Sentencia SC4695-2016 de abril 15 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Fernando Giraldo Gutiérrez

SC4695-2016

Rad.: 11001-02-03-000-2014-00891-00

(Aprobado en sesión de tres de febrero de dos mil dieciséis)

Bogotá, D.C., quince (15) de abril de dos mil dieciséis (2016).

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

Se decide la solicitud de exequátur presentada por I... D... P... S..., frente a la sentencia de 19 de febrero de 2003, proferida por el Juzgado de Letras Primero de Familia del Departamento Francisco Morazán-Tegucigalpa (Honduras), que decretó el divorcio entre ella y G... E... L..., a quien simultáneamente le suspendió la patria potestad, guarda y custodia, de la hija menor en común.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitante busca homologar la citada providencia, por reunirse las exigencias contempladas en el artículo 693 del Código de Procedimiento Civil.

2. Apoya sus pretensiones en los hechos que a continuación se compendian:

a) I... D... P... S... y G... E... L... Reyes, ambos de nacionalidad Hondureña, contrajeron matrimonio en dicho país el 24 de febrero de 1996.

b) De esa unión nació una hija, que es menor de edad.

c) Un funcionario judicial competente de Tegucigalpa decretó el divorcio de los cónyuges, privando al padre de la patria potestad sobre su descendiente y otorgándosela a la madre, con la guardia y custodia.

d) La determinación no se opone a leyes de orden público, pues, tanto la causal de disolución del vínculo como la de suspensión de patria potestad, coinciden con las que contempla la normatividad interna.

3. Admitida la petición, se ordenó el emplazamiento de L... R... y correrle traslado, así como a las autoridades públicas correspondientes, quienes se pronunciaron así:

a) La representante del Ministerio Público en Asuntos Civiles no se opuso, en el evento de que se cumplan las exigencias de rigor (fls. 47 al 53).

b) El Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, señaló que “no tiene reparo alguno respecto de las medidas adoptadas en consideración a la causal aleada y enmarcada (...) en el numeral segundo artículo 154 del Código Civil Colombiano” (fls. 60 al 65).

c) La Defensora de Familia dijo que “es viable dar trámite favorable a lo solicitado por parte interesada al cumplir con los requisitos señalados en el artículo 694 del Código de Procedimiento Civil Colombiano” y si bien no se cuantificaron los alimentos a cargo del progenitor, nada impide que con posterioridad se inicie una acción para ello (fls. 71 al 73).

d) El curador ad litem designado a G... E... se atuvo “a lo que resulte probado dentro del proceso y a lo largo de la práctica de pruebas” (fls. 85 al 87).

4. La demandante en los alegatos, aportados una vez surtida la etapa probatoria, persiste en sus aspiraciones en virtud de la reciprocidad legislativa y la satisfacción de las exigencias legales (fls. 203 al 206).

5. Perfeccionada la instrucción, procede resolver lo que en derecho corresponda.

II. CONSIDERACIONES

1. De conformidad con el artículo 1° del Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, el Código General del Proceso entró “en vigencia en todos los distritos judiciales del país el día 1° de enero de 2016, íntegramente”.

Sin embargo, en este caso en particular se tendrán en cuenta las reglas que sobre el tránsito de legislación contempla el artículo 625 de la Ley 1564 de 2012, que en los numerales 1º a 4º fija patrones especiales para los procesos ordinarios, abreviados, verbales de mayor y menor cuantía, verbales sumarios y ejecutivos. Ya en lo que respecta a otros asuntos en los numerales 5º y 6º se precisó que

5. No obstante lo previsto en los numerales anteriores, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. 

6. En los demás procesos, se aplicará la regla general prevista en el numeral anterior. 

Quiere decir que al no existir una referencia concreta al exequátur en la norma referida, queda inmerso dentro de la última regla transcrita, por lo que se tendrán en cuenta las normas que establecía el Código de Procedimiento Civil, por ser las aplicables al momento en que se inició.

2. La constante migración de la población mundial con el propósito de consolidar un proyecto de vida, ya sea por lazos de afecto, motivos laborales o vínculos comerciales, incide en la internacionalización de los litigios. De allí que las decisiones de las autoridades judiciales pueden repercutir en un Estado diferente de donde se toman, justificándose el esfuerzo global para que no sean nugatorios esos efectos.

