Sentencia 2009-00743 de abril 8 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC4428-2014

Rad. 11001-31-03-026-2009-00743-01

Magistrado Ponente

Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez

(Aprobado en sesión de veinticinco de noviembre de dos mil trece)

Bogotá, D.C., ocho de abril de dos mil catorce.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx frente al fallo de 24 de agosto de 2012, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario que los recurrentes promovieron contra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

I. Antecedentes

1. Los accionantes pidieron declarar que sus contendores son civil y solidariamente responsables de los perjuicios ocasionados con la muerte de la menor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx y, en consecuencia, condenarlos a indemnizarles noventa millones de pesos ($ 90.000.000) por daño emergente, y a cada uno la suma de setenta millones de pesos ($ 70.000.000) como lucro cesante y el equivalente a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes a título de daños morales subjetivados (fl. 20, cdno. 1).

2. La causa petendi se compendia así (fl. 21, cdno. 1).

a) A las tres y cuarenta de la mañana del 31 de marzo de 2007, en la calle 220 de la Autopista Norte de Bogotá, el Renault Megane de placas BTL 235 de propiedad de la sociedad demandada, conducido en estado de embriaguez por xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, colisionó con el tracto-camión manejado por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

b) En ese accidente falleció la menor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, quien viajaba en el automóvil junto con xxxxxxxx xxxxxxxxx.

c) El deceso de la joven causó perjuicios materiales y morales a sus padres y hermano.

4. La aseguradora fue notificada personalmente, se opuso a la prosperidad de la demanda y adujo en su defensa que “no tenía la guarda del vehículo en el momento del accidente”, “asunción del riesgo por parte de la víctima” y “sobreestimación del valor de los perjuicios” (fls. 29, 42-49, ib.). El otro convocado fue emplazado y su curador ad litem manifestó atenerse a las resultas del proceso (fls. 83-84, ib.).

5. La primera instancia culminó con el fallo de 29 de febrero de 2012, que declaró la responsabilidad invocada y condenó a ambos contradictores a cancelar a cada uno de los reclamantes la suma de veintiocho millones trescientos treinta y cinco mil pesos ($ 28.335.000), por daño moral.

6. El apoderado de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx apeló por desestimarse su primera defensa. Los accionantes también lo hicieron porque el funcionario de conocimiento se abstuvo de reconocerles los perjuicios “materiales o patrimoniales”, en lo que comprende al daño emergente y lucro cesante, “en la forma y cuantía” indicados en el libelo introductor, es decir, noventa ($ 90.000.000) y setenta millones de pesos ($ 70.000.000), respectivamente (fls. 156 y 157).

7. El 24 de agosto del año pasado, el tribunal revocó lo resuelto frente al ente moral y, en su lugar, declaró probada la excepción soportada en que este no tenía la guarda del vehículo en el momento de la colisión. En todo lo demás, confirmó la decisión censurada (fls. 24-34, cdno. 3).

II. Fundamentos del fallo impugnado

Admiten la siguiente síntesis:

1. Los presupuestos procesales concurren, el trámite se adelantó conforme a la ley y se respetaron las garantías propias del juicio.

2. De acuerdo con la alzada planteada por las partes, la competencia del tribunal se limita a dos aspectos: la responsabilidad civil atribuida a la persona jurídica demandada, en su condición de dueña del carro que ocasionó el accidente en que falleció la menor xxxxxxxxxxxxx; y el agravio material reclamado por los gestores del litigio, dado que el a quo concluyó que no estaba demostrado.

3. La situación generadora del perjuicio cuyo resarcimiento se suplica está catalogada como una actividad peligrosa, y según la doctrina, no todos los que tienen un vínculo con ella están llamados a indemnizar, dado que lo que interesa saber es si, en determinado momento, “había varias personas que de hecho tenían injerencia en la actividad causante del daño”.

