Sentencia SC21822-2017/2001-00192 de diciembre 15 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 05615-31-03-002-2001-00192-01

Magistrada Ponente

Dra. Margarita Cabello Blanco

(Aprobado en sesión de diez de mayo de dos mil diecisiete)

Bogotá, D.C., diciembre quince de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Como el recurso de casación examinado lo presentaron terceros ad excludendum, útil es recordar que ese instituto regulado en el artículo 53 de la ley de los ritos civiles, se caracteriza porque, un tercero comparece al juicio ejerciendo su derecho de acción y formula pretensiones dirigidas contra ambos extremos de la relación procesal, quienes frente a aquel se convierten en demandados.

La Corte ha señalado al respecto que:

“La intervención ad excludendum, también conocida doctrinariamente como intervención principal, consiste en hacer valer frente a dos partes contendientes en el proceso un derecho propio del interviniente e incompatible con la pretensión deducida en el proceso (ad infringendum iura itrius que competitores), para excluir o quebrar los derechos de los contendientes, aparece consagrada positivamente en el artículo 53 del CPC, para permitir, particularmente por razones de economía procesal, que en un solo proceso se debatan pretensiones de dos o más personas que se consideran como titulares de un mismo derecho discutido en idéntico proceso” (CSJ SC, Sent. mar. 5/90, Rad. 00062).

La injerencia principal que realizan estos terceros, es primordial justamente porque introduce al trámite una nueva demanda —autónoma por supuesto a las pretensiones de actor y opositor—; que debe ser desatada en sentencia de mérito; por ende, los autoriza para ejercer eficazmente todos los actos necesarios tendientes a proteger sus garantías, inclusive el de presentar el recurso extraordinario de casación.

Por ello se ha dicho, que los terceros excluyentes vinculados con el fallo están habilitados para presentar la referida opugnación, quienes son parte principal con todas las facultades procesales inmanentes a su condición, como la de interponer recursos, puesto que, cual lo señalara el profesor Hernando Morales, “ejercen derechos que se ven vinculados a la relación procesal, hasta el punto de que en ocasiones adquieren la categoría de litisconsortes del demandante o del demandado”(1).

2. La acción que motivó la presente litis fue la reivindicatoria, misma que de acuerdo a lo establecido por el artículo 946 del Código Civil, “es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla”, esto es, compete al titular del ius in re, “que tiene la propiedad plena o nuda, absoluta o fiduciaria de la cosa” (C.C., arts. 946 y 950), e igualmente se concede “la misma acción aunque no se pruebe el dominio, al que ha perdido la posesión regular de la cosa, y se hallaba en el caso de poderla ganar por prescripción. Pero no valdrá ni contra el verdadero dueño, ni contra el que posea con igual o mejor derecho” (art. 951, ídem), (...) (Cas. Civ., mar. 3/54, LXXVII, Nº 2138-2139, p. 75).

Acorde con lo referido, constituyen presupuestos estructurales, concurrentes e imprescindibles de la reivindicación: (i) el derecho real de propiedad en el demandante; (ii) la posesión del demandado; (iii) que la demanda verse sobre bien reivindicable o cuota determinada del mismo y (iv) que exista identidad entre el bien perseguido por el convocante y poseído por el último.

2.1. La prosperidad de la reivindicación, señaló en tiempos recientes la Sala, evocando jurisprudencia precedente, requiere la,

“prueba idónea de la calidad invocada o legitimatio ad causam activa y de las exigencias normativas de la reivindicación (Cas. Civ. Sent. 31, jul. 30/96, CCXLIII, pp. 154 ss.), a saber: a) derecho de propiedad del demandante o, en la actio publiciana, posesión regular (C.C., art. 764) durante el plazo legal para adquirir por prescripción (art. 951, ibidem); b) cosa singular o cuota determinada de ella; c) posesión material del demandado, y d) identidad entre el bien pretendido por el actor y el poseído por el demandado. Sobre esta particular cuestión, tiene dicho la Corte que “dentro de los instrumentos jurídicos instituidos para la inequívoca y adecuada protección del derecho de propiedad, el derecho romano prohijó, como una de las acciones in rem, la de tipo reivindicatorio (reivindicatio, libro VI, título I, Digesto), en ejercicio de la cual, lato sensu, se autorizaba al propietario —y se sigue autorizando— para reclamar que, judicialmente, se ordene al poseedor restituir el bien que se encuentra en poder de este último, por manera que la acción reivindicatoria, milenariamente, ha supuesto no solo el derecho de dominio en cabeza de quien la ejerce, sino también, a manera de insoslayable presupuesto, que este sea objeto de ataque “en una forma única: poseyendo la cosa, y así es indispensable que, teniendo el actor el derecho, el demandado tenga la posesión de la cosa en que radica el derecho” (LXXX, p. 85) [...] Como lógica, a la par que forzosa consecuencia de lo esgrimido en el párrafo anterior, emergen las demás exigencias basilares para el éxito de la acción reivindicatoria, cuales son, que ella recaiga sobre una cosa singular o cuota indivisa de la misma, y que exista identidad entre la cosa materia del derecho de dominio que ostenta el actor y la poseída por el demandado” (Cas. Civ., Sent. ago 15/ 2001, Exp. 6219; resaltado fuera del texto). Justamente, ejercida la actio reivindicatio por el dueño de la cosa, sobre este gravita la carga probatoria de su derecho de propiedad con los títulos adquisitivos correspondientes debidamente inscritos en el folio de registro inmobiliario (D. 1250/70, arts. 43 y 54; Cas. Civ. Sents. jul. 30/2001, Exp. 5672 y oct. 6/2005, Exp. 7895) y también debe acreditar con elementos probatorios suficientes la identidad del bien reivindicado en forma tal que no exista duda respecto de aquel cuyo dominio invoca y de cuya posesión está privado con el poseído por el demandado”. (CSJ CS Sent. feb. 28/2011, Rad. 1994-09601-01).

