Sentencia SC2775-2018/2008-00383 de julio 16 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC2775-2018

Radicación 11001-31-03-003-2008-00383-01

Magistrado Ponente:

Dr. Octavio Augusto Tejeiro Duque

Aprobada en sesión de veintisiete de junio de dos mil dieciocho

Bogotá, D.C., dieciséis de julio de dos mil dieciocho.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por Laboratorios Junín S.A. en Liquidación frente a la sentencia de 31 de enero de 2013, proferida por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario que adelantó en contra de Assets Bank Benveniste Londoño, Grupo Internacional Farmacéutico Grufarma S.A. y Laboratorios Biogen de Colombia S.A.

I. El litigio 

1. La promotora pidió declarar que entre ella y Laboratorios Biogen de Colombia S.A., por intermedio de Assets Bank Benveniste Londoño S.A., se surtió una venta de acciones por el 66% del capital social, con cargo de pagar las deudas de Laboratorios Junín S.A. al momento de la negociación, ya que las demandadas asumieron el control absoluto y terminaron absorbiéndola.

Además, que el Grupo Internacional Farmacéutico “Grufarma S.A.” asumió la explotación total y absoluta de los bienes de Laboratorios Junín S.A. sin contraprestación, concepto que deben cubrir desde febrero de 2004 hasta que los restituya o se suspenda la producción, según contrato de arrendamiento abusivo que debe entenderse resuelto. Fuera de que están obligadas a reconocer las utilidades de lo elaborado por Grufarma S.A. en las instalaciones de Laboratorio Junín S.A. y lo fabricado en cualquier otro lugar amparado por las marcas y registros sanitarios de esta última, desde febrero de 2004 hasta que deje la explotación o comercialización; así como el daño emergente y lucro cesante.

En subsidio de la aspiración de asumir el pago de todas las obligaciones de Laboratorio Junín S.A. solicita el valor de los perjuicios causados al generar su liquidación obligatoria, estimados en consideración a su tradición y reconocimiento de la actividad empresarial.

Expuso para el efecto que Laboratorio Junín S.A. fue constituida por escritura 2742 de 1960 de la Notaría Segunda de Medellín y ha desarrollado su objeto social por aproximadamente 44 años con buen nombre y reconocimiento en el mercado nacional e internacional como fabricante de productos farmacéuticos y médico-hospitalarios, así como de elementos en la rama de la salud.

Con el ánimo de crecer decidió construir una planta más grande por un costo estimado de $ 1.200.000.000, lo que aunado al período de improductividad mientras se adelantaba la obra la condujo a una reestructuración empresarial en los términos de la Ley 550 de 1999, que admitió la Superintendencia de Sociedades de Medellín el 8 de noviembre de 2001 por oficio 155-2001-01-107530, donde presentó como fórmula vender parte de las acciones para cumplir a los acreedores y seguir en funcionamiento.

Jorge Luis Bernal envió el 21 de agosto de 2003, a petición de Fernando Londoño Benveniste, una proyección de utilidad neta de $ 6.346.7000.000 por ventas estimadas entre 2004 y 2008, frente a lo cual Laboratorios Biogen de Colombia S.A. manifestó interés en adquirir el 66% de las acciones y en asamblea de acreedores de septiembre de 2003 prometió que si le cedían la empresa aportaba el capital y todo su esfuerzo en sacarla adelante, con la advertencia de que la negociación se haría a nombre de Assets Bank Benveniste Londoño para evitar problemas con su sindicato y exigió que se suscribiera contrato de arrendamiento de tiempo compartido al Grupo Internacional Farmacéutico Grufarma S.A., del mismo conglomerado empresarial, “sobre el sistema de producción integral o la planta de producción farmacéutica”, sin remuneración para Laboratorios Junín S.A., bajo el pretexto de obtener recursos para honrar créditos existentes y como estrategia para reducir los gastos fijos.

El 25 de septiembre de 2003 se elaboró un documento de venta con un precio de $ 0.01 por acción y la precisión de que “la cesión de las acciones implica la de todos los créditos y obligaciones, previos y posteriores al acuerdo de reestructuración de que somos titulares y consecuencialmente la del derecho de voto asociado” a ellos, con el agregado de que “Grufarma, la que está a cargo de este acuerdo es una compañía nuestra diferente de Biogen que también es nuestra”, según lo relató Darío Álvarez en declaración rendida dentro del incidente de regulación de créditos ante la Superintendencia de Sociedades.

Como resultado de la negociación se entregó la administración a la compradora, pero luego se negó sistemáticamente al pago de obligaciones que no le reportaran utilidades directas y asumió solo las estrictamente necesarias para mantener la producción.

La planta se construyó en el inmueble ubicado en la carrera 48 Nº 44 Sur-151 de propiedad de Inversiones J. M. Piedrahita y Cía. S. en C. y J. F. Wills y Cía. S. en C., del cual era arrendataria Laboratorios Junín S.A., tenencia que pasó a Grufarma S.A. y Laboratorios Biogen de Colombia S.A. por exigencia de los arrendadores.

Para la época de los hechos Fernando Londoño Benveniste era el presidente de Laboratorios Biogen de Colombia S.A., representante legal de Assets Bank Benveniste Londoño y miembro de la junta directiva de Grupo Internacional Farmacéutico “Grufarma S.A.”, sociedades que comparten varias direcciones según los certificados de existencia expedidos por la Cámara de Comercio de Bogotá, verificación telefónica y al revisar la página web www.laboratoriosbiogen.com, de donde se extrae que hacen parte de un mismo grupo empresarial.

En virtud del arrendamiento de la planta de producción a Grufarma por un turno de 12 horas, dicha firma obtuvo acceso a la casi totalidad del inmueble, salvo por una oficina cuyo uso requería autorización de Fernando Londoño, por lo que Laboratorios Junín S.A. perdió autonomía para utilizar las instalaciones, lo que de todas maneras no pudo volver a hacer debido a sus difíciles condiciones económicas y el incumplimiento en la capitalización ofrecida por las compradoras. Incluso la explotación de la inquilina se extendió a turnos de 24 horas continuas, como admitió Fernando Londoño a la junta asesora del liquidador el 19 de agosto de 2015, e impidió que esta se reuniera el 15 de septiembre de 2006.

Laboratorios Biogen S.A. en abuso del derecho, enriquecimiento sin causa y desequilibrio comercial en la práctica de posición dominante, comenzó a producir doce clases de medicamentos (agua estéril para inyección, Cortybet ampollas, Dextrosa al 5% en A.D., Dextrosa al 5% SS, Dextrovit al 5% en A.D., Junicaína 1% inyectable, Junicaína 2% inyectable, Junicaína 2% con epinefrina inyectable, Lactato de ringer, Procaína 1%, Procaína 2% y solución salina normal) amparados con las licencias sanitarias otorgadas por el Invima a Laboratorios Junín S.A., sin su autorización y con provecho de su buen nombre, los que comercializa y vende sin reconocer contraprestación alguna, a pesar de que los etiqueta bajo el nombre Grufarma-Junín con lo que se hace más evidente la absorción.

Laboratorios Junín S.A. fue declarada en proceso de liquidación obligatoria, por auto 610-001935 de 5 de noviembre de 2004, pero las demandadas valiéndose de su posición de control y sin informar a la Superintendencia de Sociedades, la asamblea de acreedores o la junta de vigilancia, obtuvieron licencia a nombre de Grufarma para las marcas nominativas Dextrovit, Junicaína, Albentrex, Corty Bet, Loryn, Bustress, Ibut, Anfour, Prymidin y Micocidin.

El objetivo que buscaban Laboratorios Junín S.A. y sus acreedores en la negociación con Laboratorios Biogen S.A., a través de Assets Bank Benveniste Londoño, no se logró por el incumplimiento de estas, lo que aunado al abusivo contrato de arrendamiento a Grufarma de la planta que tenía un valor de $ 1.200.000.000 en 2002 y los equipos estimados en $ 844.100.000, así como el desconocimiento del turno reservado a Laboratorios Junín, la llevó a su liquidación y la afectación del patrimonio de los acreedores reconocidos y no reconocidos en el auto de calificación y graduación de los créditos (fls. 209 al 222, cdno. 1).

2. Las empresas convocadas se opusieron y coincidieron en formular como excepciones las que denominaron “falta de legitimación en la causa por activa”, “no se configura abuso del derecho”, “no hay fusión por absorción”, “no hay enriquecimiento sin causa” y que “no hacen parte de ningún grupo económico”.

Assets Bank Benveniste Londoño agregó las de “inexistencia de las obligaciones reclamadas”, “ausencia de nexo causal entre cesión de acciones y liquidación de Laboratorios Junín S.A.” y “confusión entre los acreedores y los órganos sociales de Junín” (fls. 269 al 280, cdno. 1).

Laboratorios Biogen de Colombia S.A. adujo también la de que “el actor va contra sus propios actos previos” (fls. 359 al 369, cdno. 1).

A su vez Grupo Internacional Farmacéutico Grufarma S.A. propuso en complemento las de “ausencia de nexo causal entre contrato de arrendamiento de tiempo parcial y liquidación de Laboratorios Junín S.A.”, “falta de legitimación en la causa por pasiva” e “inexistencia de las obligaciones reclamadas” a ella (fls. 374 al 383, cdno. 1).

3. El Juzgado Quince Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá declaró probadas las defensas y negó las pretensiones porque la causa de la liquidación de Laboratorios Junín S.A. fue la difícil situación económica por la que atravesaba, como resultado de la cuantiosa inversión en la ampliación de la planta productiva, sin que la contraparte propiciara ese estado de postración pues su presencia se hizo con el fin de salvarla, lo que resultó infructuoso, sin que se comprometieran a asumir el pasivo social (fls. 1340 al 1357, cdno. 1).