El precedente de la Corte precisa que es “guardián de la actividad”: el propietario, quien puede desvirtuar esa presunción demostrando la transferencia de la tenencia a otra persona, en virtud de un título jurídico; los poseedores materiales y los tenedores legítimos de la cosa con facultad de uso, goce y demás; y los detentadores ilegítimos y viciosos, usurpadores en general, que sin consideración a la ilicitud de los antecedentes que a eso llevaron, asumen de hecho un poder autónomo de control, dirección y gobierno.

4. La excepción perentoria planteada por la empresa de seguros, según la cual, “ella no tenía la guarda del vehículo en el momento del accidente”, prospera por cuanto:

a) Si bien es titular de dominio del automóvil, por lo que pesa en su contra una presunción de responsabilidad, la desvirtuó demostrando que se despojó de su tenencia al entregárselo a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, extrabajador y padre del conductor, a través del “Convenio sobre asignación” suscrito el 25 de diciembre de 2003, que en la cláusula tercera precisó que el carro se asignó tanto para “uso laboral como personal”.

b) Corrobora que el bien era para el “uso” del empleado ejecutivo, la comunicación que la sociedad le dirigió a este el 23 de diciembre de 2005, en la que se constata que del costo total del rodante, sesenta y dos millones quinientos ochenta y ocho mil pesos ($ 62.588.000), el empleado sufragó la suma de catorce millones novecientos ochenta y nueve mil pesos ($ 14.989.000), producto de un préstamo otorgado por la misma compañía, amén de que se acordó una opción de compra.

c) El control del automotor lo tenía xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aseveración que surge, inequívocamente, del escrito que le dirigió el 22 de junio de 2006 a la gerente general de xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en la que le manifestó: “respecto del vehículo, es necesario indicar que debe adecuarse a la figura jurídica que corresponda, toda vez que las condiciones que tenía en Colseguros, las cuales tú me confirmaste como aceptadas en la comunicación del día 1º de noviembre, eran del disfrute del vehículo durante un plazo de cinco (5) años, al final del cual siempre quedaba de mi propiedad y sin que existiera posibilidad alguna de que la empresa requiriera en ningún momento la devolución del mismo”.

d) El hecho de que la empresa estuviese a cargo del mantenimiento, no es argumento suficiente para descartar el desprendimiento de la tenencia, porque tal circunstancia solo significa que asumió esa erogación, máxime que xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx canceló una parte del precio del vehículo.

e) No menos importante es que, en últimas, el conductor no era dependiente de la sociedad citada, ni estaba en ejercicio de labores a nombre de ella.

5. Los perjuicios reclamados no fueron demostrados, dado que los actores ni siquiera solicitaron la práctica de pruebas para establecer su causación y monto, como tampoco justificaron a qué correspondían los valores pretendidos, esto es, si eran gastos funerarios, médicos u otros relacionados con el deceso de la menor.

6. El lucro cesante no es factible determinarlo atendiendo la expectativa de vida de la menor xxxxxxxxxx, porque, en principio, esa situación, per se, no genera para sus padres y hermano un daño real y cierto, ya que su existencia se demuestra con la prueba de la pérdida de la capacidad productiva, de la cual la difunta carecía, pues, cuando ella falleció tenía diecisiete años y era estudiante de secundaria.

7. Los peticionarios de la indemnización omitieron acreditar la clase de ganancias que estaba en posibilidad de obtener la joven y las razones por las que ellos las usufructuarían.

III. La demanda de casación

Único cargo

Los censores denuncian, con apoyo en la causal primera de casación, la violación indirecta de los artículos 2347, inciso 5º; 2349 y 2356 del Código Civil, por cuanto, el tribunal incurrió en error de hecho en la apreciación de las pruebas, seis en total, al concederles un alcance que no tienen en la normatividad citada, ni tampoco en la jurisprudencia.

El ataque se desarrolla de la manera que pasa a compendiarse:

1. Las probanzas mal apreciadas son las siguientes:

a) Convenio de asignación de vehículo celebrado el 23 de diciembre de 2005, entre la sociedad demandada y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que regula situaciones de vital importancia como el uso, mantenimiento y opción de compra.