En esta clase de juicio, se enfrentan varias posiciones: en primer lugar, la del demandante que afirmándose dueño de la cosa, procura recuperarla de manos del poseedor; también la de este último, quien enarbola en su favor la presunción de dominio establecida en el artículo 762 del código, misma que por ser de carácter legal admite prueba en contrario. Finalmente, puede suceder que exista un enfrentamiento de títulos entre ambas partes, para lo cual, prevalecerá el de mejor calidad.

Por el sendero del ejemplo, lo explicó esta misma Corte en jurisprudencia añeja al señalar:

“En la acción consagrada por el artículo 950 del C.C. pueden contemplarse varios casos: llámase Pedro el demandante y a Juan el demandado. 1. Pedro, con títulos registrados en 1910, demanda a Juan, cuya posesión principió en 1911. Debe triunfar Pedro. 2. Pedro, con un título registrado en 1910, demanda a Juan, cuya posesión principió en 1909. Debe triunfar Juan. 3. Pedro, con un título registrado en 1910, demanda a Juan, cuya posesión comenzó en 1909 y presenta además otro título registrado con el cual comprueba que su autor fue causahabiente de Diego desde 1908. Debe triunfar Pedro, no por mérito de su título, sino por mérito del título del autor. En estos tres casos, referentes a una propiedad privada, se ha partido de la base de que Juan es poseedor sin título. Cuando lo tiene se ofrecen otros casos harto complejos” (Sents. feb. 26/1936, XLIII, 339; jun. 5/57, LXXXIX, 435).

De manera general, deberá acreditar el actor, a más de la existencia de un título, la ocurrencia del modo en virtud del cual incorporó a su activo patrimonial el bien materia de reivindicación, debiéndose tener en cuenta, en orden a la satisfacción de la anotada carga y, en cuanto toca con el título, que cuando entraña acto jurídico “de disposición o gravamen de bienes inmuebles”, es de naturaleza solemne en la medida que debe hacerse constar por medio de escritura pública, a lo que le sigue, puesto que debe demostrarse, que se cumplió con la formalidad de la inscripción, según lo previene el artículo 756 del Código Civil y demás normas registrales concordantes, so pena de que no pueda atribuírsele mérito probatorio.

3. El caso examinado, fue despachado favorablemente a las pretensiones reivindicatorias respecto de cuatro de los cinco inmuebles disputados, decisión que ratificó el tribunal al adoptar la sentencia combatida en este escenario excepcional.

4. Antes de acometer el estudio del único cargo admitido soportado en la infracción indirecta de reglas sustanciales por la incorrecta valoración de los elementos persuasivos, conviene recordar algunas cuestiones fácticas con relevancia dentro del asunto, que aparecen demostradas:

a) La empresa demandante, de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal, tiene domicilio principal en Bogotá, pero tiene igualmente un establecimiento en Antioquia, según se desprende del acta 124 de 11 de mayo de 1959, aprobada por la asamblea general, designándose como presidente al señor Elkin Echavarría Olózaga.

b) La asociación adquirió mediante escritura pública 2585 del 9 de agosto de 1962, otorgada en la Notaría Séptima del Circulo de Medellín (título justo), cuatro predios identificados como lotes a), b), c) y e), inmuebles que se conocen como finca “Terranova” y por las cuales se canceló la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000.000) (fls. 4, 5 y 6 fte. y vto., cdno. intervención).

c) En el mismo instrumento, respecto del predio d), consignó que se transmitían “los derechos que por ganancia les corresponden o puedan corresponder en el juicio de sucesión ilíquida de la señora María Antonia López de Murillo, derechos que se vinculan exclusivamente a un lote de terreno con una superficie aproximada de media cuadra, con sus mejoras y anexidades (...)”.

d) La identidad del inmueble reclamado y del poseído apareció acreditada conforme a lo verificado en la inspección judicial (fls. 1 y 2, cdno. 15).

e) Los intervinientes, ahora recurrentes en casación, promovieron proceso ordinario de pertenencia contra la asociación, obteniendo sentencia adversa en primera instancia mediante proveído de 22 de noviembre de 1999 (fls. 726-736), ratificada por el tribunal con decisión de 16 de mayo de 2000 (fls. 521-542).

