Sentencia SC2018-2018/2010-00202 de julio 18 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC2818-2018

Radicación 11001-31-03-043-2010-00202-01

(Aprobada en sesión de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho)

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

Bogotá, D.C., dieciocho de julio de dos mil dieciocho.

Se decide el recurso de casación de Luis Fernando Mejía Otero y la sociedad Reusar Ltda. contra la sentencia anticipada proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, de fecha 9 de agosto de 2013, en el proceso que los recurrentes siguen contra María Fernanda Mejía Parra, Jorge Mario Mejía Parra, Miguel Antonio Mejía Borrero, Jacqueline Borrero Martelo, Graciela Parra de Mejía, Mario Mejía Otero, María del Carmen Ospina Pérez, Mejía Parra Otero y Compañía S. en C. en liquidación, Suramericana de Transportes S.A., Tamer Ltda. y Colempaques SAS.

I. Antecedentes

A. Pretensiones. Con demanda repartida al Juzgado 43 Civil del Circuito de Bogotá, presentada el 23 de marzo de 2010, corregida y luego sustituida (fls. 371 a 383, cdno.1), pretenden los demandantes:

1. Que se declare que entre Luis Fernando Mejía Otero, Recolta Ltda., Mario Mejía Otero y Graciela Parra de Mejía existió una sociedad de hecho a partir de 1977 hasta 1981, cuando se liquidó Recolta Ltda.

2. Que se declare que Luis Fernando Mejía Otero fue socio industrial de Recolta Ltda. a partir de 1977 hasta la fecha de su liquidación.

3. Que se declare que Luis Fernando Mejía Otero y Mario Mejía Otero fueron socios, desde su constitución, de las sociedades Reusar Ltda., Envacar Ltda., Reciclar Ltda., Rena Ltda. y Renco Ltda. con participación igual en el capital.

4. Que se declare que Luis Fernando Mejía Otero fue socio de hecho de la sociedad Tamer Ltda. en la que a su vez eran socios Mario Mejía Otero en un 50%, María Fernanda Mejía Parra y Jorge Mario Mejía Parra cada uno con un 25%.

5. Que se declare que con los recursos de la sociedad de hecho conformada por Luis Fernando Mejía Otero y Recolta Ltda. se adquirieron dos inmuebles situados en Barranquilla, a saber: uno de matrícula inmobiliaria 040-33342 por escritura pública 2169 del 31 de agosto de 1977 y otro de matrícula 040-65849 por escritura pública 349 del 24 de febrero de 1978, ambos instrumentos otorgados en la Notaría Cuarta de esa ciudad.

6. Que se declare que con los recursos de Reusar Ltda. de la cual eran socios Luis Fernando Mejía Otero y Mario Mejía Otero en proporciones estrictamente iguales, se adquirió el inmueble ubicado en la carrera 52 Nº 39-37 sur de Bogotá, a nombre de Reusar Ltda. y Mario Mejía Otero por partes iguales, así: Reusar Ltda. por escritura 1622 del 31 de marzo de 1987 otorgada en la Notaría Primera de Bogotá y Mario Mejía Otero por escritura 14169 del 20 de agosto de 1982 otorgada en la Notaría 32 de Bogotá. Este predio fue objeto de división material mediante escritura 5812 del 16 de diciembre de 1993 de la Notaría 42 de Bogotá, adjudicándosele el denominado “lote D” (matrícula 50S-40170265) a Mario Mejía Otero y el denominado “lote C” (matrícula 50S-40170266) a Reusar Ltda. la que luego lo enajenó a Mario Mejía Otero por escritura 2642 de 1994 otorgada en la mentada Notaría 42 sin que la Sociedad recibiera pago alguno a título de precio.

7. Que Envacar Ltda., de la cual eran socios Luis Fernando Mejía Otero y Mario Mejía Otero en proporciones iguales, adquirió los siguientes inmuebles: a) uno de matrícula inmobiliaria 040-223298 situado en Barranquilla, que luego fue transferido a Mejía Parra Otero y Cía. S. en C. mediante escritura 5815 del 16 de diciembre de 1993 otorgada Notaría 42 de Bogotá. Y b) otro de matrícula inmobiliaria 060-115937 situado en Cartagena que luego fue enajenado, por instrucciones impartidas por Mario Mejía Otero, a María del Carmen Ospina Pérez, con quien tenía este una unión marital de hecho, por escritura pública 2833 del 18 de julio de 1994 otorgada en la Notaría Segunda de Cartagena.

8. Que se declare que con los recursos de la sociedad de hecho conformada entre Tamer Ltda. y Luis Fernando Mejía Otero (cada uno con una participación del 50 por ciento del capital) se adquirieron los siguientes inmuebles:

a) Un predio ubicado en la calle 10 Nº 57-204 de Cartagena, con matrícula inmobiliaria 060-21322 adquirido a nombre de Mario Mejía Otero con escritura 1815 del 27 de septiembre de 1988 otorgada en la Notaría Tercera de esa ciudad, inmueble que luego fue adjudicado a Graciela Parra de Mejía en la disolución y liquidación de la social conyugal conformada a raíz del matrimonio con aquel.

b) Un lote con su casa de habitación situado en La Estrella (Antioquia) de matrícula 001-284979 adquirido a nombre de Tamer Ltda. con escritura 112 del ocho de febrero de 1979 de la Notaría Primera de Envigado.

c) Un predio situado en Mosquera (Cundinamarca) de matrícula 50C-589076 adquirido por la sociedad Tamer Ltda. la que después lo transfirió a Mejía Parra Otero y Cía. S. en C.

d) Con los recursos obtenidos con una negociación realizada con las sociedades Metalibec S.A. y Van Leer S.A. y a nombre de Mario Mejía Otero, un predio denominado “Lote Terrazas 9 y 10” sobre el cual éste construyó una casa con los mismos recursos mencionados, inmueble de matrícula 070-104106 de la oficina de registro instrumentos públicos de Tunja, utilizado por Mario Mejía Otero para pagar sus gananciales a la señora Jacqueline Borrero Martelo a quien se le adjudicó en la liquidación de la sociedad de hecho conformada entre aquél y esta en razón de la unión marital de hecho existente, liquidación consignada en la escritura 1166 del 11 de mayo de 2009 otorgada en la Notaría 11 de Bogotá.

9. “Que se declare que al hacerse la liquidación de las sociedades de hecho a las que hice referencia en el capítulo de hechos y en las pretensiones, y de las sociedades legalmente constituidas Reusar Ltda., Reciclar Ltda., Rena Ltda., Envacar Ltda. y Renco Ltda., el socio Mario Mejía Otero así como las sociedades que fueron parte de las sociedades de hecho referidas, ya sea en forma directa o a través de terceras personas naturales o jurídicas vinculadas se apropiaron indebidamente sin que existiera justo título ni causa legal de los siguientes bienes inmuebles:” (fl. 383, cdno. 1)

a) Lote ubicado en Mosquera (Cundinamarca) de matrícula 50 C-589076.

b) Lote denominado “Terrazas nueve y diez” de matrícula 070-10 4106 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Tunja.

c) Apartamento 1302 ubicado en Cartagena de matrícula 060-115937.

d) Lote de terreno junto con la casa en él construida situado en La Estrella (Antioquia) de matrícula 001-84979.

e) Lote situado en Soledad (Atlántico) de matrícula 040-65849

f) Predio situado en Soledad (Atlántico) de matrícula 040-223 298

g) Casa lote situada en Barranquilla de matrícula 040-33342

h) Lote situado en Bogotá de matrícula 50S-40170266

i) Lote situado en Bogotá de matrícula 50 S-40170265

j) Lote situado en Cartagena de matrícula 060-21322.

