídico, del daño experimentado por el perjudicado a la persona del responsable. El cual, por responder del daño, lo que hace, en definitiva, es soportar el daño mismo».(7)

El perjuicio que experimenta el responsable es siempre de carácter patrimonial, porque para él la condena económica a favor del damnificado se traduce en la obligación de pagar las cantidades que el juzgador haya dispuesto, y eso significa que su patrimonio necesariamente se verá afectado por el cumplimiento de esa obligación, la cual traslada a la compañía aseguradora cuando previamente ha adquirido una póliza de responsabilidad civil o el amparo de esta en otro tipo de seguros como el de automóviles en el caso que se estudia.

En estricto sentido, una vez el demandado es declarado responsable, la condena a resarcir los perjuicios le representa un daño emergente, en tanto corresponde a una erogación que se ve conminado a efectuar, y no a una ganancia o lucro que está pendiente de percibir.

En consecuencia, los daños a reparar (patrimoniales y extrapatrimoniales) estructuran un detrimento netamente patrimonial en la modalidad de daño emergente para la persona a la que les son jurídicamente atribuibles, esto es, para quien fue condenado a su pago, dado que aquél es el que se sufre si «el objeto del daño es un interés actual, o sea, el interés relativo a un bien que ya corresponde a una persona en el instante en el que el daño se ha ocasionado».(8)

3. Vistos los artículos 1127 y 1133 del Código de Comercio, con las reformas introducidas por los artículos 84 y 87 de la Ley 45 de 1990, desde la perspectiva expuesta y en conjunto por ser complementarios, responden a un patrón de reparación completa e inmediata de la víctima, que comprende la indemnización de los perjuicios de toda índole, porque el término de «patrimoniales» bajo la nueva redacción del primero sigue refiriéndose a la carga que surge para el asegurado y debe asumir la aseguradora.

Por tal razón no puede decirse que el amparo por los «perjuicios extrapatrimoniales» de la víctima debe estar expresamente contemplado en la póliza como resultado de una lectura simplista del precepto y en desarrollo de la libertad contractual, ya que darle ese alcance restrictivo sería ir en contra del querer del legislador y los fines que inspiraron la reforma.

Ese sentido fue el advertido en la providencia CSJ SC 10 feb. 2005, Rad. 7173, según la cual

[s]iendo tradicionalmente la responsabilidad civil de dos clases, contractual y extracontractual, según el texto precitado [en alusión al original artículo 1127 del Código de Comercio] habría de afirmarse que el seguro se constituía en favor del asegurado, por cuanto la prestación asumida por el asegurador era la de indemnizarlo a él, mas no al tercero damnificado, quien, además, en esta etapa normativa, por expreso mandato del artículo 1133 del Código de Comercio, estaba desprovisto de acción directa para exigir a la compañía el resarcimiento del daño causado por el siniestro (...) En el estadio actual se le asigna otro rol al seguro de responsabilidad civil, pues ha cambiado sustancialmente el principio por el cual la obligación del asegurador era la de “indemnizar los perjuicios patrimoniales que sufra el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley” (se subraya), para ser reemplazada por la de “indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado” (se subraya), conforme a la reforma que al mentado artículo 1127 del Código de Comercio introdujo el 84 de la Ley 45 de 1990 (...) Como se aprecia, a los seguros de esta clase, en sentido lato, se les ha otorgado una doble función de la que antes carecían, dado que, a más de proteger de algún modo y reflejamente el patrimonio del asegurado, pretenden directamente reparar a la víctima, quien, de paso, entra a ostentar la calidad de beneficiaria de la indemnización (el subrayado es propio).

Y recientemente, en la providencia SC10048-2014, 31 Jul. 2014, Rad. 2008-00102-01 se insistió en que «[e]n general, el «seguro de responsabilidad» cumple una función preventiva y reparadora, puesto que salvaguarda o protege el patrimonio del «asegurado» autor o causante del hecho dañino y también le brinda amparo a los damnificados, convirtiéndolos en «beneficiarios» de la indemnización, reconociéndoles inclusive la facultad de accionar de manera directa frente al asegurador».

4. El tribunal, por lo tanto, no cometió la infracción directa de la que se le acusa en la interpretación del artículo 1127 del Estatuto Mercantil, pues su consideración de que «(...) el citado supuesto normativo deja en claro que el asegurador ha de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado y que de acuerdo con la ley esté en el deber de responder, pero tales detrimentos extrapatrimoniales en relación con la víctima, de la que la norma indica que la naturaleza del seguro de responsabilidad civil es su resarcimiento, toman la connotación de materiales, pues para el asegurado conllevan una merma patrimonial cuando surge el deber de reparar(9), se aviene a las consideraciones a lo antes expuesto.

Y a pesar de que en la sentencia impugnada, se reprodujo un aparte de la providencia CSJ SC, 19 dic. 2006, Rad. 2002-00109-01, en el que se indicó que «comprendiendo el amparo otorgado a la demandada sólo los perjuicios de cariz patrimonial que a su turno deba resarcir, por exclusión los de carácter extramatrimonial no pueden cargarse a la llamada en garantía», el ad quem expuso las razones y motivos que lo llevaban a disentir de tal postura, indicando que

(...) si se entendiera que el seguro de responsabilidad civil solo indemniza perjuicios patrimoniales, que cause el asegurado, eventos tales como la muerte de un niño no sería cubierta, pues las reglas de la experiencia nos señala que un hecho de tal naturaleza en principio solo produce afecciones extrapatrimoniales, lectura que resultaría perniciosa, pues desconocería que la teleología de tal seguro es “el resarcimiento de la víctima” (...) Cosa diferente es que mediante estipulación expresa de exclusión, se pacte que determinado daño no será reconocido, lo que en el caso en estudio no sucede, pues el menoscabo reclamado fue consecuencia directa de lo pactado en el seguro, por lo que se comparte lo argumentado por el a quo, ya que en una situación como la que nos ocupa los perjuicios extrapatrimoniales tienen la connotación de materiales.(10)

Encuentra la Corte que el planteamiento contenido en la providencia citada de 19 de diciembre de 2006, no solo no era imperioso en el asunto tratado entonces, sino que no guarda relación con el genuino sentido del artículo 1127 del Código de Comercio, razón por la cual en este pronunciamiento se recoge aquella doctrina.

La estructuración lógica elaborada por el sentenciador de segunda instancia no riñe con la esencia del seguro de responsabilidad y su desarrollo normativo, además de estar acorde con el espíritu proteccionista de los cambios introducidos por el legislativo en 1990, cuyo único propósito, como ya se mencionó, fue hacer más expedito el resarcimiento de los afectados con los eventos lesivos atribuibles al asegurado o sus dependientes, y no beneficiar a las aseguradoras con una reducción de la cobertura presumible.

Tampoco se incurrió en la falta de aplicación del artículo 1056 mercantil endilgada, porque el ad quem no desconoció que dicha norma autoriza al asegurador a asumir la totalidad de los riesgos a que está expuesto «el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado» o solo algunos de estos, de ahí que estuviera en libertad de no amparar «perjuicios extrapatrimoniales»; por el contrario, en una interpretación sistemática con el precepto 1127, y partiendo de la enunciada libertad contractual, coligió que cuando el último alude a los «perjuicios patrimoniales», en esa categoría se hallan comprendidos los detrimentos extrapatrimoniales de la víctima, que toman la connotación de materiales para el asegurado, dada la afectación patrimonial que para él dimana de su deber de resarcir, de la cual la aseguradora se comprometió a mantenerlo indemne al contratar la especie de seguro que se analiza.

Tales apreciaciones, como ya se dijo, no se encuentran desacertadas de frente a la finalidad y características del seguro de responsabilidad según las funciones que el ordenamiento jurídico le atribuye.

Además, en el parágrafo de la cláusula 2.18 del contrato de seguro, las partes expresamente pactaron la cobertura del daño moral en los siguientes términos:

Este seguro ampara los perjuicios morales del tercero damnificado, siempre y cuando estos hayan sido tasados a través de una sentencia judicial debidamente ejecutoriada, en donde se haya definido la responsabilidad del asegurado y está sujeto a un valor máximo a indemnizar por evento, independiente del número de personas afectadas, del equivalente en pesos colombianos a 3000 gramos oro, sin que exceda, en ningún caso, por persona afectada el equivalente en pesos colombianos de 1000 gramos oro. Estos valores operan como un sublímite de la cobertura de responsabilidad civil extracontractual. 

4. Atendiéndose que conforme a lo expuesto, no se incurrió en el quebranto directo de las normas invocadas, se concluye el fracaso de las acusaciones que se examinaron.

CARGO SEXTO

Denunció la infracción indirecta de los artículos 1602 y 1618 del Código Civil y 1056 y 1127 del Código de Comercio en razón de errores de hecho en la valoración de las condiciones generales del contrato de seguro, que condujeron al ad quem a deducir que la cobertura por «daños morales» en la póliza incluía los «daños a la vida de relación», sin que así hubiera sido pactado.

Los yerros fácticos denunciados son los siguientes:

a) Tergiversar el alcance del parágrafo de la cláusula «2. EXCLUSIONES» como si amparara toda clase de «perjuicios extrapatrimoniales», siendo que allí se refiere a los «perjuicios morales» y nada dice de los «daños a la vida de relación», los cuales son distintos como se indicó en la providencia CSJ SC10297-2014.

b) Pretermitir la cláusula 1.2 sobre amparos básicos donde figura una cobertura de «perjuicios de carácter patrimonial causados por el asegurado a la víctima», por lo que cualquier otro debía estar convenido expresamente, «tal como sucedió respecto de los perjuicios morales».(11)

Si hubiera conjuntado ambas estipulaciones, la conclusión del ad quem habría sido que «la póliza sólo cubre los perjuicios patrimoniales y el daño moral, mas no los daños a la vida de relación»(12), sin que se requiriera alguna interpretación a la luz del artículo 1618 del Código Civil y el fallo CSJ SC, 5 jul. 1983 por la claridad de lo convenido, debiendo quedar por fuera de la condena impuesta a la aseguradora y, en consecuencia, revocarse lo resuelto en primera instancia.

ACUSACIÓN DE VÍA INDIRECTA CARGO SÉPTIMO

En este reproche se endilgó al Tribunal haber incurrido en afrenta indirecta de las disposiciones legales mencionadas en la anterior censura, apoyándose el censor en la misma argumentación allí expuesta, la que en aras de la brevedad no se reproduce en este acápite.

CONSIDERACIONES

1. En relación con la apreciación del contrato de seguro, ha sostenido esta Sala que “debe ser interpretado en forma similar a las normas legales y sin perder de vista la finalidad que está llamado a servir, esto es comprobando la voluntad objetiva que traducen la respectiva póliza y los documentos que de ella hacen parte con arreglo a la ley (arts. 1048 a 1050 del C. Co.), los intereses de la comunidad de asegurados y las exigencias técnicas de la industria. Dicho en otras palabras, el contrato de seguro es de interpretación restrictiva y por eso en su ámbito operativo, para determinar con exactitud los derechos y las obligaciones de los contratantes, predomina el texto de la que suele denominarse ‘escritura contentiva del contrato” (CSJ SC002-98, 29 Ene. 1998; CSJ SC139-2002, 1º ago. 2002, Rad. 6907).

A esa inicial postura, se adicionó posteriormente que a los jueces les corresponde examinar con cuidado las condiciones generales y particulares de tales convenios

(...) especialmente en lo que tiene que ver con las cláusulas atinentes a la extensión de los riesgos cubiertos en cada caso y su delimitación, evitando favorecer soluciones en mérito de las cuales la compañía aseguradora termine eludiendo su responsabilidad al amparo de cláusulas confusas que de estar al criterio de buena fe podrían recibir una inteligencia que en equidad consulte mejor los intereses del asegurado, o lo que es todavía más grave, dejando sin función el contrato a pesar de las características propias del tipo de seguro que constituye su objeto, fines éstos para cuyo logro desde luego habrán de prestar su concurso las normas legales, pero siempre partiendo del supuesto, valga insistir, de que aquí no son de recibo interpretaciones que impliquen el rígido apego literal a estipulaciones consideradas aisladamente y, por ende, sin detenerse en armonizarlas con el espíritu general que le infunde su razón de ser a todo el contexto contractual del que tales estipulaciones son parte integrante (CSJ SC, 27 Ago. 2008, Rad. 1997-147171-01; CSJ SC, 8 Sep. 2011, Rad. 2007-00456-01).