5. La acusación enfatiza, que con los yerros de facto atribuidos a la decisión del ad quem, no se pretende desconocer la conclusión relativa a que el demandado Héctor González Restrepo, no está en posesión del inmueble, sino que se reconozca la de los terceros intervinientes y el tiempo de la misma, a partir de la preterición y/o tergiversación de las siguientes pruebas:

a) Carta de 22 de septiembre de 1997 signada por Elkin Echavarría Oló[z]aga.

b) El dictamen pericial, demostrativo que los terceros cancelaban a Héctor González todos los gastos de la finca Terranova desde su vinculación como empleado.

c) Las declaraciones de los testigos Reinaldo César Calle Ravé, Héctor Santiago Valderrama Molina, Óscar Ovidio Gómez y Pascual Echeverri, según los cuales, expresó, los reconocen “como únicos dueños y señores de los predios que conforman” la heredad reclamada.

d) Diligencia de inspección judicial practicada por el Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá a libros de contabilidad, acorde con la cual, anotó, aparecen los reflejos financieros de que las empresas Jacaranda Echavarría y Cia. SCA y Guadaira Ltda., de propiedad del señor Elkin Echavarria Olózaga (hoy de sus herederos), incurrieron en gastos que alcanzan los $92.785.053.

e) Interrogatorio de parte del gerente de la Asociación Colombiana de Cri[a]dores de Caballo, Pedro Juan Moreno Villa, quien indicó que los intervinientes estuvieron al frente del puesto de monta, ubicado en la finca Terranova, y del señor Alejandro Echavarría Restrepo.

Ninguno de esos medios de convicción sufri[ó] una errada valoración o se pretiri[ó] según la queja de la parte impugnante en casación, por las siguientes razones:

5.1. Sobre la misiva de 22 de septiembre de 1997 suscrita por Elkin Echavarría Oló[z]aga, lejos de desconocerse su contenido y objetividad misma, el juzgador la analizó cabalmente.

La misiva decía, in extenso:

“Santa Fe de Bogotá, septiembre 22 de 1997

Señor presidente y demás miembros del consejo directivo de la Asociación Colombiana de Criadores de Caballo PSI

Estimados señores:

En agosto de 1962 el entonces presidente de la asociación, señor Ernesto Cubides, me envió un poder para que yo comprara un terreno a nombre de la asociación, filial de Antioquia, para construir un puesto de monta para los 7 criadores que existíamos en ese entonces. Nos enviaron la suma de $120.000 para el terreno y de allí en adelante nosotros tuvimos que poner para construir las pesebreras y demás anexos que necesitaba el puesto de monta.

Me permito adjuntarles la escritura de compra de hace 35 años y los poderes que me envió la asociación para llevar a cabo la compra. Desde esa época los criadores antioqueños nos encargaremos (sic) de todos los gastos para el sostenimiento del puesto de monta.

Sin embargo, ya para el año 1908 (sic) no quedábamos sino tres criadores y entonces para no cerrarlo y venderlo, yo me encargué de seguirlo sosteniendo pues ya nos había llegado el reproductor Kabori que estaba sindicalizado y no lo quería tener en mi finca debido a esa circunstancia.

En mi oficina se han gastado hasta la fecha aproximadamente $64.000.000.000 y allí existen todos los comprobantes correspondientes a estos gastos, son de mantenimiento de los edificios, valorizaciones del municipio de Rionegro, impuestos prediales, etc.

En varias ocasiones hemos hablado qu[é] hacer con el puesto de monta cuando saliera Kabori y llegamos a la conclusión que este se vendería y luego de pagarme a mi todos los gastos, hechos desde 1980, el dinero sobrante se le regalaría a una de las fundaciones para niños de las cuales hay varias muy necesitadas en Medellín.

Sin embargo, ahora [h]emos visto grandes posibilidades de darle un empuje a la hípica nacional después de ver el éxito que está teniendo el hipódromo de Los Comuneros y hemos pensado más bien en usar este dinero para capitalizar el hipódromo. Haríamos una fundación con estos fondos para invertirlos en acciones de esta compañía, para que ellos pudieran adicionarlo con nuevas tribunas y equipos que le darían una dimensión con más brillo al espectáculo. En caso que por alguna razón se tuviera que liquidar el hipódromo, los fondos que quedaran regresarían a la fundación y esta a su turno se les podría donar a otra fundación infantil de Medellín.

Naturalmente para poder hacer todo esto yo necesitaría el visto bueno de ustedes, pues ustedes hicieron posible todo este proyecto con la donación que nos hicieron hace 35 años.

Desafortunadamente los cuentos se riegan y ya todo el pueblo aficionado a la hípica antioqueña, están (sic) llenos de ilusión con este empuje tan inesperado que va a recibir la hípica local.

Les agradecería una pronta respuesta a mi fax en Miami, donde estaré durante 5 días. Mi fax allí es el número 305-3850198. Estoy seguro que ustedes también van a estar de acuerdo con este plan, que le puede devolver a la hípica nacional un futuro más seguro y brillante.

De ustedes muy atentamente.

Elkin Echavarría Ol[ó]zaga” (resaltado fuera de texto).

5.1.1. Destaca la censura, el aparte relacionado con “la donación que nos hicieron hace 35 años”; empero se observa que, tal aspecto por no haber sido alegado en las instancias constituye un hecho nuevo que no fue propuesto en el ámbito de los momentos procesales que la ley confiere para ese propósito, por tanto, no puede ser ahora objeto de análisis en este excepcional medio de impugnación.

Aceptar en el recurso de casación de que aquí se trata, la introducción de puntos novedosos conduce a la violación del derecho de defensa, llamado a impedir que una parte sorprenda a la otra con explicaciones fácticas que no fueron ventiladas en el trámite del asunto.

