Sentencia SC2776-2018/2016-01535 de julio 17 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Alonso Rico Puerta

SC2776-2018

Rad.: 11001-02-03-000-2016-01535-00

(Aprobado en sesión de once de abril de dos mil dieciocho)

Bogotá, D.C., diecisiete de julio de dos mil dieciocho.

Procede la Corte a dictar sentencia anticipada, escrita y por fuera de audiencia, que decida el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Yimmy Castaño Tobón, respecto de la sentencia de 28 de mayo de 2014, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso declarativo de competencia desleal promovido por el impugnante frente a Jorge Poveda Suárez.

I. Antecedentes

1. De acuerdo con lo referido en la actuación, el accionante solicitó y obtuvo de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del diseño industrial “puesto de venta de café y derivados”, al igual que “el registro de la marca mixta camperito del café”.

2. A pesar del compromiso adquirido por el convocado frente al demandante de “guardar el secreto empresarial sobre el diseño industrial, de prohibición de capacitación a familiares y particulares, de comprometer al personal que trabaje para él para guardar reserva y confidencialidad sobre el diseño industrial protegido”, de manera desleal y desconociendo los derechos que sobre el diseño industrial tiene el convocante, procedió a “ofrecer los servicios de elaboración de puestos de venta de café y derivados con diferencias secundarias para tratar de burlar los derechos de su titular y confundiendo a los terceros de buena fe que se han acercado para la fabricación de los puestos de venta de café y derivados”.

3. De acuerdo con lo anterior, señala el demandante, el accionado habría incurrido en “hechos constitutivos de competencia desleal de conformidad con los artículos 9º, 10, 11, 14, 15 y 18 de la Ley 256 de 1996, Ley de Competencia Desleal”, por lo que el 3 de mayo de 2012 presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio acción jurisdiccional de competencia desleal, pretendiendo que el accionado fuera declarado infractor de las anteriores disposiciones, se le ordenara suspender esa conducta y se le condenara a indemnizarle los perjuicios ocasionados.

4. Admitida allí esa demanda y notificado el accionado, éste la respondió negando haber incurrido en las conductas endilgadas y oponiéndose a lo pretendido, lo que acogió la Superintendencia, que en sentencia de 5 de febrero de 2014, desestimó las pretensiones del demandante.

5. Recurrida en apelación tal determinación por el convocante, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, mediante fallo proferido en audiencia de 28 de mayo de 2014 confirmó el impugnado, al no hallar estructurada ninguna de las conductas constitutivas de competencia desleal endilgadas al convocado.

Consideró además, que como “el Tribunal de justicia de la comunidad andina, mediante decisión 87 IP de 2010, al absolver una solicitud de ‘interpretación prejudicial, a solicitud de parte, de los artículos 134, 135, literales a) y b), y 136, literal f), de la decisión 486 de la Comisión de la comunidad andina y, de oficio, de los artículos 113, 128, 129 y 150 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, expediente Interno 2007-0287’” había efectuado pronunciamiento respecto del tema aquí debatido, cuyos apartes transcribió, no se requería “nuevamente (…) elevar la petición de interpretación prejudicial ante dicha corporación, por cuanto tal y como lo ha sostenido la doctrina ‘… un juez de última instancia no tiene la obligación de plantear ante otro juez una cuestión prejudicial cuando se presente una de las siguientes situaciones: [1] cuando ha habido otra cuestión prejudicial idéntica o similar [2] cuando no hay duda razonable sobre la interpretación de la norma’”.

En ese sentido, agregó, “la interpretación dada al artículo 129 de la decisión 486 de la Comisión de la comunidad andina que emitió ese Tribunal y la cual ya se trascribió; además de ser clara y entendible en torno a la definición de diferencias secundarias y modificaciones sustanciales de un diseño industrial, deviene aplicable a este caso (…)”.

6. La aludida decisión fue impugnada extraordinariamente por el demandante Jimmy Castaño Tobón, según demanda presentada el 1º de junio de 2016.

II. Recurso de revisión

1. Con fundamento en la causal octava de revisión prevista en el artículo 355 del Código General del Proceso que habilita este medio impugnativo cuando “Existe nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso”, el accionante solicita declarar la nulidad del fallo emitido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, por haber omitido solicitarle al Tribunal Andino de Justicia la interpretación prejudicial, la cual se requería por tratarse de “un tema de derechos de propiedad industrial y de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, atinentes a la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones”.

