Sentencia SC3530-2017 de marzo 14 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Álvaro Fernando García Restrepo

SC3530-2017

Rad.: 11001-31-03-027-2006-00131-01

(Aprobado en sesión de veintiocho de septiembre de 2016)

Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil diecisiete (2017).

Decide la Corte el recurso extraordinario de casación que la demandante, BLANCA FLOR CÁRDENAS DE HERNÁNDEZ, interpuso frente a la sentencia del 8 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario que ella adelantó en contra de BANCOLOMBIA S.A.

ANTECEDENTES

1. En el escrito con el que se dio inicio al proceso, que milita en los folios 7 a 11 del cuaderno Nº 1, su gestora solicitó:

1. Se declare que BANCOLOMBIA S.A.[,] antes CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORROS S.A.[,] es contractualmente responsable por el incumplimiento del contrato de mutuo con garantía hipotecaria celebrado con BLANCA FLOR CÁRDENAS DE HERNÁNDEZ, con arreglo al cual el primero EJERCIENDO la opción contractual allí prevista[,] tom[ó] por cuenta de BLANCA FLOR CÁRDENAS DE HERNÁNDEZ el seguro de vida grupo deudores, efectuó el pago de las primas por cuenta de ésta, y de manera inconsulta[,] sin previo aviso[,] procedió a suspender los pagos de dicho seguro, dejándola descubierta en el amparo del riesgo a la vida. 

2. Como consecuencia de la anterior declaración[,] se condene al demandado BANCOLOMBIA S.A.[,] antes CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORROS S.A.[,] al pago de la totalidad de la indemnización por los daños materiales[,] equivalentes al valor que tenía el crédito al momento de serle negada por parte de SURAMERICANA el pago de su reclamación, más lo que de esa fecha a la fecha del pago efectivo se haya aumentado el valor del crédito con la demandada (sic), por razón del contrato de mutuo celebrado entre ellos. 

3. Solicito se condene al demandado al pago de la indemnización por el daño moral padecido por la demandante[,] para lo cual deberá reconocérsele como prejuicio la suma que corresponda a mil (1000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, con ocasión del padecimiento que ha sufrido la demandante desde el momento en que SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A. negó el pago de la reclamación a que legamente tenía derecho la demandante. 

4. Se condene al demandado a pagar a la demandante[,] como resarcimiento de los perjuicios[,] además de lo anterior[,] los gastos en que ha debido incurrir desde que le fu[e]ra negada la reclamación por parte de SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A.[,] para hacer valer sus derechos ante la [j]usticia. 

5. Se condene al demandado a pagar a mi mandante[,] la actualización monetaria de las sumas líquidas a las que resulte condenado el demandado[,] junto con los intereses moratorios. 

6. Que el monto de los perjuicios se actualice en su valor desde la fecha de la ocurrencia del hecho dañoso hasta el momento del proferimiento de la sentencia definitiva, tomando como base la variación del índice de precios al consumidor (IPC), total nacional. 

7. La sumas líquidas contenidas en la sentencia[,] devengarán intereses moratorios a la tasa del doble del interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia[,] desde el momento de la ejecutoria y hasta el momento del pago real y efectivo. 

8. Que con fundamento en el artículo 16 de la ley 446 de 1998, en la condena se atiendan los principios de reparación integral y equidad, produciendo, de cara a los hechos, una condena ejemplarizante. 

Solicito adicionalmente[,] sean liquidadas en el momento procesal oportuno y en contra del demandado, las costas y agencias en derecho. 

2. En sustento de esas reclamaciones, se esgrimieron los hechos que pasan a compendiarse:

2.1. CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORROS S.A., absorbido luego por BANCOLOMBIA S.A., le otorgó a la aquí accionante un crédito, con garantía hipotecaria, para la adquisición de vivienda, que se documentó en debida forma.