4. Apeló la promotora (fls. 1360 al 1367, cdno. 1) y el superior confirmó esa determinación (fls. 96 al 131, cdno. 11).

II. Fundamentos del fallo impugnado 

La gestora no logró probar el sustento de la reclamación como era que su objetivo y el de los acreedores en la negociación con Laboratorios Biogen S.A., a través de Assets Bank Benveniste Londoño, era que esta asumiera todos los pasivos de Laboratorios Junín S.A.

Si bien en el numeral 4º del escrito de “cesión de acciones” de 15 de septiembre de 2003 consta que dicha transferencia “implica la de todos los créditos y obligaciones, previos y posteriores al acuerdo de reestructuración de que somos titulares y consecuencialmente la del derecho de voto asociado a esos créditos y obligaciones”, en el contrato de arrendamiento del 30 siguiente entre Laboratorios Junín S.A. y Grufarma se convino que la última “tiene interés y capacidad para explotar la planta de Laboratorios Junín S.A., pero no puede ni desea asumir responsabilidad alguna en la ejecución del acuerdo con los acreedores, ni tiene capacidad para atender al pago de las obligaciones posteriores al acuerdo asumidas por esa empresa”, de lo que no se desprende un ánimo de arrogarse tales pasivos y ni siquiera se demostró la real causación de perjuicios, cuando era una carga de la gestora que fue desatendida.

Tampoco encuentran respaldo las acusaciones por abuso del derecho y de la posición dominante, puesto que al revisar los medios de convicción señalados en la alzada se aprecia que la experticia no se refiere a esos aspectos concretos y obra concepto de la imposibilidad de determinar el valor de utilidad o rentabilidad a reconocer a Laboratorios Junín por el uso de las licencias sanitarias y marcas de propiedad, así como el cumplimiento de lo establecido en el contrato de arrendamiento de tiempo parcial; en el acta de asamblea de acreedores de 19 de septiembre de 2003 solo aparecen meras propuestas a desarrollar con posterioridad; y de las declaraciones de Hernán José Forero Aramburo, Luis Jaime Fernández Velásquez, Jorge Luis Bernal López y Darío de Jesús Álvarez Gutiérrez tampoco se deducen esas figuras.

No puede pasar inadvertida la confesión de la demandante en el libelo en el sentido de que la crisis financiera fue producto del alto costo en la construcción de la planta y el tiempo que estuvo improductiva, por lo que ninguna actividad o pasividad de las convocadas obra como causa de perjuicio que merezca reconocimiento.

A la luz de la Ley 222 de 1995 y la doctrina de la Superintendencia de Sociedades, en esta oportunidad no se constata la existencia de lo que el promotor denomina “grupo empresarial” que conforman las opositoras, ni “a efectos de deducir perjuicios a la parte actora”, dado que en ninguno de los certificados de existencia y representación de dichas empresas figura que alguna tenga la condición de sociedad matriz o subordinada, la mención de que una sea propietaria de “más del 5% del capital” de las otras y menos que “persigan la consecución de un objetivo determinado por la matriz o controlante”, fuera de que brilla por su ausencia “el documento privado que (contiene) el nombre, domicilio, nacionalidad y actividades de los vinculados”, debilidades que no se superan con lo expuesto por el representante de Asset Bank Benveniste Londoño S.A. al absolver interrogatorio de parte, a la luz del artículo 29 del Código de Comercio.

Finalmente la acción propuesta no era viable porque faltó acreditar que las contradictoras tuvieran la calidad de accionistas de Laboratorios Junín S.A. en Liquidación, en ausencia de los títulos nominativos correspondientes y la constancia del registro en el libro de accionistas. Si en gracia de discusión se aceptara que tienen tal calidad, eso “no la autoriza para reclamar por esta vía la reclamación indemnizatoria, en procura de derivar perjuicio por su actuar, precisamente por la calidad de accionistas de la sociedad que le impediría cualquier oposición a las decisiones de uno de sus integrantes”.

III. La demanda de casación 

Recurrió en casación Laboratorios Junín S.A. en Liquidación, formulando un sólo ataque por la vía indirecta de la causal primera, producto de yerros de facto en la valoración probatoria.

Único cargo 

Acusa la violación por falta de aplicación de los artículos 172, 260, 830, 831, 845, 864 y 963 del Código de Comercio; 63, 1602, 1613, 1614, 1616, 2344 y 2341 del Código Civil; 174 y 233 del Código de Procedimiento Civil; Ley 50 de 1990 y Ley 550 de 1999, por una equivocación manifiesta del tribunal en la apreciación objetiva y material de varios medios de convicción que seleccionó en forma fragmentada, así como al omitir otros, para desconocer una realidad que era evidente.

La falta de demostración de que la entrega del patrimonio social de Laboratorios Junín S.A. se hizo con el propósito de que las demandadas asumieran las obligaciones a cargo de aquella se desvirtúa con lo siguiente:

— Acta de reunión de acreedores de 19 de septiembre de 2003, donde Jorge Carreño Jiménez en representación del grupo farmacéutico liderado por Laboratorios Biogen, luego de manifestar el interés de adquirir los bienes de Laboratorios Junín S.A. y responder por sus créditos, propuso ceder a alguna de esas compañías el contrato de arrendamiento del inmueble donde estaba la planta de producción, montaje que a su vez debía ser arrendado a otra de ellas, fuera del traspaso de las acciones, para poder inyectar un capital de $ 1.500.000.000 que no se hizo efectivo a pesar de que se cumplió con lo anterior, según traspaso de acciones que se hizo el 24 de septiembre de 2003 y contrato de arrendamiento del 30 siguiente. Ambas operaciones las suscribió dicho mandatario como lo reconoció al rendir declaración.

— Acta de 4 de noviembre de 2003, donde Carreño Jiménez admite el cumplimiento del acuerdo por la gestora y la forma como estaban atendiendo las deudas, fuera de que con posterioridad se entregó la administración en virtud de la exigencia que en esa ocasión se hizo. Ese documento no lo mencionó el ad quem a pesar de que obraba en las diligencias y del énfasis que se le dio en la alzada.

— Acta de 10 de marzo de 2004 celebrada en el proceso de reestructuración, que contiene un informe rendido por Fernando Londoño como representante de las opositoras y se pasó por alto.

— Informe presentado por María Victoria Arango, ejecutiva impuesta por las contradictoras para recibir y administrar la empresa, en el que consta la entrega que se les hizo de ella y que no observó el juzgador a pesar de que allí se comprueba la obligación asumida de pagar los créditos pre y pos acuerdo de reestructuración, el compromiso de inyectar $ 1.500.000.000 y el permiso a la propietaria de explotar la planta en turnos de 12 horas, actividad que no fue permitida ya que se limitaron a beneficiarse de los recursos de Laboratorios Junín S.A., con apropiación de información privilegiada y reservada.

— Las declaraciones de Luis Jaime Fernández, Hernán José Forero Aramburo, Jorge Luis Bernal López y Darío de Jesús Álvarez Gutiérrez, que fueron tergiversadas.

— Los testimonios no apreciados de Álvaro del Socorro Lalinde Herrera, Carlos Enrique Zapata Valencia y Adiela Amparo Gaviria Méndez.

Respecto del contrato de cesión de acciones y su cláusula cuarta, pese a su mención en el fallo, se ignoró dicha prueba al no pronunciarse sobre su alcance frente a las obligaciones relacionadas con el acuerdo de reestructuración y amalgamarlo con el pacto de arrendamiento de tiempo parcial, para evitar referirse al mismo y darle relevancia a una nota unilateral de Grufarma S.A. que no reviste trascendencia legal por ser ajena a lo inicialmente convenido, en el sentido de que esa entrega de la planta era una de las condiciones impuestas para cumplir las obligaciones a atender, sin que se tratara de un acto de mera liberalidad o generosidad. Aún de acoger esa sustracción, se estaría en presencia de abuso del derecho o enriquecimiento sin causa, pues si no quería responder por los compromisos mal estaba que se lucrara de la explotación.

A su vez el perjuicio ocasionado y su monto se comprueban con el dictamen rendido, que adquirió plena firmeza porque no lo objetaron, el cual fue visto por el fallador en forma parcializada y segmentada sin aludir a la cuantificación y estimación del detrimento, fuera de que incurrió en la irregularidad de darle valor a la aclaración del informe cuando la misma no fue admitida en virtud del desistimiento a dicha solicitud ante el a quo, razón por la cual no fue objeto de traslado ni se le impartió trámite alguno, de ahí que no existe en la vida jurídica del proceso.

Nuevamente fraccionó el tribunal el contenido del acta de asamblea de acreedores de 19 de septiembre de 2003 y los testimonios de Hernán José Forero Aramburo, Luis Jaime Fernández Velásquez, Jorge Luis Bernal López y Darío de Jesús Álvarez Gutiérrez, al concluir que con esos medios no se evidenció el enriquecimiento ilícito denunciado, pues en el contenido del documento brilla una oferta comercial que se hizo pública con el fin de producir efectos jurídicos, la cual aceptaron la promotora y sus acreedores, como se hizo constar en el acta de 4 de noviembre de 2003 y se confirmó en acta de 10 de marzo de 2004, esto último que no fue apreciado, a pesar de que lo reforzaban la cesión del contrato de arrendamiento del inmueble donde funciona la planta, la transferencia de las acciones y la entrega tanto de las instalaciones como de la administración de la compañía, lo que reconocieron las opositoras.