2. Al procedimiento de revisión fue vinculado el accionado Jorge Poveda Suárez, quien se opuso a la prosperidad de la revisión, no sólo por no haber incurrido en actos de competencia desleal, sino porque en el asunto decidido en segunda instancia por el Tribunal de Bogotá no procedía la petición de interpretación prejudicial.

3. Ante la inexistencia de solicitud de medios de convicción que ameritaran su práctica, por auto del pasado 28 de noviembre se dispuso el decreto de medios de prueba limitados a los documentales, razón por la cual no se vio necesidad de fijar audiencia.

III. Consideraciones

1. Procedencia del pronunciamiento de fondo.

Preliminarmente corresponde precisar, tal cual sentara la Sala desde providencia SC12137-2017, 15 ago. 2017, rad. 2016-03591-00, que aunque el inciso 7º del artículo 358 del Código General del Proceso prescribe para el trámite del recurso extraordinario de revisión que “surtido el traslado a los demandados se decretarán las pruebas pedidas, y se fijará audiencia para practicarlas, oír los alegatos de las partes y dictar la sentencia1, el presente fallo anticipado, escrito y por fuera de audiencia, se torna procedente por cuanto se han configurado con claridad, dos causales de sentencia anticipada.

En efecto, de conformidad con el artículo 278 del Estatuto General de Procedimiento, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial “en cualquier estado del proceso”, entre otros eventos, “[c]uando se encuentre probada (…) la caducidad (…)”, siendo este supuesto uno de los que se advierten estructurados en el caso cuyo estudio hoy ocupa a la Sala, como se verá enseguida.

Además, dicha norma también prevé la posibilidad de emitir fallo adelantado “cuando no hubiere pruebas que practicar”, lo que aplica en este evento desde el auto de 28 de noviembre de 2017, donde se verificó que las únicas probanzas eran documentales, en clara muestra que no era pertinente agotar una fase de práctica de pruebas.

Por supuesto que la esencia del carácter anticipado de una resolución definitiva supone la pretermisión de fases procesales previas que de ordinario deberían cumplirse; no obstante, dicha situación está justificada en la realización de los principios de celeridad y economía que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hipótesis habilitadas por el legislador para dicha forma de definición de la litis.

De igual manera, cabe destacar que aunque la esquemática preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de las cuales, es buen ejemplo la presente, donde las causales para proveer de fondo por anticipado se configuraron cuando la serie no había superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta innecesaria.

2. Viabilidad del recurso extraordinario de revisión.

De acuerdo con el artículo 354 del CGP, “[e]l recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas” y por los motivos instituidos en el referido precepto 355 ejusdem.

Dadas sus particularidades, el recurso de revisión ha sido estatuido como un medio de impugnación extraordinario de los fallos en firme, con miras a enmendar los yerros cometidos en su emisión, para lo cual, el legislador ha establecido unos requisitos, dentro de ellos, su formulación dentro de los términos igualmente previstos, para así evitar la transgresión de principios como los de seguridad jurídica y cosa juzgada.

Al respecto, cuando se trata de motivos como el aquí invocado, esto es, el 8º del precepto 355 ibídem, el artículo 356 de la obra procesal en cita, contempla para su formulación, un término de dos años contados desde la ejecutoria de la respectiva sentencia, plazo que debe ser observado tanto por el recurrente, como por el juzgador, dada su perentoriedad.

Así lo ha considerado esta corporación, entre otras decisiones, en CSJ AC 3 sep. 2013, rad. 2012-01526-00, cuando sobre dicho aspecto, dijo:

“El plazo fijado por el legislador es perentorio e improrrogable, y su desconocimiento comporta la extinción de la oportunidad para formular esta excepcional impugnación; es decir, sobreviene forzoso el decaimiento de la facultad legal que tiene la parte para incoar la revisión; o lo que es lo mismo, se produce la caducidad, cuya existencia debe declarar el juez, aún de oficio, por disposición del artículo 383, numeral 4, del ordenamiento procesal civil2.

