Sentencia SC4428-2014/2009-00743 de abril 8 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad. 11001-31-03-026-2009-00743-01

Magistrado Ponente

Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez

(Aprobado en sesión de veinticinco de noviembre de dos mil trece)

Bogotá, D. C., ocho de abril de dos mil catorce

EXTRACTOS: «Consideraciones

1.- Los demandantes solicitan se declare que sus opositores, conductor y propietaria del vehículo en el que viajaba la víctima, son civil y solidariamente responsables de los perjuicios que les fueron ocasionados por la muerte de la menor Constanza Peña Lascano, ocurrida en el accidente de tránsito que se produjo el 31 de marzo de 2007, en la calle 220 de la Autopista Norte de Bogotá.

2.- El a-quo encontró responsables a los dos demandados del hecho generador de responsabilidad, imponiéndoles una condena patrimonial para resarcir los perjuicios morales ocasionados a los gestores.

El Tribunal, por su parte, revocó la decisión en lo que se refería a la sociedad accionada, respecto de la cual tuvo por demostrada la excepción de que ella no tenía la guarda del vehículo cuando se produjo la colisión, confirmándola en lo demás.

3.- Los recurrentes, apoyados en una indebida valoración probatoria que, en su sentir, hizo el ad quem, solicitan que la condena no se haga exclusivamente contra la persona natural, sino que se extienda a la propietaria inscrita del automotor. Lo anterior porque Pan American Life de Colombia Compañía de Seguros S. A. no se desprendió de la tenencia y control sobre el automotor que causó el suceso dañoso.

4.- Son relevantes en esta decisión y no se discuten, los siguientes hechos:

a.-) Que Pan American Life de Colombia Compañía de Seguros S. A. es, según el certificado de tradición expedido el 16 de septiembre de 2009, la única que ha figurado como propietaria del Renault Megane de placas BTL 235 (folio 12).

b.-) Que el 23 de diciembre de 2005, esa empresa “asignó” a Mauricio Rodríguez Avellaneda, vicepresidente comercial individual y corporativo de la misma, el referido carro, “para uso tanto de carácter oficial como personal” (folio 34).

c.-) Que esas personas, natural y jurídica, ajustaron en idéntica fecha un “convenio sobre asignación de vehículo”, con cuatro cláusulas, que en esencia se refieren a (folios 36 y 37):

(I) El objeto del acuerdo, que no es otro que el bien en comento.

(II) El mantenimiento, “a cargo de la empresa”, el cual “no incluye combustible”.

(IIi)Que “se asigna tanto para el uso laboral como personal”.

(Iv)Lo concerniente al valor del vehículo por sesenta y dos millones quinientos ochenta y ocho mil pesos ($62.588.000), de los cuales pago el empleado catorce millones novecientos ochenta y nueve mil pesos ($14.989.000), “con recursos propios”, y los restantes cuarenta y siete millones quinientos noventa y nueve mil pesos ($47.599.000) fueron sufragados “por la empresa”, suma esta sobre la cual se realizaría la depreciación que serviría para el ejercicio de la opción de compra, en su momento.

d.-) Que Rodríguez Avellaneda suscribió un “pagaré préstamo vehículo” por catorce millones novecientos ochenta y nueve mil pesos ($14.989.000), a favor de su empleador (folio 35).

e.-) Que en respuesta a la misiva del trabajador, referenciada como “cláusulas contrato de trabajo”, la gerente general de Pan American contestó el 22 de junio de 2006, en punto al rodante, que “lo que se habló desde un comienzo y que consta en la comunicación comentada del 1 de noviembre de 2005 [fue un comodato], contrato que cuenta con una estructura propia de comodato [en el que] la propiedad no se traslada y es por eso que la comodante asume los gastos propios del vehículo; lo cual quiere decir que el bien pertenece a la comodante … Esa es la forma como se maneja este pago indirecto laboralmente en Colombia. Mientras se ejerce la opción de compra, el vehículo es de la comodante, razón por la cual, la Compañía ha asumido los impuestos del vehículo” (folios 38 a 40).

f.-) Que la menor Constanza Peña Lascano, hija y hermana de los demandantes, falleció de manera violenta en el accidente de tránsito ocurrido el 31 de marzo de 2007 en la calle 220 de la Autopista Norte de Bogotá, mientras iba como pasajera en el vehículo de placas BTL 235, conducido por Camilo Rodríguez Amador, hijo de Mauricio Rodríguez Avellaneda (folios 5, 9 a 11 y 13 a 18).