Del mismo, el tribunal dedujo:

(i) El indicar en la estipulación segunda que el mantenimiento del carro estaría a cargo de xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, significa, “simplemente”, que la citada sociedad asumió esa obligación, sin tener el alcance de ligarla con la vigilancia y control del bien.

(ii) La aseguradora se despojó, en la cláusula tercera, de la tenencia del rodante al asignarlo a su vicepresidente comercial, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx —padre del conductor—, para su uso laboral y personal.

Esas conclusiones son equivocadas, porque:

1º) Dejó de analizar el alcance real de la cláusula segunda del negocio, pues, no se percató, por una parte, que quien “queda a cargo del mantenimiento de un vehículo mantiene su dirección y control, en todo momento, incluso en el [...] del accidente, y más aún si se trata del dueño”; y, por la otra, que ese pacto comporta la manifestación de una voluntad directa y reflexivamente dirigida a no desprenderse xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx de tal bien.

2º) Blindó al convenio con la fuerza legal suficiente para despojar de la tenencia del vehículo a la empresa accionada, olvidando que, según el criterio jurisprudencial de la Corte para casos similares, es necesaria “una conducta suficiente y diligente para prevenir situaciones extrañas”, esto es, que cuando una aseguradora experta en manejar riesgos redacta y suscribe con un trabajador un acuerdo sobre asignación de un carro, “debe observar la diligencia necesaria para desvincularse de cualquier evento relacionado con responsabilidad civil extracontractual o simplemente en la ocurrencia de un siniestro, o limitar su uso, o por el contrario reglamentar completamente, de manera expresa y contundente, la entrega de la tenencia del vehículo, de lo contrario se queda en una franja gris que en este evento hizo responsable” a la compañía accionada.

Conducir en estado de embriaguez comporta el mal uso de un automotor, y este va en contravía “del diligente mantenimiento”, extralimitación que debió prever la empleadora en el contrato.

3º) La cláusula tercera de la convención no es prueba irrefutable del desprendimiento total de la tenencia, por cuanto, “delimitar expresamente el uso del automóvil constituye un acto de propiedad”, una autorización por parte del dueño a su empleado, que es “el resultado del ejercicio de una potestad de control y dirección sobre la conducta de otro que evidencia claramente su responsabilidad civil extracontractual por la falta de desvinculación sobre el vehículo”.

Además, quien trasfiere la “tenencia” no se responsabiliza del mantenimiento del automotor, ni señala las directrices a seguir respecto de su uso. Dichas actuaciones únicamente son atribuibles al propietario que conserva la guarda.

b) Pagaré suscrito por xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a favor de la aseguradora, del que infirió el juzgador de segunda instancia, que “tan de su uso era [el carro]”, que aquel adquirió de su empleadora un préstamo para pagar la cuota inicial.

Esa apreciación es equivocada, toda vez que la existencia de un mutuo no desdibuja la responsabilidad, convirtiéndose en algo subalterno y carente de nexo causal, que nada dice sobre la vigilancia y control por parte de xxxxxxxxx.

c) Las comunicaciones cruzadas entre la empleadora y el trabajador, que a continuación se relacionan:

(i) La que dirigió a este último, el 1º de noviembre de 2005, la gerente administrativa y financiera, especificando sus condiciones laborales, e incluyendo en la oferta de trabajo el vehículo que produjo el accidente, a título de comodato.

(ii) La de 23 de diciembre de 2005, mediante la cual la jefe de recursos humanos y servicios administrativos le comunica la asignación del automotor.

(iii) La respuesta de xxxxxxxxxxxxxxxxx, actuando como vicepresidente comercial, de 22 de junio de 2006, en la que informa que el carro “quedará para su disfrute durante un plazo de cinco años” al cabo del cual pasaría a su dominio, “sin existir para la empresa la posibilidad de la devolución”.

(iv) La que le envió la directiva a aquel el 22 de junio siguiente, informándole las características del comodato, dejando en claro que era de carácter precario y constituía un pago laboral indirecto hasta tanto ejercitara la opción de compra, además, que la propiedad del rodante mientras tanto continuaría en cabeza de la empresa, la que asumiría el pago de los impuestos.

