Sentencia SC4415-2016/2012-02126 de abril 13 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp.: 11001-02-03-000-2012-02126-00

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

Aprobado en sesión de primero de marzo de dos mil dieciséis

Bogotá D.C., trece de abril de dos mil dieciséis.

Se resuelve el recurso extraordinario de revisión que formuló el señor Alberto Ruiz Llano contra la sentencia proferida el primero de febrero de dos mil once por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal.

I. Antecedentes

A. La pretensión

Con fundamento en la causal octava del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, el impugnante pretende se declare sin valor la sentencia que es objeto de la revisión.

B. Los hechos

1. El 25 de agosto de 2005 Alberto Ruiz Llano formuló demanda ordinaria agraria de perturbación de la posesión contra Camilo Luis Akl Moanack, con el fin de obtener la restitución del predio El Caimán o La Macumba, ubicado en el municipio de Orocué (Casanare), y la orden de respetar la posesión ejercida sobre el mismo.

2. Afirmó que el demandado le arrebató su posesión sobre el inmueble en agosto de 2004, mediante la expulsión de sus administradores, encargados y trabajadores, de lo cual tuvo conocimiento el 27 de ese mes y año.

3. La demanda se presentó el 25 de agosto de 2005.

4. En su contestación, el demandado se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de “ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales”; “no se cita en la demanda a la persona que según la ley debe citarse”; “pleito pendiente”; e “inexistencia del derecho”. Adujo que el demandado jamás ejerció la posesión del predio conocido con el nombre de “El Caimán” o “La Macumba”.

5. El 26 de febrero de 2010 se dictó sentencia que negó las pretensiones y condenó en costas al actor. En su motivación, el a quo consideró que de acuerdo con lo establecido en el artículo 976 del Código Civil, para la fecha en que se promovió el proceso “la acción ya había prescrito”.

6. El demandante interpuso recurso de apelación con sustento en que no era viable declarar la prescripción, por cuanto esta no se alegó. Sostuvo que las pruebas confirman que Camilo Luis Akl Moanack lo despojó de la posesión que ejercía, motivo por el que debió acogerse el petitum.

7. Mediante sentencia de 1º de febrero de 2011, el Tribunal confirmó la providencia de primera instancia porque el término previsto en el artículo 976 del estatuto civil es de caducidad y no de prescripción, por lo que era viable su decreto de oficio.

C. El recurso extraordinario de revisión

Con fundamento en la causal 8ª del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, el impugnante afirmó que existió nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso, toda vez que la competencia del Tribunal se circunscribía a lo que fue materia de la apelación, es decir a resolver si procedía o no la declaración de prescripción que no fue alegada por la parte demandada, sin que fuera viable pronunciarse sobre la caducidad.

De ahí que el ad quem incurrió en el motivo contemplado en el numeral 2º del artículo 140 del ordenamiento adjetivo, pues al exceder los límites de lo que fue objeto del recurso, traspasó la ‘competencia funcional’ que le había sido asignada.

Agregó que la decisión fue caprichosa porque el término extintivo contemplado en el artículo 976 del Código Civil claramente es de prescripción, como lo expresa esa norma, y no de caducidad, como erróneamente fuera interpretado por el Tribunal.

D. Trámite del recurso extraordinario

1. El 15 de marzo de 2013 se admitió la demanda y se ordenó correr el traslado de rigor.

2. El demandado solicitó negar las pretensiones porque, a su juicio, no se configuró la nulidad alegada.

3. Mediante proveído de 24 de mayo de 2013 se decretaron las pruebas solicitadas.

4. El 5 de julio de 2013 se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión, oportunidad que ambas aprovecharon.

II. Consideraciones

1. El recurso de revisión es un medio de impugnación extraordinario que tiene por finalidad corregir los errores evidentes y trascendentales en que haya incurrido una sentencia ejecutoriada. Es una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias en cuanto otorga primacía a la protección de la buena fe (causales 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª), el derecho de defensa (causales 7ª y 8ª) y la cosa juzgada anterior (causal 9ª).