En Colombia, de conformidad con el artículo 693 del Código de Procedimiento Civil, se aceptan con fuerza vinculante aquellas sentencias o laudos pronunciados en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, por “reciprocidad diplomática”, esto es, cuando cumplan con los requisitos establecidos en los tratados existentes con él, o en su defecto acudiendo a la “reciprocidad legislativa”, basada en la aceptación que allí se reconozca a las acá proferidas.

La Corte al respecto ha reiterado que

(...) en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia (G. 3. t. LXXX, pág. 464; CLI, pág. 69; CLVIII, pág. 78 y CLXXVI, pág. 309; citada en SC15751-2014).

3. Se encuentra acreditado, con relevancia en la decisión a adoptar, lo siguiente:

a) Que P... S... y L... R..., de nacionalidad hondureña, se casaron el 24 de febrero de 1996, en el municipio de Valle de Ángeles de ese país centroamericano (fl. 20).

b) Que de esa unión nació en Bogotá una hija (28 jun. 1999), quien fue registrada en la Notaría Cuarenta y Una del lugar.

c) Que el Juzgado de Letras Primero de Familia del Departamento Francisco Morazán-Tegucigalpa (Honduras), declaró “con lugar la demanda ordinaria de divorcio” entre I... D... y G... E..., suspendiendo la patria potestad paterna sobre la hija de la pareja (19 feb. 2003), folio 4.

d) Que la Secretaria Adjunta de dicho despacho certificó la firmeza del proveído, lo que se legalizó por la Secretaria de la Corte Suprema de Justicia de Honduras (fls. 6 y 7).

e) Que la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Cancillería informó que

(...) una vez revisado el archivo del grupo interno de trabajo de tratados de la dirección de asuntos jurídicos internacionales de este ministerio, se pudo constatar que en el mismo no reposa información sobre la suscripción de un tratado bilateral sobre reconocimiento recíproco de sentencias entre la República de Colombia y la República de Honduras (...) Ahora bien, en relación con la “Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros”, suscrita en Montevideo el 5 de agosto de 1979, le informo que la República de Colombia depositó el instrumento de ratificación de la Convención el 10 de septiembre de 1981, la cual entró en vigor el 10 de octubre de 1981 para el Estado colombiano. Sin embargo, aunque la República de Honduras suscribió el instrumento en mención el 8 de mayo de 1979, el mismo no ha sido ratificado a la fecha, por lo cual la “Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros” no se encuentra vigente para dicho Estado (fl 95).

4. En vista de la inexistencia de algún tratado entre Colombia y Honduras sobre la validez recíproca de los fallos proferidos por las autoridades competentes en cada país, procede verificar la “reciprocidad legislativa”, para la efectividad que ahora se busca en el primero de una determinación judicial tomada en el otro.

5. En esta oportunidad encuentra asidero la Sala a la pretensión de la demandante, por estas razones:

a) Si bien la accionante busca que se le confieran efectos en Colombia a una sentencia proferida por funcionario judicial de Honduras, disolviendo un matrimonio celebrado en ese mismo Estado y entre ciudadanos de dicha nacionalidad, lo que en principio determinaría su improcedencia, lo cierto es que la parte resolutiva se extendió a un aspecto complementario, como fue la suspensión al padre de la patria potestad sobre su hija menor nacida en este país, con incidencia en el registro civil de nacimiento de ella que se hizo en Bogotá, lo que justifica el diligenciamiento.

b) Como lo informó la Corte Suprema de Justicia de Honduras, el Código Procesal Civil de allí regula lo correspondiente a los “títulos de ejecución extranjeros” en estos términos:

“ART. 753.—Títulos de ejecución extranjeros. 

1. Solo serán títulos de ejecución extranjeros las sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras que pongan fin en el fondo a un asunto con carácter definitivo, en cuanto sean firmes, así como las sentencias arbítrales dictadas fuera de Honduras, tendrán en la República la fuerza ejecutoria que se derive de los tratados internacionales, de las normas de cooperación jurídica internacional, o de los tratados celebrados con el país de que provengan. 

2. Reconocido un título de ejecución extranjero, su cumplimiento se atendrá a las normas sobre ejecución forzosa contenidas en este código, salvo que los tratados internacionales dispongan cosa distinta. 