En relación con el tema, esta Corte ha sostenido: ‘No ofrece duda que cuando se trata de un término perentorio, que la ley señala para el ejercicio de una facultad o derecho, como el indicado para formular el recurso extraordinario de revisión, vencido el plazo sin que el interesado interponga el mencionado recurso se produce, por ministerio de la ley, la caducidad del derecho a formularlo. (…).

De igual modo se ha explicado: ‘… es preciso resaltar que se trata, sin duda, de un mecanismo excepcional para cuya prosperidad deben cumplirse no solamente los supuestos de hecho que las citadas causales consagran, sino todas las cargas procesales establecidas en el ordenamiento jurídico. De ellas se destaca la presentación en tiempo del correspondiente recurso…so pena de que la acción decaiga por caducidad’. (…) (se subraya)”.

Conforme lo antes expresado, si el recurrente inobserva esa previsión legal, le compete a la corporación rechazar la solicitud, como lo dispone el inciso 3º del artículo 358 del CGP; de no haberse procedido así ab initio y se ha surtido el trámite que ha de conllevar a la emisión de la sentencia, será entonces en esta en donde debe reconocerse tal extemporaneidad, pues se repite, es imperioso preservar la firmeza y seguridad jurídica que comportan los fallos judiciales.

En relación con esta temática, la Sala, en decisión AC 7 dic. 2012, rad. 2012-01780-00, reiteró:

“La Corte ha sostenido en ese sentido que ‘con el objeto preciso de satisfacer la necesidad de seguridad jurídica en la titularidad de los derechos subjetivos, estableció el legislador términos precisos dentro de los cuales es lícito a los particulares, en ejercicio del derecho de acción, reclamar del Estado la tutela jurisdiccional de una o varias pretensiones determinadas, so pena, de que vencidos los plazos señalados por la ley, opere la caducidad, fenómeno jurídico éste que despoja al particular del derecho a ejercer válidamente la acción en ese caso concreto’ (…)”.

En el mismo sentido, mediante fallo CSJ SC 21 jul. 2000, rad. 6864, precisó:

“La posibilidad de cuestionar una sentencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada debe ser, necesariamente, temporal. De lo contrario, se desvirtuaría el propósito mismo de esa institución, pues si los interesados en un proceso pudiesen controvertir en cualquier tiempo las circunstancias en que se profirió la decisión, la justicia no podría cumplir cabalmente su tarea de resolver, con carácter definitivo, los conflictos jurídicos, los cuales, de no respetarse la cosa juzgada, permanecerían sub judice.

Es por ello por lo que el artículo 381 del Código de Procedimiento Civil, estableció unos plazos perentorios para promover la revisión del fallo, señalando que ‘el recurso podrá interponerse dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia, cuando se invoque alguna de las causales consagradas en los numerales 1, 6, 8 y 9...3, oportunidad en torno a la cual ha precisado la Sala, que ‘Siendo un término perentorio señalado por la ley para el ejercicio de una facultad o un derecho como el que corresponde al recurso extraordinario de revisión, una vez fenecido el plazo previsto para ello sin que el interesado lo haya ejercido, ha de entenderse que por ministerio de la misma ley, se ha producido la caducidad del derecho a formularlo. La Corte ha sostenido que la caducidad ‘está ligada con el concepto de plazo extintivo en sus especies de perentorio e improrrogable; el que vencido la produce sin necesidad de actividad alguna ni del juez ni de la parte contraria. De ahí que pueda afirmarse que hay caducidad cuando no se ha ejercitado un derecho dentro del término que ha sido fijado por la ley para su ejercicio’ (…)”4.

3. La ejecutoria de la sentencia.

Tradicionalmente se ha entendido que la sentencia se encuentra ejecutoriada cuando se hubiere proferido en procesos de única instancia, o cuando no sea viable la interposición de algún recurso, o cuando, resultando procedente la impugnación, ésta no se hubiese presentado, o cuando la presentada se hubiera resuelto, aunque vale la pena agregar que cuando se hace referencia a la posibilidad de abrir paso a una segunda instancia, debe incluirse la consulta, desde luego en la medida que ese grado jurisdiccional aplique en la situación concreta, lo cual es cada vez más reducido.