Las referidas epístolas fueron apreciadas indebidamente porque:

1º) De ellas emerge que xxxxxxxxxxxxxxx no se desprendió de la tenencia del carro.

2º) La Corte ha sostenido que la estructuración de la responsabilidad civil por el hecho de otra persona presupone, por una parte, la demostración de los elementos generales que la configuran (hecho, daño y nexo de causalidad); y por la otra, la relación de dependencia con el causante del daño, la que no necesariamente tiene que estar ligada a una relación contractual, pues, basta con que exista una situación de autoridad o subordinación.

3º) En este caso, ese sometimiento existe, en la medida en que la compañía se benefició con la actividad del vicepresidente comercial y le entregó un carro para facilitarle el desplazamiento, movilidad que le permitía generar negocios comerciales en su favor; además, aceptó el uso personal sin prever las consecuencias de un eventual accidente, pudiéndolo haber hecho.

4º) Esa situación reportaba provecho a la demandada, de ahí que ella mantuvo el control y vigilancia del automotor. De no ser así, habría transferido a su empleado la propiedad del mismo.

Consideraciones

1. Los demandantes solicitan se declare que sus opositores, conductor y propietaria del vehículo en el que viajaba la víctima, son civil y solidariamente responsables de los perjuicios que les fueron ocasionados por la muerte de la menor xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, ocurrida en el accidente de tránsito que se produjo el 31 de marzo de 2007, en la calle 220 de la Autopista Norte de Bogotá.

2. El a quo encontró responsables a los dos demandados del hecho generador de responsabilidad, imponiéndoles una condena patrimonial para resarcir los perjuicios morales ocasionados a los gestores.

El tribunal, por su parte, revocó la decisión en lo que se refería a la sociedad accionada, respecto de la cual tuvo por demostrada la excepción de que ella no tenía la guarda del vehículo cuando se produjo la colisión, confirmándola en lo demás.

3. Los recurrentes, apoyados en una indebida valoración probatoria que, en su sentir, hizo el ad quem, solicitan que la condena no se haga exclusivamente contra la persona natural, sino que se extienda a la propietaria inscrita del automotor. Lo anterior porque xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx no se desprendió de la tenencia y control sobre el automotor que causó el suceso dañoso.

4. Son relevantes en esta decisión y no se discuten, los siguientes hechos:

a) Que xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx es, según el certificado de tradición expedido el 16 de septiembre de 2009, la única que ha figurado como propietaria del Renault Megane de placas BTL 235 (fl. 12).

b) Que el 23 de diciembre de 2005, esa empresa “asignó” a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vicepresidente comercial individual y corporativo de la misma, el referido carro, “para uso tanto de carácter oficial como personal” (fl. 34).

c) Que esas personas, natural y jurídica, ajustaron en idéntica fecha un “convenio sobre asignación de vehículo”, con cuatro cláusulas, que en esencia se refieren a (fls. 36 y 37):

(i) El objeto del acuerdo, que no es otro que el bien en comento.

(ii) El mantenimiento, “a cargo de la empresa”, el cual “no incluye combustible”.

(iii) Que “se asigna tanto para el uso laboral como personal”.

(iv) Lo concerniente al valor del vehículo por sesenta y dos millones quinientos ochenta y ocho mil pesos ($ 62.588.000), de los cuales pago el empleado catorce millones novecientos ochenta y nueve mil pesos ($ 14.989.000), “con recursos propios”, y los restantes cuarenta y siete millones quinientos noventa y nueve mil pesos ($ 47.599.000) fueron sufragados “por la empresa”, suma esta sobre la cual se realizaría la depreciación que serviría para el ejercicio de la opción de compra, en su momento.

d) Que xxxxxxxxxxxxxxxxx suscribió un “pagaré préstamo vehículo” por catorce millones novecientos ochenta y nueve mil pesos ($ 14.989.000), a favor de su empleador (fl. 35).

