Sentencia SC21801-2017/2011-00097 de diciembre 15 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

Rad.: 05101 31 03 001 2011 00097 01

(Aprobado en sesión de ocho de febrero dos mil diecisiete)

Bogotá, D.C., quince de diciembre de dos mil diecisiete.

Procede la Corte a resolver el recurso de casación presentado por el señor Santiago Agudelo Solis, demandante, frente a la sentencia que el 29 de abril de 2013, profirió la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro del proceso ordinario de simulación por él promovido en contra de Rosalba de Jesús Sánchez Álvarez, Rovirio Alzate Saldarriaga y Ricardo Puerta Puerta, heredero de Ligia De Jesús Agudelo Sólis.

Antecedentes

1. En la demanda formulada, el actor, narró que el 13 de abril de 1981, las señoras María Rosalba Sánchez de Álvarez y Ligia de Jesús Agudelo Solís, celebraron un contrato de compraventa respecto del predio ‘La Isabel’ o ‘Villa Ligia’, ubicado en el paraje de Carmina del Municipio de Ciudad Bolívar (Antioquia). La primera fungió como vendedora y la segunda como compradora.

2. En la fecha convenida para la suscripción de la Escritura Pública de venta, se dijo, el verdadero adquirente (Santiago Agudelo), se encontraba embriagado razón por la cual su hermana (Ligia de Jesús), a petición suya, se prestó para asumir el rol de contratante y, específicamente, el de compradora. Con respecto a quien asumió el papel de enajenante (María Rosalba), también, por otras circunstancias, reemplazó al verdadero vendedor.

3. En ese orden, aquella actúo en nombre del señor Ramiro de Jesús Álvarez Sánchez y, ésta lo hizo en el de Santiago Agudelo Solís, promotor de esta acción.

4. Para el demandante, tal cual se arguyó, comprar bienes y dejarlos en cabeza de persona distinta, invocando diferentes argumentos, no era una situación nueva; en el pasado varias negociaciones se realizaron bajo esas características.

5. A partir de la narración efectuada, el accionante, pidió que el pacto señalado se declare relativamente simulado por la sustitución ficticia del comprador, pues la persona que aparece en dicho documento fungiendo como adquirente del predio no es quien realmente tiene esa condición. Adicionalmente, solicitó la restitución del fundo y la condena al pago de frutos ‘naturales y civiles’.

6. El libelo fue admitido el 15 de febrero de dos mil doce (2012) —folio 113, cuaderno principal—. Los demandados (Ricardo Puerta y Rovirio Alzáte), al concurrir formalmente al proceso resistieron las pretensiones formuladas; contestaron la demanda y presentaron excepciones tanto de mérito como de previo pronunciamiento. La señora María Rosalba Sánchez guardó silencio.

En resumen, los opositores enfatizaron que el contrato no engendraba una simulación; el texto de la escritura de compraventa es fiel reflejo de la realidad negocial. Teniendo en cuenta tal situación, afirmaron, cuando se dio apertura al proceso de sucesión de la señora Ligia de Jesús Agudelo Solis y, se procedió a incluir en la masa sucesoral el referido predio, dicha determinación estuvo ajustada a derecho, pues ella era su dueña y, luego, al venderse por el adjudicatario del mismo a un tercero, tal procedimiento se cumplió conforme a la normatividad vigente, por tanto, el nuevo adquirente no puede ser considerado de mala fe.

Entre otras excepciones previas aducidas aparece la de prescripción —también se propuso, pero extemporáneamente la de falta de legitimación por activa— y se fundamentó en que, desde el año 1981, data del convenio, a la fecha de presentación de la demanda, transcurrieron más de veinte años lo que indica que la acción personal que surgió en favor del actor, se extinguió.

7. El 26 de julio de (2012, tuvo lugar la audiencia prevista en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, empero al fracasar la conciliación, luego de superadas las etapas que le antecedían, el juzgador abordó el estudio de aquella defensa y acogió los planteamientos de su proponente. Consecuente con esta determinación, dictó sentencia anticipada en la cual se declaró extinto el derecho del demandante, por razón de la prescripción y, a su vez, declaró terminado el proceso.

8. El accionante recurrió en apelación y el Tribunal acusado, en la sentencia de fecha 29 de abril de 2013 —folios 16 a 30, cuaderno 6—, decidió confirmar en su totalidad el proveído de primer grado.

9. En la oportunidad debida, adverso como fue el recurso a sus intereses, el demandante interpuso el extraordinario de casación y luego de ser justipreciado el interés para acceder a ese mecanismo de censura, propósito que se cumplió a través de un experto auxiliar de la justicia el 2 de diciembre de 2013, la Corporación acusada concedió la impugnación formulada.

La Corte, en su momento, admitió la censura y dispuso el trámite previsto en la ley.

La sentencia del tribunal

1. La providencia acusada, en un comienzo, incluyó el análisis de la prescripción, tanto adquisitiva como extintiva y lo hizo bajo el texto de los artículos 2512 y 2536 del Código Civil. Posteriormente, centró su estudio en la simulación y el contrato de mandato. El examen realizado se extendió, inclusive, a establecer las diferencias existentes entre estas últimas instituciones jurídicas, destacando que una y otra responden a tal naturaleza y características que resultan, entre sí, excluyentes.

2. Puso de presente que el tiempo requerido para extinguir el derecho del demandante, objetivamente considerado, venció el 13 de abril de 2001. Lo anterior si se tiene en cuenta que el contrato tildado de simulado, contenido en la Escritura Pública Nº 269, fue celebrado el 13 de abril de 1981, lo que indica que transcurrieron 20 años. En ese orden, la prescripción extintiva sobrevino. No obstante esas apreciaciones, el juzgador abordó el examen de algunas circunstancias de orden ‘subjetivo’, como así las calificó, que incidían en la valoración del tema.

2.1. De un lado, retomó el planteamiento del demandante en el sentido de que el término debía contabilizarse “desde el momento en que el demandante requiere al contratante aparente, en este caso a la señora Ligia de Jesús Agudelo Solís y que dicho instante coincide con aquél en que su derecho fue agredido y requirió mover la jurisdicción para protegerlo”.