Con relación al mecanismo procesal de desconocer de manera excepcional y justificada el principio de la inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, Chiovenda explica:

Nada ofende en sí a la razón, que la ley admita la impugnación de la cosa juzgada; pues la autoridad misma de la cosa juzgada no es absoluta y necesaria, sino que se establece por consideraciones de utilidad y oportunidad; de tal suerte que esas mismas consideraciones pueden a veces aconsejar que sea sacrificada, para evitar la perturbación y el daño mayores que se producirían de conservarse una sentencia intolerablemente injusta. (Instituciones de derecho procesal civil. Vol. III. Madrid: 1940, p. 406)

Mas, el recurso que se analiza, precisamente por ser excepcional, requiere la delimitación precisa de su ejercicio, pues de otro modo se desfiguraría su naturaleza extraordinaria y la seguridad jurídica de los fallos legalmente en firme sufriría un grave menoscabo.

Por ello, el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil consagra los únicos nueve casos en los que es posible fundamentar la revisión de una sentencia. Dentro de estos, se encuentra el que se alegó en la demanda que se examina (numeral 8º), correspondiente a la “nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso”.

2. Esta causal se refiere a la nulidad que surge en el acto mismo de dictar el fallo con que termina el juicio, siempre y cuando no procedan en su contra los recursos de apelación o de casación, pues ante esta posibilidad, la irregularidad deberá alegarse al sustentar tales mecanismos de defensa; de modo que si la respectiva impugnación no se interpuso, se produce el saneamiento del eventual vicio.

Respecto de esta causal, ha reiterado la Corte que “…no se trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en este el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esta oportunidad, so pena de considerarla saneada; ni tampoco de indebida representación ni falta de notificación o emplazamiento, que constituye causal específica y autónoma de revisión, como lo indica el numeral 7º del texto citado, sino de las irregularidades en que, al tiempo de proferir la sentencia no susceptible del recurso de apelación o casación, pueda incurrir el fallador y que sean capaces de constituir nulidad, como lo sería, por ejemplo, el proferir sentencia en proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacción o perención; o condenar en ella a quien no ha figurado como parte; o cuando dicha providencia se dicta estando suspendido el proceso”. (CXLVIII, 1985)

De igual modo, la jurisprudencia ha aclarado que la nulidad que surge del fallo tiene que ser de naturaleza estrictamente procesal, en tanto la finalidad del recurso de revisión se dirige a “abolir una sentencia cuando en ella misma o con ocasión de su pronunciamiento se ha vulnerado el debido proceso o menoscabado el derecho de defensa”. (CSJ SC, 22 Sep. 1999. R. 7421)

Es decir que ha de tratarse de “una irregularidad que pueda caber en los casos específicamente señalados por el legislador como motivos de anulación, puesto que en el punto rige en el procedimiento civil el principio de taxatividad, como es bien conocido. (SR 78 de 12 de marzo de 1991, sin publicar), lo cual significa que ‘los motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que —a más de estar expresamente previstos en el Código de Procedimiento Civil— …se hayan configurado exactamente en la sentencia y no antes”. (CSJ SC, 29 oct. 2004. Rad. 03001)

La doctrina ha indicado que esta causal de nulidad puede originarse “con la sentencia firmada con menor número de magistrados o adoptada con un número de votos diversos al previsto por la ley, o la pronunciada en proceso legalmente terminado por desistimiento, transacción, perención, o suspendido o interrumpido” (Hernando MORALES MOLINA. Curso de derecho procesal civil. Parte general. 8ª ed. Bogotá: ABC, 1983. P. 652)

Adicionalmente, esta Corporación ha admitido que la irregularidad bajo análisis se presenta también cuando se condena a quien no ha figurado en el proceso como parte, o si al resolver la solicitud de aclaración del fallo se termina modificándolo, y cuando se dicta sentencia “sin haberse abierto el proceso a pruebas o sin que se hayan corrido los traslados para alegar cuando el procedimiento así lo exija”. (CSJ SC, 29 Ago. 2008. Rad. 2004-00729)

La nulidad originada en la sentencia se refiere, de manera exclusiva, a la ausencia de alguno de los requisitos formales que la ley exige para la constitución de ese acto procesal, visto únicamente desde una perspectiva procedimental; es decir por faltar el presupuesto adjetivo que se requiere para que dicho fallo produzca los efectos jurídicos que la ley instrumental le atribuye. De ahí que pueda ser considerado como una nulidad procesal y no como un error en la argumentación, pues esto último podrá ser objeto de casación por vicios in judicando en los casos en los que hubiere lugar, pero no de revisión.

