Sentencia SC2275-2018 de junio 22 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrada Ponente:

Margarita Cabello Blanco

SC2275-2018

Rad.: 11001-31-03-029-2006-00068-01

(Aprobado en sesión de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho)

Bogotá, D.C., veintidós (22) de junio de dos mil dieciocho (2018).

Decide la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá, de fecha 24 de agosto de 2012, proferida en el proceso ordinario de Heraclia Suárez Vda. de Rozo, José Joaquín, Rosa Inés, Gloria Estrella y Mercedes Rozo de Guerrero y Marta Isabel Rozo Suárez frente a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, quien llamó en garantía a Aseguradora Colseguros S.A

ANTECEDENTES

A. Con demanda repartida al Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá, los demandantes mencionados convocaron a la empresa asimismo aludida a efectos de que se la declare civilmente responsable de los hechos que ocasionaron las muertes del menor Edwin Armando Poveda Rozo y Clara María Rozo Suárez el 24 de noviembre de 2003, y se la condene al pago de los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) y morales, corregidos y actualizados y con intereses de mora a la máxima tasa autorizada.

B. Como fundamentos fácticos adujeron, en síntesis:

1. El 24 de noviembre de 2003 hacia las 6:15 pm se produjo el desbordamiento del cauce de la quebrada La Lima, sobre inmediaciones del barrio San Francisco, II sector, zona 19, en la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá, lo que ocasionó una inundación de tal magnitud que determinó la destrucción total de la casa de Heraclia Suárez Vda. de Rozo y la muerte de Clara María Rozo Suárez y Edwin Armando Poveda Rozo.

2. Esos hechos no se pueden considerar imprevisibles porque de forma antelada los habitantes del barrio habían puesto de presente a las autoridades competentes sobre el inminente riesgo en que se encontraban expuestos y al efecto, la junta de acción comunal previno de la existencia de filtraciones de agua, taponamiento y emplazamiento del cauce causadas por la falta de mantenimiento de las redes hidráulicas y del canal, lo que, aunado al volumen excesivo de recepción de aguas lluvias, precisaba de la intervención de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), de lo cual da noticia la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

C. Previa decisión sobre la jurisdicción competente —ya antes la parte actora había intentado frustráneamente la acción ante el tribunal de lo contencioso administrativo—, y apersonada de la causa, la demandada se opuso a las pretensiones. Admitió que para la época se presentó el desbordamiento de la quebrada pero que un fenómeno natural como las fuertes lluvias presentadas en noviembre de 2003 no constituye falla del servicio. Adujo, de todos modos, que el deterioro de la cuenca de la quebrada que se desbordó fue el efecto de la acumulación de las basuras y escombros arrojados por la comunidad del sector, ante lo cual la empresa, además de los mantenimientos periódicos que realiza, ha venido programando dentro de su plan de acción una serie de actividades que en la contestación se describen, atinentes al saneamiento básico y ambiental con la construcción de redes de alcantarillado sanitario y pluvial, así como la rehabilitación de las zonas de la ronda con parques y alamedas. En suma, recalcó que tal acontecimiento fue extraordinario e impredecible, no obedeció a falta de mantenimiento sino al arrojo de basuras, llantas, colchones, muebles y rocas, lo que aunado materiales provenientes de las canteras originan la sedimentación de la cañada.

Como defensas de mérito adujo la fuerza mayor o caso fortuito, la culpa exclusiva de la víctima por habitar en la zona de ronda y zona de manejo y preservación ambiental de la quebrada, la ausencia de responsabilidad por el hecho de un tercero, la ausencia de nexo causal entre la actividad de la empresa demandada y el daño, la ausencia de falla del servicio, la falta de legitimación en la causa por pasiva y la inexistencia de la obligación de indemnizar a cargo de la empresa demandada.

