Sentencia 2012-01110 de abril 8 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001-0203-000-2012-01110-00

Magistrada Ponente

Dra. Ruth Marina Díaz Rueda

SC4417-2014

(Aprobada en sesión de veinticuatro de febrero de dos mil catorce)

Bogotá, D. C., ocho de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Según el artículo 379 del Código de Procedimiento Civil, el recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas de los tribunales, entre otras, y únicamente por los motivos específicamente instituidos en el precepto 380 ibídem; desde luego que constituye una garantía de justicia porque con su formulación se puede obtener la aniquilación de una providencia de esa categoría que fuere injusta, o cuando se haya proferido con serio quebranto del “derecho a la defensa”, o que surja como consecuencia de un comportamiento ilícito de las partes, lo que habilita para romper el carácter de firme e inmutable de que se hallan revestidas por virtud de los efectos de la cosa juzgada.

2. La “revisión” es, entonces, un medio de impugnación eminentemente “extraordinario”, por lo que se encuentra sometido a delimitadas causales señaladas con criterio limitativo, al punto de no resultar apropiado si no es demostrada alguna de ellas, en debida forma. Y al no tener el atributo de una tercera instancia, la que sería extraña al sistema procesal vigente en Colombia, de conformidad con la reiterada jurisprudencia de esta corporación, el recurrente no puede buscar con su interposición “(…) enmendar situaciones graves y perjudiciales que hubieran podido evitarse en el proceso con una gestión oportuna y eficaz de la parte afectada con la sentencia cuya revisión se pretende” (CSJ SC, dic. 19/2011, Rad. 2009-00918), ni un replanteamiento del asunto ya decidido, o pretender mejorar la causa petendi, o las pruebas, es decir, intentar remediar los errores o deficiencias cometidos en las fases anteriores, porque de ser así, se estaría trocando la finalidad del recurso, convirtiéndolo en un medio para impedir que se ejecuten los fallos proferidos en procesos tramitados con plena observancia de las formalidades que les son propias.

Por esa razón la Corte ha reiterado que (…) salvo los supuestos previstos en las causales 7ª, 8ª a y 9ª del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, todos los demás aspectos formales de una sentencia, como los demás vicios o irregularidades cometidas durante la tramitación del proceso en que ella se dicta, como el quebranto de la ley sustancial y los errores de apreciación probatoria en que haya incurrido el juez al proferirla, son, en principio, aspectos que no caben dentro de la órbita del recurso de revisión por tratarse entonces de yerros para cuya corrección se han consagrado justamente los demás recursos (CSJ SC, oct. 24/2011, Rad. 2009-1969).

Además ha expuesto, que el citado medio de refutación (…) no está instituido para replantear el debate, mejorar la prueba o presentar los argumentos de modo más explícito u ordenado. Se ha dicho, en efecto, que 'no es posible discutir (...) los problemas de fondo debatidos en el proceso fuente de la mencionada relación ni tampoco hay lugar a la fiscalización de las razones fácticas y jurídicas en ese mismo proceso ventiladas, sino que cobran vigencia motivaciones distintas y específicas que, constituyendo verdaderas anomalías, condujeron a un fallo erróneo o injusto, motivaciones que por lo tanto no fueron controvertidas anteriormente, por lo que valga repetirlo una vez más, la revisión no puede confundirse con una nueva instancia pues supone, según se dejó apuntado, el que se llegó a una definitiva situación de firmeza y ejecutoriedad creadora de la cosa juzgada material que solo puede ser desconocida ante la ocurrencia de una cualquiera de las anómalas circunstancias que en ‘numerus clausus’ y por ello con un claro sentido de necesaria taxatividad, indica el artículo 380 recién citado (…). (CSJ SC, dic. 16/2010, Rad. 2009-00973).

3. En relación con el proceso en el que fue emitida la sentencia cuestionada y dada la relevancia que tienen para la decisión que se está adoptando, se resaltan los siguientes hechos:

a) El XXXXX formuló, el 21 de febrero de 2005, demanda ejecutiva con título hipotecario contra la aquí accionante extraordinaria, pretendiendo el pago del equivalente en pesos a 505.913.9102 UVR correspondientes a 52 cuotas vencidas desde el 5 de noviembre de 2002 al 5 de febrero de 2005, e igualmente la cantidad de 700.923.5800 UPAC, por concepto del saldo insoluto de la obligación a que se contrae el pagaré Nº 00-88012-0 contentivo de un “otro sí” identificado con el Nº 30-60862-4, más los respectivos réditos moratorios.

