Sentencia SC21712-2017 de diciembre 18 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Ariel Salazar Ramírez

SC21712-2017

Rad.: 11001-02-03-000-2015-01506-00

(Aprobada en sesión de doce de julio de dos mil diecisiete)

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).

La Corte resuelve el recurso extraordinario de revisión que formularon Antonio María Pabón Polanía y Vindico SAS contra la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el dieciocho de febrero de dos mil quince dentro del proceso de competencia desleal que adelantaron contra Luis Guillermo Soto Gómez, Francisco Darío Salazar Cortés y Constructora Sevillana SAS.

I. ANTECEDENTES

A. La pretensión.

Los impugnantes buscan que se invalide la providencia cuestionada invocando la causal octava del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, por existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y no era susceptible de recurso de casación.

B. Los hechos.

1. Ante la Superintendencia de Industria y Comercio promovieron un trámite abreviado que culminó con sentencia de 22 de julio de 2012, apelada por los demandados.

2. El expediente arribó al tribunal el 1º de agosto de 2012 y el 9 siguiente se admitió la alzada.

3. Mediante auto de 5 de febrero de 2013, el magistrado sustanciador prorrogó el término para decidir la instancia hasta por 6 meses, pero como se cumplió sin éxito debió remitirlo a quien continuaba en orden alfabético, según proveído de 28 de julio de 2014.

4. El nuevo despacho recibió las actuaciones el 15 de agosto de 2014 y avocó conocimiento el 30, pero debió reconformarse la Sala el 15 de octubre de esa misma anualidad porque uno de los integrantes no aprobó el proyecto presentado.

5. Del 9 de octubre de 2014 al 19 de diciembre de 2014 no corrieron términos y se profirió fallo el 18 de febrero de 2015, que quedó ejecutoriado el 3 de marzo, sin que fuera susceptible de casación.

C. Sustento de la causal de revisión.

Se configuró la nulidad por falta de competencia de que trata el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, porque la determinación se tomó transcurridos más de dos meses desde que se recibió el diligenciamiento, excediendo el plazo señalado en el artículo 124 ibídem, adicionado por el artículo 9º de la Ley 1395 de 2010.

D. El trámite del recurso extraordinario.

1. Una vez constituida y calificada la caución para garantizar los perjuicios que se llegaren a ocasionar con el trámite, se solicitó a la delegatura para asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio la remisión de lo actuado bajo el radicado Nº 0949575 (fls. 18 al 30).

2. Admitida la demanda de revisión en auto de 29 de octubre de 2015, se ordenó notificar y correr traslado a los intervinientes en el juicio objeto de impugnación (fl. 35).

3. Los convocados se opusieron a la prosperidad de las peticiones (fls. 92 al 98).

4. Se decretaron las pruebas solicitadas en auto de 25 de enero de 2016 (fls. 100 y 101).

5. Agotada la etapa probatoria se dio traslado a las partes para alegar de conclusión y ambas insistieron en sus planteamientos (fls. 105 al 110).

II. CONSIDERACIONES

1. A pesar de hallarse vigente desde el 1º de enero de 2016 el Código General del Proceso, esta impugnación extraordinaria se rige por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y con base en estas será resuelta, dado que fue presentada en vigencia suya.

En ese sentido, el artículo 624 del primer estatuto citado, el cual modificó el precepto 40 de la Ley 153 de 1887 estatuyó que «los recursos interpuestos (...), se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron...».

2. Es principio del derecho adjetivo que las sentencias ejecutoriadas proferidas en procesos contenciosos hacen tránsito a cosa juzgada, como pregona el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, el inciso final de dicha norma advierte que ese efecto determinante no se opone al recurso extraordinario de revisión, regulado en los artículos 379 y siguientes, que de salir avante le restaría mérito al fallo impugnado en respuesta a la necesidad de hacer prevalecer la justicia ante serias irregularidades que lo convierten en lesivo de derechos protegidos por el ordenamiento jurídico y contrario a las reglas del debido proceso.

