Sentencia SC21819-2017/2011-00124 de diciembre 19 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001-31-03-019-2011-00124-01

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Fernando García Restrepo

(Aprobado en sesión de quince de agosto de dos mil diecisiete)

Bogotá, D.C., diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por los demandados señores José Guillermo Casanova Navas y Leonor Antolinez De Casanova, frente a la sentencia del 6 de mayo de 2014, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario reivindicatorio adelantado en su contra por la sociedad Servitrust GNB Sudameris S.A., como vocera del patrimonio autónomo denominado “Elba Antoline[z]”, quien cedió sus derechos litigiosos a la señora Gloria Patricia Antolinez Ruiz.

Antecedentes

1. En la demanda con la que se dio inicio al proceso atrás identificado, que obra en los folios 18 a 24 del cuaderno principal, subsanada con el escrito militante en los folios 55 a 58, se solicitó, en síntesis:

1.1. Declarar que “pertenece en dominio pleno y absoluto” a la demandante, antes “Fiduciaria Tequendama S.A.”, la casa de habitación situada en el barrio “La Castellana” de esta capital, distinguida con los números 28-36 de la calle 94 de la nomenclatura urbana de la ciudad, identificada además por los linderos y características suministrados en el propio libelo introductorio.

1.2. Condenar a los accionados, como consecuencia de lo anterior, a restituir a la actora dicho inmueble, con todas las cosas que formen parte de él, junto con, de un lado, los “frutos naturales o civiles” percibidos, o que la dueña hubiese podido obtener con mediana inteligencia y cuidado, causados desde cuando aquellos empezaron a detentarlo, por tratarse de poseedores de “mala fe”, y hasta cuando lo entreguen, que totalizan a la fecha de presentación del escrito genitor, la cantidad de $ 214.459.880; y, de otro, el “precio del costo de las reparaciones que hubiere sufrido [la] demandante por culpa del poseedor”.

1.3. Disponer que la promotora del litigio no está obligada “a indemnizar las expensas necesarias referidas en el artículo 965 del Código Civil”, habida cuenta de la advertida naturaleza de la posesión ejercitada por los convocados.

1.4. Ordenar la cancelación de cualquier gravamen que pese sobre el bien y la inscripción del fallo.

1.5. Imponer las costas del proceso a los esposos Casanova Antolinez.

2. En respaldo de las anteriores súplicas, la promotora de la controversia esgrimió los hechos que enseguida se compendian:

2.1. Mediante escritura pública Nº 4664 del 11 de noviembre de 1995, otorgada en la Notaría Diecinueve de Bogotá, la señora Elba Antolinez Ramírez (QEPD) constituyó en favor de Fiduciaria Tequendama S.A., hoy Servitrust GNB Sudameris S.A., un “patrimonio autónomo” con el bien materia de la reivindicación suplicada, que según voces de su cláusula primera, tuvo por objeto “que el fiduciario se constituya en su pleno propietario, ejerza las acciones y derechos inherentes a tal calidad y garantice con el bien inmueble fideicomitido, las obligaciones del patrimonio autónomo, del fideicomitente, y de los derechos que este autorice y en general, las que se deriven del presente contrato, de conformidad con las instrucciones y procedimientos que más adelante se indican”.

2.2. De acuerdo con lo anterior, la aquí demandante es la “titular del dominio del inmueble que se reivindica”, sin que ella hubiese cancelado o dado por terminado el contrato fiduciario.

2.3. La citada dueña está privada de la posesión material de la cosa, toda vez que la misma la ejercen los demandados desde el fallecimiento de la nombrada fideicomitente, quienes han impedido a la primera el ingreso al bien, sin que estén en capacidad legal de ganarlo por prescripción.

3. Previa inadmisión (auto, 11 de marzo de 2011, fl. 27, cdno. 1), el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá, al que por reparto le correspondió el conocimiento del asunto, mediante proveído del 29 de marzo siguiente, admitió a trámite la comentada demanda, determinación que notificó personalmente a la accionada Leonor Antolinez de Casanova en diligencia surtida el 16 de mayo del año en cita (fl. 75, cdno. 1) y al demandado José Guillermo Casanova Navas por conducta concluyente, según auto del 14 de junio posterior, que milita en los folios 216 y 217 de cuaderno principal.

