Sentencia SC22055-2017 de diciembre 19 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Ariel Salazar Ramírez

SC22055-2017

Rad.: 11001-02-03-000-2014-02404-00

(Aprobada en sesión de veintiuno de junio de dos mil diecisiete)

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).

La Corte resuelve el recurso extraordinario de revisión que formularon Jairo Luis Polanía Carrizosa y Hayde Sabogal Portela contra la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 24 de julio de 2014 en el proceso ordinario que adelantaron contra la Corporación Social de Ahorro y Vivienda “Colmena” (hoy BCSC S.A.).

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES

A pesar de hallarse vigente desde el 1º de enero de 2016 el Código General del Proceso, esta impugnación extraordinaria se rige por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y con base en estas será resuelto, dado que fue presentada en vigencia suya.

En ese sentido, el artículo 624 del primer estatuto citado, el cual modificó el precepto 40 de la Ley 153 de 1887 estatuyó que «los recursos interpuestos (...), se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron...».

Es principio del derecho adjetivo que las sentencias ejecutoriadas proferidas en procesos contenciosos surten tránsito a cosa juzgada, como pregona el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo el inciso final de dicha norma advierte que ese efecto determinante no se opone al recurso extraordinario de revisión, regulado en los artículos 379 y siguientes, que de salir avante le restaría mérito al fallo cuestionado en respuesta a la necesidad de hacer prevalecer la justicia ante serias irregularidades que lo convierten en lesivo de derechos protegidos por el ordenamiento jurídico y contrario a las reglas del debido proceso.

Señala la doctrina que en esos eventos «nada ofende en sí a la razón, que la ley admita la impugnación de la cosa juzgada; pues la autoridad misma de la cosa juzgada no es absoluta y necesaria, sino que se establece por consideraciones de utilidad y oportunidad; de tal suerte que esas mismas consideraciones pueden a veces aconsejar que sea sacrificada, para evitar la perturbación y el daño mayores que se producirían de conservarse una sentencia intolerablemente injusta».(1)

Tratándose de una excepcional ocasión para examinar un pleito concluido por razones diferentes a la mera inconformidad con el resultado obtenido y sin que se habilite por esta vía la posibilidad de que las partes enmienden sus falencias u omisiones, su viabilidad se restringe a los eventos fijados en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, buscando la protección de la buena fe (causales primera a sexta); el derecho de defensa (causales séptima y octava) y la preexistencia de una solución definitoria que es oponible a las partes (causal novena).

Como lo recordó la Sala en CSJ SC, 3 Sep. 2013, rad. 2012-01526-00,

(...) el recurso que se analiza, precisamente por ser excepcional, requiere, al decir de la Corte, “de la colocación de precisos mojones delimitadores de su campo de acción para que esa naturaleza extraordinaria no se desvirtúe, con demérito de la inmutabilidad propia de las sentencias ejecutoriadas (...) Es por ello que la Corte, con especial empeño, ha destacado los aspectos que son vedados al recurso, y así, por ejemplo, ha dicho: “Este medio extraordinario de impugnación no franquea la puerta para tornar el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la vía normal para corregir los yerros jurídicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi (...) Como ya se dijo por la Corte, el recurso de revisión no se instituyó para que los litigantes remedien errores cometidos en el proceso en que se dictó la sentencia que se impugna. El recurso de revisión tiende derechamente a la entronización de la Justicia, al derecho de defensa claramente conculcado y al imperio de la cosa juzgada material. (Sent. 16 sept. 1983, junio 30 de 1988, entre otras)”. (CSJ. Sentencia 24 de nov. 1992). 

En tal virtud es carga del recurrente precisar el motivo concreto de inconformidad y demostrar su ocurrencia, sin que el juzgador pueda ocuparse oficiosamente de acreditar los hechos alegados para fundarla, aunque sí es de su resorte verificar que no haya vencido el plazo que conceden las normas adjetivas para el efecto.

Señala el inciso primero del artículo 381 id, modificado por el artículo 1° numeral 191 del Decreto 2282 de 1989, que el «recurso podrá interponerse dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia cuando se invoque alguna de las causales consagradas en los numerales 1°, 6°, 8° y 9°», como es el caso ya que precisamente se aduce el hallazgo de documentos nuevos con incidencia en el resultado, de que trata el numeral 1, y los actos de colusión a que alude el 6.