Ahora, cuando se trata de la ejecutoria de providencias de segundo grado, es claro que de no proceder más recursos, su ejecutoria se predica una vez notificado el proveído y finiquitado el término previsto en la norma, que puede ser usado, valga recordarlo, para solicitar la corrección, la aclaración o la complementación del veredicto, caso en el cual la ejecutoria aplica una vez emitida la decisión correspondiente.

En todo caso, no sobra mencionar que el evento de procedencia de una impugnación, no propuesta o ya resuelta, hace referencia a los recursos ordinarios e incluso también a la casación; pues, si bien, los recursos extraordinarios teóricamente proceden contra sentencias ejecutoriadas, como regla general, el recurso de casación, de proceder, normativamente no se circunscribe al ataque de sentencias ejecutoriadas, cual brota de consultar el derogado artículo 366 del Código de Procedimiento Civil e igualmente el 334 del Código General del Proceso. De ese modo, la ejecutoria se presentaría cuando no procede la casación o cuando, de proceder, no se interpone o se resuelve.

El artículo 331 del Código de procedimiento Civil, vigente para cuando se profirió la sentencia recurrida, disponía “las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva”.

De lo anterior se desprende que la ejecutoria de una decisión emitida en vigencia del Código de Procedimiento Civil podía presentarse en el acto de su notificación, cuando carecía de recursos, a menos que oportunamente se hubiera solicitado su aclaración o adición, evento en el cual, la indicada figura jurídica se extendería hasta el momento en que la providencia resolutoria de la respectiva petición, cobrara firmeza.

Ahora, si la determinación admitía impugnaciones, con base en la indicada disposición legal, se reitera, su ejecutoria se producía cuando “h[ubier]an vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda[ra] ejecutoriada la providencia que res[olviera] los interpuestos”.

Esta corporación, respecto del tema que se viene comentando, en providencia CSJ AC 31 jul. 2007, rad. 2006-01218-00, precisó:

“[D]e lo previsto en el artículo 331 del mismo código se infiere cómo los recursos que tienen la virtualidad de prolongar el término de ejecutoria de las providencias judiciales son únicamente los que fueren procedentes, de modo que si, de entrada, o a posteriori, se concluye que no lo eran, la firmeza de dichos pronunciamientos se retrotrae al momento del vencimiento de los tres días siguientes a su notificación o al del señalado para la interposición de los que fueren procedentes, pues ‘si determinado recurso no era procedente, es de entender que jamás se interpuso’ (…)”.

Lo expuesto permite concluir que si la decisión no admitía recursos, o los mismos no se formularon oportunamente, el término de ejecutoria se consolidaba vencidos los tres días siguientes a la notificación de la providencia, o transcurrido el término señalado para la formulación de los recursos procedentes, sin que se requiriera su declaratoria.

Luego, si como antes se expuso, oportunamente se impetró su aclaración o adición y la audiencia no se prosiguió en la misma fecha de emisión de la providencia, la firmeza de ésta “solo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva”5.

Falta decir que lo consagrado en el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil aplicaba, sin duda alguna, en los procesos escriturales, que eran los mayoritarios en dicha normativa. Sin embargo, cuando la sentencia se dictaba en audiencia, el término de tres días, previsto en esa norma no era aplicable porque si ese plazo tenía por finalidad la de interponer recursos o, previo a ello, pedir aclaración complementación o corrección del fallo, es claro que la estructura de la audiencia obligaba que tales actividades se desarrollaran allí, de tal suerte que, terminada sin que se hubieran interpuesto recursos o cuando estos no procedían, la sentencia se entendía ejecutoriada, con una excepción, consistente en la procedencia del recurso de casación, para cuya formulación el precepto 369 del Código de Procedimiento Civil contemplaba un permiso de cinco días, siguientes a la misma diligencia, en la cual, la sentencia se notificaba por estrados, no personalmente.

4. Caso concreto.

4.1. Al examinar el escrito introductorio del citado medio de impugnación apoyado, como antes se expuso, en la causal octava de revisión, misma establecida en el precepto 355 del Código General del Proceso, se verifica la superación del plazo previsto para su formulación, si se tiene en cuenta que cuando se invoca ese motivo, el inciso 1º del artículo 356 ibídem —el cual corresponde al mismo apartado del precepto 381 del CPC—, establece, que “el recurso podrá interponerse dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia (…)”6.