Así lo decantó la jurisprudencia cuando asentó que “se violaría el derecho de defensa si uno de los litigantes pudiese echar mano en casación de hechos, extremos o planteamientos no alegados o formulados en instancia, respecto de los cuales, si lo hubiesen sido entonces, la contraparte habría podido defender su causa (Sent. mar. 1º/55, G.J. LXXXIII, p. 76, reiterada en fallo ago. 3/2014, Rad. 1998-07770, entre otros).

Era necesario precisar lo anterior porque, el recurso va dirigido contra la sentencia en sí, en cuanto ha desatado una controversia teniendo presente los elementos aducidos y los hechos invocados en ella y no ajenos al litigio, por tanto desconocidos por el juez(2).

De todos modos, enfatiza la Sala, si se hiciera abstracción de lo anterior, tal indicación no constituye por sí sola, menos cuando su elaboración deviene del mismo Elkin Echavarría, prueba suficiente del justo título de los recurrentes por esa presunta donación alegada; menos aún cuando el proceso de transferencia del dominio de las cosas impone, tratándose de inmuebles, el cumplimiento de unas formalidades. Una interpretación diversa, por demás, equivaldría tanto como a autorizar la fabricación de la propia prueba al amparo de la creación del contenido de quien la aporta.

5.1.2. Por otro lado, el pliego denunciado por la crítica, como lo encontró el tribunal, sirvió de fundamento para denegar las súplicas dado que, precisamente esa comunicación demuestra que los criadores de Medellín estaban reconociendo pleno dominio ajeno en esa entidad. Así mismo lo entendió la jurisdicción en sentencias de 22 de noviembre de 1999 y de 16 de mayo de 2000 (las dos instancias) al no prosperar el proceso de pertenencia instaurado por los terceros contra la asociación.

En efecto, la solicitud de autorización para enajenar los predios constitutivos de la finca Terranova implica que aceptaban, al menos para la fecha de radicación de ese escrito (septiembre de 1997), propiedad en persona distinta de la que ocupa o goza de la tenencia de la res.

Por ende, el error atribuido en la apreciación de ese medio de convicción resulta infundado.

5.2. Cuanto hace a la preterición del dictamen pericial, demostrativo al decir del libelo casacional que los terceros cancelaban a Héctor González todos los gastos de la hacienda Terranova desde su vinculación como empleado, y a la inspección judicial practicada a los asientos contables de las sociedades Jacaranda Echavarría y Cia. SCS y Guadaira Ltda., de propiedad de los herederos del señor Elkin Echavarria Olózaga, el tribunal sí valoró esos elementos persuasivos.

5.2.1. En efecto, la decisión combatida precisó que a partir de 1982 los recurrentes asumieron algunos gastos “cubiertos de otras sociedades de las que también eran socios verbigracia Jacaranda Echavarría y Compañía SCS, que por sí solos no denotan señorío sobre los inmuebles, pues tal filial siguió generando otros ingresos de su propia actividad, los supuestos poseedores reclamaron los gastos efectuados sobre los predios y reconocieron dominio ajeno en el año 1997 ante la asociación. De manera que no acreditaron su posesión como personas naturales, sino que continuaron la administración de los inmuebles a nombre de la filial Antioquia de la asociación demandante, por lo menos, hasta el año 1997” (negrilla original del texto).

5.2.2. La inspección judicial practicada a los libros de contabilidad de las empresas mencionadas (fls. 154 a 156, cdno. 12) da cuenta de doce libretas aportadas por el apoderado de la parte demandada ad excludendum discriminados así: (i) pagos de subsidio familiar a trabajadores; (ii) a entidades parafiscales de los empleados de la finca Terranova; (iii) cesantías; (iv) primas, vacaciones, sueldos; (v) servicios públicos e impuestos prediales; (vi, vii y viii) gastos de mantenimiento y conservación (ix, x, xi y xii) pagos realizados por la sociedad Jacaranda Echavarría al veterinario Héctor González de acreencias laborales, viales, permisos, uniformes, equipos, transporte, gasolina, reembolsos y otros.

El dictamen rubricado por el experto José Horacio Salazar Mazo (fl. 33), precisó, atendiendo lo informado por quienes atendieron la diligencia, “que en la finca Terranova no existe en la actualidad algún bien mueble, máquina o equipo de propiedad de los señores Alejandro Echavarría Olózaga, Héctor de Bedout Tamayo y Elkin Echavarría o sus herederos”.

Igualmente dejó sentado la experticia que la información que la parte ad excludemdum “ha acumulado en el proceso” muestra que los egresos efectuados para el mantenimiento del puesto de monta los ha ejercido la empresa hoy llamada Jacaranda S.A., acompañando un anexo-informe “del estudio y análisis de cada uno de los cuadernos que solicitó el despacho se tuvieran en cuenta para la realización del presente dictamen, los cuales indicaron al perito sobre la necesidad de viajar a la ciudad de Bogotá”.

5.2.3. No obstante lo anterior, y si bien el detalle de los pagos aparece en esos medios de convicción —informe técnico e inspección judicial— observa la Sala que, de un lado, la contabilidad, cual ya lo hubiere advertido la justicia, “demuestra que los gastos del predio y del puesto de monta siempre se realizaron por la filial, la cual obtenía sus ingresos de los aportes de los asociados, de servicios prestados y de aportes de la actividad hípica, ello al menos hasta 1982, de allí en adelante los gastos se hicieron por los demandantes a través de sus sociedades. (...) todo gasto, acto, inversión y aporte que han realizado para su sostenimiento, mantenimiento y mejora, lo han realizado como asociados de la filial Antioquia”.