10. Que se declare que la totalidad de los bienes antes descritos, dado el origen de los recursos con que fueron adquiridos, son de propiedad en un 50% de Luis Fernando Mejía Otero en relación con aquellos que fueron adquiridos con recursos de las sociedades de hecho en las que este fue parte. Que los bienes adquiridos con recursos de Reusar Ltda. son de propiedad única y exclusiva de esta. Y que los inmuebles adquiridos con recursos de Envacar Ltda. la cual se encuentra disuelta y liquidada y de la que eran socios en proporciones iguales Luis Fernando Mejía Otero y Mario Mejía Otero son de propiedad de ambos socios en común y proindiviso y por partes iguales.

11. Que se declare que los actos de transferencia de dominio con los cuales se desconocieron los derechos de los demandantes en los inmuebles mencionados son absolutamente nulos, carecen de causa legal y de justo título y se traducen en un enriquecimiento sin causa en favor de quienes figuran como titulares de su dominio, por no haber pagado su precio, en detrimento patrimonial de los demandantes. Por esa razón, dichos inmuebles deben regresar a sus verdaderos propietarios.

12. Que se condene a los demandados a pagar el valor de los frutos civiles naturales de esos inmuebles.

13. Que se condene a los demandados al pago de los perjuicios materiales.

14. Que se condene a los demandados al pago de perjuicios morales.

15. Que se condene a los demandados a pagar las sumas antes mencionadas actualizadas.

16. Que se los condene a pagar por daños y perjuicios intereses a la máxima tasa autorizada.

17. Que dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso se condene los demandados al pago de perjuicios por frutos civiles y naturales.

18. Que se declare que Luis Fernando Mejía Otero tiene derecho el 50% de las acciones y los activos de la sociedad Colempaques SAS pues fue constituida con dineros que le correspondían en un 50%.

B. Fundamentos de hecho. Como causa de pedir adujeron con redacción similar las mismas pretensiones declarativas, a las que agregaron, en resumen:

1. Que en 1994, por voluntad y a instancias de Mario Mejía Otero, se hizo una “partición de las sociedades de hecho y de las sociedades constituidas legalmente”, a saber, Reusar Ltda., Reciclar Ltda., Rena Ltda., Envacar Ltda. y Renco Ltda., en razón a que la sociedad Recolta Ltda. ya había sido liquidada en 1981 y sus activos y pasivos habían sido asumidos en su mayor parte por la sociedad Reusar Ltda., partición en la que Mario Mejía Otero se quedó con la totalidad de los bienes inmuebles y entregó a Luis Fernando Mejía Otero, a título de pago de su participación, la razón social de las sociedades constituidas, pero sólo con unos activos representados en máquinas obsoletas. Por tanto, “de la partición que se hizo en 1994 para liquidar la participación de Luis Fernando Mejía Otero y Mario Mejía Otero en las distintas sociedades, tanto las legalmente constituidas como las de hecho sólo le quedaron a Luis Fernando Mejía Otero las razones sociales sin activos ni pasivos importantes y con utilidades irrisorias, de esta repartición no quedó constancia alguna, ni actas de juntas de socios, ni acuerdos, ni protocolos, porque nunca la partición planteada por Mario Mejía Otero estuvo acompañada de un proceso de liquidación formal de dichas sociedades” (fl. 375, cdno. ppal.).

2. La sociedad Tamer Ltda. operaba en el mercado de producción y comercialización de tambores metálicos nuevos, mercado que fue vendido por ella a sus competidores por US800.000 de 1994, sin recibir Luis Fernando Mejía Otero un solo peso por dicha operación. Mario Mejía Otero se apropió de esos recursos y reservó para sí la razón social de la sociedad Tamer Ltda. Parte de ese capital lo inyectó en la sociedad Colempaques SAS y el resto lo destinó para la construcción de una casa de recreo.

3. Algunos de los inmuebles —que son diez en total— permanecen en poder de Mario Mejía Otero, otros han sido transferidos a sociedades en las que él o sus hijos tienen interés, otros los utilizó como herramienta para disolver y liquidar la sociedad conyugal adjudicándoselos a su esposa Graciela Parra. El apartamento de Cartagena (matrícula 060-115937) lo transfirió a María del Carmen Ospina Pérez y el predio adquirido en Villa de Leiva lo enajenó a Jacqueline Borrero Martelo.

C. Posición de los demandados. Colempaques SAS, María Fernanda Mejía Parra, Jorge Mario Mejía Parra, Miguel Antonio Mejía Borrero, Jacqueline Borrero Martelo, Graciela Parra de Mejía, Mario Mejía Otero, María del Carmen Ospina Pérez, Mejía Parra Otero y Compañía S. en C. en liquidación, dieron contestación con la formulación de excepciones de mérito que denominaron “inexistencia de la sociedad de hecho”, “inexistencia del socio industrial”, “inexistencia de la apropiación indebida de bienes”, “inexistencia de enriquecimiento sin causa”, “ausencia de la prueba de la existencia de la sociedad Recolta Ltda.”, “inexistencia de los recursos de la sociedad Recolta Ltda”, “inexistencia de la propiedad de los demandantes de los bienes inmuebles” y “las que aparecieran probadas en el proceso”.

En lo fundamental, adujeron que Luis Fernando Mejía Otero no pudo ingresar como socio de hecho en Recolta Ltda., ni en Tamer Ltda, pues las de este tipo societario no pueden tener socios de hecho dado que deben aportar capital. Agregaron que los inmuebles adquiridos por Mario Mejía Otero y las demás personas que figuran en las escrituras correspondientes lo fueron con sus propios peculios.

Dentro de la excepción intitulada “las que aparecieran probadas en el proceso” incluyeron la “prescripción de las acciones legales” (fl. 533, cdno. 2) y la “prescripción adquisitiva del dominio de los bienes muebles e inmuebles”. Indicaron que “de acuerdo con las escrituras y los certificados de libertad y tradición los propietarios de los inmuebles prueban que tienen una cadena ininterrumpida de tradiciones y la posesión regular de los inmuebles por más de 20 años”, por lo que se da la prescripción de los mismos a favor de los demandados, actualmente propietarios. A más de lo anterior adujeron que había transcurrido un plazo mayor al que la ley señala para el ejercicio de las acciones, dado que los hechos se remontan a más de 10 años.

Suramericana de Transportes S.A. manifestó que no le constaban los hechos y presentó como excepciones la que denominó “falta de legitimación en la causa” dado que los demandantes no han tenido relación con dicha sociedad, “ausencia de la prueba de la existencia de la sociedad Recolta Ltda.”, “inexistencia de la propiedad de los demandantes del bien inmueble”, “las que aparecieron probadas en el proceso”, dentro de las cuales incluyó la “prescripción de las acciones legales” en los mismos términos antes resumidos.

