Sentencia SC2557-2018 de julio 5 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Octavio Augusto Tejeiro Duque

SC2557-2018

Rad.: 11001-02-03-000-2014-01887-00

(Aprobado en sesión de nueve de mayo de dos mil dieciocho)

Bogotá, D.C., cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018).

Se decide la solicitud de exequátur presentada por Olga Mery Gachancipá Correa, frente a la sentencia de 8 de noviembre de 2011 que profirió la Corte del Circuito del Condado de Cook, Illinois, Estados Unidos de América, mediante la cual se decretó la disolución del matrimonio que celebró con Héctor Orlando Castro Vargas.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitante pide homologar la citada providencia, para que surta efectos en Colombia.

Relató que el 29 de abril de 1994 se casó por la iglesia con Héctor Orlando y luego fijaron su residencia en el exterior, donde procrearon a dos hijos nacidos el 2 de diciembre de 1995 y el 17 de enero de 2003. Con posterioridad el esposo formuló demanda de divorcio contencioso ante la Corte del Condado de Cook, Illinois en los Estados Unidos de Norteamérica, pleito que se tornó en voluntario cuando presentaron de consuno un acuerdo escrito sobre la repartición de bienes sociales, la custodia de los hijos y demás temas atinentes al trámite, que acogió esa autoridad en fallo de disolución del vínculo de 8 de noviembre de 2011, que quedó ejecutoriado conforme a las leyes del lugar donde se profirió.

2. Admitida la petición, se ordenó correr traslado a los procuradores delegados en asuntos civiles y para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, autoridades que no se opusieron a la prosperidad del asunto (fls. 134 al 143 y 146 al 150).

3. En el curso Héctor Orlando Castro Vargas compareció con el ánimo de coadyuvar el libelo (fls. 189 al 191).

4. Agotada la etapa probatoria se corrió traslado a los interesados para alegar y allegaron sendos escritos de insistencia (fls. 216 al 224).

II. CONSIDERACIONES

1. De conformidad con el artículo 1º del Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, el Código General del Proceso entró «en vigencia en todos los distritos judiciales del país el día 1º de enero de 2016, íntegramente».

Sin embargo, en este caso en particular se tendrán en cuenta las reglas que sobre el tránsito de legislación contempla el artículo 625 de la Ley 1564 de 2012, que en los numerales 1º a 4º fija patrones especiales para los procesos ordinarios, abreviados, verbales de mayor y menor cuantía, verbales sumarios y ejecutivos. Ya en lo que respecta a otros asuntos en los numerales 5º y 6º se precisó que

5. No obstante lo previsto en los numerales anteriores, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. 

(...) 

6. En los demás procesos, se aplicará la regla general prevista en el numeral anterior. 

Quiere decir que al no existir una referencia concreta al exequátur en la norma referida, queda inmerso dentro de la última regla transcrita, por lo que se tendrán en cuenta las normas que establecía el Código de Procedimiento Civil, por ser las aplicables al momento en que se inició, lo que es acorde con lo expresado por la corporación en SC8655-2016, SC12468-2016 y SC14849-2017, entre otras.

2. El auge del comercio internacional de bienes y servicios, así como el desplazamiento voluntario y forzado de la población mundial, ya sea para desarrollar un proyecto de vida profesional y familiar o buscando una salida a problemas de orden político y económico, conllevan la toma de medidas a nivel global para que las providencias judiciales que se tomen en un país sean reconocidas en otro donde generan repercusiones.

En Colombia, de conformidad con el artículo 693 del Código de Procedimiento Civil, se aceptan con fuerza vinculante aquellas sentencias o laudos pronunciados por autoridades de Estados extranjeros en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, por «reciprocidad diplomática», esto es, cuando cumplan con los requisitos establecidos en los tratados existentes con él, o en su defecto acudiendo a la «reciprocidad legislativa», basada en la aceptación que allí se reconozca a las acá producidas.

La Corte desde antaño tiene dicho que

(...) en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia (G. 3. t. LXXX, pág. 464; CLI, pág. 69; CLVIII, pág. 78 y CLXXVI, pág. 309; citada en SC15751-2014). 

3. Conforme lo informado por la Cancillería «no reposa información sobre la adopción de tratados bilaterales o multilaterales sobre reconocimiento recíproco de sentencias en los que la República de Colombia y los Estados Unidos de América sean Estados Parte», con el agregado de que dicha nación está constituida como «una federación, razón por la cual la eventual concesión de efectos a sentencias judiciales proferidas por la República de Colombia, pudiera variar de uno a otro de los Estados que componen la Unión, en razón a discordantes jurisprudencias emitidas por una u otra Corte Estatal, cualquiera fuere su orden» (fl. 159).

Quiere decir que no existe «reciprocidad diplomática» en materia de exequátur con los Estados Unidos de Norteamérica y, en consecuencia, cuando se pide homologar un fallo dictado en cualquiera de las divisiones territoriales que lo conforman debe procederse a verificar la correspondencia que existe, en ese Estado Federal en particular, respecto de la validez que allí se le dé a las providencias de funcionarios colombianos sobre el tema.

