Sentencia SC2379-2016/2002-00897 de febrero 26 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC2379-2016

Rad.: 11001-3110-016-2002-00897-01

Magistrada Ponente

Dr. Margarita Cabello Blanco

(Aprobada en sesión de veintiocho de abril de dos mil quince

Bogotá, D. C., veintiséis de febrero de dos mil dieciséis.

Decide la Corte el recurso de casación formulado por el demandante William Vargas Díaz, frente a la sentencia de 8 de abril de 2013, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por el recurrente en su calidad de heredero de la causante Gladys Díaz de Valbuena, contra el cónyuge supérstite Raúl Valbuena Sarmiento, y los herederos Hilder Raúl, Blanca Lucía y Diana María Valbuena Díaz.

I. Antecedentes 

1. En el escrito introductorio del proceso se plantearon como pretensiones las que enseguida se compendian:

a) Condenar a los accionados a restituir a la «sociedad conyugal» que conformaron Raúl Valbuena Sarmiento y Gladys Díaz de Valbuena (hoy fallecida), la totalidad de los bienes, como también los frutos y aumentos, representados aquellos en cuotas partes de interés social, acciones, inmuebles, muebles, títulos valores, depósitos en cuentas bancarias, contratos de mutuo o préstamo y cualquier otro elemento del haber social y/o la sucesión de la nombrada causante, y que de manera fraudulenta o dolosa fueron por aquellos distraídos, sustraídos u ocultados.

b) Ordenar a los convocados al juicio que restituyan a la citada «sociedad conyugal», una suma equivalente al doble del valor de los elementos del activo que por las señaladas conductas no entraron a hacer parte del inventario.

c) Decretar la pérdida de la porción de gananciales a que pudiera tener derecho el cónyuge sobreviviente Raúl Valbuena Sarmiento, al igual que la parte de la herencia que les pudiera corresponder a sus hijos Hilder Raúl, Blanca Lucía y Diana María Valbuena Díaz, en la sucesión de su progenitora Gladys Díaz de Valbuena.

d) Que en el evento de aquellos haber enajenado la totalidad o parte de los bienes que deben restituir a la sociedad conyugal, y los posean adquirentes de buena fe, se les condene a restituir en dinero el valor comercial de los mismos, más los rendimientos, frutos, valorizaciones e intereses comerciales desde el fallecimiento de la de cujus.

e) Declarar que los accionados no podrán repetir contra el actor lo que le hubieren pagado por su derecho, dado el carácter de ilícito del objeto y la causa, en los contratos con él celebrados.

f) No reconocer mejoras a demandados, por no haberlas realizado en los bienes que deben restituir, con dineros de su propio peculio.

2. Los supuestos fácticos fundamento del petitum se sintetizan de la siguiente manera:

a) El actor William Vargas Díaz, y su hermano Roberto Antonio, son hijos de Roberto Vargas y de Gladys Díaz Moreno, aunque posteriormente modificaron sus registros civiles, incluyendo como su padre a Raúl Valbuena Sarmiento, por lo que pasaron a figurar con los apellidos Valbuena Díaz.

b) Gladys Díaz Moreno, contrajo matrimonio con Raúl Valbuena Sarmiento, el 29 de abril de 1963, habiendo procreado a Blanca Lucía, Diana María e Hilder Raúl.

c) Los esposos antes nombrados acumularon un conjunto de bienes sociales, figurando algunos en cabeza de ella y otros de él.

d) La señora Gladys Díaz de Valbuena, falleció el 4 de noviembre de 1997 en Bogotá, lugar de su último domicilio.

e) El cónyuge supérstite y los tres hijos habidos en el matrimonio, promovieron la apertura del proceso de sucesión de la prenombrada causante, presentando la respectiva demanda el 13 de febrero de 1998, correspondiéndole al Juzgado 9º de Familia de esta ciudad.

f) Aquellos prepararon un documento denominado «balance general a octubre 31 de 1997», donde se relacionan «activos en caja y bancos, inversiones, aportes en sociedades, deudores, anticipos de impuestos, inventarios de mercancías, propiedades, muebles y enseres, depreciación de equipos; así como una relación del pasivo, conformado por obligaciones financieras y de otro orden, cuentas, impuestos y salarios por pagar, provisiones, etc., para determinar que supuestamente la causante dejó un patrimonio líquido de $1.287’234.531,57».

g). En marzo de 1998, Raúl Valbuena Sarmiento y sus dos hijas, viajaron a Miami, lugar de domicilio de William Vargas Díaz, y le presentaron el citado instrumento, expresándole su interés en comprarle los derechos hereditarios, como también los de su hermano Roberto Antonio, negocio que se logró celebrar, mediante la E.P. nº 1114 de 23 de junio de 1998 en la Notaría 16 de Bogotá, ratificándose en la E.P. nº 3114 de 22 de diciembre de 1998 de la Notaría 10ª de la misma ciudad, efectuándose la cesión a favor del cónyuge sobreviviente y sus tres hijos, respecto de la «totalidad de los derechos y acciones de herencia y asignaciones que por ley correspondan y lleguen a corresponder (…) sobre la herencia dejada por Gladys Díaz Moreno de Valbuena», por valor de $500’000.000.

h) Debido a que William Vargas Díaz, vivía en Miami, no estaba enterado con exactitud de los activos que conformaban el patrimonio de la «sociedad conyugal» de su señora madre y solo conoció la información en el documento que le presentaron para la citada negociación, el cual «de manera malintencionada y engañosa no contenía la totalidad de los bienes que conformaban la masa de la herencia de doña Gladys Díaz Moreno de Valbuena, ni correspondía razonablemente al volumen de los bienes sociales existentes al momento del fallecimiento de la causante, (…)», además incluyó avalúos por debajo del precio comercial.

i) Parte importante de los bienes sociales existentes para cuando murió la señora Gladys Díaz, fueron ocultados dolosamente por el cónyuge sobreviviente y sus hijos, entre ellos, un apartamento en Miami, un predio rural ubicado en el estado de Florida (USA), y un crédito a favor de Raúl Valbuena Sarmiento y Otoniel Gómez; también figuraba en cabeza de aquel, cuotas de capital social en las compañías estadounidenses Divalco L.C. y Maracay Investments Inc.; así mismo, existían depósitos en el Bank of América, antes Nations Bank, en Miami y Banco de Occidente de Panamá.

j) Adicionalmente Raúl Valbuena Sarmiento, propició la cesión a favor de los hijos habidos en el matrimonio, de las cuotas sociales que tanto él como su esposa tenían en algunas sociedades comerciales, de las cuales se relacionan cuarenta, de tal manera que para la época del fallecimiento de aquella, los respectivos derechos figuraban en cabeza de sus descendientes, lo que se concretó inclusive mediante la falsificación de firmas y de hechos en algunos documentos, como aconteció con la rúbrica del acta nº 03 de 14 de febrero de 1986 de la sociedad R. Valbuena & Cía. Ltda., atribuida a la señora Díaz Moreno de Valbuena, según la peritación grafológica anexada, y también al hacer constar la presencia de William Vargas Díaz, en sesiones de juntas de socios, cuando él se encontraba fuera de la ciudad.

k) La actitud dolosa del cónyuge supérstite se manifestó a través de «una conducta criminosa y de sus consecuencias, la cual persistió durante un largo período, iniciada desde varios años atrás, y acentuada para la época transcurrida entre 1992 y 1997, a raíz de una grave enfermedad que aquejó, en 1992, a la señora Gladys Díaz Moreno de Valbuena y que la tuvo al borde de la muerte (…)», y en tal sentido «dirigió sus acciones a defraudar la sociedad conyugal, distrayendo bienes que por su propio origen correspondían a ésta, y trasladándolos a terceras personas, jurídicas y naturales, con la finalidad específica de evitar que el haber conyugal terminara fortalecido», y también «ocultó otros que, existiendo para la época del deceso de la señora Gladys Díaz Moreno de Valbuena, (…), malintencionadamente los sacó del inventario», valiéndose para tal efecto, con sus hijos, específicamente de la figura de sociedades comerciales en comandita y de responsabilidad limitada; por lo que se le atribuye que no observó una conducta leal para con su esposa, ni cumplió los deberes como administrador de los bienes, de donde «se desprende un propósito torcido y malintencionado de participar por sí mismo, o por intermedio de sus hijos (…) en su exclusivo provecho o de las sociedades mercantiles que creó con esa finalidad, y en perjuicio de los derechos de su cónyuge (…)», perjudicando de esa manera al demandante, al alterar las bases de igualdad con sus otros hermanos.

l) El propósito antijurídico que tuvo Raúl Valbuena Sarmiento, se evidencia en los actos desplegados con relación a las sociedades Inversiones Valbuena & Cía. S. en C., Valbuena Sarmiento & Cía. S. en C., Inversiones BDH Días & Cía. S. en C., Inversiones Valbuena Díaz & Cía. S. en C., los que se enuncian en detalle de acuerdo con lo registrado en los certificados de la Cámara de Comercio, y se refleja también en la constitución de otras compañías mercantiles.