2.2. De otro, el juzgador memoró algunos casos en los que, por razones especiales, el término de prescripción no cuenta desde la realización del negocio impugnado. Citó, a título de ejemplo, varios eventos, vr. gr., el cónyuge que impugna los actos celebrados por su consorte, antes de liquidarse la sociedad; el hijo que controvierte las decisiones negociales de su padre, mientras éste todavía está con vida.

A renglón seguido, el fallador expresó:

“(…) una vez analizado el caso sub examine no encuentra la Sala una eventualidad como las atrás reseñada, ni menos una razón legal o lógica en virtud de la cual se puede justificar la inacción del demandante, quien conocía la existencia del acto jurídico que se acusa de ficticio desde el mismo momento en que fue formalizado (tal y como lo confiesa desde la demanda misma) y por descuido, incuria o mera tolerancia no había instaurado las acciones legales correspondientes” (fls., 23 y 24, cdno. del Tribunal).

3. Y, agregó:

“(…) admitir una tesis como la que propone el demandante, según la cual los términos de prescripción extintiva de las acciones deben comenzar a correr desde el momento en que los perjudicados con dicho fenómeno vean agredidos sus derechos implicaría no sólo admitir o añadir una causa legal de interrupción y/o renuncia de la prescripción no consagrada en el ley (sic), sino también permitir que dicho término fuera controlado y manejado a su antojo por el acreedor perjudicado con ella, quien en cualquier caso podría fabricarse o confeccionarse su propia prueba y aducir que hasta la fecha en que presentó la demanda no había visto ‘agredido’ su derecho”.

Más adelante, el Tribunal asentó las siguientes reflexiones:

“(…) ¿cuál era la razón, móvil o motivo que le impedía a (sic) señor Santiago Agudelo Solís demandar la simulación del acto en el que su hermana actuó como interpuesta persona? Y la respuesta es que no se adujo y menos se probó alguna circunstancia que justificara su inacción, pues el adelantamiento de gestiones y acciones equivocadas, como la compra de unos derechos hereditarios y el promover un proceso de pertenencia que fracasó, no pueden tenerse como tal” (La Corte hace notar).

Luego se involucró en el estudio del mandato, comparándolo con la simulación, así:

“(…) si lo que existe en este evento es un contrato de mandato, como lo confiesa la parte actora (fl. 7 de este cuaderno) y no una simulación relativa por interposición ficticia de persona, debe tenerse en cuenta que tales figuras son excluyentes, conforme a lo anteriormente considerado y que esta corporación no puede emitir ningún pronunciamiento sobre la existencia, debida ejecución y/o vigencia de la reclamación judicial en la que se discuta acerca de esa relación contractual, pues ninguna pretensión se elevó en tal sentido” (las líneas no son originales).

En esos términos, finalizó el análisis realizado sobre el que apalancó la confirmación del fallo impugnado.

La demanda de casación

El promotor del recurso extraordinario, en dos cargos, expuso las razones de su inconformidad. El primero lo trazó por la senda indirecta apuntalado en errores de jure y el segundo por la recta. Dado que el último de los embates está llamado a tener éxito, el estudio se limitará a la acusación apuntalada en la violación directa de la ley sustancial formulada.

Cargo segundo

1. En esta censura, su gestor manifestó que el sentenciador, al momento de resolver la segunda instancia, violó de manera directa el artículo 2536 del Código Civil, por aplicación indebida y, de contera, por no hacer actuar, el artículo 1766 de la misma codificación.

2. Argumentó, que aplicó el fenómeno de la prescripción a la simulación cuando dicha institución, dadas las características del pleito, no procedía.

Expuso, adicionalmente, en una postura ambivalente, de un lado, que la sentencia a través de la cual se resuelve una petición de esa naturaleza, es una decisión meramente declarativa; que lo único que comporta es claridad a un tema obscuro, encubierto. En ese orden, la situación objeto del simulacro se prolonga en el tiempo sin que pueda hablarse de su extinción bajo semejante mecanismo.

Por otro, afirmó que la ficción concertada debe mantenerse hasta tanto aparezca una amenaza del derecho de una u otra parte; mientras el mismo no se desconozca no puede contabilizarse el tiempo de prescripción.

2.1. Relacionado con el primer aspecto de su discurso, sostuvo que las acciones simplemente declarativas, en rigor, no involucran disputa de ninguna prerrogativa patrimonial; tampoco incluyen obligación que se esté construyendo o exigiendo, solo se busca definir un estado de cosas. Por esa razón, arguyó, resulta improcedente hablar de prescripción como mecanismo para extinguir obligaciones o adquirir derechos, pues ni unos ni otras se controvierten.

En los siguientes términos delineó su perspectiva:

“Y es claro que en el tipo de acciones mero declarativas, no hay una obligación que se esté cobrando o exigiendo por conducto del proceso jurisdiccional. Es obvio que cuando pido que se declare que Juan es mi padre no exijo el cumplimiento de una obligación, como no lo hago cuando reclamo que se declare que un aparente contrato no existió, o que ha adquirido por prescripción adquisitiva y no me lo reconoce aún el estado en su sistema registral, por lo que aparece confuso mi derecho” (fl. 15 ib).

Más adelante, siguiendo la misma tendencia argumentativa, expuso:

“La equivocación que se advirtió, el yerro en que incurrió el Tribunal al considerar que la acción de simulación prescribía por aplicación de la norma general de prescripción extintiva arraigada en las disposiciones contenidas en los artículos 2535 y 2536 del Código Civil, cuando no es así, error que lo condujo a no aplicar la norma del 1766 que contiene la simulación y que le ordenaba en el caso particular o concreto del litigio que desencadenó el proceso judicial que produjo la sentencia que se ataca en casación, develar el acto real y oculto (en este caso declarar el fracaso de la excepción de prescripción y ordenar que el proceso continuase por los descalabros de la ley 1395…), causaron un daño evidente a mi poderdante, que produjo efectos en la parte resolutiva de la sentencia, puesto que se tradujo en el fracaso de su pretensión de simulación ante la prosperidad de la excepción de mérito de prescripción extintiva, alegada como excepción previa (….)” (fl. 18 ibídem).