Al haberse acreditado la liquidación de la sociedad Tamer Ltda. el juzgado de conocimiento llamó al proceso a los socios de la misma, esto es, a Jorge Mario Mejía Parra, Mario Mejía Otero y María Fernanda Mejía Parra, quienes ya estaban apersonados del mismo como demandados en su propio nombre. Dieron contestación en esta otra calidad oponiéndose también a las pretensiones y advirtiendo que en todo caso su responsabilidad quedaba limitada al monto de sus aportes en la mencionada compañía. Citó además el juzgado a la liquidadora de la referida sociedad, a quien se le designó curador ad litem.

Por separado, los demandados formularon, entre otras, la excepción previa de prescripción extintiva pues, según ellos, la demanda se presentó por fuera del término previsto en la ley para el ejercicio de las acciones allí incoadas.

D. Sentencia de primera instancia. Mediante providencia del 13 de agosto de 2012, el juzgado a quo dictó sentencia anticipada en la que declaró probada la anotada excepción de prescripción de la acción ordinaria y, consecuentemente, dio por terminado el proceso decretando el levantamiento de las medidas cautelares antes practicadas.

E. Segunda instancia. Confirmada la decisión en la reposición resuelta por esa autoridad judicial y concedida la apelación, el tribunal, para desatar la alzada, dictó la sentencia anticipada objeto del recurso de casación, en la que declaró parcialmente probada la excepción previa de prescripción en relación con las peticiones dirigidas contra los demandados Tamer Ltda., Mejía Parra Otero y Cia. S. en C., Suramericana de Transportes S.A. y las personas naturales María Fernanda Mejía Parra, Jorge Mario Mejía Parra, Miguel Antonio Mejía Borrero, Graciela Parra de Mejía y Jacqueline Borrero Martelo. Clarificó que el proceso seguía respecto de los efectos jurídicos que el demandante persigue frente a Mario Mejía Otero y Reusar Ltda. en relación con las súplicas tercera, sexta, literales h) e i) de la pretensión novena, 11ª 17ª de la demanda; y frente a las consecuencias que Luis Fernando Mejía Otero persigue en Colempaques SAS condensadas en las pretensiones 18ª y 19ª de la demanda. Dio por terminado el proceso en relación con los demandados Reusar Ltda., Colempaques SAS y Mario Mejía Otero.

Además de la cancelación del registro de la demanda con excepción de algunos lotes afectados todavía a las resultas del proceso, dispuso el tribunal declarar no probadas las excepciones de “prescripción de los recursos de las sociedades Recolta Ltda., Reusar Ltda. y Tamer Ltda.”, “prescripción adquisitiva del dominio extintiva de los derechos de los demandantes”, “falta de prueba de la calidad de socio” y “falta de prueba de la existencia de la sociedad de hecho”.

La sentencia del tribunal 

A. Luego del usual resumen de la demanda y la posición de los demandados sobre el fallo apelado, destaca esa colegiatura que el a quo, para desestimar las pretensiones, consideró que como en 1981 se liquidó la sociedad Recolta Ltda. había operado la prescripción, conclusión que asimismo impuso en relación con la partición de la sociedad de hecho y de las legalmente constituidas, pues según afirmaron los actores ello había acontecido en 1994, y de conformidad con el artículo 256 del Código de Comercio contaban con cinco años para incoarla, plazo evidentemente agotado.

A continuación recalca el tribunal que en la apelación los demandantes establecieron que la única sociedad liquidada en 1981 fue Recolta Ltda., pero que esa situación no se extiende a las demás sociedades de hecho formadas por Luis Fernando Mejía Otero y Tamer Ltda. Además, que en los hechos 10 y 11 se alegó que en 1994 se realizó una “partición” de la sociedad de hecho y de las legalmente constituidas sin que ello significara la disolución ni la liquidación de las mismas, pues eso requería el acaecimiento de alguna de las causales establecidas en el Código de Comercio y su adopción mediante reforma debidamente solemnizada por escritura pública. Que en lo que hace a la sociedad de hecho conformada por Luis Fernando Mejía Otero y Tamer Ltda., esta no ha sido disuelta y liquidada sino que fue enajenada a sus competidores por lo que no resulta aplicable el artículo 256 del Código de Comercio.

B. Ya en lo suyo, manifiesta el juzgador colegiado que su decisión se circunscribe a examinar la determinación del juzgado de dar por probada la excepción previa de prescripción.

1. Al efecto, y luego de una breve introducción teórica al régimen de prescripción del Código Civil, a la posibilidad de alegar la extintiva como excepción previa y su reconocimiento mediante sentencia anticipada y a la norma especial contenida en el artículo 256 del Código de Comercio atinente a la prescripción quinquenal de las acciones de los asociados entre sí, por razón de la sociedad y de los liquidadores contra los asociados, examina, pretensión por pretensión, si se hallan prescritas, así:

a. Se configura la excepción previa de prescripción de la acción propuesta por la parte demandada en relación con la primera pretensión, que persigue que se declare que entre Luis Fernando Mejía Otero, Recolta Ltda., Mario Mejía Otero y Graciela Parra de Mejía existió una sociedad de hecho a partir de 1977 hasta el año 1981 fecha en que se liquidó la sociedad Recolta Ltda. Arriba a esta conclusión a partir de la confesión inserta en los hechos 10 y 12, sin que por razón de la informalidad de las sociedades de hecho y, de acuerdo con jurisprudencia de la Corte, como están en permanente estado de liquidación, se requiera que su disolución se deba realizar mediante una reforma estatutaria para predicar que la prescripción deba contabilizarse a partir de la adopción de esa reforma. Por tanto, al afirmar la actora que la sociedad de hecho se liquidó en 1981 es evidente que transcurrieron más de los cinco años a que alude el artículo 256 del Código de Comercio, “por lo que, cualquier inconformidad con ocasión de la forma en que se distribuyeron las cuotas de interés social, por razón de dicha sociedad de hecho, se encuentra prescrita” (fl. 35, cdno. Corte).

b. Prospera también la excepción de prescripción extintiva en relación con la segunda pretensión con la que la parte actora persigue que Luis Fernando Mejía Otero sea declarado socio industrial de la sociedad Recolta limitada a partir de 1977 y hasta el año de su liquidación.

c. Respecto de la pretensión tercera, en la que se pide que se declare que Luis Fernando Mejía Otero y Mario Mejía Otero fueron socios desde su constitución en proporciones iguales, en las sociedades Reusar Ltda., Envacar Ltda., Reciclar Ltda., Rena Ltda., y Renco Ltda., considera el tribunal que, de conformidad con certificados aportados por la parte demandante, en Envacar Ltda., Reciclar Ltda., Renco Ltda. y Rena Ltda. por razón de reformas estatutarias adoptadas luego de su constitución, terminó Luis Fernando Mejía Otero con el 90% del capital social en cada una de ellas las que fueron liquidadas en 1999 la primera y la última, en 2002 Renco Ltda. y en 2004 Reciclar Ltda. Constató que quedaba vigente la sociedad Reusar Ltda. por lo que la pretensión orientada a declarar que Luis Fernando Mejía y Mario Mejía fueron socios en esta compañía desde su constitución no está cobijada por la prescripción del artículo 256 del Código de Comercio. Las demás sí.