Fue manipulado el análisis del juzgador ya que en algunos aspectos del fallo confutado se refiere al contrato y en otros apartes al enriquecimiento sin causa y el abuso del derecho, cuando es claro que las demandadas incumplieron los acuerdos celebrados y procede la responsabilidad por incumplimiento contractual, pero de no darse por probado el convenio sí se dan esas otras dos conductas como se extrae de la confesión de Biogen S.A. al contestar el libelo y la sanción que impuso el Invima a Laboratorios Junín por problemas con un medicamento producido en su nombre y sin autorizarlo, lo que tampoco se tuvo en cuenta, a pesar de que al respecto también se manifestaron los peritos.

En la referencia que se hizo al “grupo empresarial”, desde un comienzo se dejó sentado que no se está en presencia de esa condición de manera formal, sino frente a un actuar disimulado, aparente y oportunista con el que en forma concertada se presentaron así y lo ratificaron en distintas reuniones en pos de tomar el control total de los bienes de la reclamante, con lo que le dieron entidad, así no aparezca registrado en cámara de comercio o en los respectivos certificados de existencia y representación legal, y los hace responsables en forma solidaria por que actuaron con dolo en los términos del artículo 2344 del Código Civil. Por eso se incurrió en error al no apreciar las pruebas que revelaban ese proceder mancomunado reprochable.

Finalmente, causa extrañeza que en la sentencia se enfatice sobre la condición de accionistas de las contradictoras y la falta de acreditación como tales, cuando no se les citó en esa condición “ni estas en su totalidad tuvieron o tienen dicha condición”, por lo que resulta censurable que se afirme que la “supuesta condición de socios de la accionante impide que se formule acción indemnizatoria alguna; percepción de la prueba equivocada que constituye un mayúsculo agravio inferido”.

Consideraciones 

1. Como principio rector de los negocios las partes están obligadas a cumplir a lo que se comprometen, aún desde sus albores, tan es así que los artículos 845 al 863 del Código de Comercio desarrollan la figura de la oferta, consistente en la propuesta seria que una de ellas pone en conocimiento de otra u otras para su aceptación, con el propósito de sacar adelante un proyecto debidamente estructurado.

Dicha etapa, a su vez, puede estar precedida de conversaciones encaminadas a su cristalización en las que los interesados delinean los puntos preliminares que le van dando vida pero sin que tengan la entidad suficiente para darla por configurada, puesto que esto solo se da cuando se han superado diferencias y vacíos que le restan peso, ya que como se precisó en CSJ SC11815-2016.

(...) aquel acto jurídico unilateral —la oferta— ostenta unas características que la distinguen de tratativas, acuerdos prenegociales, invitaciones a negociar, etc. que forman parte de la etapa precontractual; y aún de la propaganda, la publicidad, las promociones dirigidas a personas indeterminadas, etc. en las que, con todo, en protección del consumidor, la ley torna vinculantes (L. 1480/2011, art. 29 o estatuto del consumidor). En términos de la Corte, la oferta

“[p]ara su eficacia jurídica ha de ser firme, inequívoca, precisa, completa, acto voluntario del oferente, y estar dirigida al destinatario o destinatarios y llegar a su conocimiento —se resalta—. Ello significa, entonces, que para que exista oferta se requiere voluntad firme y decidida para celebrar un contrato, lo que la distingue de los simples tratos preliminares, en los que de ordinario esa voluntad con tales características todavía está ausente; y, al propio tiempo, ha de ser tan definida la voluntad de contratar por quien lo hace, de manera tal que no ha de aparecer duda de ninguna índole de que allí se encuentra plasmado un proyecto de contrato revestido de tal seriedad que no pueda menos que tenerse la certeza de que podrá perfeccionarse como contrato, con el lleno de todos los requisitos legales, si ella es aceptada por aquel o aquellos a quienes va dirigida, lo que necesariamente supone que en ella han de estar contenidos, cuando menos, los elementos esenciales del contrato propuesto y que, además, ha de ser dirigida al destinatario o destinatarios y llegar a su conocimiento” (CSJ SC 029-1995 del 8 de marzo de 1995, rad. 4473).

En contraposición al ofrecimiento, para entender debidamente concertado el pacto en ciernes, se requiere de la aquiescencia inequívoca expresa o tácita del destinatario, que por demás debe ser incondicional y oportuna, pues en caso de ser extemporánea o estar acompañada de reparos constituye un nuevo intento ajeno al anterior que debe ser considerado por los demás intervinientes, ya que como se dijo en CSJ SC 8 mar. 1995, rad. 4473, “la oferta inicial queda en el vacío y surge entonces una “nueva propuesta”, en la cual ahora el antiguo destinatario asume la calidad de oferente y el primer ofertante se convierte en destinatario”.

Una vez surtida la comunicación del beneplácito irrestricto y tempestivo frente a lo brindado, lo que en sí constituye el pleno acuerdo de voluntades, deviene el nacimiento automático del contrato si con ello es suficiente o el cumplimiento de las exigencias de rigor cuando la ley contemple formalidades para su perfeccionamiento, lo que incluso puede quedar diferido a criterio de los intervinientes y respaldado con una promesa mientras se logran cumplir.

Precisamente en la última providencia citada se precisó cómo

[a]ceptada que sea la oferta por el destinatario, si el contrato a que ella se refiere es de aquellos que para su perfeccionamiento no requieren solemnidades, es decir, si es meramente consensual, surge desde entonces a la vida jurídica; lo que no ocurre si se trata de un contrato solemne, pues en este caso, la existencia de este solo se inicia “desde que se cumple la formalidad externa que la ley exige para su perfección”, conforme lo tiene por sentado la jurisprudencia desde antiguo (Sent. Cas. civil, 11 de octubre de 1929, G.J. tomo XXXVII, pág. 283), la que conserva todo su vigor. De manera pues que, si lo ofrecido y aceptado es la celebración futura de un contrato solemne, a la aceptación habrá de seguir la promesa de contrato con el lleno de los requisitos legales, si así lo quieren las partes, o, si lo prefieren, la celebración directa del contrato a que se refiere la oferta.

De todas maneras, el solo agotamiento de algunos pasos previstos en el curso de los diálogos o las concesiones recíprocas que se hagan quienes intervienen en ellos no tienen la entidad suficiente para deducir inexorablemente que son el producto de la materialización de la oferta y su aceptación, porque pueden obedecer a situaciones aisladas en el decurso de unas tratativas que por razones sobrevinientes impidieron concretar tal ajuste, como quedó decantado en CSJ SC11815-2016, al indicar que

[l]a ejecución del contrato comprende tanto el cumplimiento cabal de la prestación a cargo del destinatario de la oferta como todo hecho “inequívoco” que permita concluir que comenzó a darle inicio al cumplimiento, quedando al parecer por fuera de esta preceptiva otras manifestaciones conductuales y eventualmente claras, como podría ser la realización de actos preparatorios ejecutados por el destinatario que faciliten a su contraparte la ejecución de las prestaciones a cargo de este, aspectos todos que en cada caso quedan sometidos a pruebas y examen de la situación concreta por parte del juzgador.

Lo que también se trató en CSJ SC 26 feb. 2010, rad. 2001-00418-01, al recalcar que

(...) en la época presente el contrato no siempre se perfecciona por la confluencia simultánea de las manifestaciones de las partes interesadas en dar origen al correspondiente negocio jurídico, como parece haber sido el ideal de las primeras codificaciones, sino que, por el contrario, ordinariamente, el mismo es el resultado de un proceso, en ocasiones complejo y dispendioso, en el que aquellos que pretenden su perfeccionamiento, agotan una serie de pasos o etapas dirigidas a lograr, precisamente, el surgimiento del respectivo acto de disposición de intereses. La efectividad de dicho proceso —iter contractus—, superada la etapa preliminar de acercamientos no vinculantes en los que ha de prevalecer la corrección o lealtad en el comportamiento (C. Co., art. 863), depende de la formulación que haga uno de los interesados al otro de una propuesta u oferta y, particularmente, de que el destinatario de la misma, la acepte en forma incondicional, pudiendo acontecer, como es frecuente, que antes de que ello ocurra, las partes efectúen sucesivos y recíprocos planteamientos negociales, los cuales, en la medida en que no traduzcan un consenso pleno o total de los intervinientes, no darán lugar al surgimiento del contrato, objetivo este que solo se obtendrá cuando, se reitera, frente a una oferta definitiva, la contraparte la acepte oportunamente y sin reparos.

Pronunciamiento que alude a CSJ SC 19 dic. 2006, rad. 1998-10363-01, donde se enfatizó que

(...) ese camino —o iter— negocial puede estar circunscrito a simples tratos preliminares o “tratativas”, mediante los cuales los intervinientes, de ordinario, básicamente exploran recíprocamente sus posiciones e intereses en relación con el potencial contrato. Esos contactos o acercamientos, si bien —incluso— pueden conducir al logro de acuerdos respecto de ciertos y específicos puntos, no suponen, inexorablemente —o in toto—, la celebración del contrato propiamente dicho, el que es corolario de un acuerdo más definido alrededor de sus elementos esenciales y, por contera, vinculante, merced al establecimiento de aspectos neurálgicos en la respectiva esfera negocial.

De ahí que cuando se busca la reparación del daño por el incumplimiento de una propuesta que se dice acogida, deben quedar plenamente establecidas ambas condiciones para de ahí sí determinar qué responsabilidad le asiste a quien no honra su palabra, eso sí, con la advertencia que de todas maneras a la luz del artículo 863 del Código de Comercio “las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el período precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen”, lo que sería propio de otro tipo de acción en el campo precontractual.

2. Cobran relevancia las anteriores precisiones porque la accionante acudió por la vía de la responsabilidad contractual a solicitar la reparación del daño ocasionado con la insatisfacción de las obligaciones asumidas por las demandadas, como grupo económico, cuando propusieron asumir la totalidad de las deudas de Laboratorios Junín S.A. luego de adquirir acciones por el 66% del capital social.