3. Enterados los demandados de la admisión de la demanda, comparecieron al proceso por intermedio de un mismo apoderado judicial, quien contestó sin aceptar los hechos esenciales sustento de las pretensiones, se opuso a estas y planteó las defensas intituladas «inexistencia de ocultamiento, distracción, sustracción de bienes – falta de legitimación por activa – prescripción de la acción y/o caducidad del derecho – validez de los actos jurídicos – mala fe del demandante» (c.1, fls.643-650).

4. El juez a-quo puso fin a la primera instancia mediante sentencia de 17 de julio de 2012, acogiendo la «excepción de falta de legitimación por activa», y en consecuencia, negó la totalidad de las pretensiones, e impuso condena en costas a la parte vencida (c.1, fls.724-733), esencialmente al estimar que el accionante había cedido a título de venta los derechos herenciales que le pudieran corresponder en la causa mortuoria de su progenitora Gladys Díaz de Valbuena, «de manera que al desprenderse de su interés patrimonial en dicha sucesión ninguna afectación puede alegar en su nombre por la presunta distracción u ocultamiento que hubieran realizado los demandados», además porque la acción promovida se estableció «en favor de quienes están convocados a liquidar y repartir los gananciales, ya sea los propios cónyuges o sus causahabientes», y el actor en virtud del citado acto de cesión perdió tales prerrogativas.

Frente a la reseñada decisión, el demandante interpuso recurso de apelación y juzgador ad quem la confirmó, aunque por razones distintas, y condenó al recurrente a pagar las costas en esa instancia (c.3, fls.110-150).

II. La sentencia del tribunal 

1. Memora de manera resumida los antecedentes del proceso, en cuanto a las pretensiones y hechos, al igual que la actuación procesal atinente a la réplica de los accionados, al fallo apelado, como a la sustentación de la alzada, y al verificar la concurrencia de los presupuestos procesales, y también la ausencia de causal de nulidad que pudiera invalidar lo actuado, estimó que se cumplían las condiciones para resolver de fondo el asunto.

2. Para identificar el problema jurídico se pregunta «si quien ha cedido de modo general sus derechos herenciales, está legitimado para demandar la responsabilidad civil por distracción u ocultamiento de bienes de la sociedad conyugal, prevista en el artículo 1824 del Código Civil», y le da respuesta en sentido afirmativo, luego de ilustrar sobre el entendimiento teórico de la «legitimación en la causa» y concluir que «el heredero, el cónyuge o compañero permanente detentan una condición jurídica asignada por la ley que no puede transmitirse a ningún título, por tanto, así se transfiera total o parcialmente el contenido patrimonial que conlleva tal calidad jurídica respecto de la herencia o de la sociedad conyugal o patrimonial, el cedente que la ostenta, la conservará». Por lo tanto, al haber el accionante acreditado ser hijo de la causante Gladys Díaz de Valbuena, está legitimado para promover la aludida acción.

3. Precisa que para la prosperidad de las pretensiones planteadas, de conformidad con el citado precepto, se debe acreditar «a) la existencia de bienes pertenecientes a la sociedad conyugal, no considerados en la liquidación; b) conductas concretas consistentes en ocultar o distraer bienes de la sociedad conyugal atribuible a los demandados, cónyuge o herederos; c) un elemento subjetivo que permita identificar en esas conductas la intención dolosa de defraudar los derechos del afectado con ese comportamiento».

4. Relaciona los documentos incorporados al plenario, y deduce que «a nombre de la causante Gladys Díaz de Valbuena y de su cónyuge Raúl Valbuena, se hallan registrados un conjunto de bienes inmuebles y sociedades, algunos sociales, otros desaparecidos en vigencia de la sociedad conyugal, como el caso de las sociedades creadas y liquidadas al poco tiempo, otros transformados y concurrentes con derechos de personas ajenas a la causa del litigio, como el caso de sociedades en las que aparecen como socias Blanca Lucía Valbuena Díaz, Diana María Valbuena Díaz y (sic) Hilder Raúl Valbuena Díaz, que fueron constituidas durante la vida de la causante y respecto de las cuales el demandante alega una posible simulación, porque se trató de beneficiar a los hijos poniendo activos a su nombre».

5. Sostiene que solo se aportaron pruebas documentales, sin que las mismas acrediten la «ocultación dolosa» por los accionados, en particular de los bienes relacionados en el denominado «balance general a octubre 31 de 1997», al cual le resta mérito probatorio, porque no fue firmado por ninguna de las partes, señalando además, que no se allegó copia del proceso de sucesión de la prenombrada causante, para poder establecer si el inventario difiere sustancialmente de aquella relación de elementos activos.

6. Estima que contradice la hipótesis del ocultamiento de bienes denunciado, lo manifestado por los cedentes en la E.P. nº 3114, atinente a la ratificación de la cesión a título de venta de los derechos hereditarios en la sucesión de la causante Gladys Díaz de Valbuena, «de conformidad con relación, situación jurídica y valor que plenamente conocen los cedentes ratificantes, por haber estado enterados permanentemente de los negocios en general de su hoy difunta progenitora».

7. Argumenta adicionalmente, que las sociedades y bienes relacionados en la demanda están inscritos en registros públicos, «lo que hace presumir que su existencia y titularidad de los derechos es conocida por el público», obligando a la parte interesada a desvirtuar dicha presunción, sin que para el caso se haya aportado elemento de juicio alguno, y dado que tampoco se probó el «ocultamiento doloso de bienes sociales» para defraudar al accionante, las peticiones plasmadas en el escrito introductorio del juicio, no tienen vocación de prosperidad.

III. La demanda de casación 

Está cimentada en dos (2) reproches fundados en la causal primera de casación por violación indirecta de la norma sustancial, los que se estudiarán en el orden que fueron planteados, por armonizar con el sentido lógico del contenido de las acusaciones.

Cargo primero 

1. Está apoyado –como se precisara- en el motivo inicial de casación contemplado en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, por errores de hecho en la valoración de las pruebas, y se denuncia la violación en forma indirecta de los preceptos 180, 1820 y 1824 del Código Civil, al igual que los artículos 1º y 2º de la Ley 28 de 1932.

2. El dislate - dice el censor - consiste en un equívoco en la apreciación de los medios de convicción, que condujeron al juzgador ad quem a desestimar las pretensiones, desconociendo que en el plenario «hay prueba de la ocultación de bienes de la sociedad conyugal a los herederos de la cónyuge fallecida, y que dicha maniobra fue dolosa, dado el conocimiento que los demandados tenían de los hechos».

3. Sostiene que hubo actuaciones y omisiones de los demandados que «llevaron a ocultar bienes [que] han debido ser inventariados en el documento denominado balance final a 31 de octubre de 1997», el cual sirvió de soporte para el negocio de la cesión de derechos hereditarios, obteniendo así la defraudación de los intereses del actor.

4. Relaciona de manera individualizada cada una de las documentales incorporadas al proceso, atinentes a certificados de existencia y representación de sociedades comerciales en las que aparecen como socios los accionados, varias de ellas constituidas antes del fallecimiento de la señora Gladys Díaz de Valbuena; certificados de libertad y tradición de numerosos inmuebles, algunos de los cuales fueron adjudicados en el proceso de sucesión de aquella, al cónyuge supérstite y a los hijos procreados en el matrimonio, otros figuran en cabeza de las personas jurídicas a que se ha hecho alusión; copia de la escritura pública relacionada con la ratificación de la cesión de derechos de herencia realizada por el accionante y su hermano Antonio Roberto, y dictamen grafológico en el que se concluyó que «la firma de Gladys Díaz de Valbuena, que aparece en el acta de socios de R. Valbuena y Cía. Ltda., en la hoja nº2, es falsa».