5.- Sobre la cuestión de quién debe responder por el ejercicio de una actividad peligrosa, como lo es la de conducir vehículos automotores, se han expuesto diferentes tesis como son la del aprovechamiento económico, la de la guarda jurídica y la de la guarda material.

La Sala, en línea de principio, ha tomado partido por la última, como quedó plasmado en sentencia de 4 de abril de 2013, exp. 2002-09414-01, cuando señala que “en los casos de responsabilidad extracontractual o aquiliana, le compete al demandante acreditar los presupuestos de su pretensión, y si como fuente de aquella existe una actividad de las denominadas peligrosas, éste se releva de acreditar la incuria o imprudencia de quien aspira obtener el resarcimiento, pues en desarrollo del artículo 2356 del Código Civil, le resulta suficiente demostrar, a más del responsable del menoscabo, el acaecimiento del daño y que el mismo se produjo en desarrollo de una actuación de tales características (…) A este respecto, la Corte ha precisado que ‘El responsable por el hecho de las cosas inanimadas es su guardián, o sea quien tiene sobre ellas el poder de mando, dirección y control independientes. Y no es cierto que el carácter de propietario implique necesaria e ineludiblemente el de guardián, pero si lo hace presumir como simple atributo del dominio, mientras no se pruebe lo contrario. … O sea, la responsabilidad del dueño por el hecho de las cosas inanimadas proviene de la calidad que de guardián de ellas presúmese tener. Y la presunción de guardián puede desvanecerla el propietario si demuestra que transfirió a otra persona la tenencia de la cosa en virtud de un título jurídico, como el de arrendamiento, el de comodato, etc., o que fue despojado inculpablemente de la misma, como en el caso de haberle sido robada o hurtada (…)’ (sentencia de 17 de mayo de 2011, exp. 2005-00345-0)”.

La tesis del guardián de la cosa así expuesta y acogida en Colombia, descarta, por lo demás, dos ideas, “la primera es que el responsable del perjuicio causado sea necesaria y exclusivamente el mero detentador físico de la cosa empleada para desplegar la actividad riesgosa [y] la segunda…es que la responsabilidad en estudio tenga que estar ligada, de alguna forma, a la titularidad de un derecho sobre la cosa” (Sala de Casación Civil, sentencia de 4 de junio de 1992, exp. 3382).

6.- Así mismo, el concepto de guardián no repele la eventual existencia de una “guarda compartida”, de podérseles imputar a varios sujetos la responsabilidad en la realización del daño, producto de una actividad riesgosa, porque de una u otra forma ejercen, todos ellos, control y dirección efectiva sobre la “actividad”.