Esta nulidad, por tanto, no puede confundirse con las deficiencias o excesos que pueda tener el contenido de la sentencia, y que dicen relación a su fundamentación jurídica o probatoria, a la razonabilidad de sus conclusiones o, en fin, a cualquier tema relacionado con el fondo de la controversia.

3. Por regla general, la nulidad por falta de competencia no es un vicio que pueda originarse en la sentencia, pues la atribución de poder de decisión al funcionario legalmente facultado para conocer de un litigio determinado se realiza en el umbral del proceso y no al momento de adoptar la resolución de mérito.

Siendo la competencia la aptitud del juez para ejercer la jurisdicción del Estado en un caso concreto, de conformidad con las reglas establecidas por el Título II del Código de Procedimiento Civil, resulta incontestable que su fijación se da en las primeras etapas del juicio, teniendo el juez tres oportunidades para pronunciarse al respecto, a saber:

a) Al realizar el examen sobre la admisibilidad de la demanda, de acuerdo con lo dispuesto en los incisos penúltimo y antepenúltimo del artículo 85 de la ley procesal:

El juez rechazará de plano la demanda cuando carezca de jurisdicción o de competencia, o exista término de caducidad para instaurarla, si de aquélla o sus anexos aparece que el término está vencido.

Si el rechazo se debe a falta de competencia o jurisdicción, el juez la enviará con sus anexos al que considere competente; en los demás casos, al rechazar la demanda se ordenará devolver los anexos, sin necesidad de desglose.

b) Al resolver la excepción de falta de competencia alegada por el demandado dentro del término de traslado de la demanda, según lo dispone el numeral 2º del artículo 97 ejusdem. Puede el juez, en efecto, haber pasado inadvertida la circunstancia prevista en el artículo 85 ya citado, lo que permite al demandado alegar la incompetencia como excepción previa.

c) Por último, si la excepción no es opuesta, debe el juez adoptar las medidas que considere necesarias para evitar nulidades y sentencias inhibitorias, según lo dispone el Parágrafo 5º del artículo 101 del estatuto adjetivo. Sin embargo, en tratándose de una situación de incompetencia, el deber que este precepto impone al juzgador se concreta exclusivamente al factor funcional —que es el único insaneable—, pues los demás motivos de incompetencia se entenderán saneados por la voluntad de las partes si estas no los alegaron en su debida oportunidad procesal. De hecho, la ley procesal prohíbe al juez declarar la falta de competencia distinta de la funcional si la parte interesada no la invocó en la forma y términos previstos en ese ordenamiento (artículos 148 inciso 2º y 144 num. 5º).

Con todo, puede darse el caso que la nulidad por falta de competencia funcional no sea advertida en ninguna etapa previa a la sentencia de segunda instancia y, por tanto, se dicte este acto procesal bajo la presencia del aludido vicio, lo que ameritaría la interposición del recurso extraordinario de casación, con invocación de la causal 5ª, si a ello hubiere lugar, a fin de corregir la anomalía procesal generadora de nulidad insaneable.

4. Con relación a la nulidad por falta de competencia funcional, esta Corporación tiene dicho lo siguiente:

Como bien se sabe, para la distribución de la competencia entre los distintos funcionarios judiciales, deben tenerse en cuenta ciertos criterios que en el derecho procesal se conocen como factores determinantes de competencia, uno de los cuales es el funcional, referido al repartimiento vertical o por grado de la competencia, en consideración a estadios procesales. Sin duda alguna, la noción distintiva entre jueces a quo y ad quem, nace de la aplicación de este criterio distributivo, porque entre uno de sus roles está, precisamente, el de poner en vigencia el principio constitucional de la doble instancia, según el cual al superior jerárquico funcional le corresponde conocer, entre otros, del recurso de apelación interpuesto contra las providencias dictadas por sus inferiores…

…ese conocimiento del ‘superior’, juez de segunda instancia, surge con ocasión de la presencia de las condiciones que el legislador ha establecido para la adquisición de esa competencia (funcional); exigencias que no son otras distintas a las señaladas por los artículos 351 y 352 ibídem, como requisitos para la concesión y admisibilidad del recurso de apelación, a los cuales deben aunarse los generales para todo recurso, siendo en su totalidad los siguientes: a) que la providencia sea apelable; b) que el apelante se encuentre procesalmente legitimado para recurrir; c) que la providencia impugnada cause perjuicio al recurrente, por cuanto le fue total o parcialmente desfavorable, y d) que el recurso se interponga en la oportunidad señalada por la ley, consultando las formas por ella misma establecidas.