Señala la doctrina que en esos eventos «nada ofende en sí a la razón, que la ley admita la impugnación de la cosa juzgada; pues la autoridad misma de la cosa juzgada no es absoluta y necesaria, sino que se establece por consideraciones de utilidad y oportunidad; de tal suerte que esas mismas consideraciones pueden a veces aconsejar que sea sacrificada, para evitar la perturbación y el daño mayores que se producirían de conservarse una sentencia intolerablemente injusta».(1)

3. Tratándose de una excepcional ocasión para examinar un pleito concluido por razones diferentes a la mera inconformidad con su resultado y sin que se habilite por esta vía la posibilidad de que las partes enmienden falencias u omisiones propias, su viabilidad se restringe a los casos indicados en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, buscando la protección de la buena fe (causales primera a sexta); el derecho de defensa (causales séptima y octava) y la preexistencia de una solución definitoria que es oponible a las partes (causal novena).

Como lo recordó la Sala en CSJ SC, 3 Sep. 2013, Rad. 2012-01526-00,

(...) el recurso que se analiza, precisamente por ser excepcional, requiere, al decir de la Corte, “de la colocación de precisos mojones delimitadores de su campo de acción para que esa naturaleza extraordinaria no se desvirtúe, con demérito de la inmutabilidad propia de las sentencias ejecutoriadas (...) Es por ello que la Corte, con especial empeño, ha destacado los aspectos que son vedados al recurso, y así, por ejemplo, ha dicho: “Este medio extraordinario de impugnación no franquea la puerta para tornar el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la vía normal para corregir los yerros jurídicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi (...) Como ya se dijo por la Corte, el recurso de revisión no se instituyó para que los litigantes remedien errores cometidos en el proceso en que se dictó la sentencia que se impugna. El recurso de revisión tiende derechamente a la entronización de la justicia, al derecho de defensa claramente conculcado y al imperio de la cosa juzgada material. (Sent. 16 sep. 1983, jun. 30 de 1988, entre otras)”. (CSJ. Sentencia 24 de nov. 1992).

En tal virtud es carga del recurrente precisar el motivo concreto de inconformidad y demostrar su ocurrencia, sin que el juzgador pueda ocuparse oficiosamente de acreditar los hechos alegados para fundarla, aunque sí es de su resorte verificar que no haya vencido el plazo que conceden las normas adjetivas para el efecto.

4. Señala el inciso primero del artículo 381 id, modificado por el artículo 1º numeral 191 del Decreto 2282 de 1989, que el «recurso podrá interponerse dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia cuando se invoque alguna de las causales consagradas en los numerales 1º, 6º, 8º y 9º», regla aplicable a este caso dado que se aduce un vicio de nulidad originado en el fallo con que finalizó el litigio, motivo de revisión consagrado en el numeral 8º del citado precepto.

En ese orden y a afectos de verificar si la demanda con la que se interpone el recurso extraordinario se presentó dentro de la oportunidad legal, debe atenderse que el libelo se radicó el treinta de junio de dos mil quince, esto es, transcurridos tres meses y veintisiete días desde el tres de marzo de ese mismo año, en que cobró ejecutoria la sentencia recurrida, es decir, dentro del lapso previsto en el artículo 381 para la causal invocada.

5. La octava causal de revisión del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil consiste en «existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso», lo que deja por fuera las deficiencias precedentes que para ese momento estén superadas o los sucesos que por separado enuncia la causal séptima, de indebida representación o falencias en la notificación y el emplazamiento de los participantes.

Adicionalmente, el pronunciamiento cuestionado no puede ser susceptible de apelación o casación, porque de ser impugnable esa es la oportunidad indicada para plantear cualquier irregularidad en la producción del fallo, que se entenderá convalidada en caso de silencio.