Ese camino trazado fue el que condujo al tribunal a confirmar la decisión desestimatoria de primer grado porque con las pruebas recaudadas no se demostró que las opositoras adquirieran los compromisos que se denuncian desatendidos, ni obraron con abuso del derecho y de su posición dominante o bajo la figura de grupo empresarial, fuera de que ni siquiera se acreditó que la transferencia de acciones se hizo efectiva.

Independientemente de la claridad del libelo y la interpretación que del mismo hicieron los juzgadores para abordar el estudio desde la óptica de la responsabilidad contractual anunciada, lo que no fue materia de discusión en las instancias ni objeto de reclamo en la impugnación extraordinaria, lo cierto es que los argumentos del cargo propuesto no logran evidenciar un error manifiesto del ad quem en la forma como sopesó los medios de convicción puesto que de los mismos ni siquiera se extrae la naturaleza del vínculo negocial del cual buscó derivar efectos la promotora o que estuviera legitimada para accionar frente a una multiplicidad de relaciones en que participaron terceros no involucrados en la litis, que fue lo que en esencia condujo al fracaso de lo perseguido.

Basta con resaltar que las aspiraciones se erigen en una oferta de inyección de capital que hicieron las contradictoras en equipo, que se dice aceptada por la gestora con su proceder, sin que obre en el expediente alguna comunicación preliminar donde consten los términos en que alguna de ellas o todas planteaban una fórmula firme, inequívoca, precisa y completa para salvar de la liquidación a Laboratorios Junín S.A., para ese momento en reestructuración.

Y a pesar de que tanto la oferta como la aceptación pueden ser verbales y pueden establecerse por diferentes medios de convicción, lo que igualmente puede pasar si a pesar de constar por escrito por alguna razón estos dejan de ser aportados, lo cierto es que eso no se logra con los documentos, los testimonios y la experticia que se denuncian indebidamente sopesados o precluidos.

El acta de asamblea de acreedores de 19 de septiembre de 2003 (fls. 65 al 69, cdno. 1), que se dice desfigurada por el fallador, no arroja nada distinto a lo que se extrajo de ella, esto es, que para esa época Laboratorios Junín S.A. se encontraba ad portas de la liquidación inminente por la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones preexistentes y las causadas con posterioridad al acuerdo de reestructuración, ante lo cual se buscaban varias salidas que apenas se encontraban en estudio.

Es así como en ella el promotor previno que

(...) la convocatoria a esta asamblea había sido aprobada por el Comité de vigilancia, la intendencia regional de la Superintendencia de Sociedades, los accionistas, el promotor y el representante legal, en razón a que seguían creciendo los incumplimientos en el pago de los gastos administrativos y que las negociaciones de venta de la empresa no habían prosperado a pesar de que aún quedaba una posibilidad viva y por lo tanto los acreedores deberían tomar una decisión sobre un último plazo para buscar la viabilidad mediante un contrato de arrendamiento de tiempo parcial de las instalaciones del laboratorio o el fracaso del acuerdo.

Ya en el informe de actividades indicó cómo

[l]a empresa ha venido desarrollando sus mejores esfuerzos para conseguir nuevos accionistas, arrendar parcialmente las instalaciones para reiniciar operaciones y generar caja que le permita atender el pago de los gastos administrativos y cumplir con el acuerdo.

Los accionistas de la empresa buscando flexibilizar las condiciones de operación sometieron a consideración de la asamblea de acreedores realizada el pasado 6 de junio de 2003, la aprobación a la reforma del acuerdo de reestructuración y no se logró el número de votos requerido para la aprobación, ya que solo lo aprobaron el 38.79963% de los acreedores, lo negaron el 18.93047% y hubo una abstención del 42.2699%.

En consecuencia la fórmula de flexibilización de condiciones de operación de la empresa propuesta por un grupo de accionistas en la mencionada asamblea, que implicaba tal reforma del acuerdo, no podía desarrollarse y era necesario buscar otras opciones.

Ante estas circunstancias un grueso número de accionistas autorizaron al representante legal y al consultor para buscar por la vía de la venta por menor valor o en última instancia la cesión de las acciones a otro laboratorio de buen nombre en el país, para que rescatara la empresa y el acuerdo.

Se hicieron múltiples contactos con laboratorios de Medellín, Cali y Bogotá, los cuales a pesar de mostrar interés por las marcas e instalaciones con sello de buenas prácticas de manufactura de la compañía, no los animaron a adquirir la empresa ante todo por los gastos administrativos vencidos y las dificultades propias con el contrato de arrendamiento vigente.

Entre tanto la situación con el arrendador del inmueble se había vuelto grave porque el proceso de lanzamiento estaba ordenado por un juzgado de la ciudad de Envigado para el día 12 de septiembre pasado, pero ante la solicitud de empleados y Comité de vigilancia, fue aplazado hasta el 26 de septiembre, a fin de intentar la opción final de venta de la empresa y subrogación del contrato de arrendamiento que impidiera el desmonte de la planta de producción, hecho este último que demeritaría en materia grave el valor de los activos, con enorme perjuicio para los acreedores.

No obstante, a la fecha aún quedaba una opción con un grupo empresarial de la ciudad de Bogotá del sector farmacéutico, quienes venían evaluando posibilidades desde varios meses atrás y luego del aviso de prensa decidieron visitar nuevamente a los negociadores y a la intendente regional para formular una propuesta. Para ello se encontraba presente el doctor Jorge Carreño Jiménez, representante de los inversionistas quien quería hacer la presentación de la oferta, por lo tanto le cedió la palabra.

Muy diciente es la introducción ya que allí se patentiza que los acreedores, en vista del incumplimiento al acuerdo logrado, no accedieron a flexibilizarlo el 6 de junio de 2003, por lo que se estudiaban otras opciones entre ellas el arrendamiento parcial de las instalaciones, la venta de acciones por menor valor y la cesión a una sociedad con respaldo, las dos últimas que no habían tenido acogida en laboratorios de diferentes ciudades por “los gastos administrativos vencidos y las dificultades propias con el contrato de arrendamiento vigente”.

También es relevante el apremio por la postergación del lanzamiento del inmueble donde funcionaba la planta, del 12 al 26 de septiembre de 2003, en pos de evitar que se llevara a cabo de lograr la subrogación del contrato de arrendamiento a un tercero.

Frente a ese estado de cosas se anuncia en el acta que el representante de un grupo farmacéutico liderado por Laboratorios Biogen S.A. presentó una fórmula para salvar a Laboratorios Junín S.A. consistente en:

a) Contrato de arrendamiento. Es condición indispensable primero solucionar el contrato de arrendamiento el cual debe ser cedido a alguna compañía del grupo que él representa, que pueda negociar un plazo y unos intereses apropiados para cancelar los 6 cánones de arrendamiento vencidos y logre obtener una prórroga extensa del contrato que les permita recuperar las inversiones realizadas, pues de lo contrario de ser necesario un desplazamiento de los equipos, el laboratorio perdería su razón de ser y su sello de buenas prácticas de manufactura.

b) Acreencias de la Ley 550/99. Los inversionistas conocen la discriminación por grupos, la prelación de pagos, los intereses, plazos y magnitud de las acreencias de la Ley 550 a cargo de la empresa, y aunque su intención es honrarlas, reconocen que pasarán varios meses hasta tanto se inicie la reactivación de la empresa, por ello no pueden iniciar la cancelación de las primeras acreencias ahora en noviembre del 2003 cuando comienza el pago a los laborales y seguridad social, por lo tanto deberán hacer uso del año más de plazo que establece la cláusula de salvaguardia estipulada en el acuerdo de reestructuración.

c) Gastos administrativos vencidos. La administración de la empresa informó un cálculo preliminar de los mismos al corte de septiembre 20 de 2003 que asciende aproximadamente a $ 900 millones, ante el tamaño de esta cifra y las necesidades de capital de trabajo que requiere la reapertura del laboratorio, el doctor Carreño informó que la propuesta incluye la negociación con todos y cada uno de los acreedores de plazos entre 2 meses y 2 años, además de verificar la cuantía de algunas acreencias porque en su opinión al estar cerrada la planta por varios meses, muchos contratos estarían suspendidos de hecho, no obstante la intención final es no atropellar a nadie.

d) Trabajadores, operación y capital de trabajo. A este punto informó que revisarán con todo el personal la situación de cada uno para evaluar la continuidad de los que requieren para el proceso productivo y conciliar con los que no sean indispensables, buscando siempre la mayor eficiencia que rescate la empresa y la generación de empleo para aquellos que sean necesarios.

El capital de trabajo que han estimado necesario para reactivar la compañía es de $ 1.500 millones que están dispuestos a inyectarle al laboratorio en el transcurso de los próximos 12 meses.

En cuanto a la operación de la empresa, informa que el plan implica que otro laboratorio pagará por cuenta de Junín el canon de arrendamiento y parte de los servicios, la vigilancia y los seguros disminuyéndole sus gastos fijos, entonces y en compensación, Junín permitirá que un 50% del tiempo productivo sea explotado industrialmente por ese laboratorio, para lo cual presentarán un contrato justo para las partes.

e) Cesión de las acciones. Por último es indispensable que más del 90% de los accionistas actuales de Junín le cedan las acciones a los nuevos inversionistas para que estos se hagan cargo del nuevo contrato de arrendamiento y de la capitalización requerida.

Pasando por alto que el acta no está acompañada de algún soporte que contenga la propuesta, ni de poder o certificado del cual se constate la calidad del interviniente para plantearla, quien tampoco la firma puesto que solo aparece suscrita por el “Promotor” y la “Delegada Supersociedades”, los puntos allí citados apenas son un bosquejo de los problemas existentes y posibles soluciones a desarrollar, sin que se hagan ofrecimientos concretos que fueran admitidos sin reparos por los asistentes.