b) La entidad crediticia presentó como sustento de sus aspiraciones, el “pagaré para créditos individuales (sistema E- premio)” Nº 88012-0 suscrito el 22 de noviembre de 1994 por Teresa Cuevas de Gaitán y Alfredo Gaitán B., por 3.822.1071 UPAC, para ser pagados en 15 años, a partir de la fecha antes citada. En él se consignó que el monto de “1.102.2815 Upacs corresponden al préstamo otorgado para sustituir el crédito Nº 18724-5, el cual queda extinguido. El saldo, o sea la cantidad de (…) 2. 719.8259 Upacs las destinare(mos) para libre inversión”.

c) El mencionado título valor fue modificado el 19 de abril de 1998, mediante un “otro sí para trasladarse al sistema de amortización supermínima”, cuyo crédito en adelante se identificaría con el Nº 30608624 sobre una cuantía de 4235.5855 UPAC que se cancelaría en 180 cuotas mensuales iguales de “51.6106 UPAC”, a contar desde esta última data y con una tasa de interés remuneratorio del 13% efectivo anual (fls. 2-4).

d) Se incorporó copia de la carta de instrucciones, en la que los deudores consintieron en que el ente prestamista llenara los espacios en blanco por la “cantidad de unidades de poder adquisitivo constante (…) que corresponda al saldo insoluto del crédito en la fecha en que Davivienda diligencie [tales] espacios (…)” (fls. 117 y 120).

e) Igualmente integra el diligenciamiento, la “reliquidación de créditos en UPAC y pesos con UVR” que a 31 de diciembre de 1999 arrojó un monto de “525.274,6604 UVR” a cargo de la ejecutada (fls. 121-124).

f) También fue presentada la primera copia de la escritura pública Nº 5846 de 14 de noviembre de 1983, constitutiva de la garantía real de la mencionada obligación, respecto del apartamento 201 y el garaje 09, con matrículas inmobiliarias Nos. 050-0704805 y 050-0704780, respectivamente, ubicados en el Edificio Convivienda 1, de la carrera 17 Nº 139-71 de Bogotá (fls. 15-36), al igual que los certificados de tradición y libertad de los aludidos bienes, en los que consta que la actual titular del derecho de dominio es XXXXX (fls. 48-51).

g) Así mismo se allegó información suministrada el 30 de agosto de 2005 por la entidad demandante en la que se manifiesta que “[e]n cuanto a la reliquidación de que trata el artículo 41 de la Ley 546 (…) fue aplicada el 14 de abril de 2000, a la obligación Nº 30608624, por un valor de $13.160.503.70 de conformidad con lo dispuesto en la metodología establecida en el Decreto 856 de 1999 tomando la UVR, para cada uno de los días comprendidos entre el 01 de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1999 (…), reliquidación [que] fue realizada verificándose el cumplimiento de los parámetros estipulados en la Ley de vivienda 546 de 1999”. Agrega que “el sistema de amortización aplicada a la obligación es el denominado baja UVR, el cual consiste en una cuota constante en UVR, pero creciente en pesos por efecto de la inflación. En este sistema hay amortización a capital desde el inicio del crédito y en esa medida el saldo en UVR disminuye mes a mes, no obstante, el saldo en pesos aumenta durante aproximadamente las dos terceras partes del plazo, pues en la última etapa de la vida del crédito, el pago cubre además los intereses, el ajuste por inflación” y finaliza señalando que al “23 de agosto de 2005”, la obligación presenta 1752 días de mora (fls. 114-115 c. 1).

h) Mediante auto de 8 de abril de 2005, el Juzgado 35 Civil del Circuito de esta ciudad libró mandamiento de pago por las cantidades solicitadas.

i) La ejecutada XXXXX contestó el libelo y propuso las siguientes defensas:

“Prescripción de la acción cambiaria (…)”, “subsidiaria de la anterior. Prescripción de las cuotas adeudadas desde noviembre de 2000 hasta febrero de 2005 (…)”, “inconstitucional, inexistencia de la obligación por falta de claridad sobre el capital en UVR por haberse empleado en la equivalencia entre la UPAC y la UVR una norma inaplicable por una clara excepción de inconstitucional (sic)”, “cobro de lo no debido con respecto a la suma de capital pactada en el pagaré Nº 00-88012-0 base de la ejecución”, “cobro de lo no debido por capitalización indebida de intereses”, “regulación o pérdida de intereses por cobro excesivo de los mismos - artículo 492 de C.P.C.”, “indebida aplicación de la cláusula aceleratoria”, “enriquecimiento sin justa causa”, “anatocismo”, “abuso de la posición dominante”, “cobro de lo no debido por inexistencia de título ejecutivo para demandar sumas por seguros de vida e incendio”, “cobro de lo no debido o exigibilidad de una obligación ajena al demandado respecto de los contratos de seguro de vida e incendio” y “excepción genérica” (fls. 65-72).