Si los citados requisitos no se cumplen, por referirse ellos a condiciones formales de procedibilidad que tocan con la admisibilidad del recurso y no con su fundabilidad, entonces, el inferior debe negar su concesión, pues de no proceder así el superior debe inadmitirlo, como expresamente lo indica el inciso 3º del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, cuando preceptúa: “Si no se cumplen los requisitos para la concesión del recurso, este será declarado inadmisible y se devolverá el expediente al inferior…

Si no obstante las previsiones legales, el a quo y el ad quem, separándose de ellas, conceden y admiten un recurso de apelación con olvido de los requisitos vistos, no por ello se puede concluir en el abono o prórroga de la competencia funcional, porque siendo normas de orden público las reguladoras del recurso y por ende del factor funcional que opera, son de imperativo cumplimiento, lo cual a la postre implica que la competencia se adquiere pero bajo la pauta de un principio de reserva y estricta legalidad, que solo tiene realización en tanto se agoten los requisitos mínimos para la admisibilidad del recurso. Por razones semejantes, la parte in fine del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, consagra como no saneable la nulidad derivada de la falta de competencia funcional, instituyéndola por consecuencia como una de las causas de nulidad que luego se puede aducir como motivo de casación (artículo 368, ord. 5º, ibídem), así la parte impugnante en el recurso extraordinario no lo haya denunciado en el curso de la segunda instancia… (CSJ SC 22 de septiembre de 2000. Rad. 5362)

Sin embargo, según nuestro ordenamiento procesal, la competencia funcional no se limita a los niveles (superior o inferior) en que los distintos jueces conocen de un recurso vertical, sino que se refiere, además, a una asignación de funciones específicas a cada uno ellos, sin atender al grado, cuando se trata de resolver un asunto distinto a una impugnación. Sobre el particular esta Sala ha aclarado:

En virtud del factor funcional en estricto sentido, que es el que aquí interesa, el legislador toma en cuenta la diversa índole de las funciones que deben cumplir los jueces que intervienen en las distintas instancias de un mismo proceso (competencia por grados), de modo que habrá jueces de primera y de segunda instancia; pero se sabe además que el Código de Procedimiento Civil colombiano aplica el factor funcional según la clase de función que el juez desempeña en un proceso, distinta del grado, y así por ejemplo tiene la Corte competencia funcional para conocer del recurso de casación o de revisión. (CS SC 26 Jun 2003, Rad. 7258)

Aunque comúnmente se le suele llamar competencia por razón del grado, es más apropiado denominarla por razón de la función, porque la ley la establece atendiendo la labor especial que desempeña el órgano judicial al administrar justicia y no únicamente por las distintas instancias en que el juicio se encuentre. Según Carnelutti, esta competencia se da “por la especial actividad que le está encomendada a un tribunal, lo que da lugar a la conocida división en tribunales de primera, de segunda instancia y de casación.” (Eduardo Payares. Diccionario de derecho procesal civil. p. 162)

Así, aunque la competencia funcional se circunscribe generalmente a la distribución de los procesos entre jueces de primera, de segunda instancia y la Corte de Casación, también obedece a las precisas funciones que se les asignan a los distintos órganos judiciales sin atender al grado, como por ejemplo el exequátur de sentencias y laudos arbitrales proferidos en país extranjero, o los procesos contenciosos en que sea parte un agente diplomático acreditado ante el gobierno de la República, en los casos previstos por el derecho internacional, cuyo conocimiento corresponde a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Como resulta fácil advertir, la competencia funcional es un asunto esencialmente distinto a lo que ocurre cuando el juez, al momento de resolver la impugnación, incurre en yerros sobre el fondo del litigio, como acontece cuando extiende su decisión a puntos que no fueron materia de inconformidad por parte del recurrente.

De hecho, las reglas que fijan la competencia responden a necesidades de orden público, por lo que no son susceptibles de ser prorrogadas por la voluntad de las partes, cualquiera que sea el factor que la determine, tal como lo dispone el artículo 13 del Código de Procedimiento Civil. De ahí que ningún factor de competencia puede quedar supeditado al arbitrio de los litigantes expresado en la sustentación de sus recursos.