2.2. En el pagaré contentivo de la obligación, se estipuló: “(...) ‘SEGUNDO: SEGUROS: Que como una garantía del crédito y como accesorias de éste mismo contrato, nos obligamos a pagar las primas correspondientes a los seguros de vida, incendio y terremoto tomados como se ha estipulado en la escritura de hipoteca. PARÁGRAFO: en caso de que LA CORPORACIÓN haga uso de la facultad consignada en la Escritura de Hipoteca, o sea, la de pagar la primas correspondientes a estos seguros, por mora en el pago de esa nuestra obligación, dicho pago realizado por la CORPORACIÓN, nos será cargado y así lo pagaremos con el valor de la prima expresada en unidades de Poder Adquisitivo Constante...más los intereses pactados para la obligación principal contenida en éste documento’”.

2.3. En desarrollo de lo convenido por las partes, la señora CÁRDENAS DE HERNÁNDEZ fue incluida en la “PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES”, tomada por la citada entidad prestamista.

2.4. Como la nombrada contratante incurrió en mora de sus obligaciones, CONAVI inició el correspondiente proceso ejecutivo hipotecario, dentro del que incluyó el cobro del valor de la prima de los seguros de vida, terremoto e incendio que pagó en su nombre y de las cuotas que por el mismo concepto en el futuro llegare a cancelar, rubro que acreditó “con la certificación que al efecto (...) exp[idió] la aseguradora SURAMERICANA”.

2.5. En razón a que la accionante “sufrió de grave afección” en la columna vertebral, brazo y muñeca derecha, así como de “cáncer en el seno, con su consecuente y tortuoso tratamiento”, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez cuantificó “su incapacidad en el CINCUENTA PUNTO NOVENTA Y TRES POR CIENTO (50,93%)”.

2.6. En el seguro de vida se previó que “si el asegurado cuenta con menos de 70 años de edad, tendrá derecho a reclamar el valor asegurado que tuviere al momento de ser declarada la incapacidad”, siempre y cuando ésta consista en la pérdida de la aptitud laboral, en un porcentaje “mayor o igual al 50%, certificada por el organismo competente para el efecto”.

2.7. Con apoyo en la referida incapacidad laboral, la demandante solicitó, el 8 de noviembre de 2004, que se le pagará el seguro.

2.8. El 22 de noviembre siguiente, la actora recibió una carta de CONAVI, en la que le informó “que SURAMERICANA[,] mediante comunicación del 17 de noviembre de 2004 (...)[,] objet[ó] la reclamación presentada[,] por terminación del amparo individual[,] por falta de pago de la prima”, así como “la comunicación de SURAMERICANA en la que se objeta su reclamación POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA”.

2.9. En contradicción con lo anterior, la entidad crediticia presentó en el proceso ejecutivo que adelantó contra la aquí demandante, una “certificación emanada de la Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A.[,] expedida el 6 de diciembre de 2004[,] en la que consta que ha recibido de Conavi ‘EL PAGO DE LAS PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA, INCENDIO Y TERREMOTO, POR EL CRÉDITO RADICADO NÚMERO 29533 PERTENECIENTE AL (LOS) SEÑOR (ES) BLANCA FLOR CÁRDENAS HERNÁNDEZ...’”, documento que la aseguradora expidió “en un acto propio, libre, individual y concreto”.

2.10. CONAVI, pese a que cobró en el referenciado trámite coactivo las cuotas del valor de las primas que satisfizo en nombre de la señora Cárdenas de Hernández, ahora “afirma no haber realizado los mencionados pagos”, como quiera que atendió la prima derivada del seguro de vida solamente “desde el inicio de la cobertura y hasta el 20 de agosto de 2003”, fecha a partir de la cual cambió su conducta, sin avisar a la deudora “su posición respecto del tratamiento que daría en adelante a tales obligaciones”, variación unilateral e inconsulta que comportó la incursión por su parte en una “omisión de información, previa y oportuna”, que “trajo como consecuencia a la demandante que quedara descubierta de un seguro que pudiera cubrirle la contingencia de una invalidez, como en efecto ocurrió”.

