Sentencia SC2551-2015 de marzo 9 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Jesús Vall De Rutén Ruiz

SC2551-2015

Rad.: 13001-31-03-005-1998-00607-01

(Aprobada en sesión de 25 de noviembre de 2013)

Bogotá D.C., nueve de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «III. La demanda de casación

En la demanda se formulan tres cargos, el primero por la causal quinta de casación —nulidad del proceso— y los dos restantes por la causal primera -violación de normas sustanciales a consecuencia de errores en el campo de las pruebas- que la Corte examinará en el orden propuesto, agrupando los dos últimos por cuanto, como lo advierte la misma recurrente, son idénticos salvo en lo concerniente al tipo de error que le endilga al ad quem, en punto del dictamen pericial, en uno de hecho y en otro de derecho.

A. Cargo primero.

Con apoyo en la causal quinta de casación, en este cargo se acusa la sentencia por haber incurrido el tribunal en falta de competencia funcional para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, derivada de haber considerado para decidir cuestiones que no fueron objeto del escrito en que se hizo la sustentación de la alzada, en particular la atinente a la posesión que ejercían los demandados.

En procura de la demostración de su aserto, hace mención prolija al contenido del escrito con el cual los demandados, perdidosos en primera instancia, sustentaron el recurso de apelación, para concluir que aquellos sólo sometieron a consideración del ad quem lo relativo a la propiedad del bien que han venido alegando poseer, pero que es diferente del pretendido por la demandante.

Consideraciones

A. La posición antagónica que las partes de este litigio han sostenido, se resume en que mientras la demandante alega que los demandados ocupan como poseedores el terreno de propiedad de aquella y por tanto deben restituirlo, los demandados dicen que sí son poseedores, pero de terrenos sobre los cuales ejercen derecho de dominio, distintos del de la demandante, por tener títulos que así lo demuestran.

B. Con ocasión de la sustentación de la apelación que interpusieron contra la sentencia de primera instancia, que les fue adversa, los demandados adujeron:

1. Que al contestar la demanda propusieron la excepción previa consistente en “no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios”, sobre la cual no se pronunció la actora ni el juzgado.

2. Que la demandante pretende adquirir un lote que no es de su propiedad, con base en títulos que datan solo de 1994 y que versan sobre un inmueble con medidas y linderos diferentes al que poseen los demandados, que es uno que adquirieron en 1962, sobre el cual es la demandante la que ha ejercido actos de perturbación de la posesión.

3. Que el a quo, para hallar acreditado el primer elemento de la acción reivindicatoria (derecho de dominio en el demandante), sólo verificó los títulos aportados por la actora, como si los de los demandados no se hubiesen allegado al proceso, dándoles el tratamiento de meros poseedores.

4. Que como ambas partes aducen títulos de dominio, y bajo la premisa de que se trata de un mismo predio, debió el juzgador de primera instancia darle prevalencia al título más antiguo. Pero, iteran, poseen un lote diferente del perseguido por la actora.

5. Que, en cuanto al segundo requisito de la acción reivindicatoria (posesión del predio por el demandado), adujeron que en la inspección judicial se constató que, en efecto, esa posesión la tienen los demandados, pero sólo sobre una parte que aún conservan y sobre la cual tienen títulos de propiedad, ya que el resto ha sido vendido a diferentes personas que son las que actualmente ejercen posesión.

6. Que en lo tocante al cuarto requisito (identidad de la cosa pretendida por la actora y la poseída por los demandados), a pesar de haberlo concluido así el perito, lo cierto es que al lote de los demandados lo atraviesa la banca del ferrocarril, vía de uso público, la que no está presente en la descripción del inmueble que la actora persigue.

C. El tribunal llegó a la conclusión de que los demandados no poseían el bien perseguido por la sociedad demandante.

D. Y en este cargo que se examina, la casacionista aduce que con esa afirmación, base del despacho desfavorable de las pretensiones reivindicatorias, el tribunal incurrió en un vicio de actividad sancionable con la nulidad procesal por falta de competencia funcional del ad quem, al desatar el recurso con base en un aspecto —la posesión—no discutido en la sustentación del mismo.

El fundamento jurisprudencial aducido por el censor para invocar esta especial causa de nulidad procesal lo halla en la sentencia de casación civil del 8 de septiembre de 2009 (exp. 11001-31-03-035-2001-00585-01) en la que la Corte, haciendo un recorrido histórico de lo que ha significado la “sustentación de la apelación”, de cara a las normas procesales vigentes para la época de las diversas causas que dieron origen a los pronunciamientos que en esa providencia se mencionan, concluye realzando la necesidad de que el objeto específico (las razones de la inconformidad con lo decidido por el a quo) del recurso lo aporte el impugnante en el escrito con el cual sustenta la alzada, de modo que dichos contornos sirvan, no solo al juez ad quem sino a la contraparte, para conocer el alcance de la impugnación.