En efecto, auscultado el momento en que se produjo la firmeza de la sentencia recurrida en revisión y el de presentación ante la Corte del respectivo escrito contentivo de tal impugnación extraordinaria, se constata la extemporaneidad de su proposición.

Nótese que el fallo recurrido fue dictado por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá en audiencia celebrada el 28 de mayo de 2014, el cual, de conformidad con el análisis precedente adquirió ejecutoria una vez surtida su notificación con el simple pronunciamiento en estrados.

Ciertamente, el fenómeno de la firmeza se edificó en dicho hito por cuanto se trataba de un asunto que para aquel entonces, no se hallaba beneficiado con el recurso de casación, en virtud de no adecuarse a ninguno de los procesos que para entonces contemplaba el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil.

Además la ejecutoria de la decisión en aquella fecha, se consolidó por no haberse solicitado su complementación o aclaración, situaciones que sólo se podían plantear en la diligencia misma, no en el término de tres días previsto en el precepto 331 del Código de Procedimiento Civil, por las específicas condiciones de un trámite verbal como el que acá se siguió y en el cual no procedía la casación.

Respecto de la improcedencia del recurso extraordinario de casación en procesos de competencia desleal, que como el actual fueron fallados en vigencia de la Ley 1395 de 2010, la Corte, entre otras, en decisión AC 3608-2016, señaló:

“2.1. Dentro de los requisitos de procedibilidad para conceder el recurso de casación se encuentra, al decir del artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, el que se trate de sentencias ‘dictadas en procesos ordinarios o que asuman ese carácter’. El precepto excluye los fallos emitidos en procesos abreviados y verbales, con independencia de su cuantía y naturaleza.

2.2. La Ley 1395 de 2010 en su artículo 18 dispuso: ‘El numeral 1º del artículo 366 del Código de Procedimiento Civil quedará así: 1. Las dictadas en procesos verbales de mayor cuantía o que asuman ese carácter, salvo los relacionados en el artículo 427 y en los artículos 415 a 426’.

En los artículos 415 a 426 aludidos se regulaban los asuntos que se tramitaban por la vía del abreviado; a éstos se añaden aquellos a los cuales remiten otras disposiciones, como el de competencia desleal, el cual, según los artículos 24 de la Ley 256 de 1996 y 49 de la Ley 962 de 2005, se tramitaba por el proceso abreviado.

El artículo 427, en 14 numerales, relaciona los litigios que se someten al rito del verbal, considerando su naturaleza y la cuantía.

La reforma introducida por la Ley 1395 conserva entonces el espíritu que desde siempre inspiró el artículo 366: el recurso extraordinario de casación procede restrictamente contra las sentencias dictadas en los procesos de conocimiento a los cuales la misma ley les asignó el trámite del ordinario de mayor cuantía. De no ser así, no habría excluido a los enlistados en los artículos 415 a 426 y 427 preanotados.

2.3. La reforma introducida por el ordenamiento de 2010 enfatizó la procedencia de la señalada impugnación respecto de las sentencias dictadas en juicios que, por efecto de la vigencia de ese novísimo estatuto, ya no se tramitarían por la cuerda del ordinario de mayor cuantía, sino por la del verbal. De este modo, adecuó el numeral primero del artículo 366 al procedimiento ordenado por la normatividad modificadora. De ésta no se avizora ánimo de ampliar la procedencia del recurso a fallos emitidos en algunos de los procesos que venían excluidos del mismo, como los abreviados y los verbales. De haberlo querido el legislador, no los hubiera excluido de modo expreso, tal y como lo hizo.

2.4. En el caso, el procedimiento aplicado por la Superintendencia de Industria y Comercio fue el señalado para el verbal de mayor cuantía, no obstante la ley ordenar encauzar los conflictos relacionados con competencia desleal por trámite indicado para el proceso abreviado.

Frente a lo anterior, si el procedimiento aplicado en el asunto hubiere sido el del abreviado, la sentencia proferida por el Tribunal, no sería susceptible del recurso de casación”.

(…).