Llamó en garantía a la Aseguradora Colseguros S.A. con base en la póliza de responsabilidad civil extracontractual Nº REC. 200300549 con vigencia desde el 31 de octubre de 2003 hasta el 30 de abril de 2005, expedida por aquella y por La Previsora S.A. mediante la figura del coaseguro, hecho éste precisado por la primera con ocasión de su contestación, en la que aclaró que cada aseguradora asume las obligaciones en proporción a su participación y para el caso, Colseguros la tiene en el 60% y La Previsora S.A. en el 40%, sin que exista solidaridad. Alegó que dicho seguro no otorga cobertura para situaciones como la relatada en los hechos de la demanda por cuanto se encuentran excluidas. Presentó como excepciones de fondo las que denominó “extemporaneidad en la vinculación de la llamada en garantía” por cuanto el término previsto en el artículo 56 del Código de Procedimiento Civil se venció sin que la parte demandante hubiese hecho el esfuerzo de notificar de ese llamamiento a la aseguradora; “prescripción” dado que los hechos acaecieron el 24 de noviembre de 2003 y el llamado fue notificado a la aseguradora el 22 de mayo de 2008; “exclusiones pactadas contractualmente” dentro de las cuales se encuentra el desbordamiento y alza de nivel de aguas; “exclusión de riesgos catastróficos”, “incumplimiento de las obligaciones a cargo del asegurado”, “coaseguro” según lo relatado; “limitación de la responsabilidad” hasta concurrencia de la suma asegurada; “aplicación del deducible pactado en la póliza” así como en cualquier otro medio receptivo que resulta probado”.

C. La primera instancia culminó con sentencia desestimatoria de las pretensiones de los actores al encontrar demostrada la fuerza mayor o caso fortuito en razón de la gran caída de lluvias, evento súbito e intempestivo, como también calificó así el desbordamiento de la quebrada, el colapso de los puentes y pasos vehiculares de la zona y la formación de una especie de presa en una calle con forma de batea. A ello agregó que fueron varias las causas que incidieron en el fatal desenlace como la falta de intervención de las autoridades competentes sobre la red vial, el mal manejo por algunos miembros de la comunidad cercana a la quebrada en cuanto a que la contaminan, pues la llenan de escombros y basuras; la falta de demostración de que la empresa demandada no hubiese cumplido con su labor de intervenir, limpiar y mantener la quebrada; la falta de intervención urbanística, ambiental y policiva, y la intervención de terceros que presuntamente vienen degradando sectores de la ladera con explotación indiscriminada de canteras.

Apelado el fallo por la parte perdidosa, demandante, el tribunal con el suyo objeto del recurso de casación confirmó la decisión del a quo.

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

Luego del acostumbrado resumen de la causa litigiosa y de sentar un marco conceptual atinente a la responsabilidad extracontractual por actividades peligrosas y a su eximente, el caso fortuito, se adentra la corporación de segundo grado en el caso concreto para indicar, previa alusión al caudal probatorio recaudado, lo siguiente:

1. Con base en las declaraciones de los moradores del sector y en el diagnóstico de emergencia rendido por la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias, quedó demostrada la “existencia de algunos puentes en el cauce de la quebrada Limas realizados con tubos de tamaño tal que no permitían el desplazamiento adecuado de grandes cantidades de aguas, particularmente cuando estos y el cauce mismo de la quebrada están obstruidos con desechos de todo tipo (basuras, escombros, muebles, etc.) que arroja con frecuencia la propia comunidad, desde antes y aun después de los hechos” (fl. 41, cdno. 8).

2. Con fundamento en el Acuerdo 01 del 28 de enero de 2002, de la junta directiva de la empresa interpelada, ésta tiene a su cargo el mantenimiento del cauce así como “la construcción de la infraestructura adecuada que permita conducir, tratar y disponer las aguas servidas, las aguas lluvias y aguas superficiales que conforman el drenaje pluvial y el sistema hídrico dentro de su área de influencia” (fl. 42).

3. La resistente no es la única involucrada, pues también participan otras autoridades encargadas de controlar la expedición de licencias urbanísticas para la construcción de viviendas y control del espacio público, como el Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAMA. En consecuencia, en punto de la conservación del cauce, para el ad quem deben concurrir adicionalmente otras autoridades en trabajo mancomunado, por lo que debían ser llamadas a responder judicialmente, sobre todo si se tiene en cuenta que debían propender por el respeto de la ronda hidráulica de forma que el área paralela y contigua a la zona del cauce natural, y no mayor de 30 metros, de uso público no edificable, estuviese apta en su capacidad de conducción, en sus condiciones naturales, resultando “insuficiente las labores que individualmente pueda desarrollar la EAAB” (fl. 43).