Al respecto la Corte explicó que “en torno al alcance que, entre los varios que consideró, le dio el Tribunal al concepto de ‘guardián de la actividad’, y por el que concluyó que el poder efectivo de uso, dirección o control sobre el vehículo causante del daño, no lo tenía Postobón S.A. ‘sino la Compañía distribuidora como compradora que además fue del automotor’; conclusión con la cual parece dar a entender que en el supuesto de este litigio bastó la venta mencionada, efectuada por Postobón S.A., para que se produjera el desplazamiento de la ‘guarda’, esto es, para que el vendedor escapara sin más a la responsabilidad civil que le fue imputada, no obstante conservar una incuestionable vinculación económica con el vehículo causante del daño. A fin de perfilar ese concepto en su debida dimensión, la Corte se ve en la necesidad de efectuar este formal reparo por cuanto, muy a pesar del alcance de los elementos de convicción obrantes en esta actuación, con tal consideración desconoció el Tribunal la apuntada vinculación y por ende la noción teórica de ‘guarda compartida’, según la cual en el ejercicio de actividades peligrosas no es extraña la concurrencia de varias personas que, desde diversos ángulos y en atención a sus propios intereses o beneficios, puedan ejercer al tiempo y a su manera la dirección o control efectivo de aquellas y que a todas les impone el deber jurídico de impedir que se convierta en fuente de perjuicios para terceros, cuestión que ciertamente omitió examinar el sentenciador en el caso sub-judice, a pesar de las evidencias existentes en el proceso que llevan a concluir que Postobón S.A., sin embargo de efectuar la venta mencionada, no permaneció apartada ni indiferente al desempeño, funcionamiento y control intelectual de la actividad peligrosa desplegada por el automotor tantas veces citado, actitud que por fuerza ha de entenderse asumida por aquella entidad en cuanto y en tanto obtenía de esa actividad lucro o provecho económico evidente. La posición de Postobón S.A. que en consecuencia muestra el proceso, es entonces significativa en poner de manifiesto la existencia de un factor suficiente de atribución de responsabilidad que no era dable desconocer por principio bajo el simple enunciado de la venta tantas veces referida, pues razones jurídicas existían para imputarle la correspondiente obligación resarcitoria en que dicha responsabilidad consiste, tanto a la compradora como a la vendedora” (fallo de 22 de abril de 1997, exp. 4753).

7.- La vía indirecta, invocada por los recurrentes, en la modalidad de error de hecho en la valoración probatoria, acontece cuando se equivoca ostensiblemente el fallador en la apreciación objetiva de los medios de convicción ya sea por suposición, omisión o alteración de su contenido, siempre y cuando dicha anomalía influya en la forma como se desató el debate, de tal manera que de no haber ocurrido otro fuera el resultado, lo que debe aparecer palmario o contundentemente demostrado.

Sobre el punto, en sentencia de 21 de febrero de 2012, exp. 2004-00649, reiterada el 24 de julio siguiente, exp. 2005-00595-01, indicó la Sala que “[e]l error de hecho, que como motivo de casación prevé el inciso segundo, numeral primero, del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, ocurre cuando se supone o pretermite la prueba, entendiéndose que incurrirá en la primera hipótesis el juzgador que halla un medio en verdad inexistente o distorsiona el que sí obra para darle un significado que no contiene, y en la segunda situación cuando ignora del todo su presencia o lo cercena en parte, para, en esta última eventualidad, asignarle una significación contraria o diversa. El error ‘atañe a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho’ (G. J., T. LXXVIII, página 313) (…) Denunciada una de las anteriores posibilidades, el impugnador debe acreditar que la falencia endilgada es manifiesta y, además, que es trascendente por haber determinado la resolución reprochada, de tal suerte que, de no haberse incurrido en esa sinrazón, otra hubiera sido la resolución adoptada (…) Acorde con la añeja, reiterada y uniforme jurisprudencia de la Corporación, el yerro fáctico será evidente o notorio, ‘cuando su sólo planteamiento haga brotar que el criterio’ del juez ‘está por completo divorciado de la más elemental sindéresis; si se quiere, que repugna al buen juicio’, lo que ocurre en aquellos casos en que él ‘está convicto de contraevidencia’ (sentencias de 11 de julio de 1990 y de 24 de enero de 1992), o cuando es ‘de tal entidad que a primer golpe de vista ponga de manifiesto la contraevidencia de la determinación adoptada en el fallo combatido con la realidad que fluya del proceso’ (sentencia 146 de 17 de octubre de 2006, exp. 06798-01); dicho en términos diferentes, significa que la providencia debe aniquilarse cuando aparezca claro que ‘se estrelló violentamente contra la lógica o el buen sentido común, evento en el cual no es nada razonable ni conveniente persistir tozudamente en el mantenimiento de la decisión so pretexto de aquella autonomía’ (G. J., T. CCXXXI, página 644)”.

