Sentencia SC2313-2018 de noviembre 21 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Álvaro Fernando García Restrepo

SC2313-2018

Rad.: 11001-02-03-000-2012-01848-00

(Aprobado en sesión de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete)

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil dieciocho (2018).

Decide la Corte el recurso extraordinario de revisión interpuesto por MARIA FERNANDA, CLAUDIA CATALINA y CARLOS ROBERTO WALDRAFF ESCOBAR frente la sentencia del 11 de agosto de 2010, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el proceso ejecutivo de Eduardo Giuseppe Francisco Vernier Waldraff y Claudia Silvana Vernier Waldraff a favor de la sucesión de Carmen Helena Waldraff de Vernier frente a los recurrentes como herederos determinados de Francisco de Sales Waldraff Romero, sus herederos indeterminados y Jorge Leonardo Waldraff Romero.

I. ANTECEDENTES

1. En el escrito introductorio del proceso ejecutivo, Eduardo Giuseppe Francisco y Claudia Silvana Vernier Waldraff actuando a favor de la sucesión de Carmen Helena Waldraff de Vernier convocaron a juicio a Jorge Leonardo Waldraff Romero y a los herederos determinados e indeterminados de Francisco de Sales Waldraff Romero, siendo aquellos los ahora recurrentes, con base en una letra de cambio girada a favor de Carmen Helena Waldraff de Vernier y dónde figuran como girados aceptantes Jorge Leonardo y Francisco de Sales Waldraff Romero.

2. Notificados los herederos determinados de Francisco de Sales Waldraff Romero, tacharon de falso el documento allegado como base de recaudo e invocaron como excepciones de mérito, entre otras, “falsedad del título”, “omisión de requisitos del título necesarios para el ejercicio de la acción”, “exceptio doli por haber llenado el título sin autorización” (fls. 231 a 267, cdno. 1 juzgado)

3. Se profirió sentencia de primera instancia el 28 de abril de 2010, en la que se declararon infundadas las excepciones y se ordenó seguir adelante la ejecución a favor de la sucesión ilíquida de Carmen Helena Waldraff Romero (fls. 414 y ss., ibidem).

4. La parte vencida interpuso recurso de apelación contra la referida decisión y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bogotá, la adicionó mediante sentencia de 11 de agosto de 2010 «...en el sentido de indicar que no obstante la improsperidad de las excepciones de carácter principal interpuestas, se reconoce la subsidiaria denominada `Beneficio de Inventario y pago de las obligaciones estipuladas en moneda extranjera liquidada a la tasa de cambio representativa del mercado en la fecha en que fueron contraídas`...» (fls.73 a 86, cdno. tribunal).

II. EL RECURSO DE REVISIÓN

1. La impugnación extraordinaria se sustentó en las causales 2º y 6º del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, que rezan:

“2. Haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueren decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida.” 

“6. Haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente”.

2. Como fundamento de la causal 2º se expuso los hechos que se resumen así:

a) En el proceso ejecutivo actúan como demandantes Eduardo Guiseppe Francisco y Claudia Silvana Vernier Waldraff como herederos de Helena Waldraff de Vernier quien figura como beneficiaria de la letra de cambio base del recaudo compulsivo, título cambiario dónde a su vez, obran como girados aceptantes los señores Jorge Leonardo Waldraff y el extinto Francisco de Sales Waldraff Romero, por lo que fueron convocados sus herederos determinados e indeterminados.

b) Convocados a juicio como herederos determinados, y notificados debidamente del mandamiento de pago, presentaron tacha de falsedad «[p]or cuanto había una irregularidad sobre la fecha de vencimiento y la firma de aceptación de el (sic) señor FRANCISCO DE SALES WALDRAFF ROMERO (q.e.p.d.)».

c) En el trámite de la tacha se practicó prueba pericial por parte de perito perteneciente a la lista de auxiliares de la justicia quien utilizó herramientas muy elementales para el experticio.

d) Ante esta situación «irregular» la demandada Claudia Catalina Waldraff Escobar optó por formular denuncia penal el 29 de julio de 2008 que correspondió a la Fiscalía 277 Seccional-Unidad Tercera de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico.