Bajo la anterior perspectiva, es claro que al momento de interpretar un contrato de seguro, el juzgador a la par que debe atender lo allí expresado, se le impone resguardar la función propia de la clase de relación asegurativa de que se trate, en donde antes que privilegiar el apego absoluto a cláusulas insularmente consideradas, debe propenderse por armonizarlas con el sentido general del que derivan su razón de ser en el contexto contractual.

2. No encuentra la Sala que el Tribunal haya cometido los manifiestos y trascedentes errores de hecho que se le endilgan en la apreciación del parágrafo de la cláusula segunda y el numeral 1.2 de la estipulación referida a los amparos básicos, ambos integrantes de las condiciones generales del contrato.

Debe repararse en que resulta intrascendente cualquier discusión relacionada con la carga de asumir los «daños a la vida de relación», ya que indistintamente de que se tomaran como análogos de los «perjuicios morales del tercero damnificado» o que fueran conceptos disímiles, el resultado sería el mismo, esto es, que en ambos casos quedaban inmersos dentro de los rubros a cargo de la compañía aseguradora.

En cuanto a lo primero, esto es, si se le tiene como una categoría independiente, serían de su cuenta por encajar dentro del genuino sentido del concepto de «perjuicios patrimoniales que cause el asegurado» del actual artículo 1127 del Código de Comercio que se dejó consignado al resolver las acusaciones quinta y parte inicial de la séptima, comprensiva de cualquier clase de daño ocasionado a la víctima con el siniestro.

Empero, si se entendieran como la parte de una generalidad, tendría que aceptarse su cobertura porque en el caso se halla cumplida la condición impuesta en el contrato de la cual pende su certeza, o sea un fallo judicial en firme, y así lo recalcó el ad quem al expresar que «Referente a la expresión; “a través de una sentencia judicial debidamente ejecutoriada”, debe entenderse que se previó o anticipó el reconocimiento supeditado a una decisión jurisdiccional, tal como lo será la de primera instancia si es confirmada por la presente, lo cual se armoniza con el derecho de las víctimas a hacer valer sus derechos a través de la acción directa regulada en el artículo 1133 del Código de Comercio.(13)

En todo caso, que el fallador estimara que «la aseguradora-apelante está llamada a responder por los perjuicios extrapatrimoniales» de conformidad con el «parágrafo final del acápite de exclusiones», donde se ampararon «los perjuicios morales del tercero damnificado»(14), no resulta extraño para la época de los acontecimientos (23 de octubre de 2006), puesto que si bien con antelación a la Constitución Política de 1991, la Corte se había pronunciado sobre el «daño a la persona», fue a partir de la providencia CSJ SC, 13 mayo 2008, Rad. 1997-09327-01, cuando se retomó dicha figura y, «en particular, de una de las consecuencias que de él pueden derivarse, cual es el daño a la vida de relación» para resaltar su independencia en vista de que

(...) el carácter general de las disposiciones relacionadas con el derecho de daños le concede al juzgador la posibilidad de reconocer, desde luego, en forma prudente y razonada, nuevas clases de perjuicios resarcibles, encaminados a desarrollar el mentado principio de reparación integral y a salvaguardar los derechos de las víctimas, como ahincadamente lo impone el derecho contemporáneo; por tanto, con independencia de los cuestionamientos o polémicas de que pueda ser objeto el daño a la vida de relación en el país donde tuvo origen, muchas de ellas motivadas por el diverso tratamiento que se ofrece a los perjuicios patrimoniales y a los extrapatrimoniales, o por el surgimiento de novedosas categorías, tales como el daño biológico, el daño a la salud y el daño existencial, entre otros, lo cierto es que esta figura —el daño a la vida de relación— acompasa con los fines que en este campo persigue el sistema positivo colombiano, a la par que encaja dentro de una evolución institucional propia y auténtica, por lo que sigue mostrando considerable utilidad a fin de extender y profundizar las garantías efectivas con que cuentan las personas que acuden a la administración de justicia (...).

Quiere decir lo anterior que fue a partir de dicho proveído, como se reiteró en la decisión CSJ SC, 20 Ene. 2009, Rad. 1993-00215-01, que se «clarificó que el daño a la vida de relación y el moral son distintos», al acoger el primero como una manifestación novedosa en el campo de la responsabilidad civil y con repercusiones futuras en los contratos de seguro. Luego, tratándose de convenios celebrados antes de alcanzarse ese entendimiento, es necesario demostrar que así lo entendieron las partes, circunstancia que no se extrae de la simple lectura del aparte cuya desfiguración material adujo el casacionista.

4. No prosperan, por lo tanto, los reproches analizados.

CARGO TERCERO

Se acusó a la sentencia impugnada de violación indirecta de los artículos 16 de la Ley 446 de 1998; 2341 y 2343 del Código Civil como consecuencia de errores de hecho en la valoración probatoria, los cuales condujeron a tener por demostrado, sin estarlo, que las demandantes padecieron un «daño a la vida de relación».

Los medios probatorios equivocadamente apreciados, según indicó el casacionista, son:

a) Las declaraciones de Héctor Mauricio y Hugo de Jesús Osorio Giraldo sobre el aislamiento de las promotoras, las cuales referían en sí a un «perjuicio moral», como se diferenció en la providencia CSJ SC, 13 May. 2008, Rad. 1997-09327-01, ya que aunque la muerte de una persona en la mayoría de los casos produce sentimientos de pesar en los seres queridos y por ende un alejamiento, no puede confundirse con una alteración en las condiciones de vida, la que debe ser demostrada para evitar reparar dos veces el mismo daño y así se entendió en la providencia CE SCA, 4 mayo 2011, Rad. 17396.

b) Las reglas de la experiencia de las que se concluyó «un alto impacto en cabeza de la señora Ángela María Soto Galeano por la pérdida de su cónyuge en los albores de la relación familiar, así como un menoscabo en el crecimiento y desarrollo de [la menor] por la pérdida de su padre a los pocos años de edad», lo que no se discute, también son indicativas de «daño moral», por lo que de darles cabida se estaría «liberando de la carga de la prueba a la víctima».

Con los anteriores desvíos se reconoció un «daño a la vida de relación» no establecido que dio lugar a condenar al pago de la «indemnización de un daño inexistente».

CONSIDERACIONES

1. El daño no patrimonial —sostuvo esta Sala— se puede presentar de varias maneras, a saber: i) mediante la lesión a un sentimiento interior y, por ende, subjetivo (daño moral); ii) como privación objetiva de la facultad de realizar actividades cotidianas tales como practicar deportes, escuchar música, asistir a espectáculos, viajar, leer, departir con los amigos o la familia, disfrutar el paisaje, tener relaciones íntimas, etc., (daño a la vida de relación); o, iii) como vulneración a los derechos humanos fundamentales como el buen nombre, la propia imagen, la libertad, la privacidad y la dignidad, que gozan de especial protección constitucional (CSJ SC10297-2014, 5 ago. 2014, Rad. 2003-00660-01).

Si bien las «subespecies del daño extrapatrimonial no pueden confundirse entre sí, pues cada una de ellas posee su propia fisonomía y peculiaridades que las distinguen de las demás y las hacen merecedoras de tutela jurídica», eso no impide que como a menudo acontece «confluyan en un mismo daño por obra de un único hecho lesivo» (ibídem).

2. Esa enunciación es el resultado de una evolución jurisprudencial trazada desde la providencia CSJ SC, 13 mayo 2008, Rad. 1997-09327-01, donde se analizó a profundidad el concepto de «daño en la vida de relación» como una de las formas de perjuicios extrapatrimoniales con entidad suficiente para distinguirse de las demás, puesto que, como allí se indicó:

(...) a diferencia del daño moral, que corresponde a la órbita subjetiva, íntima o interna del individuo, el daño a la vida de relación constituye una afectación a la esfera exterior de la persona, que puede verse alterada, en mayor o menor grado, a causa de una lesión infligida a los bienes de la personalidad o a otro tipo de intereses jurídicos, en desmedro de lo que la Corte en su momento denominó “actividad social no patrimonial” (...) Dicho con otras palabras, esta especie de perjuicio puede evidenciarse en la disminución o deterioro de la calidad de vida de la víctima, en la pérdida o dificultad de establecer contacto o relacionarse con las personas y cosas, en orden a disfrutar de una existencia corriente, como también en la privación que padece el afectado para desplegar las más elementales conductas que en forma cotidiana o habitual marcan su realidad. Podría decirse que quien sufre un daño a la vida de relación se ve forzado a llevar una existencia en condiciones más complicadas o exigentes que los demás, como quiera que debe enfrentar circunstancias y barreras anormales, a causa de las cuales hasta lo más simple se puede tornar difícil. Por lo mismo, recalca la Corte, la calidad de vida se ve reducida, al paso que las posibilidades, opciones, proyectos y aspiraciones desaparecen definitivamente o su nivel de dificultad aumenta considerablemente. Es así como de un momento a otro la víctima encontrará injustificadamente en su camino obstáculos, preocupaciones y vicisitudes que antes no tenía, lo que cierra o entorpece su acceso a la cultura, al placer, a la comunicación, al entretenimiento, a la ciencia, al desarrollo y, en fin, a todo lo que supone una existencia normal, con las correlativas insatisfacciones, frustraciones y profundo malestar. 

Fue así como en ese pronunciamiento se puntualizó que el «daño en la vida de relación» cuenta con las siguientes características o particularidades:

a) tiene naturaleza extrapatrimonial o inmaterial, en tanto que incide o se proyecta sobre intereses, derechos o bienes cuya apreciación es económicamente inasible, por lo que no es dable efectuar una mensura que alcance a reparar en términos absolutos la intensidad del daño causado;  

b) adquiere trascendencia o se refleja sobre la esfera externa del individuo, situación que también lo diferencia del perjuicio moral propiamente dicho;  

c) en las situaciones de la vida práctica o en el desenvolvimiento que el afectado tiene en el entorno personal, familiar o social se manifiesta en impedimentos, exigencias, dificultades, privaciones, vicisitudes, limitaciones o alteraciones, temporales o definitivas, de mayor o menor grado, que él debe soportar o padecer, las cuales, en todo caso, no poseen un significado o contenido monetario, productivo o económico; 

d) no sólo puede tener origen en lesiones o trastornos de tipo físico, corporal o psíquico, sino también en la afectación de otros bienes intangibles de la personalidad o derechos fundamentales, e incluso en la de otro tipo de intereses legítimos;  

e) según las circunstancias de cada caso, puede ser sufrido por la víctima directa de la lesión o por terceros que igualmente resulten afectados, como, verbigracia, el cónyuge, el compañero o la compañera permanente, los parientes cercanos o los amigos, o por aquélla y éstos; 

f) su reconocimiento persigue una finalidad marcadamente satisfactoria, enderezada a atemperar, lenificar o aminorar, en cuanto sea factible, los efectos negativos que de él se derivan; y  

g) es una noción que debe ser entendida dentro de los precisos límites y perfiles enunciados, como un daño autónomo que se refleja en la afectación de la actividad social no patrimonial de la persona, vista en sentido amplio, sin que pueda pensarse que se trata de una categoría que absorbe, excluye o descarta el reconocimiento de otras clases de daño - patrimonial o extrapatrimonial - que posean alcance y contenido disímil, ni confundirlo con éstos, como si se tratara de una inaceptable amalgama de conceptos, puesto que una indebida interpretación conduciría a que no pudiera cumplirse con la reparación integral ordenada por la ley y la equidad, como infortunadamente ha ocurrido en algunos casos, en franco desmedro de los derechos que en todo momento han de asistir a las víctimas (el destacado no es del texto).

Para el efecto de obtener una verdadera satisfacción que mengüe esos resultados adversos, en el referido fallo se llamó la atención de los jueces en pro de que para identificarlo observaran «especial prudencia y sensatez, principalmente para evitar a toda costa que dicho perjuicio sea confundido con otro de diverso linaje o que un determinado agravio pueda llegar erradamente a ser indemnizado varias veces», procediendo «con sujeción al marco fáctico sustancial descrito en la causa petendi que sirva como soporte de las pretensiones y al resultado que arrojen los medios probatorios recaudados en el proceso».