La atribución de competencia a un funcionario judicial para la resolución de un caso concreto no tiene nada que ver con las limitaciones a que aquél queda sujeto a la hora de resolver un extremo del litigio en razón de un recurso de apelación, porque ambas situaciones obedecen a necesidades prácticas y a institutos procesales de distinta naturaleza y finalidad.

De manera que si el juez que conoció del recurso de apelación fue efectivamente el funcionario que la ley procesal tiene previsto para pronunciar el fallo de segunda instancia, entonces no es posible que se incurra en nulidad por el factor funcional.

La competencia funcional —se reitera— se concreta a los eventos descritos en el Capítulo IV del Título II (artículos 25 a 28) del ordenamiento procesal, y en él definitivamente no se incluye —como no puede estar incluida— una situación de reformatio in pejus o del principio tantum devolutum quantum appellatum consagrado en el artículo 357 de la ley adjetiva.

5. De conformidad con lo estipulado por este precepto, “la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.

La citada disposición enuncia el postulado que la doctrina ha denominado ‘tantum devolutum quantum appellatum’, por cuya virtud el conocimiento del juez que resuelve la impugnación formulada por un apelante único se encuentra circunscrito a las precisas cuestiones que hayan sido objeto del recurso. Esta limitación es la expresión de un principio general del derecho procesal, según el cual el juez que conoce de un recurso está circunscrito a lo que es materia de agravios, dado que no está facultado para despojar al apelante único del derecho material que le fue reconocido en la providencia recurrida, y que fue aceptado por la contraparte que no impugnó un extremo del litigio que le desfavoreció. De este modo, lo que no es materia de impugnación se tiene como consentido, sea beneficioso o perjudicial, por lo que la alzada (y de hecho, cualquier recurso) se resuelve en la medida de los agravios expresados.

Este postulado reposa en el principio de congruencia, pues los jueces de apelación no pueden fallar sobre ningún asunto que no les haya sido propuesto, a menos que esté íntimamente ligado con el objeto de la impugnación. De suerte que cuando la apelación ha sido puntual, los demás aspectos de la sentencia —esto es los que no fueron objeto de recurso— adquieren la autoridad de la cosa juzgada.

No es, sin embargo, cualquier punto que al recurrente le interese dejar inalterado el que tiene la virtualidad de limitar la resolución del juzgador ad quem, sino que debe tratarse de una impugnación parcial en la que el extremo del litigio que no es recurrido no se relaciona con el tema que es materia de la censura; además, debe tratarse de una decisión que no fue atacada por la parte legitimada para ello, habiendo tenido la oportunidad de hacerlo.

Los poderes del ad quem para rescindir total o parcialmente la resolución impugnada —explica Eduardo Payares—, se determinan de acuerdo con la regla de Derecho que reza: Tantum devolutun quantum apellatum. Con ello quiere decirse que el tribunal ad quem, solo puede reformar la sentencia impugnada dentro de los límites en que se impugnó: si fue atacada en su integridad, totalmente si así procede; si se objetó parcialmente, los poderes el tribunal mencionado quedan restringidos en la misma medida. En otras palabras, la sentencia del ad quem, y, en general todas las que se dicten para resolver un recurso, deben ser congruentes con las pretensiones del recurrente”. (Diccionario de Derecho Procesal Civil, p. 681)

Este principio no puede confundirse con la prohibición de reformatio in pejus prevista en el artículo 31 de la Constitución Política, según la cual “el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”; argumento este que utilizó el recurrente para fundamentar la causal alegada en revisión.

Tanto si el recurso abre una segunda instancia —explica el referido autor—, como cuando no lo hace, rige el principio de la reformatio in pejus, que consiste en lo siguiente: si una de las partes impugna una resolución, y la otra se conforma con ella, tácita o expresamente, la sentencia que declare improcedente el recurso, no puede modificar la resolución impugnada dañando al recurrente. Este principio se funda en que los recursos los otorga la ley en beneficio de quien los utiliza, y no en su perjuicio. (Ibid, p. 682)

La reformatio in pejus presupone: a) que se trate de un apelante único, lo que implica que la parte perjudicada con la decisión se conforma con ella al no impugnarla; y b) que la sentencia que resuelve el recurso desmejore la situación del recurrente reconocida en la primera instancia. Para los efectos de esta figura resulta irrelevante si se trata de una impugnación parcial (que ataca uno o algunos extremos del litigio, entendiendo por tales los puntos o temas que constituyen el centro de la controversia) o total, dado que el principio se viola cuando se empeora el derecho sustancial que la sentencia censurada reconoció al único recurrente.