3. El Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogotá, al que por reparto correspondió el conocimiento del asunto, admitió la demanda con auto del 23 de marzo de 2006 (fl. 12, cdno. 1), que notificó al banco demandado mediante el aviso de que trata el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, entregado el 21 de agosto de 2009, como consta en los documentos que militan en los folios 25 a 32 del cuaderno principal.

4. Por intermedio de apoderado judicial, BANCOLOMBIA S.A. contestó oportunamente la demanda, escrito en el que se opuso a sus pretensiones, se pronunció de distinta manera sobre los hechos en ella aducidos y propuso, con el carácter de meritorias, las excepciones que denominó INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL (...); LA DEMANDANTE NO PUEDE DERIVAR DERECHOS DE SU INCUMPLIMIENTO. AUSENCIA DE LEGITIMIDAD DE LOS INTERESES DE LA DEMANDANTE; y AUSENCIA DE VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CONFIAZA LEGÍTIMA POR PARTE DE BANCOLOMBIA. FALLO DE TUTELA T-1091 DE 2005 (fls. 38 a 63, cdno. 1).

5. Agotado el trámite de la primera instancia, el citado juzgado le puso fin con sentencia del 30 de septiembre de 2011, en la que negó la totalidad de las pretensiones de la demanda y condenó a la accionante al pago de las costas (fls. 206 a 209, cdno. 1).

6. En virtud de la apelación que contra dicho proveído interpuso la gestora del litigio, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, mediante fallo del 8 de mayo de 2012, lo confirmó (fls. 44 a 57, cdno. 6).

LA SENTENCIA IMPUGNADA

Para arribar a la decisión ratificatoria que expidió, el ad quem expuso los argumentos que a continuación se consignan:

1. De entrada, precisó que el “problema jurídico” que se deriva de la acción y, más concretamente, de la apelación, “consiste en determinar si el demandado es responsable por incumplimiento del contrato de mutuo que celebró con la demandante, por no informarle que dejaría de ejercer la facultad de pagar las cuotas de seguro por cuenta de esta última, quien había incurrido en mora en el pago de sus obligaciones”.

2. Con tal base, se ocupó de “esclarecer, (...), si los argumentos expuestos por la Corte Constitucional en la Sentencia T-1091 de 2005 son una pauta de forzoso acatamiento en la resolución del presente asunto”, toda vez que la actora esgrimió tal providencia como fundamento de las súplicas que elevó, cuestionamiento que resolvió negativamente, habida cuenta que esa corporación “dejó en manos del juez ordinario el análisis sobre la situación fáctica y jurídica debatida, de tal manera que los posteriores argumentos para conceder la tutela fueron esbozados tan sólo para fundar el amparo transitorio que se concedió, y no para sentar un precedente vinculante sobre los hechos” controvertidos en esa acción constitucional, aserto que sustentó con transcripción de diversos apartes del memorado proveído.

3. Superado ese análisis, tras advertir que la acción intentada fue de responsabilidad civil contractual y poner de presente los elementos que la estructuran -culpa, daño y nexo de causalidad-, el Tribunal aseveró que “aquí están ausentes todos los requisitos mencionados”, por las siguientes razones:

3.1. No existe una “culpa contractual en cabeza del demandado”, como quiera que ello solamente acontece como consecuencia del “incumplimiento”, o de la “ejecución defectuosa de una prestación consignada en un contrato”, supuesto que no se cumple en el sub lite, en la medida que en éste, lo que se reprochó al banco, fue “no ejercer más una facultad contractual, como era la de pagar las cuotas del seguro de vida por cuenta de la deudora incumplida”, a lo que se añade que “esa facultad fue desplegada en desarrollo de un contrato de mutuo, que como contrato unilateral (art. 1496 del C.C.), sólo genera la obligación del mutuario de restituir el dinero prestado en la oportunidad pactada”.

