Sentencia SC2642-2015 de marzo 10 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC2642-2015

Radicación: 11001-31-03-030-1993-05281-01

Magistrado Ponente:

Dr. Jesús Vall de Rutén Ruiz

(Aprobado en sesión de cinco de mayo de dos mil catorce)

Bogotá, D.C., diez de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La demanda, por una parte, y su contestación, por la otra, son, en principio, los linderos de todo litigio, dentro de los cuales le resulta obligatorio moverse al juez que conozca del mismo, al punto de que, al decidirlo, le está vedado, en términos generales y salvedad hecha de excepciones específicamente contempladas, dejar sin resolver algún aspecto de la controversia (citra petita), superar tales límites (ultra petita) o actuar por fuera de ellos (extra petita).

Así lo prevé el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, cuando establece que

“[l]a sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. (…). No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta. (…). Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último”.

2. Empero ésa, que es la regla general, no corresponde a un deber absoluto, como quiera que el mismo legislador, en el artículo 306 de la citada obra, consagró que “[c]uando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda”.

Ostensible es, pues, que en tratándose de hechos constitutivos de una excepción, esto es, de situaciones jurídicas concretas que enerven o desvirtúen total o parcialmente la pretensión, el juez está obligado a su reconocimiento oficioso, salvo cuando se trate de la “prescripción, compensación y nulidad relativa”, las cuales el sentenciador no puede motu proprio declarar, como quiera que en estos tres supuestos es siempre necesario que el demandado haya formulado expresamente la respectiva excepción en la contestación del libelo introductorio o de la reforma del mismo.

3. En el presente proceso, como ya se registró, el tribunal concluyó que el actor no demostró debidamente su condición de heredero del señor Ramón Morales Palacios y, por ende, su legitimación para promover la acción en los términos que consignó en la demanda, lo que lo condujo, en últimas, a inferir el fracaso de la totalidad de las súplicas en ella elevadas.

4. La Sala, de ataño, tiene definido que la

“[n]ota característica de la excepción, que la distingue del concepto de defensa en el sentido lato arriba mencionado, es, pues, conforme se deja dicho, la de que aquella supone la alegación de hechos nuevos impeditivos o extintivos del derecho pretendido por el actor. A aquella característica y a esta diferenciación se ha referido la Corte en los siguientes términos: ´La excepción en el derecho ritual constituye una noción inconfundible con la defensa del demandado. La excepción es un medio de defensa, mas no engloba toda la defensa. La defensa en su sentido estricto estriba en la negación del derecho alegado por el demandante. Y la excepción comprende cualquier defensa de fondo que no consiste en la simple negación del hecho afirmado por el actor, sino en contraponerle otro hecho impeditivo o extintivo que excluye los efectos jurídicos del primero y por lo mismo de la acción (…) (LIX, pág. 406)” (CSJ SC, abr. 9/79, G.J., T. CXXX, págs. 18 y 19; se resalta).

Y, adicionalmente, que

“la legitimación en la causa es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, en cuanto concierne con una de las condiciones de prosperidad de la pretensión debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de éste, motivo por el cual su ausencia desemboca irremediablemente en sentencia desestimatoria debido a que quien reclama el derecho no es su titular o porque lo exige ante quien no es el llamado a contradecirlo” (CSJ SC, mar. 14/2002, rad. 6139; se resalta).

5. Aunados los anteriores dos conceptos, se concluye que cuando los sentenciadores de instancia asumen el estudio de la legitimación y determinan su ausencia en relación con alguna de las partes, lo que los lleva a negar la pretensión, están, en estricto sentido, resolviendo oficiosamente sobre los presupuestos indispensables para desatar de mérito la cuestión litigada.