4. La señora Antolinez de Casanova contestó en tiempo el libelo introductorio, escrito en el que se opuso a sus pretensiones, se pronunció de distinta manera frente a los hechos allí invocados y propuso, con el carácter de meritorias, las excepciones de “Ineficacia del derecho de dominio”, “Posesión material de buena [fe] de la parte demandada” y “Objeción a la estimación de frutos conforme al art. 211 del C. de P.C.” (fls. 210 a 215, cdno. 1).

5. Mediante providencia del 21 de septiembre de 2012, se tuvo en cuenta la cesión de derechos litigiosos que la entidad demandante efectuó en favor de la señora Gloria Patricia Antolinez Ruiz (fl. 383, cdno. 1), a la que los demandados, en el escrito militante al folio siguiente, se opusieron expresamente, manifestación apreciada para todos los efectos procesales futuros, en el proveído del 30 de noviembre posterior (fl. 385, ib.).

6. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá dictó sentencia de primera instancia el 22 de marzo de 2013, en la que declaró el dominio de la cesionaria atrás nombrada, ordenó a los accionados restituirle a ella el inmueble materia de reivindicación, dispuso la cancelación de la inscripción de la demanda y condenó a los últimos al pago de las costas (fls. 467 a 474, cdno. 1), pronunciamiento que las dos partes apelaron.

7. El Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, en el fallo que emitió el 6 de mayo de 2014, optó por confirmar la providencia cuestionada, salvo en lo tocante con la negativa a reconocer frutos, petición que acogió y en virtud de la que condenó a los demandados a pagar, por tal concepto, la suma de $ 165.612.609, representativa de los causados “desde el día de la contestación de la demanda y hasta el 30 de marzo de 2014”, así como los que se generen con posterioridad y hasta la restitución material de la cosa, que deberán liquidarse conforme los parámetros fijados en la parte motiva. Las costas de segunda instancia se asignaron al extremo pasivo (fls. 89 a 108, cdno. 2).

La sentencia impugnada

Para arribar a las decisiones que adoptó, el ad quem adujo los planteamientos que pasan a reseñarse:

1. Empezó por referirse a la acción reivindicatoria, en relación con la cual precisó que los elementos que sirven para su adecuada estructuración son el dominio en el demandante, la posesión en el accionado, la identidad del bien pretendido con el poseído por el opositor y que se trate de cosa singular o cuota determinada.

2. A continuación se ocupó del “contrato de fiducia de garantía”, que definió y respecto del que identificó las partes entre quienes se celebra, su objeto y la temporalidad que lo caracteriza, en tanto que cumplido su fin o vencido el término establecido para su vigencia, el bien trasferido debe volver a manos del fideicomitente o de quien lo represente.

3. Sentadas esas bases y tras advertir que el a quo “reconoció el éxito de las pretensiones de la acción de dominio invocada en nombre de Gloria Patricia Antolinez Ruiz, tras hallar que en el sub lite se reúnen los presupuestos exigidos para su prosperidad”, el tribunal, por una parte, destacó que el reparo que los demandados formularon a dicho pronunciamiento, consistió en la falta de demostración del dominio del inmueble reclamado en cabeza de dicha cesionaria; y, por otra, aseveró el fracaso de ese reproche, por las siguientes razones:

3.1. Mediante escritura pública Nº 4664 del 1º de noviembre de 1995, la señora Elba Antolinez Ramírez, en condición de fideicomitente, y la sociedad Fiduciaria Tequendama S.A., luego Servitrust GNB Sudameris S.A., como fiduciaria, celebraron un contrato de fiducia mercantil irrevocable, que comportó la transferencia de la propiedad del bien aquí disputado por parte de la primera a la segunda, la constitución del patrimonio autónomo denominado “Elba Antoline[z]” y que la última, de un lado, ejerciera el dominio sobre el mismo y, de otro, garantizara con él las obligaciones de dicho patrimonio autónomo, de la fideicomitente, de los terceros que esta autorizara y las que se derivaran del referido contrato.