j) Experticias en las que el inicial auxiliar de la justicia designado para revisar la reliquidación del crédito concluyó que a 19 de diciembre de 1999, el XXXXX le debía a la deudora la suma de $23.243.893,78, dictamen que como consecuencia de la objeción formulada por la entidad actora, generó que el nuevo perito determinara que a 31 del citado mes y año, existía un saldo a favor de Lilia Judith Cuevas de $22.816.658,76.

k) Obra así mismo, el fallo impugnado en revisión de 24 de marzo de 2011, con el cual, el ad quem modificó la decisión apelada, en la forma consignada en el numeral 3º de los antecedentes de esta providencia, en la que luego de establecer que se había consolidado la prescripción de las cuotas comprendidas entre el 22 de noviembre de 2000 y el 22 de enero de 2002, se refirió a la inconstitucionalidad predicada por la ejecutada en el proceso de conversión de la obligación de UPAC a UVR, para lo que invocando la Sentencia C-955 de 2000 expuso que lo decidido en ella tiene efectos hacia el futuro y además la metodología fijada en el Decreto 2703 de 1993 “para establecer el valor en pesos de la UVR fue convalidada por la Junta Directiva del Banco de la República en la Resolución 13 de 11 de agosto de 2000”, por lo que esa normativa “no quedó viciada por la declaratoria posterior de inconstitucionalidad”, y en consecuencia, estimó válida la equivalencia allí fijada.

Respecto de la capitalización de intereses, el tribunal anotó que su prohibición fue reglada a partir del fallo C-747 de 1999 al declarar inexequible el “artículo 121 del Decreto 663 de 1993” que la autorizaba; sin embargo, “las sumas pagadas de más al 31 de diciembre de 1999, por concepto de intereses durante la vigencia del UPAC, se retribuyeron a los deudores como parte del alivio imputado a la obligación” y por ello, los factores de inequidad presentados por dicha “capitalización”, quedaron depurados con la reliquidación, lo que desvirtuaba las defensas planteadas por la accionada.

Agregó el ad quem que de todas formas, la convocada no demostró que el procedimiento aplicado hubiera sido incorrecto o “que se incurrió en la capitalización ahora prohibida o en anatocismo luego de reliquidada la deuda (…) [o] que la demandante incurrió en el indebido cobro que le imputa”, pues los medios de convicción que contienen ejercicios de liquidación como los del testigo XXXXX, no se pueden apreciar toda vez que desconocen la metodología prevista en la Circular 007 de 2000 de la Superintendencia Bancaria, conforme a la cual se debe efectuar la reliquidación “a la luz de lo dispuesto en la Ley 546 de 1999, pues no se puede aplicar o crear un método que no consulte la previsión legal”, yerro igualmente cometido en las experticias dispuestas al interior del proceso, pues tanto la inicial, como la realizada para probar la objeción desconocieron los parámetros señalados en la aludida “circular” y aplicaron una tasa de interés que no fue la pactada, réditos que el juez de primer grado sí “reconoció en la forma que legalmente procedía”, por lo que de las pruebas no se colegía que el banco accionante hubiese excedido en algún momento los topes legalmente previstos.

No obstante lo anterior, igualmente consideró que no era viable acoger la integridad de lo pedido por la entidad actora, al no corresponder a lo realmente adeudado, dado que si el ejercicio de “reliquidación” efectuado a 31 de diciembre de 1999 arrojó un guarismo de “525.274.6604 UVR”, mal podía aceptarse la ejecución por “700.923.5800 UVR” como capital acelerado y “505.913.9102 UVR” por cuotas vencidas, pues si bien la deudora entró en mora antes de aquella fecha, “con la condonación de intereses moratorios y la simulación de pagos, aquella se tornó inexistente”, por lo que entonces se imponía la reducción dispuesta por el a quo, lo que implicaba modificar la orden de pago, precisando que el monto de 51.6106 UPAC al tener un componente de “intereses corrientes”, dicha circunstancia debía tenerse en cuenta para deducir la cantidad que concierna a esa clase de dividendos “a efectos de establecer la que corresponde netamente al concepto de capital de cada una de las cuotas fijadas para la amortización de la deuda luego del 31 de diciembre de 1999, dado que debe partir la liquidación de dicha fecha con el saldo determinado luego del procedimiento de reliquidación y comprobar el valor de capital de cada una de las cuotas faltantes que se hallaban en mora al tiempo de presentación de la demanda y aquellas que hacen parte del saldo que se aceleró con la radicación del libelo”.

4. En este orden de ideas a continuación la Sala asume el estudio de las acusaciones planteadas frente a la sentencia del tribunal.