5. Califica de errada la apreciación que respecto de los citados instrumentos realizó el Tribunal, al no advertir que prueban «la existencia de un escrito titulado Gladys Díaz de Valbuena y denominado ‘balance general’ a octubre 31 de 1997, documento sobre el cual las partes de este proceso adelantaron sus negociaciones; la existencia de bienes, no incluidos en el documento anterior; el conocimiento de los demandados de la existencia de esos bienes tanto para el 31 de octubre de 1997, como para el momento de la cesión de los derechos de herencia por parte del demandante; el enorme beneficio obtenido por los demandados al ocultar activos respecto del documento utilizado para negociar con el demandante; la intención dolosa de los demandados, que se acredita con las acciones y principalmente evidentes omisiones para beneficiarse, en contra de los derechos del demandante».

6. Insiste en que el juzgador ad quem dejó de ver los elementos probatorios indicativos de que los convocados al proceso «dolosamente ocultaron cosas que eran de la sociedad conyugal», e invocando doctrina acerca de la técnica jurídica para la valoración de las pruebas, trata de explicar la trascendencia del yerro fáctico denunciado.

7. Así mismo, transcribe pronunciamientos jurisprudenciales y criterios doctrinales, sobre las características y efectos de la acción promovida, y concluye que se encuentran probados los requisitos para la prosperidad de las pretensiones, toda vez que «se ha dirigido contra el cónyuge supérstite y los herederos que liquidaron la herencia; [en el documento] presentado al demandante por los demandados (…), no fueron incluidos todos los bienes que lo integraban, por lo que hubo ocultamiento o distracción de bienes; que dicho hecho era conocido por los demandados; que conscientemente los demandados omitieron consignar la información total y real de los bienes de la causante; que dicha omisión, permitió que los demandados se beneficiaran, dolosamente, pues es manifiesta la intencionalidad de la ocultación de los bienes para obtener su beneficio».

Consideraciones 

1. Téngase presente, que en esencia el actor reclamó en las súplicas plasmadas en el escrito introductorio del proceso, la aplicación a los accionados de la sanción civil contemplada en el artículo 1824 del Código Civil, y en tal sentido, pidió fueran condenados a restituir doblados a la sociedad conyugal que se formó por el matrimonio de su progenitora Gladys Díaz de Valbuena, hoy fallecida, con Raúl Valbuena Sarmiento, los bienes pertenecientes a la misma, que dolosamente ocultaron o distrajeron, junto con los respectivos frutos, además disponer la pérdida de su derecho en aquellos.

2. El juzgador ad quem para negar aquellas solicitudes, adujo la falta de demostración de las conductas endilgadas a los demandados, ya que la prueba documental incorporada solo evidencia que se «hallan registrados un conjunto de bienes inmuebles y sociedades, algunos sociales, otros desaparecidos en vigencia de la sociedad conyugal como el caso de sociedades creadas y liquidadas al poco tiempo, otros transformados y concurrentes con derechos de personas ajenas a la causa del litigio, como el caso de sociedades en las que aparecen como socios [los herederos convocados] que fueron constituidas durante la vida de la causante y respecto de las cuales el demandante alega una posible simulación»; así mismo sostuvo que por encontrarse inscritos en registros públicos, se presumía el conocimiento sobre su existencia por toda la comunidad, y no le reconoció eficacia probatoria al denominado «balance general a octubre 31 de 1997», en razón de no aparecer suscrito por ninguna de las partes; además refirió, que al no haberse incorporado copia del proceso de sucesión de la nombrada causante, no era factible establecer si el inventario difiere de la relación de bienes contenida en tal instrumento; también argumentó, que la escritura pública nº 3114, en la que consta la ratificación de la cesión de derechos hereditarios, informa sobre el conocimiento de los cedentes acerca de los negocios en general de su progenitora, por lo que desvirtúa la tesis del actor acerca del desconocimiento del patrimonio real de aquella.

3. El reproche plantea «error de hecho» en la estimación de las documentales aportadas, al considerar que, contrario a lo dicho por el ad quem, demuestran: el «balance general a octubre 31 de 1997» que sirvió de soporte a la cesión de los derechos hereditarios; la existencia de bienes no incluidos en dicho instrumento, y el conocimiento de los mismos por los accionados; el enorme beneficio de ahí derivado en su favor; así como las acciones u omisiones que perjudicaron los intereses del actor, conductas estas que revelan la intención dolosa de los demandados. Por lo tanto, argumenta que concurren los requisitos indispensables para la prosperidad de las pretensiones deprecadas.

4. El artículo 1824 del Código Civil, fundamento de la acción promovida, hace parte del título XXII libro IV del Código Civil, en lo relativo a «la disolución de la sociedad conyugal y partición de gananciales», norma según la cual «[a]quél de los dos cónyuges o sus herederos, que dolosamente hubiere ocultado o distraído alguna cosa de la sociedad, perderá su porción en la misma cosa, y será obligado a restituirla doblada».

La disposición citada propugna por garantizar la exactitud y la buena fe en la elaboración del inventario de los bienes de la sociedad conyugal o patrimonial al momento de su disolución, en pos de lo cual contempla una drástica sanción pecuniaria civil, contra el cónyuge o los herederos (no frente a terceros), que oculten o distraigan de manera dolosa elementos del activo patrimonial de aquella.

La conducta de «ocultar» puede alcanzar su realización, verbi gratia, cuando se esconde o disfraza o encubre la realidad de la situación jurídica de un determinado bien, a fin de evitar que se conozca puntualmente el activo real de la sociedad conyugal o patrimonial que se ha disuelto, y el comportamiento de «distraer» bienes sociales, se puede concretar, por ejemplo, a través de acciones fraudulentas, o de desvío de tales cosas, para impedir que sean incorporados a la masa partible, ya sea mediante actos o negocios jurídicos de disposición que hagan dispendiosa o imposible su recuperación.

En los dos eventos reseñados, la actuación del cónyuge, compañero (a) permanente o heredero, debe ser dolosa, esto es, ejecutada con la conciencia o intención de engañar al otro integrante de la pareja, o a sus causahabientes, para que no tengan participación en la totalidad de los bienes del «haber social», y así desmejorar o menoscabar sus derechos legítimos.

En caso de estructurarse alguno de los mencionados supuestos, al culpable del ocultamiento o distracción dolosa de uno o varios bienes sociales, se le sanciona decretando la pérdida de la porción o cuota a que tuviere derecho en ellos, y además se le obliga restituir a la víctima doblemente los mismos, esto es, mediante la devolución material de la cosa y una suma equivalente a su valor comercial en dinero, y si tales elementos del activo patrimonial, ya no existen, o es imposible su recuperación, el reintegro comprende el doble de su precio en la moneda de curso legal.

Esta Corporación, sobre los alcances de la citada norma, en fallo CSJ SC, 10 ago. 2010, rad. 1994-04260-01, expuso en lo pertinente lo siguiente:

Ahora bien, ex artículo 1824 del Código Civil, cuando uno de los cónyuges o sus herederos, haya ocultado o distraído dolosamente alguna cosa de la sociedad conyugal, pierde su porción sobre la misma y es obligado a restituirla doblada.

La disposición, cuya ratio legis, se orienta a preservar y tutelar la plenitud, igualdad e integridad de los cónyuges en lo atañedero a sus derechos en la sociedad conyugal formada por el vínculo matrimonial, sanciona el acto doloso de ocultamiento o distracción de los bienes sociales celebrado o ejecutado por uno de ellos o por sus herederos, y presupone para su aplicación la plena demostración fáctica, clara e inequívoca con pruebas oportunamente allegadas al proceso y sujetas a contradicción, no sólo de la calidad jurídica del sujeto, del bien social y de la ocultación o distracción, sino del dolo, o sea, el designio de defraudar, perjudicar o causar daño, y éste igualmente debe probarse porque sólo se presume en los casos expresamente disciplinados por el ordenamiento (artículo 1516 Código Civil).