e) Que en respuesta a la misiva del trabajador, referenciada como “cláusulas contrato de trabajo”, la gerente general de xxxxxxxxxxxxxxx contestó el 22 de junio de 2006, en punto al rodante, que “lo que se habló desde un comienzo y que consta en la comunicación comentada del 1º de noviembre de 2005 [fue un comodato], contrato que cuenta con una estructura propia de comodato [en el que] la propiedad no se traslada y es por eso que la comodante asume los gastos propios del vehículo; lo cual quiere decir que el bien pertenece a la comodante (...) Esa es la forma como se maneja este pago indirecto laboralmente en Colombia. Mientras se ejerce la opción de compra, el vehículo es de la comodante, razón por la cual, la compañía ha asumido los impuestos del vehículo” (fls. 38-40).

f) Que la menor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, hija y hermana de los demandantes, falleció de manera violenta en el accidente de tránsito ocurrido el 31 de marzo de 2007 en la calle 220 de la Autopista Norte de Bogotá, mientras iba como pasajera en el vehículo de placas BTL 235, conducido por xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, hijo de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (fls. 5, 9-11 y 13-18).

5. Sobre la cuestión de quién debe responder por el ejercicio de una actividad peligrosa, como lo es la de conducir vehículos automotores, se han expuesto diferentes tesis como son la del aprovechamiento económico, la de la guarda jurídica y la de la guarda material.

La Sala, en línea de principio, ha tomado partido por la última, como quedó plasmado en sentencia de 4 de abril de 2013, exp. 2002-09414-01, cuando señala que “en los casos de responsabilidad extracontractual o aquiliana, le compete al demandante acreditar los presupuestos de su pretensión, y si como fuente de aquella existe una actividad de las denominadas peligrosas, este se releva de acreditar la incuria o imprudencia de quien aspira obtener el resarcimiento, pues en desarrollo del artículo 2356 del Código Civil, le resulta suficiente demostrar, a más del responsable del menoscabo, el acaecimiento del daño y que el mismo se produjo en desarrollo de una actuación de tales características (...) A este respecto, la Corte ha precisado que ‘El responsable por el hecho de las cosas inanimadas es su guardián, o sea quien tiene sobre ellas el poder de mando, dirección y control independientes. Y no es cierto que el carácter de propietario implique necesaria e ineludiblemente el de guardián, pero si lo hace presumir como simple atributo del dominio, mientras no se pruebe lo contrario. (...) O sea, la responsabilidad del dueño por el hecho de las cosas inanimadas proviene de la calidad que de guardián de ellas presúmese tener. Y la presunción de guardián puede desvanecerla el propietario si demuestra que transfirió a otra persona la tenencia de la cosa en virtud de un título jurídico, como el de arrendamiento, el de comodato, etc., o que fue despojado inculpablemente de la misma, como en el caso de haberle sido robada o hurtada (...)’ (sentencia de 17 de mayo de 2011, exp. 2005-00345-0)”.

La tesis del guardián de la cosa así expuesta y acogida en Colombia, descarta, por lo demás, dos ideas, “la primera es que el responsable del perjuicio causado sea necesaria y exclusivamente el mero detentador físico de la cosa empleada para desplegar la actividad riesgosa [y] la segunda (...) es que la responsabilidad en estudio tenga que estar ligada, de alguna forma, a la titularidad de un derecho sobre la cosa” (Sala de Casación Civil, sentencia de 4 de junio de 1992, exp. 3382).

6. Así mismo, el concepto de guardián no repele la eventual existencia de una “guarda compartida”, de podérseles imputar a varios sujetos la responsabilidad en la realización del daño, producto de una actividad riesgosa, porque de una u otra forma ejercen, todos ellos, control y dirección efectiva sobre la “actividad”.