De la misma manera —añadió— debe realizarse un análisis «encaminado a desentrañar el alcance real de los obstáculos, privaciones, limitaciones o alteraciones que, como consecuencia de la lesión, deba afrontar la víctima con respecto a las actividades ordinarias, usuales o habituales, no patrimoniales, que constituyen generalmente la vida de relación de la mayoría de las personas, en desarrollo del cual podrán acudir a presunciones judiciales o de hombre, en la medida en que las circunstancias y antecedentes específicos del litigio les permitan, con fundamento en las reglas o máximas de la experiencia, construir una inferencia o razonamiento intelectual de este tipo».

Y en la fijación del quantum también se requiere mesura y cuidado «bajo el entendido de que ella no puede responder solamente a su capricho, veleidad o antojo, sino que debe guardar ponderado equilibrio con las circunstancias alegadas y demostradas dentro de la controversia, velando así porque no sea desbordada la teleología que anima la institución de la responsabilidad civil».

Esa posición fue reiterada en el fallo CSJ SC, 18 sep. 2009, Rad. 2005-00406-01, que insistió en que el «daño moral, en sentido lato, está circunscrito a la lesión de la esfera sentimental y afectiva del sujeto», esto es, la intimidad del afectado, que se hace explícito «material u objetivamente por el dolor, la pesadumbre, perturbación de ánimo, el sufrimiento espiritual, el pesar, la congoja, aflicción, sufrimiento, pena, angustia, zozobra, perturbación anímica, desolación, impotencia u otros signos expresivos», que «(...) aún en la hipótesis de provenir de la lesión concurrente de otros intereses, por ejemplo, los derechos de la personalidad, la salud e integridad, es una entidad separada e independiente, cuyo resarcimiento es diferente, al tratarse recta y exclusivamente, del detrimento experimentado por el sujeto en su espectro interior, afectivo y sentimental, sin comprender su órbita exterior, proyecto, calidad de vida, actividad o desarrollo vivencial».

Bajo el mismo criterio, la providencia CSJ SC, 28 Ene. 2009, Rad. 1993-00215-01 memoró que «si bien la jurisprudencia colombiana al referirse en un comienzo a los perjuicios extrapatrimoniales solamente aludía a los morales, lo cierto es que hoy reconoce que de esa naturaleza participa el denominado “daño a la vida de relación”, aceptando que éste tiene una entidad jurídica propia y, por ende, no puede confundirse con otras clases de agravios que posean alcance y contenido disímil, ni subsumirse en ellos».

El tema también fue objeto de análisis en el pronunciamiento CSJ SC, 9 Dic. 2013, Rad. 2002-00099-01, para denotar que «dentro del conjunto de bienes no patrimoniales que pueden resultar afectados mediante una conducta dolosa o culposa se encuentran comprendidos intereses jurídicos distintos a la aflicción, el dolor, o la tristeza que se produce en la víctima», como acontece con el «daño a la vida de relación (...) que en nuestra jurisprudencia ha adquirido un cariz autóctono, ajustado a las particularidades de nuestra realidad social y normativa», que si bien son de difícil cuantificación al no poderse establecer con base en criterios rigurosos o matemáticos «ello no se traduce en una deficiencia de esa clase de indemnización, sino en una diferencia frente a la tasación de los perjuicios económicos cuya valoración depende de parámetros más exactos».

3. El anterior recuento se hace para resaltar como en la actualidad la jurisprudencia tiene decantado que el «daño moral» y el «daño a la vida de relación» son dos manifestaciones separadas de perjuicios inconfundibles para los fines de reparación, pues, mientras el primero se refiere al padecimiento interno del afectado con el hecho dañoso, el último se contrae a las secuelas que éste tenga en el desenvolvimiento social del lesionado, en vista de los cambios externos en su comportamiento.

Pero a pesar de esa independencia conceptual, algunas manifestaciones de la voluntad pueden patentizar la coexistencia de ambos, sin que por ello se entiendan subsumidos como un todo o que el peso de uno dé por excluida la trascendencia del otro, puesto que la complejidad de la psique humana, que abarca tanto aspectos conscientes como inconscientes del individuo, impide deducir iguales o semejantes consecuencias de un mismo suceso.

No siempre la congoja por la muerte de un ser cercano y querido va unida al distanciamiento de los familiares, ni la socialización quiere decir falta de angustia por ese acaecimiento o que sea menor en comparación con quien se aísla de su entorno. Mucho menos existen reglas de conducta preestablecidas para afrontar el fallecimiento intempestivo de los integrantes del núcleo familiar, pero eso sí, la manera como lo haga cada uno de los supervivientes puede incidir sustancialmente en la de los demás.

De ahí que nada obsta para que la apatía y el alejamiento, fuera de entenderse como exteriorizaciones del dolor ocasionado con el hecho luctuoso, trasciendan a un desentendimiento de lo que pasa alrededor y una modificación de las condiciones de vida, como alteración consecuencial directa del daño.

Adicionalmente, a pesar de la individualización de esas dos clases de lesiones extrapatrimoniales, no pueden pasarse por alto las coincidencias al momento de percatarse de su existencia, siendo que en ambos casos cobran importancia las reglas de la experiencia del fallador y que son fijados por arbitrium iudicis.

El tribunal, en el caso que se analiza, cumplió con los patrones de exigencia prevenidos desde antaño en lo que se refiere a la presencia del «daño en vida de relación» aducido por las demandantes, sin que se encuentre asidero a las objeciones de la compañía aseguradora.

La labor definitoria del debate fue coherente con la delimitación del libelo, en cuyo hecho décimo cuarto las promotoras adujeron que

(...) han padecido y padecen aún perjuicios de carácter extrapatrimonial, en su modalidad de daño moral subjetivo, consistente en ese dolor, angustia, depresión originados en la muerte y perdida de un ser querido, como lo es su cónyuge y padre. Además de los perjuicios morales subjetivos o pretium doloris (...) han sufrido los denominados por la doctrina y la jurisprudencia perjuicios a la vida de relación y que hacen también parte de los perjuicios extrapatrimoniales, el cual se configura por la imposibilidad física de las demandantes para realizar las actividades que normal y cotidianamente realizaban en su vida de pareja y de familia respectivamente, antes de la ocurrencia del daño y que reportan placer al vivir. Sufriendo una alteración en su vida personal y familiar que modifica su “modus vivendi”, como sucede, por ejemplo, cuando se pierde la posibilidad de realizar una serie de actividades que hacen más agradable su existencia, como lo es en éste caso los hábitos y prácticas propias de una vida en pareja y las situaciones familiares y de relación de padre e hija que se dejaran de compartir debido a la ausencia del señor Osorio Giraldo.(15)

Exposición que fue consistente con las pretensiones donde se solicitó compensar a la viuda los «perjuicios morales» derivados de «la angustia, el dolor y la frustración de la demandante debido a la pérdida de su esposo y compañero de vida, teniendo en cuenta que son personas muy jóvenes que apenas comenzaban a configurar una familia, la cual tendrá que seguir conformado la señora Soto sola con su hija menor» y el «perjuicio a la vida de relación» al verse privada de «compartir las actividades y hábitos propios de una vida en pareja con su fallecido esposo, lo cual le reportaba placer a su vivir y se ven truncadas prematuramente todas aquellas posibilidades y proyectos futuros que compartía con aquel».(16)

Aunado al reclamo de la menor de reconocerle los «perjuicios morales que consisten en el presente caso, en la angustia, el dolor y la frustración (...) al no poder contar por el resto de su vida con la presencia y guía de su padre y amigo» y el «daño a la vida de relación» por la «pérdida del goce y placer que reportaba a su vivir el compartir la cotidianeidad de la vida, de sus actividades y de su crecimiento con su padre», cuyo fallecimiento alteró «el curso normal de los proyectos, hábitos, vida personal y familiar de la demandante».(17)

Incluso al solicitar la recepción de testimonios se indicó como objeto general, entre otros, el que informaran sobre las «relaciones de familia que existían entre las demandantes y el fallecido»(18), insistiendo sobre el particular al citar a Jhon Alexander Osorio Galeano, Federico Alberto Baquero Saldarriaga, José Efraín Gómez Vargas, Héctor Mauricio y Hugo de Jesús Osorio Giraldo.

En la sentencia impugnada se examinó lo decidido por el a quo, que por demás fue consonante con lo perseguido en el ámbito de reparación extrapatrimonial, de ahí que confirmara la decisión adoptada en cuanto al componente moral del resarcimiento, «teniendo en cuenta el sufrimiento padecido por los demandantes, la forma como ocurrió el in suceso, es dable afirmar que la pena generada debe recibir una compensación monetaria».(19)

En lo referente al «daño de vida en relación» reexaminó los testimonios para concluir que «la muerte de Osorio entraña afectación en la señora Soto, lo que de acuerdo a los testimonios recaudados implicaron un aislamiento familiar (fls. 105-106 y 108-109, cdno. 3), aunado que las reglas de la experiencia hacen que se advierta el alto impacto que tiene en una pareja en los albores de su relación familiar el perder a un cónyuge, por lo que el arbitrio judicial lleva a indicar que el mismo será tasado en cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes».

En cuanto a la menor consideró que aunque «tenía pocos años de edad cuando su padre murió, ese solo hecho hace que en su crecimiento y desarrollo vaya a ser ausente la figura paterna, cuestión que en sí misma y de acuerdo a las reglas de la experiencia ya constituye en menoscabo, por lo que la cuantificación del daño en atención al arbitrio iudicis, lo pertinente se fija en cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes», aclarando que tales daños «no fueron excluidos expresamente de la póliza que soportó la acción directa y el llamamiento en garantía, lo que hace que deban ser objeto de recobro a la luz del artículo 1127 del Código de Comercio».(20)

La reevaluación en segunda instancia de lo narrado por Héctor Mauricio y Hugo de Jesús Osorio Giraldo, por lo que se expone, no tuvo como objetivo verificar que ese tipo específico de daño fue causado, sino la relevancia del mismo para atender las inquietudes de las demandantes en cuanto al valor inicialmente fijado, puesto que la inconformidad de la aseguradora en ese punto se limitó a que «la cobertura del daño a la vida de relación no es un elemento de la naturaleza del contrato de seguro de responsabilidad civil»(21), lo que a su vez fue desestimado.

Desde esa óptica, los reproches de la censora corresponden más bien a una discordancia con la valoración probatoria del juzgador a quo, que dedujo la «afectación negativa que tuvieron las demandantes como resultado de la muerte del señor Wilson Yamit Osorio Giraldo, toda vez que el alejamiento que éstas tuvieron con su grupo familiar y social, produce sin lugar a dudas, una alteración en su esfera externa»(22), frente a lo cual guardó silencio en el recurso de apelación, y que en vista de su pasividad se daba por acogido, imposibilitándose de discrepar por esta vía extraordinaria sobre ese tema que le fue pacífico.

De todas maneras, los relatos de los hermanos del fallecido sobre el tema, aunque cortos, sí reflejan un impacto negativo en el desarrollo de la cotidianidad de la cuñada y su sobrina, tan es así que al pronunciarse Héctor Mauricio sobre el efecto del deceso de Wilson recalcó que «fue muy negativo de aislamiento de tristeza que hasta el momento no hemos vuelto a ver a la sobrina Catalina, ella se fue un tiempo del apartamento con su madre ya que el dolor y la tristeza le hizo aislar mucho de nuestra familia con algunas conversaciones telefónicas no muy frecuentes»(23) y Hugo de Jesús acentuó que la cónyuge supérstite «vivía en un apartamento con Wilson el cual ella dejó de habitar durante aproximadamente dos años o más, porque se afectaba demasiado cuando iba al apartamento», agregando que «nosotros vivimos en Llanogrande teníamos una finca, los cuales ellos frecuentaban Wilson, Ángela y la hija, desde el fallecimiento de Wilson, no volvieron a la finca, sé que estuvo en tratamiento psicológico la Señora Ángela».(24)

Quiere decir que fuera de padecer madre e hija el dolor profundo por la pérdida del esposo y padre, se ausentaron por un tiempo del domicilio familiar y dejaron de tener un contacto cercano con los afines paternos de la menor, que antes del deceso era estrecho. Además, la disminución en el estado anímico que sufrió Ángela por la ausencia del compañero de vida, que la obligó a solicitar apoyo profesional, sin duda se reflejaba en la interacción con la hija común.