Con todo, en dicha providencia, que la Corte ha reiterado en fallos de casación civil posteriores (v. gr. Cas. Civil, nov. 25/2010, exp. 11001-31-03-003- 2000-10687-01), indicó esta corporación un aspecto de su posición jurisprudencial en esta materia, que no por haberse tocado de soslayo no merezca su cabal realce, de cara a los efectos que, en el campo de la apelación como recurso típicamente ordinario, debe tener la irregularidad que en este cargo plantea la recurrente. Dijo la corporación que

la exigencia legal de sustentar el recurso de apelación, reserva al recurrente la tarea de denunciar explícitamente los aspectos de la decisión de primera instancia que le resultan desfavorables e implica que el impugnante tiene la opción de descartar algunas aristas de la decisión, siempre y cuando tales restricciones se deriven nítidamente del contenido de la sustentación, caso en el cual, la competencia del juzgador de segunda instancia se encuentra anudada a los intereses expresados por quien intenta aniquilar el fallo.

En el caso que se examina, es evidente que cuando los demandados interpusieron la alzada, no solo refrendaron su posición asumida desde el inicio del pleito, sino que fustigaron todos los requisitos que para la prosperidad de la reivindicación ha enseñado de tiempo atrás la jurisprudencia, y entre ellos, por supuesto, el atinente a la posesión del predio por parte de ellos, cosa que negaron y justamente fue eso lo que acogió el tribunal al fallar la segunda instancia, no accediendo a las pretensiones.

De modo que al analizar el juez colegiado de segunda instancia los elementos de la reivindicación, planteados con nitidez en la sustentación del recurso de apelación, y entre ellos, la posesión del demandado, no hizo más que referirse a lo que había sido fustigado por la recurrente, sin que por ello hubiese podido incurrir en el vicio in procedendo que se le endilga.

En consecuencia, el cargo no prospera.

B. Cargo segundo

En este cargo se acusa la sentencia del tribunal de violar los artículos 946, 952, 961, 962, 964 y 969 del Código Civil a consecuencia de errores de hecho que la censura, a lo largo del cargo identifica, y que en su encabezamiento sintetiza así: “el error del tribunal consiste en no ver que parte del inmueble que los demandados dijeron poseer desde 1962, por ser de su propiedad, según lo alegan, no es de su propiedad, sino de la demandante y por eso pretende su restitución” (fl. 40, cdno. Corte).

Tras reconocer que en los segmentos de las declaraciones a que aludió el sentenciador de segundo grado no se encuentra la prueba de la posesión por parte de los demandados, indica que del conjunto de la exposición de algunos de los testimonios sí queda demostrado dicho requisito; y que del dicho de otros deponentes, en armonía con pasajes de otras pruebas, también se demuestra.

Antes de proseguir con el examen de las pruebas que en su sentir fueron erradamente apreciadas por el tribunal, recuerda la posición de los demandados, quienes afirmaron que lo que poseían era de su propiedad por haber adquirido el bien de la Compañía de Mamonal Limitada. De modo que si queda acreditado que lo que poseen hace parte del predio de la demandante, el elemento echado de menos por el tribunal queda acreditado.

Con miras a demostrarlo, anuncia que, a semejanza de los testimonios, acudirá a la prueba pericial, que, sin embargo de aceptar que sirvió al tribunal para concluir lo contrario, esto es, que con ella no quedaba demostrada la posesión de los demandados,

con el análisis de la titularidad de la propiedad del bien por parte de la demandante y la identidad de éste con el poseído por demandados, sí fluye con toda claridad la posesión de estos, quienes desde la contestación de la demanda así lo aceptaron, sólo que bajo protesta de ser propietarios (fl. 41, cdno. Corte).

Resalta, entre los desvíos del tribunal, el atinente a considerar lo que los medios demostraron al momento de su práctica, en lugar de verificar si la posesión estaba demostrada para la época de la demanda y su contestación, yerro que se acentúa si se repara en la admisión del carácter de poseedores que hicieron los demandados en este escrito, aunque allí hubieran afirmado que lo eran de su propio predio. Por lo que si se prueba que el predio no es diferente, queda establecida la posesión. Cosa que se evidencia con los títulos (escrituras) aducidos por las partes y con la prueba pericial practicada en el proceso policivo.

De la contestación de la demanda enfatiza la censura en que si los demandados aceptaron haber sido actores en el proceso policivo que por perturbación de la posesión adelantaron contra Kalil Barbur, confesaron ser poseedores.

Del escrito de excepciones previas, en el que alegan que la demanda no comprende a todos los litisconsortes necesarios, sustentada en que parte de la franja disputada había sido vendida en 1990 por los demandados a Corelca, por lo que no estaban en 1(sic)posesión de ella, deduce la casacionista que los demandados admitieron ser poseedores de la franja no vendida por ellos.

En cuanto a la prueba testimonial, comienza con el análisis de la declaración de Javier Camacho López, quien adujo que como presidente del Club de Caza y Tiro de Cartagena le correspondió vender el lote a los señores Barbur, declaración de la que transcribe fragmentos, en los que el testigo indica que los demandados se posesionaron ilegalmente del terreno “como en 1993” (fl. 44, cdno. Corte), que actualmente no lo ocupan sus verdaderos propietarios sino unos “supuestos compradores de los señores Piñeros y Mejía” (ib.) como una compañía de maquinaria.