Es menester, en consecuencia, la diáfana conciencia en el cónyuge o sus herederos sobre la naturaleza social de la cosa, esto es, la pertenencia del bien, derecho o interés a la sociedad conyugal, así como su intención de generar un daño o perjuicio al otro consorte con el acto de ocultación o distracción, más aún si se procura ‘reprimir aquella conducta dolosa del cónyuge con la que se busca defraudar al otro con desmedro de sus intereses en la partición de los bienes sociales, valiéndose ya de actos u omisiones que se acomodan al significado de la ocultación, u ora distrayendo bienes, esto es, alejándolos de la posibilidad de ser incorporados en la masa partible, como se puede considerar todo acto de disposición de los mismos que conduzca a disminuir la masa de bienes sociales o a hacer dispendiosa o imposible su recuperación por parte del cónyuge afectado’ (cas. civ. sentencia de 14 de diciembre de 1990), y por ello ‘es necesario probar la ocultación o la distracción intencional de bienes pertenecientes a la sociedad conyugal’ (cas. civ. sentencia de 1º de abril de 2009, exp. 11001-3110-010-2001-13842-01).

Por esto, la sola disposición de bienes llamados a integrar el haber social, por sí y ante sí, no es indicativa de un acto doloso de ocultamiento, distracción o fraude a la sociedad conyugal, por cuanto podrá hacerse sin el designio maduro de causar daño, cada consorte antes de la disolución tiene la libre administración y legitimación dispositiva de los que figuran a su nombre (art. 1º Ley 28 de 1932), sin perjuicio de aquellos actos que por norma expresa exigen la firma de ambos, y mientras no se disuelva ni esté llamada a la liquidación ‘se encuentra en un estado potencial o de latencia que sólo a la disolución del matrimonio o cuando deba ella liquidarse, se convierte en una realidad jurídica incontrovertible’, de donde, ‘en razón de la multicitada autonomía que para el manejo económico de sus bienes tienen los cónyuges, mal podría hablarse de que ‘durante el matrimonio’ puedan éstos en estricto sentido ocultar o distraer cosa alguna de la sociedad; o, para mejor decirlo, tales ocultación o distracción resultarían inanes en tanto la sociedad no sea más que potencial, desde luego que es a su disolución cuando cada cónyuge pierde la facultad de administrar y disponer de los bienes y sería entonces y no antes cuando surgiría eventualmente su obligación de restituirlos a la masa social, de suerte que apenas en ese momento se concretaría respecto de ella esa pretendida sustracción. De allí que la Corte haya enfatizado que la facultad de administrar y disponer libremente sólo se ve recortada al disolverse la sociedad, que es por este hecho que ‘emerge la indivisión o comunidad de gananciales, y mientras perdure ese estado, o sea, entretanto se liquide y se realicen la partición y adjudicación de bienes, cada cónyuge pierde la facultad que tenía de administrar y disponer libremente de los bienes sociales. El desconocimiento de esta situación, o sea, el que por uno de los cónyuges se venda un bien que tiene la condición de social (…), puede desencadenar la sanción contemplada por el artículo 1824 del código civil (...)’ (Cas. de 25 de abril de 1991). Antes, pues, de dicha disolución no cabe la sanción que se comenta, la que, como tal, como sanción, es de aplicación restrictiva’ (cas. civ. sentencia de 16 de diciembre de 2003 [SC-149-2003], exp. 7593).

Naturalmente, liquidada la sociedad conyugal, se extingue la indivisión, los bienes se adjudican a cada consorte y pasan a su patrimonio propio, autónomo e independiente, por lo cual, se entiende por razones lógicas elementales, que el acto doloso de ocultación o distracción debe efectuarse mientras perdure el estado de indivisión, esto es, disuelta la sociedad conyugal y antes de su liquidación (cas. civ. sentencia de 25 de abril de 1991), (…).

Igualmente, en cuanto a la caracterización de la mencionada acción, la sentencia CSJ SC, 1º abr. 2009, rad. 2001-13842-01, expuso:

Cuando el artículo 1824 del Código Civil expresa que ‘aquel de los dos cónyuges o sus herederos, que dolosamente hubiera ocultado o distraído alguna cosa de la sociedad, perderá su porción en la misma cosa, y será obligado a restituirla doblada’, resulta imperioso entender cómo para el éxito de la pretensión es menester demostrar la ocultación o la distracción de algún bien de la sociedad, al tiempo que es también forzoso hacer patente que tal comportamiento ha sido acompañado del dolo, (…).

No basta, pues, que el encubrimiento tenga ocurrencia, sino que aflora indispensable el ingrediente subjetivo, razón por la cual es necesario probar la ocultación o la distracción intencional de bienes pertenecientes a la sociedad conyugal; mas, en la base de todo examen acerca de la hipótesis contemplada en el texto legal ha de hallarse siempre la acreditación de la existencia del bien que se supone objeto del comportamiento, como que sin la presencia de éste inane deviene su estudio. Huelga decir, se precisa antes que cualquier otro aspecto establecer la presencia de la materia sobre la que se predica que ha recaído la conducta.

5. En razón a que la acusación viene apoyada en la crítica al Tribunal por incurrir en «error de hecho» en la valoración de los medios probatorios, se memora que de acuerdo con el reiterado y uniforme criterio de la Corte Suprema, el mismo puede originarse ante la circunstancia de estimarse probado un determinado hecho o supuesto fáctico a partir de elementos de juicio que no obran en el plenario, o cuando se considera no acreditado, a pesar de hallarse incorporado el medio de convicción que lo corrobora, o en el evento de valorarse la probanza legal y oportunamente aportada, pero se altera la inteligencia de su texto, otorgándole un sentido por completo desfasado, o que no armoniza con lo que en realidad en él se expresa, ya sea por haberle adicionado ideas ajenas a su tenor literal, o por cercenarle las que sí hacen parte del mismo.

Para efectos de que alcance eficacia el embate, se requiere la demostración del yerro, para lo cual al casacionista le compete dar a conocer las inferencias probatorias del Tribunal que adolecen del error denunciado y confrontarlas con el contenido de las pruebas equivocadamente valoradas, y a partir de esa comparación, poner al descubierto en qué consistió el dislate.

Lo anterior implica, que si la censura se limita a señalar de manera genérica que las probanzas acreditan los supuestos fácticos sustento de las pretensiones, o en su caso, de las excepciones de mérito o defensas planteadas, sin ocuparse de construir la argumentación que revele el error, no alcanzará prosperidad el ataque, ya que mientras no se desvirtúen las conclusiones fácticas o probatorias del Tribunal, estas prevalecen sobre las alegaciones que con esas deficiencias proponga la censura, debido a que están amparadas por el criterio de legalidad y acierto.

Téngase presente además, que en el estudio de la impugnación extraordinaria, la Corte no está facultada para asumir de forma oficiosa el examen de legalidad, dado que el legislador en la regulación del recurso de casación aún vigente, acogió en sentido estricto el principio dispositivo, por lo que no tiene competencia para juzgar la controversia, en cuanto a entrar a resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, sino que en el marco trazado por el recurrente, su labor se limita a verificar la juridicidad de la sentencia.

En todo caso, la eficacia del reproche deriva de que el yerro denunciado sea manifiesto, esto es, que tenga la connotación de ostensible o protuberante, y además debe ser demostrado por el impugnante mediante argumentaciones claras y precisas, requiriéndose también, la trascendencia de la equivocación para que el fallo pueda ser aniquilado, esto es, que de no haberse presentado la misma, la decisión hubiere correspondido -en principio- a la reclamada por la parte recurrente, sin que se presentaren obstáculos para su acogimiento en la sentencia de reemplazo.

Acerca del mencionado dislate, esta Corporación en fallo CSJ SC10122, 31 jul. 2014, rad. 2001-00633-01, memoró:

En razón a que las acusaciones examinadas se fundamentan en la incursión del Tribunal en ‘error de hecho’ en la valoración de los medios de convicción, ha de precisarse que del inciso final del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, se infiere que su eficacia para quebrar el fallo impugnado en casación, deriva de que sea manifiesto o protuberante, además de trascendente y que se concrete su demostración, en principio, valiéndose del cotejo o parangón entre el contenido de los medios de prueba apreciados erróneamente o cuya valoración se pretirió, con lo deducido de aquellos por el sentenciador, o lo que dejó de dar por acreditado, y con apoyo en una argumentación clara y precisa, revelar la contrariedad de las ideas obtenidas por el juzgador, con el verdadero sentido de las plasmadas en los elementos de juicio.