No resulta, por lo tanto desfigurado el alcance de esas dos declaraciones ya que trascienden de la congoja que padeció Ángela María a la esfera comportamental de ella y la infante, así como las repercusiones en la interacción dentro del ámbito familiar.

Aún en gracia de discusión, si esas cortas transcripciones fueran insuficientes para dar por configurada una modificación significativa de las condiciones sociales de vida de las reclamantes, no podría decirse que esas fueron las únicas manifestaciones que llevaron a la convicción de los falladores de instancia sobre el particular, sino que por tratarse de los parientes más cercanos se les dio preponderancia, a pesar de que otros dos testigos dieron razón de los trastornos ocasionados.

En forma más extendida, John Alexander Osorio Galeano, al preguntársele si las promotoras resultaron afectadas con la muerte de Wilson, contestó que

(...) tal vez el mayor efecto fue que desde ese momento con Ángela me fue casi imposible volver a tener una relación cercana ya que Wilson y yo éramos bastante amigos y teníamos una relación muy cercana y continua cada mes nos reuníamos nos sentábamos a conversar a hablar de negocios eran largas jornadas desde las 8 de la noche hasta la 8 de la mañana durante toda la noche y por ese mismo hecho tenía una cercanía con la señora Ángela y su hija la niña Catalina Osorio, a partir de ese momento de la muerte de Wilson Ángela no me podía ver porque inmediatamente entraba en un estado de depresión profundo ya que ella aseguraba que al verme a mí veía a Wilson, nosotros por lo general nos reuníamos en la casa de ellos y sé que Ángela no volvió en mucho tiempo a la casa por el profundo dolor que le causaba que recordar me imagino que los momentos vividos con Wilson, nosotros somos familiares y por lo tanto teníamos una relación entre familias el padre de Wilson es tío mío los hermanos de Wilson éramos cercanos con la familia y también con Ángela y luego del suceso no volvimos a tener contacto no se pudo volver a dar la integración entre familias precisamente por el trauma tan profundo que tenía doña Ángela, no sé qué más efectos pudo haber tenido porque precisamente por no tener contacto con ella al ella esconderse de nosotros o refugiarse en su hogar paterno materno que otro tipo de efectos sicológicos pudo haber tenido sino me equino (sic) ella estuvo en un tratamiento con al (sic) niña sicológico pero me entere de eso a partir de uno de sus familias o de los familiares de Wilson (sic).(25)

Y cuando se le pidió describir «las relaciones familiares de Wilson, Ángela y la menor» mientras compartió con ellos respondió que eran

[d]e profunda armonía era un entorno familiar muy adecuado de mucha felicidad, de mucho respeto entre Wilson y Ángela ellos fueron compañeros de estudios en la Universidad y desde ese momento cosecharon una relación muy estable y profesional como compañeros de estudio, como novios y como esposos, no porque lo haya vivido sino porque en las charlas familiares en los momentos que compartíamos se hacía una evocación de esos momentos para mí precisamente ese estado de felicidad tan efusivo que se vivía en la familia ente (sic) Wilson su esposo y la niña fue lo que generó un profundo dolor y estado de depresión de la señora Ángela, en cuanto a la relación con la niña era para Wilson su realización masa (sic) grande el la vía (sic) como una profesional formada en los mejores colegios en una muy buena universidad que tal vez para eso se estaba dando a al (sic) tarea de construir un capital para que ella pudiera tener muchas de las oportunidades que tal vez nosotros no tuvimos, en general una relación de profundo amor que no sabría como (sic) describir todos sus sentimientos.(26) 

Lo que complementó José Efraín Gómez Vargas de esta forma:

1. Pregunta. Sabe usted que personas conformaban el grupo familiar al que pertenecía el Señor Wilson Yamil (sic) al momento del accidente. Contesto: “Lo conformaba su esposa Ángela María Soto, y su hija (...)”... 2. Pregunta. Sabe usted si el fallecimiento del señor Wilson Yamil (sic) afectó el grupo familiar y en caso afirmativo porque (sic) razón. Contesto: “Si lo se (sic), porque siempre tuve una amistad con Wilson desde aproximadamente el año 1988, siempre fuimos confidentes muy buenos amigos, igual cuando el (sic) se casó me hice muy amigo también de la señora Ángela Soto los visitaba con frecuencia en su lugar de residencia que era en San Diego Urbanización Sierra Morena en Medellín, la Señora Ángela después del fallecimiento de Wilson la vi muy poco estable emocionalmente porque ellos tenían muchos planes a futuro y apenas estaban iniciando su matrimonio, la hija tenía apenas en ese entonces solo dos años de edad, además habían sido novios durante alrededor de unos 6 a 7 años, es decir tenían ya una relación muy estable, bastante conformada, después del accidente visité varias veces a la señora Ángela Soto y hablé con ella varias veces y siempre que se refería al tema del accidente, lo hacía con dolor con amargura, además se (sic) que ella durante mucho tiempo no quiso volver al apartamento donde convivía con Wilson, porque le daba muy duro entrar allí porque le recordaba su vida matrimonial, además hasta donde tengo entendido no ha vuelto a tener digamos una vida de pareja con alguien, ha seguido sola después del accidente, igual se (sic) que ella se ha visto muy afectada en cuanto a la planeación de su futuro con su hija menor puesto que la niña quedó sin padre a los dos años y la niña le preguntaba a la mamá que cuando iba a volver el papá y ella no ha sabido como (sic) enfrentar la situación hasta donde tengo entendido, como estaba tan pequeña no podía explicarle la situación”. 3. Pregunta. Tiene usted conocimiento si existieron algunas actividades que el señor Wilson Yamil (sic) desarrollaba con su grupo familiar y las cuales la señora Ángela luego del accidente no volvió a desarrollar. Contesto: “Ellos solían viajar a visitar distintos lugares de paseo por ejemplo ellos iban con mucha frecuencia a la casa Paterna de Wilson que queda en Llanogrande al lado de mi casa, iban los fines de semana y allá compartíamos, nos gustaba generalmente jugar parques (sic) dominó y conversar, también se (sic) que ellos habían comprado unos terrenos por la región también cercana al aeropuerto José María Córdoba, donde tenían proyectado hacer una finca o una cabaña, entonces también iban allá a mirar el lote a organizarlo”. Otra actividad que realizaban con frecuencia era reunirse en su apartamento con sus amigos, también salían a comer con cierta frecuencia, todos los planes eran relacionados con esa vida familiar, después del deceso de Wilson, la señora Ángela se fue a vivir a casa de sus padres y se alejó por completo de estas actividades, a la finca de Llanogrande no volvió, a su apartamento como dije anteriormente no volvió también y prácticamente se dedicó a una vida más solitaria, alejada de las amistades que antes tenía su grupo familiar”.(27)

Las anteriores declaraciones aunadas a las de Héctor Mauricio y Hugo de Jesús Osorio Giraldo, no dejan dudas de que el distanciamiento de Ángela no solo obedeció a su enorme sufrimiento, sino a la desubicación y truncamiento en un proyecto de vida que tenía trazado con su pareja desde hacía unos 8 años (6 de noviazgo y 2 de matrimonio).

Así lo entendió el tribunal cuando aseveró que «la muerte de Osorio entraña afectación en la señora Soto, lo que de acuerdo a los testimonios recaudados implicaron un aislamiento familiar», sin vislumbrarse una confusión entre las repercusiones internas y externas del acontecimiento dañino, sino la visualización de las diversas consecuencias en ambos ámbitos que ameritaban ser sanadas, al menos simbólicamente, con un estimativo pecuniario.

El que el a quo solo reprodujera dos apartes de lo expresado por los hermanos de Wilson y el superior resaltara los «folios 105-106 y 108-109, cdno. 3» de donde fueron extraídos, no quiere decir que fueran obviadas las demás declaraciones coincidentes y que ahondan en la transformación que sufrió Ángela con el percance, sin que por demás fueran objeto de sospecha o tacha.

Así mismo, es razonable, admisible y lógico que frente a lo narrado por los amigos de la familia se aplicaran las «reglas de la experiencia» para deducir que la armonía y bienestar de la hija común que reinaban en vida del progenitor, se ensombrecieron cuando éste fue atropellado, viéndose alejada de los tíos y amigos paternos precisamente por lo traumático que resultaba su cercanía para la madre.

La fortaleza de las deducciones de los falladores no logran ser socavadas por la propuesta de la recurrente, que omite cualquier alusión a los medios de convicción de respaldo, así no fueran objeto de mención expresa, pero que exigían ser desvirtuadas, como se resaltó en la providencia SC5050-2014, 28 abr. 2014, Rad. 2009-00201-01 al llamar la atención sobre que

[e]l cotejo del contenido material de los medios de prueba, con las deducciones del sentenciador de segundo grado, permite verificar que no es evidente u ostensible que aquel se haya supuesto, distorsionado, o cercenado, por lo que se descarta el desatino protuberante fáctico en que se apoya la acusación, pues a partir de los supuestos sustanciales identificados por la jurisprudencia de esta corporación, que estructuran el “daño a la vida de relación”, el ad quem estimó que con las probanzas recaudadas, de las que mencionó expresamente el testimonio de (...), se había acreditado “el daño intenso que sufrió la familia (...) por el fallecimiento de (...) y las repercusiones que tuvo en la forma como ha seguido funcionando dicho grupo familiar”, concluyendo que “en tales condiciones probatorias era pertinente la condena por el perjuicio de la vida de relación” (...) Al examinar los elementos de juicio en comento, concretamente las declaraciones de las nombradas personas, se constata que aluden a factores o componentes de los referidos perjuicios, puesto que identifican actividades de aquellas que en vida del joven (...), les permitía a los integrantes de su núcleo familiar, el disfrute y regocijo, las que se dejaron de realizar con posterioridad a su fallecimiento y dada la idoneidad para fortalecer la integración familiar y proporcionar alegrías y satisfacciones, con clara influencia en la calidad de vida de los parientes que en ese momento convivían con él, se determina que las reflexiones del Tribunal no desarmonizan con la realidad que revela el acervo probatorio. 

(...) 

Lo anterior permite señalar, que la crítica de la impugnante concerniente a que no es acertado “tener por acreditado este rubro o modalidad del daño con la mención aislada de un solo testigo, pasando por alto que en el proceso ninguna otra declaración hizo referencia a tan grave afectación de la vida en familia y a la privación de actividades que para los miembros de ésta generaban placer, bienestar, satisfacción y que ahora, como consecuencia de la muerte, no podrán ser realizadas”, carece de fundamento y aunque es cierto que el Tribunal menciona solo a la deponente (...), también lo es que de manera expresa señaló que de “las pruebas recaudadas se deduce el daño intenso que sufrió la familia (...) por el fallecimiento de (...) y las repercusiones que tuvo en la forma como ha seguido funcionando dicho grupo familiar”, de donde se infiere la ausencia del desacierto sustento de la acusación. 

4. Por lo discurrido, no tiene éxito la censura.

CARGO OCTAVO

Se atribuyó al ad quem la trasgresión indirecta de los artículos 1602 y 1618 del Código Civil y 1056 del de Comercio, como producto de una indebida interpretación de un aparte del contrato de seguro, al no dar por cierto que «el seguro de responsabilidad civil expedido por Generali excluye la cobertura del lucro cesante sufrido por las demandantes».

En el numeral 2.14 de las condiciones generales de la póliza -sostuvo la censura- figura que «el seguro no cubre: «El lucro cesante y los perjuicios patrimoniales puros que no sean consecuencia directa de un daño (material o personal) cubierto por este seguro», lo que entendió el juzgador como si excluyera «sólo el lucro cesante que no fuera consecuencia de un daño material o personal cubierto por el seguro» y amparara el que «sea producto de un daño a una cosa o a una persona», deformando su contenido.

El objeto de ese convenio -agregó- era dejar por fuera «dos tipos de perjuicios diferentes, a saber: (i) el lucro cesante, y (ii) los perjuicios patrimoniales puros que no sean consecuencia directa de un daño material o corporal cubierto por el seguro», unidos por una conjunción copulativa, sin que se califique el primero, pues, la «condición según la cual el daño no debe ser consecuencia de un daño material o personal, es predicable exclusivamente del segundo tipo de daños estipulados en la cláusula, esto es, los daños patrimoniales puros».