El casacionista indica que esta prueba, además de acreditar que los demandados no estaban en posesión del inmueble desde 1962, fue cercenada por el tribunal, porque éste sólo destacó que el declarante hubiese afirmado que el lote lo ocupan unos compradores de los señores Piñeros y Mejía, afirmación que hizo pero para la época en que Camacho López rindió testimonio.

Sobre la declaración de Manuel Enrique Barreto Díaz, la censura destaca la descripción pormenorizada que aquel hizo del predio, que conocía por ser socio del Club de Caza y Tiro de Cartagena, y del que supo que esta entidad lo había vendido a los señores Barbur y que hace unos 6 o 7 años en forma ocasional se enteró que un señor Navarro había comprado parte de ese lote, pero no a quienes el testigo tenía como propietarios, lo que le sorprendió.

En relación con la declaración de Kalil Barbur Dáger, memora el recurrente que este testigo indicó que era representante legal de la sociedad que había vendido a Chediak Barbur e Hijos S. en C. el inmueble por el cual se le preguntaba y que también fue miembro principal del Club de Caza y Tiro, anterior propietario del mismo bien, por lo cual lo conocía. Insistió en el hecho de que el testigo señaló —en lo tocante a quienes tenían la posesión del predio— “en los momentos actuales y de ser posible desde cuando” que “allí se encuentra una construcción que yo personalmente no sé a quién pertenece… dejo claro que esas instalaciones se construyeron varios años después de hecha la venta a la sociedad Chediak e Hijos S. en C.” (fl. 49, cdno. Corte). Y además que afirmó que un terreno de Víctor Piñeros, el demandado, era colindante al objeto del proceso.

Sobre esta declaración el recurrente indica que el tribunal olvidó que el declarante fue claro al explicar que el predio poseído por los demandados no podía ser distinto del predio de propiedad de la demandante, por lo que de esta forma quedaba probada la posesión de los demandados, quienes habían alegado que sí poseían pero un bien distinto del reclamado.

La censura pasa al examen del testimonio de Alberto Enrique Céspedes Maestro, del cual expresa, luego de algunas transcripciones del mismo, que el tribunal pretirió apartes de esa declaración que demuestran la posesión que echó de menos. Se refiere a que el testigo indicó que los terrenos que afirma son de propiedad de los demandados llegan hasta la antigua línea del ferrocarril.

En lo tocante a la peritación rendida en el proceso, y no sin antes recalcar que los demandados habían admitido la posesión de un predio pero alegando que era distinto del reclamado por el demandante, destacó la identidad entre el inmueble objeto de la demanda y aquel que los demandados dicen poseer como suyo, por lo que el tribunal no podía dejar de concluir que estaba acreditada la posesión en los demandados del predio cuya restitución se pretende. Subraya pormenores de la pericia, todos conducentes a la anterior conclusión, dentro de los cuales se detiene en los bienes raíces colindantes con el de propiedad de la demandante así como en la identificación de las personas que ocupan porciones de este.

Examina seguidamente el informe técnico del funcionario público que intervino en el proceso policivo, del que, con similar metodología consistente en describir pormenores del mismo, recalca su conclusión según la cual “la perturbación se halla dentro del predio adquirido por los señores Teófilo Barbur y compañía y Chediak Barbur e hijos y Cía., según escritura #2940” (fl. 57, cdno. Corte). Indica que esta prueba fue preterida totalmente por el tribunal y que de haberla apreciado, hubiera concluido que existía posesión de los demandados respecto del bien cuya restitución solicitó la demandante.

Indica que esa corporación cometió error de hecho al no apreciar el poder conferido por Víctor Piñeros para promover el proceso de policía contra Kalil Barbur por perturbación de la posesión, pues del mismo debía concluir que los demandados en efecto eran poseedores.

C. Cargo tercero

Con la advertencia preliminar de que este cargo se diferencia del anterior sólo en lo atinente al tipo de error atribuido al tribunal en lo tocante al dictamen pericial, por cuanto en este le endilga la comisión de error de derecho, acusa a la corporación por la causal primera de casación, en vista de que la sentencia es violatoria de las normas del derecho sustancial también invocadas en el cargo anterior, esto es las contenidas en los artículos 946, 952, 961, 962, 964 y 969 del Código Civil. En lo tocante a la prueba pericial indica que el tribunal incurrió en error de derecho pues dicho medio no es idóneo para probar posesión dado que de acuerdo con el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil la peritación es un medio para acreditar hechos que requieran especiales conocimientos técnicos, por lo que en lo relacionado con esta prueba sólo tenía que ser apreciado lo que tuviese que ver con la identificación y medición de los bienes, siendo por tanto inidónea para deducir de ella la prueba de la posesión.