Aunque se expresó la necesidad de ceder el contrato de arrendamiento del inmueble a “alguna compañía del grupo que él representa”, no se precisa a cuál a pesar de que solo se cita a Laboratorios Biogen S.A. como líder y sin referencia a alguna otra que lo conformara.

La manifestación de conocer las condiciones convenidas en el acuerdo para cubrir las acreencias reconocidas quedó acompañada de la advertencia sobre la imposibilidad de cumplirlas porque “pasarán varios meses hasta tanto se inicie la reactivación la empresa”, fuera de que los gastos administrativos vencidos estimados en $ 900.000.000 requería la revisión de algunos y renegociar con los beneficiarios, de lo que se deduce la intención de proveer las mismas con las ventas de la producción futura y no de destinar recursos monetarios con ese propósito.

Si bien se habla de un capital de trabajo estimado de $ 1.500.000.000 a proveer “en el transcurso de los próximos 12 meses” lo enfoca a “reactivar la compañía” y no para cubrir deudas, pero sin señalar el ánimo de desembolsar esa suma concreta, la forma como se haría ya fuera a título de préstamo o de capitalización con emisión de acciones, ni plazos o fechas concretas que lo hicieran exigible.

El subarriendo de la planta de producción, sin estar sugerida alguna firma en particular, aparece como una idea para disminuir los gastos fijos, mientras que la cesión de más del 90% de las acciones era una exigencia que no dependía de la sociedad sino de sus asociados, “indispensable para que estos (los nuevos inversionistas) se hagan cargo del nuevo contrato de arrendamiento y de la capitalización requerida”, lo que de todas maneras no se obtuvo si se observa que en libelo pidió declarar que la venta fue del 66% del capital social.

Ese planteamiento dista de contener una propuesta seria y detallada para convertirse en una guía de ruta a seguir, que involucraba la participación de unos oferentes indeterminados, los accionistas, los acreedores, los trabajadores, el arrendador del inmueble y demás terceros, sin que se ciña a una relación cierta entre las partes en litigio.

Incluso ni siquiera se extrae del acta que ese plan fuera acogido automáticamente por los asistentes, ya que en el aparte de las decisiones reza que la intendente regional “preguntó a la asamblea si aprobaban el plazo solicitado de un mes para evaluar el éxito de esta propuesta o se declaraba la liquidación de la empresa y por unanimidad fue aprobado el plazo de un mes para esperar resultados de estas negociaciones”, con lo que se corrobora que era apenas un paso incipiente en un complejo proyecto de salvamento de Laboratorios Junín S.A. ante la inminencia de su extinción por iliquidez y como consecuencia del incumplimiento del acuerdo de reestructuración.

En lo que toca al acta de 4 de noviembre de 2003 (fls. 82 al 87, cdno. 1), contiene lo sucedido en “reunión para considerar el fracaso o no del acuerdo de reestructuración” como continuación de la llevada a cabo el 19 de septiembre. Allí consta que estuvo presente “Fernando Londoño B. presidente de Biogen Laboratorios de Colombia S.A. empresa del grupo farmacéutico que está en proceso de adquirir una porción mayoritaria de las acciones de Laboratorios Junín S.A.”, sin que obre evidencia de ello ya que no la firma ni aparece algún anexo de control de asistencia que lo ratifique, fuera de que la forma como se anunció quiere decir que no existía claridad si para ese momento tenía la calidad de prospecto de inversionista, acreedora o socia.

En esa ocasión el promotor del acuerdo de reestructuración insistió en que la viabilidad de Laboratorios Junín dependía de “una negociación con un grupo farmacéutico que disponga de músculo comercial —una fuerza de ventas efectiva y un portafolio amplio de productos— y suficiente músculo financiero que le permita soportar el capital de trabajo neto operativo representado en efectivo, inventarios de materias primas y cuentas por cobrar a términos comerciales” y recordó que existía una “fórmula de viabilidad” planteada por el “apoderado del grupo Biogen” consistente en 5 puntos y rindió un informe “del avance de las soluciones implementadas”, así:

a) Grufarma S.A. empresa del grupo Biogen firmó un nuevo contrato de arrendamiento del inmueble hasta el año 2012.

b) Laboratorios Junín firmó un pagaré con el aval de Biogen Laboratorios de Colombia S.A., por los seis meses de arrendamientos atrasados.

c) Laboratorios Junín firmó un contrato de arrendamiento del sistema industrial integrado a Grufarma S.A., por 12 horas diarias, en compensación por el canon de arrendamiento que esta paga por el inmueble.

d) Se ha convenido con un grupo importante de trabajadores su retiro y posterior vinculación a la cooperativa donde se les garantiza una permanencia mínima de un año y con los demás se convendrá su liquidación.

e) Han realizado ya importantes inversiones en la recuperación de la sanetización de la planta y luego de una importación de filtros, esperan reabrirla a más tardar en un par de semanas.

Concluye el doctor Carreño que en su opinión el escenario hoy es muy superior, en favorabilidad y viabilidad, al que presentaba el laboratorio hace 45 días, cuando estaba a las puertas de un lanzamiento del inmueble y a una liquidación inminente; además en el campo operacional, hoy la realidad es bien diferente porque con estas medidas los gastos fijos se reducirían casi a cero y en consecuencia estimaban un margen operacional cercano al 40% que les permitirá atender el acuerdo.

Ese reporte corresponde a un informe de la gestión encaminada a facilitar un convenio sin consolidar, pero no contiene alguna precisión de compromisos adquiridos por las demandadas con la gestora, ya que a lo sumo expone la ayuda que brindaron Laboratorios Biogen, al avalar un título valor en respaldo de obligaciones vencidas, y Grufarma S.A. cuando asumió la calidad de arrendataria del inmueble cuya diligencia de lanzamiento se postergó, evitando así el retiro de la planta allí instalada, compromisos estos que se asumieron frente a terceros e incidían en la disminución de costos fijos de operación para darle un aire a Laboratorios Junín y permitirle cumplir con el acuerdo de reestructuración.

Según el texto Fernando Londoño se limitó a explicar que:

a) Los computadores y los documentos contables se habían retirado de la empresa para procesarlos en casas de algunos empleados, además otra serie de soportes reposan en cajas con ocasión del eventual lanzamiento, por lo tanto la contabilidad y las compensaciones tributarias que son pertinentes en el laboratorio, están atrasadas pero ya están en el proceso de actualizar toda la información y ofrece a la DIAN que en el mes de diciembre presentarán la nueva compensación y propiciarán una fórmula de pagos.

b) El nuevo grupo de inversionistas no tiene aún la administración del laboratorio, pues solo el día 5 de noviembre se realizará la asamblea extraordinaria de accionistas donde nombrarán nueva junta directiva y nuevos administradores.

c) Se han reunido con el socio que no cedió las acciones y han compartido conclusiones importantes en el sentido de que la empresa requiere inversiones en capital de trabajo y en equipos que deben financiar en el corto plazo.

d) El laboratorio tiene una gran infraestructura en aires y aguas pero sus máquinas llenadoras son lentas e ineficientes, por tal razón es necesario invertir el próximo año 200.000 euros en automatización de esos equipos.

Tales observaciones reflejan solo un estudio de la situación de la empresa a salvar, previo un análisis de la situación contable, con precisión de que no se había dado el cambio de administración y un socio se había negado a transferir sus acciones, con el que se estaba conversando sobre la necesidad de invertir “en capital de trabajo y en equipos que deben financiar en el corto plazo”, que por lo visto debía ser compartida, pero sin especificar cuánto estaba dispuesta a inyectar Laboratorios Biogen por su cuenta. A pesar de que habla de recursos por 200.000 euros esa cita aparece como un diagnóstico de necesidades a atender con prontitud y no la intención de aportarlos.

Las intervenciones complementarias de Londoño fueron para absolver preguntas de los asistentes que veían incierto el panorama, como se observa en la siguiente transcripción:

Se presentó luego la inquietud del delegado de EPM en el sentido de que a la fecha y para esta reunión estaban esperando cifras que justificaran la viabilidad futura del laboratorio, con las cuales además se sustentara no solo el plan de pagos del acuerdo, sino también el de los gastos administrativos vencidos.

Responde el doctor Fernando Londoño que no obstante las dificultades logísticas que han tenido, sí disponen de proyecciones financieras las cuales no presentan ante esta asamblea hasta tanto no se hayan hecho cargo de la administración de Laboratorios Junín y hayan sido analizadas por la asamblea de accionistas, a la cual se refirió en la intervención anterior. Decidieron por tanto presentar las razones conceptuales que les hacen prever la viabilidad operacional futura del laboratorio y se comprometen a hacerlas llegar antes de 8 días al promotor y a la administración, para que le sean entregadas a los acreedores que lo soliciten.

El ingeniero Jaime Gómez, representante legal de la firma acreedora Dismatec Ltda., muestra su preocupación por las proyecciones de ventas que no se han cumplido hasta la fecha.

Nuevamente el doctor Londoño manifiesta que sus análisis concluyen que Junín no vendió más, a causa de su falta recurrente de capital de trabajo, pero que confían que por su ubicación geográfica y por su tamaño que le permite llegar a algunos nichos, no tendrán problema en ganar nuevos espacios con base en la oportunidad de suministro y una menor presión de crédito a los clientes.

El señor Carlos Zapata interviene en representación de los trabajadores más antiguos quienes no han aceptado continuar en la cooperativa y reclaman un plan de pagos de sus liquidaciones.

