Sentencia 2012-2018 de junio 12 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

SC2112-2018

Radicación 11001-02-03-000-2012-01450-00

(Aprobado en sesión de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete)

Bogotá, D.C., doce de junio de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: « C. El recurso extraordinario de revisión

Yudy Janeth Mezu Sandoval y Yody Mezu Sandoval, mediante demanda presentada el 4 de julio de 2012, solicitaron la revisión de la sentencia proferida por el Tribunal con sustento en las causales primera y sexta del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil.

En sustento de la inicial, alegaron que la prueba de ADN no fue recaudada legalmente, porque los funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, señores William Parra Meneses, Nora Mildred Lemus López y Manuel Hernando Paredes, para la época de certificación del examen, no tenían contrato con tal entidad, tal como lo acreditan los documentos que aportó, los cuales demuestran la inexistencia de vinculación laboral. Dentro del proceso no allegó dichas probanzas, porque confiaba en la veracidad de los exámenes realizados por la institución, pero a raíz de los escándalos de falsos médicos forenses, se dio a la tarea de investigar el curriculum de los expertos que participaron en la práctica del examen.

Para apoyar la causal relativa a la “colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes” adujo que en el expediente no obra la fecha exacta en que tuvo lugar la exhumación. En el oficio que comunicó la práctica de esa diligencia al párroco de la localidad, el nombre del causante no correspondía al real, yerro que nunca fue corregido, por lo que se incurrió en una “indebida notificación” (fl. 96, c. Corte).

Tampoco existe “auto que contenga fecha, donde se notifique a la madre para hacer comparecer al menor a la práctica de prueba…”, ni constancia de la notificación al indicado presbítero para que acudiera, pues la comunicación librada a ese efecto y que obra en el plenario, además de contener el error indicado, no tiene constancia de recibido por el sacerdote.

El acta de exhumación del cadáver «llegó sin número de diligencia», de modo que no era posible “saber a ciencia cierta si esta prueba pertenecía realmente al causante0 (fl. 97).

El examen de ADN debió realizarse con el grupo familiar del presunto padre, lo que nunca sucedió. Y la demandante los desconocía, lo que evidencia que no tuvo una relación con aquél de la que hubiera nacido el menor Luis Andrés.

En el Formato Único de Solicitud de Prueba de ADN no se incluyeron detalles tales como la fecha del recaudo, la identidad de la persona que la realizaría, el lugar en donde se practicaría, ni la identificación del supuesto padre. No se les notificó a los parientes, y no se indicó como se cumplió la cadena de custodia (fl. 97).

D. El trámite del recurso extraordinario

1. El dieciocho de diciembre de dos mil doce se admitió la demanda, ordenándose su notificación y el traslado de rigor, en auto que se notificó a las recurrentes el trece de enero de dos mil trece por anotación en estado (fls. 128, c. Corte).

2. La parte demandante en el proceso objeto de revisión, así como los herederos indeterminados de Luis Andrés Mezu Mina, fueron emplazados. Posteriormente se les designó curador ad litem, que se notificó en nombre de sus representados los días veinticinco de marzo y nueve de septiembre de dos mil catorce, quien no se opuso al petitum de la demanda ni formuló excepciones (fls. 162, 163, 183 y 184).

3. Abierto a pruebas del proceso, como tales se tuvieron las aportadas y por solicitud de las recurrentes se dispuso oficiar al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (fl. 187).

4. Dentro del traslado a las partes para presentar sus alegatos de conclusión, solo la impugnante hizo uso del mismo para ratificar los argumentos de la demanda y pronunciarse sobre las pruebas obrantes (folio 212 y ss.).

II. Consideraciones

1. A pesar de hallarse vigente desde el 1º de enero de 2016 el Código General del Proceso, este asunto se rige por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y con base en estas será resuelto, dado que el recurso extraordinario fue presentado en vigencia suya.