(…)

(…), al examinar los alcances del aludido requisito, ha reiterado de manera uniforme, entre otras, en la sentencia de 4 de abril de 2013, exp. 2002-09414, que ‘(…), esta clase de desatino ‘(…) ‘atañe a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho’ (…), es decir, acontece ‘a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en él no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad sí existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que sí existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuyéndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adición o por cercenamiento’ (…); siendo tal su notoriedad y gravedad, ‘cuando su sólo planteamiento haga brotar que el criterio del sentenciador fue totalmente desenfocado, que está por completo divorciado de la más elemental sindéresis; si se quiere, que repugna al buen juicio’, lo cual ocurre en aquellos casos en que ‘el fallador está convicto de contraevidencia’ (…), ‘cuando el sentenciador se estrelló violentamente contra la lógica o el buen sentido común, evento en el cual no es nada razonable ni conveniente persistir tozudamente en el mantenimiento de la decisión so pretexto de aquella autonomía’ (…), o en otros términos, ‘que a simple vista se imponga a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o en otros términos, de tal magnitud, que resulte contrario a la evidencia del proceso (…)’.

Así mismo, en el fallo de 5 de abril de 2011, exp. 2006-00190, precisó que ‘(…) ‘Cualquier ensayo crítico en el ámbito probatorio que pueda hacer más o menos factible un nuevo análisis de la evidencia recogida, apoyándose en razonamientos que se estiman dotados de mayor consistencia crítica, no tienen la virtualidad suficiente para aniquilar una sentencia, si no van acompañados de la prueba fehaciente del error por parte del sentenciador, error que debe aparecer manifiesto en los autos, (…) lo que supone que sea palmario; si el yerro, por el contrario, no es de esta naturaleza, si para advertirlo se requiere de previos y más o menos esforzados razonamientos, o si se manifiesta apenas como una posibilidad y no como una certeza, entonces, aunque se demuestre el yerro, ese suceder no tendrá incidencia en el recurso extraordinario, toda vez, que en esta materia donde hay duda no puede haber error manifiesto’ (…)’.

Igualmente, en la sentencia de 14 de octubre de 2010, exp. 2002-00024, se expuso que ‘[e]n razón a que la causal invocada para romper el fallo impugnado se relaciona con la violación indirecta de la norma sustancial por error de hecho en la valoración de las probanzas, ha de tenerse en cuenta que en ese ámbito los jueces gozan de discreta autonomía para adoptar sus decisiones y las providencias con las que resuelven los litigios sometidos a su conocimiento llegan a la Corte precedidas de la presunción de verdad y acierto, por lo que la tarea de quien impugna obligadamente tendrá que estar dirigida a demostrar que la equivocación que se le enrostra a la actuación del ad quem es protuberante, es decir, que sea evidente la contrariedad de la determinación adoptada con la realidad que surge del proceso.(…).

‘La Sala ha señalado, que el aludido desacierto ‘(…) se estructura cuando el juicio probatorio del sentenciador es arbitrario o cuando la única ponderación y conclusión que tolera y acepta la apreciación de las pruebas sea la sustitutiva que proclama el recurrente’, ya que si la inferencia a la que hubiese llegado, ‘(…) luego de examinar críticamente el acervo probatorio se halla dentro del terreno de la lógica y lo razonable, en oposición a la que del mismo estudio extrae y propone el censor en el cargo, no se genera el yerro de facto con las características de evidente y manifiesto, por cuanto en dicha situación no hay absoluta certeza del desatino cometido’ (…)’.

6. Al descender al asunto objeto de estudio, y analizar el contenido del reproche, se verifica la falta de demostración del «error de hecho» denunciado, al inobservar las pautas señaladas en los precedentes citados acerca de esa modalidad de yerro, toda vez que a pesar de relacionar el impugnante las probanzas con las cuales estima acreditada la causa fundamento de las pretensiones, omite construir la argumentación para evidenciar la equivocada valoración por el Tribunal.

En ese sentido, téngase en cuenta que el juzgador no halló acreditado el ocultamiento o distracción dolosa por parte de los accionados de bienes pertenecientes a la sociedad conyugal formada por el matrimonio de la causante Gladys Díaz de Valbuena, con Raúl Valbuena Sarmiento, y el recurrente no da a conocer con exactitud el contenido de los elementos de juicio a partir de los cuales sea factible inferir lo contario.

Aunque relaciona documentos allegados al plenario, indicando que «acreditan la existencia de bienes adicionales a los presentados al demandante, y el conocimiento de los demandados de dicha existencia, el ocultamiento de los mismos al demandante y, por ende, la actitud dolosa o intención de beneficiarse de ese ocultamiento», pretermitió especificar de manera concreta los elementos demostrativos de los bienes pertenecientes a la mencionada sociedad conyugal para la época de su disolución, al igual que aquellos objeto de ocultamiento o distracción, y de otra parte, hacer el señalamiento de los medios de prueba, como del texto o contenido material en la parte donde revelan que el cónyuge supérstite y/o los herederos convocados al litigio, realizaron de manera intencionada los comportamientos ilícitos atribuidos a ellos por el actor.

7. Al margen de la aludida deficiencia técnica, al examinar el acervo probatorio, se advierte la inexistencia del yerro fáctico denunciado, toda vez que imposible resulta dar por acreditados los requisitos resaltados por la jurisprudencia en los precedentes reseñados, para el acogimiento de pretensiones como las aducidas en la demanda, ya que los certificados de existencia y representación de las distintas sociedades comerciales constituidas durante la vigencia del matrimonio que tuvo la causante Gladys Díaz de Valbuena, con Raúl Valbuena Sarmiento, y de otras que con posterioridad se crearon, solo mencionan, entre otros aspectos, la razón social, época de constitución, las modificaciones que han tenido, el objeto, capital social, identificación de los socios, los actos que han sido materia de registro, y en cuanto a los certificados de libertad y tradición incorporados, únicamente especifican los inmuebles por su ubicación y linderos, los negocios jurídicos realizados con relación a los mismos, las personas que sobre ellos han tenido derechos reales, etc.

Y en el documento que según el demandante sirvió de base para la cesión a los demandados de los derechos hereditarios suyos y de su hermano, solo aparece información concerniente al patrimonio de la causante a 31 de octubre de 1997, sin que en el mismo se haga claridad sobre los bienes que fueron incluidos en el inventario, como de los que resultó imposible hacerlo por su ocultamiento o distracción, y tampoco es factible inferir de su contenido, que los accionados dolosamente hubieren ejecutado actos o negocios jurídicos con ese propósito.

8. Así las cosas, se llega a la conclusión que el ataque no puede prosperar.

Segundo cargo 

1. Se apoya – como antes se dijera - en la causal primera de casación del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, por violación indirecta de los cánones 13, 29 y 230 de la Constitución Política, al igual que los preceptos 180, 1820, 1824 del Código Civil, 1º y 2º de la Ley 28 de 1932, por error de derecho al no apreciarse en conjunto las pruebas, como lo exige el artículo 187 ibídem, y dejar de valorar un documento que se presume auténtico, lo que impidió dar por acreditados los requisitos de la acción impetrada.

2. Afirma el recurrente que la citada disposición probatoria, como también el canon 83 de la carta magna, y el 11 de la Ley 446 de 1998, imponen el deber de apreciar las probanzas en conjunto, y el reconocimiento de la presunción de autenticidad de los instrumentos privados allegados por las partes.

3. Relaciona los documentos incorporados al plenario, para argumentar que al no haber sido tachados, constituyen plena prueba contra los demandados, y demuestran los supuestos anteriormente señalados como necesarios para el éxito de la pretensión planteada.

4. Recrimina al juzgador ad quem por la aseveración atinente a la falta de acreditación del ocultamiento doloso de los bienes, al igual que por la descalificación del «balance general a octubre 31 de 1997» debido a la falta de firma de las partes, como también por la observación concerniente a la omisión de aportar copia del proceso de sucesión de la causante Gladys Díaz de Valbuena, y al respecto asevera, que tales inferencias constituyen un flagrante «error de derecho», al preterir la señalada regla probatoria, al igual que por restarle mérito demostrativo a aquel instrumento, al dejar de aplicar la presunción de autenticidad.

5. Arguye que las documentales incorporadas prueban la existencia del reseñado «balance general a octubre 31 de 1997», los bienes no incluidos en el mismo, el conocimiento de los accionados de esa situación, el enorme beneficio por ellos obtenido, y su intención dolosa de lucrarse, conducta esta última que estima es evidenciada por las acciones y omisiones que propiciaron al realizar las distintas operaciones con relación a bienes sociales.