No existe inconveniente al respecto porque el libelo sustentado la impugnación extraordinaria fue presentado el 14 de octubre de 2014, esto es, transcurridos menos de 3 meses desde el 24 de julio de 2014 cuando se profirió la sentencia recurrida.

La primera causal de revisión del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil consiste en «haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria».

Se refiere, por ende, a medios probatorios preexistentes desde el primer litigio y que no obran en ese plenario, ya que es de la esencia su aparición repentina posterior con efectos trascendentes, como producto de una recuperación de lo que estaba perdido o el descubrimiento de algo que se desconocía.

Quedan así por fuera de discusión en esta senda la adecuación de elementos de convicción insuficientes, la producción de unos nuevos que modifiquen condiciones preexistentes y la valoración de lo oportunamente allegado, aun cuando se les reste peso por extemporáneos, ineficaces o no cumplir los requisitos de ley.

Sobre el particular en CSJ SC 25 jun. 2009, rad. 2005-00251-01, se precisó que dada

(...) la finalidad propia del recurso, no se trata de mejorar la prueba aducida deficientemente al proceso en el que se dictó la sentencia cuyo aniquilamiento se busca, o de producir otra después de pronunciado el fallo; se contrae ... a demostrar que la justicia, por absoluto desconocimiento de un documento que a pesar de su preexistencia fue imposible de oportuna aducción por el litigante interesado, profirió un fallo que resulta a la postre paladinamente contrario a la realidad de los hechos y por ende palmariamente injusto. 

Es por eso que, como se reiteró en CSJ SCJ, 5 dic. 2012, rad. 2003-00164-01

(...) para la cabal estructuración del referido motivo, como condición sine qua non determinante del éxito del recurso de revisión, es indispensable probar, de modo fehaciente, los concurrentes elementos a continuación expuestos: (a) que las pruebas documentales de que se trate hayan sido halladas ulteriormente al momento en que fue proferido el fallo, habida cuenta que “la prueba de eficacia en revisión y desde el punto de vista que se está tratando, debe tener existencia desde el momento mismo en que se entabla la acción [...] de donde se sigue que no constituyendo esa pieza documental -bien por su contenido o por cualquier otra circunstancia- una auténtica e incontestable novedad frente al material probatorio recogido en el proceso, la predicada injusticia de esa resolución no puede vincularse causalmente con la ausencia del documento aparecido’ (Sentencia 237 de 1º de julio de 1988); (b) que el alcance del valor persuasivo de tales probanzas habría transformado la decisión contenida en ese proveído, por cuanto “el documento nuevo, per se, debe ser decisivo y por tanto tener la suficiente fuerza como para determinar un cambio sustancial de la sentencia recurrida”; y, (c) que no pudieron aportarse tempestivamente, debido a fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria, razón por la que “no basta que la prueba exista para que la revisión sea viable, sino que es necesario para ello que haya sido imposible aducirla, o por un hecho independiente de las partes, o por un hecho doloso de la parte favorecida” (Sent. Cas. Civ. 1º de marzo de 2011, Exp. 2009-00068), reiterado, entre otras, en decisión de 5 de diciembre de 2012, Exp. 2003-00164-01. 

Ninguno de esos supuestos se cumplen en el material que sirve de sustento al reclamo de los censores puesto que, como se admite en el libelo, si bien no fue posible aportarlos desde un comienzo, «en la segunda instancia se allegaron el Ad-quem no fueron tenidos en cuenta ni fueron valorados»(2) (sic) y así insistió en la subsanación al concretar que las «pruebas documentales que se mencionan tanto en las pretensiones “Primera” y en los hechos del libelo de revisión se encuentran consignados en el expediente Ordinario No. 2009-00224 donde se dictó la sentencia que es materia de revisión»(3) (resalta la Sala).

Quiere decir que todos ellos fueron puestos en conocimiento del fallador de segundo grado e incluso éste en auto de 25 de marzo de 2014, toda vez que se daban los supuestos del artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, decretó como prueba «los documentos aportados en la presente instancia, militantes a folios 4 a 30 del presente cuaderno», para estudiar «su valor probatorio al momento de proferir la sentencia que defina la alzada» y «sin perjuicio de la facultad oficiosa establecida en los artículos 179 y 180 ibídem»(4).