En la Sentencia SC7121-2017 se memoró que

[r]especto de ese motivo de revisión, ha reiterado la Corte que «...no se trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en éste el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esta oportunidad, so pena de considerarla saneada; ni tampoco de indebida representación ni falta de notificación o emplazamiento, que constituye causal específica y autónoma de revisión, como lo indica el numeral 7º del texto citado, sino de las irregularidades en que, al tiempo de proferir la sentencia no susceptible del recurso de apelación o casación, pueda incurrir el fallador y que sean capaces de constituir nulidad, como lo sería, por ejemplo, el proferir sentencia en proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacción o perención; o condenar en ella a quien no ha figurado como parte; o cuando dicha providencia se dicta estando suspendido el proceso». (CXLVIII, 1985; en el mismo sentido CSJ SR, 30 sep. 1996, Rad. 5490; CSJ SR, 14 dic. 2010, Rad. 2006-01737-00; CSJ SC4415-16, 13 abr. 2016, Rad. 2012-02126-00).

A lo que se agrega que la nulidad emanada del fallo tiene que ser de naturaleza estrictamente procesal, en tanto la finalidad del recurso de revisión se dirige a «abolir una sentencia cuando en ella misma o con ocasión de su pronunciamiento se ha vulnerado el debido proceso o menoscabado el derecho de defensa» (CSJ SC 22 sep. 1999, Rad. 7421), por lo que debe encajar en acontecimientos de anulación expresamente fijados en la ley adjetiva, pues como se dijo en el precitado pronunciamiento de esta corporación,

(...) ha de tratarse de «una irregularidad que pueda caber en los casos específicamente señalados por el legislador como motivos de anulación, puesto que en el punto rige en el procedimiento civil el principio de taxatividad, como es bien conocido. (SR 078 de 12 de marzo de 1991, sin publicar), lo cual significa que “los motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que —a más de estar expresamente previstos en el Código de Procedimiento Civil— ...se hayan configurado exactamente en la sentencia y no antes» (CSJ SR, 29 oct. 2004, Rad. 03001). 

De ahí que, según se precisó en la providencia SC14427-2016,

[l]a doctrina ha indicado que esta causal de nulidad puede originarse “con la sentencia firmada con menor número de magistrados o adoptada con un número de votos diversos al previsto por la ley, o la pronunciada en proceso legalmente terminado por desistimiento, transacción, perención, o suspendido o interrumpido” (Hernando MORALES MOLINA. Curso de derecho procesal civil. Parte general. 8a ed. Bogotá: ABC, 1983. P. 652). Adicionalmente, esta corporación ha admitido que la irregularidad bajo análisis se presenta también cuando se condena a quien no ha figurado en el proceso como parte, o si al resolver la solicitud de aclaración del fallo se termina modificándolo, y cuando se dicta sentencia “sin haberse abierto el proceso a pruebas o sin que se hayan corrido los traslados para alegar cuando el procedimiento así lo exija” (CSJ SC, 29 Ago. 2008, Rad. 2004-00729). 

Por regla general, la nulidad por falta de competencia no es un vicio que pueda originarse en la sentencia, pues la legítima atribución del poder de decisión para conocer del respectivo litigio se define en el umbral del proceso y no al momento de adoptar la resolución de mérito.

Siendo la competencia la aptitud del funcionario para ejercer la jurisdicción del Estado en un caso concreto de conformidad con las reglas establecidas por el título II del Código de Procedimiento Civil, resulta incontestable que su fijación se da en las primeras etapas del pleito, a saber:

a) En el momento de estudiar la admisibilidad de la demanda, de acuerdo con lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto del artículo 85 ejusdem, al prever que «[e]l juez rechazará de plano la demanda cuando carezca de jurisdicción o de competencia, o exista término de caducidad para instaurarla, si de aquélla o sus anexos aparece que el término está vencido», añadiendo que «[s]i el rechazo se debe a falta de competencia o jurisdicción, el juez la enviará con sus anexos al que considere competente; en los demás casos, al rechazar la demanda se ordenará devolver los anexos, sin necesidad de desglose».

b) Si se plantea la excepción previa de falta de competencia que permite el artículo 97 ejusdem en su numeral 2, para que el juez examine si fue desacertado asumir el conocimiento y, de ser así, lo remita a quien debe adelantar el trámite.