Consideraciones

A. En ambos cargos la censura se centra en intentar demostrar que como los demandados admitieron -en la contestación de la demanda y en el escrito de excepciones previas- ser poseedores, cosa que también, según su decir, fue aseverado por los testigos, la posesión requerida para dictar sentencia estimatoria de lo pretendido estaría demostrada en tanto en cuanto ella recaiga sobre el inmueble de propiedad de la demandante, por lo que lo determinante para decidir el asunto se contrae a establecer qué es lo que poseen los demandados, porque si es el terreno descrito en la demanda, que los actores alegan es de su propiedad, queda demostrada la exigencia que echó de menos el tribunal.

Y con tal fin acusa al tribunal de haber cometido yerros que en ambos cargos son idénticos, salvo en cuanto a la apreciación del dictamen pericial, pues al paso que en el segundo le achaca al ad quem no haberse percatado que dicha probanza hacía referencia a quienes ocupaban el predio para la fecha en que fue producido, cuando lo que debió considerar el juzgador colegiado, no era la situación a esa fecha, sino a la de formulación de la demanda y su contestación, en el cargo tercero, por el contrario, le endilga la comisión de un yerro de derecho, pues esa prueba técnica no es idónea para demostrar el hecho de la posesión.

B. Con miras a constatar las falencias que se le atribuyen al tribunal, luce pertinente, antes de ello, recordar que en sede casacional la presunción de acierto y legalidad de las sentencias que arriban a la Corte, supone en el recurrente un laborío exigente, consistente en derruir todos los pilares fácticos y jurídicos sobre los que descansa la conclusión del fallador, amparada por la referida presunción, para lo cual no basta con contraponer su propio criterio al del tribunal, o ensayar una crítica probatoria diversa, quizás mejor construida que la del ad quem, entresacando lo que de una u otra probanza sirva a su causa, porque con tal proceder no desquicia la aludida presunción, dado que, tratándose de error de hecho en la apreciación del material probatorio, el dislate debe ser mayúsculo o manifiesto. La contraevidencia en los juicios del sentenciador debe aflorar sin mayores disquisiciones, precisamente porque si ellas se requieren para la demostración del error factico es porque este no es evidente.

De modo que

por contrario que resulte a los intereses de un recurrente el resultado probatorio sacado por el sentenciador, esa sola circunstancia no estructura por sí misma error de este linaje, sino en cuanto ella no encuentre ninguna correspondencia en las distintas alternativas surgidas del examen objetivo de los medios de convicción, o cuando el resultado probatorio que propone el recurrente como consecuencia del mérito de la acusación es la única alternativa posible. No por existir, pues, la posibilidad de que una de las partes extraiga del acervo probatorio conclusiones diversas a la del sentenciador, esta última deviene sin más en contraevidente (Cas. Civil, sep. 24/98, exp. 5114. subraya ahora la Sala).

C. También como efecto de la referida presunción de acierto y legalidad del fallo de instancia impugnado en casación, y en el entendido de que los hechos en el recurso extraordinario solo son considerados en forma excepcional y como consecuencia de la demostración de yerros de derecho o manifiestos de hecho en el campo de las pruebas como vía que indirectamente conduce a la violación de la ley, ha sostenido esta corporación que esos errores, así como los propiamente de jure, deben ser trascedentes, esto es, que su incidencia en el sentido de la decisión haya sido determinante, a tal punto, que de no haberlos cometido, el fallador hubiera fallado en sentido contrario.

Ha dicho la Sala:

Sabido es que para casar una sentencia acusada por violaciones de la ley originadas en errores sobre la cuestión de hecho se requiere, lo mismo que para las impugnaciones por quebrantos de la ley debidos a errores en el juicio de derecho, que ese quebranto incida sobre la parte dispositiva del fallo, de manera que si tales desaciertos no hubieran existido, otro habría sido el juicio jurisdiccional proferido o el resultado de la decisión. Dicho en otras palabras, si a pesar de la violación de la ley en que haya incurrido directa o indirectamente el juzgador de última instancia en la fundamentación de la sentencia, esta última en su parte resolutiva termina por hacer declaraciones que resultan conformes a derecho, no hay lugar a infirmarla ya que la Corte, en sede de instancia, tendría que dictar otra providencia de contenido decisorio idéntico. (Cas. Civil, oct. 10/95, exp. 4541).

D. En adición a lo anterior, luce pertinente por su trascendencia para esta decisión, memorar que, de los elementos estructurales de la acción reivindicatoria, que la Corte ha precisado en numerosas ocasiones con base en lo dispuesto en los artículos 946, 947, 950 y 952 del Código Civil (derecho de dominio del demandante; posesión actual del demandado; identidad entre el bien perseguido por el demandante y el poseído por el demandado, y que se trate de una cosa singular reivindicable o una cuota determinada proindiviso sobre una cosa singular), el atinente a la identidad del bien se proyecta sobre dos aspectos: dice relación tanto a la indispensable coincidencia entre el bien cuya titularidad exhibe el actor y aquél que detenta el demandado poseedor, como a la identidad que debe existir entre éste y el señalado en la demanda, conforme a la exigencia del artículo 76 del Código de Procedimiento Civil.