Tal ordenamiento se refiere específicamente a 3 CD’s contentivos de la audiencia preparatoria y probatoria del 4 de octubre de 2013, la presentación de alegatos y anuncio del sentido del fallo en diligencia de 6 de diciembre de ese mismo año y el fallo proferido el 18 de febrero de 2014, todo dentro de las actuaciones penales por Fraude Procesal que se adelantaron contra Hernando Franco Bejarano; la impresión de las determinaciones tomadas en esa última fecha; 3 oficios enviados por el Banco Caja Social al Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, para que obren en las diligencias disciplinarias contra Alfredo González García con rad. 362-10, el primero entregado el 23 de abril de 2012 y los restantes el 22 de octubre siguiente; y las sentencias de primera y segunda instancia de 9 y 23 de julio de 2009, respectivamente, en acción de tutela 2009-00361.

Siendo precisamente esos mismos «documentos» a los que se circunscriben los demandantes en su reclamación por la causal primera(5) y pasando por alto cualquier exigencia formal ya que se aportaron en copias simples, lejos están de constituir verdaderas novedades que hubieran cambiado el sentido de la decisión. Por el contrario, lo que se aprecia es que fueron sopesados por el Tribunal sin encontrarles mérito para modificar la determinación desestimatoria tomada por el inferior, así no se hiciera una exposición precisa en ese sentido.

Es más, todas esas piezas son posteriores a la demanda ordinaria con que comenzó el pleito primigenio, presentada el 24 de abril de 2009(6), lo que quiere decir que no puede esgrimirse su preexistencia, siendo que como se precisó en SC7455-2017

(...) para la eficacia de la primera causal de este medio extraordinario de impugnación, el documento debe existir desde el inicio de la acción generadora de la sentencia cuya revisión se solicita, solo que por haberse extraviado o ser desconocido para la parte afectada, no fue posible su aportación en ninguna de las oportunidades legalmente previstas y debido a ello, los jueces no pudieron conocerlo y valorarlo. 

De todas formas, independientemente de la categoría que les diera el ad quem a las probanzas que anexaron los demandantes para su análisis en segunda instancia, ninguno tiene siquiera la categoría que se les endilga conforme a las exigencias del artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, según el cual

[s]on documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. (...) Los documentos son públicos o privados. (...) Documento público es el otorgado por funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es otorgado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública. (...) Documento privado es el que no reúne los requisitos para ser documento público. 

Como se dijo en CSJ SC 19 dic. 2011, rad. 2009-00919-00,

[e]n relación con dicha clasificación ha precisado la Corte que “sabido es que los documentos son simplemente representativos cuando, sin plasmar narraciones o declaraciones de cualquier índole, contienen imágenes, tal como acontece con las fotografías, pinturas, dibujos, etc. Y son declarativos, cuando contienen una declaración de hombre y en tal caso se les suele clasificar en dispositivos y testimoniales, según correspondan a una declaración constitutiva o de carácter negocial (los primeros), o a una de carácter testimonial (los segundos)” (CCXXII, pág. 560, citada en sentencia de 18 de marzo de 2002, expediente 6649) 

(...) 

Para que un escrito pueda ser calificado como “documento” debe tenerse en cuenta que tal condición sólo se atribuye a las manifestaciones consignadas de manera espontánea y libre, con carácter informativo o expositivo, haciendo constar situaciones concretas pero sin intereses probatorios, toda vez que cuando rebasan tal limite derivan en otros medios de convicción como lo es la pericia, la inspección, la declaración o la rendición de informes técnicos, los cuales, una vez practicados dentro de actuaciones judiciales o administrativas, quedan materializados, sin que pueda haber lugar a confusión en relación con su naturaleza. 