Al respecto, el sentenciador de segunda instancia enfatizó que de ese negocio jurídico “se desgaja que la señora Elba Antolinez Ramírez se despojó voluntariamente del derecho de dominio y [de] la posesión plena’ que gozaba sobre el predio en que se fincó esta acción reivindicatoria, para radicarlos en la sociedad Servitrust GNB Sudameris S.A., conservando, únicamente, la tenencia del bien, aspecto que, prima facie, encarna que la titularidad del derecho de dominio se transmitió a la sociedad demandante con ocasión del pacto de voluntades signado, como se desprende del contenido de la anotación novena del certificado de tradición y libertad adosado al expediente”.

3.2. La simulación relativa de la venta efectuada por Guillermo Alirio Forero Sarmiento y Forero Sarmiento y Cía. S. en C.S. a Elba Antolinez Ramírez, contenida en la escritura pública 964 del 26 de febrero de 1998, otorgada en la Notaría Novena de Bogotá, declarada en sentencia del 19 de octubre de 2005, proferida por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, confirmada mediante fallo del Tribunal Superior de esta capital adiado el 7 de septiembre de 2006, no tuvo ninguna incidencia jurídica en la transferencia atrás comentada, puesto que en el memorado fallo de segunda instancia “se revocó, igualmente, y de manera parcial, el numeral séptimo que ordenaba ‘la anulación del registro del contrato de fiducia contenido en la escritura pública Nº 4664 del 1º de noviembre de 1995, dada la condición de tercero de buena fe’ de la Fiduciaria Tequendama S.A. y, en su lugar, se dispuso mantener la ‘plena vigencia [de] dicho contrato’, así como ‘su inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos’”.

En consonancia con lo anterior, estimó el tribunal “que, en puridad, en la constitución de la fiducia mercantil no se evidencia una falsa tradición del inmueble con el cual se conformara el patrimonio autónomo denominado ‘Elba Antoline[z]’, a lo que se agrega, que para el momento en que se dio origen al acuerdo de voluntades —noviembre 1º de 1995—, quien ostentaba el derecho de dominio era la fideicomitente —Elba Antolinez—, titularidad que aunque con posterioridad y por medio de declaración judicial cambió en favor de Luis María Antolinez Jaimes, tal como consta en la anotación 12 del folio de matrícula respectivo, esta situación no encarna que los efectos que se derivan del fideicomiso celebrado se hayan mermado o anulado por la sentencia judicial en referencia, dado que, por el contrario, el fundamento de la decisión que definió la instancia, fue dejar incólume el negocio fiduciario en comento, en la medida en que fue realizado con antelación a la inscripción de la demanda declarativa de simulación y, por ende, sus efectos no pueden extenderse a la sociedad fiduciaria que actuó de buena fe”.

3.3. La señora Gloria Patricia Antolinez Ruiz, en favor de quien el juzgado a quo accedió a la acción impetrada, “sí figura en el plenario como la titular del derecho de dominio sobre el inmueble materia de reivindicación”, puesto que:

a) En el interrogatorio de parte que absolvió la representante legal de la actora, esta reconoció que de conformidad con el “giro del negocio fiduciario”, la persona que “actualmente ostenta la condición de fideicomitente del patrimonio autónomo es Gloria Patricia Antolinez Ruiz”.

b) Del mismo modo, las testigos María del Pilar Sosa Neira y Ana Lucía Tovar Luna declararon “que ‘la señora Patricia Antolinez (…) se presentó en la fiduciaria para hacer gestiones de negociaciones con el banco para obtener la certificación del certificado de garantía’, siendo ella la que ‘realizó el pago al banco y obtuvo el paz y salvo correspondiente del patrimonio autónomo’, y aportó, así mismo, los ‘documentos de venta de los derechos de los herederos a su favor’”.