Superadas esas fases, únicamente puede replantearse la competencia si es en el ámbito funcional, por constituir nulidad insaneable al tenor del inciso final del artículo 144 ejusdem, modificado por el Decreto 2282 de 1989 artículo 1º numeral 84, puesto que la omisión de cualquier otro factor que fuera determinante de la misma se entenderá saneada por convalidación de las partes con su silencio y le queda vedado reexaminarla al juzgador, por disposición de los artículos 144 numeral 5º y 148 inciso segundo.

6. La Corte, en la providencia CSJ SC 22 sep. 2000, Rad. 5362, trató el tema de la competencia funcional desde la perspectiva de la doble instancia explicando que

(...) para la distribución de la competencia entre los distintos funcionarios judiciales, deben tenerse en cuenta ciertos criterios que en el derecho procesal se conocen como factores determinantes de competencia, uno de los cuales es el funcional, referido al repartimiento vertical o por grado de la competencia, en consideración a estadios procesales. Sin duda alguna, la noción distintiva entre jueces a-quo y ad quem, nace de la aplicación de este criterio distributivo, porque entre uno de sus roles está, precisamente, el de poner en vigencia el principio constitucional de la doble instancia, según el cual al superior jerárquico funcional le corresponde conocer, entre otros, del recurso de apelación interpuesto contra las providencias dictadas por sus inferiores.  

(...) Por virtud del recurso de apelación el superior estudia “la cuestión decidida en la providencia de primer grado”, con el objeto de revocarla o reformarla, según los fines pragmáticos que al mismo le da el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, ese conocimiento del “superior”, juez de segunda instancia, surge con ocasión de la presencia de las condiciones que el legislador ha establecido para la adquisición de esa competencia (funcional); exigencias que no son otras distintas a las señaladas por los artículos 351 y 352 ibídem, como requisitos para la concesión y admisibilidad del recurso de apelación, a los cuales debe aunarse los generales para todo recurso, siendo en su totalidad los siguientes: a) que la providencia sea apelable; b) que el apelante se encuentre procesalmente legitimado para recurrir; c) que la providencia impugnada cause perjuicio al recurrente, por cuanto le fue total o parcialmente desfavorable, y d) que el recurso se interponga en la oportunidad señalada por la ley, consultando las formas por ella misma establecidas (...) Si los citados requisitos no se cumplen, por referirse ellos a condiciones formales de procedibilidad que tocan con la admisibilidad del recurso y no con su fundabilidad, entonces, el inferior debe negar su concesión, pues de no proceder así el superior debe inadmitirlo, como expresamente lo indica el inciso 3º del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, cuando preceptúa: “Si no se cumplen los requisitos para la concesión del recurso, éste será declarado inadmisible y se devolverá el expediente al inferior...”.  

(...) Si no obstante las previsiones legales, el a quo y el ad quem, separándose de ellas, conceden y admiten un recurso de apelación con olvido de los requisitos vistos, no por ello se puede concluir en el abono o prórroga de la competencia funcional, porque siendo normas de orden público las reguladoras del recurso y por ende del factor funcional que opera, son de imperativo cumplimiento, lo cual a la postre implica que la competencia se adquiere pero bajo la pauta de un principio de reserva y estricta legalidad, que sólo tiene realización en tanto se agoten los requisitos mínimos para la admisibilidad del recurso. Por razones semejantes, la parte in fine del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, consagra como no saneable la nulidad derivada de la falta de competencia funcional, instituyéndola por consecuencia como una de las causas de nulidad que luego se puede aducir como motivo de casación (art. 368, ord. 5º, ibídem), así la parte impugnante en el recurso extraordinario no la haya denunciado en el curso de la segunda instancia. 