4.1. Causal sexta:

a) De conformidad con el canon 381 del Código de Procedimiento Civil el citado motivo de revisión se configura por “haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente”.

En relación con esta fuente de impugnación, la jurisprudencia de esta corporación ha precisado:

(…) las maniobras fraudulentas a que se refiere la norma deben corresponder a situaciones o hechos externos al proceso, no conocidos por el juez y producidos por fuera de aquel, ‘toda vez que si se trata de circunstancias alegadas, discutidas y apreciadas allí, la revisión no es procedente por la sencilla razón de que aceptar lo contrario sería tanto como permitir, con grave daño para la seguridad jurídica, la reiteración del litigio por una vía lateral inadmisible’. Por eso, la jurisprudencia se ha manifestado expresando de manera terminante que ‘… la existencia de maniobras fraudulentas como causal de revisión (...) si con ellas se causó perjuicio al recurrente, no autoriza en manera alguna a replantear el debate probatorio propio de las instancias, sino que tiene por finalidad reprimir la conducta de las partes cuando resulte atentatoria de los principios de lealtad, probidad y buena fe que han de presidir su actuación en el proceso. Para ello, la Corte (…) precisó el contenido del alcance jurídico de esta causal diciendo que las maniobras fraudulentas comportan una actividad engañosa que conduzca al fraude, una actuación torticera, una maquinación capaz de inducir a error(1) al juzgador al producir el fallo en virtud de la deformación artificiosa y mal intencionada de los hechos (…). Es en síntesis, un artificio ingeniado y llevado a la práctica con el propósito de obtener por ese medio una sentencia favorable pero contraria a la justicia (…)” (CSJ SC, feb. 20/2012, Rad. 2007-00190).

Así mismo, en fallo CSJ SC, jun. 14/2007, Rad. 2003-00129 reiteró que “(…) la prosperidad de la causal en referencia exige prueba concluyente de actos de manifiesta mala fe que se puedan calificar de ilícitos así no hayan sido objeto de investigación penal, circunstancia que por lo tanto debe quedar demostrada a cabalidad, ya que si sobre el particular existe duda, ello conduciría al fracaso de la impugnación’ (…)”.

Y en decisión CSJ SC, mar. 30/2007, Rad. 2004-00613 expuso que para la estructuración de las conductas aludidas en el sexto motivo de revisión se requiere:

(…) que exista una actividad voluntaria, determinada por uno o varios comportamientos, positivos o negativos, y no por simples hechos involuntarios o accidentales; que sea de finalidad procesal por su incidencia en el proceso en que se profirió la sentencia impugnada; que se trate de una actividad ilícita, por no ser producto del ejercicio de una facultad legal o el cumplimiento de un deber o autorización legal; que sea engañosa, porque constituya una maniobra o maquinación que falsee en todo o en parte la verdad procesal formal, para inducir a error en cuanto a la certeza de ella; que persiga causar perjuicio a la otra parte o a terceros, porque tiende a frustrar la ley o los derechos que de ella se derivan; y que sea obra de una o ambas partes’. Resulta necesario ‘recordar que, en desarrollo de la presunción de licitud y de buena fe del comportamiento de las personas, así mismo ello se presume cuando de ejercicio de acciones, defensas y actos se trata, por lo que las maniobras dolosas en el proceso como causal de revisión, además de excepcional y restringida en su sentido, debe encontrarse probada para su prosperidad (CPC, arts. 177 y 384), so pena de que, en caso contrario, especialmente de duda racionalmente seria que merezca credibilidad sobre las maniobras alegadas, se declare infundado el recurso’ (…).

b) De acuerdo con lo expuesto, los requisitos que viabilizan la procedencia de la causal en comento, según lo precisado por esta corporación, son los siguientes: a) que exista colusión de las partes o maniobras fraudulentas de una sola de ellas, con entidad suficiente para determinar la emisión de un veredicto inicuo; b) que se le haya causado un perjuicio a un tercero o al recurrente, y c) que tales circunstancias no se hubieren podido alegar durante el trámite procesal.

c) Los elementos materiales de prueba que integran esta actuación y en particular, los relacionados en el numeral 3º de las presentes consideraciones evidencian que la censura ahora propuesta no puede prosperar, porque no se colman los presupuestos antes descritos, si se tiene en cuenta que los hechos sobre los que se edifica, no son advenedizos, sino que aparecen planteados, discutidos y analizados en el trámite de las instancias, por lo que al haber sido conocidos por los extremos del litigio y los sentenciadores, no pueden ser invocados con designio de prosperidad en el recurso de revisión, de donde entonces, su improcedencia emerge fulgurante.