La determinación y singularidad de la cosa pretendida —ha sostenido la Sala— circunscribe el campo de la acción reivindicatoria, porque como lo tiene dicho la Corte, ‘cuando la cosa que se intenta reivindicar no se ha podido determinar no se puede decretar la reivindicación’. De modo que este elemento atisba a la seguridad y certeza de la decisión, amén de su entronque íntimo con el derecho protegido, pues no puede olvidarse que tratándose de la acción reivindicatoria, tutela del derecho real de dominio y expresión del ius persequendi, la determinación misma de la cosa se torna en elemento sine qua non, porque el derecho real de dominio sólo puede hacerse realidad como poder directo y efectivo sobre una cosa determinada, es decir, una cosa individualizada como un cuerpo cierto’. (Cas. Civil, mar. 14/97, exp. 3692).

E. De cara a las anteriores premisas, necesario parece recordar que el tribunal, conforme quedó resumido en el acápite correspondiente de este fallo, llegó a la conclusión de que, por no haber sido demostrado lo contrario, los demandados no eran poseedores de lo pretendido por la actora, discurriendo para ello con base tanto en lo que declararon Javier Camacho López, Kalil Barbur, Manuel Enrique Barreto y Alberto Enrique Céspedes Maestro, como en el examen del dictamen pericial que, además entendió, “se muestra coincidente con el dicho de los testigos” (fl. 125, cdno. 10).

El recurrente sostiene que de las declaraciones de los testigos, en unos casos, sí quedó demostrada la posesión que echó de menos el tribunal, poniendo énfasis en el análisis de estos testimonios para demostrar que lo poseído por los demandados es lo pretendido por la demandante, esto es, la identidad bifronte entre lo poseído por el demandado y lo reclamado en su demanda por el actor, con base en el título que asimismo le legitima a ello.

Pasa la Corte a examinar estas probanzas.

1. Javier Camacho López (fl. 1 a 5, cdno. de pruebas de la parte demandante), quien rindió testimonio el 22 de octubre de 2001 (la demanda fue presentada en nov. 25/98), manifestó que los terrenos formaban parte de una propiedad de la hacienda Mamonal de la compañía “Andian Corporacion”, la que por la década del 60 vendió a varias personas parte de sus terrenos, como a Víctor Piñeros y a los señores Barbur, quienes luego le vendieron al Club de Caza y Tiro. Agrega que a él correspondió vender ese lote al señor Elías Barbur y a su hijo Kalil.

Indicó que ese predio no limita con los terrenos de los señores Piñeros y Mejía, los que habían sufrido invasiones que con el tiempo fueron legalizando. Acota que “el (sic) nuestro caso parece ser que también están vendiendo lo que nunca ha sido de ellos” (fl. 3). Preguntado por el despacho acerca de si sabe quién y en qué calidad ocupa en la actualidad las tierras, respondió que tiene la certeza de que no la ocupan sus verdaderos propietarios sino unos supuestos compradores de los señores Piñeros y Mejía, esto es, una compañía de maquinaria cuyo nombre desconoce.

2. Kalil Barbur Dáger (fl. 49), quien declaró el 15 de febrero de 2005, manifestó que era representante legal de la sociedad Teófilo Barbur y Cia S en C., adquirente del lote en mayor extensión del Club de Caza y Tiro, sociedad aquella que vendió luego a la demandante, sin que hubiese en esa época perturbación de la posesión. Preguntado acerca de quiénes tienen la posesión del predio y de ser posible desde cuándo, respondió que del terreno de cuatro hectáreas, dos las continúa poseyendo la sociedad Teófilo Barbur y Cía. S. en C. y que en las otras dos se encuentra una construcción que no sabe a quién pertenece, que dichas instalaciones aparecieron “hacen unos pocos años no puedo decir con exactitud en qué fecha ni qué año, no recuerdo, pero sí dejo claro que esas instalaciones se construyeron varios años después de hecha la venta a la sociedad” (fl. 51) demandante. Preguntado sobre porqué era parte querellada en un proceso policivo instaurado por la parte demandada, respondió que desconocía la razón por cuanto él no era propietario, e insistiéndosele sobre ello, agregó que “existió un proceso policivo por una perturbación de un terreno, insisto nunca fue mío y el cual al día de hoy su propietario sigue teniendo la posesión y el dominio del mismo” (fl. 53).

3. Manuel Enrique Barreto Díaz (fl. 60) declaró el 16 de febrero de 2005. Manifestó que conoció del lote por haberse hecho socio del Club de Caza y Tiro en los años 74 o 75, que “hace unos seis o siete años aproximadamente” (fl. 62), conoció que un señor Jairo Navarro había adquirido parte de ese lote y le sorprendió que los señores Barbur hubiesen vendido, ante lo cual preguntó a Kalil Barbur y “de allí surgió esta litis”. Agrega que en el área está Corelca.