6. Culmina la argumentación afirmando, que por no haber el Tribunal tenido en cuenta las disposiciones señaladas en el embate, «dejó de ver los elementos probatorios que, sin duda, acreditan que el cónyuge sobreviviente y los herederos demandados, dolosamente ocultaron, cosas que eran de la sociedad conyugal», en perjuicio del demandante, supuestos estos que autorizan el reconocimiento de la consecuencia jurídica prevista en el artículo 1824 del Código Civil, y por lo tanto, se imponía acceder a las peticiones del accionante.

Consideraciones 

1. El impugnante le atribuye al Tribunal que incurrió en «error de derecho» por omitir «valorar las pruebas en conjunto», y que para el caso están representadas por todas las documentales allegadas con la demanda, y de otro lado, al restarle valor probatorio al documento denominado «balance general a octubre 31 de 1997» con relación al patrimonio de la causante Gladys Díaz de Valbuena, al desconocer las reglas que consagran la presunción de autenticidad, las que prueban que «el cónyuge sobreviviente y lo herederos demandados, dolosamente ocultaron cosas que eran de la sociedad conyugal, en perjuicio de los derechos (…) [del demandante]».

2. El juzgador de segundo grado luego de reseñar los aludidos medios de convicción e indicar que aunque su apreciación en conjunto le permitía deducir, que a nombre de la causante y del cónyuge supérstite, «se hallan registrados un conjunto de bienes inmuebles y sociedades, algunos sociales, otros desaparecidos en vigencia de la sociedad conyugal como el caso de sociedades creadas y liquidadas al poco tiempo, otros transformados y concurrentes con derechos de personas ajenas a la causa del litigio», no obraba elemento de juicio demostrativo del ocultamiento doloso de bienes por los accionados. Le restó mérito probatorio para tal efecto, al mencionado «balance general», porque no estaba firmado por ninguna de las partes. Así mismo, echó de menos la copia del proceso de sucesión de la de cujus antes nombrada, que permitiera mediante el respectivo cotejo, «establecer si los inventarios difieren sustancialmente de la relación de bienes aquí presentada». También resaltó la manifestación de los cedentes, contenida en la escritura de ratificación de la «cesión de derechos hereditarios», relativa a que estuvieron «enterados permanentemente de los negocios en general de su hoy difunta progenitora Gladys Díaz Moreno de Valbuena». Y finalmente adujo, que por hallarse inscritas las sociedades e inmuebles en registros públicos, se presumía el conocimiento de los mismos por todos los interesados, no habiéndose desvirtuado tal circunstancia.

3. El «error de derecho», que es el aducido como sustento del reproche, se configura cuando al establecer el valor jurídico de los «medios de convicción», el sentenciador le otorga mérito persuasivo a alguno que la ley expresamente prohíbe, o no le reconoce tal efecto a una prueba específica exigida por norma legal para acreditar un determinado hecho o acto jurídico, o los da por demostrados con un elemento de juicio distinto al requerido, o se exige un medio demostrativo de carácter especial no contemplado en disposición jurídica, o en el evento de que se infrinjan las reglas probatorias previstas para la aducción e incorporación de las probanzas.

Respecto de la señalada modalidad de yerro, esta Corporación en sentencia CSJ SC10122, 31 jul. 2014, rad. 2001-00633-01, expresó:

Acerca del reseñado desatino, ha comentado la jurisprudencia especializada, que por regla general se configura por la equivocación en que incurre el juzgador en la aplicación de las normas de índole probatoria, y para evidenciarlo se le exige al impugnante la identificación de las mismas, como también señalar los elementos de juicio respecto de las cuales se cometió el yerro, al igual que su influjo en la decisión adoptada, temática este última que valga acotar, apareja elucidar aspectos concernientes a la norma sustancial indirectamente transgredida.

En el fallo CSJ SC, 21 jun. 2011, rad. 2002-00024-01, esta Corporación sobre el mencionado equívoco, comentó:

(…) el aludido yerro ‘(…), apunta al aspecto normativo de las probanzas y se presenta en el momento de la contemplación jurídica de las mismas, es decir, cuando luego de darlas por materialmente existentes en el proceso, se pasa a ponderarlas a la luz de los preceptos que regulan su valoración, quedando excluida toda controversia en cuanto a su aspecto físico o material, pudiendo surgir el desacierto por transgredir el debido respeto al postulado del contradictorio, en las fases de aducción e incorporación de los elementos de juicio, ora porque se entra a contrariar al legislador acerca de su mérito o eficacia probatoria (…) ‘se presenta en síntesis cuando la sentencia exige, para demostrar un acto o un hecho, una prueba especial que la ley no reclama; o cuando viendo la prueba en su exacta dimensión no le atribuye a ella el mérito que la ley le asigna para demostrarlo; o, en fin, cuando se lo niega por estimar que el medio fue ilegalmente producido cuando así no sucedió’ y que, por tanto, ‘el error de hecho y el de derecho, en materia de apreciación probatoria que por vía indirecta lleva a la violación de norma sustancial, no pueden ser confundidos. El error de hecho implica que en la apreciación se supuso o se omitió una prueba, mientras que el de derecho entiende que la prueba fue exacta y objetivamente apreciada pero que, al valorarla, el juzgador infringió las normas legales que reglamentan tanto su producción como su eficacia’ (…)’.

Igualmente, en fallo CSJ SC15413, 7 jun. 2014, rad. 2005-00410-01, memoró:

El error de jure, de antiguo se tiene aceptado, atañe al desconocimiento de las reglas que rigen un medio probatorio en el sentido de ignorar su decreto, incorporación o aducción en punto a su eficacia o idoneidad. Dicho de otra manera, aquél se configura cuando, existiendo la prueba en el proceso y partiendo el sentenciador de dicha existencia, no le concede el vigor probatorio que le asigna la ley o le desmerece la que sí le otorga.

Y acerca de la inobservancia de la regla que ordena apreciar las pruebas en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en la sentencia CSJ SC, 14 sep. 2011, rad. 2005-00366-01, en lo pertinente se sostuvo:

Tocante a la vulneración del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil por falta de valoración conjunta e integral de las pruebas, ‘[e]n lo que a la casación atañe, y como quiera que la norma antes mencionada exige la apreciación de las pruebas en conjunto, la jurisprudencia de la Corte ha sostenido que el desconocimiento de tal mandato por el legislador da lugar a un error de derecho, desde luego que se desconocería una prescripción de la ley instituida para evaluar las pruebas. Como es natural, en procura de que ese error aparezca, debe el impugnante demostrar que la tarea evaluativa de las distintas probanzas cumplida por el sentenciador se llevó a cabo al margen del análisis de conjunto pedido en el artículo 187, o sea, poniendo de manifiesto cómo la apreciación de los diversos medios lo fue de manera separada o aislada, sin buscar sus puntos de enlace o de coincidencia. Ese y no otro debe ser el criterio a seguirse cuando de individualizar este tipo de yerro se trata. En consecuencia, si, con prescindencia de las conclusiones obtenidas en el campo de los resultados de la prueba, pues es asunto que cae en el terreno rigurosamente fáctico, la referida tarea valorativa se ciñó a la norma citada, no será admisible la prédica de la sustitución del examen de conjunto realizado por el sentenciador por el que proponga el recurrente. Expresado de otra manera, se debe tener un cuidado sumo para que el planteamiento no derive hacia el aspecto de la objetividad de los hechos pues en éste la cuestión queda ya bajo el influjo del error de hecho que como se sabe tiene una naturaleza distinta a la del error de derecho” (cas. civ. sentencia de 25 de mayo de 2010, exp. 73001-3110-004-2004-00556-01, reiterando las sentencias 067 de 4 de marzo de 1991; 047 de 28 de abril y 055 de 6 de junio de 1995; 5 de junio de 2009, exp. 4102, 4174 y 00205-01).

4. De acuerdo con los reseñados parámetros, a fin de demostrar la estructuración del «error de derecho» denunciado, le correspondía al casacionista, además de relacionar los medios de convicción que válidamente integran el acervo probatorio, proceder a identificar las coincidencias, como también los puntos de enlace entre ellos existentes, y a partir de ahí acreditar que concurrían los requisitos sustanciales necesarios para la prosperidad de las pretensiones, desvirtuando de esa manera la conclusión que en sentido contrario obtuvo el Tribunal.