Al respecto la Corte explicó que “en torno al alcance que, entre los varios que consideró, le dio el tribunal al concepto de ‘guardián de la actividad’, y por el que concluyó que el poder efectivo de uso, dirección o control sobre el vehículo causante del daño, no lo tenía xxxxxxxxxxxxxxx ‘sino la compañía distribuidora como compradora que además fue del automotor’; conclusión con la cual parece dar a entender que en el supuesto de este litigio bastó la venta mencionada, efectuada por xxxxxxxxxxxxx, para que se produjera el desplazamiento de la ‘guarda’, esto es, para que el vendedor escapara sin más a la responsabilidad civil que le fue imputada, no obstante conservar una incuestionable vinculación económica con el vehículo causante del daño. A fin de perfilar ese concepto en su debida dimensión, la Corte se ve en la necesidad de efectuar este formal reparo por cuanto, muy a pesar del alcance de los elementos de convicción obrantes en esta actuación, con tal consideración desconoció el tribunal la apuntada vinculación y por ende la noción teórica de ‘guarda compartida’, según la cual en el ejercicio de actividades peligrosas no es extraña la concurrencia de varias personas que, desde diversos ángulos y en atención a sus propios intereses o beneficios, puedan ejercer al tiempo y a su manera la dirección o control efectivo de aquellas y que a todas les impone el deber jurídico de impedir que se convierta en fuente de perjuicios para terceros, cuestión que ciertamente omitió examinar el sentenciador en el caso sub judice, a pesar de las evidencias existentes en el proceso que llevan a concluir que xxxxxxxxxxx, sin embargo de efectuar la venta mencionada, no permaneció apartada ni indiferente al desempeño, funcionamiento y control intelectual de la actividad peligrosa desplegada por el automotor tantas veces citado, actitud que por fuerza ha de entenderse asumida por aquella entidad en cuanto y en tanto obtenía de esa actividad lucro o provecho económico evidente. La posición de xxxxxxxxxxx que en consecuencia muestra el proceso, es entonces significativa en poner de manifiesto la existencia de un factor suficiente de atribución de responsabilidad que no era dable desconocer por principio bajo el simple enunciado de la venta tantas veces referida, pues razones jurídicas existían para imputarle la correspondiente obligación resarcitoria en que dicha responsabilidad consiste, tanto a la compradora como a la vendedora” (fallo de 22 de abril de 1997, exp. 4753).

7. La vía indirecta, invocada por los recurrentes, en la modalidad de error de hecho en la valoración probatoria, acontece cuando se equivoca ostensiblemente el fallador en la apreciación objetiva de los medios de convicción ya sea por suposición, omisión o alteración de su contenido, siempre y cuando dicha anomalía influya en la forma como se desató el debate, de tal manera que de no haber ocurrido otro fuera el resultado, lo que debe aparecer palmario o contundentemente demostrado.

Sobre el punto, en sentencia de 21 de febrero de 2012, exp. 2004-00649, reiterada el 24 de julio siguiente, exp. 2005-00595-01, indicó la Sala que “[e]l error de hecho, que como motivo de casación prevé el inciso segundo, numeral primero, del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, ocurre cuando se supone o pretermite la prueba, entendiéndose que incurrirá en la primera hipótesis el juzgador que halla un medio en verdad inexistente o distorsiona el que sí obra para darle un significado que no contiene, y en la segunda situación cuando ignora del todo su presencia o lo cercena en parte, para, en esta última eventualidad, asignarle una significación contraria o diversa. El error ‘atañe a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho’ (G. J., T. LXXVIII, página 313) (...) Denunciada una de las anteriores posibilidades, el impugnador debe acreditar que la falencia endilgada es manifiesta y, además, que es trascendente por haber determinado la resolución reprochada, de tal suerte que, de no haberse incurrido en esa sinrazón, otra hubiera sido la resolución adoptada (...) Acorde con la añeja, reiterada y uniforme jurisprudencia de la corporación, el yerro fáctico será evidente o notorio, ‘cuando su solo planteamiento haga brotar que el criterio’ del juez ‘está por completo divorciado de la más elemental sindéresis; si se quiere, que repugna al buen juicio’, lo que ocurre en aquellos casos en que él ‘está convicto de contraevidencia’ (sentencias de 11 de julio de 1990 y de 24 de enero de 1992), o cuando es ‘de tal entidad que a primer golpe de vista ponga de manifiesto la contraevidencia de la determinación adoptada en el fallo combatido con la realidad que fluya del proceso’ (sentencia 146 de 17 de octubre de 2006, exp. 06798-01); dicho en términos diferentes, significa que la providencia debe aniquilarse cuando aparezca claro que ‘se estrelló violentamente contra la lógica o el buen sentido común, evento en el cual no es nada razonable ni conveniente persistir tozudamente en el mantenimiento de la decisión so pretexto de aquella autonomía’ (G. J., T. CCXXXI, página 644)”.