e) El Juzgado Tercero Civil de Circuito de esta ciudad procedió a dictar sentencia de primera instancia en la que valoró los medios de prueba recaudados en el proceso, consideró que el título aportado prestaba mérito ejecutivo, pero no hizo referencia a la «firma falseada del aceptante».

f) Apelado el fallo, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión de primera instancia, con la variación de que los herederos determinados sólo responderían hasta el monto equivalente al valor de los bienes que les hayan adjudicado en la sucesión.

g) Informa que en desarrollo de la actividad investigativa llevada a cabo por la Fiscalía 277 Seccional-Unidad Tercera de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico se hizo un estudio grafológico el 20 de marzo de 2011 que concluyó que «LA RÚBRICA ILEGIBLE QUE COMO EL SEÑOR FRANCISCO WALDRAFF APARECE PLASMADA DIRECTAMENTE SOBRE EL PAPEL UTILIZANDO UN ELEMENTO ESCRITO TINTA DE COLOR NEGRO EN LA PARTE MEDIA IZQUIERDA EN UN DOCUMENTO COMO LETRA DE CAMBIO NO PRESENTA UNIPROCEDENCIA MANUSCRITURAL FRENTE A LAS MUESTRAS MANUSCRITURALES».

h) Por lo relatado, y en calidad de apoderado de las víctimas en la actuación penal, solicitó audiencia preliminar de consuno con la Fiscalía, dónde el Juez Penal decidió ordenar la suspensión del poder dispositivo del inmueble identificado con la cédula catastral Nº 50N-20317581 que corresponde al predio embargado en el proceso ejecutivo.

i) Concluye que si el juzgado de conocimiento y el tribunal superior hubiesen tenido un dictamen técnico como el llevado a cabo en la Fiscalía, el fallo hubiese sido distinto sin que se le causaren perjuicios a los demandados con el embargo de la finca.

j) Además, se hallan en la oportunidad prevista en el inciso 3º del artículo 142 ejusdem en armonía con el 2 del 381 del mismo compendio normativo, pues sólo transcurrió un año y medio desde cuando se inscribió el embargo y se enteraron de la sentencia.

3. Como sustento de la causal 6º sostuvo, en síntesis:

a) Relata que en el título valor figuran los dígitos 199_ como parte de una pre-forma, siendo que hubo una alteración de la fecha del año de vencimiento de la letra al sobre-escribir, modificar y enmendar a su acomodo la literalidad original inicialmente plasmada en el título valor.

b) Sostiene que una cosa es llenar los espacios en blanco y otra es sobre-poner o re-escribir encima de un espacio previamente digitado a fin de lograr un engaño o fraude.

c) Las pruebas testimoniales recaudadas no podían ser soporte para autorizar a los demandantes a llenar espacios de la letra de cambio «y si lo hicieron obraron de una manera posiblemente engañosa»

d) Agregó que el demandado Jorge Leonardo Waldraff Romero presuntamente está asesorando al demandante de una manera extraña, pues es quien figura como solicitante de los certificados de los bienes de los deudores.

e) Concluyó diciendo que «...existió una maniobra fraudulenta, bien sea unilateral o colusiva, desplegada por el autor o autores con el propósito de lograr la sentencia de un contenido contrario a derecho...»

III. TRÁMITE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO

1. El 17 de agosto de 2012 fue radicada la demanda y el 7 de septiembre de 2012 el magistrado ponente fijó la caución de que trata el inciso 1º del artículo 383 ídem (fls. 104).

2. Otorgada y corregida la garantía, ordenó al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá remitir el respectivo expediente (fls. 122).

3. Recibida la actuación, el 2 de mayo de 2013 se admitió a curso el libelo mediante auto que se notificó por estados a los demandantes 6 de mayo de 2013. En ese proveído se ordenó correr traslado a Claudia Silvana y Eduardo Giuseppe Francisco Vernier Waldraff en calidad de herederos de Helena Waldraff de Vernier, a Jorge Leonardo Waldraff Romero y a los herederos indeterminados de Francisco de Sales Waldraff Romero (fls. 126 a 128).