En efecto, desde su arribo al proceso ejecutivo, la accionada cuestionó lo atinente al cobro de la obligación y las facultades del gobierno expresadas en el Decreto 2703 de 1999 para convertir la UPAC en UVR, pues estima que como dicha labor no le correspondía a este, sino a la Junta Directiva del Banco de la República, tal articulado “se encuentra envestido (sic) de una clara excepción de inconstitucionalidad”. Así mismo estuvo reprochando lo relativo al monto de la deuda, la tasa de intereses aplicado y la capitalización de éstos, frente a lo cual se pronunciaron, tanto la parte actora, como los juzgadores de primera y segunda instancia.

d) Si ello es así, mal puede sostenerse que hubo imposibilidad de esgrimir en el decurso del señalado juicio las circunstancias sobre las cuales se construye esta impugnación extraordinaria y en esa medida, ni la relación fáctica y probatoria realizada por la entidad demandante en soporte de sus pretensiones compulsivas, en especial, la labor reliquidatoria del crédito, como ningún otro elemento de juicio evidencian un proceder ilegítimo, malicioso, o engañoso que permita afirmar la estructuración de la causal sexta de revisión.

e) Adicionalmente se observa que la revisionista, en lugar de cuestionar y acreditar el obrar fraudulento y malintencionado de la demandante dirigido a obtener una sentencia arbitraria y contra jus, enfiló su crítica a las autoridades monetarias, ajenas al proceso ejecutivo, lo que por tanto descarta el requisito que viabiliza el “recurso extraordinario de revisión” consistente en que la colusión o maniobras ilegítimas provengan de las partes o de una de ellas y que hayan influenciado la emisión de un fallo inicuo.

Véase que la impugnante se duele de que la Junta Directiva del Banco de la República, al plantear la fórmula para establecer el valor de la UVR, aplicada por los “bancos”, no tiene en cuenta la tasa real menor del mercado y sin embargo, en su boletín Nº 5 de 6 de febrero de 2012 publica una variación inferior a la cobrada, “maniobra [que] se da con el único fin de encubrir a los bancos en el cobro doble de la inflación y sobrepasar los límites de los intereses de usura”.

Que así mismo, la Superintendencia Bancaria implantó la “metodología de cálculo del alivio”, lo que “indica que (…) fija la tasa de interés (…) cuando no está facultada para ello, derogando el artículo 64 de la Ley 45 de 1990 y encubre a los bancos en la liquidación de la tasa real que se causa al cobrar UVR+13.0% porque solo cuantifica la tasa de interés del 13.0% olvidando lo establecido en la Ley 546 de 1999, Ley 45 de 1990 y la Sentencia C-955 de 2000”.

Por su parte, sostiene la impugnante, el gobierno nacional con el proferimiento del Decreto 234 de 2000 que en su artículo 1º indicó la forma de establecer el valor del reajuste de la UVR, incurre en una “extravagancia numérica (…) [que] fue advertida por el Consejo de Estado”, quien declaró su nulidad, pero a pesar de ello, “la Junta Directiva del Banco de la República sigue aplicando la metodología errada, haciendo caso omiso no solo del fallo del Consejo de Estado, sino del fallo de la Corte Constitucional referente a la parte resolutiva 6 de la Sentencia C-955 de la Ley 546 de 1999 y la Ley 45 de 1990”, agregando que “para la Junta Directiva del Banco de la República, la Superintendencia Financiera, los bancos hipotecarios y el operador judicial la corrección monetaria por la actualización de la UVR es cero (0), con esta maraña, engaño han estafado a los titulares del crédito en UVR, porque no se cuantifica la real tasa de interés que se causa. Fraude que (…) puede ser producido por una o ambas partes. Delito cometido contra la administración de justicia, de simple conducta y de peligro”.

f) Lo expuesto evidencia que no fue el comportamiento o las manifestaciones de la accionante las que orientaron el criterio adoptado en el fallo del tribunal, como lo insinúa la recurrente, sino que tuvo sustento especialmente en la valoración, tanto del título ejecutivo, como de las disposiciones legales y los criterios jurisprudenciales emitidos por razón de la desaparición de la “unidad de poder adquisitivo constante”, la expedición de la Ley 546 de 1999 y el advenimiento de la “unidad de valor real”, aspectos abordados y discutidos ampliamente en el decurso procesal e igualmente definidos por los jueces de conocimiento.