d. En referencia a la cuarta pretensión, que se dirige a que se declare que Luis Fernando Mejía fue socio de hecho de la sociedad Tamer Ltda., estima el tribunal que no se encuentra en consonancia con la pretensión octava en la que se solicitó declarar que con los recursos de la sociedad de hecho conformada entre Tamer Ltda. y Luis Fernando Mejía Otero en partes iguales se adquirieron algunos inmuebles: “no es lo mismo —dice el tribunal— pretender que se declare que el actor fue socio de hecho de la sociedad Tamer limitada, legalmente constituida, a que se declare que entre aquel y la sociedad Tamer limitada existió una sociedad de hecho” (fl. 37, cdno. Corte), pero en un esfuerzo interpretativo concluye que lo que pretende la parte demandante es que se declare que hay una sociedad de hecho entre Luis Fernando Mejía Otero y la sociedad Tamer Ltda.

Disipada la anterior duda, agrega que de haberse liquidado la sociedades de hecho enunciadas en sus pretensiones, en el año 1994, esta cuarta pretensión debe declararse prescrita, al haber transcurrido más de los cinco años hasta el 23 de marzo de 2010 cuando se presentó la demanda.

e. Cuanto hace a la quinta pretensión dirigida que se declare que con los recursos de la sociedad de hecho conformada por Luis Fernando Mejía Otero y Recolta Ltda. y con los de la sociedad Recolta Ltda. de la cual Luis Fernando Mejía Otero fue socio industrial, se amasaron bienes que allí se relacionan, estima el tribunal que también se encuentra prescrita por la misma razón antes mencionada, esto es, el trascurso del quinquenio legal para impetrar la acción. De allí deduce que esa prescripción cobija los bienes situados en Barranquilla, de matrículas 040-33342 y 040-65849.

f. Referente a la sexta pretensióncon la cual se persigue que se declare que con los recursos de la sociedad Reusar Ltda. se adquirieron algunos inmuebles allí enunciados, estima el tribunal que no se halla sometida la prescripción ya que esta sociedad se encuentra todavía vigente, por lo que los lotes D (matrícula 50C-40170265 ) y C (matrícula 50C-40170266) situados en Bogotá “son pasibles a la demanda que se incoa”.

g. Sobre la séptima pretensión que busca que se declare que con los recursos de la sociedad Envacar Ltda. se adquirieron algunos bienes que allí se relacionan, dice el tribunal que al estar liquidada dicha sociedad desde el 6 de enero de 1999, cualquier pretensión hacia ésta se encuentra prescrita y lo mismo ocurre con la posibilidad de perseguir los bienes que la conformaban, esto es: el lote sito en Barranquilla de matrícula 040-223298 y el apartamento 1302 ubicado en Cartagena de matrícula 060-115937. En consecuencia, prosigue la Colegiatura, quedan resguardados por las prescripción de esta pretensión Envacar Ltda., la sociedad Mejía Parra Otero y Cía. S. en C. y María del Carmen Ospina Pérez.

h. Respecto de la octava pretensión en la que se aspira que se declare que con los recursos de la sociedad de hecho conformada entre la sociedad Tamer limitada y Luis Fernando Mejía se adquirieron algunos bienes, estima el ad quem que también esta prescrita en atención a que la parte demandante afirmó que en 1994 se liquidaron las sociedades de hecho, incluida en ellas la que se enuncia en esta pretensión. En consecuencia, continúa el Tribunal, los bienes que se adquirieron en esta también fueron alcanzados por la prescripción declarada: a) predio situado en Cartagena con folio 060-21322, b) lote ubicado en el municipio de La Estrella (Antioquia) de matrícula 001-84979, c) inmueble ubicado en Mosquera de matrícula 50C-589076, d) lote “Terrazas 9 y 10” de matrícula 070-104106 de la oficina de registro instrumentos públicos de Tunja. Por esta vía infiere el Tribunal que quedan excluidos de esta pretensión por virtud de la prescripción de la acción los demandados Mejía Parra Otero y Cía S. en C., Mario Mejía Otero, María Fernanda Mejía Parra, Jorge Mario Mejía Parra, Miguel Antonio Mejía Borrero, Graciela Parra de Mejía, Suramericana de Transportes S.A. y Jacqueline Borrero Martelo.

i. Con la novena pretensión -que persigue que se declare que al hacerse la liquidación de la sociedades de hecho y las legalmente constituidas, el socio Mario Mejía Otero así como las sociedades que fueron parte de dichas sociedades de hecho ya sea directamente o a través de terceras personas vinculadas se apropiaron indebidamente sin que existiera justo título ni causa legal- estima el tribunal que queda limitada a la persona natural Mario Mejía Otero y la sociedad Reusar Ltda., al estar prescrita la acción hacia los demás demandados según lo precedentemente indicado.

j. Sobre la décima pretensión, dice el juzgador de segunda instancia que por las mismas razones la encuentra prescrita. Recuerda que en esta pretensión se persigue que los bienes identificados en la pretensión anterior, dado el origen de los recursos, son de propiedad de Luis Fernando Mejía Otero en un 50% respecto de los adquiridos con recursos de la sociedad de hecho en que fue parte; que los adquiridos con recursos de Reusar Ltda. son de esta sociedad única y exclusivamente; y que los adquiridos con recursos de la sociedad Envacar Ltda. son de propiedad de quienes eran sus socios (Luis Fernando y Mario Mejía Otero en partes iguales).

La prescripción extintiva que predica deviene del hecho de que las sociedades de hecho fueron liquidadas en el año 1994 por lo que, según el artículo 256 del Código de Comercio, los cinco años que allí se prevén se encuentran más que transcurridos. Pero, agrega dicha pretensión no ampara a Mario Mejía Otero ni a la sociedad Reusar Ltda. que no se encuentra disuelta.

k. La undécima pretensión que persigue la nulidad de la transferencia del dominio de los bienes inmuebles enunciados, infiere el ad quem que conforme al análisis efectuado con antelación, la prescripción de la acción se cierne sobre la sociedades de hecho que asevera, existieron entre Luis Fernando Mejía Otero y Recolta Ltda., así como la de Luis Fernando Mejía Otero y Tamer Ltda.. Lo anterior por haber ocurrido su liquidación en 1994. En consecuencia, se ampara con la prescripción las sociedades Rena Ltda., Reciclar Ltda., Renco Ltda., Envacar Ltda., Mejía Parra Otero y Cía. S. en C., Suramericana de Transportes S.A. y las personas naturales María Fernanda Mejía Parra, Jorge Mario Mejía Parra, Miguel Antonio Mejía Borrero, Graciela Parra de Mejía y Jacqueline Borrero Martelo. Pero, como antes dijo, esa prescripción no cobija a Reusar Ltda. por estar vigente, por lo que esta pretensión queda en pie hacia Mario Mejía Otero, Reusar Ltda. y Colempaques SAS.

l. Manifiesta el tribunal que las pretensiones duodécima a decimoséptima se encuentran también prescritas para la pasiva, con excepción de Reusar Ltda. y la persona natural Mario Mejía Otero, por aplicación de los mismos argumentos antes esgrimidos.

m. No queda cobijada con la prescripción y por consiguiente se mantiene la pretensión decimoctava, que apunta a que se declare que Luis Fernando Mejía Otero tiene derecho al 50% de las acciones y de los activos de la sociedad Colempaques SAS por cuanto esta compañía no ha sido liquidada.