4. La notificación a los opositores se realizó en las circunstancias siguientes:

a) Los herederos indeterminados de Francisco de Sales Waldraff Romero, previa las convocatorias de rigor, se notificaron a través de curador ad litem el 23 de enero de 2014 (fl. 184).

b) El demandado Jorge Leonardo Waldraff Romero se notificó por aviso que le fue entregado el 11 de abril de 2014, luego la notificación se consideró surtida al finalizar el día hábil siguiente; es decir, 21 de abril de 2014, pues entretanto transcurrieron los días de vacancia judicial por el periodo de Semana Santa —Decreto 546 de 1971— (fl. 284).

5. Claudia Silvana Vernier Waldraff se notificó a través de curador ad litem, el 17 de septiembre de 2014 (fl. 300). Posteriormente otorgó poder para ser representada en el presente trámite, según consta en el folio 301.

6. En razón de no haberse realizado la notificación de Eduardo Giuseppe Francisco Vernier Waldraff, fue preciso requerir al demandante bajo los presupuestos y atribuciones conferidas en el artículo 317 del Código General del Proceso por auto del 8 de octubre de 2014 (fl. 335).

7. Finalmente, el último demandado se vinculó a través de curador ad litem el 16 de enero de 2015 (fl. 353).

8. Tantos los auxiliares de la justicia designados en este trámite quienes actuaron en calidad de curadores de los convocados, como la apoderada judicial de Claudia Silvana Vernier Waldraff, contestaron oportunamente la demanda. Fue la abogada de la antes mencionada, la que propuso como excepción, entre otras, aquélla que denominó «Prescripción del derecho a interponer el recurso extraordinario de revisión y caducidad de la acción» argumentando que no había operado la caducidad contemplada en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que no se produjo la notificación de los demandados dentro del término señalado en la referida norma procesal.

9. El proceso prosiguió con la apertura a pruebas (fl. 373); y, culminado su recaudo, se dio traslado común a los intervinientes para alegar de conclusión, oportunidad que sólo aprovechó el recurrente en revisión (fls. 392 al 415).

10. Agotadas las etapas enunciadas, es pertinente dictar sentencia que resuelva la impugnación.

CONSIDERACIONES

1. En virtud de que la demanda mediante la cual se formuló y sustentó el recurso de revisión que ahora se decide fue presentada el 17 de agosto de 2012, se aplicarán en lo pertinente para la decisión, las disposiciones que en ese entonces se hallaban vigentes, esto es, las del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con el artículo 624 del Código General del Proceso.

2. Aclarado lo anterior, es preciso memorar que el recurso de revisión tiene por propósito impugnar de manera excepcional aquellas sentencias que han hecho tránsito a cosa juzgada y que el censor considera contrarias al ordenamiento, para reabrir el litigio original con todas las garantías que inicialmente se le negaron y restablecerle el derecho desconocido, dependiendo su prosperidad de que demuestre que se configura alguna de las precisas causales señaladas en la legislación procesal civil.

En tal sentido, este remedio extraordinario constituye un límite al principio de la cosa juzgada en aras de la primacía del derecho material frente al formal, es decir, que privilegia la justicia sobre la seguridad jurídica.

Sobre el particular, la Corte ha sostenido que,

(...) aparece consagrado por el derecho positivo como remedio que se endereza a quebrantar la fuerza de la cosa juzgada, el recurso de revisión, cuya finalidad es pues invalidar por injusta una sentencia firme, para que por consiguiente la jurisdicción pueda considerar nuevamente el litigio planteado en proceso anterior y fallarlo con arreglo a derecho (G.J. t. CXLVIII, 1ª parte, pág. 14).

Semejante privilegio tiene importantes limitaciones, en cuanto los motivos de revisión no solo son taxativos sino que su aplicación debe hacerse con un criterio restrictivo, en otras palabras, únicamente las causales expresamente contempladas por el legislador tienen la potencialidad de socavar la cosa juzgada y la interpretación de la situación fáctico-jurídica debe ceñirse estrictamente a los contornos de la misma.