En ese sentido, el artículo 624 del primer estatuto citado, el cual modificó el precepto 40 de la Ley 153 de 1887 establece que «los recursos interpuestos (...), se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron…”.

2. La revisión ha sido concebida como un medio de impugnación de naturaleza excepcional, extraordinaria y taxativa, de ahí que su procedencia se concreta a los casos en los que la controversia fue dirimida por medios injustos, los cuales constituyen hechos nuevos y distintos a los que debieron ser expuestos y analizados en las instancias.

Se trata de una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias cuya finalidad es hacer prevalecer la justicia, y dispensar protección al derecho de defensa de los intervinientes y a la cosa juzgada material producida por un fallo anterior.

De ahí que en tales eventos —explica Chiovenda— “Nada ofende en sí a la razón, que la ley admita la impugnación de la cosa juzgada; pues la autoridad misma de la cosa juzgada no es absoluta y necesaria, sino que se establece por consideraciones de utilidad y oportunidad; de tal suerte que esas mismas consideraciones pueden a veces aconsejar que sea sacrificada, para evitar la perturbación y el daño mayores que se producirían de conservarse una sentencia intolerablemente injusta”.(1)

En virtud de su carácter limitado, «Los vicios que pueden dar lugar a la anulación de una sentencia a través del recurso de revisión» -ha sostenido la Corte-, deben «manifestarse necesariamente en relación con situaciones o hechos producidos o conocidos con posterioridad al pronunciamiento del fallo que se pretende aniquilar, precisamente porque el desconocimiento de estos hechos por el juez al dirimir el conflicto le impidió dictar una sentencia justa» (CSJ SC, 18 Jul. 1974, G.J. CXLVIII, pág. 180).

De ahí que “los errores de juicio atañederos con la aplicación del derecho sustancial, la interpretación de las normas y la apreciación de los hechos y de las pruebas que le pueden ser imputados al sentenciador…” resultan ajenos a este instrumento (CSJ SC, 22 Sep. 1999, Rad. 7421) y que las partes no puedan utilizar el recurso extraordinario como “una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi” (CSJ SC, 1° Jul. 1988, G.J. T. CXCII, No. 2431, pág. 9; CSJ SC, 29 Nov. 1995, Rad. 5297; CSJ SC, 5 Dic. 2008, Rad. 2005-00008-00; CSJ SC6496, 27 May. 2015, Rad. 2011-01550-00, entre otras).

3. El ordenamiento procesal no autoriza cuestionar la inmutabilidad y cosa juzgada de las sentencias judiciales en cualquier momento, sino que en consonancia con el principio de eventualidad o de preclusión, cuya finalidad es la de evitar controversias interminables y estados de incertidumbre indefinidos que impidan dirimir las controversias de manera definitiva, ha establecido una oportunidad para hacerlo.

El vencimiento de dicho plazo, impide que pueda promoverse la impugnación y se impone el rechazo del libelo, si expirado este, la acción no ha sido propuesta, por así disponerlo el inciso cuarto del artículo 383 del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual “Sin más trámite, la demanda será rechazada cuando no se presente en el término legal”, pues la verificación de tal requisito corresponde realizarla ex officio al juez de la revisión.

La jurisprudencia de esta Sala ha entendido que los términos fijados por el legislador para la presentación tempestiva del recurso extraordinario “son perentorios e improrrogables, y comportan preclusión de la oportunidad para formular esta excepcional impugnación; es decir, sobreviene forzoso el decaimiento de la facultad legal que tiene la parte para incoar la revisión. En otras palabras, se produce la caducidad, cuya existencia debe declarar el juez, aún de oficio, por disposición del artículo 383, numeral 4, del actual Estatuto Procesal Civil” (CSJ SC, 11 jul. 2013, Rad. 2011-01067 y CSJ SC5511, 24 Abr. 2017, Rad. 2013-01143-00; se resalta).