Sin embargo, de conformidad con los artículos 25 a 27 del ordenamiento adjetivo, la competencia funcional no se restringe solo a la labor que desempeña un superior al conocer de un recurso vertical, sino que también comprende la asignación de funciones específicas por las condiciones especiales del asunto, como acontece con el impulso de los recursos extraordinarios, el exequátur y los litigios en que estén involucrados agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno.

Así lo expuso esta Sala en la sentencia CSJ SC, 26 jun. 2003, Rad. 7258, en la que sostuvo que en virtud del «factor funcional en estricto sentido, que es el que aquí interesa, el legislador toma en cuenta la diversa índole de las funciones que deben cumplir los jueces que intervienen en las distintas instancias de un mismo proceso (competencia por grados), de modo que habrá jueces de primera y de segunda instancia; pero se sabe además que el Código de Procedimiento Civil colombiano aplica el factor funcional según la clase de función que el juez desempeña en un proceso, distinta del grado, y así por ejemplo tiene la Corte competencia funcional para conocer del recurso de casación o de revisión».

Incluso, en el fallo CSJ SC4415-2016 se retomó el tema para precisar que

Aunque comúnmente se le suele llamar competencia por razón del grado, es más apropiado denominarla por razón de la función, porque la ley la establece atendiendo la labor especial que desempeña el órgano judicial al administrar justicia y no únicamente por las distintas instancias en que el juicio se encuentre. Según Carnelutti, esta competencia se da «por la especial actividad que le está encomendada a un tribunal, lo que da lugar a la conocida división en tribunales de primera, de segunda instancia y de casación» (Eduardo PALLARES. Diccionario de derecho procesal civil, pág. 162) ... Así, aunque la competencia funcional se circunscribe generalmente a la distribución de los procesos entre jueces de primera, de segunda instancia y la Corte de Casación, también obedece a las precisas funciones que se les asignan a los distintos órganos judiciales sin atender al grado, como por ejemplo el exequátur de sentencias y laudos arbitrales proferidos en país extranjero, o los procesos contenciosos en que sea parte un agente diplomático acreditado ante el gobierno de la República, en los casos previstos por el derecho internacional, cuyo conocimiento corresponde a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. 

7. En lo que respecta al supuesto enunciado por los recurrentes como constitutivo de la causal alegada, en ninguna norma adjetiva figura como motivo de anulación el que un funcionario profiera sus determinaciones por fuera de la oportunidad señalada para el efecto.

Si bien en el artículo 124 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 16 de la Ley 794 de 2003, se fijó un marco temporal para proferir las determinaciones dentro de un proceso, su incumplimiento injustificado a lo sumo deriva en causal de mala conducta, sin perjuicio de las implicaciones penales en cada caso, como lo preceptuaba el artículo 4º de la Ley 270 de 1996 y se mantuvo en la reforma del artículo 1º de la Ley 1285 de 2009(2).

A pesar de que el artículo 9º de la Ley 1395 de 2010 adicionó un parágrafo al mencionado artículo 124 del estatuto procesal civil, fijando un margen de permanencia de los litigios en el despacho al que se asignó su solución so pena de la pérdida de competencia, que empezó a regir el 17 de junio de 2011 según las reglas del artículo 200 de la Ley 1450 de 2011, tampoco allí figura que la desatención de las instrucciones impartidas repercutiera en la invalidación de lo actuado, puesto que la añadidura se concretó a que

En todo caso, salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada, ni a seis (6) meses para dictar sentencia en segunda instancia, contados a partir de la recepción del expediente en la secretaría del juzgado o tribunal (...) Vencido el respectivo término sin haberse dictado la sentencia, el funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual, al día siguiente, deberá informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien proferirá la sentencia dentro del término máximo de dos (2) meses. Sin embargo, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá asignar el proceso a otro juez o magistrado si lo considera pertinente. El juez o magistrado que recibe el proceso deberá informar a la misma corporación la recepción del expediente y la emisión de la sentencia (...) Cuando en el lugar no haya otro juez de la misma categoría y especialidad, el proceso pasará a un juez itinerante o al de un municipio o circuito cercano que señale la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (...) Para la observancia de los términos señalados en el presente parágrafo, el juez o magistrado ejercerá los poderes de ordenación e instrucción, disciplinarios y correccionales establecidos en la ley. 