En referencia a la excepción previa de prescripción de la acción planteada por Suramericana de Transportes, estima que no es del caso analizarla porque la adquisición del inmueble que la vincula a este caso, de matrícula inmobiliaria 060-21322, se remonta a cuando lo obtuvo la sociedad de hecho que se dijo fue conformada entre Luis Fernando Mejía Otero y la sociedad Tamer Ltda. (pretensión octava) en donde prosperó la excepción de prescripción de la acción al haberse liquidado en 1994, según lo declaró el actor en los hechos 10 y 12 del escrito genitor.

2. Como consecuencia de lo anterior, y al pervivir el proceso en relación con Mario Mejía Otero, Reusar Ltda. y Colempaques SAS, se aplica el tribunal a examinar las restantes excepciones previas, de este modo:

a. En cuanto hace a la excepción de prescripción adquisitiva de dominio y extintiva de los derechos de los demandantes, se detiene en el examen del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil para indicar que allí sólo se contempla la prescripción extintiva por lo que la adquisitiva no puede ser reconocida, “menos aun cuando los fundamentos de hecho de la misma obligarían a discernir sobre la posesión y la buena fe de los demandados, que por su particular complejidad deben plantearse en la etapa probatoria del proceso” (fl. 45, cdno. 5).

b. Sobre la “falta de prueba de la calidad de socio” y “falta de prueba de la existencia de la sociedad de hecho” dice el tribunal que están llamadas al fracaso por cuanto las pretensiones subsistentes apuntan precisamente a que se declare que existió una sociedad de hecho entre Mario Mejía y Reusar Ltda. y que dentro de ellas se obtuvieron los bienes que se mencionan y que tuvo participación en las legalmente constituidas, quedándole la etapa probatoria para demostrar tal calidad.

c. Respecto del medio exceptivo “prescripción de los recursos de la sociedades Recolta Ltda., Reusar Ltda. y Tamer Ltda.”, recuerda la colegiatura que lo que se pretende es que se declare que con los recursos de esas sociedades se adquirieron unos bienes y no que se declare sobre la existencia de sus recursos, “siendo improcedente perseguir la prescripción de estos últimos” (fl. 46).

En compendio del tribunal, el proceso continúa con las pretensiones 3ª, 6ª, 9ª, 11ª, de la 12ª a la 17ª respecto de la sociedad Reusar Ltda. y de Mario Mejía Otero. Y la 18ª que cobija a Colempaques SAS así como la 19ª.

La demanda de casación 

Con tres cargos ataca el recurrente la sentencia impugnada, todos por violación de normas sustanciales, los dos primeros de modo directo y el último por causa de yerros probatorios de hecho cometidos por el tribunal en la apreciación de la demanda y demás pruebas, embates estos que la Corte despachará de manera conjunta por compartir similares consideraciones.

Por lo demás, debe quedar advertido de una vez que como la impugnación extraordinaria se presentó y concedió en el año 2013, la normativa aplicable será la contenida en el Código de Procedimiento Civil, por ser la legislación vigente al tiempo de su formulación y concesión, acorde con lo ordenado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso).

Primer cargo 

Se acusa la sentencia de ser directamente violatoria de las normas sustanciales contenidas en los artículos 256, 218, 219, 220, 223, 225, 229, 230, 232, 234, 235, 236, 237, 498, 499, 505 y 506 del Código de Comercio.

En procura de su desarrollo, y luego de resaltar que en virtud del artículo 256 del Código de Comercio el término de prescripción de las acciones de los asociados entre sí prescribe en cinco años que se cuentan a partir de la fecha de disolución de la sociedad, y de resaltar que según el artículo 219 del mismo estatuto deben cumplirse ciertas formalidades para esa disolución como las previstas para la adopción de reformas al contrato social, afirma que las reglas de disolución y liquidación del patrimonio social se aplican a las sociedades mercantiles de hecho por expreso mandato del artículo 506, por lo que también las reglas previstas para la reforma del contrato social son aplicables a la sociedad de hecho, es decir, los socios debe declarar disuelta la sociedad indicando la ocurrencia de la causal de disolución y dar cumplimiento a las formalidades exigidas para esas reformas.

Por consiguiente, de acuerdo con ese discurrir, para los impugnantes la sociedad de hecho conformada entre Luis Fernando Mejía Otero y Tamer Ltda. no fue objeto de disolución y liquidación, por lo que no se le puede aplicar el artículo 256 del Código de Comercio, lo que conduce a entender que la acción incoada no se encuentra prescrita en relación con la sociedad de hecho mencionada.

Segundo cargo 

También articulado en la causal primera de casación, se acusa la sentencia impugnada de ser violatoria por vía directa de las normas sustanciales contenidas en los artículos 2535, 2536, 2539 del Código Civil y 41 de la Ley 153 de 1887.

En procura de su demostración, e hilvanando lo aseverado en el cargo anterior, dice la censura que al no ser aplicable el artículo 256 del Código de Comercio debía entonces el tribunal utilizar los preceptos del Código Civil con las modificaciones introducidas por la Ley 791 de 2002. Reitera que no debe hacerse actuar el mentado artículo 256 pues no se dan los supuestos que la norma establece, “en razón a que la acción ejercida en este proceso no se circunscribe a una acción entre asociados simplemente, sino que se trata de una acción de más amplio espectro y alcance, donde se involucran causahabientes y cesionarios los cuales integran el contradictorio” (fl. 32, cdno. Corte). Reitera que no se ha ejercitado entonces la acción del artículo 256 sino la acción ordinaria cuyo término de prescripción está previsto en los preceptos que en este cargo tilda de infringidos, pues “la acción ejercida busca la declaratoria de nulidad absoluta de los actos de transferencia de dominio sobre distintos inmuebles por los cuales se desconocieron los derechos de Luis Fernando Mejía Otero y Reusar Ltda. por cuanto carecían de causa (sic) legal y de justo título y se traducían en un enriquecimiento sin causa a favor de quienes figuran como titulares actuales de los derechos reales de dominio” (ibídem).