g) En tales condiciones, dado que la causal bajo análisis no autoriza el replanteamiento del debate probatorio propio de las instancias, sino que tiene por finalidad reprimir la conducta de las partes cuando resulte atentatoria de los principios de lealtad, probidad y buena fe que han de presidir su actuación en el proceso, se descarta entonces la posibilidad de la discusión por esta vía de los sucesos esgrimidos por la censora, porque como lo ha repetido la Sala, los requisitos que deben concurrir para la procedencia del recurso de revisión, apuntan a “evitar que el debate pueda ser reabierto de cualquier manera, so pretexto de volver la mirada a la prueba para intentar un nuevo y mejor escrutinio de ella, o para reclamar una más aguda o perspicaz interpretación de la ley, cosa que siempre será posible como hipótesis, pero que es insuficiente por sí, para desquiciar el valor de una solución hallada con la genuina participación de todos los sujetos del proceso, decisión que repítese, es por regla general inexpugnable” (CSJ SC, ago. 29/2008, Rad. 2004-00729).

h) Lo anterior permite concluir, que además de no haberse invocado circunstancias adecuadas para apoyar el señalado motivo, tampoco se probaron los supuestos de hecho en que se fundó y particularmente los que constituyen el fraude, engaño o maquinación de la entidad actora para obtener el fallo dirigido a perjudicar dolosamente a la ejecutada o a alguna otra persona, omisión demostrativa que por tanto, impide su acogimiento.

4.2. Causal octava:

a) De conformidad con el artículo 380 del Estatuto Procesal Civil, se estructura por “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso”.

En relación con el citado precepto, esta corporación ha señalado:

(…) los motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que —además de estar expresamente previstos en el Código de Procedimiento Civil, dado que campea en esta materia el principio de la taxatividad de las nulidades— se hayan configurado precisamente en la sentencia acusada y no antes, es decir, ‘no se trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en este el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esa oportunidad, so pena de considerarla saneada; ni tampoco de indebida representación ni falta de notificación o emplazamiento, que constituye causal específica y autónoma de revisión, como lo indica el numeral 7º del texto citado, sino de las irregularidades en que, al tiempo de proferir la sentencia no susceptible de recurso de apelación o casación, pueda incurrir el fallador y que sean capaces de constituir nulidad, como lo sería, por ejemplo, el proferir sentencia en proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacción o perención; o condenar en ella a quien no ha figurado como parte; o cuando dicha providencia se dicta suspendido el proceso. Lo cual es apenas lógico porque si la tal nulidad solamente aparece para las partes cuando estas conocen la sentencia, no existiendo legalmente para ellas otra oportunidad para reclamar su reconocimiento, lo procedente es que se les abra el campo de la revisión’ (CLVIII, 134).

En concordancia con lo anterior, en fecha reciente la Sala explicitó los motivos que, en línea de principio, pueden dar lugar a la nulidad originada en la sentencia, mencionando los siguientes: ‘a) cuando se dicta en un proceso terminado por desistimiento, transacción o perención, hoy parcialmente sustituida por el llamado ‘desistimiento tácito’, regulado por la Ley 1194 de 2008; b) se adelanta estando el litigio suspendido; c) se condena a una persona que no tiene la calidad de parte; d) si por la vía de la aclaración se reforma la misma; e) se dicta por un número de magistrados menor al establecido por el ordenamiento jurídico; f) se resuelve sin haber abierto a pruebas el pleito; g) se desata sin correr traslado para que los litigantes aleguen en los eventos que así lo dispongan las normas procesales y h) la que tiene ‘deficiencias graves de motivación’ (…)” (CSJ SC, abr. 8/2011, Rad. 2009-00125).

b) De lo expuesto se desprende que para la prosperidad, en sede de revisión, de cualquier reproche que tenga como soporte la “nulidad originada en la sentencia”, le incumbe al impugnante demostrar la configuración de alguna de las delimitadas situaciones antes referidas, sin que le sea dable discutir el tema litigioso, pues dada la taxatividad que se predica en el sistema legal colombiano de las “nulidades”, solo los hechos establecidos por el legislador como motivos constitutivos de una irregularidad de tal entidad, son los que pueden aducirse para invalidar y aniquilar un fallo definitivo y protegido por la seguridad jurídica que le irradia la cosa juzgada material, puesto que se trata de reglas estrictas que inhiben a las partes para invocar otras circunstancias o la aplicación de la analogía.

c) Al analizar los fundamentos del 8º motivo de revisión propuesto se advierte que el mismo no se configura, no solo porque se hallan ausentes los presupuestos antes aludidos, sino en razón a que no se relaciona con un “vicio de carácter procesal” que ciertamente tenga la virtualidad de estructurar dicha causal, la que además de no provenir del fallo cuestionado, fue tema planteado y debatido durante el trámite del litigio coactivo.

Obsérvese que la recurrente, en sustento de la invalidación que impetra, alude a que el capital cobrado por la actora “es inflado por aplicar un sistema de amortización que capitaliza intereses (…)” aspecto este que fue esgrimido por ella, no solo al dar respuesta a la demanda y proponer diversas defensas, sino en sus alegatos de conclusión y sustentación de la apelación formulada contra la sentencia de primer grado, en la cual se estudiaron cada una de las inconformidades que expuso, determinando su improsperidad.