c) La gestora de la controversia, a través de la escritura pública Nº 608 del 12 de marzo de 2012, “transfirió a título de restitución en fiducia mercantil a Gloria Patricia Antolinez Ruiz” el derecho de dominio de la casa materia de este asunto litigioso, operación que aparece inscrita en la anotación 14 del folio de matrícula inmobiliaria respectivo, “situación que, indefectiblemente, hace que sea reconocida como propietaria del bien a reivindicar, sin que pueda existir, entonces, reproche sostenible de su calidad de titular del derecho de dominio”.

d) La oposición que los demandados hicieron a la cesión de derechos litigiosos que la accionante efectuó en favor de la señora Gloria Patricia Antolinez Ruiz, no impide que se reconozca a la nombrada como parte, “en la medida que la falta de aquiescencia en la exclusión de Servitrust GNB Sudameris S.A., no significa que aquella no pueda participar en el juicio, ya que como jurisprudencialmente se ha señalado, ‘si no se presenta la situación del enajenante de la cosa litigiosa, su adquirente simplemente va a seguir figurando, al lado de aquel, como litisconsorte facultativo’, lo que equivale a decir, en otras palabras, que ‘si la cesión no es aceptada por el cedido, el negocio jurídico produce efectos, solo que el cesionario entrará al proceso —a la relación jurídica procesal— con la calidad de litisconsorte del cedente’, acaso que, se insiste, inexorablemente la habilita para intervenir en la contienda”.

e) Como “en el curso de esta acción reivindicatoria la demandante inicial transfirió, a título de restitución en fiducia mercantil, el pleno derecho de dominio y la posesión que ejercía sobre el inmueble a Gloria Patricia”, tal “circunstancia (…) implica que las pretensiones izadas recaigan en la cesionaria y, por ende, la confirmación de la sentencia apelada, en lo que a este extremo refiere”.

4. En cuanto hace a la apelación de la actora, que versó sobre la negativa a conceder frutos, el ad quem encontró la procedencia de reconocer los mismos, pero solo a partir de la contestación de la demanda, por cuanto en el proceso no se logró desvirtuar la presunción de buena fe que operó en favor de los poseedores.

Para su concreción económica, por la carencia de fundamentos de los dictámenes rendidos al respecto, el tribunal partió de la renta mensual que la accionante estimó para el año 2007 ($ 3.999.080), por no haber sido objetada, ser más favorable a los accionados y estar dentro de los parámetros fijados por el artículo 18 de la Ley 820 de 2003, que reajustó, año a año, en la misma proporción en que se incrementó el índice de precios al consumidor.

Efectuadas las operaciones, estableció que los “frutos dejados de percibir”, causados desde cuando se replicó el escrito iniciador de la controversia y hasta el 30 de marzo de 2014, ascendían a la suma de $ 165.612.609.

La demanda de casación

Cargo único

Con apoyo en el numeral 1º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se reprochó la sentencia impugnada por ser indirectamente violatoria de los artículos 740, 749, 756, 946, 950 del Código Civil y 12 del Decreto 960 de 1970, por falta de aplicación, “al tener el tribunal por demostrada la calidad de fideicomitente del patrimonio autónomo a Gloria Patricia Antolinez Ruiz, con base en un documento privado de venta de los derechos de los herederos a su favor”.

Luego de referirse a la acción reivindicatoria en los términos del artículo 946 del Código Civil y de poner de presente la presunción consagrada en el artículo 762 de la misma obra, así como de reproducir la consideración del ad quem en la que aseveró que la señora Gloria Patricia Antolinez Ruiz adquirió la condición de fideicomitente respecto del contrato de fiducia mercantil primigeniamente celebrado por la señora Elba Antolinez Ramírez (QEPD) y Fiduciaria Tequendama S.A., posteriormente Servirtust GNB Sudameris S.A., el recurrente discurrió como pasa a expresarse:

1. Trajo a colación, en primer lugar, la venta que Guillermo Alirio Forero Sarmiento y la sociedad Forero Sarmiento y Cía. S. en C. hicieron del inmueble disputado a la señora Elba Antolinez Ramírez, mediante escritura pública Nº 964 del 26 de febrero de 1988, conferida en la Notaría Novena de esta capital; en segundo término, el negocio fiduciario que la última celebró con Fiduciaria Tequendama S.A., consignado en la escritura pública Nº 4664 del 1º de noviembre de 1995, de la misma notaría; y, finalmente, la sentencia del 7 de septiembre de 2006, dictada por el Tribunal Superior de esta capital, en la que se “declaró la simulación relativa” del primero de esos contratos en cuanto hace a la persona del comprador, teniendo como tal al señor Luis María Antolinez Jaimes.