De donde, los actos de posesión esgrimidos fundados en los pagos realizados a que refieren esas pruebas, no fueron preteridos, tampoco distorsionados en su valoración; simplemente apoyaron la realidad incontestable de que aquellos no se hicieron a título personal, sino en calidad de miembros de la filial.

Si el ánimo con que se realizaron esas erogaciones fue motu proprio, surgiría después de la negativa de la asociación en 1997 para autorizar la venta del bien; no de otra forma se explica que los criadores de Antioquia rindieran cuentas a la parte actora a través de sus balances y estados de egresos e ingresos. Así discurrió la justicia en aquel proceso de pertenencia —en ambas instancias— y lo comprendió la decisión aquí controvertida.

No se configura, por consiguiente, la preterición de prueba planteada en la demanda.

5.3. Frente a las declaraciones de los testigos Reinaldo César Calle Ravé, Héctor Santiago Valderrama Molina, Óscar Ovidio Gómez y Pascual Echeverri, según los cuales, expresó, los reconocen “como únicos dueños y señores de los predios que conforman” la heredad reclamada, conviene hacer las siguientes precisiones:

En primer lugar, si bien esos declarantes señalan que asumían que los dueños de la heredad eran los criadores de caballo de Antioquia, sus versiones lejos se encuentran de precisar fechas, títulos de adquisición, etc.

Lógicamente convienen en que siempre los vieron como tales, pero por supuesto no en el sentido jurídico que va ínsito a la condición de poseedores, entre otras porque desconocían contablemente de donde provenían los recursos para el sostenimiento del predio.

Ahora bien, tales versiones, no son coincidentes con la totalidad de manifestaciones habidas en el juicio. Así, el señor Francisco Botta Suter, al preguntársele sobre las razones de su citación indicó que fue presidente de la empresa actora; y para el año 1995 recibió una carta de Elkin Echavarría solicitando permiso para vender el puesto de monta de la asociación en Rionegro con miras a capitalizar el hipódromo de Los Comuneros, pero el pedimento se puso a consideración de la junta directiva y ante la negativa iniciaron las desavenencias. Igualmente manifestó, que aunque nunca dio instrucciones directamente a los empleados del puesto de monta, no lo hizo porque, “La asociación central en Bogotá delegó esa función en los criadores antioqueños” (fls. 9-12, cdno. pruebas).

José María Ortega (fls. 13-20, cdno. idem) indicó de las dificultades existentes con el remisor de la carta que pedía permiso para transferir los predios donde funcionaba la filial Antioquia, cuya negativa detonó las reclamaciones que los criadores de esa región formularon ante la justicia en acción de pertenencia, la cual, una vez fracasó en las respectivas instancias, dio lugar a los requerimientos realizados a Héctor González, no haciendo lo propio con los terceros ad excludendum porque, expuso, “ni don Elkin Echavarría ni Héctor de Bedout ni Alejandro Echavarría visitaban el predio, ni en esos momentos tenían nada en el predio (...)”. Recalcó de otro lado, que no son poseedores porque la transferencia de la finca obedeció “a un acto de confianza de la asociación para con los miembros de su junta directiva para beneficio de todos los criadores que quisieran hacer uso del puesto de monta por estar en la[s] cercanías”.

Además dijo, que después de la muerte de Elkin Echavarría sus hijos no son continuadores de ninguna posesión pues, “viven en Bogotá o en los Estados Unidos o en Francia o en México o en Suiza y liquidaron el criadero Santa Lucía que era de propiedad de su padre. Alejandro Echavarría ya no tiene caballos de carreras ni es criador y Héctor de Bedout tiene su criadero en Carmen de Vilboral (sic) y no necesita usar esas tierras”.

Lo anterior armoniza con el dicho de Fernando Sánchez Collins (fls. 20 23), quien a más de recalcar sobre las “absurdas pretensiones” de esos terceros, señaló que ante tan violentos actos, la asociación y sus miembros en particular han asistido “como criadores y asociación al puesto de monta para cuidar y observar nuestra sociedad”.

Síguese de lo expuesto que no hay univocidad en la totalidad de testificales recabadas, menos aún cuando, la declaración de quien dijo ser el administrador de una finca de propiedad de Elkin Echavarría, señor Héctor Santiago Valderrama Molina, fue contradictoria entre lo dicho en el trámite del proceso de pertenencia (debidamente allegado como prueba trasladada) y lo confirmado en el reivindicatorio del que conoce la Sala, pues allá no pudo afirmar si los criadores antioqueños corrían con los gastos de la heredad por cuenta propia o por delegación de la Asociación Colombiana de Criad[ores] de Caballos PSI, ni tampoco pudo determinar, con grado de certeza, los títulos con que adquirieron la finca y cuáles eran esos actos de señorío específico que realizaban.

Lo reseñado demuestra, que en la actuación confluyen varios tipos de versiones; unas para las que los terceros intervinientes siempre tuvieron ánimo de dominio, y otras para las que, cual se asentó, actuaron por un acto de delegación de la demandante.