Para corroborar el anterior aserto, acude a testimonios y documentos, incluida la prueba pericial, que se refieren a planes de mantenimiento a la postre ineficaces por la problemática ambiental del cauce y de la ronda de la quebrada ante el asentamiento de predios y el vertimiento de toda clase de desechos. Tales factores conjugados con la precipitación significativamente alta (28.6 milímetros) que presentaron las lluvias que cayeron el 23 de noviembre de 2003 en tiempo breve (seis horas) fueron los que dieron como resultado el desbordamiento con las consecuencias dañosas reclamadas.

4. Admite el tribunal que la EAAB recibió solicitudes de la comunidad con miras a superar las dificultades por el represamiento de las aguas; pero sostiene que la entidad procuró atenderlas en el marco de sus funciones y con la participación de la alcaldía distrital con la demolición de los puentes existentes y la construcción de nuevos con mayor capacidad.

5. En cuanto a la previsibilidad del hecho, alegado por los actores, el tribunal advierte que los testigos concuerdan en afirmar que en el entorno existe una atípica calle en forma de batea, que represó el agua, lo que constituye un elemento adicional que junto con el aguacero de ese día, de suyo imprevisible, fue factor concluyente en la ocurrencia de los hechos.

6. Resalta asimismo lo afirmado por el IDU sobre la constante ocurrencia de desbordamientos e inundaciones por la acumulación de basuras y desechos provenientes de las canteras, situación ésta a la que se suma también lo indicado por otra autoridad respecto del inadecuado desarrollo urbanístico, la construcción de viviendas en las zonas de la ronda hidráulica y de preservación ambiental, factores todos que permiten concluir al tribunal que para la EAAB no era posible evitar la ocurrencia y las consecuencias del desbordamiento de la quebrada, a pesar de las obras que ordinariamente ejecuta.

7. Se refiere a lo dicho por el auxiliar Misael Robayo Valvuena, cuyo dictamen en este punto calificó de meramente apreciativo por no estar calificado para emitir concepto técnico al respecto (fl. 43), en cuanto a que ratifica lo relatado por los testigos acerca de la influencia causal de la morfología de una vía (en forma de batea, lo que ocasionó el represamiento) sino también en cuanto a la insuficiente e ineficaz labor desplegada por trabajadores de la EAAB para contener el caudal de agua que cayó en dos o tres horas, a más de la cantidad de piedras, basuras, muebles sitos en la quebrada.

Como corolario de todo lo anterior, expresa la colegiatura que en los hechos que investiga concurrieron factores exógenos al deber de mantenimiento a cargo de la demandada, tales como el vertimiento de desechos, las construcciones adyacentes en la zona de ronda, la deficiente construcción de puentes, la forma de una vía que represó el agua, elementos que rompen el nexo causal y por ende no resulta posible “atribuirle responsabilidad exclusiva y excluyente a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, por los daños ocurridos en este evento y consecuentemente lo exonera del deber de responder por los perjuicios que del mismo pudieron derivarse, al no haberse allegado material probatorio que de manera contundente acredite «que la empresa demandada incurrió en un error de conducta, más concretamente en una omisión porque, supuestamente, habría podido evitar el resultado»” (fl. 45).

LA DEMANDA DE CASACIÓN. CARGO SEGUNDO

1. En su momento, esta Corporación inadmitió a trámite el primero de los dos cargos edificados contra la sentencia impugnada, razón por la cual se contrae este examen al otro, que viene articulado por la causal primera de casación, al ser la sentencia violatoria de las normas contenidas en los artículos 64, 1494, 2341, 2343, 2356 del Código Civil, 44 y 90 de la Constitución Política, 822 del Código de Comercio, ello como fruto de error de hecho manifiesto en la apreciación y valoración de las pruebas.

Con miras a sustentarlo y luego de reproducir el texto de los preceptos que alega fueron violados por el tribunal así como segmento considerable del fallo impugnado, explica el recurrente que la obligación de hacer el mantenimiento de los sistemas hidráulicos y la limpieza y el dragado periódico del cauce de la quebrada corresponde a la empresa demandada, como lo reconoció el representante legal de la entidad al absolver el interrogatorio de parte, y lo certificó la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá. “De lo anterior se infiere que la entidad demandada incurrió en una conducta omisiva que produjo como consecuencia el desbordamiento de la quebrada” (fl. 27, cdno. Corte).