El artículo 381 del Código de Procedimiento Civil señala el tiempo en que la formulación puede considerarse oportuna, es decir, solo de este precepto puede derivarse el acaecimiento de la caducidad de la impugnación extraordinaria.

Aunque el aludido lapso es de dos años, el inicio de su contabilización varía según la causal de revisión invocada.

En este caso, en el que las impugnantes alegaron las causales primera y sexta, por mandato del inciso primero de la precitada disposición, el recurso podía interponerse “dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia”.

3.1. El artículo 331 de la ley procesal aplicable a este asunto establece que “Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva”.

De la inteligencia de la anterior disposición se deduce que la firmeza de una sentencia se puede presentar de varios modos:

i) Cuando la sentencia carece de recursos su ejecutoria se alcanza en el momento mismo de su notificación. “Si la sentencia no está sujeta a impugnaciones es por sí misma firme y produce sin más sus efectos”(2). Es decir que estas decisiones quedan ejecutoriadas por ministerio de la ley o, como refiere la doctrina, son “firmes por su naturaleza”.

De hecho, si la definición del concepto de «ejecutoriedad de la sentencia» expresa que la misma no es susceptible de ataque por medio de ningún recurso ordinario, entonces resulta evidente que la providencia que no está sujeta a impugnaciones queda en firme ipso iure; salvo que se pida oportunamente su aclaración o adición, en cuyo caso se posterga su firmeza hasta la ejecutoria de la providencia que resuelva la respectiva solicitud.

ii) Una situación distinta se presenta cuando la sentencia está sometida a impugnaciones, pues en tal circunstancia se convierte en firme cuando “han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos”.

Sobre lo anterior sostuvo esta Sala que “se infiere cómo los recursos que tienen la virtualidad de prolongar el término de ejecutoria de las providencias judiciales son únicamente los que fueren procedentes, de modo que si, de entrada, o a posteriori, se concluye que no lo eran, la firmeza de dichos pronunciamientos se retrotrae al momento del vencimiento de… su notificación o al del señalado para la interposición de los que fueren procedentes, pues ‘si determinado recurso no era procedente, es de entender que jamás se interpuso’” (CSJ AC, 2 May 2007, Rad. 2007-00025-00).

El término de esa ejecutoria, por regla general, es de tres días que se comienzan a contar desde la fecha en que se surte la notificación. Pero hay casos especiales en los cuales la ejecutoria de la sentencia no se produce pasados los tres días después de la notificación, sino en un término distinto; por ejemplo, cuando la decisión es susceptible del recurso de casación, éste debe ser formulado dentro de los cinco días siguientes al de la notificación, por disposición expresa del artículo 369 del estatuto procesal civil.

3.2. La sentencia contra la que se interpuso el recurso de revisión en este asunto, es la proferida por el Tribunal Superior de Popayán el veinticuatro de junio de dos mil diez, mediante la cual se confirmó el fallo que declaró que el difunto Luis Andrés Mezu Mina era el padre biológico de Luis Andrés Mancilla Caracas, determinación esta susceptible del recurso de casación, por estar enlistada en los casos contemplados en el artículo 366 ejusdem.

Dicho pronunciamiento se notificó a las partes por edicto fijado el treinta de junio siguiente a las 8:00 a.m. y desfijado el siete de julio de dos mil diez a las 5:00 p.m. (fl. 29, c. Tribunal), fecha en la que quedó notificada, según el artículo 323 de la citada codificación adjetiva.

El término de la ejecutoria comenzó a correr desde el día siguiente a aquél en que se surtió la notificación (art.120 ejusdem); por lo que, de acuerdo con lo normado en el precepto 331 en armonía con el 369, las partes contaban con cinco días hábiles siguientes a la notificación para interponer el recurso de casación, los cuales transcurrieron entre el ocho y el catorce de julio, sin que lo formularan. En consecuencia, la sentencia quedó en firme el catorce de julio de dos mil diez, en virtud de lo señalado por las normas recién citadas.