Es por ello que debía evidenciar, que las probanzas apreciadas en la forma señalada, acreditaban el activo patrimonial de la sociedad conyugal constituida por el matrimonio de Gladys Díaz de Valbuena y Raúl Valbuena Sarmiento, existente para la época de su disolución; así mismo, los bienes que fueron materia de ocultamiento o distracción con posterioridad a la citada fecha, inclusive, de aquellos de imposible recuperación, y que tales comportamientos fueron perpetrados de manera dolosa por el cónyuge supérstite y/o los herederos demandados con el propósito de menoscabar o afectar los intereses económicos del causahabiente que promovió la acción.

5. Al examinar la fundamentación del reproche, se advierte que el recurrente relaciona los medios de prueba allegados al proceso, tales como, los certificados expedidos por la Cámara de Comercio de Bogotá, relativos a la existencia y representación de varias sociedades comerciales, algunas constituidas antes del fallecimiento de la señora Gladys Díaz de Valbuena, y otras con posterioridad, en los que se precisa su situación jurídica (disueltas, liquidadas, fusionadas, etc.); así mismo, certificados de tradición y libertad de múltiples inmuebles, en los que figuran como propietarios de manera individual o en común y proindiviso, entre otros, Inversiones Valbuena y Cía. Ltda., Inversiones Valbuena y Cía. S. en C. Ltda., Sarmiento Díaz y Cía. S. en C., Inversiones B.D.H. Díaz y Cía. S. en C.; otros a nombre de Blanca Lucía, Hilder y Diana Valbuena Díaz, hijos de la mencionada causante, al igual que de su esposo Raúl Valbuena Sarmiento, los cuales les fueron adjudicados en el proceso de sucesión de aquella.

Sin embargo, omitió por completo revelar que las citadas probanzas apreciadas en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, demostraban los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal al momento de su disolución, al igual que aquellos materia de ocultamiento o distracción, como también que tales comportamientos provinieron de conductas dolosas del cónyuge sobreviviente o de los herederos convocados al proceso.

6. En cuanto al documento denominado «balance general a octubre 31 de 1997» constitutivo del activo patrimonial de la causante Gladys Díaz de Valbuena, desechado por el Tribunal como elemento de convicción al no estar firmado por las partes, el cual según el actor sirvió de base para la negociación de los derechos de herencia, aunque se llegare a apreciar como medio de persuasión, la inferencia del juzgador de segundo grado atinente a que «no prueba la supuesta ocultación dolosa de bienes», se mantiene incólume, porque a pesar de plantearse la preterición de las reglas concernientes a la presunción de autenticidad, no se construye la argumentación que a partir de su contenido ponga de presente las acciones ejecutadas por los demandados para el ocultamiento o distracción de bienes pertenecientes a la sociedad conyugal de los nombrados esposos para entonces disuelta.

Al respecto, basta ver que el recurrente alude a afirmaciones sobre el conocimiento que los accionados tenían de los bienes, el enorme beneficio que obtuvieron al esconderlos y la «intención dolosa (…), que se acredita con las acciones y principalmente evidentes omisiones para beneficiarse, en contra de los derechos del demandante», pero estos argumentos no encuentran sustento en el señalado instrumento, ni aparece sean el fruto de la apreciación en conjunto de todas las probanzas válidamente incorporadas, por consiguiente, se descarta la incursión del Tribunal en el «error de derecho» denunciado.

7. Adicionalmente a las ideas planteadas con relación a los cargos sustento de la impugnación, resulta pertinente manifestar, que de aceptarse la comisión por parte del Tribunal de alguno de los yerros endilgados, los mismos serían intrascendentes, ya que las súplicas de la demanda estarían destinadas al fracaso, y en sede de instancia, así tendría que reconocerlo la Corte, debido a que no se vislumbra en el actor «interés jurídico para obrar».

Acerca del reseñado presupuesto de la pretensión, la jurisprudencia de esta Corporación lo ha analizado en múltiples fallos relacionados -entre otras- con acciones de nulidad absoluta y simulación, en los que ha resaltado el entendimiento general de tal concepto, por lo que es pertinente invocar lo allí comentado, a fin de ilustrar sobre el contenido teórico del mismo.

En ese sentido, en la sentencia CSJ SC, 18 sep. 2013, rad. 200500027-01, se expuso:

Sobre el particular, ha explicado la Corte que ‘(…) ‘en los casos en que la ley habla del interés jurídico para el ejercicio de una acción, debe entenderse que ese interés venga a ser la consecuencia de un perjuicio sufrido o que haya de sufrir la persona que alega el interés’; es más, con ese perjuicio ‘... es preciso que se hieran directa, real y determinadamente, los derechos del que se diga lesionado, ya porque puedan quedar sus relaciones anuladas, o porque sufran desmedro en su integridad’. Así se ha expresado ésta Corporación, añadiendo que ‘el derecho de donde se derive el interés jurídico debe existir, lo mismo que el perjuicio, al tiempo de deducirse la acción, porque el derecho no puede reclamarse de futuro ... en las acciones de esa naturaleza tales principios sobre el interés para obrar en juicio se concretan en el calificativo de legítimo o jurídico, para significar, en síntesis, que al intentar la acción debe existir un estado de hecho contrario al derecho’ (G. J. LXII P. 431)’ (Cas. Civ., sentencia del 17 de noviembre de 1998, expediente No. 5016;…).

Vistas así las cosas, es pertinente añadir que el interés por el que se indaga ‘no es distinto al presupuesto material del interés para obrar que debe exhibir cualquier demandante, entendiendo por este el beneficio o utilidad que se derivaría del despacho favorable de la pretensión, el cual se traduce en el motivo o causa privada que determina la necesidad de demandar, que además de la relevancia jurídico sustancial, debe ser concreto, o sea existir para el caso particular y con referencia a una determinada relación sustancial; serio en tanto la sentencia favorable confiera un beneficio económico o moral, pero en el ámbito de la norma analizada restringido al primero, y actual, porque el interés debe existir para el momento de la demanda, descartándose por consiguiente las meras expectativas o las eventualidades, tales como los derechos futuros’ (Cas. Civ., sentencia 031 del 2 de agosto de 1999, expediente No. 4937;…)(1)

Y en el fallo CSJ SC, 18 ago. 2002, rad. 6888, además de reiterar lo dicho en el párrafo inicial del anterior precedente, memoró:

(…) ‘en los casos en que la ley habla del interés jurídico para el ejercicio de una acción, debe entenderse que ese interés venga a ser la consecuencia de un perjuicio sufrido o que haya de sufrir la persona que alega el interés’; y que con ese perjuicio ‘... es preciso que se hieran directa, real y determinadamente, los derechos del que se diga lesionado, ya porque puedan quedar sus relaciones anuladas, o porque sufran desmedro en su integridad’, añadiendo que ‘el derecho de donde se derive el interés jurídico debe existir, lo mismo que el perjuicio, al tiempo de deducirse la acción, porque el derecho no puede reclamarse de futuro... en las acciones de esa naturaleza tales principios sobre el interés para obrar en juicio se concretan en el calificativo de legítimo o jurídico, para significar, en síntesis, que al intentar la acción debe existir un estado de hecho contrario al derecho’. (G. J. LXII P. 431).

A su vez, autorizados doctrinantes nacionales, como el maestro Hernando MORALES MOLINA, comentó acerca del mencionado presupuesto, lo siguiente:

(...) Todo el que acude a las autoridades jurisdiccionales para que le tutelen su derecho, el que señalado como demandado usa de medios de defensa previstos en la ley y el que interviene en proceso forzada o voluntariamente con carácter de parte, debe estar provisto de interés para obrar, que es la necesidad del proceso para satisfacer el derecho afirmado como fundamento de la pretensión o de la defensa, sea que aquella esté llamada o no a prosperar, porque el proceso debe resolver colisiones efectivas de intereses jurídicos y no formular declaraciones abstractas. – Y ese interés ha de ser actual, o sea que el derecho se halle en el momento insatisfecho, en forma que sin la intervención del órgano judicial su contenido quedaría irrealizado. En otros términos: sólo quien reporte provecho legítimo de la pretensión o de defensa puede legalmente ejercerla. El interés equivale a la necesidad, a la urgencia de la intervención judicial y depende: a) De que el obligado no cumpla espontáneamente y haya que acudir a la justicia, y b) que haya una situación que necesariamente reclame la intervención judicial y ante la cual sea inútil cualquier intervención voluntaria (...) O sea, que el interés es una cuestión de hecho, pues implica que la falta de intervención judicial pueda ocasionar un perjuicio para que el interés resulte justificado. (Curso de Derecho Procesal Civil – Parte General. 9ª ed., Bogotá, ABC, 1985, págs. 150-151).