Además, dentro del marco de la exigencia de notoriedad o evidencia que debe detentar el yerro fáctico, la doctrina de la Sala ha pregonado que “no puede cambiarse la estimación probatoria que hizo el tribunal de instancia, por el solo motivo de que el criterio estimativo de la Corte no sea el mismo de aquél” (G. J., T. LXXVII, pág. 119), a lo que es menester agregar que “La duda que genera el punto de hecho o la pluralidad de las interpretaciones que sugiera, excluyen, en consecuencia, la existencia de un error de la naturaleza indicada” (G. J., T. LXVII).

8.- No prospera la acusación examinada por los motivos que pasan a exponerse:

a.-) Con sus razonamientos probatorios, el Tribunal estableció que la sociedad accionada no tenía la guarda del vehículo en el que viajaba la víctima al momento del accidente, pues, si bien era titular del derecho de dominio, desvirtuó la presunción de responsabilidad derivada de esa calidad, acreditando con un contrato, pagaré y cartas cruzadas, que se despojó de su tenencia al entregárselo, bajo la figura de “asignación de vehículo”, a Mauricio Rodríguez Avellaneda, extrabajador y padre del conductor.

Los recurrentes, respecto de los indicados medios de convicción, proponen una interpretación conceptual diferente a las de la sentencia de segunda instancia, encaminadas, básicamente, a persuadir a la Corte de que, a partir del alcance real del convenio de “asignación de vehículo” y de las cartas que trabajador y empleadora se dirigieron mutuamente, esta última no se desprendió de la dirección y control del rodante, por reservarse la carga de su mantenimiento, por explicitar el uso que debería dársele al carro, por no ser previsivo en la determinación puntual de cada una de las causas que exonerarían su responsabilidad y por “beneficiarse con la actividad de su vicepresidente comercial”.

De entrada, esos términos develan que no es viable quebrar el fallo objeto del recurso extraordinario, toda vez que, no pasan de ser una propuesta alterna que no revalúan los planteamientos del sentenciador para este asunto en particular.

Como claramente se dejó delimitado que Pan American Life Compañía de Seguros S.A. “para el momento del accidente no tenía poder de control o injerencia sobre el vehículo o la actividad que se ejerció con él”, era para ese preciso instante que se tenía que poner de manifiesto una incorrecta valoración probatoria, así se le hubiera tenido despojada de la tenencia desde su entrega al servidor contratado.

La discusión que plantean los impugnantes parte de la doble destinación del rodante, tanto con fines laborales como personales, dándole trascendencia a que la entidad absuelta reportaba beneficios de los primeros. Sin embargo, ningún análisis plantea sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar como se produjeron los hechos, sin tomar en consideración que quien conducía el automóvil no era la persona contratada para tal fin o que, en el preciso instante del percance, la destinación era completamente ajena al nexo patrón empleado.

Esa dualidad en el desempeño del bien ameritaba un mayor esfuerzo de los recurrentes, encaminado a evidenciar que la aseguradora asumía toda la responsabilidad por los desplazamientos del vehículo, independientemente de la actividad que se adelantara con el mismo, puesto que no es suficiente con afirmar que “delimitar expresamente el uso del automóvil constituye un acto de propiedad, se trata de una autorización por parte del propietario a su empleado, es el resultado del ejercicio de una potestad de control y dirección sobre la conducta de otro que evidencia su responsabilidad civil extracontractual por la falta de desvinculación sobre el vehículo”, por ser una apreciación genérica.

Como ya lo dijo la Corte en pretérita oportunidad, “no es suficiente la presentación de conclusiones diferentes de aquellas a las que llegó el Tribunal en el fallo impugnado, porque la mera divergencia conceptual no muestra por sí sola el yerro de hecho en su modalidad de manifiesto o evidente (Cas. Civ. De 19 de abril de 1961, XCV, 467). El yerro de las características enunciadas, como antecedente de la transgresión de la ley sustancial, sólo se presenta cuando la única estimación acertada sea la sustitutiva que se propone” (G.J. 2435, sentencia de 20 de noviembre de 1989).

b.-) Además, las motivaciones fácticas del ad-quem, a propósito de excluir la calidad de guardián de la actividad riesgosa en cabeza de la compañía convocada, no se presentan como “contraevidentes, absurdas o ilógicas”.