Su finalidad no es reeditar el debate de fondo primigenio, brindando al impugnante renovadas oportunidades probatorias, permitiéndole exponer novedosos puntos de vista o subsanando su incuria al omitir los mecanismos ordinarios de defensa, sino examinar si circunstancias extrínsecas que encajan en los motivos previstos por el legislador influyeron de manera decisiva en la adopción de una resolución que debe ser removida por tener más peso la perentoriedad de corregir la injusticia contenida en ella que la cosa juzgada.

Al respecto, la Sala ha dicho que

«Debido a su carácter excepcional y los fines que está llamado a alcanzar, las causas que lo justifican, además de estar consagradas con criterio taxativo y por ende de entendimiento restringido, se originan en circunstancias, que en términos generales son extrínsecas o ajenas al proceso en el cual se profirió la sentencia que por tal medio se impugna, es decir, que rebasan el ámbito propio de éste y por esencia constituyen aspectos novedosos frente a él, pero que lo vician en forma decisiva. De ahí que se descarten, en principio, como motivos justificantes del mismo, todos aquellos aspectos que por haber constituido tema de decisión, fueron alegados, discutidos y decididos en el proceso en el cual se dictó la sentencia recurrida, porque de no ser así, se estaría frente a un replanteamiento in extenso del debate judicial concluido, que al fin de cuentas no es el objetivo del recurso en comentario, como inicialmente quedó explicado».  

El medio de impugnación en mención, conforme al artículo 379 ibídem, procede contra las sentencias ejecutoriadas, con apoyo en una o más de las causales específicamente consagradas en el precepto 380 del citado ordenamiento procesal, respecto de las cuales el artículo 381 ídem, consagra un término perentorio para interponer la respectiva demanda, y que por lo tanto, acaecido su vencimiento, en principio, se produce la caducidad del derecho o prerrogativa conferida al recurrente.

3. En la sentencia de esta corporación CSJ SC, 11 jul. 2013, rad. 2011-01067-00, acerca del citado fenómeno procesal, se memoró:

(...) En relación [a] la caducidad ha dicho la Corte que ‘comprende la expiración (o decadencia) de un derecho o una potestad, cuando no se realiza el acto idóneo previsto por la ley para su ejercicio, en el término perentoriamente previsto en ella. (...) Por consiguiente, desde esta perspectiva es inherente y esencial a la caducidad la existencia de un término fatal fijado por la ley (...), dentro del cual debe ejercerse idóneamente el poder o el derecho, so pena de extinguirse.

‘O, para decirlo en otros términos, acontece que la ley, sin detenerse a consolidar explícitamente una particular categoría, consagra plazos perentorios dentro de los cuales debe realizarse a cabalidad el acto en ella previsto con miras a que una determinada relación jurídica no se extinga o sufra restricciones, fenómeno que, gracias a la labor de diferenciación emprendida por la doctrina y la jurisprudencia, se denomina caducidad.

‘[...] ‘El legislador, pues, en aras de la seguridad jurídica, pretende con los términos de caducidad finiquitar el estado de zozobra de una determinada situación o relación de derecho, generado por las expectativas de un posible pleito, imponiéndole al interesado la carga de ejercitar un acto específico, tal la presentación de la demanda, en un plazo apremiante y decisivo, con lo cual limita con precisión, la oportunidad que se tiene para hacer actuar un derecho, de manera que no afecte más allá de lo razonablemente tolerable los intereses de otros. 

‘Nótese, por consiguiente, cómo la caducidad descansa, en últimas, sobre imperativos de certidumbre y seguridad de ciertas y determinadas relaciones jurídicas, respecto de las cuales el ordenamiento desea, de manera perentoria, su consolidación, sin que ella deba concebirse como una sanción por abandono, ni haya lugar a deducir que envuelve una presunción de pago o cumplimiento de la obligación, como tampoco pretende interpretar el querer del titular del derecho.  

‘De ahí que la expresión: ‘Tanto tiempo tanto derecho’, demuestre de manera gráfica sus alcances, esto es, que el plazo señala el comienzo y el fin del derecho o potestad respectivo, por lo que su titular se encuentra ante una alternativa: o lo ejercitó oportunamente o no lo hizo, sin que medie prórroga posible, ni sea viable detener la inexorable marcha del tiempo.’ [Sentencia del 23 de septiembre de 2002, Exp. 6054, reiterada en la de 4 de agosto de 2010, Exp. 2007-01946-00, y en la de 31 de octubre de 2012, Exp. 11001-0203-000-2003-00004-01].