Y el jurista Hernando DEVIS ECHANDÍA, sostuvo que resulta más acertado identificar el llamado «interés para obrar», con el concepto de «interés en la pretensión u oposición para la sentencia de mérito», el cual se refiere «(...) a la causa privada y subjetiva que tiene el demandante para instaurar la demanda, el demandado para contradecirla y el tercero para intervenir en el proceso»; que debe ser concreto, por cuanto ha de existir en cada caso especial, respecto de una determinada relación jurídica material; sustancial y serio, factores estos que se pueden deducir del beneficio material o económico del demandante, o consistir en la necesidad de darle certeza a una relación o situación jurídica; además se requiere que sea actual, «(...) porque si no existe en el momento en que se constituye la litis contestatio, no se justifica que el órgano jurisdiccional se pronuncie sobre la existencia de la relación sustancial o del derecho subjetivo pretendido. Las simples expectativas o los eventuales y futuros derechos o perjuicios, que puedan llegar a existir si sucede algún hecho incierto, no otorgan interés serio y actual para su declaración judicial, puesto que no se hallan objetivamente tutelados; (...)» (Compendio de Derecho Procesal – Teoría General del Proceso. 14ª ed., Bogotá, ABC, t. I, pág. 274).

Al examinar el asunto sub-júdice, se verifica, que a pesar de invocar el demandante su condición de sucesor de la causante Gladys Díaz de Valbuena, para reclamar el reintegro a la sociedad conyugal de los bienes que manifiesta fueron ocultados o distraídos de manera dolosa por el cónyuge supérstite y/o los herederos convocados al litigio, es evidente que ningún provecho podría obtener de las pretensiones planteadas con dicho propósito, en virtud de la cesión mediante venta del «derecho de herencia», y consecuentemente, haber traspasado a los cesionarios todas las facultades y prerrogativas patrimoniales inherentes al mismo.

En el mencionado convenio, contenido en la escritura pública nº 3114 de 22 de diciembre de 1998 de la Notaría 10ª de esta ciudad, consta que el accionante William Vargas Díaz, actuando en su propio nombre y como mandatario de su hermano Roberto Antonio, «ratifica en forma plena la escritura número mil ciento catorce (1114) de fecha veintitrés (23) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998) otorgada en la Notaría Dieciséis (16) de Santafé de Bogotá, mediante la cual el compareciente y su hoy mandante, en su calidad común de hijos del primer matrimonio de la señora Gladys Díaz Moreno con el señor Roberto Vargas, cedieron a título de venta en favor de Raúl Valbuena Sarmiento, Blanca Lucía Valbuena Díaz, Hilder Raúl Valbuena Díaz y Diana María Valbuena Díaz, la mitad para el primero y la otra mitad para los tres últimos, por partes iguales, la totalidad de los derechos y acciones de herencia y asignaciones que al compareciente y a su representado les correspondan y lleguen a corresponder en la sucesión intestada de la señora Gladys Díaz Moreno últimamente de Valbuena, fallecida el cuatro (4) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997) en este Distrito Capital, donde tuvo su último domicilio y el asiento principal de sus negocios y cuyo proceso de sucesión cursa en el Juzgado Noveno de Familia de Santafé de Bogotá D.C.», y también se expresa, que «ratifica plenamente la cesión a título de venta que en la mencionada escritura cada uno de los allí comparecientes efectuó sobre la totalidad de sus respectivos derechos de herencia y asignaciones a título singular que por ley les fueron deferidos sobre la universalidad patrimonial que integra la herencia dejada por la señora Gladys Díaz Moreno de Valbuena, vinculados en general a dicha universalidad patrimonial, sin exclusión, limitación, ni restricción alguna y sin circunscribirlos a determinados bienes inmuebles o muebles, derechos y acciones, aportes, participaciones en sociedades, acciones, derechos de cuota, cuotas de interés social, etc. de conformidad con relación, situación jurídica y valor que plenamente conocen los cedentes – ratificantes, por haber estado enterados permanentemente de los negocios en general de su hoy difunta progenitora Gladys Díaz Moreno de Valbuena» (c.1, fls.692-699).

Ante la existencia del citado negocio jurídico, se deduce que el actor quedó despojado de todo interés económico ligado a los bienes que pudieran llegar a conformar el acervo hereditario de su progenitora, y por lo tanto, no le asiste interés jurídico de orden patrimonial, para plantear acciones restitutorias a favor de la sociedad conyugal, puesto que ningún beneficio podrá de ahí derivar, toda vez que por razón de la «cesión del derecho de herencia», solo podrían obtener provecho los adquirentes.

Ahora bien, es cierto que el convenio en cuestión no produce como efecto el traspaso de la condición de «heredero», dado su carácter de personal e intransmisible, puesto que no es viable dar a otro su lugar en la familia, o su grado de parentesco, pero sí genera como consecuencia, la pérdida para el «cedente» de las facultades y prerrogativas legalmente reconocidas sobre los derechos patrimoniales del acervo hereditario.

Lo anterior permite entender, porqué con relación a acciones atinentes al estado civil que vinculen al causante, el legitimado para comparecer al proceso es el “heredero”, así haya enajenado su «derecho a la herencia», mientras que en los litigios de índole económico que involucren el «haber hereditario» cuando dicho negocio jurídico se ha realizado -en principio- se advierte inoficiosa la comparecencia de aquel, dado que los citados derechos patrimoniales quedan radicados en cabeza del «cesionario».

Esta Corporación, al referirse tangencialmente sobre los efectos de acuerdos como el mencionado, en fallo CSJ SC, 7 oct. 1993, comentó:

(…) Lo que constituye el objeto de la venta es la masa de los bienes y de las deudas dejadas por el difunto… El heredero que ha vendido la herencia sigue, pues, siendo heredero, pero ha dejado de ser propietario del patrimonio hereditario; el título de heredero permanece indeleble sobre su cabeza; pero el emolumento que de este título dependía pasa al comprador…’ (sentencia 27 de marzo de 1947, GJ t. LXII, pág. 59).

Igualmente, en la sentencia CSJ SC, 30 ene. 1970, G.J. t. CXXXIII, pág. 38, acerca de la aludida temática, expuso:

(...) Celebrada la cesión (…), el cedente conserva su intransmisible calidad de heredero que es por la que responde o no, según que el acto sea oneroso o gratuito respectivamente, pero dicho cedente queda despojado por virtud de la cesión de todo o parte de su derecho patrimonial, el real de herencia que pasa al cesionario con las facultades y prerrogativas inherentes, tales como la de intervenir en la causa mortuoria y en la administración de los bienes relictos y la de obtener que en la partición de estos se le adjudique los que le correspondan en el acervo líquido en proporción al derecho herencial que le fue cedido.

Así las cosas, de conformidad con el concepto jurisprudencial y doctrinario relativo al «interés jurídico para obrar», es evidente que respecto del litigio en cuestión, el actor no gozaba de tal atributo, puesto que –se repite- válidamente no podría obtener ningún beneficio o utilidad de índole económica con base en las súplicas formuladas, y ello evidencia, que jurídicamente no tenía la necesidad de demandar, ya que con relación al derecho para el cual reclamó protección, no figuraba en cabeza suya, o no era él su titular, al haberlo transferido.

8. Las reflexiones expuestas conducen a desestimar el reproche examinado, dado que ninguna repercusión puede tener para enervar la decisión impugnada.

9. En razón a que las acusaciones planteadas por el recurrente no prosperan, de conformidad con el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, que modificó el 392 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el inciso final del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, se le condenará a sufragar las costas procesales, y para su tasación se tendrá en cuenta que la parte opositora oportunamente replicó la demanda de casación (fls.70-78).

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. No casar la sentencia de 8 de abril de 2013 proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso identificado en la parte inicial de esta providencia.

2. Condenar al recurrente al pago de las «costas procesales» a favor de los accionados, e inclúyase en la respectiva liquidación, la suma de $6’000.000, por concepto de agencias en derecho.

3. Oportunamente devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese y notifíquese.

Magistrados: Luis Armando Tolosa Villabona, Presidente—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez—Jesús Vall De Rutén Ruiz.

1 Se eliminó lo resaltado en el texto original.