El principio tantum devolutum quantum appellatum, en cambio, tiene su esencia en el desbordamiento del tema que fue materia de la apelación, por lo que su violación solo puede presentarse cuando se trata de una impugnación parcial, esto es que el recurso no cuestiona todos los extremos o puntos resueltos por la sentencia y, a pesar de ello, el superior decide puntos distintos a los que se cuestionaron en la sustentación del recurso.

Aun cuando ambas figuras suelen confluir a menudo, no son esencial ni necesariamente coincidentes. De hecho, puede ocurrir que el juez ad quem traspase los límites de los temas fijados por el apelante único en la sustentación de su recurso, violando de esa manera la prohibición consagrada en el artículo 357, sin que ello implique reformar la decisión en perjuicio del único impugnante; como también puede acontecer que el fallador modifique la decisión en detrimento de los intereses del único apelante sin traspasar los contornos del tema que fue materia de ataque.

En ese orden, ni la reformatio in pejus invocada expresamente por el recurrente, ni el principio tantum devolutum quantum appellatum, al que hiciera alusión indirecta al citar el artículo 357 del ordenamiento adjetivo, corresponden a supuestos jurídicos que puedan encuadrarse en la causal de nulidad por falta de competencia ‘funcional’ originada en la sentencia, porque no están referidos a la distribución del trabajo entre los distintos despachos judiciales en razón de la función que la ley adjetiva les atribuye, sino que comportan errores en el contenido material del fallo.

Ello es así aun cuando el artículo 357 lleve por título “competencia del superior”, lo cual no es más que una impropiedad terminológica, pues como quedó explicado con suficiencia al principio de esta parte motiva, pronunciarse sobre puntos o extremos del litigio que no fueron materia de la apelación —ni están íntimamente conectados con ella— no es un problema de competencia funcional del juez ad quem sino un asunto que atañe al derecho sustancial que tiene el recurrente para que la resolución de su impugnación no toque puntos que no quiso llevar al debate de la segunda instancia.

De ahí que cuando se pretende atacar la sentencia de segunda instancia por violación al principio de la no reformatio in pejus, tal acusación deberá plantearse en el ámbito de la causal cuarta del artículo 368 de la ley adjetiva. En tanto que si el fundamento de la acusación obedece a un desviación del tema que fue objeto de la pretensión deducida en la sustentación del recurso, el ataque deberá dirigirse por la senda de la causal segunda de casación, por vicio de incongruencia entre lo pedido por el impugnante y lo resuelto por el ad quem.

En efecto, el artículo 305 del estatuto procesal señala que “la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”.

Luego, la incongruencia no se presenta solo cuando existe una disonancia entre lo invocado en las pretensiones de la demanda y lo fallado, sino que también se patentiza cuando la sentencia no armoniza con lo pedido en la sustentación del recurso (pretensión impugnaticia), que indudablemente corresponde a una invocación del derecho sustancial controvertido.

Para el ataque de ambos tipos de errores en la sentencia de segunda instancia, la ley procesal tiene reservado el recurso extraordinario de casación, toda vez que atañen al fondo de la decisión, sin que tengan ninguna relación con las nulidades procesales. De ahí que ninguna de esas figuras está enlistada como motivo de nulidad en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.

Por el contrario, se incurre en nulidad por falta de competencia funcional cuando un juez de segunda instancia resuelve la apelación formulada contra una sentencia dictada en un proceso de única instancia; o cuando el fallador de segundo grado no es el que la ley procesal tiene previsto para tal función; cuando un Tribunal resuelve una solicitud de exequátur; cuando un juez de circuito adelanta un proceso contra agente diplomático; o cualquier otro evento que contravenga las disposiciones del Capítulo IV del Título II del Código de Procedimiento Civil.