3.3. La parte actora presentó su demanda de revisión el cuatro de julio de dos mil doce, esto es, dentro del término de dos años contemplado en el inciso primero del artículo 381 ejusdem para las causales invocadas.

Ahora bien, además de la presentación de la demanda de revisión dentro del perentorio plazo establecido por el legislador, la caducidad puede sobrevenir como consecuencia de la falta de notificación del auto que admite el libelo dentro del término contemplado en el artículo 90 del estatuto procedimental, pues “el cumplimiento de las precisas cargas” que en la materia exige la indicada norma, “es un requisito de procedibilidad en el campo extraordinario de que se trata” (CSJ SC3318, 18 Mar. 2014, Rad. 2007-01159-00).

Dicho precepto establece que la presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad “siempre que el auto admisorio de aquélla, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación al demandante a tales providencias, por estado o personalmente. Pasado este término, los mencionados efectos sólo se producirán con la notificación al demandado”.

Sobre lo anterior, esta Sala ha sostenido que:

A partir de la reforma del C. de P. Civil realizada por el decreto 2282 de 1989, es indiscutible que en el cómputo de los términos de caducidad de las distintas causales de revisión establecidos en el artículo 381 ibídem debe tenerse en cuenta el artículo 90 del mismo estatuto, ya que no basta la mera presentación oportuna de la demanda sino que es necesario que el respectivo auto admisorio le sea notificado al opositor dentro del plazo fijado por dicho precepto para que pueda predicarse válidamente que no ha tenido operancia, pues en caso de no cumplirse con dicha carga procesal, la introducción del libelo es inane para efectos propios de impedir el decaimiento definitivo del derecho.

“La corporación, en sentencia de revisión 071 de 21 de agosto de 1998, expediente 6253, dijo sobre el particular, aclarando que se alude al texto del artículo 90 del C. de P. Civil, después de la reforma que le hizo el Decreto 2282 de 1989 y antes de la que realizó la Ley 794 de 2003:

Hoy por hoy, pues, la sola presentación de la demanda no es bastante a efectos de interferir el plazo extintivo que entraña la caducidad, porque sólo será así en tanto que la demanda revisoria sea notificada al demandado antes de que fenezcan los 120 días siguientes de la notificación que se le haya hecho al demandante. De no, la obligada consecuencia es que desaparece la eficacia impeditiva que en principio se predica de la mera formulación de la demanda, pues en tal caso hay que entender que el término de caducidad siguió corriendo, y ya el punto de referencia para determinar su consumación será el de la notificación misma del demandado.

Modificación esa que hace al caso, habida cuenta que la revisión es en el fondo un verdadero proceso y, como tal, llama la aplicación de la regla general a que alude la consabida disposición legal. A la verdad, el cuestionamiento que a través de ella se ejerce presenta aristas tan particulares que, sin dejar de ser un modo de impugnar una decisión jurisdiccional - al fin y al cabo es la propia ley la que lo consagra como tal - lo aleja de la reglamentación común y ordinaria que atañe a los recursos en general, y más bien da la idea de estructurarse como un nuevo proceso, autónomo e independiente de aquel que concluyó con la sentencia que precisamente combate, razones que sirvieron de base para que la jurisprudencia denotara que tal concepción rima perfectamente con el ordenamiento jurídico patrio, no sólo por la idea finalística de la revisión, entendida ´como remedio extraordinario para conseguir la anulación de una sentencia ejecutoriada, la que por tanto presupone la total extinción de la acción en que tal providencia se profirió´, sino en cuanto que ´para proveer sobre la pretensión impugnatoria deducida en este recurso extraordinario es menester realizar una serie concatenada de actos, que es lo que caracteriza al proceso (CXLVI, pág. 91)´.

“(…) la demanda de revisión debe presentarse dentro del término de caducidad que consagra el artículo 381 del C. de P. C., pues si de entrada se advierte que la caducidad ya está consumada, el juzgador deberá rechazar in limine la impugnación, según la clara preceptiva del inciso 4º del artículo 383 id.