En complemento de lo anterior, debe señalarse que, en estrictez,

“la legitimación en la causa, bien por activa o por pasiva, no es una excepción sino que es uno de los requisitos necesarios e imprescindibles para que se pueda dictar providencia de mérito, ora favorable al actor o bien desechando sus pedimentos, porque entendida ésta ‘como la designación legal de los sujetos del proceso para disputar el derecho debatido ante la jurisdicción, constituye uno de los presupuestos requeridos para dictar sentencia de fondo, sea estimatoria o desestimatoria. Y en caso de no advertirla el juez en la parte activa, en la pasiva o en ambas, deviene ineluctablemente, sin necesidad de mediar ningún otro análisis, la expedición de un fallo absolutorio; de allí que se imponga examinar de entrada la legitimación que le asiste a la parte demandante para formular la pretensión’ (sentencia de casación 051, abr. 23/2003, exp. 76519)” (CSJ SC abr. 23/2007, rad. 1999-00125-01; se resalta).

Sin embargo de lo anterior, no escapa a esta Sala que cuando en su defensa el demandado aduce hechos tendientes a refutar el derecho que pretende el actor, y precisamente los trae al proceso buscando desconocer la titularidad de cualquiera de las partes, o de ambas, respecto del objeto material o jurídico debatido, ha de tramitarse como excepción esta particular forma de oposición, que se dirige derechamente a enervar la legitimación en la causa activa o pasiva, entendidos estos conceptos por la Corte, siguiendo a Chiovenda como “la identidad de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acción (legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción (legitimación pasiva)". (Instituciones de Derecho Procesal Civil, 1, 185)” (G.J. CCXXXVII, v1, nº 2476, pág. 486. En igual sentido, G.J. LXXXI, nº 2157-2158, pág. 48, entre otras).

6. Fluye de lo que se deja expuesto, el fracaso del cargo que se examina, puesto que, independientemente de que el tribunal, en el punto segundo de la parte resolutiva de su fallo, hubiese expresado que declaraba oficiosamente la excepción de falta de legitimación del actor, la actividad decisoria de esa autoridad, en su pura esencia, se circunscribió a explorar tal condición de “prosperidad de la pretensión debatida en el litigio”, y el no hallarla comprobada, lo determinó a desestimar las pretensiones de la demanda, de donde mal podía el recurrente afirmar que con esa conducta, el ad quem reconoció excepciones no propuestas por la parte demandada e hizo de su fallo un pronunciamiento incongruente.

7. Ahora bien, si se admitiera, como consecuencia del referido pronunciamiento expreso contenido en el proveído impugnado, que el ad quem sí se pronunció sobre una excepción de fondo que los accionados sólo vinieron a insinuar en los alegatos que presentaron en la segunda instancia, tampoco se encuentra que la sentencia cuestionada sea inconsonante, pues el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil lo habilitaba para efectuar un pronunciamiento semejante.

Precisamente, para negar un cargo por incongruencia propuesto frente a una sentencia desestimatoria de las pretensiones por haberse colegido la carencia de legitimidad en el demandante, la Corte observó que:

Por tal razón, el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, contrariamente a lo que parece entender el recurrente, no consagra talanquera alguna que le impida al juez decidir de manera oficiosa sobre la legitimación de las partes, aspecto éste que, como ya se dijera, por constituir una de las condiciones de prosperidad de toda reclamación judicial, está siempre obligado a examinar con miras a decidir sobre su concesión, como tampoco lo concerniente a la excepción de contrato no cumplido, toda vez que el aludido precepto solamente restringe esa facultad en lo que concierne con las excepciones de prescripción, compensación y nulidad relativa, las cuales, como es sabido, comportan un poder del demandado encaminado a aniquilar la pretensión del actor, de manera que ésta subsistirá solamente si aquél se abstiene de ejercer su derecho potestativo” (CSJ SC, mar. 14/2002, rad. 6139; se resalta).

8. El cargo estudiado, por ende, no está llamado a prosperar.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, NO CASA la sentencia del 28 de julio de 2011 proferida en el presente proceso por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil de Descongestión.

Costas en casación a cargo de la parte recurrente. En la respectiva liquidación, inclúyase como agencias en derecho la suma de SEIS MILLONES DE PESOS ($ 6.000.000), como quiera que la parte opositora replicó en tiempo la demanda con la que se sustentó dicho recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al tribunal de origen.»