3.2. Así se tuviera como motivo de incumplimiento por parte del banco, la insatisfacción de la obligación de “informar el cese del ejercicio de su potestad”, postura que sigue los parámetros trazados en el fallo de tutela atrás invocado, “lo cierto es que en el caso están ausentes los requisitos de la responsabilidad, porque esa omisión del banco que, insístese, no era un deber, no fue la causa única y determinante de la clausura del contrato de seguro que amparaba a la demandante frente a los riesgos de muerte e incapacidad, porque ese efecto extintivo tuvo como primer y principal origen el incumplimiento de la mutuaria en la obligación de pagar las primas del seguro, fruto a su vez de un absoluto abandono de todas las obligaciones derivadas del negocio”.

Tampoco se establece la ocurrencia de los perjuicios reclamados, en tanto que “no pueden entenderse demostrados con el mero planteamiento de situaciones hipotéticas, como la pérdida de la oportunidad de retomar el pago de las primas, o de contratar otro seguro, pues desde que [la actora] entró en mora[,] dejó en la total orfandad todas esas prestaciones, pese a ser de cargo suyo, sin mostrar nunca el más mínimo deseo de hacerlo, desde mucho antes de caer en situación de invalidez que, por cierto, le sobrevino varios años después; amén que tanto el pago de las primas del seguro como la contratación de otro, podían realizarse con independencia de cualquier conducta del demandado”.

4. En sustento de tales conjeturas, el tribunal añadió:

4.1. Las partes admitieron estar vinculadas por un contrato de mutuo, el cual, según se desprende del artículo 2221 del Código Civil, sólo genera obligaciones para el mutuario, sin perjuicio de ciertos deberes que la ley le impone al prestamista, como la que tienen las entidades financieras de “suministrar información (...) sobre créditos de vivienda”.

4.2. En la cláusula segunda del pagaré en el que se hizo constar la deuda, invocada por la demandante, según su genuino sentido, “la mutuaria se obligó a pagar el seguro de vida, y concedió al mutuante la facultad de sufragar las primas respectivas en caso de incurrir en mora de las obligaciones, así como la facultad de poder cobrarle las cantidades que se cubrieran por ese concepto”, previsión que “no puede tergiversarse para hacer de ella un venero de deberes del banco demandado”, pues de esta manera se podría contradecir el advertido carácter unilateral del contrato de mutuo y la regla de hermenéutica consagrada en el artículo 1621 del Código Civil.

4.3. Ese entendimiento de la indicada estipulación, guarda conformidad con los principios constitucionales, pues según la Carta, a todos nos corresponde “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios” (num. 1º, art. 95, C.P.), del que se sigue que la incuria de la deudora, no puede trasladársele al banco.

Además, debe tenerse en cuenta que el estatuto superior, de un lado, protege el crédito, la propiedad privada y los derechos adquiridos (art. 58 ib.); y, de otro, establece que las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra que comporte la captación de recursos del público, son de “interés público y solo pueden ser ejercidas con autorización del Estado” (art. 335 ib.).

4.4. Así las cosas, siendo, como era, obligación de la deudora, pagar la prima del seguro de vida, ante el abandono de tal compromiso por parte suya, “no luce razonable que el banco acreedor deba responder por la ocurrencia del siniestro”, en la medida que fue ella la incumplida y, por lo mismo, quien “debe afrontar los efectos que el ordenamiento jurídico atribuye a esa conducta”, específicamente, la “terminación automática” del contrato de seguro, contemplada en el artículo 1066 del Código de Comercio.