CONSIDERACIONES

1. Las negociaciones en el derecho privado se rigen por lo que convienen expresamente los contratantes, prefiriéndose las estipulaciones negociales a cualquier norma supletoria e incluso a la costumbre mercantil, según lo previsto en el artículo 4° del Código de Comercio.

Tratándose del contrato de seguro, en caso de ambigüedad o imprecisión en las estipulaciones, la hermenéutica que se les dé debe preferir, antes que la elusión de riesgos, unos efectos adversos a quien la redactó y favorecedores a la parte que adhiere al clausulado, con el fin de superar cualquier inequidad y evitar el abuso de la posición dominante de la compañía aseguradora, que debe actuar con lealtad en cuanto a la fijación del nivel de responsabilidad asumida de conformidad con el artículo 1056 del Código de Comercio.

Ese es el criterio fijado por la Sala, como se recordó en la Sentencia CSJ SC, 27 ago. 2008, Rad. 1997-14171-01, al exponer que

(...) “como se historió en providencia del 29 de enero de 1998 (Exp. 4894), de antaño, la doctrina de esta Corte (CLXVI, pág. 123) tiene definido que el contrato de seguros debe ser interpretado en forma similar a las normas legales y sin perder de vista la finalidad que está llamado a servir, esto es comprobando la voluntad objetiva que traducen la respectiva póliza y los documentos que de ella hacen parte con arreglo a la ley (arts. 1048 a 1050 del C. de Co.), los intereses de la comunidad de asegurados y las exigencias técnicas de la industria; que, “en otras palabras, el contrato de seguro es de interpretación restrictiva y por eso en su ámbito operativo, para determinar con exactitud los derechos y las obligaciones de los contratantes, predomina el texto de la que suele denominarse ‘escritura contentiva del contrato’ en la medida en que, por definición, debe conceptuársela como expresión de un conjunto sistemático de condiciones generales y particulares que los jueces deben examinar con cuidado, especialmente en lo que tiene que ver con las cláusulas atinentes a la extensión de los riesgos cubiertos en cada caso y su delimitación, evitando favorecer soluciones en mérito de las cuales la compañía aseguradora termine eludiendo su responsabilidad al amparo de cláusulas confusas que de estar al criterio de buena fe podrían recibir una inteligencia que en equidad consulte mejor los intereses del asegurado, o lo que es todavía más grave, dejando sin función el contrato a pesar de las características propias del tipo de seguro que constituye su objeto, fines éstos para cuyo logro desde luego habrán de prestar su concurso las normas legales, pero siempre partiendo del supuesto, valga insistir, de que aquí no son de recibo interpretaciones que impliquen el rígido apego literal a estipulaciones consideradas aisladamente y, por ende, sin detenerse en armonizarlas con el espíritu general que le infunde su razón de ser a todo el contexto contractual del que tales estipulaciones son parte integrante.” (...) En armonía también con las orientaciones generales ofrecidas en el numeral anterior, la Corte ha deducido como requisito ineludible para la plena eficacia de cualquier póliza de seguros, la individualización de los riesgos que el asegurador toma sobre sí (CLVIII, pág. 176), y ha extraído, con soporte en el artículo 1056 del Código de Comercio, la vigencia en nuestro ordenamiento ‘de un principio común aplicable a toda clase de seguros de daños y de personas, en virtud del cual se otorga al asegurador la facultad de asumir, a su arbitrio pero teniendo en cuenta las restricciones legales, todos o algunos de los riesgos a que están expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado’ (cas. civ. 24 de mayo de 2005, SC-089-2005 [7495])”. (Se subraya).

2. Con el escrito de contestación de la demanda, la aseguradora aportó copia de la «póliza de seguro de automóviles» con el clausulado de amparos y exclusiones, donde aparece que la misma «no ampara las pérdidas, daños o la responsabilidad civil que se originen o sean consecuencia de:», entre otras situaciones, «2.14 El lucro cesante y los perjuicios patrimoniales puros que no sean consecuencia directa de un daño (material o personal) cubierto por este seguro».(28)

Fue con base en ese texto que el tribunal estimó que

(...) a pesar de considerar que la mencionada cláusula de exclusión hace parte de la libertad contractual de las partes, no cree que el alcance de la misma sea el de no reconocer el lucro cesante en este caso, pues el mismo resulta ser una consecuencia directa del daño —en este caso la muerte de Osorio—, razón por la cual dicha cláusula no puede interpretarse en forma negativa al resarcimiento (...) Es decir, la cláusula en mención lo que hace es indicar que el lucro cesante y los perjuicios patrimoniales puros, estarán excluidos si no son consecuencia directa del cubierto por este seguro, y si el seguro ampara en su primer ítem la “responsabilidad civil extracontractual” ocasionada con el vehículo de placas ITV609 (ver fl. 10, cdno. 3), y si con el mismo se causó la muerte de la que devinieron los correspondientes perjuicios, pues los mismos han de ser reconocidos.(29)

Esa interpretación acompasa con el tenor literal del numeral, donde no se vislumbra con claridad y precisión que, como sugiere la impugnante, el «lucro cesante» es absoluto y el calificativo de que no fueran «consecuencia directa de un daño» correspondiera solamente a los «perjuicios patrimoniales puros».

La falta de signos de puntuación o el que no fuera tratado el «lucro cesante» en un numeral independiente, genera tal grado de confusión que para cualquier lector desprevenido el condicionamiento final abarcaba cualquier clasificación del perjuicio al que hiciera mención.

Fuera de eso, como lo define la Real Academia de la Lengua Española, la «y» es una conjunción copulativa «para unir palabras o cláusulas en concepto afirmativo», además de que una de las acepciones de «cláusulas» es la de «conjunto de palabras que, formando sentido completo, encierran una sola oración o varias íntimamente relacionadas entre sí» (resalta la Sala), lo que no riñe con la tesis de que la exigencia de que las lesiones por fuera de resarcimiento al distar de una «consecuencia directa de un daño (material o personal)» comprendía al «lucro cesante y los perjuicios patrimoniales puros».

De ahí que no es irracional o arbitrariamente desenfocado el entendimiento del fallador, que, además, responde al espíritu de reparación integral de la víctima a que alude el artículo 1127 del Código de Comercio con la reforma introducida por el artículo 84 de la Ley 45 de 1990, como ya se dejó visto, sin que conlleve desconocimiento de los límites de protección convenidos.

3. Ahora bien, no pasa desapercibido para la Corte que en la diligencia de exhibición de documentos se aportó un folleto de cláusulas generales de la póliza de vehículos diferente al inicialmente allegado, donde en el numeral 2.14 aparecen como excluidos de amparo «el lucro cesante y los perjuicios patrimoniales puros», añadiendo a punto seguido que «[e]l perjuicio patrimonial puro es la pérdida económica sufrida, que no sea consecuencia de un previo daño personal o material sufrido por el reclamante de dicha pérdida».(30)

Sin embargo, es sustancial la discrepancia de ese texto con las disposiciones que la aseguradora informó al comienzo como regentes de la relación contractual, sin que se justifique la ocurrencia del cambio como resultado de un acuerdo volitivo entre las partes o cualquier otra razón.

Incluso cuando el representante de Generali absolvió interrogatorio contestó afirmativamente a la pregunta de si «los documentos que se le ponen de presente visibles a folios 69 a 80 del expediente principal corresponden a las seguros Nº 4004473 que amparaba el vehículo de placas ITV-609»(31), con lo que el nuevo documento que se exhibió al finalizar la diligencia a lo sumo constituiría una modificación unilateral de la aseguradora sin incidencia en el litigio.

Tan es así que a pesar de denunciar la ocurrencia del «yerro probatorio al apreciar las condiciones generales del seguro expedido por Generali, documento que obra a fls. 70 a 75 del cdno. 1 (también obrante, en original, a fl. 8 del cdno. 3)», se omitió que en realidad son dos instrumentos diferentes y el ejercicio argumentativo de la censora se centró en la redacción de la primera foliatura, con lo que renunció a la de la última.

4. En consecuencia, no prospera la acusación.

CARGO PRIMERO

Endilgó al fallo una afrenta indirecta de los artículos 16 de la Ley 446 de 1998; 1613 y 1614 del Código Civil, como consecuencia de los yerros de hecho en la apreciación de algunas pruebas, y de derecho al otorgarle valor probatorio a la certificación expedida por el contador Carlos Arturo Gil Arias con violación de los artículos 187 y 277 del Código de Procedimiento Civil y 10° de la Ley 43 de 1990, teniendo como demostrado que el fallecido Wilson Yamit Osorio Giraldo recibía un ingreso promedio mensual de $ 1’200.000.

Tales desaciertos consistieron, según el casacionista, en:

a) Error de iure cometido por considerar que la ratificación de la certificación expedida por un contador relevaba de aplicar las reglas de la sana crítica, dándole pleno valor, a pesar de que carecía de fecha, no aparece cuál era el vínculo del profesional con quien la solicitó y fue aportada sin anexos, registros contables, libros de comercio o los estados financieros que sirvieron para elaborarla, restándole certeza.

Y aunque el juzgador se dolió de que «la parte accionante (sic) no desvirtuó probatoriamente los hechos certificados por el contador»(32), ese instrumento no podía ser atacado, porque ningún convencimiento se extraía de allí «susceptible de ser infirmado mediante esa prueba» y los alcances que confiere la Ley 43 de 1990 solo se dan cuando están correctamente realizados, como así lo indicó el Consejo de Estado en su providencia CE SCA, 23 Ene. 2014, Rad. 17929 entre otras, y la Sala de Casación Penal de esta Corte en el pronunciamiento CSJ SP, 27 Abr. 2011, Rad. 34547. Es más, era obligación del comerciante llevar contabilidad, de la cual no hay evidencia siendo el «medio idóneo para demostrar el lucro cesante», como lo indicó la Sentencia CSJ SC, 21 Mar. 2003, Rad. 6642.

b) Las equivocaciones de facto se configuraron con las siguientes conductas:

i) Entender que las certificaciones de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y del Municipio de Rionegro eran soporte de las afirmaciones del contador, siendo que el activo reportado era de apenas $ 4’500.000 y el cierre del establecimiento al poco tiempo del suceso «hace presumir» lo incierto de los ingresos, pues, de ser reales permitirían la contratación de un empleado de manejo.

ii) Acudir a una falsa regla de la experiencia de que los ingresos devengados debían ser superiores al mínimo, cuando un bar y restaurante en la zona puede «dar ingentes pérdidas o apenas sostenerse» y no se acreditó que el negocio fuera exitoso.

iii) Apreciar indebidamente la confesión de Ángela María Soto sobre la «alta fluctuación y volatilidad» de lo percibido por su esposo que impedía «dar pleno valor probatorio a la certificación del señor Carlos Arturo Gil Arias».

Como consecuencia de lo anterior, según el casacionista, el ad quem otorgó a las demandantes una indemnización superior a la que les correspondía, partiendo de una suma promedio no verificada.

CARGO SEGUNDO

Denunció la vulneración indirecta de los artículos 16 de la Ley 446 de 1998; 1613 y 1614 del Código Civil, por errores de hecho al valorar las probanzas de donde se extrajo la base para liquidar el lucro cesante.

Las graves falencias provinieron -indicó el censor- de una «indebida apreciación de la certificación de ingresos expedida por el contador Carlos Arturo Gil Arias», insuficiente para demostrar las entradas del difunto ante la ausencia de otros elementos de convicción en respaldo, y puesto que se carece de la información suficiente para tener por cierto su contenido.

En sustento del reproche, el casacionista aludió a los pronunciamientos de esta Corte y del Consejo de Estado citados en la acusación precedente e insistió en las infracciones de haber acudido a «una falsa regla de experiencia» y apreciar equivocadamente los documentos que daban fe de la matrícula y cierre del establecimiento de comercio “Correcaminos”, así como la confesión de la cónyuge supérstite, antes referenciados.

CONSIDERACIONES

1. La conjunción de los dos ataques, como se dijo al inicio, se justifica porque ambos se relacionan con la determinación de la suma base de liquidación del lucro cesante y coinciden en la mayoría de sus reparos por errores de hecho en la valoración probatoria, diferenciándose solo en que en el primero se expuso la incursión de yerros de jure en esa labor concurrentes con los anteriores.