2.2. Concerniente con el segundo argumento de su ataque (inicio del tiempo extintivo), el casacionista enfatizó que si el interés de los partícipes de la simulación es mantener ese estado de cosas; oculta la negociación, no puede, por obvias razones, exigirse a uno u otro de quienes concretaron el simulacro que, inmediatamente después a la celebración del negocio fingido, formule la demanda respectiva o que al no hacerlo, el término de prescripción, de todas maneras, se considera liberado. Así lo expresó:

“Pero por dios, si es que mientras entre ellos no haya diferencias o conflictos, no hay interés en develar el negocio real, entonces por qué sancionar al verdadero dueño exigiéndole un comportamiento ilógico, impráctico e irracional como es el de demandar mientras la situación jurídica de simulación u ocultamiento produce los efectos queridos por los que ajustaron el acuerdo simulatorio?” (fl. 16, cuaderno de la Corte).

Ratificando que su propuesta impugnativa implica no solo la reprobación de la aplicación de la prescripción en situaciones como la ventilada, sino que, igualmente, reclama analizar bien el momento desde el cual debe iniciarse el conteo de dicho término prescriptivo por parte del juez de segunda instancia, afirmó lo que sigue:

“Es que repito, precisamente el surgimiento del falso ropaje, de la apariencia falaz y el ocultamiento de la realidad negocial es lo que persiguen los que participan del concierto simulatorio y por ello, es claro que mientras éste exista y no haya otros problemas o dificultades que lo justifique, entonces ninguno de los partícipes de la falacia tiene interés actual en destruirlo” (La Corte hace notar).

En esas precisas palabras culmina la presentación de su inconformidad.

Consideraciones

1. Como se dijo en precedencia, el cargo trazado por la senda recta plantea fundamentalmente dos aspectos; primero, que la acción a través de la cual se resuelve una petición de simulación como la involucrada en los autos, tiene una naturaleza meramente declarativa, “similar a la pretensión de filiación, a la inexistencia del contrato y a la de usucapión, por ejemplo”, las cuales, dice, no pueden prescribir.

Por tanto, asegura, la situación objeto de simulación se prolonga en el tiempo sin que pueda hablarse de su extinción bajo semejante mecanismo.

En segundo lugar, afirmó, que la ficción concertada debe mantenerse hasta tanto aparezca una amenaza del derecho de una u otra parte; puesto que mientras el mismo no se desconozca no puede contabilizarse el tiempo de prescripción.

2. Realizadas las precisiones precedentes se tiene que, el censor se duele de una infracción directa de la ley sustancial luego de que la sentencia combatida aplicara indebidamente el canon 2535 del Código Civil, dado que contó el período de prescripción, desde la fecha en que se realizó el acto ficticio. Agregó que al haber interpretado erróneamente esa disposición de la prescripción liberatoria, se impidió que se aplicara la norma sustancial que debió regir el asunto; esto es la contenida en el artículo 1766 de la misma obra.

Por sabido se tiene, que cuando el embate se traza por la senda recta, la Corte ha dicho que “sin consideración a las pruebas, se deja de aplicar la ley, o se la aplica indebidamente, o se la interpreta de manera equivocada…”. (Cas. Civ. Sentencia de julio 7 de 1964. G.J, t. CVIII, p. 56).

Expuesto de otra manera, la vulneración recta de las normas sustanciales, que como motivo de casación contempla la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, sólo se produce cuando, al margen de toda discusión probatoria, el sentenciador deja de emplear en el caso controvertido, la norma a que debía sujetarse y, consecuencialmente, hace actuar disposiciones materiales extrañas al litigio, o cuando habiendo acertado en la norma rectora del asunto yerra en la interpretación que de ella hace. Igualmente se ha dicho que, cuando la denuncia se orienta por la vía directa, presupone que el censor viene aceptando plenamente las conclusiones fácticas deducidas por el Tribunal.

Alusivo al tema, la Corporación inveteradamente ha sostenido que,

“cuando el ataque en casación se funda en la causal que se comenta, compete al recurrente centrar sus juicios exclusivamente sobre los textos legales que considere inaplicados, indebidamente aplicados o erróneamente interpretados, prescindiendo de cualquier consideración que implique discrepancia con las apreciaciones fácticas del fallador, cuestión esta que sólo puede abordarse por la vía indirecta de la misma causal”. (Subraya fuera de texto). (CSJ SC Feb. 18 de 2004. Radicación n. 7037, reiterado en CS Oct. 3 de 2013, radicación n. 2000-00896).

Dentro del asunto bajo estudio, el Tribunal, como se sabe, en virtud de la apelación que el promotor presentó contra la sentencia anticipada proferida el 26 de julio de 2012, confirmó aquella determinación que declaró probada la excepción de prescripción extintiva propuesta por el codemandado Ricardo Puerta Puerta, disponiéndose terminado el proceso.

Para respaldar esa decisión, señaló que se echaba de menos una razón legal o lógica en virtud de la cual se justificara la inacción del demandante, quien no obstante conocer del acto jurídico acusado de aparente, por descuido o mera tolerancia no inició las acciones legales correspondientes.

Y, agregó, que de aceptar la tesis “según la cual los términos de prescripción extintiva de las acciones deben comenzar a correr desde el momento en que los perjudicados con dicho fenómeno vean agredidos sus derechos, sería tanto como admitir o añadir una causa legal de interrupción y/o renuncia de la prescripción no consagrada en el ley (sic), sino también permitir que dicho término fuera controlado y manejado a su antojo por el acreedor perjudicado”, con el peligro de que los litigantes fabriquen sus propios medios de prueba.

3. Trazados los derroteros generales sobre la providencia cuestionada, junto al análisis efectuado por el ad quem, recuerda la Sala, que el derecho, como instrumento de ordenación social, requiere disciplinar varios de los aspectos más sustanciales de las relaciones humanas, estabilizándolos. Para ello, toda comunidad, en la más amplia de las expresiones posibles, que pretenda organizarse, debe precisar qué sujetos y a través de qué procedimiento producirá las reglas de conducta necesarias para la consecución de sus aspiraciones. Y dentro de esa regulación es menester, que las relaciones jurídicas que rigen en determinada sociedad tengan como denominador común, su vocación eminentemente pro tempore.