4.5. No obstante que “en el caso concreto se acreditó que el demandado, según copia del legajo de la acción de tutela resuelta mediante la citada Sentencia T-1091 de 2005, aceptó que ejerció la facultad de pagar las primas del seguro por cuenta de su deudora entre el 20 de marzo de 2000 y el 20 de agosto de 2003, es inadmisible pensar que estaba obligado a mantener tal comportamiento de manera indefinida, o que pudiere ser coaccionado para cumplir la prestación en lugar de quien estaba vinculada a hacerlo, pues esto introduciría una prestación a cargo del acreedor que no había sido estipulada, con olvido de los términos del contrato de mutuo”.

4.6. Del comportamiento del banco tampoco puede deducirse infracción del artículo 21 de la Ley 546 de 1999, que reprodujo, pues tal mandato versa sobre “la obligación de comunicar a los deudores el comportamiento del crédito y los cambios en las condiciones del contrato que pudieren sobrevenir a lo largo de la relación contractual, es decir, sobre hechos que sean susceptibles de variarse mientras el negocio es ejecutado, con el propósito de que el deudor tenga la posibilidad de conocer, participar y controvertir las decisiones que lo afecten”, deber que la actora, en el interrogatorio de parte que absolvió, admitió fue satisfecho por el banco, sin que dentro del mismo puedan ubicarse circunstancias que la deudora “conocía o debía conocer desde el momento en que celebró el contrato de mutuo, y que no eran del crédito propiamente dicho, tales como la(..) obligaci[ón] de pagar la prima de los seguros de incendio, terremoto y vida; como tampoco puede aceptarse la aspiración de la demandante para derivar responsabilidad contractual del banco, sólo porque este dejó de avisarle que no ejercería más la facultad de pagar las primas por cuenta de ella, que siempre había incumplido, pues en resumidas cuentas lo que se extraña es el llamado para que retomara el pago de una obligación cuya existencia conocía y que venía incumpliendo desde 1997[,] como lo reconoció” en la ya mencionada declaración de parte.

4.7. En lo tocante con el nexo causal, se observa que “los hechos medulares de la controversia se sucedieron en el siguiente orden cronológico: el contrato de mutuo fue celebrado el 24 de agosto de 1994, e incumplido por la demandante desde 1997, y el establecimiento de crédito ejerció la facultad de pagar las primas del seguro de vida por cuenta de la deudora desde [el] 20 de marzo de 2000 hasta [el] 20 de agosto de 2003. La invalidez de la demandante se estructuró el 1 de junio de 2004, según dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, dando lugar a que se reclamara el pago del seguro el 8 de noviembre de (...) 2004, la cual fue desestimada por la aseguradora por falta de pago de la prima, mediante comunicación del 14 de noviembre de 2004”.

Del encadenamiento de esos acontecimientos, “no se aprecia que la terminación del contrato de seguro de vida se hubiere producido porque el demandado no avisó que dejaría de pagar por cuenta de la demandante, toda vez que la causa real de la producción de este efecto jurídico fue la mora sistemática de la demandante en el cumplimiento de sus obligaciones, entre esas el pago del seguro”, comportamiento admitido, con fuerza de confesión, en el hecho noveno del libelo introductorio.

Extráctase de lo dicho, que no es posible sostener que “la conducta del demandado fue la causa determinante de la pérdida de la oportunidad de pagar el seguro o de adoptar otro amparo, ya que la demandante podía hacerlo sin aducir que ignoraba que el banco dejó de pagar las primas, de donde surge que el aviso no era necesario para que la deudora adoptara las precauciones tendientes a mantener el aseguramiento, las cuales podía desplegar antes, durante y después de la ocurrencia del hecho que tilda de antijurídico. Aceptar lo contrario dejaría sin efecto el principio de que los contratos son para cumplirlos, recogido en el artículo 1602 del Código Civil”.

LA DEMANDA DE CASACIÓN

De los dos cargos que contiene, la Sala, en el auto del 11 de septiembre de 2013 (fls. 36 a 46 precedentes), sólo admitió a trámite el primero, como quiera que coligió que el segundo, no satisfacía los requisitos formales y de técnica, que le eran propios.