Aunque se estableció una «pérdida automática» de competencia del a quo que desde el momento en que se traba la litis no resolviera dentro del año siguiente la contienda y el superior que desde el arribo del expediente demorara más de 6 meses en desatar la alzada, la norma no consagró lo mismo frente a la autoridad que en reemplazo recibiera el diligenciamiento, a quien solo le fijó un plazo más corto para decidir (2 meses).

De todas maneras, así se concluyera por analogía que para el nuevo juzgador operaba igual consecuencia de «pérdida automática» para definir que tuvo su predecesor, lo cierto es que tampoco se establecieron secuelas desfavorables frente a pronunciamientos de fondo extemporáneos en cualquiera de esos eventos y así se dedujo en la Sentencia CSJ SC16426-2015, donde se propuso como causal de casación la nulidad por falta de competencia con base en los preceptos en mención y se desestimó el cargo porque «ni el artículo 124 del estatuto procesal con la adición introducida por la Ley 1395, ni el artículo 200 de la Ley 1450, contemplan la invalidación de las actuaciones posteriores a la pérdida automática de competencia del juzgador, de modo que si, en este caso, la sentencia fue proferida, como así ocurrió, después del vencimiento del plazo de seis meses previsto legalmente, tal situación no configura la causal de nulidad alegada».

Tal planteamiento fue ratificado en la providencia CSJ SC9706-2016 para insistir en que, además de la falta de especificidad, ese novedoso agregado normativo ni siquiera alcanzó a consolidar una variable de falta de «competencia funcional» porque

El añadido introdujo una nueva forma de asignación de «competencia», diferente de los fueros que contemplaban originalmente las normas adjetivas, ya que no está sujeta a la cuantía, la naturaleza del asunto, el domicilio de las partes, la ubicación de los bienes en discusión, el lugar de ocurrencia de los hechos, el sitio de cumplimiento de obligaciones, ni por factores de conexidad, naturaleza de la función y economía o unicidad procesal (...) Se refiere esta situación particular al traslado de un asunto que está adelantando un juez, en vista de la imposibilidad de cumplir con los plazos para ponerle punto final, a un fallador homólogo (...) No se trata así de la intromisión grosera de una autoridad en un campo de acción que le es ajeno. Por el contrario, se parte del principio que la demora proviene de quien era idóneo para destrabar la disputa y se traslada a uno de idénticas condiciones, surtiéndose un cambio de sede únicamente en caso de que «no haya otro juez de la misma categoría y especialidad». 

8. Para el caso concreto y desde la perspectiva expuesta, la impugnación extraordinaria está destinada al fracaso en vista de que la inconformidad de los recurrentes no constituye una razón expresa y determinada de las que dan lugar a la causal de revisión invocada, que solo es de recibo frente a los protuberantes desaciertos que concuerdan con específicas violaciones de las garantías procesales, pero fracasa ante disparidades intrascendentes con las que se busca entorpecer el resultado obtenido en el juicio.

Aunque los impugnantes buscan encajar la irregularidad en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil que se refiere a la «falta de competencia», la verdad es que se fundamenta en el desconocimiento del artículo 9º de la Ley 1395 de 2010, donde se introdujo en la legislación colombiana la figura de la «pérdida de competencia», que es completamente disímil a la anterior, en vista de que no se trata de una carencia de facultad para definir el debate, sino una consecuencia por la demora en hacerlo, a la cual no se le confirieron efectos de nulidad de lo adelantado por el fallador que continúa a cargo desatendiendo las directrices impartidas en la norma.