Por ende, las audiencias que se adelantaron dentro del sumario 732686000452-2008-00095-00 donde figura como imputado Hernando Franco Bejarano, a lo sumo hubiera constituido motivo de suspensión del proceso civil por prejudicialidad penal a la luz del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, máxime cuando falta la constancia de ejecutoria de la sentencia de 18 de febrero de 2014 del Juzgado Primero Penal del Circuito de Espinal y según lo dicho por el representante legal del Banco «el doctor Hernando Franco fue absuelto por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Espinal mediante providencia de fecha 26 de marzo de 2015» ya que a pesar de la condena inicial esa «decisión fue declarada nula mediante providencia de 15 de julio de 2014 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué en su Sala de Decisión Penal»(7) y así lo aceptaron los impugnantes al objetar las copias que se aportaron para respaldar ese dicho porque «la sentencia penal que aportan donde absuelve al abogado del Banco (...) está sub judice, es decir, no está ejecutoriada, por cuanto que la Fiscalía General de la Nación apeló dicho fallo, como también el suscrito presentó apelación (...) y actualmente se está surtiendo el recurso de apelación»(8).

A falta de una determinación en firme en la investigación por el ilícito de fraude procesal, mal podría decirse que lo recaudado y dispuesto allí fue pasado por alto dentro del conflicto civil, cuando los mismos denunciantes renunciaron a agotar los pasos que concede el ordenamiento adjetivo para reconocerle trascendencia.

Por su parte la correspondencia del Banco Caja Social se libró no con destino a su contraparte, sino para que obrara en investigación disciplinaria de la cual se desconoce su resultado e implicaciones.

En cuanto al fallo de tutela del Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogotá que el 9 de julio de 2009 negó el amparo al derecho al habeas data de Jairo Luis Polanía Carrizosa y Hayde Sabogal Portela, advirtiéndoles que para los fines propuestos «cuentan con el proceso ordinario que instauraron contra el banco querellado y que cursa actualmente ante el Juzgado 7° Civil del Circuito de esta ciudad», como lo confirmó el superior el 23 del mismo mes y año, fuera de que corresponden estrictamente a providencias judiciales con alcances limitados a ese caso concreto, ninguna orden con incidencia en la solución del referido debate que debiera ser acatada se impartió.

Todo lo expuesto deja en evidencia que el motivo de revisión analizado no tiene vocación alguna de prosperidad.

Respecto de la otra causal invocada, esto es, la del numeral 6 por «colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente», con ella se busca enmendar cualquier intriga malintencionada que, en contravía con la lealtad procesal que se exige de los litigantes y haciendo uso de estrategias inidóneas, logra torcer el fallo con un resultado lesivo al oponente por la divergencia entre la verdad material y lo que aparece acreditado, sin que sea producto de una acertada contradicción.

Como se dijo en la sentencia CSJ SC16283-2016, la

(...) Sala ha explicado que aquella «“...presupone que los hechos tenidos en cuenta por el juzgador para tomar la decisión correspondiente, no se ajustan a la realidad, y por ello su finalidad es subsanar esa deficiencia y por añadidura remediar así una notoria injusticia” (G.J. t. CCXII, pág. 311). La discrepancia en cuestión, en tratándose del motivo alegado, debe provenir de las maquinaciones o ardides fraguados bien por una de las partes, o de consuno por ambas, con el propósito de obtener un resultado dañino» (CSJ SC, 5 Jul. 2000, Rad. 7422). 

(...) 

Tales ardides están compuestos por «un elemento antecedente, que es el engaño como medio de llegar al fraude» y este último, que es «el fin u objeto a que da base el engaño». Dichos conceptos no son sinónimos «puesto que el primero es sólo la falta de verdad en lo que se dice, se cree o se piensa. Lo que sucede es que en el fraude el concepto de engaño va unido, como atributo que le pertenece por esencia (Corte Suprema. G. J. T. LV. 533)» (CSJ SC, 10 sep. 2013, Rad. 2011-00949-01). 

(...) 

Con todo, no puede olvidarse que en desarrollo de la presunción constitucional de licitud y buena fe en el comportamiento de las personas, como se señala en ese mismo precedente, la causal de revisión «debe encontrarse plenamente probada para su prosperidad (artículo 177 y 384 del Código de Procedimiento Civil), so pena de que, en caso contrario, especialmente de duda, racionalmente seria que merezca credibilidad sobre las maniobras alegadas, se declare infundado el recurso» (CSJ SC, G. J. T. LV, 533) 