El doctor Carreño dice que en su opinión desde el mes de mayo que se cerró la empresa por fuerza mayor, los contratos de trabajo quedaron suspendidos y no hay por qué pagar salarios en ese período. A su vez el doctor Londoño interpela para asegurar que con quienes no haya arreglo se les pagará sus acreencias y no habrá violación de los derechos laborales.

A continuación los representantes de los fondos de pensiones Protección y Horizontes, manifiestan su incorformidad por la falta de interlocución y de respeto que ha habido en este mes de plazo, período concedido por la asamblea para avanzar en estas conversaciones con los acreedores pos acuerdo, tiempo durante el cual los nuevos administradores no han respondido ninguno de los requerimientos que les han formulado y les ha sido imposible hablar con el apoderado de los nuevos inversionistas.

Al respecto el doctor Fernando Londoño solicita que entiendan las dificultades que han soportado y manifiesta que la ley es muy clara con la prioridad y condiciones de pago de las acreencias en los casos de seguridad social y parafiscales, acreencias que serán canceladas antes del 15 de diciembre de 2003.

Lo que emerge de ese cruce de cuestionamientos y soluciones es que para esa época Laboratorios Junín S.A. había cesado sus operaciones por falta de capital de trabajo y contaba con unas deudas post-acuerdo que debía atender con urgencia, así mismo que era necesaria la toma de decisiones por la asamblea de accionistas y los únicos compromisos que adquirió Fernando Londoño fueron los de “presentar las razones conceptuales que les hacen prever la viabilidad operacional futura del laboratorio a la asunción de compromisos” y que las acreencias por seguridad social y parafiscales se cancelarían antes del 15 de diciembre de 2003, aunque no aparece con qué recursos.

Finalizó la reunión con la toma decisiones en estos términos:

Interviene la doctora Ángela María Echeverri para pedirle a la asamblea que resuelva sobre los temas planteados para esta reunión, en primer lugar para decidir si apoya el plan propuesto por el Grupo Biogen para viabilizar la empresa, el cual no modifica el acuerdo de reestructuración aprobado el 5 de julio de 2002 y sí aplicará la cláusula de salvaguardia de un año más de plazo para el pago a los trabajadores.

La asamblea por mayoría de los acreedores asistentes, excepción hecha de las firmas Protección S.A. (1.70349% de los votos admisibles) y Horizontes S.A. (0.05499% del total de votos), aprueba continuar con el acuerdo de reestructuración de pasivos y no considerar por ahora el fracaso del mismo.

En segundo lugar debe decidir sobre el incumplimiento de pago a los gastos administrativos con más de 90 días de vencidos, para lo cual la intendente regional propuso un plazo definitivo que, con fecha de vencimiento el 15 de diciembre de 2003, para que Laboratorios Junín S.A. negocie con todos y cada uno de los acreedores vencidos y acredite ante su despacho todos los arreglos o fórmulas de pago convenidos.

Nuevamente la asamblea por mayoría aprueba conceder este plazo hasta el 15 de diciembre de 2003, para que la deudora acredite ante la Superintendencia de Sociedades, los acuerdos de pago de los gastos administrativos vencidos con más de 90 días.

A pesar de que la intendente regional y delegada de la Superintendencia de Sociedades pidió que se definiera el apoyo al “plan propuesto por el Grupo Biogen para viabilizar la empresa, el cual no modifica el acuerdo de reestructuración aprobado el 5 de julio de 2002”, nada se definió al respecto, pues las determinaciones consistieron en seguir “con el acuerdo de reestructuración de pasivos y no considerar por ahora el fracaso del mismo” y conceder hasta el 15 de diciembre de 2003 “para que la deudora (Laboratorios Junín S.A.) acredite ante la Superintendencia de Sociedades, los acuerdos de pago de los gastos administrativos vencidos con más de 90 días”.

Vistas en su integralidad ambas actas, en esencia tratan sobre la decisión de postergar la declaratoria de liquidación de Junín S.A. en acuerdo de reestructuración Ley 550 de 1999, ante la posibilidad de reactivar la empresa con la colaboración de terceros, pero no sobre la materialización de una oferta concreta de estos aceptada en su integridad por la empresa, las socios o los acreedores, de forma que surgieran compromisos ineludibles. Mucho menos se extrae de esos documentos, como interpreta la censora, que las opositoras en forma conjunta o por separado asumieron la carga de pagar la totalidad del pasivo de la accionante, que es la fuente de su inconformidad.

En cuanto al acta de 10 de marzo de 2004 que se dice preterida (fls. 88 al 93, cdno. 1), no existían razones para que la tuviera en cuenta el tribunal puesto que el documento allegado corresponde a la copia de un “borrador de acta de asamblea de acreedores” signado por el promotor y en blanco el espacio de la “Delegada Supersociedades”, por lo que no cumple los efectos del parágrafo 1º del artículo 25 de la Ley 550 de 1999 según el cual “[e]l promotor hará constar por escrito el resultado de la reunión, mediante acta suscrita por él y el funcionario de la entidad nominadora, la cual servirá de prueba de lo ocurrido en la reunión”, norma que a pesar de referirse a la reunión de determinación de votos y acreencias es aplicable en los casos de celebración de acuerdos y sus reformas a la luz del artículo 29 ibídem.

El informe que rindió María Victoria Arango a la Superintendencia de Sociedades el 31 de agosto de 2004 (fls. 202 al 205, cdno. 6), sin indicar a que título lo hace pero que aparece firmado y con un sello de Laboratorios Junín S.A., solo en el comienzo se contrae a las gestiones de “Grufarma S.A. para modificar el futuro de Junín” sin que esté concatenado con alguna propuesta de financiación de las obligaciones vencidas y se concreta a actividades de producción que no le eran ajenas en virtud de los contratos de arrendamiento del inmueble y del tiempo parcial de la planta. En los siguientes apartes se refiere a actividades de producción desarrolladas por Laboratorios Junín luego de que Grufarma logró poner las instalaciones en condiciones de fabricación a partir de febrero de 2004 y con la precisión de que el cumplimiento en el pago de deudas pos “vía subrogación”, conforme a lo definido en asamblea del 30 de abril, se vio suspendido “por un embargo con secuestre el 25 de junio (...) ante la imposibilidad de seguir arbitrando recursos financieros ante este nuevo panorama”, pero no se deduce de eso, como indica la recurrente, que “el informe demuestra la obligación asumida por las demandadas para el pago de los créditos pre y pos acuerdo de reestructuración, como la obligación de inyectar el capital de $ 1.500.000.000”.

En cuanto a la forma como se conjuntó el estudio de la cesión de acciones del 15 de septiembre de 2003 (fls. 56 a 58, cdno. 1) y el contrato de arrendamiento de tiempo parcial (fls. 70 al 81, cdno. 1), aunque luce extraño en su contexto no es desacertado ya que de ninguno se desprende el compromiso irrestricto de asumir por Assets Bank Benveniste Londoño o Grufarma S.A. todas las obligaciones pendientes de Laboratorios Junín S.A., ya que a pesar de tratarse de negocios encaminados a la reactivación de esa empresa tenían unas características que les daban entidad.

Con el escrito de 25 de septiembre de 2003, se informó a Laboratorio Junín S.A.

1. Que obrando en nuestra condición de accionistas de la sociedad Laboratorios Junín S.A., los suscriptores del presente documento, manifestamos que no tenemos interés, recíproco, alguno en adquirir a ningún título, las acciones de que somos titulares en dicha empresa las cuales hemos ofrecido por un valor de $ 0.01/acción, pagaderos de contado. Consecuentes con lo expuesto, manifestamos que renunciamos al derecho de preferencia estatuido a nuestro favor en la carta social, artículo 9º y parágrafo ejusdem.

2. Que en lo que a nosotros concierne, los accionistas que suscriben este documento cedemos la totalidad de las acciones a la sociedad con domicilio en Bogotá, D.C. Assets Bank Benveniste Londoño, constituida por escritura pública 677 otorgada el 23 de septiembre de 1981 en la Notaría 26 del Círculo de Bogotá con NIT 860510817-9.

3. Que por nuestra parte, hemos cedido la totalidad de las acciones de que somos titulares en esa sociedad a la persona jurídica Assets Bank Benveniste Londoño, con domicilio en Bogotá D.C., NIT 860510817-9, contando con la autorización de los accionistas que suscribimos el presente documento, sometida la cesión a la condición suspensiva de agotarse el trámite del derecho de preferencia o en su caso la reforma de estatutos o la decisión de la asamblea en cuanto a la autorización de la cesión sin cumplir el derecho de preferencia, de manera que serán esa sociedad y sus causahabientes quienes nos remplazarán de manera definitiva en las responsabilidades de los accionistas para el cumplimiento del acuerdo.

4. Que la cesión de las acciones implica la de todos los créditos y obligaciones, previos y posteriores al acuerdo de reestructuración de que somos titulares y consecuencialmente la del derecho de voto asociado a esos créditos y obligaciones y es definitiva por el valor de un centavo ($ 0.01) por acción que hemos recibido o se recibirá al momento de la cesión y que consideramos suficiente por las actuales condiciones de la sociedad y de conformidad con el acuerdo de reestructuración.

5. Que, simultáneamente con la entrega de los títulos conferimos poder especial, amplio y suficiente, al señor Fernando Londoño Benveniste, mayor de edad, con domicilio en Bogotá, D.C., identificado con cédula de ciudadanía 19.120.847 de Bogotá para que nos represente, con la más amplia facultad dispositiva en todas las reuniones de la asamblea general de accionistas que se celebren a partir de la fecha relativas al proceso de cesión y hasta cuando las acciones que cedemos queden debidamente registradas a su nombre, en los términos del artículo 183 del Código de Comercio.