Además, dentro del marco de la exigencia de notoriedad o evidencia que debe detentar el yerro fáctico, la doctrina de la Sala ha pregonado que “no puede cambiarse la estimación probatoria que hizo el tribunal de instancia, por el solo motivo de que el criterio estimativo de la Corte no sea el mismo de aquel” (G. J., T. LXXVII, pág. 119), a lo que es menester agregar que “La duda que genera el punto de hecho o la pluralidad de las interpretaciones que sugiera, excluyen, en consecuencia, la existencia de un error de la naturaleza indicada” (G. J., T. LXVII).

8. No prospera la acusación examinada por los motivos que pasan a exponerse:

a) Con sus razonamientos probatorios, el tribunal estableció que la sociedad accionada no tenía la guarda del vehículo en el que viajaba la víctima al momento del accidente, pues, si bien era titular del derecho de dominio, desvirtuó la presunción de responsabilidad derivada de esa calidad, acreditando con un contrato, pagaré y cartas cruzadas, que se despojó de su tenencia al entregárselo, bajo la figura de “asignación de vehículo”, a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, extrabajador y padre del conductor.

Los recurrentes, respecto de los indicados medios de convicción, proponen una interpretación conceptual diferente a las de la sentencia de segunda instancia, encaminadas, básicamente, a persuadir a la Corte de que, a partir del alcance real del convenio de “asignación de vehículo” y de las cartas que trabajador y empleadora se dirigieron mutuamente, esta última no se desprendió de la dirección y control del rodante, por reservarse la carga de su mantenimiento, por explicitar el uso que debería dársele al carro, por no ser previsivo en la determinación puntual de cada una de las causas que exonerarían su responsabilidad y por “beneficiarse con la actividad de su vicepresidente comercial”.

De entrada, esos términos develan que no es viable quebrar el fallo objeto del recurso extraordinario, toda vez que, no pasan de ser una propuesta alterna que no revalúan los planteamientos del sentenciador para este asunto en particular.

Como claramente se dejó delimitado que xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx “para el momento del accidente no tenía poder de control o injerencia sobre el vehículo o la actividad que se ejerció con él”, era para ese preciso instante que se tenía que poner de manifiesto una incorrecta valoración probatoria, así se le hubiera tenido despojada de la tenencia desde su entrega al servidor contratado.

La discusión que plantean los impugnantes parte de la doble destinación del rodante, tanto con fines laborales como personales, dándole trascendencia a que la entidad absuelta reportaba beneficios de los primeros. Sin embargo, ningún análisis plantea sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar como se produjeron los hechos, sin tomar en consideración que quien conducía el automóvil no era la persona contratada para tal fin o que, en el preciso instante del percance, la destinación era completamente ajena al nexo patrón empleado.

Esa dualidad en el desempeño del bien ameritaba un mayor esfuerzo de los recurrentes, encaminado a evidenciar que la aseguradora asumía toda la responsabilidad por los desplazamientos del vehículo, independientemente de la actividad que se adelantara con el mismo, puesto que no es suficiente con afirmar que “delimitar expresamente el uso del automóvil constituye un acto de propiedad, se trata de una autorización por parte del propietario a su empleado, es el resultado del ejercicio de una potestad de control y dirección sobre la conducta de otro que evidencia su responsabilidad civil extracontractual por la falta de desvinculación sobre el vehículo”, por ser una apreciación genérica.