3.1. La seguridad jurídica y la necesidad de definición de todas aquellas consecuencias derivadas de los actos jurídicos que conciertan los miembros de un conglomerado, imponen, en línea de principio, la implementación de mecanismos que conduzcan a ese propósito y la prescripción cumple tal cometido; es, por excelencia, el medio idóneo para que aspectos como el transcurso del tiempo, verbigracia, consolide situaciones jurídicas y, a futuro eliminen cualquier discusión sobre las mismas. Dicha figura, es sinónimo de paz, certeza, armonía y bien común; su inexistencia abriría el paso a la indefinición y, con ello, campearía la inestabilidad.

3.2. Por regla general, en función de concretar aquellos objetivos, toda acción es susceptible de extinguirse por el paso del tiempo, salvo los casos específicos que la propia normatividad establece.

En esa línea, las acciones derivadas de una relación convencional cual ocurre en la compraventa, no pueden quedar al margen de herramientas jurídicas como la prescripción; el transcurso del tiempo logra la depuración de cualquier vicio o irregularidad en su estructuración. Así se desprende, por ejemplo, de instituciones como la lesión enorme, cuya autorización para rescindir el contrato respectivo expira en cuatro años (C.C. arts. 1946 y 1954); o la acción redhibitoria, prevista en el artículo 1923 ib., o las acciones relativas al derecho de retracto (art. 1860 ídem); o al pacto comisorio (arts. 1938 y 1939 ejusdem).

A su turno, tiene dicho la Corte sobre el papel de la prescripción liberatoria cuyo propósito es extinguir las acciones y derechos ajenos (C.C. art. 2512), que son dos los elementos que la estructuran: (i) el transcurso del tiempo señalado en la ley; y (ii) la inacción del acreedor.

4. Del inicial punto formulado en el cargo examinado, expone el recurrente que en “las acciones merodeclarativas (sic)”, como la que aquí se discute, no puede alegarse la prescripción, por cuanto “no hay una obligación que se esté cobrando o exigiendo por conducto del proceso jurisdiccional”.

4.1. Debe expresarse, que la acción de simulación deprecada es de carácter declarativo de condena y no declarativa pura; ella persigue, además de un reconocimiento de un hecho jurídico, como la ineficacia del acto ficto, “condenaciones y accesorios”(1) dice Roberto Brebbia, alusivo a la legislación civil de Argentina.

En las primeras, por sabido se tiene, la pretensión busca disponer sobre las prestaciones exigidas; en las segundas, la reclamación solo versa sobre la existencia de derechos u obligaciones, pero sin pronunciamiento condenatorio alguno.

Al respecto, doctrina autorizada ha referido:

“Acción declarativa pura

Caracteriza esta acción —tomada del grupo general de las declarativas—, el hecho de que con ellas se persigue iniciar un proceso simplemente declarativo.

En este proceso se busca, en consecuencia, la declaración o comprobación de la existencia o inexistencia de una relación jurídica o de un derecho, exclusivamente, siendo en el primer caso positiva, y en el otro, negativa.

Acción de condena

En acción de condena, la que persigue iniciar un proceso en el cual se resuelve acerca de si se impone o no al demandado, por la sentencia, el cumplimiento de una prestación u obligación, y al imputado, la declaración de su responsabilidad. (…)”(2).

En los eventos donde se esté reclamando la simulación, por razón de la celebración del acto aparente, deviene indiscutible que el vendedor, o en su caso el comprador, siempre tengan la expectativa de que su derecho retorne a su patrimonio y, por lo mismo, el tercero que se prestó a la trama, se deshaga de esa condición, pues, como de antiguo lo ha destacado la corporación, “mientras alguien tenga interés en obtener una declaración judicial de este estado de derecho, la acción no puede extinguirse”.

Resulta útil precisar, contrario al planteamiento expresado por el recurrente, que la pretensión de simulación tiene naturaleza declarativa de condena, pues por medio de ella se intenta no solo descubrir el verdadero pacto, oculto o secreto, para hacerlo prevalecer sobre el aparente u ostensible, sino también lograr la recuperación del bien y el pago de las restituciones correspondientes.

Baste ver, por ejemplo, que en la cuarta pretensión del libelo genitor (fl. 7), se solicitó “condenar a los demandados al pago de los frutos naturales y civiles, en cuya determinación se deberá considerar la mala fe”.

Por consiguiente, en dirección diversa a la argumentación del censor, la acción simulatoria o de prevalencia nacida del acuerdo secreto, como fue formulada en el sub lite es declarativa de condena, amén que, lejos de no prescribir, conforme a la jurisprudencia de la Sala, sí “está sometida a la llamada prescripción extintiva, consagrada en el artículo 2535 del Código Civil que, para su cumplimiento, exige el transcurso de cierto tiempo y la inacción del acreedor, o el no haberla ejercitado. (CSJ SC, Sent. oct. 20/59).

5. El otro punto de ataque frente a la sentencia, lo plantea el casacionista respecto al momento que tomó el ad quem como inicio para contar la prescripción. (fls. 6 a 11, cuaderno del Tribunal). El impugnante se duele, del inicio de la contabilización del término extintivo, manifestando que el referente temporal fijado, como fue la fecha en que se celebró el contrato ficticio, no resultó acertado, dado que el plazo debía empezar al momento en que resultara amenazado el derecho del acreedor, por así ordenarlo la norma que en su criterio fue mal interpretada.

Concluyó así su embate: “la equivocación que se advirtió, el yerro en que incurrió el Tribunal al considerar que la acción de simulación prescribía por aplicación de la norma general de prescripción extintiva arraigada en las disposiciones contenidas en los artículos 2535 y 2536 del Código Civil, cuando no es así, error que lo condujo a no aplicar la norma del 1766 que contiene la simulación y que le ordenaba en el caso particular o concreto del litigio que desencadenó el proceso judicial que produjo la sentencia que se ataca en casación, develar el acto real y oculto (en este caso declarar el fracaso de la excepción de prescripción y ordenar que el proceso continuase por los descalabros de la Ley 1395 (…), causaron un daño evidente a mi poderdante, que produjo efectos en la parte resolutiva de la sentencia, puesto que se tradujo en el fracaso de su pretensión de simulación ante la prosperidad de la excepción de mérito de prescripción extintiva, alegada como excepción previa. De ahí su interés en recurrir, de ahí el daño que le causó la sentencia al ser violatoria de las normas sustanciales tal como se ha indicado y, por ello, la súplica de que se quiebre la sentencia de segundo grado. (...)”.