2. Fincado en ese recuento, aseveró que “se tuvo” al prenombrado señor “como fideicomitente en el contrato de fiducia” y que una vez sobrevino el fallecimiento del mismo, los derechos derivados de ese negocio pasaron a formar parte de su sucesión, para ser repartidos a los herederos, mediante trabajo que debe ser inscrito en la oficina de registro correspondiente, “dado que los derechos fiduciarios reca[yeron] sobre un inmueble”.

3. A renglón seguido observó que “[n]o aparece en el proceso la prueba de la venta de los derechos de los herederos del señor Luis María Antolinez a favor de la señora Gloria Patricia Antolinez Ruiz y mucho menos que al tratarse de la repartición de los derechos fiduciarios sobre un inmueble, se hubiera realizado por escritura pública; lo que significa que no está probada la propiedad en cabeza de la señora Gloria Patricia Antolinez Ruiz, tal como lo ordena el artículo 12 del Decreto 960 de 1970”.

4. En torno de la precedente inferencia, explicó:

4.1. Tras advertir el contenido de las anotaciones novena y doceava de la matrícula inmobiliaria Nº 50C-254238, perteneciente al inmueble objeto de la reivindicación, insistió en que debe entenderse, pese a que en la sentencia no se dijo así expresamente, “que el fideicomitente es Luis María Antolinez Jaimes” y que, por lo mismo, acaecida su muerte, los derechos fiduciarios pasaron a formar parte de la “masa indivisa de su sucesión”, sin que en la referida matrícula figure registrado el correspondiente trabajo de partición.

4.2. Previa invocación de la escritura Nº 608 del 12 de marzo de 2012, otorgada en la Notaría Veintitrés de Bogotá, en la que la demandante restituyó el inmueble de que se trata a la señora Antolinez Ruiz debido a la terminación y liquidación de la fiducia mercantil, y de la anotación catorce del folio de matrícula inmobiliaria, en la que figura registrado dicho instrumento público, el censor señaló que por “haberse declarado que quien realmente había comprado el inmueble había sido el señor Luis María Antolinez Jaimes, la calidad de fideicomitente qued[ó] en cabeza de él”.

4.3. Una vez transcribió las cláusulas quinta, sexta y séptima del prenotado documento, relativas al trabajo de partición realizado en la sucesión del nombrado causante y a la venta que sus herederos hicieron “(…) ‘de la totalidad de los derechos que les correspondían o pudieran corresponderle a cada uno, dentro del fideicomiso ‘Elba Antoline[z]’, a favor de la señora Gloria Patricia Antolinez Ruiz, (…), quedando esta última como actual fideicomitente y beneficiaria’”, el censor afirmó que “[l]os derechos sobre el fideicomiso, adjudicados a los herederos debieron ser registrados, para que constara en el folio de matrícula inmobiliaria quiénes eran los titulares” y que “[u]na vez registrados, si pretendían su disposición se debió hacer por escritura pública, pero nunca por un documento privado. Se refiere a un inmueble, y como quedó dicho en la formulación del cargo, se debió hacer por escritura pública”.

5. Al cierre, sobre la base de que en el proceso no aparece demostrada la condición de propietaria de la señora Gloria Patricia Antolinez Ruiz del inmueble perseguido, pidió que se case la sentencia del tribunal y que se niegue la pretensión reivindicatoria elevada.

Consideraciones

1. Del estudio de la sentencia impugnada se establece que la verdadera razón para que el ad quem coligiera que la señora Gloria Patricia Antolinez Ruiz era la propietaria del bien raíz objeto de la reivindicación suplicada, fue que halló comprobado que la empresa demandante le transfirió dicho derecho mediante escritura pública Nº 608 del 12 de marzo de 2012, otorgada en la Notaría Veintitrés de Bogotá, registrada en la anotación Nº 14 de la correspondiente matrícula inmobiliaria.