Por ello, la Corte circunscribirá el presente fallo a la única acusación que recibió impulso procesal.

CARGO PRIMERO

Sin especificar la causal de casación en que se apoya, mediante él, su proponente denunció que la sentencia cuestionada “viola abiertamente el artículo 21 de la Ley 546 de 1999”, premisa que desarrolló como sigue a relacionarse:

1. El citado precepto “prevé que los establecimientos de crédito deberán suministrar información cierta, suficiente, oportuna y de fácil comprensión para el público y para los deudores respecto de las condiciones de sus créditos”, mandato que, según la “jurisprudencia constitucional”, tiene por fin que “los usuarios tengan certidumbre acerca de las condiciones planteadas dentro de su crédito en cualquiera de sus etapas, en virtud de los principios de transparencia y seguridad”.

2. Luego de reproducir los razonamientos que sobre la referida norma y su aplicación en el presente caso, expuso el tribunal, el recurrente señaló que éste “no solo desconoc[ió] el mandato imperativo del artículo 21 de la ley 546 de 1999, sino que de tajo cercen[ó] todo el desarrollo jurisprudencial que se ha dado a su contenido, desarrollo que es muchedumbre y según el cual la información que deben suministrar los bancos y entidades financieras no es mediante simples comprobantes o recibos que reflejen su situación de mora[,] ya de por sí conocida por el deudor, sino que es una información CALIFICADA, (...) precisa, clara, de fácil comprensión”. Se descarta como tal, la que solamente “le permita al deudor hacer suposiciones, deducciones o predicciones”, como lo observó la Corte Constitucional en el citado proveído T-1091 de 2005.

3. En apoyo de lo anterior, el recurrente reprodujo segmentos de la sentencia precedentemente mencionada, en relación con la cual enfatizó que no puede ser desconocida; así como de los fallos T-608 de 2004 y T-959 de 2000.

4. Enseguida aseveró que, [v]isto lo anterior[,] se deduce no solo que fue violada una norma de derecho sustancial por parte del Tribunal Superior en su fallo aquí atacado, sino que es necesario casar la sentencia para que el fin último del recurso de casación se vea cumplido[,] se unifique la jurisprudencia nacional y se provea la realización del derecho objeti[v]o como consecuencia de la prosperidad del presente cargo”.

5. Añadió que [l]o contrario sería permitir que el abuso de la posición dominante sea norma de conducta de las entidades financieras, que su deber de información se torne en el ejercicio voluntario y antojadizo de supuestas facultades contractuales interpretadas unilateral e inconsultamente en contravía de mandatos legales y constitucionales, que su obrar no responda a los principios de transparencia, seguridad y confianza legítima. En fin que los usuarios del sistema financiero queden sometidos a la exclusiva voluntad de dichas entidades y que el estado social de derecho no sea más que letra muerta sometida a la interpretación de cláusulas contractuales”.

CONSIDERACIONES

1. Pese a que en la acusación no se indicó la causal de casación invocada, ni se precisó la vía de la infracción denunciada y, menos aún, se particularizó el concepto de la violación -indebida aplicación, falta de ello o incorrecta interpretación-, de todo el contexto del cargo se desprende, en primer lugar, que el reproche en examen, se ubica en el motivo inicial del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil; en segundo término, que tal vulneración, de haberse dado, se produjo en forma directa; y; finalmente, que esa anomalía aconteció por interpretación errónea, toda vez que el Tribunal no le otorgó al precepto supuestamente quebrantado, su verdadero alcance.

2. Superados esos escollos técnicos, síguese a ver si el artículo 21 de la Ley 546 de 1996, único invocado en la censura como trasgredido, ostenta naturaleza sustancial.

2.1. Al respecto, bueno es memorar, por una parte, que en todos los cargos que se sustenten en la causal primera de casación, “se señalarán las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas” (inc. 1º, num. 3º, art. 374, CPC).