5.1. Se está en presencia entonces de una pretensión de simulación relativa que se reclama por una de las partes que participó en el negocio atacado como aparente, en donde ciertamente, como lo vindica el censor, lo primero por establecer para contabilizar el referido lapso de tiempo, no debe ser, necesaria y fatalmente, la fecha del contrato. Es una postura que podría ser válida, pero siempre teniendo como referente el momento en que surge el interés para demandar por parte del afectado.

5.2. El punto de partida sería determinar: ¿cuándo comienza a contarse el término de prescripción, en tratándose de un negocio cuestionado como relativamente simulado?

Para la Corte, dicho plazo letal no puede contarse desde la fecha de celebración del negocio, sino a partir de un hecho que implique un desconocimiento del derecho o relación jurídica acordada entre las partes del convenio, como lo ha dicho desde 1955 y lo reiteró en sentencia de fecha 20 de octubre de 1959(3):

“Si la cuestión es controvertible del punto de vista doctrinario, en derecho colombiano es indudable que la acción de simulación absoluta o relativa puede extinguirse por el transcurso del tiempo. Salvo los casos expresamente señalados en la ley, como respecto de ciertas acciones de estado civil (C.C., art. 406), todas las- acciones son susceptibles de prescripción extintiva. Efectivamente, la norma legal es de carácter general y no admite otras excepciones que las expresamente consagradas en la ley. “La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos —dice, el artículo 2535 del C.C.— exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones”. “Toda acción por la cual se reclama un derecho -estatuye el artículo 2538 del C.C. —se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho”. El término dentro del cual se consuma la prescripción extintiva de simulación es el ordinario de veinte años, establecido en el inciso 29 del artículo 2536 del mismo código.

Pero ¿desde cuándo comienza a contarse el término de la prescripción extintiva? No puede aceptarse que debe comenzar a contarse desde la fecha en que se celebró el 'acto o contrato aparente. En este caso, no es aplicable la norma legal respecto de la acción pauliana, cuya prescripción de un año se cuenta desde la fecha del acto o contrato (C.C., art. 2491, ord. 3º). La acción pauliana aunque guarda afinidades con la acción de simulación tiene fundamentales diferencias.

La acción de simulación, cierto es, tiene naturaleza declarativa. Por medio de ella se pretende descubrir el verdadero pacto, oculto o secreto, para hacerlo prevalecer sobre el aparente u ostensible. Pero para el ejercicio de la acción de simulación es requisito indispensable la existencia de un interés jurídico en el actor. Es la aparición de tal interés lo que determina la acción de prevalencia. Mientras él no exista, la acción no es viable. De consiguiente, el término de la prescripción extintiva debe comenzar a contarse desde el momento en que aparece el interés jurídico del actor. Sólo entonces se hacen exigibles las obligaciones nacidas del acto o contrato oculto, de acuerdo con el inciso 2º del artículo 2535 del C.C.

Así tratándose de una compraventa simulada, el interés del vendedor aparente, para destruir los efectos del contrato ostensible cuando el comprador aparente pretende que tal contrato es real y no fingido, desconociendo la eficacia de la contraestipulación, nace sólo a partir de este agravio a su derecho, necesitado de tutela jurídica.

La doctrina así expuesta deja sin consistencia la acusación del recurrente. Porque en el juicio consta que en vida del aparente vendedor Crispiniano Saldarriaga, el aparente comprador Antonio Saldarriaga no pretendió producir eficacia a la compraventa ficticia. Sólo después de la muerte de aquél, acudió a las autoridades en demanda de la entrega del inmueble por medio de un juicio de lanzamiento por ocupación de hecho que hubo de fracasar. Contra los causahabientes del aparente, vendedor sí ha pretendido desconocer la eficacia del acto o contrato oculto. En estas condiciones, el término para la extinción de la acción de simulación no puede contarse a partir de la fecha de la compraventa ficticia, sino desde que surgió para los sucesores el interés jurídico que legitima su titularidad. (G.J., Nº 2150, págs. 525 y ss.). (Negrilla fuera de texto).

Síguese, en concordancia con los precedentes de esta Corporación, que es más acorde con la justicia considerar, que mientras esté vigente el pacto simulatorio entre las partes, no puede empezar a correr la prescripción y, por consiguiente, la exigibilidad que demarca el hito para ese efecto, conforme al artículo 2535 del Código Civil, solo puede surgir desde el momento en que una de las partes, o sus herederos, desconoce el pacto.

En otros términos, mientras el “deudor” en la simulación, esto es, quien tiene el derecho objeto del negocio oculto, no desconozca los atributos del otro contratante, este no estaría compelido a “obrar” con el inicio de la acción simulatoria, y por eso mismo, en el entretanto no podría contarse el término de la prescripción extintiva. Solo desde el alzamiento en rebeldía del deudor, podría iniciarse el fatal plazo prescriptivo.

Con esa posición, puede concluirse, que el plazo de prescripción no corre obligatoriamente como lo dijo el Tribunal, desde el negocio simulado, porque se ratifica que el acto en ese sentido tiene validez entre las partes, y si es así, mientras se mantenga ese estado de cosas, de reconocimiento entre ellas del acuerdo simulado, no podría considerarse que hay un riesgo para quien puede ver afectado su derecho por conducta de la parte contraria.

Si bien los extremos de la relación negocial pueden tener interés en cualquier momento para ejercer la acción de simulación, la concreción de un posible perjuicio y, consecuentemente, el interés para ese ejercicio, acontece cuando una de ellas (o sus causahabientes) pone en riesgo el derecho que subyace en el pacto oculto.

5.3. La correcta aplicación del mandato legal exigía, pues, que era desde cuando surgiera el interés que se iniciaría la contabilización del término, derivando la exposición de la sentencia combatida en un equivocado concepto del contenido de los textos que se hicieron actuar, particularmente en lo atinente a la exigibilidad referida en el canon 2535 del Código Civil, dado que para el éxito de la acción de simulación impetrada por el actor, era menester destacar con claridad, el instante a partir del cual le nacía y “asistía” el interés serio, legítimo y actual para promover la demanda.