En conclusión, y a modo de recapitulación: desde el momento que el juez asume el conocimiento de un proceso de conformidad con las reglas expresadas en los artículos 25 a 28 del ordenamiento procesal, se cumple con la voluntad de la ley instrumental en materia de asignación de competencia, sin que pueda aducirse una causal de nulidad ‘por falta de competencia’ con apoyo en un argumento relacionado con el tema que es objeto del fondo de la decisión. De manera que si el superior es el funcionario que la ley procesal tiene asignado para conocer del recurso de apelación, se satisface el factor de competencia funcional con total prescindencia de lo que llegue a decidir sobre el mérito del recurso.

6. Las anteriores razones no solo marcan la pauta para resolver el recurso que en esta oportunidad ocupa la atención de la Corte, sino que ameritan una rectificación de la doctrina de esta Sala que en ocasiones anteriores ha identificado, de manera imprecisa, la violación del principio consagrado en el artículo 357 de la ley procesal con la prohibición de reformar la sentencia en perjuicio del apelante único, y confundir ambas figuras con una especie de falta de competencia funcional.

Así, en sentencia de 4 de julio de 1979 se indicó:

La competencia funcional en el sentenciador de 2º grado, originada por el recurso de apelación que se propuso contra el fallo pronunciado por el juez de primera instancia, unas veces es panorámica o lo suficientemente extensa como que le permite la revisión total de lo decidido por el a quo y, otras veces, es restringida con motivo de principios que rigen la alzada, como el de la reformatio in pejus. Este, que se presenta con claro respaldo legal en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, consiste en que el recurso de ‘apelación se entiende interpuesto en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto, el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuera indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones’.

La reformatio in pejus, que se traduce en un principio negativo, por cuanto le prohíbe al juez ad quem modificar la providencia apelada en perjuicio del recurrente cuando la contraparte no ha interpuesto la apelación, ni ha adherido a dicho recurso, se configura mediante las condiciones siguientes: a) vencimiento parcial de un litigante; b) que solo una parte apele; c) que el sentenciador ad quem haya empeorado con su decisión al único recurrente; y d) que la reforma no se funde en puntos íntimamente ligados con ella. (…)

Empero, no solo el principio antes aludido constituye una limitación a los poderes de decisión del sentenciador ad quem, puesto que no siendo absoluto o irrestricto, también se encuentra restringido por el objeto mismo sobre el cual versa el recurso de alzada, o sea, sobre la sujeta materia de la apelación. El sentenciador de segundo grado no tiene más poderes que los que le ha asignado el recurso formulado, pues no está autorizado para modificar las decisiones tomadas en la sentencia que no han sido impugnadas por la alzada, puesto que al efecto no tiene competencia, como quiera que se trata de puntos que escapan a lo que es materia de ataque. (CSJ SC, 4 de julio de 1999. GJ 2400, p. 240).

En SC de 12 de octubre de 2004, en relación con el artículo 357 del ordenamiento procesal, esta Corporación sostuvo:

Fluye de lo anterior, entonces, que cuando el superior conoce de un proceso en virtud del recurso de apelación interpuesto por una sola de las partes, su competencia no es, en principio, panorámica ni absoluta, cuanto que queda restringida a los puntos de inconformidad del recurrente de quien se entiende, cuando como aquí se ha expresado en términos limitados, que consiente o acepta las demás determinaciones contenidas en la sentencia apelada. Esta limitación le impide al juez de segundo grado ir más allá de lo que se le propone (…)

Ahora bien, si el juez ad quem en las circunstancias anotadas desborda los hitos o mojones que al recurso de apelación le ha propuesto el propio impugnante, incurre en un exceso reprochable que atenta contra la competencia funcional que puede ejercer, vicio del cual la ley procesal no otorga posibilidades de saneamiento. (Rad. 7922)

En idéntico sentido, en SC de 8 de septiembre de 2009 se afirmó:

Del anterior recuento puede inferirse que la exigencia legal de sustentar el recurso de apelación, reserva al recurrente la tarea de denunciar explícitamente los aspectos de la decisión de primera instancia que le resultan desfavorables e implica que el impugnante tiene la opción de descartar algunas aristas de la decisión, siempre y cuando tales restricciones se deriven nítidamente del contenido de la sustentación, caso en el cual la competencia del juzgador de segunda instancia se encuentra anudada a los intereses expresados por quien intenta aniquilar el fallo. En el fondo de lo que se trata es de poner dique al poder del juez de segundo grado para que este no pueda irrumpir con su particular criterio para edificar una impugnación que el recurrente no hizo. (Rad. 2001-00585-01).