4. Alberto Enrique Céspedes Maestro (fl. 66), quien declaró el 18 de febrero de 2005, manifestó ser “mensajero del señor Mejía” y en relación con el asunto propio de la litis expresó, sin ubicar temporalmente el hecho, que

un día se presentó el señor Pautt (el celador), a la oficina del señor Mejía a decirle de que el señor Barbur había mandado un buldózer para limpiar todo lo que era el terreno… Desde que empecé a trabajar allí sé que esos terrenos eran de Alfonso Mejía Navarro y Víctor Piñeros Bernal, esos terrenos llegan hasta la antigua línea ferrocarril lo que dicen banca ferrocarril (ib).

Esa conclusión del tribunal, la de que esos testimonios no probaban que los demandados fueran los poseedores del predio pretendido, al margen de la conducencia de la prueba pericial en la demostración de la posesión —punto que adelante se abordará—, no contradice la evidencia fáctica que muestran las declaraciones referidas, en las que sobresale que los testigos, en cuanto al punto preciso relativo a la posesión de los demandados para la época de la demanda, no fueron para nada coincidentes ni precisos, pues ninguno se refirió a esa época.

Aludieron algunos a los actuales ocupantes sin nombrarlos (Camacho, Barbur, Barreto), o a que en el predio “ahora mismo no hay nadie” (Céspedes), a ventas que han venido haciendo los demandados (Camacho), uno menciona incluso que los demandados son poseedores sin precisar la razón de la ciencia de su dicho ni aludir a circunstancias temporales y modales que sustenten su mera afirmación (Camacho), son prolijos en narrar antecedentes de la adquisición del predio por parte de la demandante, entonces sin perturbación sobre su tenencia y posesión (Camacho, Barbur), uno refiere que fue involucrado en una querella sin él ser el propietario e incluso, sin precisar a qué terreno se refiere, mencionando que los actuales propietarios son poseedores (Barbur). En fin, la pobreza de las declaraciones, en cuanto al punto preciso de la posesión que los demandados tenían sobre un terreno concreto, por la época de la demanda, bien puede dar lugar a la razonable inferencia del fallador, a lo que se suma, como atrás quedó dicho, que en sede casacional no se logra el quiebre del fallo con una mejor o más elucubrada crítica probatoria, que muestre otra posible conclusión sin que se desvertebre la del tribunal, crítica aquella que intenta construir la sociedad casacionista bajo la hipótesis de que si se sabe qué poseen los demandados puede saberse si en efecto eso que poseen es lo suyo o si están detentando lo reclamado por la actora.

F. De estos testimonios, pues, no se desprende la prueba de la posesión de lo pretendido por la demandante y en ese sentido no hay error de hecho que hubiera podido cometer el tribunal. Con todo, debe advertirse que esa corporación ciertamente pasó por alto la admisión que los demandados hicieron de ser poseedores, pero de lo suyo, amparados en un título que data de 1962.

Y así en efecto se evidencia tanto en la contestación de la demanda como en el escrito de excepciones previas, en los que tanto Piñeros como Mejía indicaron:

— En el primer escrito, que

los demandados tienen y han tenido siempre la posesión de su lote, pero aclaro, del lote que es de su propiedad (del demandado)”, “la propiedad y posesión material del lote de mi mandante la adquirió desde su compra es decir hace 37 años”; “mi mandante no tiene ninguna posesión material del lote que no sea de su propiedad”, “mi mandante siempre ha tenido la posesión material del lote de su propiedad identificado en la e.p. 1606” (fls. 58 a 60 y 71 a 74, cdno. 1); y

— En el escrito de excepciones previas, que forma parte de la contestación de la demanda, propusieron los demandados la consistente en “no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios”, fundamentada, en esencia, en el hecho de que

hay una porción de terreno que igualmente los demandantes afirman es de propiedad de ellos y conforma el lote que pretende reivindicar, pero infortunadamente para ellos pertenece a otra persona diferente de mis mandantes o sea pertenece a la corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, por compra hecha a mis mandantes mediante EPS 3217 del 18 de diciembre de 1990, o sea, lo adquirieron hace 10 años. (fl. 76).

De ambos escritos fluye el reconocimiento o admisión de los demandados de ser poseedores, aun cuando, se itera, no del lote litigado. Pero incluso si se entendiera que en el aparte último que fuera transcrito los convocados confesaron que la franja vendida a Corelca en 1990, hace parte del lote de propiedad de la demandante (adquirido en 1994) —que no parece ser su sentido natural—, tampoco permitiría ello que de encontrarse próspero el cargo, se hiciera extensiva la sentencia de instancias a este tercero, ajeno al pleito.

G. Y en cuanto al resto del predio, de la admisión de ser los demandados poseedores de un predio del que alegan ser propietarios, así como de la prueba documental que, en copia simple, se aportó en punto del proceso policivo instaurado por uno de estos contra Kalil Barbur y personas desconocidas, no puede afluir tampoco el quiebre pretendido por cuanto lo que admitieron poseer se encuentra completamente indeterminado, lo que, valga decirlo ya, torna los cargos que se examinan, intrascendentes, según se verá.