Por consiguiente, continúa la censura, si se está frente a una acción ordinaria cuya prescripción antes de la vigencia de la Ley 791 de 2002 era de 20 años y luego de esta de 10 años, resulta pertinente la aplicación del artículo 41 de la Ley 153 de 1887 que permite al prescribiente elegir. Por lo que si la prescripción debía comenzar a correr a partir de 1994 cuando se hizo la distribución de los bienes y se le desconoció a los demandantes los derechos que tenían sobre bienes adquiridos con recursos de las sociedades constituidas y de hecho, “las cuales no fueron formalmente declaradas disueltas y liquidadas en esa época” (fl. 33) así como los derechos que tenían sobre los recursos que les pertenecían a dichas sociedades y que debieron corresponderle en un 50% a Luis Fernando Mejía, debe entonces contabilizarse a partir de aquella fecha los 20 años de prescripción. Y si se optara por la prescripción propia de la acción ordinaria según los términos de la Ley 791, los 10 años allí previstos debían contarse a partir de la vigencia de esa normativa, es decir, a partir del 27 de diciembre de 2002.

Por lo anterior, concluye que no ha operado en el caso del fenómeno de la prescripción.

Tercer cargo 

Se acusa la sentencia de ser indirectamente violatoria de las normas sustanciales contenidas en los artículos 256, 218, 219, 220, 223, 225, 229, 230, 232, 234, 235, 236, 237, 498, 499, 505 y 506 del Código de Comercio, como fruto de error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda y de otras pruebas.

Para su demostración, comienza por aclarar que no hay contraposición entre la pretensión cuarta y la octava pues en ellas claramente se establece que se pide la declaración de que existió una sociedad de hecho conformada por Tamer Ltda y Luis Fernando Mejía Otero.

De otra parte, señala que en los hechos 10, 11 y 12 no se afirma que esa sociedad de hecho haya sido disuelta y liquidada en 1994. Allí se habla de la partición de algunos bienes de esas sociedades y particularmente de la sociedad de hecho aludida en el párrafo anterior, repartición que fue parcial. Y si bien es cierto que el “mercado” de esa sociedad de hecho fue vendido a los competidores, en esa negociación el demandante Luis Fernando Mejía no recibió un sólo peso, “por cuanto la sociedad de hecho antes referida nunca se disolvió y liquidó” (fl. 40). Por lo que darle a una venta del mercado la connotación de disolución y liquidación de la sociedad de hecho es apartarse del contenido de la demanda. Recaba en el hecho de que esa partición de 1994 en las distintas sociedades legalmente constituidas no significó la disolución de las mismas como él mismo tribunal lo reconoce. E igual suerte corrió la sociedad de hecho mencionada, esto es, no fue disuelta ni liquidada e incluso, de esa repartición no quedó constancia alguna en actas, acuerdos ni protocolos.

Insiste en que en el hecho 10 y en el 11 se relata la partición o distribución de bienes que no significó disolución y liquidación de sociedades, “por cuanto el acto de disolución de las precitadas sociedades sólo procedía por las causales previstas en el artículo 218 del Código de Comercio e implicaba elevar a escritura pública por constituir una reforma estatutaria” (fl. 41), y es por ello que nunca las respectivas juntas de socios ordenaron disolución alguna ni menos se elevó a escritura pública esa decisión, instrumento público que brilla por su ausencia en el proceso. De todo lo cual arguye que resulta inaplicable el artículo 256 del Código de Comercio. En otras palabras, dice el recurrente que no existe prueba alguna de la disolución de la sociedad de hecho conformada entre Tamer Ltda. y Luis Fernando Mejía Otero por lo que no habiendo tal prueba “ni habiéndose afirmado en la demanda que dicha sociedad de hecho había sido disuelta y liquidada en 1994” resulta inaplicable del precepto mencionado.

Consideraciones 

A. Aun cuando en la actual normatividad colombiana no puede sostenerse con carácter general y absoluto que la sociedad sea un contrato, pues la sociedad por acciones simplificada no lo necesita dado que puede ver la luz por disposición autónoma de una sola persona, en el asunto que concita la atención de la Sala, se arguye que entre varias personas jurídicas y naturales se constituyeron sociedades, algunas regularmente y otras como de hecho, lo cual supone por consiguiente un acuerdo de voluntades entre ellas con aportes apreciables en dinero y con miras a repartirse las utilidades producto de la empresa social.

El asunto concreto se circunscribe a la sociedad de hecho que se alega fue conformada entre Luis Fernando Mejía Otero y la sociedad regular denominada Tamer Ltda., figura jurídica a la que, por consiguiente, le es plenamente aplicable aún el artículo 98 del Código de Comercio, desde luego que esas dos personas hubieron de obligarse, de existir el trato, a hacer “un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social”, sólo que las reglas que habrían de regular esa asociación no quedaron vertidas en escritura pública ni menos hubo inscripción de tal instrumento en el registro mercantil de la cámara de comercio (en cuyo caso son los socios de hecho los que, como comerciantes, se matriculan) correspondiente al lugar del domicilio societario. Bien pudo corresponder a un acuerdo consensual, o plasmado en escrito privado o, en fin, ser el resultado de los hechos que denotaran una relación jurídica sucesiva y consentida, puesto que de todas estas formas puede aflorar ese tipo anómalo societario, recurso de aplicación frecuente en el ámbito civil y comercial.

De allí la calificación de sociedad de hecho que por supuesto no es ilegal porque se hubiesen omitido las formalidades anotadas, ni puede predicarse que esté incursa en nulidad o ineficacia alguna por esa omisión. Se trata, como se anticipó, de un acuerdo consensual de cooperación, cuyos extremos regulatorios surten efectos entre los asociados (C.Co., art. 499, último inciso) quienes responden solidaria e ilimitadamente por las operaciones celebradas y por eso, la protección legal de la misma es incipiente, desde luego que se faculta a cada asociado para pedir en cualquier tiempo que se haga su liquidación y a que se liquide y pague su participación en ella y los demás asociados están obligados a proceder a dicha liquidación (art. 505 ib.).

Si las ritualidades que con ocasión de su constitución no se respetaron, ni tenían porqué observarse si las partes tan sólo querían establecer un vínculo de hecho y finalmente no son causa de ineficacia contractual, tampoco es menester que se cumplan al momento de la disolución y liquidación. En lo tocante a la disolución, visto está que la misma procede con la sola voluntad explicitada de uno de los socios (pretensión que de tener que elevarse a la justicia, encuentra su cauce en el artículo 627 del Código de Procedimiento Civil(1)), lo cual excluye que sea la junta, asamblea o el órgano colegiado máximo el que deba adoptar la decisión con el quórum y las mayorías requeridas y declarar la disolución, aun cuando en el marco del acuerdo celebrado tal reunión societaria se lleve a cabo. Por supuesto, está fuera de lugar considerar que tal decisión deba ser elevada a escritura pública e inscribirse en el registro mercantil. Y en lo que hace a la liquidación, la legislación comercial remite su trámite a lo previsto en los artículos 218 y siguientes, pero en lo pertinente y en cuanto a los principios. A eso se refiere la Corte cuando, en añeja jurisprudencia, dijo:

"Para efecto de establecerse la regulación pertinente a la existencia y disolución de una sociedad de hecho deben tenerse presente las normas especiales pertinentes, más no las generales relativas a las sociedades constituidas como personas jurídicas, bien sea regulares o irregulares. Pues mientras éstas últimas, tienen una vida como contrato social, gozan de personalidad jurídica y pueden tener, en el caso de las regulares un funcionamiento normal conforme a sus estatutos y a la ley; las otras, las llamadas sociedades de hecho propiamente dichas, por el contrario, por no ajustarse a los requerimientos mínimos que indica el ordenamiento estatal, carecen de una vida como personas jurídicas y deben desaparecer del mundo jurídico, cuando quiera que, por su estado permanente de disolución, los interesados pidan su liquidación..." (SC 8 de jun 1994, citada en SC-042-1998 3 jun 3 1998, rad. 5109. El resaltado no es del original).