Fuera de eso, al referirse a un tema de «competencia» que no encuadra dentro de la esfera «funcional», se trata de un vicio superable en los términos del numeral 5º del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º numeral 84 del Decreto 2282 de 1989. Como con posterioridad al 28 de agosto de 2014, cuando se repartió el asunto a una nueva magistrada sustanciadora para proyectar el fallo de segunda instancia hasta el 18 de febrero de 2015, en que se pronunció el Tribunal e incluso con posterioridad, ningún reparo hicieron las partes por el exceso en los 2 meses de rigor para el efecto, se mostraron conformes, quedando de esa forma saneada tal situación.

La pasividad de los litigantes en el transcurso de la instancia frente al vencimiento de un término de ley y sus implicaciones, pero que ninguna incidencia adversa tuvo en la satisfacción de los fines prácticos del deber de administrar justicia, ya que se produjo una providencia con la que se obviaron los tropiezos propios de una nueva distribución, deslegitima cuestionamientos posteriores que distan de representar un oprobio al debido proceso que se busca proteger por esta vía.

Ya en la citada Sentencia SC16426-2015 se vislumbraron esos efectos sanadores derivados de la quietud de los intervinientes al señalar que

Si en gracia de discusión se considerara que tal circunstancia [en alusión a la pérdida de competencia] puede configurar un motivo de anulación (...) habría que concluir necesariamente que no es de aquellos insubsanables, porque el único vicio relacionado con la falta de competencia del juez que por mandato legal reviste tal carácter es el derivado del factor funcional según lo dispuesto en el inciso final del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, de ahí que la determinada por ese criterio «temporal» en función de los plazos establecidos para resolver las instancias del proceso es susceptible de saneamiento (...) En el sub judice, la supuesta causa de nulidad habría sido convalidada por el recurrente, quien no la alegó en oportunidad, esto es, inmediatamente feneció el término para decidir la segunda instancia, y ni siquiera recurrió el auto de 25 de septiembre de 2012, mediante el cual el tribunal prorrogó, hasta por seis meses más, su competencia para proferir el fallo. 

9. En virtud de lo expuesto, no se configura la nulidad de que trata el numeral 8º de los motivos de revisión indicados en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se declarará infundado el recurso extraordinario.

Consecuentemente, conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, se condenará en costas y perjuicios a los opugnadores, para cuyo pago se hará efectiva la garantía obrante en el expediente.

Las primeras se tasarán por Secretaría, incluyendo como agencias en derecho la suma de $ 3.000.000, y los últimos se liquidarán mediante incidente.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión formulado por Antonio María Pabón Polanía y Vindico S.A.S. contra la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el dieciocho de febrero de dos mil quince en el proceso de competencia desleal que los recurrentes adelantaron contra Luis Guillermo Soto Gómez, Francisco Darío Salazar Cortés y Constructora Sevillana S.A.S.

2. Condenar a los impugnantes al pago de las costas, que serán liquidadas por Secretaría tomando como agencias en derecho la cantidad de $ 3’000.000. Así mismo se reconocen a su favor los perjuicios causados con este trámite, previa liquidación incidental. Para satisfacer ambos conceptos se hará efectiva la póliza constituida.

3. Oportunamente, devuélvase el expediente que contiene el proceso dentro del cual se dictó la sentencia objeto de revisión, salvo el cuaderno de la Corte, agregando copia de la presente providencia.

4. Archivar la actuación, una vez cumplidas las órdenes impartidas.

Notifíquese.

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituciones de derecho procesal civil. Volumen III. Madrid: 1940, pág. 406.

2 El artículo 4º de la Ley 270 de 1996 consagró el principio de celeridad, según el cual «La administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar (...) Lo mismo se aplicará respecto de los titulares de la función disciplinaria».

Por su parte el artículo 1º de la Ley 1285 de 2009 lo modificó en estos términos «La administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento. Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación injustificada constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Lo mismo se aplicará respecto de los titulares de la función disciplinaria (...) Las actuaciones que se realicen en los procesos judiciales deberán ser orales con las excepciones que establezca la ley. Esta adoptará nuevos estatutos procesales con diligencias orales y por audiencias, en procura de la unificación de los procedimientos judiciales, y tendrá en cuenta los nuevos avances tecnológicos.