Al respecto, bueno es advertir que la razón de ser de la simulación es amparar un derecho en peligro que puede ser desconocido, de tal suerte que la exigibilidad nace “sólo a partir del agravio al derecho, necesitado de tutela jurídica”(4); en ese sentido, es evidente que se aplicó incorrectamente el canon 2535.

Para el Tribunal, como se recordará, no hubo explicación de la existencia de razón o motivo alguno que le impidiera a Santiago Agudelo demandar la simulación del acto en el que su hermana fallecida actuó como interpuesta persona, desde la fecha de celebración del contrato, destacando que se echaba de menos una razón legal o lógica en virtud de la cual se justificara la inacción del demandante, quien no obstante conocer del acto jurídico acusado de aparente, por descuido o mera tolerancia no inició las acciones legales correspondientes.

Igualmente argumentó, que de aceptar que los términos de prescripción extintiva de las acciones deben comenzar a correr desde el momento en que los perjudicados con dicho fenómeno vean agredidos sus derechos, sería tanto como admitir o añadir una causa legal de interrupción y/o renuncia de la prescripción no consagrada en el ley, además de habilitar a que el término sea controlado antojadizamente por el acreedor afectado.

Dicho lo anterior, se itera, el juzgador erró al interpretar las normas denunciadas como violadas, bajo el criterio de que el conteo del término se hacía desde el momento de la celebración del contrato salvo las contadas excepciones que manifestó, establece la ley.

Olvidó el juez plural, que el tiempo necesario para configurar la prescripción sólo transcurre a partir del instante en que se esté en posibilidad de ejercer la respectiva acción, conforme al principio según el cual aquella no comienza contra quien no puede valerse para actuar (contra nom valentem agere prescriptio non currit); puesto que, en últimas, mal se haría en condenarse a sufrir la extinción de sus garantías, si no cuenta con la opción de ejercerlas(5).

5.4. De la manifiesta equivocación en que incurrió el ad quem, que se extiende a todos los puntales de la sentencia, quedando sin soporte alguno, deviene inminente la prosperidad del cargo.

6. Adicionalmente, como para el fallador de segundo grado no existió móvil que justificara la inacción del actor para presentar la demanda de simulación, pues aquél “no se probó”, inadvirtió que la resolución se dictó dentro del marco de una sentencia anticipada, facultad reconocida en la reforma que introdujo la Ley 1395 de 2010 al inciso final del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, pero que en todo caso, impedía una discusión probatoria plena como la habida dentro de un juicio en el que se recorre una a una la totalidad de sus fases procesales.

7. Por todas las razones expuestas se casará la sentencia anticipada dictada en segunda instancia, mediante la cual se confirmó el proveído del a quo que declaró probada la excepción de prescripción liberatoria propuesta como previa.

Providencia sustitutiva

1. Colocada la Corte en sede de instancia, observa que se encuentran reunidos los presupuestos procesales, y no existe vicio alguno en la tramitación que invalide lo actuado, tampoco aparece reproche en cuanto a la legitimación en la causa tanto por activa como por pasiva.

2. La sentencia anticipada dictada por el a quo halló probada la excepción previa de prescripción propuesta por el codemandado Ricardo Puerta Puerta, y consecuencialmente declaró terminado el proceso, ordenando el archivo del expediente.

Así lo dejó expuesto el juzgador:

“Cree este funcionario judicial, que el principal objetivo de la prescripción extintiva, se dirige a la estabilización de las relaciones jurídicas entre los particulares, para evitar que existan actos o fenómenos con efectos que permanezcan en indeterminados en el tiempo. Y que una característica especial de la prescripción extintiva, es que se trata de un fenómeno jurídico de orden público, que los particulares no pueden cambiar de manera unilateral o mediante algún tipo de convenio.

(…)

Considera esta agencia judicial que si el demandante afirma en la demanda haber tenido conocimiento de la existencia del negocio cuya declaratoria de simulación ahora reclama., al haber intervenido como contratante oculto, por valerse de una tercera persona para que apareciera a su nombre como compradora del predio, y él permanecer en el anonimato en la actuación contractual aparente y frente a terceros, entonces NO podía válidamente expresar el actor, que su interés en la declaratoria de la simulación negocial por él solicitada, a penas le viene a surgir en el momento de instaurar la acción, o a partir del momento en que le afecta el vicio contractual (sicl”.

3. El demandante apeló, argumentando que el funcionario, “yerra al sostener que la obligación (que prescribe) se hizo exigible al momento de ajustar el contrato”, agregando que el deber de regresar el bien no se hace exigible con el negocio.

Resulta obvio pensar, dijo, que la carga de devolver el predio nace con el acto de mandato y su ejecución, pero su exigibilidad ocurre solamente después, “cuando quien pide permanecer oculto, le reclama al mandatario la devolución de los efectos del acto o negocio jurídico para que se radiquen en su propia cabeza”.

En la misma senda anotó, que la prescripción solo puede contarse a partir del momento en que el derecho del convocante fue agredido, cuando él enfrentó algún peligro y para ello requiere una defensa efectiva ante el aparato jurisdiccional.

Finalmente manifestó, que remite a la exposición realizada en el memorial de 16 de marzo de 2011, donde descorrió extemporáneamente el traslado de las excepciones previas.

4. El Tribunal, como ya se expresó en su momento, confirmó la sentencia dictada en primera instancia. En relación con la institución de la simulación —a la que en este caso se le excepcionó en forma previa la prescripción extintiva, encontrándose fundada mediante la sentencia anticipada que hoy se estudia— lo que se examina es, en definitiva, una alteración de la realidad por fingirse lo que no es, luego de transmitirse una idea diferente a la concebida o ejecutada.

Y, cuando lo que se disimula refiere a un negocio jurídico, dos eventos pueden dar lugar a su formación: el primero, concierne con la forma plena o total del supuesto acto (absoluta); en una segunda hipótesis, la figura proyectada ya no alude a la existencia misma del vínculo sino a su naturaleza jurídica o características e incluso a los sujetos que intervienen, es decir, hay una distorsión relativa. De todos modos, imperioso es admitir que ese comportamiento aparente tiene un propósito bien definido: traslucir una negociación diversa a la que realmente tuvo lugar(6).