Ahora bien, ese estado permanente de disolución no debe entenderse en forma literal y por ello, no significa que entre los socios quede como letra muerta lo que acordaron, porque entre ellos tales estipulaciones producen efectos (art. 499) a tal punto que la administración de esa empresa social se debe desarrollar según lo que hayan estipulado (art. 503).

Con todo, de haber discrepancias entre los asociados, por razón del contrato social, el término prescriptivo aplicable es el previsto en el artículo 235 de la Ley 222 de 1995, modificatoria del libro II del Código de Comercio (sobre sociedades comerciales), al tenor del cual, “Las acciones penales, civiles y administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones o de la violación a lo previsto en el Libro Segundo del Código de Comercio y en esta ley, prescribirán en cinco años, salvo que en ésta se haya señalado expresamente otra cosa”. Conteo que se inicia desde cuando la obligación se ha hecho exigible, según los términos del inciso segundo del artículo 2535 del Código Civil, aplicable por remisión del canon 822 del estatuto mercantil.

El término de prescripción antedicho es igual al previsto en el artículo 256 del Código de Comercio, solo que este dispone que ese quinquenio deba comenzar a contarse a partir de la fecha de disolución de la sociedad y la de hecho pareciera estar siempre en ese estado, con lo cual se genera una confusión, que salva el aludido precepto 235 de la Ley 222.

B. El ataque que se formula en el cargo primero es parcial como quiera que se dirige a cuestionar la conclusión del tribunal referida a la aplicación del término prescriptivo del artículo 256 del Código de Comercio a una sociedad de hecho conformada entre Luis Fernando Mejía Otero y la sociedad Tamer Ltda. En el segundo se asevera que la acción ejercida no es la prevista en aquel precepto pues involucra a terceros ajenos a las sociedades propiamente dichas y busca la declaratoria de nulidad absoluta de actos de transferencia del dominio.

Ambos se encuentran articulados por la vía directa en la que, como es sabido, el censor no debe separarse “ni un ápice siquiera” de las conclusiones fácticas que el tribunal acogió, limitándose tan sólo a cuestionar y rebatir los aspectos meramente jurídicos, esto es, a poner de presente cómo las normas sustanciales que denuncia fueron no aplicadas o indebidamente hechas actuar o erróneamente interpretadas en el fallo. Proceder de otro modo, es decir, partir de supuestos fácticos distintos de los que el juzgador ad quem tomó en consideración involucra, a no dudarlo, un entremezclamiento de vías (directa e indirecta) que torna el embate confuso, en contra de la exigencia prevista en el numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, que requiere la “formulación por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara y precisa”.

C. Es lo que se advierte en ambos cargos. Hay en ellos discrepancias fácticas entre lo que el tribunal concluyó y el punto de partida del recurrente como detonante, según él, de la infracción normativa.

1. En el cargo primero, porque al paso que aquel considera que la sociedad de hecho de Tamer Ltda. y el actor está liquidada, el actor insiste en que no se encuentra disuelta ni menos liquidada, para de allí, es decir de esa base fáctica distinta de la adoptada por el juzgador, alegar la improcedencia de la aplicación del artículo 256 del Código de Comercio.

En efecto, esa colegiatura consideró que “en seguimiento a lo aseverado por el mismo actor en los hechos décimo y décimo segundo de la demanda sustitutiva, de haberse liquidado las sociedades de hecho enunciadas en sus pretensiones, en el año 1994 la misma deberá declararse prescrita” (fl. 39, cdno. 5). La conclusión, pues, del tribunal devino de la apreciación de la demanda.

Esta sola anomalía técnica impide que la Corte avance en el estudio de fondo del cargo primero, pues de entender que fue expuesto para denunciar violación indirecta de normas sustanciales, enseguida sobresale la ausencia de la calificación del yerro probatorio (si de hecho o de derecho) que habría cometido el tribunal en la apreciación y valoración de los medios de convencimiento que obran en el expediente. Ni menos hay en el cargo la determinación de prueba alguna que permita el cotejo a efectos de la demostración del dislate. A eso se refiere el tercer cargo, que adelante se examina.

Comprende por tanto ese cargo primero un entremezclamiento de vías que resulta antitécnico, no obstante que el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por la ley 446 de 1998, exige de la Corte que escinda las acusaciones cuando han debido ser planteadas en cargos separados, faena que resulta inútil acá si en cuenta se tiene la omisión en la determinación de los medios de convicción sobre los cuales pueda predicarse el yerro probatorio.

2. Y en el cargo segundo se detecta similar anomalía, pues insiste el censor en que las acciones de los demandantes no se circunscriben a las previstas en el artículo 256 prenombrado sino que comprenden otras, que involucran a terceros —causahabientes y cesionarios— las que además van dirigidas a la declaratoria de nulidad de la transferencia del dominio de distintos inmuebles. Tal modo de plantear las cosas significa, ni más ni menos, enrostrarle al tribunal una errónea apreciación de la demanda, un distanciamiento fáctico que sitúa el argumento en una senda distinta (la vía indirecta) a la escogida por el recurrente (la directa). Y con el agravante de que si la Corte escinde la acusación, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, se choca con una evidente falta de demostración del yerro endilgado, a partir de la confrontación entre lo que la prueba dice y lo que el tribunal concluyó de ellas. Es por demás jurisprudencia reiterada de esta corporación que en el camino de la comprobación del yerro fáctico

es necesario que el recurrente lo demuestre, comprobación que exige del impugnador, con miras a dejar sentada la presencia del yerro, que confronte lo expuesto en el fallo con lo representado por la prueba, a fin de que de esa comparación surja el desacierto del sentenciador de manera nítida y evidente.

El cotejo a que se alude, presupone, entonces, que cuando el error denunciado no lo sea por preterición total de la prueba, sino por adición o cercenamiento de la misma, ha de mostrar el casacionista qué es lo que ella dice en realidad, para indicar a continuación qué fue lo que el tribunal vio, examen que, para los efectos que se propone, debe revelar la protuberante disparidad entre el tenor de la prueba y la estimación cumplida por el sentenciador” (SC-081-98 de 21 sept. 1998, rad. 4844).

B. Pues bien, queda por examinar el tercer cargo que apunta a la errónea apreciación de la demanda así como a una suposición de prueba (términos éstos que no están en la demanda de casación pero que afloran de la misma) al dar por establecida la liquidación de la sociedad de hecho conformada por Luis Fernando Mejía y Tamer Ltda., todo por desfigurar la narración que se ofrece en los hechos 10, 11 y 12 de la demanda y por no existir prueba alguna de actas, protocolos, o escrituras públicas que den cuenta del cumplimiento de las formalidades establecidas para la procedencia de la disolución, esto es, su adopción por el órgano competente y la solemnización de dicha decisión mediante el instrumento aludido.