Así mismo considera que existe “nulidad originada en la sentencia”, porque se dispuso seguir la ejecución por 525.274.6604 UVR como “saldo de capital al 31/12/99”, sin que dicho monto se encuentre “debidamente sustentado en el trámite del proceso”, debido a que no aparece “en el formato 254 de la Circular 048 del 2000 en donde el banco tramitó el alivio (…)”, ni corresponde al saldo que los peritos indicaron en sus dictámenes, como tampoco es el resultado de alguna liquidación realizada por el despacho.

Al respecto cabe señalar que la aludida cifra, no fue amañada, sino producto de la reliquidación inserta a folios 121 a 124, allegada por la entidad crediticia demandante en cumplimiento de la orden impartida por el juzgado de primera instancia en auto de 29 de junio de 2005 (fls. 105-106, 112) y por virtud de la solicitud efectuada por la propia ejecutada (fls. 70-71), en el sentido de que la actora certificara, entre otros asuntos, “el verdadero saldo del crédito”, documentos que una vez incorporados, se ordenó ponerlos en conocimiento de las partes con proveído de 30 de agosto de 2005 (fl. 125), sin que la ejecutada hubiera presentado cuestionamiento alguno.

Es más, a partir de dicho reporte, el juez de conocimiento, en su fallo modificó la orden de apremio, señalando que “las UVR adeudadas ascienden a 525.274.6604 UVR”, frente a lo cual, la demandada al sustentar el recurso de apelación propuesto frente a dicha determinación, esgrimió que “[s]i bien el ad quo (sic) ordena en la sentencia disminuir el saldo de capital a UVR 525.274.6604 valor reportado por Davivienda al 31/12/99 ante la Superintendencia Bancaria después de aplicado el alivio. Este saldo no se ha depurado el cobro ilegal de cobrar una tasa de interés mayor a la convenida (…)” (fl. 11 c.2), elemento de juicio que igualmente condujo al juzgador de segundo grado a precisar “que procede la reducción a la cantidad de 525.274.6604 UVR como saldo de la obligación para el 31 de diciembre de 1999”.

Si ello es así, mal puede admitirse el vicio procesal enrostrado al tribunal, pero si se aceptara hipotéticamente su existencia, el mismo no surgió en la sentencia del ad quem, sino con antelación, lo que por tanto descarta la estructuración de la causal invocada.

Expone igualmente, en sustento del motivo de revisión bajo estudio, que al indicar que —las cantidades de Upac 51.6106 es la base para determinar el capital de la cuota mensual de las cuotas prescritas, cuando la Upac ya no existe”, se termina por aplicar un sistema de amortización que no cumple con lo previsto por la ley, ni con lo dispuesto en la Sentencia C-955 de 2000, dado que al liquidarse mediante la fórmula de cálculo establecida en la Resolución 13 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, que se encuentra acusada de nulidad, se distorsiona la verdadera inflación causada, se cobra un exceso de 27.36% entre enero de 2000 y mayo de 2012, frente al IPC consolidado en dicho periodo.

El anterior cuestionamiento tampoco tipifica la “nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso”, porque también fue tema planteado en el decurso del juicio ejecutivo y definido por el a quo, quien sobre el particular consideró:

Para efectos de la liquidación del crédito se deberá tener en cuenta que las cuotas no pueden ser del valor cobrado en la demanda porque no más las en mora exceden el valor de la reliquidación que da un total 525.274.6604 UVR, de ahí que para aquella se deberá aportar la reestructuración del crédito especificando el valor de cada cuota hasta el plazo total, las que inicialmente correspondían a 51.6106 Upac cada una, durante 180 cuotas, según el otro sí del título valor (…), para establecer un valor real de las cuotas en mora que quedan vigentes y el saldo insoluto de capital.

Por su parte, la corporación de segundo grado adujo:

Ante el evidente exceso en las sumas señaladas en la demanda, era imperativa la reducción resuelta por el juez y por consiguiente, la modificación hecha sobre la orden de pago, con la precisión de que la cantidad de 51.6106 UPAC no refiere en realidad al valor de cada cuota pactada, sino que dicha cantidad tiene incluido un componente de intereses corrientes, de acuerdo con el sistema de amortización convenido en el otro sí suscrito el 19 de marzo de 1998 (fl. 3 c. 1), circunstancia que deberá tener en cuenta la entidad demandante para deducir o sustraer la cantidad que corresponde a intereses corrientes a efectos de establecer la que responde netamente al concepto de capital de cada una de las cuotas fijadas para la amortización de la deuda luego del 31 de diciembre de 1999 (…)”.