4. En esta oportunidad no existen medios de prueba donde se vislumbre qué peso tienen en el Estado de Illinois las decisiones de las autoridades colombianas, razón por la cual ni siquiera es posible entrar a analizar si se cumplen los supuestos del artículo 694 ibídem para darle pleno valor a un proveído foráneo.

Si bien a solicitud de la Procuradora delegada para asuntos civiles se buscó obtener la «copia auténtica, total o parcial, de la normativa vigente en ese país, que regulen la materia del exequátur de las providencias de disolución del matrimonio» (fl. 153), no se logró respuesta del Consulado de Colombia en Chicago que brindara información precisa sobre el punto, a pesar de las diligencias que se adelantaron con el «despacho del secretario de la Corte del Circuito del Condado de Cook» (fl. 178).

Adicionalmente, tanto la solicitante como el coadyuvante no aportaron los medios de convicción que permitieran solucionar la demora del conducto diplomático, máxime cuando el sistema normativo Norteamericano es consuetudinario y de conformidad con el artículo 188 ejusdem, modificado por el numeral 92 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, en su inciso final prevé que «[c]uando se trate de ley extranjera no escrita, ésta podrá probarse con el testimonios de dos o más abogados del país de origen», lo que constituía una carga para ambos que fue desatendida.

Aunque se aportaron dos conceptos de profesionales autorizados para ejercer el derecho en Illinois (fls. 196 al 210), los mismos se refirieron al caso concreto, pero pasaron por alto cualquier alusión al valor dado en dicho lugar a las sentencias extranjeras.

En vista de tal omisión, resulta inviable acceder a las pretensiones formuladas.

5. En SC 3 ago. 2005, rad. 00152-00, donde se estudió un asunto que guarda similitud de propósito a éste y por una determinación tomada en ese mismo Condado, fracasó el intento por igual deficiencia, luego de señalar como

Mediante el trámite del exequátur, se confiere efecto jurídico en el país a las sentencias proferidas en el exterior, siempre y cuando se cumplan las exigencias legales, particularmente las previstas en los artículos 693 y 694 del Código de Procedimiento Civil; las cuales, en protección de la soberanía, reclaman de entrada, ya por vía diplomática o, en subsidio, por vía legislativa, que en el Estado extranjero se le otorgue igual valor a los fallos proferidos por las autoridades judiciales de Colombia. 

Puesto que se trata de requisitos sustanciales y formales que deben concurrir para que se conceda la autorización objeto de la demanda, corresponde a la parte interesada satisfacerlos a plenitud, punto en el cual, entonces, se hace imperioso el cumplimiento de la carga probatoria que corre contra quien alega en su favor unos hechos. 

En otras palabras, en materia de exequátur, quien propugna por obtenerlo debe demostrar que se cumplen todas y cada una de las condiciones requeridas para el efecto, y, por consiguiente, una actitud pasiva o una actividad deficiente en ese sentido genera, sin más, la negación de la solicitud, sin perjuicio, claro está, de que se pueda acudir mediante nueva demanda que sea plenamente satisfactoria a provocar el reconocimiento de la sentencia extranjera. 

En el presente asunto quedó demostrado que no existe ningún tratado internacional que vincule a Colombia con los Estados Unidos de América en materia de reconocimiento recíproco de los fallos que profieran sus jueces, folio 155. 

A petición conjunta del solicitante y del Ministerio Público, se exhortó al Cónsul de Colombia en el Estado de Illinois, Estados Unidos de Norte América, para que obtuviera, legalizara y remitiera copias de la legislación de aquél país sobre el particular, remitiendo éste un escrito al que agrega unas copias en inglés, folios 156 a 191; sin embargo no fue posible obtener la traducción conforme a las normas legales, artículo 260 del Código de Procedimiento Civil, de los documentos en idioma extranjero remitidos por el Consulado de Colombia, a pesar de que el demandante fue requerido para el efecto (fl. 208). 

Bajo esas circunstancias es claro que la petición de exequátur no reúne las condiciones requeridas por la ley, por cuanto se desconoce, en ausencia de tratado diplomático recíproco entre los dos Estados, la fuerza que otorga la legislación de los Estados Unidos a las sentencias pronunciadas por los jueces colombianos. 

En conclusión, la sentencia habrá de ser desestimatoria de la pretensión. 

6. En consecuencia, no se reúnen a cabalidad los presupuestos para otorgar el efecto jurídico perseguido, que se negará, sin que haya lugar a condena en costas por no estar comprobadas, como señala el numeral 9º del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar el exequátur a la sentencia de 8 de noviembre de 2011 que profirió la Corte del Circuito del Condado de Cook, Illinois, Estados Unidos de América, mediante la cual se decretó la disolución del matrimonio entre Olga Mery Gachancipá Correa y Héctor Orlando Castro Vargas. Sin costas.

2. Archivar el expediente.

Notifíquese

Magistrados: Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Octavio Augusto Tejeiro Duque—Luis Armando Tolosa Villabona.