Añadiendo que

[p]or maniobra fraudulenta debe entenderse, según la doctrina jurisprudencial de esta Sala, como «todo proyecto o asechanza oculta, engañosa y falaz que va dirigida ordinariamente a mal fin» (G.J. Tomo CLXV, pág. 27, jurisprudencia reiterada en sentencias de 11 de marzo de 1994 y del 3 de septiembre de 1996), de modo que para la prosperidad de la causal es necesario que «“los hechos aceptados por el juzgador para adoptar la decisión impugnada, no se ajusten a la realidad porque fueron falseados, a propósito, por alguna de las partes intervinientes en el proceso, mediante una actividad ilícita y positiva que persigue causar un perjuicio a la otra o a terceros; hechos fraudulentos que deben quedar plenamente probados en el recurso, por cuanto, en desarrollo del principio de la buena fe, se presume que el comportamiento adoptado por las personas está exento de vicio” (Sentencia del 3 de octubre de 1999)”» (CSJ SC, 14 dic. 2000, Rad. 7269). 

En resumen, lo que amerita replantear el asunto son las conductas inadecuadas conscientes de las partes para perjudicar al oponente y no el mero ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley para hacer valer sus derechos o ejercer una adecuada defensa, por lo que las simples argumentaciones jurídicas que no están acompañadas de intrigas defraudatorias externas distan de configurar colusión.

Los recurrentes arguyen que la demandada incurrió «en una colusión y maniobra fraudulenta con el ánimo de impedir a toda costa que el título valor pagaré y la hipoteca no prescribieran, convirtiendo las obligaciones en claras, expresas y exigibles como se hizo con el segundo proceso ejecutivo hipotecario que se tramitó en Espinal»(9) y cuando se les pidió que precisaran en qué consistieron esos actos reprochables dijeron que «la entidad bancaria mediante su representante legal dio poder al abogado para hacer efectivo un pagaré y una hipoteca que además de estar prescrita y caducada la acción cambiaria, omitió dar a conocer a la Sala Civil del tribunal ad quem el delito de Fraude a Resolución Judicial que se cometió por parte de su abogado»(10), añadiendo que «a través de las pruebas documentales que aquí he mencionado en este escrito como en la demanda de revisión demuestran el atropello de la entidad bancaria contra nosotros en donde intervino la justicia penal colombiana y se condenó al abogado de la entidad bancaria aquí demandada»(11).

De la transcripción literal no se extrae ninguna acusación seria y concreta sobre procederes indebidos de su contraparte en el transcurso del conflicto ordinario donde se negaron las pretensiones indemnizatorias. Lo que emana de allí es una insistencia en los puntos de vista particulares en que radicaron sus aspiraciones y una inconformidad con el resultado adverso, como si lo que se quisiera es un tercer pronunciamiento de instancia y no remediar un desbarajuste en el desenvolvimiento de esa disputa.

Ni siquiera podría tomarse como un ocultamiento premeditado y perverso del Banco que no informara sobre la existencia de las diligencias penales donde figura implicado el mandatario judicial a quien se encomendó el segundo ejecutivo adelantado contra Jairo Luis y Hayde, puesto que la carga de hacerlo saber era exclusiva de los denunciantes interesados en que se estableciera el fraude procesal.

Por ende, no se planteó adecuadamente ni se demostró la ocurrencia del motivo sexto de revisión, por tratarse de una discordancia subjetiva de los accionantes con la sentencia cuestionada que riñe con la esencia de la vía escogida.

La Corte en CSJ SC 5208-2017 previó como

[a]uscultada la sustentación respectiva, puede advertirse como la misma en lugar de dar cuenta de las conductas específicas realizadas con fraude, enuncia una suerte de discrepancias con la valoración probatoria del ad quem, las que luego contrasta con su propia postura, para finalmente calificar como maniobras fraudulentas, a la divergencia inferida entre tales extremos (...) Semejante ejercicio intelectual, obliga a concluir que el cargo tiene por exclusivo cimiento las especulaciones de la parte vencida derivadas de su inconformidad con lo resuelto (...) Además y como consecuencia lógica de la mentada deficiencia reveladora del carácter inconsistente del recurso, se tiene que ninguna demostración eficiente de la supuesta maquinación fue obtenida en el presente trámite (...) A tono con lo decantado, resulta de recibo memorar que el recurso extraordinario de revisión, repele todo propósito de simple replanteamiento de la cuestión probatoria y jurídica, y por ello le es propio «evitar que el debate pueda ser reabierto de cualquier manera, so pretexto de volver la mirada a la prueba para intentar un nuevo y mejor escrutinio de ella, o para reclamar una más aguda o perspicaz interpretación de la ley, cosa que siempre será posible como hipótesis, pero que es insuficiente por sí, para desquiciar el valor de una solución hallada con la genuina participación de todos los sujetos del proceso, decisión que repítase, es por regla general inexpugnable. (CSJ SC, 29 Ago. 2008, Rad. 2004-00729, reiterada en SC8448-2016, 24 jun., rad. 2010-01759).  