En tal caso, mal puede estructurarse el desatino de facto atribuido a la sentencia puesto que,

“(...) cuando se enfrentan dos grupos de testigos, el juzgador puede inclinarse por adoptar la versión prestada por un sector de ellos, sin que por ello caiga en error colosal, único que autorizaría el quiebre de la sentencia, pues [...] “en presencia de varios testimonios contradictorios o divergentes que permitan conclusiones opuestas o disímiles, corresponde a él dentro de su restringida libertad y soberanía probatoria y en ejercicio de las facultades propias de las reglas de la sana crítica establecer su mayor o menor credibilidad, pudiendo escoger a un grupo como fundamento de la decisión desechando otro” (G.J. tomo CCIV, Nº. 2443, 1990, segundo semestre, p. 20), (...)”(3).

5.4. También se duele el libelista de los alcances dispensados al interrogatorio de parte del señor Pedro Juan Moreno Villa, representante legal de la parte actora.

5.4.1. Según la crítica, él manifestó que desde que los Asocriadores recibieron la heredad, Elkin Echavarría, Héctor de Bedout y Alejandro Echavarría, en su calidad de presidente, vicepresidente y tesorero respectivamente del capítulo Antioquia, “se dieron a la tarea en nombre de esta de ubicar allí un puesto de monta al servicio de los criadores antioqueños de la raza pura sangre inglesa” (resaltado fuera de texto), destacando de esa confesión, que el mismo gerente admite que los únicos criadores antiqueños al frente del puesto de monta son los terceros intervinientes; nadie más, “lo que desdice de la supuesta coposesión de estos con otros amantes de la hípica antioqueña”.

El interrogado clarificó que los criadores antioqueños atendían instrucciones de la junta directiva central y las decisiones de la asamblea general, “siguiendo siempre los lineamientos y orientaciones de las directivas nacionales de Asocriadores”, y respecto a la pregunta de si la empresa demandante realizó erogaciones para el sostenimiento de la finca Terranova contestó: “El sistema era el siguiente: los representantes de Asocriadores de Antioquia, o sea los dignatarios del capítulo de Antioquia, elaboraban mensualmente en una planilla ingresos y egresos del puesto, los cuales eran enviados a Bogotá para el reembolso correspondiente, como le manifesté no tengo la cifras en la cabeza pero todas ellas obran en el expediente”.

La confesión alude a la afirmación realizada por una parte sobre hechos que puede producirle consecuencias jurídicas adversas o que favorezcan al extremo opuesto de la relación procesal; y puede ser, merced a lo previsto por el canon 194 provocada o espontánea. Asimismo, el precepto subsiguiente gobierna los requisitos que deben colmarse para derivarle efectos en el mundo del derecho.

En el orden expuesto, lo dicho en el escrito del recurso, antes que validar la tesis ensayada por el recurrente lo que hace es afianzar la conclusión a la que arribó el sentenciador, pues de tal declaración no se desprenden actos de posesión propios de los terceros, ni mucho menos que fuera exclusiva; lo que brota es que esos criadores de Antioquia, “se dieron a la tarea en nombre de esta” — refiriéndose a la asociación promotora del proceso— y siguiendo los lineamientos y directivas del nivel central de continuar con sus políticas.

5.4.2. Para la parte recurrente, igualmente erró el sentenciador en la valoración del interrogatorio rendido por Alejandro Echavarría Restrepo en cuanto a sus afirmaciones alusivas a la coposesión entre varias personas; dijo que la tenencia con ánimo de señorío fue exclusiva, “las demás personas eran invitadas como usuarias de los servicios del puesto de monta” (negrilla fuera de texto).

El tribunal al respecto consideró:

“Finalmente, la falta de posesión exclusiva, contrario a lo dicho por el recurrente, sí lleva al traste la pretensión de ganar el dominio por prescripción, en razón a que debe demostrarse que la misma es excluyente, esto es, la creencia de sentirse dueño debe ser tal, que se posea con desconocimiento de las demás”.

Cotejado el embate y el aserto del juzgador plural, la acusación, en primer lugar luce desenfocada, pues, al hablar la sentencia de coposesión, hacía referencia a los actos que también ejecutó como poseedor el demandado —no personas distintas o invitadas— conclusión a la que se arribó teniendo en cuenta, entre otras pruebas, las decisiones proferidas por las inspecciones de policía al establecer “que los intervinientes usaban y disfrutaban los inmuebles al igual que Héctor Augusto González Restrepo”.

Se observa, por ende, un desenfoque técnico, toda vez que los argumentos enarbolados para cimentar el error desconoce[n] la consonancia y congruencia debida respecto a lo que expresó la sentencia que se censura.

A más de lo anterior, el reproche, de configurarse, devendría en intrascendente pues, la razón toral para denegar lo pedido por los intervinientes y recurrentes en casación, no se originó únicamente en la mencionada coposesión, sino, básicamente en la insuficiencia del tiempo necesario para usucapir.

En efecto, su calidad de poseedores, a lo sumo se aceptó con posterioridad a la carta donde reconocían dominio ajeno de 22 de septiembre de 1997; así lo dijo el fallo combatido al discurrir: “lo anterior es suficiente para desvirtuar la prescripción adquisitiva de dominio extraordinaria en tanto uno de los elementos que la estructuran no se configuró, cual es la posesión por un lapso de veinte años” (negrilla original del texto), lo que indica que para la época en que se presentó la demanda (fl. 64, cdno. pruebas), marzo de 2001, solo llevarían poco más de cuatro años como tales.