d) Así las cosas, dado que los supuestos sobre los que se edifica el presente motivo de revisión no constituyen vicios procesales y tampoco nacieron con el proferimiento de la sentencia del tribunal, sino con antelación, por lo que bien pudieron esgrimirse durante el trámite del respectivo pleito, no es dable su acogida bajo el amparo de la causal invocada, pues si se admitieran, ello conduciría a reabrir la discusión ya cerrada y definida con el pronunciamiento del ad quem en cuanto a las pretensiones, los hechos de la demanda, la contestación, las excepciones formuladas y la integridad de las pruebas, lo que está proscrito dentro de esta clase de impugnación extraordinaria que no constituye una tercera instancia, ni una oportunidad adicional para mejorar o enmendar los errores cometidos en el proceso de que se trata y menos para reevaluar los medios de persuasión que en su momento se presentaron ante los jueces, como tampoco para interpretar de nuevo las reglas legales que sirvieron de soporte a la decisión o sobre aquellas que se dejaron de hacer valer.

En lo concerniente a esta clase de recurso, la Corte “(…) ha descartado tajantemente que se puedan ‘alegar errores de juicio atañaderos con la aplicación del derecho sustancial, la interpretación de las normas y la apreciación de los hechos y de las pruebas que puedan ser imputadas al sentenciador’, pues su ámbito de aplicación reposa en la denuncia de vicios de estricto orden procesal”, y en lo atinente a que la nulidad debe aparecer en la sentencia misma y nunca antes, ha expuesto que ello, “(…) es apenas lógico porque si tal nulidad solamente aparece para las partes cuando estas conocen la sentencia, no existiendo para ellas otra oportunidad para reclamar su conocimiento, lo procedente es que se les abra el campo de la revisión’ (…), tal como sucede cuando en la sentencia última del proceso ejecutivo se decide sobre la carencia de exigibilidad del título (…)” (CSJ SC, ago. 25/2008, Rad. 2004-00729).

e) Finalmente cabe señalar que como los sucesos esgrimidos no constituyen ninguno de los “vicios procesales” establecidos en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, y menos el que según la revisionista, afecta el fallo del tribunal, ni tampoco deviene de los que constitucionalmente prevé el canon 29 como fuente de “nulidad”, con relación a las pruebas practicadas ilegalmente, la improsperidad de la causal propuesta, debe ser la consecuencia, pues se reitera que en esta materia, rige el principio de la especificidad, “según el cual no hay defecto capaz de estructurar nulidad adjetiva sin ley que expresamente la establezca. Por cuanto se trata de reglas estrictas, no susceptibles del criterio de analogía para aplicarlas…” (CSJ SC, jul. 15/2008, Rad. 2007-00037), las cuales han sido previstas como forma de proteger el derecho de defensa del litigante afectado quien, por exigencia del supuesto normativo a que se contrae el numeral 8º del precepto 380 de aquel Estatuto Procesal, solo pudo tener conocimiento de la irregularidad, cuando conoció el respectivo fallo.

5. En este orden de ideas, se concluye que al no haberse demostrado motivo alguno que posibilite remover los efectos de la cosa juzgada de la decisión cuestionada, la censura planteada no puede prosperar, lo que conlleva a la imposición de costas a la censora, según lo previsto en el último inciso del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil y a que se fijen “agencias en derecho”, de conformidad con el canon 19 de la Ley 1395 de 2010, para lo cual se tendrá en cuenta que el opositor replicó la demanda de revisión.

III. Decisión

En armonía con lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar infundado el “recurso extraordinario de revisión” formulado por XXXXX, frente a la sentencia proferida el 24 de marzo de 2011, por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del juicio ejecutivo hipotecario que contra ella promovió el XXXXX.

2. Condenar a la impugnante, a favor del opositor, al pago de las “costas y perjuicios”. En la liquidación de aquellas inclúyase la suma de $3’000.000 por concepto de “agencias en derecho”, y determínense estos últimos mediante incidente.

3. Hacer efectiva la caución constituida por la impugnante, según la póliza que milita en este protocolo otorgada por XXXXX (fl. 40 c. Corte), hasta el límite correspondiente, para la cancelación de los valores que por los referidos rubros se llegaren a cuantificar, y para ello, la secretaría librará los oficios y expedirá las copias necesarias, estas a expensas del interesado.

4. Devolver al despacho judicial de origen, con excepción del cuaderno de la Corte, el expediente que contiene el proceso dentro del cual se dictó la sentencia materia de revisión, al que se agregará reproducción de la presente providencia.

5. Archivar la actuación surtida con ocasión de este trámite, una vez cumplidas las órdenes aquí impartidas.

Cópiese y notifíquese».

(1) Subrayado original.