2. En virtud del principio consagrado en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, es al interesado en generar convicción de los supuestos facticos que sustentan sus aspiraciones a quien compete demostrarlos, con la advertencia que queda relevado de ese esfuerzo si se trata de hechos notorios o provienen de afirmaciones o negaciones indefinidas.

Recaudadas las pruebas, como lo impone el precepto 187 ibídem, corresponde al juzgador calificar su mérito y confrontarlas para hallar tanto sus coincidencias como los puntos o aspectos en que difieren, con el fin de extraer las conclusiones base de la decisión a tomar, eso sí, atendiendo las reglas de la sana crítica y tomando en consideración las solemnidades de validez o existencia preestablecidas por la normatividad.

3. Cuando se busca la indemnización de perjuicios patrimoniales en el rubro de lucro cesante, el afectado tiene la doble carga de llevar al convencimiento, por un lado, de que éstos ocurrieron ante la disminución o interrupción de unos ingresos que se tornaban ciertos y, del otro, de cómo cuantificarlos, bajo la premisa de que su propósito es netamente de reparación integral, sin que pueda constituirse en fuente de enriquecimiento.

Las falencias que se presenten en uno u otro campo tienen distintas connotaciones, puesto que de no comprobarse la existencia del perjuicio fracasarían las pretensiones por la ausencia de uno de los supuestos imprescindibles de viabilidad de la acción, mientras que existiendo conciencia de ese aspecto pero frente a la indeterminación del monto, dificultándose así una condena cierta, el artículo 307 id impone el uso de las facultades oficiosas del fallador para concretarlo, so pena de incurrir en falta disciplinaria.

De todas maneras las dificultades que se presenten en la cuantificación del daño, que no se diluciden a pesar de la proactividad del sentenciador, pueden ser superadas con patrones de equidad brindando una solución que aminore en justicia cualquier desbarajuste existente entre los involucrados.

Respecto de esa dualidad, en la providencia CSJ SC, 28 Feb. 2013, Rad. 2002-01011-01, se enfatizó en

(...) la autonomía e independencia de cada uno de esos laboríos, pese a su estrecha relación, y que, por consiguiente, no debe confundírseles como si se tratara de una misma actividad y, menos aún, sujetarse la demostración del daño a la de su quantum, pues, como se aprecia, la regla que al respecto pudiera elaborarse sería exactamente la contraria, es decir, que la comprobación de la cuantía del perjuicio depende de la previa y suficiente constatación de la lesión patrimonial sufrida por el afectado (...) Ello explica que en el plano procesal el incumplimiento de uno u otro deber provoque efectos diversos. Mientras que la falta de acreditación del daño conduciría a colegir la insatisfacción del más importante elemento estructural de la responsabilidad civil, contractual y extracontractual, y, por ende, el fracaso de la correlativa acción judicial, la insatisfacción del segundo impone al juez decretar “de oficio, por una vez, las pruebas que estime necesarias” para condenar “por cantidad y valor determinados”, entre otros supuestos, al pago de los “perjuicios” reclamados (art. 307, CPC).  

(...) 

Incluso, la jurisprudencia reiterada de esta corporación ha señalado que es posible acudir a la equidad para determinar el monto del daño, en aquellos casos límite, en que, habiéndose acreditado el perjuicio patrimonial, la determinación de su cuantía se torna extremadamente difícil, no obstante el cumplimiento de las cargas probatorias por la parte demandante.  

4. La Sala encuentra que el sentenciador ad quem incurrió en los errores de derecho y de hecho que le atribuyó la censura en los cargos que se estudian.

Lo anterior teniendo en cuenta que para efectos de fijar la base de liquidación del lucro cesante, el tribunal acogió el monto reportado por el aludido contador como ingresos mensuales del fallecido Wilson Yamit Osorio, a pesar de que ese documento ciertamente no ofrecía respaldo sólido e indiscutible a tal conclusión.

Debe repararse en que a la mencionada constancia no la acompañan los soportes de donde fue extraída la suma de dinero que se dijo correspondía a lo que la víctima percibía de su actividad económica, de modo que dicho escrito no constituye prueba de sus ingresos.

Recientemente esta corporación, en relación con la actividad de los profesionales de la especialidad mencionada y las certificaciones que aquellos expiden, precisó:

Si bien el profesional de la contaduría ha sido legalmente facultado para «dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros, y realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general(33)», esa autorización no puede concebirse ilimitada, sino supeditada a los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

Por ello, cuando de certificaciones relacionadas con hechos económicos de personas no comerciantes se trata, así éstas no tengan la obligación legal de llevar contabilidad, tales atestaciones no pueden fundarse en simples afirmaciones de quien las expide; deben contener algún grado de detalle que reflejen fielmente el origen de su contenido, esto es, de los datos, hechos o circunstancias cuya demostración se pretende. 

El mencionado experto, como profesional de las ciencias contables, se halla en condiciones de señalar y en caso de ser requerido por una autoridad, en el deber de allegar los soportes que ratifiquen las aseveraciones vertidas en sus certificaciones. 

Los riesgos sociales que conlleva el ejercicio de la potestad fedataria otorgada por el Estado al contador público, le imponen el otorgamiento de aquéllas, previa investigación, observación, interrogación y confirmación de los datos plasmados en ellas. 

Respecto de esta temática, la Junta Central de Contadores, en la Circular Externa 44 de 10 de noviembre de 2005, publicada en el Diario Oficial Nº 46.114 del 6 de diciembre de dicho año, precisó: 

(...) considerando que no todas las personas están obligadas a llevar contabilidad, ante la posibilidad que en desarrollo de sus actividades económicas requieran para propósitos diversos la presentación de su información financiera, los contadores públicos llamados a suscribir las certificaciones de ingresos o reportes contables de las mismas, deben prepararlos de manera clara, precisa y ceñidos a la verdad, conforme se encuentra señalado en el artículo 69 de la Ley 43 de 1990, soportados en documentos idóneos donde se demuestre la realidad económica y/o los ingresos de estas personas. En este caso, el profesional de la contaduría pública indicará las fuentes soportes de sus afirmaciones, conservando copia de las mismas, que le sirvan para rendir explicaciones posteriores a su cliente, o cuando sean requeridos por la autoridad competente. Así mismo, el contador público que suscriba los certificados de ingresos y/o reportes contables, deberá indicar el alcance de los mismos (CSJ SC15996-2016, 29 Nov. 2016, Rad. 2005-00488-01).

Las anteriores consideraciones llevaron a la Sala a concluir que la valoración de las aludidas certificaciones debe realizarla el juzgador atendiendo la sana crítica, en virtud de la cual procederá a «analizarlas junto con los elementos soportantes de su expedición y, de no hallarlas bien fundamentadas, puede separarse de ellas, toda vez que su eficacia e idoneidad, determinarán el alcance probatorio» (ibídem).

En el caso que se analiza, junto con la certificación expedida por el contador no se allegó ningún documento que demostrara los ingresos del fallecido Wilson Osorio Giraldo, el cual haya servido de fuente de información a las afirmaciones del profesional, falencia que no fue subsanada cuando compareció al juzgador a ratificar el documento, porque allí solo aceptó su autoría pero no mencionó siquiera los soportes que empleó en la elaboración de la constancia, la que por tal razón no debió ser tenida en cuenta por el ad quem para calcular el lucro cesante cuyo resarcimiento se reclamó.

Ahora bien, los otros medios probatorios a los que el Tribunal les reconoció un carácter complementario en relación con la anterior prueba, no prestan utilidad en cuanto hace a la demostración del valor de los ingresos reales percibidos por la víctima.

En efecto, de las certificaciones de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y el Municipio de Rionegro, donde figura la inscripción de Wilson Osorio como comerciante desde el 6 de mayo de 2002 y el cierre del establecimiento denominado «Correcaminos bar restaurante» en noviembre de 2006, solo se deduce la existencia de la actividad mercantil desarrollada por el difunto y la culminación de la misma, pero no son determinantes ni de ellas puede extraerse el valor promedio de sus ingresos, y la información allí expresada sobre el valor de los «activos con ajustes por inflación» en cuantía de $ 4.500.000 nada aporta en la estimación de las ganancias obtenidas con el establecimiento de comercio, de ahí que los citados documentos no tienen aptitud para soportar las afirmaciones vertidas en la certificación elaborada por el contador.

De otra parte, aunque la manifestación de la demandante Ángela María Soto Galeano en el sentido de que los ingresos de su esposo eran «variables porque este es un Restaurante y (...) dependen es de las ventas y de los gastos y mensualmente no se vendía lo mismo»(34) no constituye confesión en los términos del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil sobre la falta de veracidad de la atestación contenida en la certificación expedida por el profesional contable, porque de allí no se extrae ningún dato revelador de tal circunstancia, lo cierto es que su afirmación sobre que «el promedio mensual desde enero hasta octubre de 2006, era de 1.200.000.oo y es un promedio aritmético porque no tiene ninguna ponderación»(35), no respalda probatoriamente el monto certificado, pues no pasa de ser una mera estimación de la viuda que no encuentra respaldo en ninguno de los medios probatorios recaudados.

Finalmente, aunque razonablemente pueda considerarse, como lo hizo el ad quem, que la actividad comercial desarrollada por el señor Osorio Giraldo dejaba ganancias superiores un salario mínimo legal de la época en que tuvo lugar su deceso, en ausencia de pruebas a partir de las cuales pueda establecerse ese valor superior que constituirían sus ingresos mensuales, no podía la sentencia impugnada ni puede la Corte, acoger como tal una suma de dinero que no aparece constatada.

En ese sentido, en la Sentencia CSJ SC11575-2015, 31 Ago. 2015, Rad. 2006-00514-01, la Sala enfatizó que la reparación del lucro cesante «en su modalidad de lucro cesante y más aún, tratándose del calificado como «futuro», se reitera, resulta viable en cuanto el expediente registre prueba concluyente y demostrativa de la verdadera entidad y extensión cuantitativa del mismo. En caso contrario, se impone «rechazar por principio conclusiones dudosas o contingentes acerca de las ganancias que se dejaron de obtener apoyadas tales conclusiones en simples esperanzas, expresadas estas en ilusorios cálculos que no pasan de ser especulación teórica, y no en probabilidades objetivas demostradas con el rigor debido».

No obstante lo anterior, ante la evidente causación del perjuicio, dado que las pruebas reseñadas revelan que el señor Osorio Giraldo realizaba una actividad comercial lícita, lo que no es objeto de cuestionamiento por el censor, a falta de prueba de los ingresos reales, es el salario mínimo legal vigente, el referente que debió tomarse para determinar lo dejado de percibir, como así lo consideró el a quo.

Tal ha sido el criterio constante de la Corte que, sobre el particular ha sostenido que «(...) en tratándose de la indemnización de perjuicios patrimoniales, si en el proceso respectivo aparece demostrado que el afectado se desempeñaba de manera permanente como trabajador vinculado mediante contrato de trabajo, o que, con idéntica dedicación, desarrollaba una actividad económica independiente que suponía para él la obtención de un lucro, pero no figura la prueba del valor del ingreso que recibía a cambio, es dable presumir, en desarrollo de ‘los principios de reparación integral y equidad’ mencionados en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, que percibía como tal el salario mínimo legal o la cantidad de dinero que por dicha actividad o por una semejante otros reciben (CSJ SC, 20 nov. 2013, Rad. 2002-01011-01; CSJ, SC15996-2016, 29 nov. 2016, Rad. 2005-00488-01).

Los yerros de iure y fácticos cometidos por el tribunal tuvieron una evidente incidencia en la parte resolutiva de la sentencia impugnada, pues a causa de ella el juzgador revocó la determinación del a quo de declarar probada la excepción de mérito de «indebida estimación del lucro cesante cuya ocurrencia afirman las demandantes», resultado de lo cual condenó a la aseguradora al pago de un valor por ese concepto superior al que legalmente procedía reconocer.

5. Por lo expuesto, prosperan los cargos primero y segundo, lo que conduce a casar la sentencia impugnada en lo que respecta a la determinación del lucro cesante con base en la suma de $ 1.200.000 mensuales para la época del deceso del señor Wilson Yamit Osorio Giraldo, cuando el valor base de la liquidación de ese rubro era el equivalente al salario mínimo legal vigente.