Alude a las declaraciones de Gustavo Manrique, Carlos Alberto Álvarez, Héctor Alfonso Pachón e Ismael Quintero quienes, al decir de la censura, son coincidentes en testificar que antes de la tragedia del 24 de noviembre de 2003 la empresa interpelada, no obstante los requerimientos de la comunidad, no había hecho el dragado del mantenimiento preventivo del cauce por lo cual se taponó la quebrada y las aguas brotaron hacia las calles. Remata que de haberse adelantado la labor de dragado adecuado no se habría producido el desbordamiento de la quebrada.

Acude a las pericias rendidas, en particular la del auxiliar Misael Robayo Valvuena, en cuanto a su afirmación sobre que la limpieza parcial de la quebrada realizada por la empresa de acueducto días antes de su inspección no es suficiente y eficaz para albergar un caudal de agua causado por una lluvia de considerables proporciones, a lo que suma que en la quebrada hay piedras, basuras, llantas que según la comunidad permanecen hasta seis meses en el cauce sin que la empresa haga presencia. Y la segunda practicada por Orealis Roa Garzón de la que dice que contiene la liquidación de los perjuicios reclamados por los actores.

Además, aduce que el tribunal es incoherente porque si sólo la empresa demandada tiene signada la carga del mantenimiento de los sistemas hidráulicos y del dragado periódico de la quebrada, cuando establece que otras autoridades tenían en su haber esta tarea, como las entidades ambientales, policivas y de manejo y prevención de riesgos, no sólo incurre en una falacia sino que establece conjeturas para diluir la responsabilidad de la entidad demandada. Agrega que la propia junta directiva de la empresa interpelada dispuso que era su responsabilidad la conducción y manejo de aguas lluvias, servidas y superficiales que constituyen el drenaje pluvial, por lo que alega la censura que sin ningún fundamento, el tribunal sostiene que la entidad no es el único actor involucrado al endilgarle dicha función también a las autoridades encargadas de controlar la expedición de licencias urbanísticas para la construcción de vivienda, control de espacio público, medioambiente. Pero sostiene que ello es absurdo porque una cuestión es la formulación de políticas ambientales o la expedición de licencias de construcción o la regulación y control del espacio público y otra muy distinta la relativa al mantenimiento de los sistemas hidráulicos y la limpieza y dragado periódico del cauce de la quebrada La Lima, función exclusiva de la empresa resistente.

3. De otra parte, indica que es un exabrupto señalar que el chaparrón que cayó el día de los hechos es constitutivo de fuerza mayor, si se tiene en cuenta que la demandada es una entidad que dentro de su objeto contempla la regulación y manejo de las aguas lluvias y de las aguas superficiales y el sistema hídrico de la ciudad, máxime si la comunidad del barrio San Francisco había solicitado repetidamente la realización de labores de infraestructura que evitaran el represamiento de las aguas. Y el hecho de que existiera una calle que era como una batea donde se represó el agua, no constituye, según la censura, excusa alguna por cuanto si se hubiera dado mantenimiento y dragado las aguas no se habrían desbordado pues fue el rebosamiento de la quebrada y no la condición de la vía lo que produjo la tragedia.

CONSIDERACIONES

1. Sea lo primero advertir que, teniendo en consideración que la impugnación extraordinaria se interpuso en el año 2012, la normativa aplicable será la del Código de Procedimiento Civil, por ser la legislación vigente al tiempo de su formulación, acorde con lo ordenado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012 (CGP).

2. Los ejes centrales del cuestionamiento que el cargo pone de presente a la Corte giran en torno al achacado incumplimiento de la obligación de la empresa interpelada —y no de otras entidades— consistente en realizar el mantenimiento del canal de la quebrada, y en cuestionar que la lluvia fuese constitutiva de fuerza mayor si dentro de las actividades propias del objeto social de la empresa resistente está justamente la de lidiar con ese fenómeno. Ambos aspectos son resaltados para colegir que si la empresa hubiera efectuado cabalmente su labor el suceso lamentable no se hubiera presentado.