Por otra, que ese mandato fue modulado por el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, así:

Sin perjuicio de lo dispuesto en los respectivos códigos de procedimiento acerca de los requisitos formales que deben reunir las demandas de casación, cuando mediante ellas se invoque la infracción de normas de derecho sustancial se observarán las siguientes reglas: 

1°. Será suficiente señalar cualquiera de las normas de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa. 

2°. (...). 

Y, finalmente, que el advertido carácter solamente lo tienen las normas que, “en razón de una situación fáctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas también concretas entre las personas implicadas en tal situación (CSJ, SC del 19 de diciembre de 1999, se subraya. En similar sentido, entre otras, pueden citarse las sentencias del 9 de marzo de 1995, 30 de agosto, 9 de septiembre y 9 de diciembre de 1999 y 3 de septiembre de 2004), por lo que quedan excluidos los preceptos que se limitan a definir fenómenos jurídicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria.

2.2. Establece la disposición legal que el censor señaló como quebrantada:

ART. 21.Deber de información. Los establecimientos de crédito deberán suministrar información cierta, suficiente, oportuna y de fácil comprensión para el público y para los deudores respecto de las condiciones de sus créditos, en los términos que determine la Superintendencia Bancaria. 

Durante el primer mes de cada año calendario, los establecimientos de crédito enviarán a todos sus deudores de créditos individuales hipotecarios para vivienda una información en las condiciones del presente artículo. 

2.3. En este asunto, la demandante, como se desprende de la síntesis que se consignó del libelo introductorio, pretendió se condenara al banco accionado a indemnizarle los perjuicios que experimentó, como consecuencia, entre otros hechos, de que aquél, en desarrollo del contrato de mutuo que los vinculaba, concedido para la adquisición de vivienda, se abstuvo de informarle la decisión de no continuar pagando la prima del seguro de vida, tomado como garantía adicional de la deuda.

A su turno, esa fue la comprensión que, en líneas generales, hizo de la acción el sentenciador de segunda instancia, razón por la cual aludió al genuino alcance de la citada norma y descartó, conforme ese entendimiento, que ella disciplinara la información echada de menos por la actora.

2.4. Así las cosas, independientemente de las resultas del presente recurso extraordinario y, por ende, del proceso, se impone admitir la sustancialidad del precepto examinado en el caso sub lite, toda vez que él, como viene de acotarse, fue uno de los que blandió, de un lado, la actora, para estructurar la responsabilidad que reclamó, y, de otro, el Tribunal, para negar la misma.

3. A efecto de deducir el fracaso de la acción de responsabilidad civil contractual intentada y, como consecuencia de ello, la pertinencia de confirmar el fallo desestimatorio dictado en primera instancia, el ad quem echó de menos la concurrencia de sus elementos estructurales, a saber la culpa, el daño y el nexo de causalidad.

Al respecto explicó, que como el negocio celebrado por las partes fue de mutuo, caracterizado por ser unilateral (art. 2221, C.C.), de él no se desprendieron obligaciones a cargo del banco y, por lo mismo, mal podía predicarse, en relación con este sujeto procesal, la existencia de una culpa contractual, propiamente dicha, en tanto que su efectiva configuración exigía la insatisfacción total o la ejecución imperfecta de ese acuerdo de voluntades, lo que aquí no aconteció.

Y añadió que en el supuesto de admitirse como tal, el incumplimiento del deber de información denunciado por la demandante y predicado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-1091 de 2005 (dictada en la acción de tutela que, por similares hechos, se gestionó entre las mismas partes), la responsabilidad peticionada, de todas maneras, no podía acogerse, por encontrarse insatisfechos los restantes elementos axiológicos que la componen, esto es, del daño y del nexo de causalidad.