Y, en relación con el carácter imperativo, esto es, el deber legal que tiene o reside en el Juez acerca de estudiar motu proprio la acotada figura de orden público, vale decir, con prescindencia del comportamiento que en esa materia asuman los protagonistas del correspondiente asunto, en fallo CSJ SC, 20 Sept. 2005, Rad. 7814 se advirtió:

«Como quiera que la interposición oportuna de la impugnación extraordinaria es requisito de procedibilidad, delanteramente debe hacerse el examen del punto relacionado con la caducidad de las causales invocadas por la parte recurrente, escrutinio que procede inclusive de oficio y frente a todas las personas integrantes de la parte demandada, aunque hayan guardado silencio al respecto”, agregando que “(...) la demanda de revisión debe presentarse dentro del término de caducidad que consagra el artículo 381 del Código de Procedimiento Civil, pues si de entrada se advierte que la caducidad ya está consumada, el juzgador deberá rechazar in limine la impugnación, según la clara preceptiva del inciso cuarto del artículo 383 íd.».

4. Lo anterior implica, que para poder entrar a examinar de fondo la impugnación en comento, previamente se impone dilucidar lo pertinente acerca del señalado fenómeno procesal.

4.1. Las causales invocadas por el censor fueron las contempladas en los numerales 2º y 6º del referido artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, respecto de la cual los incisos 1º y 3º del precepto 381 ibídem, exigía interponerlo «dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia», con la salvedad que frente a la causal 2º se añadió como circunstancia adicional que «si el proceso penal no hubiere terminado, se suspenderá la sentencia de revisión hasta cuando se produzca la ejecutoria del fallo penal y se presente la copia respectiva» frente a cuya preceptiva, en este trámite, se dispuso no suspender el proceso pues, llegado el momento procesal de dictar sentencia, aún no se contaba con «proceso penal» (fl. 425).

4.2. Consta en el plenario, que el fallo del tribunal se profirió el 11 de agosto de 2010, fue notificado por edicto conforme al artículo 323 del Código de Procedimiento Civil, que se desfijó el día 20 de agosto de 2010, quedando para esta fecha cumplido dicho acto, y por consiguiente, al tenor del precepto 331 ibídem, alcanzó ejecutoria tres días después, esto es, el 25 de agosto de 2010. Luego entonces, en razón de haberse presentado la demanda el 17 de agosto de 2012, se determina que fue oportuna, puesto que no habían vencido los dos años otorgados para incoarla.

4.3. Ahora, de acuerdo con el artículo 94 del Código General del Proceso, vigente desde el 1º de octubre de 2012 que derogó el precepto 90 del anterior ordenamiento procesal, «[l]a presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquélla o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandado. Pasado este término, los mencionados efectos sólo se producirán con la notificación al demandado». A su vez, el penúltimo inciso de dicha disposición establece, que «[s]i fueren varios los demandados y existiere entre ellos litisconsorcio facultativo, los efectos de la notificación a los que se refiere este artículo se surtirán para cada uno separadamente, salvo norma sustancial o procesal en contrario. Si el litisconsorcio fuere necesario será indispensable la notificación a todos ellos para que se surtan dichos efectos»(subrayas intencionales).

A propósito de la anterior temática de carácter legislativo, y pese al cambio de la normatividad procesal, por guardar similitud con la derogada en el Código de Procedimiento Civil, en fallo CSJ CS, 20 mayo 2011, Rad. 2005-00289, la corporación sostuvo que:

(...) presentada oportunamente la demanda, éste acto impedirá que el término extintivo de la caducidad continúe corriendo, si es que el demandante en revisión cumple la carga de notificarla al demandado dentro del término del artículo 90 del mismo Código. Caso contrario, equivale a decir, cuando esta carga es incumplida, que pierde la presentación de la demanda aquél efecto inicial, porque la caducidad ya no se detendrá sino cuando efectivamente se notifique al demandado; hipótesis ésta que alude a una consumación de caducidad sobreviniente, la que, por razones obvias, ha de ser analizada y decidida en la sentencia misma con que concluya el trámite de la revisión. 