En relación con ese argumento, profundizó en los dos aspectos que pasan a indicarse:

1.1. En primer lugar, estimó que dicha mutación sí fue traslaticia del dominio, puesto que:

a) Servitrust GNB Sudameris S.A., antes Fiduciaria Tequendama S.A., adquirió la propiedad del bien fruto de la transferencia que, en desarrollo del negocio fiduciario que dicha empresa celebró con la señora Elba Antolinez Ramírez, esta le hizo mediante escritura pública Nº 4664 del 1º de noviembre de 1995, debidamente registrada.

b) La prenombrada señora Antolinez Ramírez compró el inmueble a Guillermo Alirio Sarmiento y a la sociedad Forero Sarmiento y Cía. S. en C.S., según consta en la escritura pública Nº 964 del 26 de febrero de 1998, conferida en la Notaría Novena de Bogotá, igualmente inscrita en la matrícula correspondiente.

c) La declaración de haber sido simulada la enajenación precedentemente relacionada, en cuanto hace a la persona del comprador, teniéndose como tal al señor Luis María Antolinez Jaimes, no invalidó, ni incidió en el negocio fiduciario atrás referido, toda vez que así se resolvió expresamente en el fallo de segunda instancia con el que se decidió la acción de fingimiento contractual.

1.2. Y, en segundo término, estableció que el retorno de la propiedad del bien se hizo en favor de la señora Gloria Patricia Antolinez Ruiz, habida cuenta que:

a) Ella, conforme el desenvolvimiento que tuvo el negocio fiduciario, adquirió la calidad de fideicomitente, como lo reconoció la demandante en el interrogatorio de parte que absolvió.

b) Según los testimonios rendidos por las señoras María del Pilar Sosa Neira y Ana Lucía Tovar Luna, la nombrada fue quien pagó al banco y obtuvo el correspondiente paz y salvo en favor del patrimonio autónomo.

c) La sociedad actora le cedió sus derechos litigiosos, sin que la oposición que a ese negocio jurídico hicieron los demandados, impidiera su participación en el proceso en condición de litisconsorte de aquella, como con apoyo en el artículo 60 de Código de Procedimiento Civil lo ha reconocido la jurisprudencia patria.

2. En el único cargo propuesto en casación, el recurrente cuestionó dicha conclusión del ad quem, esto es, que la señora Gloria Patricia Antolinez Ruiz fuera la propietaria del inmueble objeto de la reivindicación suplicada, fincado, básicamente, en que esa acreditación exigía la demostración de que ella adquirió la calidad de fideicomitente, sin que fuera suficiente con tal fin la aportación del documento privado contentivo de la cesión que los herederos de Luis María Antolinez Jaimes le hicieron de sus derechos en el fideicomiso, pues recayendo el mismo sobre un bien inmueble, era necesaria escritura pública, debidamente registrada.

3. Del cotejo de unos y otros planteamientos, se colige el desacierto del cargo, toda vez que es ostensible la desarmonía del ataque propuesto, respecto de los fundamentos soportantes de la decisión adoptada en segunda instancia, como pasa a elucidarse.

3.1. Con facilidad puede apreciarse, que el planteamiento consistente en que la señora Antolinez Ruiz adquirió la condición de fideicomitente, no fue esencial en el reconocimiento que el tribunal hizo de ella como propietaria del bien materia de la reivindicación solicitada.

Sobre el particular, cabe observar que del examen integral de la sentencia impugnada, se palpa que el comentado planteamiento tuvo un alcance meramente explicativo de por qué el retorno del fideicomiso se hizo en favor de la señora Antolinez Ruiz, sin que, por consiguiente, el que ello en verdad hubiese sido así, o que no lo sea, altere el genuino hecho orientador de la decisión de esa autoridad, es decir, que la demandante, mediante escritura pública Nº 608 del 12 de marzo de 2012, debidamente registrada, le transfirió a ella el dominio del inmueble, “situación que, indefectiblemente, hace que sea reconocida como propietaria del bien a reivindicar” y que “implica que las pretensiones izadas recaigan en la cesionaria”.