3. No obstante, liminarmente debe advertir la Corte un defecto técnico insuperable en este embate pues, con miras al quiebre del fallo, tilda al tribunal de ser reo de yerro de facto en pruebas que a lo largo del cargo va enunciando, comentando y de ellas concluyendo lo que en su sentir acreditan, con olvido absoluto de que para la demostración cabal del dislate la labor del impugnante consiste en contrastar las afirmaciones que con base en los mismos medios de convicción hizo el tribunal frente a lo que ellos acreditan, labor con la cual debe refulgir el carácter evidente o protuberante del yerro. Éste ha sido un aspecto de la casación que no por haberse ido morigerando sus rigores técnicos deba ser descartado, pues si sabido se tiene que este recurso extraordinario es de suyo dispositivo y por ende, la Corte como tribunal de casación, sólo debe examinar las acusaciones en los precisos términos en que son planteadas por el impugnante, sin posibilidad de enmendar o subsanar falencias o desaciertos, la labor de demostración es axial, esto es, la confrontación de lo dispuesto en el fallo con lo representado por la prueba resulta esencial para que de allí, de ese cotejo, surja el yerro fáctico que constituye la materia de estudio, parangón que, al estar ausente, impide a la Corte el examen de fondo.

4. Lo anterior implica que si la censura se limita a señalar que las probanzas acreditan los supuestos fácticos sustento de las pretensiones, sin ocuparse de construir la argumentación que revele el error, no alcanzará prosperidad el ataque, ya que mientras no se desvirtúen las conclusiones fácticas o probatorias del tribunal, estas prevalecen sobre las alegaciones que con esas deficiencias proponga la censura.

Acerca del mencionado desatino, esta Corporación en fallo CSJ SC10122, 31 jul. 2014, rad. 2001-00633-01, memoró:

En razón a que las acusaciones examinadas se fundamentan en la incursión del tribunal en ‘error de hecho’ en la valoración de los medios de convicción, ha de precisarse que del inciso final del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, se infiere que su eficacia para quebrar el fallo impugnado en casación, deriva de que sea manifiesto o protuberante, además de trascendente y que se concrete su demostración, en principio, valiéndose del cotejo o parangón entre el contenido de los medios de prueba apreciados erróneamente o cuya valoración se pretirió, con lo deducido de aquellos por el sentenciador, o lo que dejó de dar por acreditado, y con apoyo en una argumentación clara y precisa, revelar la contrariedad de las ideas obtenidas por el juzgador, con el verdadero sentido de las plasmadas en los elementos de juicio”.

Así mismo, en el fallo de 5 de abril de 2011, expediente 2006-00190, precisó que

‘(...) ‘Cualquier ensayo crítico en el ámbito probatorio que pueda hacer más o menos factible un nuevo análisis de la evidencia recogida, apoyándose en razonamientos que se estiman dotados de mayor consistencia crítica, no tienen la virtualidad suficiente para aniquilar una sentencia, si no van acompañados de la prueba fehaciente del error por parte del sentenciador, error que debe aparecer manifiesto en los autos, (...) lo que supone que sea palmario; si el yerro, por el contrario, no es de esta naturaleza, si para advertirlo se requiere de previos y más o menos esforzados razonamientos, o si se manifiesta apenas como una posibilidad y no como una certeza, entonces, aunque se demuestre el yerro, ese suceder no tendrá incidencia en el recurso extraordinario, toda vez, que en esta materia donde hay duda no puede haber error manifiesto’ (...)’.

5. Debe recordarse que el tribunal fundamentó su sentencia desestimatoria con base en las declaraciones de los habitantes del sector, en el diagnóstico rendido por la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor, el informe del IDU y el dictamen pericial elaborado por Misael Robayo Valvuena, de todo lo cual concluyó que concurrieron factores de diversa índole, ajenos al deber de mantenimiento a cargo de la demandada, referidos al persistente vertimiento de desechos por parte de la comunidad y de sedimentación y rocas llegadas de las canteras vecinas, la ocupación de la ronda de la quebrada con construcciones adyacentes, la deficiente construcción de puentes y de una vía que por su forma de batea causó el represamiento de las aguas.

Tal aserto pone sobre la mesa un problema arduo y evidentemente fáctico de concurrencia de causas, lo que constituye justamente la queja que refulge en el cargo, pero que solo se enuncia, pues a más de afirmarse a lo largo del mismo que si la empresa hubiera cumplido se habría evitado el desbordamiento, nada más agrega la acusación, olvidando además que el tribunal echó de menos la presencia en el plenario de una prueba técnica que sustentara el dicho del perito acerca de la ineficacia de la labor de la empresa resistente, pues calificó esa afirmación de meramente apreciativa, punto huérfano de ataque por parte de la censura.