CARGO CUARTO

Señaló infringidos directamente los artículos 16 de la Ley 446 de 1998; 1613, 1614, 2341 y 2343 del Código Civil en lo que respecta al lucro cesante futuro.

Para los efectos de la censura se aceptó que el ingreso mensual actualizado para liquidarlo, luego de descontar un 50% de gastos personales, era de $ 801.280; el período de cómputo para la cónyuge contenía 450 meses y la hija se beneficiaría hasta cumplir 25 años, esto es, 184 meses más.

El desacierto eminentemente jurídico atribuido al sentenciador consistió, según la impugnante, en desconocer los criterios actuariales que disciplinan el tema, pues liquidó el lucro cesante futuro de «ambas demandantes en forma conjunta, aplicando una regla de tres simple» a la sumatoria de «los ingresos perdidos y los períodos indemnizables (por lucro cesante futuro) de cada víctima (184 meses más 450 meses), obteniendo así un total de 634 meses», debiendo hacerlo separadamente por el lapso que comprendía a cada una, como se explicó en la providencia CSJ SC, 9 jul. 2012, Rad. 2002-00101.

De haber «aplicado el procedimiento correcto», la liquidación en favor de Ángela María Soto sería muy inferior, toda vez que para un período de 450 meses y una «base de $ 400.640 (la mitad del ingreso total perdido)», con el descuento por pago anticipado de capital, el resultado sería de $ 73’068.723 y no de $ 101’842.814 concedido por el ad quem.

Luego, el tribunal —señaló el casacionista— obró en contravía de los principios de reparación integral, equidad y observancia de los criterios técnicos actuariales que el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 exige atender, en virtud de los cuales se «impone al fallador ordenar la indemnización de todo el daño causado, pero nada más que el daño causado», sin exceder su verdadera medida, como lo disponen los artículos 1613, 1614, 2341 y 2343 del Código Civil.

CONSIDERACIONES

1. Acorde con el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, en todo litigio «la valoración de los daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales», para que en lo posible la víctima conserve un estado similar al que precedía a la ocurrencia de los hechos perjudiciales. De todas maneras, como las secuelas pueden diferirse en el tiempo, la providencia debe proyectar la indemnización hacia el futuro, comprendiendo cualquier rezago pendiente de causarse al momento en que se profiere.

La Sala, en el pronunciamiento CSJ SC, 18 dic. 2012, Rad. 2004-00172-01, al resolver un cuestionamiento por incongruencia pero plenamente aplicable en este caso, expuso al respecto que

(...) el juez tendrá que ordenar al demandado la restitutio in integrum a favor del damnificado, es decir que deberá poner al sujeto perjudicado en una situación lo más parecida posible a aquélla en la que se encontraría de no haber ocurrido el daño (...) Por ello, una vez establecidos los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual, el sentenciador tendrá que cuantificar el monto de la indemnización en concreto, esto es que habrá de tomar en consideración todas las circunstancias específicas en que tuvo lugar el daño, su intensidad, si se trata de daños irrogados a las personas o a las cosas, y la forma adecuada de resarcir el perjuicio. 

Allí mismo se resaltó que «para que la indemnización sea completa, se deben tener en cuenta las condiciones particulares en que se halla el damnificado y la magnitud del daño resarcible tal como se encuentre al momento de dictar sentencia y no simplemente en la fecha en que se produjo el menoscabo, toda vez que es factible que entre uno y otro instante la materialización del perjuicio sufra alguna variación o que sus efectos se extiendan en el tiempo».

La Sentencia CSJ SC, 28 ago. 2013, Rad. 1994-26630-01 precisó que es necesario «diferenciar el perjuicio denominado actual en contraposición del distinguido como futuro, según el momento en el que se le aprecie, que corresponde, por regla, a la fecha de la sentencia. Aquel equivale al daño efectivamente causado o consolidado y éste al que con certeza o, mejor, con un ‘alto grado de probabilidad objetiva’ sobre su ocurrencia, según expresión reiterada en la jurisprudencia de la Sala, habrá de producirse. En tratándose del lucro cesante, el actual es la ganancia o el provecho que, se sabe, no se reportó en el patrimonio del afectado; y el futuro es la utilidad o el beneficio que, conforme el desenvolvimiento normal y ordinario de los acontecimientos, fundado en un estado actual de cosas verificable, se habría de producir, pero que, como consecuencia del hecho dañoso, ya no se presentará».

2. Cuando la condena comprende el reconocimiento anticipado de partidas sucesivas posteriores a la fecha en que se impone, como en el caso de la colaboración para el sustento de la familia que se deja de recibir por el fallecimiento de uno de sus integrantes, para que la reparación sea equitativa debe calcularse en forma separada por cada beneficiario, tomando como base lo que equivaldría para la fecha del fallo esa participación y descontando un componente financiero de rendimiento estimado por las sumas periódicas que se ve compelido a desembolsar abruptamente el obligado, que en condiciones normales serían diferidas.

Con las anteriores reglas decantadas por la jurisprudencia de esta Sala se busca evitar el empobrecimiento o enriquecimiento de alguna de las partes en detrimento de la otra, como se señaló en el fallo CSJ SC, 30 jun. 2005, Rad. 1998-00650-01, al retomar los «parámetros que con el mismo propósito se tuvieron en cuenta entre otras, en sentencias del 7 de octubre de 1999, 4 de septiembre de 2000 y 5 de octubre de 2004», siendo necesario determinar: «a) el monto de los ingresos mensuales que la occisa percibía, o podía percibir, cuando se produjo su fallecimiento; y su valor actualizado; b) el porcentaje de esos ingresos que destinaba para su propio sostenimiento; c) la vida probable de la víctima, y d) el período durante el cual podía beneficiarse la demandante de la ayuda económica que le brindaba su progenitora».

Esa posición, constante en la corporación, ha sido expresada en múltiples decisiones, entre otras, en las providencias CSJ SC, 7 dic. 2000, Rad. 5651; CSJ SC, 21 jun. 2005, Rad. 1998-00020-01; CSJ SC, 18 oct. 2005, Rad. 14.491; CSJ SC, 29 jun. 2007, Rad. 1993-01518-01; CSJ SC, 28 oct. 2011, Rad. 1993-01518-01; CSJ SC, 22 mar. 2007, Rad. 1997-5125-01; CSJ SC, 9 jul. 2010, Rad. 1999-02191-01 y CSJ SC, 9 jul. 2012, Rad. 2002-00101-01.

Más concretamente en lo que respecta al «lucro cesante futuro», en el fallo CSJ SC, 24 Abr. 2009, Rad. 2001-00055-01, se precisó que si

(...) para indemnizar esta especie de daño se verifica mediante el pago de un capital que se entregará en forma antelada, de él se deduce el interés puro o lucrativo (6% anual) que podría devengarle a la persona llamada a responder si la reparación no se realizara de manera anticipada, sino a medida en que el lucro cesante se generara. Por tanto, para establecer el valor de la ganancia futura dejada de percibir, la fórmula utilizada en el procedimiento elegido tiene como bases, de una parte, el ingreso mensual actualizado, y, de la otra, la deducción de los intereses por el anticipo de capital, obtenido a su vez mediante otra cuyo resultado lo refleja la tabla financiera número cinco —aplicada por la corporación, entre otros, en los fallos últimamente referidos—, de acuerdo con el método atrás señalado, fijado mediante un índice en exacta correspondencia con el número de meses de duración del perjuicio expresado en esa unidad de tiempo, prescindiendo para ello de las unidades decimales, mediante la aproximación o reducción a la unidad entera más cercana. La multiplicación de los dos factores (monto indemnizable por el índice referido de deducción de intereses del 6% anual, por el anticipo de capital) arroja el monto buscado. 

De tal manera que la fórmula financiera a aplicar es la siguiente:

VALCF = LCM [(1+i)n-1]

i (1+i)n

Donde,

VALCF = Valor actual del lucro cesante futuro

LCM= Lucro cesante mensual

i = interés de descuento (6% anual)

n = número de meses a descontar.

Bajo esa noción, los «principios de reparación integral y equidad» que el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 exige tener en cuenta, se vulneran por desfiguración de sus alcances cuando la liquidación del juzgador se aleja de su propósito de «reparación integral», innovando con fórmulas que riñen con «los criterios técnicos actuariales» para racionalizarla y generando detrimento o enriquecimiento de la parte en contravía de su naturaleza indemnizatoria.

3. En ese orden, son de recibo los reparos de la impugnante frente a la indebida interpretación del precepto en cuestión, que se evidenció en la sentencia impugnada cuando a pesar de anunciarse que el cálculo del lucro cesante futuro a favor de Ángela Soto y de su hija era diferente para cada una, aplicó un mismo procedimiento en la estimación y concluyó con una distribución matemática sin fundamento alguno, como a continuación se reproduce:

En lo que corresponde al lucro cesante futuro, el mismo se computa a partir de la fecha de la providencia que lo genera, es decir la presente, hasta el cumplimiento de la expectativa de vida probable del fallecido, donde para el efecto se seguirán los criterios adoptados en las fórmulas aplicadas por la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia y referidas en la presente providencia (...) En todo caso, para calcular la duración del perjuicio se debe atender la esperanza de existencia del perjudicado, reducida aritméticamente a un número entero de meses desde la fecha de la sentencia, previa deducción del valor del interés civil por haberse anticipado ese capital, donde el monto ha sido reducido en un 50% en virtud de lo que hubiera empleado el fallecido en su propia subsistencia, eso sí, precisando que respecto a la menor (...), será hasta que la misma cumpla 25 años de edad . 

Lucro cesante futuro: “VA = LCM x An” Donde:  

“VA = valor actual del lucro cesante futuro”  

“LCM = lucro cesante mensual” 

An = (1 + i) n -1

i (1+i) n 

Siendo:  

“n = Número de meses de incapacidad futura”. Exponencial,  

“i = Tasa de interés de 0.5 mensual (6% anual)” 

$ 801.280,oo X 179,07 = $ 143'485.209,oo 

Al último monto pecuniario le aplicamos una regla de tres simple, en el entendido que a la señora Soto corresponderían 450 meses, mientras que para [su hija] y hasta que cumpla 25 años serían 184 mensualidades, donde totalizados dichos estipendios se engloban para obtener el 100% y así aplicar la anunciada fórmula. 

1. A la señora Soto: 

$ 143'485.209,oo = X = $ 101'842.814,oo 

634 450 

2. Para la niña (...): 

$ 143'485.209,oo = X = $ 41'642,395,00 

634 184 

Las anteriores sumas se concederán a cada una de las demandantes por concepto de lucro cesante, sentido en el cual habrá de modificarse la sentencia. 

4. La impugnante indicó que el equívoco del tribunal al querer reconocer el rubro se materializó cuando omitiendo dividir entre dos el valor actualizado del ingreso mensual base de liquidación a pesar de haber aceptado que la colaboración de Wilson para su esposa e hija era por igual y se requería calcular por separado lo que tocaba a cada una, lo aplicó al lapso mayor de 450 meses incrementando así el total.

Empero, si bien el casacionista afirmó que «el ad quem terminó otorgando una indemnización por lucro cesante futuro mayor a la que correspondía a la demandante Ángela María Soto (cónyuge supérstite), desentendiéndose de las reglas técnicas que rigen la materia», lo cierto es que las consecuencias van más allá y se irradiaron a ambas demandantes, porque habiéndose excluido el 50% del ingreso actualizado a cuenta de gastos personales del fallecido, la cantidad a tomar como base de la liquidación para cada una de ellas no era la mitad del ingreso actualizado sino el 25% del mismo.

Además, el sentenciador equivocadamente sumó los dos períodos a liquidar de 450 y 184 meses de madre e hija respectivamente, que totalizó en 634 meses, para aplicar una regla de tres, cuyo resultado, por obvias razones, no eral el que en realidad correspondía a cada una.

Por lo anterior, se casará la sentencia en lo que refiere a la violación directa de la norma sustancial invocada en el presente cargo, que repercute en el lucro cesante futuro reconocido a las demandantes, sin que con ello se excedan los límites de la competencia por el silencio que guardó la recurrente en relación con la situación de la menor, en atención a que la vulneración trasciende a la tasación integral del daño.