La legislación y la larga tradición jurisprudencial han exigido, desde siempre, que el yerro de hecho de que se acuse al tribunal en la apreciación de determinada prueba deba ser manifiesto o evidente, es decir, que se “imponga al primer golpe de vista”. De otro modo, invadiría la Corte la esfera natural de acción de las instancias, en donde el a quo y el ad quem, por razón de su oficio, están llamados a ponderar las pruebas con una “discreta autonomía”, como la ha calificado la Corte, connotación que marca un límite entre las instancias y este recurso extraordinario, que de otro modo se refundiría como instancia adicional del proceso.

Del cotejo que debe hacerse a efectos de que aflore el dislate sin mayores raciocinios (si estos son necesarios parece entonces que el yerro no es manifiesto), encuentra la Corte en la lectura de los hechos 10, 11 y 12 de la demanda, y con lo anotado en la pretensión 9ª de la misma, que contrario a lo aseverado por los impugnantes, racionalmente puede colegirse que la parte actora admitió que la sociedad de hecho de Tamer ltda. con Luis Fernando Mejía Otero se había liquidado en 1994. Se dice literalmente, lo siguiente, con subrayas que la Corte introduce en el texto, para dejar gráficamente asentado esa razonable inferencia:

En los hechos 10 a 12:

10. En el año de 1994 por voluntad y a instancias de Mario Mejía Otero se hizo una partición de las sociedades de hecho y de las sociedades legalmente constituidas: Reusar Ltda., Reciclar Ltda., Renco Ltda., Envacar Ltda. y Renco Ltda. en razón a que la sociedad Recolta Ltda. ya había sido liquidada en 1981 y sus activos y pasivos habían sido asumidos en su mayor parte por la sociedad Reusar Ltda., como consecuencia de dicha partición el socio Mario Mejía Otero se quedó con la totalidad de los bienes inmuebles y le entregó a mi poderdante Luis Fernando Mejía Otero a título de pago de su participación del capital de dichas sociedades, la razón social de las mismas desprovistas de todos sus activos fijos y reducidos dichos activos a unas máquinas obsoletas y hechizas para reacondicionar tambores de segunda, por consiguiente, Mario Mejía Otero se quedó con los activos de valor y Luis Fernando Mejía Otero con el cascarón de la sociedades sin valor alguno y todos los pasivos, lo que evidentemente constituyó una partición absolutamente desproporcionada e inequitativa que afectó de manera grave de los intereses patrimoniales de mi poderdante.

11. La sociedad de hecho conformada entre Luis Fernando Mejía Otero y Tamer Ltda., operaba el mercado de producción y comercialización de tambores metálicos nuevos, mercado que fue vendido por la sociedad Tamer Ltda., a sus competidores Metalibec y Van Leer S.A. , por la suma de USS800,000 dólares en el año de 1994 con el compromiso de ceder toda la clientela y de no ejercer competencia futura, de dicha suma Luis Fernando Mejía Otero no recibió un sólo peso y Mario Mejía Otero se apropió de los USS800,000 dólares y se reservó para si la razón social Tamer Ltda., con sus activos y pasivos; capital que en buena parte le fue inyectado a la sociedad Colempaques Ltda., y el resto se destinó para construir una casa de recreo en el municipio de Villa de Leiva, predio que fue adquirido a nombre de Mario Mejía Otero.

12. Como lo señalé precedentemente de la partición que se hizo en 1994 para liquidar la participación de Luis Fernando Mejía Otero y Mario Mejía Otero en las distintas sociedades, tanto las legalmente constituidas como las de hecho sólo le quedaron a Luis Fernando Mejía Otero las razones sociales sin activos ni pasivos importantes y con utilidades irrisorias, de esta repartición no quedó constancia alguna, ni actas de juntas de socios, ni acuerdos, ni protocolos, porque nunca la partición planteada por Mario Mejía Otero estuvo acompañada de un proceso de liquidación formal de dichas sociedades”.

Y en la pretensión novena:

“Que se declare que al hacerse la liquidación de las sociedades de hecho a las que hice referencia en el capítulo de hechos y en las pretensiones, y de las sociedades legalmente constituidas Reusar Ltda., Reciclar Ltda., Rena Ltda., Envacar Ltda. y Renco Ltda., el socio Mario Mejía Otero así como las sociedades que fueron parte de las sociedades de hecho referidas, ya sea en forma directa o a través de terceras personas naturales o jurídicas vinculadas se apropiaron indebidamente sin que existiera justo título ni causa legal de los siguientes bienes inmuebles:” (fl. 383, cdno. 1).

Ya en lo concerniente a la suposición de prueba de que se acusa al tribunal por no existir escritura alguna o copia de actas de junta donde quede constancia de la disolución o de la liquidación de esa sociedad de hecho, deben darse por reproducidas las explicaciones que al comienzo de estas consideraciones se dejaron establecidas y que en síntesis, apuntan a descartar la necesidad de que la disolución y liquidación de una sociedad de hecho se adopte con el cumplimiento de las formalidades previstas en la legislación mercantil para la sociedades legalmente constituidas, esto es, para aquellas que nacieron a la vida jurídica en virtud de escritura pública inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio correspondiente al lugar de su domicilio social.

Las anteriores consideraciones son suficientes para concluir que ninguno de los cargos se abre paso.

Decisión 

En mérito de lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia anticipada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, de fecha 9 de agosto de 2013, en el proceso de Luis Fernando Mejía Otero y la sociedad Reusar Ltda. contra María Fernanda Mejía Parra, Jorge Mario Mejía Parra, Miguel Antonio Mejía Borrero, Jacqueline Borrero Martelo, Graciela Parra de Mejía, Mario Mejía Otero, María del Carmen Ospina Pérez, Mejía Parra Otero y Compañía S. en C. en liquidación, Suramericana de Transportes S.A., Tamer Ltda. y Colempaques SAS.

Costas a cargo de la parte recurrente. Conforme lo previene la Ley 1395 de 2010, se fija por concepto de agencias en derecho la suma de $3.000.000.oo., en favor de los demandados que hicieron presencia en este trámite, dando respuesta al recurso.

Cópiese, notifíquese y, en su momento, devuélvase.

Magistrados: Aroldo Wilson Quiroz MonsalvoMargarita Cabello BlancoÁlvaro Fernando García RestrepoLuis Alonso Rico PuertaAriel Salazar RamírezOctavio Augusto Tejeiro DuqueLuis Armando Tolosa Villabona.

1 Dice la norma: “A petición de cualquiera de los socios, procede declarar judicialmente la disolución y decretar la liquidación de una sociedad civil, comercial o de hecho, por las causales previstas en la ley o el contrato social, siempre que tal declaración no corresponda a una autoridad administrativa”. En similares términos, el artículo 524 del Código General de Proceso establece que “cualquiera de los socios podrá demandar la declaratoria de nulidad del contrato social o la disolución de la sociedad, invocando cualquiera de las causales previstas en la ley o en el contrato”.