Lo primero, porque el perjuicio que la actora dedujo de la omisión reprochada al banco, es meramente hipotético o eventual, toda vez que consistió en la pérdida de la oportunidad de retomar el pago de las primas, o de contratar otro seguro; y, lo segundo, puesto que la advertida conducta de la entidad crediticia, no fue la causa determinante y exclusiva para que la aseguradora no pagara el seguro, negativa que se originó en la desatención, por parte de la señora Cárdenas de Hernández, de su obligación, esa sí contractual, de sufragar la prima fijada en la respectiva póliza de vida.

4. Se sigue de lo anterior, que el tribunal contempló como hipótesis dentro de su fallo, que el banco sí incurrió en incumplimiento contractual debido, precisamente, a que no informó oportunamente a la aquí demandante la decisión de no continuar sufragando, en su nombre, las cuotas en las que se fraccionó la prima del seguro de vida, tomado como garantía accesoria de la deuda.

Ese análisis, por sí sólo, descarta que la citada corporación no hubiese aplicado el artículo 21 de la Ley 546 de 1996 o que, al hacerlo, no le hubiere imprimido toda su fuerza, en tanto que, se reitera, dicha autoridad infirió la existencia de culpa contractual en el comportamiento de la entidad crediticia, de la sola falta de información que se le atribuyó.

La advertida postura del sentenciador de segunda instancia, al mismo tiempo, deja al descubierto que la acusación auscultada carece de razón, pues a diferencia de lo que predicó su proponente, lo cierto es que esa autoridad sí hizo actuar, y sin restarle alcances, a la citada norma, de donde mal podía, o puede, afirmarse lo contrario, toda vez que resulta imposible establecer de qué manera el Tribunal, al aplicarla, la cercenó en cuanto hace a sus efectos jurídicos.

5. Desde la perspectiva en precedencia expuesta, esto es, que el elemento culpa de la responsabilidad reclamada estaba cumplido, toda vez que BANCOLOMBIA S.A. incumplió la obligación que tenía para con la demandante, de informarle sobre la suspensión de los pagos de la prima del seguro de vida, el cargo envuelve su propio fracaso, pues enderezado por la vía directa, según ya se precisó, implicó la conformidad del censor con la totalidad de las conclusiones a las que, en el campo de los hechos, arribó el sentenciador de instancia, en este caso, de un lado, que los daños derivados de la falta de información imputada al banco, son meramente hipotéticos y eventuales, y, de otro, que esa omisión no fue la causa determinante y exclusiva de que la aseguradora no pagara el seguro de vida, apreciaciones del ad quem que condujeron a éste a aseverar la ausencia de los elementos daño y nexo causal y, por ende, que la responsabilidad endilgada al banco, no estaba llamada a buen suceso.

Y no hay cómo interpretar la acusación, para entender que ella se edificó por la vía indirecta, pues ninguna mención sobre esas conclusiones fácticas, o sobre las pruebas, hizo el censor, de donde ninguna factibilidad existe para deducir que su reproche concernió con la ponderación de los medios de convicción.

6. Con otras palabras, el cargo deviene por completo desenfocado, en tanto que, por una parte, con él se atacó una falencia que el Tribunal no cometió, como fue que hubiese ignorado el incumplimiento, por parte del banco, del deber de información que tenía para con su cliente, la aquí demandante; y, por otra, se dejaron de combatir las verdaderas razones en las que el Tribunal cimentó su decisión, esto es, la insatisfacción de los presupuestos estructurales de la acción reclamada, relativos al daño y al nexo de causalidad.

7. Así las cosas, el cargo deviene impróspero.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 8 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso que se dejó plenamente identificado en los comienzos de este proveído.

Costas en casación, a cargo de la impugnante. Como la demanda con la que se sustentó dicho recurso extraordinario, fue replicada oportunamente por la opositora, se fija, como agencias en derecho, la suma de $ 6.000.000.oo. Por la Secretaría de la Sala elabórese la correspondiente liquidación.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco, con ausencia justificada—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.