Como ya lo dijo la Corte en pretérita oportunidad, “no es suficiente la presentación de conclusiones diferentes de aquellas a las que llegó el tribunal en el fallo impugnado, porque la mera divergencia conceptual no muestra por sí sola el yerro de hecho en su modalidad de manifiesto o evidente (Cas. Civ. De 19 de abril de 1961, XCV, 467). El yerro de las características enunciadas, como antecedente de la transgresión de la ley sustancial, solo se presenta cuando la única estimación acertada sea la sustitutiva que se propone” (G.J. 2435, sentencia de 20 de noviembre de 1989).

b) Además, las motivaciones fácticas del ad quem, a propósito de excluir la calidad de guardián de la actividad riesgosa en cabeza de la compañía convocada, no se presentan como “contraevidentes, absurdas o ilógicas”.

Ninguna de las pruebas aportadas al proceso muestra de modo claro y contundente y como alternativa única de interpretación, que para la época del accidente que ocasionó la muerte de la hija y hermana de los accionantes, 31 de marzo de 2007, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx conservara para sí la dirección gobierno o control efectivo e independiente del vehículo en el que se transportaba la menor.

Es más, si se dijo que “las partes acuerdan que el vehículo en cuestión se asigna tanto para el uso laboral como personal”, contrario a lo propuesto por los censores, ninguna restricción conllevaba esto para el beneficiario.

Ciertamente, el “convenio de asignación de vehículo” suscrito el 23 de diciembre de 2005 entre dicha persona jurídica y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y las comunicaciones que luego se cruzaron, entre ellas la misiva de 22 de junio de 2006, dan cuenta que aquella lo entregó a este el automotor de placas BTL 235, para su exclusiva destinación, habida cuenta de su vinculación como vicepresidente comercial individual y corporativo. Igualmente, se pactó que el mantenimiento del carro estaría “a cargo de la empresa”.

Es posible, como aquí lo ensaya la censura, respaldando su propia y personal ponderación, estimación y valoración de dichas pruebas, una visión distinta a la que realizó el tribunal, en la que se deduzca que conservar la obligación de mantener el vehículo, es signo de que el guardián de la actividad peligrosa siguió siendo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Pero, esos medios, igualmente, no emergen como irreconciliables, ostensible y definitivamente, con el criterio del ad quem, para quien el pacto de “mantenimiento (...) solo significa que asumió esa erogación”, máxime cuando “al final de cuentas, el conductor no era dependiente de la sociedad citada, ni estaba en ejercicio de funciones a nombre de ella [cuando ocurrió el accidente]”.

Este ejercicio autónomo de valoración es el que, precisamente, ha prohijado la Corte al decir, en situaciones análogas, que “en cada caso concreto el juzgador determinará según su discreta apreciación de los elementos de convicción y en el marco de circunstancias fáctico, cuándo el daño se produce dentro del ejercicio de la actividad peligrosa del tránsito automotriz y conducción de vehículos, y cuando no, es decir, si está en el ámbito o esfera de ejercicio de su titular o de quien la organiza y ejecuta bajo su gobierno, dirección, control o poder, sea por sí, ora valiéndose de otros” (sentencia de casación de 17 de mayo de 2011, exp. 00345-00, reiterada el 2 de diciembre siguiente, exp. 00899-00).

En síntesis, como lo dijo la Sala en otra oportunidad “... la duda jamás sería apoyo razonable para desconocer los poderes del sentenciador, cuyo fallo se entiende estar ajustado a derecho” (sentencia de casación de 21 de octubre de 1955, reiterada el 23 de mayo de 1989, G.J. 2435).

9. El cargo, entonces, no prospera.

10. Como la decisión es adversa a los opugnadores y su contraparte presentó réplica, de conformidad con el inciso final del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el 19 de la Ley 1395 de 2010, se les condenará en costas, las que incluyen las agencias en derecho que se fijaran en esta providencia.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 24 de agosto de 2012, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario que los recurrentes promovieron contra xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Costas a cargo del recurrente que serán liquidadas por la secretaría, e incluirá en estas la suma de seis millones de pesos ($ 6’000.000) por concepto de agencias en derecho.

Notifíquese y devuélvase,

Magistrados: Margarita Cabello Blanco—Ruth Marina Díaz Rueda—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona—Jesús Vall De Rutén Ruiz.