“Ahora. Presentada oportunamente la demanda, éste acto impedirá que el término extintivo de la caducidad continúe corriendo, si es que el demandante en revisión cumple la carga de notificarla al demandado dentro del término del artículo 90 del mismo Código. Caso contrario, equivale a decir, cuando esta carga es incumplida, pierde la presentación de la demanda aquél efecto inicial, porque la caducidad ya no se detendrá sino cuando efectivamente se notifique al demandado; hipótesis ésta que alude a una consumación de caducidad sobreviniente, la que, por razones obvias, ha de ser analizada y decidida en la sentencia misma con que concluya el trámite de la revisión” (CSJ S-071, 21 Ago. 1998, Rad. 6253; CSJ SC, 20 Sep. 2005, Rad. 7814 y CSJ SC, 24 Oct. 2011, Rad. 2006-01168-00; en el mismo sentido: CSJ SC, 18 Oct. 2006, Rad. 7700; CSJ SC, 26 Jun. 2008, Rad. 2004-01397-00; CSJ CS, 20 May. 2011, Rad. 2005-00289-00 y CSJ SC, 31 Oct. 2012, Rad. 2003-00004-01, entre otras; el énfasis es propio).

3.4. El libelo en el que se pidió la revisión se admitió en auto de 18 de diciembre de 2012, el que fue notificado a las demandantes por anotación en estado de 11 de enero de 2013 (folio 129, cuaderno Corte). Por tal razón, el término de un año del que trata la norma recién citada se cumplió el 11 de enero de 2014.

Sin embargo, el curador ad litem designado para representar a los herederos indeterminados de Luis Andrés Mezu Mina, y a María Bibiana Mancilla Caracas en representación de su hijo Luis Andrés Mancilla Caracas, tan solo se notificó los días 25 de marzo de 2014 (folio 162, cuaderno Corte) y 9 de septiembre siguiente (folio 183, cuaderno Corte), respectivamente.

Es decir, la notificación de la demanda de revisión no se produjo dentro del año establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, por lo que su presentación no tuvo el efecto de impedir la caducidad. Y como quiera que cuando el representante de los citados se notificó ya habían transcurrido —con amplitud— los dos años de que trata el inciso primero del artículo 381 ejúsdem, se concluye que en este caso operó la caducidad que estableció el legislador, razón por la que la misma deberá declararse en la parte resolutiva de esta providencia.

4. En consecuencia, se condenará a las recurrentes al pago de las costas y los perjuicios que hayan causado con su actuación en el presente recurso, incluyendo la suma de $2.000.000 como agencias en derecho a favor de la parte demandante en el proceso materia de la impugnación, y para su pago se hará efectiva la caución prestada.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar la caducidad para proponer las causales invocadas en el recurso extraordinario de revisión formulado por Yudy Janeth Mezu Sandoval y Yody Mezu Sandoval contra la sentencia proferida por la Sala Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior de Popayán el veinticuatro de junio de dos mil diez, en el proceso de filiación promovido por María Bibiana Mancilla en representación de su hijo Andrés Mancilla Caracas contra las recurrentes.

2. Condenar a las impugnantes al pago de las costas y perjuicios causados a la parte citada, y para su pago se hará efectiva la caución prestada. Las costas liquídense por secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $2.000.000.

3. Devolver a la oficina judicial de origen el expediente que contiene el proceso dentro del cual se dictó la sentencia materia de revisión, con excepción del cuaderno de la Corte, agregando copia de la presente providencia. Por secretaría líbrese el correspondiente oficio.

4. Archivar la actuación realizada con ocasión del recurso extraordinario de revisión, una vez cumplidas las órdenes impartidas.Notifíquese y cúmplase».

1 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituciones de derecho procesal civil. T. III, Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1954, p. 434.

2 CHIOVENDA, Giuseppe. Ob. cit., pág. 363.