Los anteriores extractos jurisprudenciales, que en todo caso corresponden a sentencias dictadas en sede de casación, mas no de revisión, contienen varias inconsistencias, según quedó precisado líneas arriba, a saber:

a) Identifican plenamente la no reformatio in pejus con el principio tantum devolutum quantum appellatum, lo cual no es rigurosamente acertado, pues aunque ambos pueden llegar a coincidir, como en efecto ocurre con cierta frecuencia, la extralimitación del juez en el tema que es materia de la apelación no necesariamente conduce a una modificación de la decisión para desmejorar la situación del apelante único, como también puede acontecer que el juez perjudique la situación de este, aun manteniéndose dentro de los límites del tema de la impugnación;

b) Pasan por alto que la competencia funcional es una sola y obedece a los criterios fijados por el Capítulo IV del Título II del Código de Procedimiento Civil, y en tal sentido carece de todo sustento legal la distinción entre una supuesta competencia “panorámica” y otra “restringida”;

c) Los temas que pueden ser materia de la decisión por parte del superior en virtud de los contornos fijados por el recurso no son un asunto que afecte la competencia, y por mucho que el juez llegue a traspasar tales confines sigue siendo el funcionario competente porque tiene el poder jurisdiccional del Estado para conocer del litigio en concreto, con total prescindencia de si su decisión es acertada, congruente o ajustada a lo pedido, lo cual es un asunto completamente distinto;

d) Hacen depender la competencia funcional del juzgador de segunda instancia de los intereses expresados por el impugnante, lo cual es a todas luces inapropiado porque ningún factor de competencia está supeditado a la voluntad de los litigantes, dado que la competencia es improrrogable, cualquiera que sea el factor que la determine. (Art. 13 C. de P.C.)

7. Por todas estas razones es preciso concluir que la situación fáctica descrita como fundamento del recurso extraordinario de revisión –alusiva a una supuesta extralimitación del juez ad quem frente al tema que fue objeto de la apelación–, no corresponde a ninguna de las causales enlistadas en el artículo 380 del estatuto adjetivo; y, específicamente, no tiene la aptitud de constituir una nulidad derivada de falta de competencia funcional.

En efecto, de conformidad con lo establecido por el artículo 26 del estatuto procesal, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, en sala civil, conocen en segunda instancia, “de los recursos de apelación y de las consultas en los procesos de que conocen en primera instancia los jueces civiles del circuito, y de los recursos de queja cuando se deniegue el de apelación”.

El proceso que es objeto de este pronunciamiento corresponde a un verbal agrario de perturbación de la posesión (artículo 63.1 Decreto 2303 de 1989), cuyo conocimiento correspondió en primera instancia al Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocué (Casanare).

En consecuencia, resulta incontestable que el superior funcional que debió resolver la apelación debía ser, como lo fue, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, por lo que se cumplió con las reglas que fijan la competencia por el factor funcional.

De ahí que no solo la vía escogida para sustentar el recurso de revisión fuera incorrecta sino que, de todos modos, no se produjo la nulidad alegada.

Por ello, no resulta procedente adentrarse, por vía de revisión, en el examen de fondo de la posible violación del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, ni mucho menos detenerse a analizar si el artículo 976 del Código Civil dispone un término de caducidad o de prescripción.

Ante el fracaso del recurso, se impone condenar al impugnante al pago de las costas y perjuicios, para cuyo pago se hará efectiva la caución prestada. Las costas se tasarán por Secretaría, incluyendo como agencias en derecho la suma de $3.000.000. Los eventuales perjuicios se liquidarán mediante incidente.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DECLARAR INFUNDADO el recurso de revisión que formuló Alberto Ruiz Llano contra la sentencia proferida el primero de febrero de dos mil once por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal.

2. Condenar al recurrente a pagar las costas y perjuicios a favor de la parte opositora. Las costas se tasarán por Secretaría, incluyendo como agencias en derecho la suma de $3.000.000. Los eventuales perjuicios se liquidarán mediante incidente. Para el pago de aquéllas y de estos se hará efectiva la caución prestada.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo—presidente de la Sala Civil—Margarita Cabello Blanco, con salvamento de voto—Fernando Giraldo Gutiérrez, con salvamento de voto—Jairo Parra Quijano—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona, salvamento de voto—Alejandro Venegas Franco.