5. Prospera, en consecuencia, la acusación.

SENTENCIA SUSTITUTIVA

1. La casación parcial del fallo en virtud de la prosperidad de los cargos primero, segundo y cuarto en lo que respecta a la liquidación del lucro cesante en favor de las demandantes, exige un pronunciamiento complementario de la Corte en sede de instancia, con la advertencia de que se entienden reproducidos en esta providencia todos los aspectos relacionados con la existencia del daño, la responsabilidad de quien lo ocasionó y la estimación del daño emergente y el daño moral, que quedaron fuera de discusión.

Así mismo, se tienen por superadas las alegaciones de la aseguradora frente a las coberturas de la póliza y el reconocimiento del daño a la vida de relación que se mantienen en firme por el fracaso de los cargos tercero y quinto a octavo de la demanda de casación.

2. En relación con el lucro cesante, que es el objeto de rectificación, debe atenderse que la impugnante no aceptó el valor actualizado del ingreso mensual percibido por Wilson Yamit Osorio Giraldo de manera general, sino únicamente para «los efectos de este cargo» (el cuarto)(36), de ahí que habiéndose formulado otros ataques que repercutían en dicho monto los cuales prosperaron, no puede conservar vigencia la cantidad de $ 801.280 como contribución del fallecido al grupo familiar, luego del descuento del 50% para gastos personales, dado que fue estimado sobre la base de ingresos mensuales de $ 1.200.000 y no del salario mínimo legal.

En ese orden, corresponde a la Sala establecer el ingreso mensual base de la liquidación, para lo cual, tal como se ha señalado en anteriores oportunidades, debe acogerse el salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta sentencia, por cuanto tiene implícita «la pérdida del poder adquisitivo del peso (...), ya que hasta ahora se haría efectiva la indemnización (CSJ SC, 25 Oct. 1994, G.J. t. CCXXXI pág. 870; en el mismo sentido: CSJ SC071-99, 7 Oct. 1999, Rad. 5002; CSJ SC, 6 Ago. 2009, Rad. 1994-01268-01; CSJ SC5885-2016, 6 May. 2016, Rad. 2004-00032-01 y CSJ SC15996-2016, 29 Nov. 2016, Rad. 2005-00488-01).

En ese orden, el ingreso base de la liquidación será la cantidad de $ 737.717, fijado por el Decreto 2209 de 30 de diciembre de 2016 como salario mínimo mensual legal vigente para el año 2017.

De ese monto se deducirá el 50% por concepto de gastos personales del señor Osorio Giraldo, esto es, $ 368.858,5.

Por comprender tanto el sustento de la hija como la colaboración a la cónyuge, el indicado valor se divide entre las dos en partes iguales, para obtener la base del cálculo posterior separado, lo que corresponde a $ 368.858,5/2= $ 184.429,25.

Seguidamente, se discrimina la situación de cada beneficiada en la condena por ese concepto, así:

A favor de Ángela María Soto:

a) Lucro cesante consolidado:

Para liquidar dicho rubro, comprendido entre la fecha del deceso del señor Osorio Giraldo y la de corte de la liquidación que corresponde al último día del mes de julio de la presente anualidad (129 meses), es necesario acudir a la fórmula aplicada recurrentemente por la jurisprudencia de esta Sala (CSJ SC, 7 oct. 1999, Rad. 5002; CSJ SC, 4 sep. 2000, Rad. 5260; CSJ SC, 9 jul. 2010, Rad. 1999-02191-01; CSJ SC, 9 jul. 2012, Rad. 2002-00101-01; CSJ SC15996-2016, 29 nov. 2016, Rad. 2005-00488-01), la cual corresponde a VA= LCM x Sn.

Donde,

VA =Valor actual a la fecha de la liquidación.

LCM = Lucro cesante mensual.

Sn =Valor acumulado de una renta periódica de 1 peso que se paga n veces, a una tasa de interés i por período.

La fórmula para obtener el valor Sn es:

Sn= (1 + i)n – 1

i

Siendo,

i = interés legal (6% anual)

n = número de pagos (número de meses a liquidar entre el deceso y la fecha de corte de la liquidación que es 31 de julio de 2017)

Entonces,

Sn = (1 + 0.005)129-1

0.005

Luego, si VA = LCM x Sn, entonces:

VA= $ 184.429,25 x 180,586

VA= $ 33.305.341

b) Lucro cesante futuro: 

La liquidación de dicho concepto comprende el período transcurrido el día siguiente a la fecha de corte (1º de agosto de 2017) y aquella en que la cónyuge recibiría la contribución económica de su esposo, de ahí que sea necesario «conocer primeramente el período de vida probable del difunto y el de la actora (cónyuge supérstite)» (CSJ SC, 15 Abr. 2009, Rad. 1995-10351-01).

En ese orden, debe atenderse que Wilson Osorio Giraldo nació el 3 de octubre de 1974(37) y su esposa Ángela María Soto el 20 de julio de 1970(38), por lo que a la fecha de la liquidación (31 de julio de 2017), el primero de no haber fallecido tendría 42.75 años y la segunda 47 años. La expectativa de vida del señor Osorio sería de 33.99 años más (equivalente a 408 meses) y la de la señora Soto de 31.89 años (equivalente a 383 meses), de acuerdo con la Resolución 0497 de 20 de mayo de 1997(39), que contiene la tabla de mortalidad de hombres y mujeres expedida por la antes Superintendencia Bancaria, que se encontraba vigente para el momento en que se produjo el deceso del primero, debiéndose tomar el tiempo de supervivencia menor que, en este caso, es el de la cónyuge, por ser ese lapso en el que se habría recibido el aporte económico del fallecido.

La fórmula financiera para tasar la indemnización corresponde a la empleada por esta Sala en casos análogos (CSJ SC, 15 Nov. 2009, Rad. 1995-10351-01; CSJ SC5885-2016, 6 May. 2016, Rad. 2004-00032-01; CSJ SC15996-2016, 29 Nov. 2016, Rad. 2005-00488-01):

(1 + i)n -1

VALCF = LCM _______________

i(1+ i)n

Donde:

VALCF = Valor actual lucro cesante futuro

LCM= Lucro cesante mensual o valor ingreso actualizado correspondiente a la cónyuge ($ 184.429,25)

i = intereses legales del 6% anual (0.005)

n = número de meses restantes para completar el tiempo de expectativa de vida que se toma como referente para tasar la indemnización.

Del desarrollo de la ecuación se obtiene lo siguiente:

(1 + 0.005)383 - 1 

VALCF = $ 184.429,25 x____________________

0.005 (1 + 0.005)383 

VALCF = $ 184.429,25 x 170.39

VALCF =$ 31.424.900

En favor de la menor Osorio Soto,

a) Lucro cesante consolidado:

Dado que se tiene en cuenta la misma fórmula, valores y períodos empleados en la liquidación de ese tipo de daño a favor de la señora Ángela María Soto, se reproduce la tasación:

Si VA = LCM x Sn, entonces:

VA= $ 184.429,25 x 180,586

VA= $ 33.305.341

b) Lucro cesante futuro:

El período de liquidación va desde el desde el 1º de agosto de 2017 y hasta que cumpla 25 años de edad, a la cual se estima que una persona culmina sus estudios y está en capacidad de asumir su propio sostenimiento si no obra prueba que lo desvirtúe (CSJ SC, 18 Oct. 2001, Rad. 4504), por lo que teniendo en cuenta que la menor nació el 25 de octubre de 2004, dicha edad la alcanzará el 25 de octubre de 2029, fecha para la cual desde el 1º de agosto de 2017 faltan 146,8 meses que se aproximan al valor entero 147 meses.

De la aplicación de la fórmula indicada para establecer el VALCF, se obtiene lo siguiente:

(1 + i)n -1

VALCF = LCM _______________

i(1+ i)n

(1 + 0.005)147 - 1 

VALCF = $ 184.429,25 x____________________

0.005 (1 + 0.005) 147 

VALCF = $ 184.429,25 x 103.92

VALCF = $ 11.267.968

3. Para mayor claridad se reproducirán los ordinales segundo y cuarto de la parte definitoria en su integridad con las modificaciones aquí introducidas.

Sin costas en casación por la prosperidad del recurso y no hay lugar a modificar las de segunda instancia, ni las agencias en derecho fijadas por ser razonables.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de tres de julio de dos mil catorce, proferida por la Sala Primera de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el proceso ordinario antes referenciado, y en sede de instancia modifica lo relacionado con las condenas en este sentido:

«SEGUNDO: REFORMAR el numeral CUARTO literal “F” de la parte resolutiva de la sentencia atacada, para en su lugar tener como condena por lucro cesante consolidado en el monto de TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 33.305.341), mientras que el lucro cesante futuro se establece en TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ( $ 31.424.900), ello en favor de la demandante ANGELA MARIA SOTO GALEANO». 

«CUARTO: REFORMAR el numeral QUINTO literal “A” de la parte resolutiva de la sentencia atacada, para en su lugar tener como condena por LUCRO CESANTE CONSOLIDADO en el monto de TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 33.305.341), mientras que el LUCRO CESANTE FUTURO se establece en ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 11.267.968), ello en favor de la menor demandante OSORIO SOTO». 

Lo demás se mantiene incólume.

Sin costas en casación.

En su oportunidad, devuélvase el expediente a la Corporación de origen.

Notifíquese.

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco, con ausencia justificada—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 OSSA, J. Efrén. Teoría general del seguro. El contrato. Bogotá, Temis, 1984, pág. 57.

2 HALPERIN, Isaac. Contrato de seguro. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1966, pág. 42.

3 Justificación publicada en los Anales del Congreso el 9 de octubre de 1990, año XXXIII N° 90, pág. 13.

4 Ponencia publicada en los Anales del Congreso el 31 de octubre de 1990, año XXXIII N° 107, pág. 6.

5 DONATI, Antígono y VOLPE PUTZOLU, Giovanna. Manuale di diritto delle assicurazioni, 8ª ed. Milano: Giuffré, 2006; FARENGA, Luigi. Diritto delle assicurazioni prívate, 2ª ed., Torino: Giappichelli, 2006; POTHIER, R.J. Traité du contrat d’assurance, Paris, 1931, Nº 50; LA TORRE, Antonio. Le assicurazioni, Milano: Giuffré, 2007.

6 BETTI, Emilio, Teoría generale delle obbligazioni, Milano: I Giuffré, 1958, pág. 41 y ss., citado en CSJ SC089-2005, 24 May. 2005, Rad. 7495, reiterada en CSJ SC, 27 Ago. 2008, Rad. 1997-14171-01.

7 DE CUPIS, Adriano. El daño. Teoría general de la responsabilidad civil. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A., 1975, pág. 745.

8 DE CUPIS, Adriano. Op. Cit., pág. 312.

9 Fl. 73, cdno. tribunal.

10 Ibídem.

11 Fl. 98, cdno. Corte.

12 Ibídem.

13 Fl. 74, ib.

14 Parágrafo de la cláusula 2.18 (fl. 72, cdno. 1).

15 Fls. 51 y 52, cdno. 1.

16 Fls. 54 y 55, cdno. 1.

17 Fl. 56, cdno. 1.

18 Fl. 60, cdno. 1.

19 Fl. 86, cdno. 5.

20 Ibidem.

21 Alegatos de segunda instancia de la aseguradora (fls. 18-49, cdno. 5). En los argumentos de la apelante la única alusión de inconformidad frente al «daño en vida de relación» es frente a la cobertura en los folios 34 y 35.

22 Fl. 281, cdno. 1.

23 Fl. 105, cdno. 3.

24 Fl. 108, cdno. 3.

25 Fls. 16 y 17, cdno. 3.

26 Fls. 17 y 18, cdno. 3.

27 Fls. 106 vto. y 107, cdno. 3.

28 Fl. 71, cdno. 1.

29 Fl. 72, cdno. 5.

30 Pág. 3 del cuadernillo incorporado al fl. 8, cdno. 3.

31 Fls. 1 y 2, cdno. 3.

32 Fl. 38, cdno. Corte.

33 Artículo 1º de la Ley 43 de 1990.

34 Fl. 1 vto., cdno. 4.

35 Ibídem.

36 Fl. 75, cdno. Corte.

37 Fl. 2, cdno. 1.

38 Fl. 4, cdno. 1.

39 Fl. 116, cdno. 3.