4.4. Precisado lo anterior, ha de recordarse que en el juicio ejecutivo objeto de revisión, se demandó a Jorge Leonardo Waldraff Romero como girado aceptante de la letra de cambio base de recaudo, así como a los herederos de Francisco de Sales Waldraff Romero, concurriendo como herederos determinados los ahora recurrentes. Los demandantes fueron Eduardo Giuseppe Francisco y Claudia Silvana Vernier Waldraff en nombre de la sucesión ilíquida de Carmen Helena Waldraff de Vernier, beneficiaria del título cambiario.

4.5. De acuerdo con lo previsto en el numeral segundo del artículo 382 del Código de Procedimiento Civil, “las personas que fueron parte en el proceso en que se dictó la sentencia” deben ser convocadas al recurso, “para que con ellas se siga el procedimiento de revisión”. Luego, siguiendo el criterio de la Sala, todas ellas tienen la calidad de litisconsortes necesarios, a los efectos de este recurso de revisión y sin importar la condición que tenían en el proceso en que se dictó la sentencia objeto de la revisión. Por lo tanto, para impedir que se produjera la caducidad, de conformidad con el penúltimo inciso del artículo 94 del Código General del Proceso, se requería la notificación a todos ellos, lo cual significa, que solo con el enteramiento al último de los convocados, legalmente se generaban dichos efectos.

4.6. Al revisar la actuación procesal se constata, que la providencia de admisión de la demanda de revisión se notificó por estado al recurrente, el 6 de mayo de 2013 (fl. 128), lo cual implica que la anualidad concedida para enterar de la misma a los opositores venció el 6 de mayo de 2014, y como dos de los enteramientos ocurrieron en calenda posterior, ha de revisarse el último de ellos para determinar si la notificación cumplió el objetivo de que no operara la caducidad.

5. Para ello es preciso determinar que cuando se presentó la demanda de revisión, sólo faltaban 8 días para que operara la caducidad; por tanto, si la demanda no cumplió con el objetivo de impedir que se produjera la caducidad ante el incumplimiento de la carga procesal de notificación en cabeza del censor dentro del término de un año, en el caso sub examine tampoco se lograría con la notificación del último demandado, por la precariedad del término faltante para que ocurriera el fenómeno procesal. Ello por cuanto el último demandado se vinculó a través de curador ad litem el 16 de enero de 2015 (fl. 353).

De suerte que, siendo inoperante la notificación de la parte demandada para neutralizar la caducidad, deberá declararse probado este fenómeno procesal.

6. Por lo demás, las causales de revisión invocadas tampoco tendría posibilidad de éxito, conforme se explicará sucintamente.

a) En lo que atañe a la causal segunda, no se arrimó a estas diligencias, la sentencia penal que declarara falsa la letra de cambio base del juicio ejecutivo.

En relación con el citado motivo, la Corte en Sentencia CSJ SC, 19 dic. 2011, rad. 2008-01281-00 reiteró:

(...) para que se configure el supuesto previsto en el numeral segundo del artículo 380 es indispensable que en forma oportuna ‘el peticionario acompañe la prueba de que el documento que sirvió de base primordial al fallo que se pretende revisar, ha sido declarado falso por el juez competente, o que haya recaído decisión en igual sentido después de dictado el fallo correspondiente’, ya que ‘mientras no se acompañe dicha prueba no se puede saber si el documento base de la sentencia es o no falso’ (...)’.

Igualmente, en fallo CSJ SC, 5 mar. 2007, rad. 2001-00212-01 indicó:

(...) para la cabal estructuración de esta causal se requiere, como lo ha reiterado la jurisprudencia, que concurran los siguientes presupuestos: a) que se trate de un documento, ya público ora privado; b) que el mismo seaindiscutiblemente falso, esto es, que llegue a la causa de revisión como verdad probada por así haberlo declarado las autoridades penales; c) que ese documento haya formado parte del proceso anterior; d) que la declaración judicial de falsedad se hubiera producido con posterioridad a la sentencia o que, si lo fue con anterioridad, hubiese sido ignorada por el demandante en revisión; y, e) que se trate de documento decisivo, vale decir, que el sentido de la decisión objetada ostente como soporte fundamental el documento declarado falso. 