De otro lado, la providencia condenatoria penal a que aluden los inconformes no solo se allegó al proceso sino que fue decretada como prueba por el Tribunal para estudiar «su valor probatorio al momento de proferir sentencia que defina la alzada»(12) y cualquier discusión sobre los alcances de tal determinación resulta intrascendente toda vez que, como se constató en el curso de esta impugnación extraordinaria según lo expuesto por todos los intervinientes, no logró firmeza porque fue anulada y por el contrario fue absuelto el sindicado, además de que en vista de la apelación de la fiscalía y los denunciantes, no existe un pronunciamiento en firme sobre el tema.

La presencia en el expediente de las piezas que se dicen obviadas por el Banco y el que se contemplara su estudio por el fallador, aunque en últimas no tuvieran relevancia en la sentencia confirmatoria, también conducen al fracaso por la causal citada que exige verificar tácticas extraprocesales maliciosas con incidencia en el desvío de la solución a impartir, mas no el silencio de las partes frente al material obrante que ninguna repercusión tiene en el trabajo intelectivo del juzgador.

En la citada CSJ SC 5208-2017 al respecto se recalcó que

(...) con insistencia se ha exigido que la maquinación propia de la causal alegada corresponda al ámbito extraprocesal, aunque con directa incidencia en la definición del juicio, resultando impertinente cualquier nueva formulación de actuaciones suscitadas o atendidas al interior de dicho escenario (...) Esta Sala concretamente ha reclamado que la situación calificada como maniobra fraudulenta «resulte de hechos externos al proceso y por eso mismo producidos fuera de él, pues si se trata de circunstancias alegadas, discutidas y apreciadas allí, o que pudieron serlo, la revisión no es procedente por la sencilla razón de que aceptar lo contrario sería tanto como permitir que al juez de revisión se le pueda reclamar que, como si fuese juez de instancia, se aplique a examinar de nuevo el litigio» (CSJ AC, 18 Dic. 2006, Rad. 2003-00159). 

7. Es incontestable, en ese orden de ideas, que no se configuraron las causales de revisión consagradas en los numerales 1º y 6º del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se declarará infundado el recurso extraordinario.

Como consecuencia del fracaso, se condenará en perjuicios a los opugnadores, pero sin que haya lugar a imponer costas en virtud del amparo de pobreza concedido.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión formulado por Jairo Luis Polanía Carrizosa y Hayde Sabogal Portela contra la sentencia proferida el 24 de julio de 2014 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario que adelantaron contra la Corporación Social de Ahorro y Vivienda “Colmena”.

2. Condenar a los impugnantes al pago de los perjuicios causados a la entidad financiera como consecuencia del presente recurso, conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, los que se liquidarán mediante incidente.

3. Sin condena en costas.

4. Oportunamente, devuélvase el expediente que contiene el proceso dentro del cual se dictó la sentencia objeto de revisión, salvo el cuaderno de la Corte y remítase copia de la presente providencia.

5. Archivar la actuación, una vez cumplidas las órdenes impartidas.

Notifíquese

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona».

1 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituciones de derecho procesal civil. Volumen III. Madrid: 1940, pág. 406.

2 Fl. 70.

3 Fl. 88.

4 Fl. 58, cdno. 25, Rad. 1100131030072009-00224-03.

5 Así consta a folio 69 y 70.

6 Fl. 88, cdno. 1, Rad. 1100131030072009-00224-00.

7 Respuesta a la pregunta 3 del interrogatorio de parte absuelto a folios 157 al 180.

8 Fl. 181.

9 Fl. 70.

10 Fl. 88.

11 Fl. 89

12 Fl. 58, cdno. 25, Rad. 1100131030072009-00224-03.