Conviene recordar sobre el particular que,

“[...] para que la violación de la ley adquiera real incidencia en casación, es menester que tenga consecuencia directa en la parte resolutiva del fallo, por lo que aquellos errores que apenas aparezcan en las motivaciones o razonamientos de la providencia, sin esa forzosa trascendencia en la conclusión final, no alcanzan a obtener la prosperidad del recurso” (CSJ SC Sent. mayo 19/2004, Rad. 7145. Reiterado en Cas. Civ. Nov. 9/2006, Rad. 00684-01).

Por ende, al margen del mérito que le hubiera otorgado el tribunal a esa versión, la conclusión sería la misma respecto de los intervinientes por ausencia de la totalidad de requisitos que los llevarían al éxito de la prescripción adquisitiva reclamada.

5.4.3. Atañedero al error consistente en que el tribunal “dio por demostrada la existencia de la denominada filial Antioquia de Asocriadores sin estarlo”, debe decirse desde ya, con independencia de las argumentaciones basadas en los alcances de esa figura en el marco del derecho mercantil que, por la misma razón analizada en precedencia, esa es cuestión insubstancial e intrascendente; pero además también constituye hecho nuevo al no proponerse en los debates de ambas instancias, lo que conlleva a su desestimación.

5.4.4. Planteó un ataque concretado en una equivocada interpretación de la demanda porque, dijo, no se comprendió que lo pretendido “es la reivindicación de unos predios, que uno de ellos ni siquiera es de la entidad demandante” y que el proceso debía seguirse contra los actuales poseedores.

Además agregó que si los recurrentes eran los poseedores, el libelo se dirigió “contra persona equivocada” máxime cuando, si el tribunal no aceptó que eran poseedores, entonces la acción no debió ser la de dominio sino de mera tenencia.

El reproche propuesto al fallo de segundo grado apuntalado en la modalidad del error mencionado, reclama que sea de tal magnitud que incida significativamente en la forma como se resolvió el debate, al producir un resultado contrario a la realidad procesal, dejando por fuera los argumentos de la cuestión litigiosa que no alcanzan a derrumbar lo resuelto, dada la presunción de legalidad y tino con que arriba a la Corte.

Al respecto, ha señalado la Sala que,

“(...) la apreciación errónea de una demanda constituye motivo determinante de la casación de un fallo proferido por la jurisdicción civil, habida consideración que adoleciendo este último de un defecto de tal naturaleza, la decisión adoptada dirimirá el conflicto con apoyo en reglas de derecho sustancial que le son extrañas y, por consecuencia, habrá dejado de aplicar las que son pertinentes para regularlo.

Para que así sucedan las cosas y sea viable la infirmación por la causa aludida, deben reunirse varias condiciones que no siempre se dan con la facilidad que por lo común suponen los litigantes que al recurso en referencia acuden, residiendo una de ellas, como se sabe, en la necesaria ocurrencia de un genuino error de hecho que además de manifiesto e influyente en lo dispositivo de la resolución judicial por esta vía impugnada, ha de consistir en la desfiguración mental o material del escrito de demanda por falta de cuidadosa observación, capaz de producir por lo tanto una desviación ideológica del juez en relación con los elementos llamados a identificar el contenido medular de dicho escrito y respecto de los cuales ese funcionario no tiene atribución para suplir a las partes (...).

La falencia de juzgamiento de la que viene haciendo mérito debe tener origen en un yerro objetivo que surgiendo de una desfiguración evidente y por eso mismo perceptible de manera intuitiva, vaya contra toda razón en cuanto que, tergiversando el texto de la demanda “[...] le hace decir lo que no expresa o le cercena su real contenido” (G.J. T. CXXXIX, p. 136) en lo que atañe a la causa pretendí (sic) hecha valer por el actor, el petitum por él formulado o la naturaleza jurídica de la pretensión concreta entablada”. (CSJ SC, oct. 19/94, Rad. 3972. Reiterada en CSJ SC, dic. 18/2013. Rad. 12000-01098-01) (resaltado fuera de texto).

Una de las variantes de la causal primera de casación, contemplada en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, gravita en la afectación de la ley sustancial en forma indirecta, por la ocurrencia de errores de facto al interpretar indebidamente la demanda.

Contrastado el embate con la providencia de segunda instancia y el libelo incoativo (fls. 1-64, cdno. 1) se encuentra que el tribunal le dispensó una cabal hermenéutica al escrito introductor puesto que, el análisis de la sentencia combatida recoge un estudio vinculado a lo pedido en el proceso, por manera que ab initio descarta cualquier reproche. En efecto, el ad quem entendió y puso al descubierto la aspiración ahora de la parte actora, cuando reivindicó cuatro de los cinco bienes que componen la finca Terranova de acuerdo con las previsiones del artículo 964 del C.C.; es decir la de dueño de cosa singular que no está en posesión de ella.

Ahora bien, es el accionante quien escoge a la parte demandada, en este caso, atendiendo los presupuestos de la acción reivindicatoria, y el señor González Restrepo se opuso a las súplicas al amparo de su alegada condición de poseedor (fls. 87 y ss., cdno. pruebas). De tal forma, el sentenciador entendió el caso discurriendo de conformidad y, por cuanto no halló prósperas las defensas formuladas por el opositor, y encontró demostrados los hechos invocados en el libelo, se acogieron las súplicas.