“Dicho lo anterior ha de tenerse presente que el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil excluye del recurso extraordinario de casación los procesos abreviados y verbales, exclusión que comprende (…) los asuntos relativos a la competencia desleal que de acuerdo con la normatividad y precedentes citados se tramitan por la vía abreviada. Este ha sido el sentir de la jurisprudencia de la Sala, la que sobre el particular ha insistido que dentro de la lista de procesos abreviados ‘se integran aquellos a los cuales remiten otras normas especiales; tal es el caso de los artículos 24 de la Ley 256 de 1996 y 49 de la Ley 962 de 2005; es decir, el proceso abreviado en asuntos de competencia desleal. (…) La reforma introducida por la Ley 1395 al artículo 366, en su numeral 1, conserva el espíritu de este precepto desde antes de aquella: el recurso de casación procede contra las sentencias dictadas en los procesos de conocimiento a los que la misma ley les asignó el trámite del ordinario de mayor cuantía. De otro modo no habría excluido a los enlistados en los artículos 415 a 426 lo que hizo la norma fue simplemente aclarar la procedencia del recurso de casación respecto de las sentencias dictadas en juicios que, por efecto de la entrada en vigencia de la Ley 1395 de 2010, ya no se tramitarán por los ritos del ordinario de mayor cuantía, sino del verbal; (…) Con la sola lectura del artículo 49 de la Ley 962 de 2005, todavía vigente, se comprende que el proceso de competencia desleal, tramitado por esa entidad gubernamental es del tipo abreviado…luego, está dentro del grupo de los que han sido excluidos del recurso de casación; pues en todo se rige por las disposiciones propias del aludido trámite’. (…)”.

4.2. De acuerdo con lo expuesto se tiene, que si la sentencia aquí impugnada extraordinariamente quedó ejecutoriada el día de su proferimiento en audiencia, es decir, el 28 de mayo de 20147 y la demanda de revisión se presentó ante la Corte el 1º de junio de 20168, es claro que esto último ocurrió cuando ya se había superado el término de los dos años legalmente previsto para acudir al señalado medio de impugnación soportado en la causal octava, circunstancia que confirma la estructuración de la ya mencionada caducidad, todo lo cual impone que así se declare, sin que se haga necesario el estudio de fondo del recurso, ni efectuar consideraciones adicionales.

5. Conclusión.

Tanto por la presencia de la caducidad, como por la no necesidad de practicar pruebas procede emitir esta sentencia anticipada, en orden a declarar el fenecimiento del término para plantear el recurso extraordinario de revisión, como acá, sin duda, sucede.

IV. Decisión

En armonía con lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DECLARAR la caducidad del recurso extraordinario de revisión interpuesto por Yimmy Castaño Tobón, respecto de la sentencia de 28 de mayo de 2014, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso declarativo de competencia desleal promovido por el impugnante frente a Jorge Poveda Suárez.

2. DECLARAR, en consecuencia, infundado el señalado medio de impugnación.

3. CONDENAR al recurrente al pago de costas y perjuicios. En cuanto a éstos, se liquidarán mediante incidente, y respecto de aquellas, el magistrado sustanciador dispone incluir en su liquidación, la suma de $3.000.000 por concepto de agencias en derecho.

4. DISPONER que el pago de las anteriores condenas se efectúe con cargo a la caución prestada hasta el monto de la suma asegurada, para lo cual se comunicará lo pertinente a la respectiva compañía de seguros otorgante de la caución. De quedar algún saldo, el mismo deberá ser asumido directamente por el deudor.

5. DEVOLVER el expediente al juzgado de origen, salvo la actuación surtida ante la Corte, pero anexándole copia de este fallo.

6. REQUERIR a la Secretaría de la Sala que proceda a librar los oficios y comunicaciones a que haya lugar en desarrollo de lo aquí dispuesto.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Octavio Augusto Tejeiro Duque—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 Las negrillas son ajenas al texto original.

2 La citada previsión se halla actualmente consagrada en el inciso 3º del artículo 358 del Código General del Proceso.

3 La misma redacción fue recogida en el inciso 1º del artículo 356 del Código General del Proceso.

4 Las subrayas hacen parte del texto original.

5 Parte final inciso 1º, artículo 331 CPC.

6 El subrayado es ajeno a los textos originales.

7 Folio 24 cdno. del Tribunal.

8 Folio 41 y 42 cdno. de la Corte.