6. En lo que hace al cumplimiento de la función estatutaria de limpieza y mantenimiento de los canales de aguas lluvias y servidas a cargo de la EAAB, debe señalarse que al paso que los testigos moradores del sector enfatizan que esta demandada incurrió en negligencia en esa labor, apreciaciones que el tribunal no soslayó (fl. 40, cdno. trib.), obran en el plenario otros elementos de convicción —de que también se valió esa colegiatura— que apuntan a lo contrario, es decir, que dan cuenta del cumplimiento, antes y después de los hechos, de las labores de mantenimiento a cargo de la interpelada, probanzas con las cuales el juez de la alzada advirtió que las insistentes solicitudes de la comunidad fueron atendidas ordinariamente en el marco de las funciones que competían a la pasiva, incluso en concurrencia con algunas otras entidades como la alcaldía que derribó los puentes existentes, dado que estos constituyeron una de las razones que la misma comunidad esgrimió como factor de represamiento de las aguas. Pero la crítica a tales conclusiones fue también olvidada en el cargo.

7. Pero aún si se llegara a la conclusión de que la empresa de acueducto y alcantarillado faltó a su deber de preservación del canal, sería esa omisión o negligencia una culpa que no puede servir ella sola de puntal para derivar de allí una responsabilidad a su cargo por el desastre ocurrido, pues sólo podría concluirse lo anterior si esa conducta culposa es en efecto la causa adecuada del daño cuyo resarcimiento se persigue. Y sobre el particular, como ya se resaltó, la Sala de Decisión Civil de tribunal echó en falta esa prueba técnica que esclareciera la influencia causal de todos esos factores que encontró vinculados al suceso, factores que, dentro de la discreta autonomía en la apreciación del caudal probatorio, no arribaron a la causa de modo inopinado, sino que fueron colegidos por el ad quem de las probanzas recaudadas, lo que constituye para la Corte, conclusión razonable y no producto de arbitrariedad que configure dislate protuberante. Dicho de otro modo, si el tribunal resaltó que los desechos y vertimientos, así como la ocupación ilegal de la ronda, la insuficiencia en la dimensión de los puentes y la conformación de una vía en forma de batea fueron causa del penoso desastre, correspondía al recurrente demostrar que en el evento de haberse realizado el mantenimiento del cauce esos otros factores aún presentes no hubieran afectado en manera alguna el curso correcto de las aguas, a pesar del fuerte aguacero de ese día, mediante la crítica probatoria a esas conclusiones del juez de segunda instancia, resaltando lo que tales probanzas patentizaban de modo contraevidente a aquella conclusión.

8. Sobre este preciso aspecto el cargo nada demuestra. Pues si bien es cierto que la obligación del mantenimiento del canal es del resorte de la empresa demandada, también lo es que otras entidades debían concurrir para que este mantenimiento fuese eficaz. Y es así como la presencia de rocas y sedimentos provenientes de las canteras así como la insuficiente capacidad hidráulica de los tubos con que se construyó uno de los puentes y de la pequeña dimensión del otro fueron determinantes, según el tribunal, para que el rebosamiento de las aguas alcanzara las vías y llegara hasta la casa donde fallecieron las víctimas. En esa medida, se itera, tocaba al recurrente demostrar que tanto la inspección y vigilancia de las canteras como las obras referidas a los puentes de dimensiones insuficientes eran asuntos del resorte de la empresa demandada según pruebas obrantes en el expediente y que el tribunal omitió o cercenó o, en su defecto, no constituían en absoluto concausas de la tragedia; pero, en aserto que no desarrolla, indica lo que es obvio: una cosa es el mantenimiento del canal, otras la preservación del espacio público de su ronda y la prohibición eficaz del vertimiento de desechos, factores causales que para el tribunal también incidieron y que el recurrente en el cargo omite rebatir.

Lo dicho es suficiente para concluir que el cargo no se abre paso.

DECISIÓN

En mérito de lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá, el 24 de agosto de 2012, en el proceso ordinario de Heraclia Suárez Vda. de Rozo, José Joaquín, Rosa Inés, Gloria Estrella y Mercedes Rozo de Guerrero y Marta Isabel Rozo Suárez frente a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, quien llamó en garantía a Aseguradora Colseguros S.A.

Costas a cargo de la parte recurrente. Se fija por concepto de agencias en derecho la suma de $ 3.000.000,oo, atendiendo a que la opositora no hizo presencia en este trámite.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Octavio Augusto Tejeiro Duque—Luis Armando Tolosa Villabona.