(...) Desde luego que conforme al numeral 2º en referencia, lo que edifica la mentada causal no es propiamente la falsedad en sí misma considerada, de suerte que el juez de la revisión tuviera que decidir si la declara o no, y en cambio sí la resolución proveniente del juez de la causa criminal que así lo hubiese determinado, por cuanto es éste y no otro el debido entendimiento que emerge de este precepto al prescribir, en forma perentoria, que constituye causal de revisión «haberse declarado falsos por la justicia penal documentos decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida»(...).

(...) Ahora bien, dado el carácter enteramente dispositivo que del mismo modo campea en esta senda extraordinaria, sobre el demandante en revisión recae la carga de allegar la prueba demostrativa de que la autoridad penal declaró falso ese documento que resultó decisivo en las determinaciones adoptadas en el fallo objeto de revisión, pues, como también lo ha señalado la Corte, para que se configure este motivo es indispensable que en forma oportuna ‘el peticionario acompañe la prueba de que el documento que sirvió de base primordial al fallo que se pretende revisar, ha sido declarado falso por el juez competente, o que haya recaído decisión en igual sentido después de dictado el fallo correspondiente’, ya que ‘mientras no se acompañe dicha prueba no se puede saber si el documento base de la sentencia es o no falso’ (...) (subraya la Corte).

Es así, como se torna en documento indispensable para la prosperidad del recurso con base en esta causal, que la justicia penal haya declarado falsos los documentos que fueron decisivos para el proferimiento de la providencia recurrida, lo que se demuestra con un pronunciamiento ejecutoriado.

En el escenario aquí planteado, la Sala no vislumbra medio de persuasión alguno que le permita aceptar la presencia de los mencionados requisitos, si se tiene en cuenta que la demandante no acreditó la emisión del pronunciamiento judicial en firme emitido por el respectivo sentenciador del juicio criminal, a través del cual hubiera declarado la falsedad documentaria enarbolada.

Incluso, a más de que no se aportó el correspondiente medio de persuasión relativo a que la «justicia penal» haya «declarado falsos (...) documentos que fueren decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida» y que permita afirmar la estructuración del segundo motivo de revisión, se evidencia que tampoco hay noticia de que existe proceso penal como tal, que hubiera permitido la suspensión de la sentencia que corresponde a este trámite extraordinario, como lo señala la norma antes citada y que fundamentaron la decisión de no suspender este trámite.

Luego al margen de la declaratoria de caducidad, tampoco se avistaba prosperidad del recurso con base en la mencionada causal.

7. Corolario de lo anterior, se declarará probada de oficio la caducidad respecto de las causales invocadas, y se condenará en costas y perjuicios a la parte recurrente.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. DECLARAR probada de oficio la caducidad, dentro del recurso extraordinario de revisión interpuesto por María Fernanda, Claudia Catalina y Carlos Roberto Waldraff Escobar frente la sentencia de 11 de agosto de 2010, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el proceso ejecutivo de Eduardo Giuseppe Francisco Vernier Waldraff y Claudia Silvana Vernier Waldraff a favor de la sucesión de Carmen Helena Waldraff de Vernier frente a los recurrentes como herederos determinados de Francisco de Sales Waldraff Romero, sus herederos indeterminados y Jorge Leonardo Waldraff Romero.

2. Condenar en costas y perjuicios a la parte recurrente.

3. DEVOLVER al juzgado de origen el expediente contentivo del proceso ejecutivo, cuya sentencia fue objeto del recurso de revisión, junto con la copia de esta providencia.

4. ARCHIVAR la actuación surtida con ocasión del recurso de revisión, una vez cumplidas las órdenes impartidas.

Notifíquese,

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Octavio Augusto Tejeiro Duque—Luis Armando Tolosa Villabona.