Lo dejó sentado el órgano de segunda instancia en estos términos al referirse al señor Héctor González Restrepo:

“En el sub judice se acreditó que el demandado solo tuvo ánimo de señor y dueño durante un breve y reciente lapso y solo a partir de 1998, pues se demostró que ingresó allí como tenedor, (...) No obstante no probó la fecha desde la cual mutó su calidad de ocupación sobre los inmuebles (...)”.

Por demás, y aún aceptándose que la demanda se dirigió contra sujeto pasivo equivocado, el aspecto se superó, quedando saneado, con la intervención que como terceros ad excludendum formularon los recurrentes en el trámite de la primera instancia y en la que alegaron la posesión de los inmuebles bajo litis.

Sobre el otro punto que soportó la presunta hermenéutica incorrecta del libelo al desconocer que uno de los inmuebles “ni siquiera es de la entidad demandante”, baste recordar que precisamente el lote d), no fue reivindicado por no tener la parte actora justo título sobre el mismo; así lo entendió el a quo y lo ratificó el juez colegiado.

De tal suerte, no puede atribuirse un desatino en la apreciación de la demanda; menos aún cuando ese error solo se configura si el sentenciador incurre en un protuberante u ostensible desliz, de manera que refulja la contrariedad de lo por él percibido o captado, con el contenido integral de aquella pieza procesal.

5.4.5. A propósito de la interpretación equivocada del escrito de intervención, se tiene que el mismo expresó:

“El poseedor demandado no está obligado a contrademandar en reconvención. Le basta alegar la excepción de prescripción que fue lo que pretendieron mis poderdantes, pero no se les comprendió el alcance de su intervención por la sentencia acusada. Si el tribunal lo hubiese mirado en su real y verdadero alcance, habría entendido que lo que están alegando mis representados es la prescripción extintiva que está más que acreditada dentro del proceso” (negrilla fuera de texto).

Sea suficiente para desestimar la acusación en los términos planteados que, cotejado el escrito de los señores Héctor de Bedout Tamayo, Alejandro Echavarría Restrepo y María Teresa Elena Echavarría Olano, quien obra como heredera de la sucesión de Elkin Echavarría Olózaga visible en los folios 57 a 70 del cuaderno 6, por una parte, como lo dice el tribunal, no se formuló en estrictez demanda alguna, lo que guarda sujeción con el artículo 53 del CPC al exponer: “quien pretenda, en todo o en parte, la cosa o el derecho controvertido, podrá intervenir formulando su pretensión frente a demandante y demandado, para que en el mismo proceso se reconozca”.

Dicho escrito, se redujo a pedir que “se admita como respuesta a la demanda reivindicatoria la excepción de fondo de prescripción adquisitiva de dominio a favor de mis poderdantes”, lo que contrasta con lo suplicado en este recurso excepcional donde se insistió que lo alegado es la “prescripción extintiva”.

Sabido se tiene que la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos de otro, por haberse poseído y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante un lapso de tiempo (art. 2512).

Ambas, por supuesto, son disímiles conceptualmente y, dado que lo reclamado en casación fue una cuestión no invocada en las instancias y en particular en el escrito de intervención, tal circunstancia se erige en un hecho nuevo inadmisible en este momento procesal, pues se cercenaría el derecho a la defensa de las partes.

5.5. A modo de conclusión, bueno es recordar, como se sabe, que el funcionario judicial en los diferentes grados, goza de la prudente autonomía para evaluar todo el caudal probatorio, sin que ello implique, por supuesto, que al abrigo de esa libertad, desconozca la razonabilidad, lógica y coherencia mínima exigibles a la decisión judicial que se controvierte; escrutinio que bajo esos parámetros debe ser respetado y aceptado en sede de este recurso extraordinario.

De tal suerte, la potestad de los juzgadores de instancia para sacar sus propias inferencias de aquel conjunto de pruebas, por supuesto mientras no sean contraevidentes, ilógicas y arbitrarias, son inmodificables en casación(4).

Se hacía necesaria la acotación final precedente porque, el argumento esencial de la censura, no asoma a dudas, se limitó a plantear una fundamentación distinta desde su propio ángulo para que, al abrigo de ese entendimiento se dispensara a la realidad fáctica sobre la que gravitó la contienda una solución que condujera al fallador acusado a revocar la decisión de primer grado, declarando la prescripción adquisitiva de dominio de los bienes bajo litis a los terceros intervinientes.

Habida cuenta de las motivaciones condensadas, y por establecerse que lo invocado en el cargo es una apreciación diversa a la manera en que el sentenciador valoró los diversos medios de convicción adosados al plenario, más parecido a un alegato de instancia, fracasa la acusación.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

RESUELVE

1. NO CASA la sentencia proferida el 12 de marzo de 2012 dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia dentro del proceso ordinario reivindicatorio promovido identificado en el encabezamiento de esta providencia.

2. CONDENAR en costas del recurso de casación al recurrente. Por concepto de agencias en derecho inclúyase la suma de seis millones de pesos ($6.000.000) m/cte., por haber sido objeto de réplica.

Notifíquese».

1 Morales Molina, Hernando. Técnica de casación civil. Bogotá: Ediciones Academia Colombiana de Jurisprudencia. Colección Clásicos; 2014, p. 88.

2 Sentencia ibidem

3 CSC SC sentencia de junio 26 de 2008, radicación 00055-01.

4 CSJ SC, 8 de agosto de 2001, radicado 6182, reiterada CSJ SC, 29 de abril de 2005, radicado 12720-02.