Ninguna de las pruebas aportadas al proceso muestra de modo claro y contundente y como alternativa única de interpretación, que para la época del accidente que ocasionó la muerte de la hija y hermana de los accionantes, 31 de marzo de 2007, Pan American Life de Colombia conservara para sí la dirección gobierno o control efectivo e independiente del vehículo en el que se transportaba la menor.

Es más, si se dijo que “las partes acuerdan que el vehículo en cuestión se asigna tanto para el uso laboral como personal”, contrario a lo propuesto por los censores, ninguna restricción conllevaba esto para el beneficiario.

Ciertamente, el “convenio de asignación de vehículo” suscrito el 23 de diciembre de 2005 entre dicha persona jurídica y Mauricio Rodríguez Avellanada y las comunicaciones que luego se cruzaron, entre ellas la misiva de 22 de junio de 2006, dan cuenta que aquella lo entregó a este el automotor de placas BTL 235, para su exclusiva destinación, habida cuenta de su vinculación como vicepresidente comercial individual y corporativo. Igualmente, se pactó que el mantenimiento del carro estaría “a cargo de la empresa”.

Es posible, como aquí lo ensaya la censura, respaldando su propia y personal ponderación, estimación y valoración de dichas pruebas, una visión distinta a la que realizó el Tribunal, en la que se deduzca que conservar la obligación de mantener el vehículo, es signo de que el guardián de la actividad peligrosa siguió siendo Pan American de Colombia Compañía de Seguros S. A.

Pero, esos medios, igualmente, no emergen como irreconciliables, ostensible y definitivamente, con el criterio del ad-quem, para quien el pacto de “mantenimiento…sólo significa que asumió esa erogación”, máxime cuando “al final de cuentas, el conductor no era dependiente de la sociedad citada, ni estaba en ejercicio de funciones a nombre de ella [cuando ocurrió el accidente]”.

Este ejercicio autónomo de valoración es el que, precisamente, ha prohijado la Corte al decir, en situaciones análogas, que “en cada caso concreto el juzgador determinará según su discreta apreciación de los elementos de convicción y en el marco de circunstancias fáctico, cuándo el daño se produce dentro del ejercicio de la actividad peligrosa del tránsito automotriz y conducción de vehículos, y cuando no, es decir, si está en el ámbito o esfera de ejercicio de su titular o de quien la organiza y ejecuta bajo su gobierno, dirección, control o poder, sea por sí, ora valiéndose de otros” (sentencia de casación de 17 de mayo de 2011, exp. 00345-00, reiterada el 2 de diciembre siguiente, exp. 00899-00).

En síntesis, como lo dijo la Sala en otra oportunidad “…la duda jamás sería apoyo razonable para desconocer los poderes del sentenciador, cuyo fallo se entiende estar ajustado a derecho” (sentencia de casación de 21 de octubre de 1955, reiterada el 23 de mayo de 1989, G.J. 2435).

9.- El cargo, entonces, no prospera.

10.- Como la decisión es adversa a los opugnadores y su contraparte presentó réplica, de conformidad con el inciso final del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el 19 de la Ley 1395 de 2010, se les condenará en costas, las que incluyen las agencias en derecho que se fijaran en esta providencia.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 24 de agosto de 2012, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario que los recurrentes promovieron contra Pan American de Colombia Compañía de Seguros S. A. y Camilo Rodríguez Amador.

Costas a cargo del recurrente que serán liquidadas por la Secretaría, e incluirá en estas la suma de seis millones de pesos ($6’000.000) por concepto de agencias en derecho.

Notifíquese y devuélvase».