Alrededor del tema la Corte se ha pronunciado en los siguientes términos:

“De antaño la Corte, dentro de una construcción doctrinaria más acorde con la realidad y el verdadero alcance de la figura en cuestión, con acierto precisó el entendimiento prístino de la estructura negocial simulatoria, en perspectiva exacta que hoy se reitera, indicando que en ‘la simulación, las partes contratantes, o quien emite una declaración y aquél que la recibe, imbuidas en un mismo propósito, acuden a un procedimiento, anómalo pero tolerado por el derecho, mediante el cual su dicho público se enerva con su dicho privado, creándose así un contraste evidente, no entre dos negocios diversos, pero conexos, sino entre dos aspectos de una misma conducta, constitutivos de un solo compuesto negocial, pasos integrantes necesarios de un iter dispositivo único aunque complejo.

Esto es que las partes desean crear una situación exterior, que solamente se explica en razón de otra oculta, única valedera para entre ellas; fases que no pueden ser entendidas sino en su interrelación, funcionalmente como hitos de un mismo designio. En fin, lejos de haber una dualidad contractual, lo cierto es que se trata de una entidad negocial única, de doble manifestación: la pública y la reservada, igualmente queridas y ciertas, cuyas consecuencias discrepan,’ (cas. mayo 16/1968, acta 17, mayo 14/1968). (…).

Por consiguiente, la simulación constituye un negocio jurídico, cuya estructura genética se conforma por un designio común, convergente y unitario proyectado en dos aspectos de una misma conducta compleja e integrada por la realidad y la apariencia de realidad, esto es, la creación de una situación exterior aparente explicada por la realidad reservada, única prevalente y cierta para las partes. (…)”. (CSJ SC 30 de julio de 2008, rad. 1998-00363-01). Pronunciamiento reiterado por la Corporación en decisiones de 30 de agosto de 2010, rad. 2004-00148-01; 16 de diciembre de 2010, rad. 2005-00181-01; y, 13 de octubre de 2011, rad. 200200083-01).

Cuando la simulación es relativa por razón de los sujetos intervinientes, como se alegó en el sub júdice, el acto, por sabido se tiene, se celebra por interposición ficticia de persona para figurar como contratante de un negocio en el que ciertamente no lo es, dando la apariencia de ser la titular del interés a efectos de “ocultar la genuina identidad de los titulares de la relación creada”(7).

Las reseñas trasuntadas recogen el parecer de la Corporación sobre la institución estudiada, su naturaleza, clasificación y particularidades; su razón de ser únicamente, en consecuencia, es privar de eficacia el acto encubierto, sacar a relucir el real y cuando es ejercida la acción por un tercero con interés, evitar que la apariencia cause daño.

5. Útil es recordar las siguientes cuestiones fácticas con relevancia dentro del asunto, que aparecen hasta la etapa procesal en que se encuentra este trámite:

a) Mediante Escritura Pública 269 de 13 de abril de 1981 de la Notaría Única de Ciudad Bolívar, Antioquia, la señora Ligia Agudelo Solís —hermana del accionante— compró la finca denominada “La Isabela o Villa Ligia” a María Rosalba Sánchez De Álvarez (fls. 15-16) del cdno. 1.

b) Desde el momento en que aquella operación contractual se hizo, el actor entró en posesión de la señalada heredad, misma que se identifica con matricula inmobiliaria 005-0000402.

c) Fallecida la compradora Ligia Agudelo Solis según lo registra el certificado de defunción (fl. 17), el predio materia de debate, fue adjudicado en el proceso de sucesión que se abrió, a su cónyuge supérstite Ricardo Puerta Puerta, por ser heredero testamentario de aquella.

d) La sentencia que aprobó el trabajo de partición, se registró el día 29 de enero de 2010 en el certificado de libertad visible en el folio 19 vuelta.

e) El adjudicatario, demandado en este trámite, transfirió el derecho de dominio del inmueble conocido como Finca “La Isabela o Villa Ligia” al también convocado Rovirio Alzáte Saldarriaga, el día 19 de febrero de 2010, según se inscribió en el mismo folio de matrícula inmobiliaria obrante en la página 19 vuelta.

6. La acción simulatoria, como las demás, por ejemplo la de nulidad, nulidad absoluta y/o relativa, según las voces de los artículos 1742 y 1743 del código señalado, son susceptibles de sanearse a través de la prescripción. Aquella, síguese, no está exenta de extinguirse por el transcurso del tiempo. Diferente es, determinar, siguiendo para ello la norma correspondiente, a partir de qué momento se cuenta el término extintivo.

Como se dijo al casar la sentencia, la Sala advierte nuevamente que la prescripción que extingue las acciones y derechos de otros exige que el lapso transcurrido principia desde que la obligación se hizo exigible, es decir, que aun en el caso de que aquella haya nacido a la vida jurídica, “mientras no sea exigible, mientras no se pueda demandar su cumplimiento, no empieza a correr el término prescriptivo”. (Set. nov. 7/77, reiterada entre otras, en Sent. Mayo 23 de 2006, Rad. 1998 03798 01).

Sobre el punto ha anotado lo siguiente:

“El lapso de tiempo señalado por el artículo 2536 del Código Civil a las acciones personales ordinarias, que son todas aquellas que no tienen señalado un plazo corto, es de veinte años, que se cuenta desde que la obligación se haya hecho exigible.

Este plazo, no puede contarse desde la fecha del contrato, porque la ley no lo ha expresado así, como si lo dice respecto de la acción nacida del pacto comisorio (artículo 1938) y de la acción pauliana (art. 2491 3ª).

Sobre la exigibilidad dice la Corte: “Pero desde cuando comienza a contarse el término de la prescripción extintiva? No puede aceptarse que debe comenzar a contarse desde la fecha en que se celebró el acto o contrato aparente. En este caso, no es aplicable la norma legal respecto de la acción pauliana, cuya prescripción de un año se cuenta desde la fecha del acto o contrato.