6. Con la venta de las acciones aquí cedidas o el registro de la transferencia de más del 60.0% del capital, la sociedad cesionaria atenderá al pago del crédito garantizado por los accionistas cedentes con el banco Colpatria, por la vía de liquidar el patrimonio autónomo, que se constituyó al efecto.

7. En los activos de la sociedad quedan incluidos, la totalidad de los registros sanitarios, de que es titular Laboratorios Junín S.A. y en particular el uso y explotación de los que se encuentran arrendados a terceros, los que ya están siendo restituidos por voluntad de los arrendatarios.

8. Cesión en firme. La presente cesión tiene carácter definitivo e irrevocable.

Si bien en la parte inicial se alude a “los suscriptores del presente documento” y su renuncia al derecho de preferencia, esa manifestación tiene sentido al relacionarla con otras cesiones que estuvieran en curso si se tiene en cuenta que solo la suscribió Olga María Lalinde Herrera. Los restantes numerales se refieren a una relación contractual entre aquella y Assets Bank Benveniste Londoño, de ahí que la primera transfería sus acciones a la segunda y esta reconoció a título de preció $ 0.01 por acción, pero quedando en el aire si se hizo efectivo ese desembolso.

Como consecuencia de la mutación de titular y el valor convenido no es extraño que se extendiera la transferencia a “todos los créditos y obligaciones, previos y posteriores al acuerdo de reestructuración de que somos titulares y consecuencialmente la del derecho de voto asociado a esos créditos y obligaciones”, lo que significa que el adquirente pasaría a ocupar el lugar que Lalinde Herrera, fuera de ser socia, tuviera como acreedora o deudora de Laboratorios Junín S.A., pero sin que pueda entenderse que con ello estaba dispuesta a sanear las deudas de la empresa.

A pesar de que la cesionaria se comprometió a atender el pago de un crédito con Colpatria, esa situación estaba condicionada a que la transferente figurara como garante, se perfeccionara el traspaso de más del 60% del capital y no se previó desembolso alguno ya que con ese propósito estaba constituido un patrimonio autónomo a liquidar.

Ese ajuste refleja un nexo entre Olga María Lalinde Herrera y Assets Bank Benveniste Londoño que solo tendría implicaciones con Laboratorios Junín S.A. en la medida que se perfeccionara la cesión, pero eso no fue demostrado e imposibilitaba incluso considerarlo como fuente de obligaciones entre los litigantes y así lo precisó el fallo cuestionado al finalizar con que

(...) no se concibe demanda de la naturaleza interpuesta, de un lado porque siendo la “suscripción de acciones ... un contrato por el cual una persona se obliga a pagar un aporte a la sociedad de acuerdo con el reglamento respetivo y a someterse a sus estatutos” (a. 384 ib.) para lo cual a “todo suscriptor de acciones deberá expedirse por la sociedad el título o títulos que justifiquen tal calidad” (a. 399 ib.), y que en el caso de la enajenación prevé la norma 406 del estatuto mercantil que “podrá hacerse por el simple acuerdo de las partes; masparaqueproduzcaefectorespectodelasociedadydeterceros,seránecesariasuinscripciónenellibroderegistrodeacciones, —subrayado del texto— mediante orden escrita del enajenante. Esta orden podrá hacerse en forma de endoso hecho sobre el título respectivo” y que “el reconocimiento de la calidad de accionista se obtiene al expedírsele el título provisional o definitivo que lo acredita como tal y por ende entra a ejercer los derechos inherentes a tal situación jurídica (C. Co., art. 399)” y su nombre se inscriba “en el libro respectivo de accionistas, ... con indicación de su número y fecha de inscripción, el número de las acciones relativas a cada título...”, examinada la documentación que arrimó el actor en orden a sustentar su causa petendi, no se halló acreditada tal calidad, es decir la de accionistas de las sociedades demandadas de la actora Laboratorios Junín S.A. en Liquidación, porque no se aportaron al plenario los títulos nominativos correspondientes, ni la constancia del registro en el libro de accionistas de aquella sociedad.

Y, de otro lado, si bien, en gracia de la discusión se aceptara que en efecto tienen tal calidad las integrantes del extremo pasivo, por sí misma no la autoriza para reclamar por esta vía la reclamación indemnizatoria, en procura de derivar perjuicio por su actuar, precisamente por la calidad de accionistas de la sociedad que le impediría cualquier oposición a las decisiones de uno de sus integrantes.

En lo que compete al “contrato de arrendamiento de tiempo parcial”, en el cual Laboratorios Junín S.A. entregó al Grupo Internacional Farmacéutico Grufarma S.A. “el sistema industrial integrado que constituye la planta” de su propiedad que instaló en un bien ajeno en Envigado, no resulta extraño que se precisaran algunos antecedentes relevantes como base del acuerdo en el sentido de que

1.3.1. La sociedad Laboratorios Junín S.A., reestructuró sus pasivos con los acreedores, mediante acuerdo de fecha noviembre 8 de 2001, debidamente formalizado.

1.3.2. La evolución de los negocios sociales llevó a la compañía, después de formalizado el acuerdo, a incumplir con el pago de sus obligaciones normales de operación, nóminas, aportes, arrendamientos y servicios públicos, haciendo imposible el desarrollo de su objeto social en general y de su actividad empresarial en particular, habiendo quedado absolutamente paralizada su planta.

1.3.3. La sociedad Grupo Internacional Farmacéutico, Grufarma S.A., tiene interés y capacidad para explotar la planta de Laboratorios Junín S.A., pero no puede ni desea asumir responsabilidad alguna en la ejecución del acuerdo con los acreedores, ni tiene capacidad para atender al pago de las obligaciones posteriores al acuerdo asumidas por esa empresa.

1.3.4. Laboratorios Junín S.A., entiende de que manera la única posibilidad para generar las condiciones de recuperación que le permitan cumplir el acuerdo y sus obligaciones se encuentra en la solución de tres aspectos diferentes:

1.3.4.1. La utilización del término de salvaguardia del acuerdo, postergando los primeros pagos por un año.

1.3.4.2. La reactivación de la planta para desarrollar en ella su actividad productiva, solucionando las obligaciones posteriores al acuerdo, pendientes; y,

1.3.4.3. La renegociación de los intereses y las deudas con los acreedores, con fórmulas que permitan una reactivación futura, real, de la empresa, en un proceso de crecimiento sostenido que soporte los pagos del último período.

1.3.5. Laboratorios Junín S.A., considera y entiende que, dada la estructura de su patrimonio, un proceso de liquidación obligatoria desmejoraría muy notablemente la garantía de los acreedores por la disminución real del precio de los activos separados del proceso industrial que informa su valor.

1.3.6. En reunión llevada a efecto en las oficinas de la Cámara de Comercio del Aburrá Sur de la ciudad de Envigado el día 19 de septiembre de 2003, debidamente convocada para estudiar la declaratoria del incumplimiento del acuerdo de reestructuración de Laboratorios Junín S.A., para la cual se contó con la presencia de la señora intendente regional de la Superintendencia de Sociedades, se explicó el presente proceso y se autorizó por los presentes.

1.3.7. La junta de vigilancia del acuerdo de reestructuración de Laboratorios Junín S.A., ha autorizado la contratación que se desarrolla en las siguientes cláusulas, respetando las necesidades e intereses de cada una de las partes.

Esas consideraciones eran relevantes por la complejidad de la relación que surgía entre las pactantes, de un lado Grufarma S.A. ya era arrendataria del predio localizado en la carrera 48 Nº 44 Sur-151 en Envigado, donde Laboratorios Junín S.A. había invertido una suma considerable para desarrollar un proyecto productivo que se vio afectado por la iliquidez derivada precisamente de ese emprendimiento.

De ahí que la calidad de tenedora de Grufarma S.A. se logró con un doble propósito, evitar el desmonte de la planta de Laboratorios Junín S.A. y compartir con este la producción en dos jornadas iguales, pero sin que con ello se comprometiera a asumir valores diferentes a la renta de la bodega y el 50% de los costos de vigilancia y las pólizas de seguro que se tomaran para amparar el sistema industrial integrado.

Antes que constituir una imposición abusiva o unilateral sin efectos, tales precisiones se hicieron en salvaguarda de una sociedad que entraría a desarrollar su objeto social productivo en un engranaje que le pertenecía a una empresa en acuerdo de restructuración y en peligro de liquidación por el incumplimiento en el pago de los gastos administrativos.

En resumen, ninguno de los documentos que analizó el sentenciador tenía mérito para sustentar las aspiraciones de la opugnadora y no se hizo de ellos una interpretación amañada o descontextualizada, como esta lo quiere hacer ver desde una óptica particular, pasando por alto que lo que revelan los hechos no es la existencia de un pacto directo entre las partes en litigio, sino una multiplicidad de negociaciones en las que tuvieron incidencia terceros que no aparecen involucrados.

Es más, pasa por alto la impugnante que conforme al primer inciso del artículo 34 ejusdem los acuerdos de reestructuración “serán de obligatorio cumplimiento para el empresario o empresarios respectivos y para todos los acreedores internos y externos de la empresa, incluyendo a quienes no hayan participado en la negociación del acuerdo o que, habiéndolo hecho, no hayan consentido en él”, de ahí que cualquier decisión que implique la asunción de responsabilidades por terceros ajenos, ya fuera al celebrarlo o en virtud de su reforma, como se escenifica en el caso bajo estudio, requería de la convalidación expresa de estos como impone el parágrafo tercero del precepto en cita según el cual para que “una cláusula del acuerdo obligue personalmente a personas distintas de las previstas en el inciso primero del presente artículo, tales como los socios individualmente considerados, los terceros garantes o el titular de la empresa unipersonal, entre otros, se requerirá su aceptación o ratificación expresa de la correspondiente estipulación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1507 del Código Civil”, por lo que cualquier alcance que se le pretenda dar a las actas de asamblea de acreedores de una empresa en acuerdo de reestructuración de la Ley 550 de 1999, solo se hace extensivo a terceros interesados en que salga avante lo convenido si existe una manifestación inequívoca de a qué se comprometen con tal propósito, con el lleno de los requisitos del artículo 33 íd. sobre el contenido de sus cláusulas.