Con otras palabras, así se estableciera que la nombrada persona no adquirió la condición de fideicomitente, tal deducción, por sí sola, no enervaría el efecto jurídico de la transferencia que acaba de mencionarse, que no es otro que la señora Antolinez Ruiz pasó a ser la propietaria de la casa en torno de la que giró esta controversia, secuela que solo podría desaparecer como consecuencia de un acuerdo de los celebrantes del negocio del que ella se desprende o de una sentencia judicial invalidante del mismo.

Se sigue de lo expuesto, que en la hipótesis de que ahora se trata, no habiéndose establecido la ocurrencia de alguna de esas dos circunstancias, sería imperativo reconocer, de todas maneras, que la señora Gloria Patricia Antolinez Ruiz es la titular del dominio del inmueble aquí disputado, en virtud de la operación económica efectuada en la ya citada escritura pública Nº 608.

3.2. Añádese que la advertida consideración de que la nombrada interviniente pasó a ser la fideicomitente en el negocio que la demandante celebró primigeniamente con la señora Elba Antolinez Ramírez, el ad quem la infirió del interrogatorio de parte que aquella, por intermedio de su representante legal, absolvió y de los testimonios rendidos por las señoras Sosa Neira y Tovar Luna, ponderación que el recurrente no combatió y que, por lo tanto, se mantiene en píe.

En tal orden de ideas, la señalada inferencia no está llamada a derrumbarse, amén que, frente a ella, luce extraña la acusación de que el documento privado contentivo de la cesión de los derechos que en el fideicomiso tenían los herederos de Luis María Antolinez Jaimes, no era prueba suficiente de ese negocio jurídico, pues por estar vinculados los derechos cedidos a un bien inmueble, su traslado debía hacerse por escritura pública.

Es que, se insiste, esa protesta no guarda conformidad con el raciocinio del tribunal sobre el punto y, por lo mismo, resulta desenfocada, sin que, consiguientemente, pueda acogerse.

3.3. Es más notorio el desatino de la acusación que acaba de comentarse y, por ende, del cargo examinado, si se tiene en cuenta que la referida cesión de derechos no fue una prueba aducida en este proceso y, mucho menos, una valorada por el tribunal como fundamento de su fallo, sino un elemento de juicio apreciado para el otorgamiento de la escritura Nº 608 del 12 de marzo de 2012, de lo que se sigue que los cuestionamientos que en torno de ese pacto y del documento que lo contiene hizo el impugnante, carecen de sentido en el interior de la presente acción reivindicatoria, toda vez que, conforme los límites que fijaron las partes a esta controversia, no era, ni es, factible dentro de ella, resolver sobre la validez o invalidez del acto jurídico de transferencia, que se materializó en el indicado instrumento público, que registrado en el folio correspondiente da lugar a que la mencionada señora aparezca ahora como propietaria del bien.

3.4. Finalmente, se encuentra que los restantes fundamentos del fallo del ad quem, particularmente, el de que la prenombrada señora podía actuar en el proceso como litisconsorte facultativa de la primigenia demandante, debido a la cesión de derechos litigiosos que esta le hizo, no fueron cuestionados en casación y que, por lo mismo, siguen prestándole apoyo al proveído analizado.

4. El cargo, en definitiva, no prospera.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 6 de mayo de 2014, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso que se dejó plenamente identificado al inicio de este proveído.

Costas en casación, a cargo de la parte recurrente. Como la demanda con la que se sustentó la impugnación, fue replicada oportunamente por la actora, se fija como agencias en derecho la suma de $ 6.000.000. La secretaría de la sala practique la correspondiente liquidación.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, Presidente de Sala—Margarita Cabello BlancoÁlvaro Fernando García RestrepoAroldo Wilson Quiroz MonsalvoAriel Salazar RamírezLuis Armando Tolosa Villabona.