En efecto, a pesar de que el tribunal no hubiera apreciado las manifestaciones vertidas en la contestación y en el escrito de excepciones, tal yerro, si lo hubo, sería intrascendente, pues aquella admisión (“ser poseedores”) escuetamente considerada, si bien constituiría un hecho de suyo desfavorable a la parte que la hizo, solamente probaría eso, la posesión, pero no establecería sobre qué porción de terreno recae ella, pues recuérdese que a dicho reconocimiento le acompañaron los demandados algo escindible pero calificador de esa detentación de facto: son poseedores, pero de algo de lo que son dueños. Y, como se encarga el recurrente de hacer ver, el dictamen no es conducente para probar la posesión.

En otras palabras, esa singular distinción que hicieron los demandados acerca de que poseían, pero lo de ellos, impide que se entienda aplicable a este caso la añeja doctrina jurisprudencial de la Corte, hoy matizada por pronunciamientos posteriores que admiten la desestimación del aserto por otras probanzas adosadas al expediente (cas. civ. del 16 de diciembre de 2011, exp. 05001-3103-001-2000-00018-01), consistente en que con la admisión de los demandados de ser poseedores, queda demostrado tanto ese elemento como la identidad del predio poseído con el reclamado.

Ha sostenido esta corporación que

si con ocasión de la acción reivindicatoria el demandado confiesa ser poseedor del bien perseguido por el demandante o alega la prescripción adquisitiva respecto de él, esa confesión apareja dos consecuencias probatorias: a) el demandante queda exonerado de demostrar la posesión y la identidad del bien, porque el primer elemento resulta confesado y el segundo admitido, b) el juzgador queda relevado de analizar otras probanzas tendientes a demostrar la posesión. (Cas. Civil, Sent. 3 de mar. 14/97, reiterada en Sent. dic.14/2000 y sustitutiva de 12 de diciembre de 2001. Y en el mismo sentido Cas. Civil, jun. 16/82; CLXV, 125; feb. 25/91; feb. 8/2002, exp. 6578; nov. 9/93).

Y no es aplicable dicha jurisprudencia al presente caso, no solo en atención a la mentada indivisibilidad de la confesión, sino en vista de que en materia de identidad del bien litigado en asuntos reivindicatorios, según se anticipó en líneas precedentes, cobra especial relevancia, porque de por medio están principios de seguridad y certeza (Cas. Civil, mar. 14/97, exp. 3692), tanto que el bien pretendido esté en el título aducido, como que el poseído sea el descrito en la demanda o en el documento anexo a la misma, según el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, y concuerde con aquel, a tal punto que “cuando la cosa que se intenta reivindicar no se ha podido determinar no se puede decretar la reivindicación” (ib.), sin que, claro está, se exijan para esa determinación “parámetros de exactitud matemática” (id.).

Por lo demás, si bien es cierto que cuando el reivindicante logra demostrar que el demandado está en posesión ya no del predio descrito en la demanda sino tan solo de una porción del mismo,

ello no afecta para nada el requisito de la singularidad de la cosa y, por ende, no perjudica el buen éxito de la pretensión, en caso de reunirse —claro está— los demás presupuestos axiológicos, ya referidos. En esta específica hipótesis, la prosperidad de la reivindicación deberá reducirse —o si se prefiere circunscribirse— a la extensión material poseída por el demandado, sobre la cual exista dominio del demandante (XXXVII, pág., 414) (citada en Cas. Civil, jun. 20/2001, exp. 6069).

Pero, se acota ahora, supeditado tal acogimiento a que esa porción del predio sea no sólo la que efectivamente al tiempo de la demanda detentaba el demandado, sino a que en las instancias haya quedado definida o delimitada mediante indicación de la ubicación y el área respectivas.

Porque si la legitimación por pasiva en la acción reivindicatoria propiamente dicha, recae en “el actual poseedor” de la cosa, como lo declara el artículo 952 del Código Civil, no sólo el derecho del actor (propietario) y la posesión del demandado deben estar comprobadas, sino también, como se sabe, debe existir certeza sobre la singularidad de la cosa que se reivindica y la identidad entre ésta y la que se halla bajo el poder de hecho del demandado, supeditada tal detentación al momento de presentación de la demanda, que es cuando se aduce el factum o causa de pedir (ser el demandado poseedor de tal predio) que fundamenta la pretensión reivindicatoria.

H. Si se repara en el dictamen pericial, pedido con una inspección judicial por la actora y recurrente en casación, entre otras cosas, para constatar “la posesión material por parte de los demandados” (fl. 6, cdno. 1), debe admitirse que el auxiliar se refirió a que el terreno estaba ocupado o poseído –que ambas expresiones usó- por terceras personas: Lira Margarita Narváez Cohen [1.005, 63 m2], Alfonso Mejía Navarro-Norma Martínez [10.092.79 m2], Interconexión Eléctrica S.A. ESP [230,63 m2 del lote vecino y 3.981,52 m2 del lote en litigio], Inés Cabarcas Santoya [431.90 m2] y Panamericana de Transportes S.A. Panantra [3.941,75 m2]).