La acción de simulación cierto es, tiene naturaleza declarativa. Por medio de ella se pretende descubrir el verdadero pacto, oculto o secreto, para hacerlo prevalecer sobre el aparente u ostensible. Pero para el ejercicio de la acción de simulación es requisito indispensable la existencia de un interés jurídico en el actor. Es la aparición de tal interés lo que determina la acción de prevalencia. Mientras él no exista la acción no es viable. De consiguiente, el término de la prescripción extintiva debe comenzar a contarse desde el momento en que aparece el interés jurídico del actor. Sólo entonces se hacen exigibles las obligaciones nacidas del acto o negocio oculto, de acuerdo con el inciso 2º del artículo 2535 del C.C.”.(resaltado fuera de texto). (CSJ SC 14 de abril de 1959, G.J No 2210 Pags. 318, 319. Reiterado en Sent. Mar. 6 de 1961, G.J. No 2238 Pag. 58).

7. Cual se manifestó al quebrar el fallo, las consideraciones expuestas validan la exposición del apelante, teniendo en cuenta que el juzgador de primer grado entendió, que el momento para iniciar el conteo de la prescripción era desde la fecha en que se suscribió el negocio ficticio, que lo fue el 13 de abril de 1981; ignorando que en puridad, no era desde ese instante que podía hablarse de surgimiento del interés, teniendo en cuenta, que el mismo nace a partir del momento en que se le desconoció al promotor la existencia del pacto simulatorio.

Para cuando se suscribió el negocio, contrario al entendimiento de la agencia de primera instancia, el señor Agudelo Solis, no tenía interés para promover acción judicial alguna; este afloró cuando se puso en riesgo su derecho, momento que no podría ser otro distinto a aquél en que se produjo el fallecimiento de su hermana, la señora Ligia Agudelo Solís; así lo dejó entrever desde el mismo instante de la presentación de la demanda (fl. 4 y 5 del cdno. 1):

“Doña Ligia fue secuestrada y nunca apareció. Se adelantaron procesos que condujeron a la declaración de su muerte por desaparecimiento y luego a la sucesión de la misma.

Tan solo cuando Ricardo Puerta Puerta cónyuge supérstite de la desaparecida, se volvió ambicioso en el proceso de sucesión, y aprovechándose de la simulación que aquí se ataca, decidió tratar de hacer prevalecer el acto simulado y, fue así como se apropió por medio de la posesión para la masa sucesoral, despojando a Don Santiago Agudelo de ella, en atención a su débil defensa en aquél, perdió Don Santiago la posesión material, por razón del proceso sucesorio, pues sufrió la medida del secuestro del inmueble (sic).

Hasta ese momento y desde que compró el bien, Don Santiago poseyó tranquilamente, es decir que el acto simulado cumplió su finalidad, el bien aparecía de forma ficticia a nombre de una hermana de Don Santiago y éste era en realidad el dueño. No había hasta ese momento necesidad ni interés en hacerlo desaparecer”. (resaltado fuera de texto).

Entonces, antes el deceso de la hermana del accionante y compradora ficticia Ligia Agudelo Solis ocurrido el 14 de enero de 1995, según lo registra el certificado de defunción visto en el folio 17 (instante en que mana el peligro), el promotor ve nacer su interés jurídico en impugnar el acto celebrado.

Al efecto, tan cierto e inminente era ese riesgo que, de acuerdo con lo que en esta etapa inicial del proceso se observa, en el trámite de la sucesión, en virtud del secuestro del inmueble es despojado de la tenencia material con ánimo de señorío; y su cuñado, el aquí demandado Ricardo Puerta, resultó adjudicatario en ese mismo juicio como heredero testamentario de su cónyuge Ligia Agudelo.

De donde, por cuanto el momento en que germina para el actor el interés jurídico de atacar el acto simulado comenzó cuando fallece su hermana, la compradora aparente, el 14 de enero de 1995, y, como el escrito de demanda se radicó en octubre de 2010, el auto admisorio se profirió el día 15 de febrero de 2012 y los demandados se notificaron en el mes de marzo del mismo año, el accionante estaba dentro de los términos (10 años), a los que alude el canon 2536 del Código Civil para formular la acción fundamentada en el artículo 1766 ejusdem.

8. Por último, conviene igualmente destacar, que como el recurso extraordinario le resultó favorable a la parte que lo interpuso, no habrá lugar a imponer condena en costas en esta sede.

Conforme a lo que viene de expresarse, deberá revocarse íntegramente la decisión del Juzgado Civil del Circuito de Ciudad Bolívar, Antioquia, declarando no probada la excepción previa de prescripción; y por cuanto, no existen otros medios exceptivos que estudiar, se ordenará continuar con el trámite.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia anticipada pronunciada por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia dentro del proceso identificado en el encabezamiento de esta providencia, y en sede de segunda instancia

RESUELVE:

1. Revocar la decisión de 26 de julio de 2012, dictada por el Juzgado Civil del Circuito de Ciudad Bolívar, disponiéndose en su lugar declarar no probada la excepción previa de PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA, propuesta por el apoderado judicial del codemandado Ricardo Puerta Puerta, atendiendo lo consignado en la motivación de esta providencia.

2. Devuélvase el expediente al juzgado de origen con copia de esta providencia, para que se continúe con las etapas correspondientes del proceso.

2.(sic) Sin costas del recurso extraordinario por haber prosperado.

Notifíquese.

Magistrados: Luís Alonso Rico Puerta, presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 Brebbia, Roberto H. Hechos y actos Jurídicos. Comentarios a los artículos 896 a 1085 del Código Civil. Doctrina y Jurisprudencia, pág. 312.

2 Devis Echandía, Hernando. Compendio de Derecho P. Tomo I Novena Edición, Teoría General del Proceso, pág. 206 procesal.

3 CSJ SC, Sent. 20 octubre de 1959. G.J. Tomo XCI Nº 2217 2218 2219, págs. 782 a 788.

4 G.J. Tomo LXXXIII Nº 2170, pág. 284).

5 CSJ SC Sent. Sep. 30 de 2002, Rad. 6682.

6 CSJ, SC Sentencia de 16 de octubre de 2014, radicación n. 2009 00260.

7 CSJ S.C. Sentencia de 30 de julio de 1992, rad. 2528.