La carencia de un requisito de esa índole era suficiente para negar cualquier pretensión basada en responsabilidad contractual, ya que como Laboratorios Junín S.A. pese a que logró un acuerdo de reestructuración ya había incumplido el pago de los gastos administrativos, esa situación se constituía en casual de terminación al tenor del numeral 5º del artículo 35 de la Ley 550 de 1999, con la posibilidad de reformarlo en los términos del parágrafo 1º.

Si la oportunidad sobreviniente dependía de un tercero, por su trascendencia frente a todos los involucrados, la única forma de vincularlo era con la inclusión de cláusulas adicionales donde estuviera definida esa participación, la manifestación de voluntad expresa del oferente y la aceptación de los acreedores, lo que no aparece en esta oportunidad en ninguna de las actas de donde se buscó derivar la asunción de compromisos por las demandadas y sin que sea de recibo que las nuevas propuestas no implicaban modificación a lo inicialmente convenido según el marco normativo referido.

A esa conclusión llegó acertadamente el ad quem cuando previno que

(...) al rompe se evidencia que la aquí demandante no logró probar el cargo efectuado concretamente a las demandadas, como que ni siquiera se ocupó de demostrar que los objetivos buscados por la sociedad Laboratorios Junín S.A. y por los acreedores de esta en asamblea de acreedores celebrada, en razón de la negociación hecha con la sociedad Laboratorios Biogen S.A. a través de Assets Bank Benveniste Londoño (era entregar) su patrimonio, a cambio de que estas asumiera sus obligaciones, (pero esto) no se realizó,...” (hecho 26 fl. 219, cdno. 1), ni que las demandadas hubieran asumido obligación de “cubrir los pasivos de Laboratorios Junín S.A. ...” (hecho 28 fl. 220, cdno. ib.).

Esas deficiencias no podían ser superadas con otros medios de convicción, de ahí que ningún sentido tiene que se acuse la tergiversación de los testimonios rendidos por Luis Jaime Fernández, Hernán José Forero Aramburo, Jorge Luis Bernal López y Darío de Jesús Álvarez Gutiérrez, ni que fueron dejados de apreciar los de Álvaro del Socorro Lalinde Herrera, Carlos Enrique Zapata Valencia y Adiela Amparo Gaviria Méndez, puesto que su contenido no superaría las falencias advertidas en la prueba documental y así lo entendió el fallador, ya que la alusión a los cuatro primeros no la hizo desde la perspectiva de sus alcances para verificar la certidumbre de un acuerdo sino para descartar la protesta por abuso del derecho y de la posición dominante que estudió en añadidura.

Tampoco puede darse por desfigurada ni desatendida la experticia ya que su eficacia dependía del establecimiento de unos perjuicios que no aparecieron comprobados, sin que ese fuera el medio adecuado para darlos por ciertos ya que la cuantificación que brindaron los avaluadores fue el producto de un trabajo realizado bajo las directrices de los peticionarios bajo un incumplimiento contractual y un ambiente de abuso del derecho y posición dominante que quedaron huérfanos de demostración.

La falta de autonomía del informe para el fin propuesto fue lo que llevó al tribunal a indicar que

[e]l dictamen pericial recaudado en autos, junto con su aclaración y complementación (fls. 91 a 103, cdno. 7 y 1122 a 1190, cdno. 1B), refiere únicamente a los puntos relacionados con determinar “el valor de costo por utilización o explotación mensual de una planta de fabricación de productos o medicamentos ... como la de propiedad de Laboratorios Junín S.A....”; “... el valor de la rentabilidad de pudiera generar para el laboratorios ... el uso de los registros sanitarios, como de las marcas registradas ... y los perjuicios que puedan derivarse para dicha sociedad dicha explotación sin autorización para ello...”; “... la cuantificación económica de los perjuicios causados a la sociedad Laboratorios Junín y la indemnización por el incumplimiento contractual, teniendo en cuenta las características de dicho laboratorio y su reconocimiento en el mercado...”; “... utilidades que hayan generado los productos elaborados por Grufarma S.A. correspondientes a las marcas y registros sanitarios de propiedad de Laboratorios Junín S.A. desde febrero de 2004...”; “... perjuicios económicos sufridos por Laboratorios Junín S.A. en Liquidación obligatoria a título de daño emergente y lucro cesante desde febrero de 2004...”; “valorar la pérdida por obsolescencia o depreciación de equipos, maquinarias, herramientas, etc. y uso de los bienes de propiedad de la demandante y que hacen parte de la planta de producción...”.

Para concluir al sopesarlo que:

Resulta innegable que pese a que se rindió la experticia en el interior del plenario, los auxiliares de la justicia cumplieron con la labor encomendada al punto que presentaron las aclaraciones solicitadas, ese trabajo técnico no apoya las pretensiones invocadas en la demanda por Laboratorios Junín S.A. en Liquidación, comoquiera que para nada refiere a aspectos relacionados con un enriquecimiento sin causa o un abuso del derecho, más cuando ese trabajo técnico conceptuó que “el valor del perjuicio para dicha sociedad por la explotación de sus registros sanitarios y marcas sin encontrarse autorizado para ello es igual al valor de rentabilidad indicado, ... Por las razones anteriormente no nos es posible determinar el valor de utilidad o rentabilidad que debe reconocerse a Laboratorios Junín S.A. por el uso de las licencias sanitarias y marcas de propiedad de esta...” (fl. 94, cdno. 7), al margen que la “ampliación del dictamen” si bien se ocupó del estudio de las ventas y los costos de ventas de los productos fabricados y vendidos que fueron manufacturados en la planta de Envigado...” (fl. 1123, cdno. 1B), también lo es que concluyó que “con esos pagos de costos y gastos pagados Grupo Internacional Farmacéutico Grufarma S.A. cumplió con lo establecido en el contrato de arrendamiento de tiempo parcial celebrado el 30 de septiembre de 2003...” (fl. 1152, ib.).

Adicionalmente, independientemente de que se tuviera en cuenta la aclaración del dictamen a pesar de que se desistió de la misma, lo que corresponde más a un ataque por error de derecho que a un yerro de facto como se dirigió, tal proceder resulta inocuo para quebrar la providencia porque solo se refiere a un cumplimiento de lo convenido que no aparece desvirtuado por la accionante.

El cuestionamiento por análisis amañado de las probanzas, ya que en algunos apartes el juzgador se refiere al contrato y en otros al enriquecimiento sin causa y el abuso del derecho, desconoce la estructura de la providencia en la que se abordó en primer lugar el reclamo por incumplimiento de obligaciones contraídas y, una vez desechado, descontó la presencia de las otras figuras en que cimentaba sus reclamos la accionante.

De todas maneras no se desarrolla de qué manera la aceptación de Biogen de que comercializa de productos de Laboratorios Junín S.A. es constitutiva de confesión de actos de abuso, ni la incidencia en igual conducta de la sanción impuesta por el Invima a Laboratorios Junín, lo que torna inoficioso cualquier profundización al respecto.

Y el análisis de los elementos demostrativos que condujeron a desestimar la falta de acreditación del “grupo empresarial” conformado por las opositoras ni siquiera es cuestionado por la censora cuando admite que “no estamos en presencia de una condición formal de identificación de las demandadas como grupo empresarial”, para dirigir el reparo a manera de adecuación a un comportamiento doloso mancomunado de la contraparte lo que se convierte en propuesta novedosa que es inadmisible por esta senda.

De todas maneras esa sorpresiva posición pierde relevancia ya que viene atada a la propuesta valorativa de las demás probanzas que ya quedó descartada, pues si no existen dudas de que las tres sociedades convocadas tuvieron participación en tratativas encaminadas a salvar de la liquidación a Laboratorios Junín S.A., ya que Assets Bank Benveniste Londoño aparece como interesada en adquirir la mayoría accionaria de aquella como paso previo a su revitalización; Grupo Internacional Farmacéutico Grufarma S.A. medió para evitar el desalojó del inmueble donde se había desarrollado la planta de producción, así fuera con el propósito de beneficiarse parcialmente de las mismas en retribución; y Laboratorios Biogen de Colombia S.A. se encargó de la comercialización de los productos de la gestora, eso solo no es suficiente para dar por sentado que procedieron de manera concertada con el ánimo de impulsar una liquidación para la cual ya estaban dadas las condiciones.

3. Toda vez que no se demostraron los defectos endilgados al ad quem en cuanto a la forma como se sopesaron los medios persuasivos, naufraga la acusación.

4. En vista de que la accionante cuenta con amparo de pobreza (fl. 237, cdno. 1), no se impondrá condena en costas como dispone el artículo 163 del Código de Procedimiento Civil, con la modificación del numeral 88 artículo 1º del Decreto 2282 de 1989.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 31 de enero de 2013, proferida por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el proceso ordinario de Laboratorios Junín S.A. en Liquidación contra Assets Bank Benveniste Londoño, Grupo Internacional Farmacéutico Grufarma S.A. y Laboratorios Biogen de Colombia S.A.

Sin costas.

En su oportunidad, devuélvase el expediente a la corporación de origen.

Notifíquese.

Magistrados: Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Margarita Cabello Blanco—Luis Alonso Rico Puerta—Octavio Augusto Tejeiro Duque—Luis Armando Tolosa Villabona.