El experto describió en los planos las áreas que cada cual ocupaba, pero dejó de lado detallar las que encontró como detentadas precisamente por Alfonso Mejía Navarro uno de los demandados) y por Norma Martínez por cuanto no estaban delimitadas físicamente en el terreno. E hizo alusión y adjuntó los títulos de esas adquisiciones.

Sobre este esencial aspecto, debe recordar la Corte que el dictamen, luego de decretado, fue ampliado a otros puntos, atinentes a si todo el inmueble que ocupa la demandada corresponde al determinado por medidas y linderos en la escritura por la cual esta adquirió; y en caso negativo, que el perito determinara si el área en exceso estaba en el lote del demandante (fl. 352 y 353, cdno. 2), punto éste último que si bien respondió afirmativamente el perito, al referirse a las ventas que los demandados habían efectuado a esas terceras personas, no fue objeto de precisión en cuanto a qué porción exacta seguía siendo poseída por los señores Alfonso Mejía y Víctor Piñeros.

Por lo tanto, puesta en el camino de verificar si esas franjas del terreno litigado, que en el dictamen se indican como ocupadas por terceras personas, estaban por ellas poseídas en la época de la demanda, a efectos de determinar si los demandados eran en verdad legítimos contradictores, halla la Corte que en el certificado de tradición y libertad aportado por los demandados, de número 060-4927 (fl. 85, cdno. 1 y fl. 589 a 592, cdno. libro 2) ), se aprecia que estos, en efecto, enajenaron a Corelca una parte del que dijeron era su predio(1), en 1990 (anotación 17), otra más a Inés Cabarcas Santoya en 1994 (anotación 23), dos adicionales a Panamericana de Transportes Limitada el 20 de noviembre de 1998 la primera (anotación 29) y el 3 de diciembre de 2001 la segunda (anotación 36), una más a Lira Margarita Narváez Cohen en julio 14 de 1999 (anotación 31). De lo cual se concluye que algunas enajenaciones de áreas que el perito ubicó en el predio objeto de pleito —como ocupadas por sus adquirentes—, se hicieron antes de trabarse la litis (el poder otorgado por el demandado Alfonso Mejía fue presentado personalmente ante notario el 7 de octubre de 1999 y recibido al día siguiente, fl. 56 cdno. 1) y otra más después de formada la relación procesal.

Pero lo concluyente es que no obstante haberse pedido al perito que determinara qué sector del predio de la demandante poseían los demandados, esto hubiera quedado sin saberse, para lo cual ni los testigos, como se vio, ni la diligencia de inspección judicial practicada aportaron luces.

A esa indeterminación se suma el hecho de que si bien el dictamen, prueba técnica que aporta saberes científicos, técnicos o artísticos al proceso, no es directamente conducente para demostrar el hecho de la posesión, a no dudarlo de la descripción que el perito haga del predio, de la singularidad y ubicación en el campo de lo que expresan las escrituras, del análisis y descripción mismos que sobre el terreno realiza el experto, sí pueden extraerse elementos que apreciados con otras pruebas —ellas sí conducentes— pueden reforzar la conclusión que, sobre la posesión, por ejemplo, adoptó el tribunal.

Fue lo que pasó en este caso. Los testigos manifestaron que terceros ocupaban el predio. El perito dijo lo mismo. Y ahora la Corte, en procura de verificar el error probatorio que la censura formula, confirma que el certificado de matrícula inmobiliaria aportado por los demandados, como corroborante de su condición de propietarios, incluye enajenaciones efectuadas antes de trabarse la relación procesal, que el perito situó en el predio objeto de su experticia, sin que se sepa por tanto en definitiva, qué parte del predio quedó poseída por los demandados, por la época de la demanda.

En tales condiciones surge palmario que como a la sola afirmación de los demandados de poseer no se le puede agregar la identidad del bien poseído con el reclamado, la sentencia del tribunal debe mantenerse, en la medida en que, los errores no se encuentran demostrados y la conclusión del tribunal encuentra firma apoyo en las probanzas que la Corte ha analizado en precedencia.

En consecuencia, los cargos no prosperan.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NO CASAR la sentencia del 13 de marzo de 2012, proferida por la Sala Civil Familia del tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro del proceso ordinario de la sociedad Chediak Barbur e Hijos S. en C. contra Alfonso Mejía Navarro y Víctor Piñeros Bernal.

2. CONDENAR en costas a la impugnante. Para que sean incluidas en la respectiva liquidación, se fija como agencias en derecho la cantidad de $3’000.000, por no haber sido replicada la demanda.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo pertinente».

(1) En la escritura de venta a Corelca sólo se insertaron los linderos del predio mayor de 149 hectáreas, de propiedad de los demandado sin que quedara especificado el que se vendía a Corelca, de tan solo 5.665.5 m2 (fl. 77 y ss., cdno. 1).