”ART. 754.—Reconocimiento de títulos extranjeros a falta de tratados internacionales. A falta de tratados o normas internacionales aplicables para el reconocimiento de un título extranjero como título de ejecución en la República se les dará la misma fuerza que en ella se dieren a los fallos pronunciados en Honduras, no obstante dicho reconocimiento se podrá producir si concurren al menos los requisitos siguientes: 

1. Que la sentencia, que deberá tener autoridad de cosa juzgada en el Estado en que se ha pronunciado, haya sido dictada por el tribunal competente según las normas hondureñas de jurisdicción internacional. 

2. Que la parte demandada contra la que se pretende ejecutar la sentencia hubiera sido personalmente emplazada, aunque se le declarase en rebeldía, hubiera tenido garantizada la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, y se le hubiera notificado la resolución que se pretende ejecutar, todo conforme a las normas del país de origen. 

3. Que la sentencia tenga los requisitos necesarios para ser considerada como tal en el lugar en que hubiere sido dictada y las condiciones de autenticidad exigidas por la ley nacional. 

4. Que la sentencia no afecte a los principios de orden público del derecho hondureño, y la obligación que contenga sea de lícito cumplimiento en Honduras. 

5. Que la sentencia no resulte incompatible con otra pronunciada, con anterioridad o simultáneamente, por un tribunal hondureño”. 

Tales preceptos son acordes con lo que sobre el particular regulaban los artículos 693 y 694 del Código de Procedimiento Civil Colombiano, según los cuales

“ART. 693.—Efectos de las sentencia extranjeras. Las sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia. 

”ART. 694.—Requisitos. Para que la sentencia o el laudo extranjero surta efectos en el país, deberá reunir los siguientes requisitos:  

1. Que no verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que la sentencia se profirió. 

2. Que no se oponga a leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento. 

3. Que se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen, y se presente en copia debidamente autenticada y legalizada. 

4. Que el asunto sobre el cual recae, no sea de competencia exclusiva de los jueces colombianos. 

5. Que en Colombia no exista proceso en curso ni sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto. 

6. Que si se hubiere dictado en proceso contencioso, se haya cumplido el requisito de la debida citación y contradicción del demandado, conforme a la ley del país de origen, lo que se presume por la ejecutoria. 

7. Que se cumpla el requisito del exequátur”. 

Por ende, queda habilitado el camino para constatar si se cumplen los condicionamientos de rigor de que trataba el último, lo que fue advertido por la Corporación en SC 12 septiembre 2006, radicación 2003-00211-01, en una homologación de fallo de ese mismo origen, donde

(...) con las pruebas aportadas se pone de presente que entre Colombia y Honduras existe reciprocidad legislativa, por lo que pasa ahora la Corte a verificar si la sentencia materia de este exequátur reúne los requisitos exigidos en el artículo 694 del Código de Procedimiento Civil. 

c) Los supuestos de los primeros seis numerales de dicha norma se configuran, toda vez que la providencia:

(i) Versa sobre aspectos relacionados con el estado civil y el régimen de potestad parental, sin inmiscuirse en discusiones sobre derechos reales.

(ii) El motivo invocado ante la autoridad de Tegucigalpa, tanto para el divorcio como para la suspensión de la patria potestad del demandado, esto es, “el abandono manifiesto e injustificado de uno de los cónyuges por más de dos años sin comunicación con el otro”, con base en los artículos 187 y 238 numeral 4 del Código de Familia de Honduras, coincide con lo que al respecto regula la normatividad en el ámbito local y que estaba vigente para la época del fallo (19 feb. 2003).

Es así como el artículo 154 del Código Civil, sustituido por el artículo 6° de la Ley 25 de 1992, fija dos causales de divorcio que subsumen la anterior, como son la segunda en virtud del “grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres” y la octava por “la separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de dos (2) años”.

Por su parte el artículo 310 ibidem, precisa que la “patria potestad se suspende, con respecto a cualquiera de los padres (...) por su larga ausencia”.

De igual manera, el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, precisaba entre las reglas en asuntos de divorcio que se tramitaban para entonces que “en la sentencia que decrete (...) decidirá (...) a quien corresponde la patria potestad sobre los hijos no emancipados, en los casos en que la causa probada del divorcio determine suspensión o pérdida”.

Quiere decir que existe una concordancia sobre la materia, tanto en el ámbito sustancial como en sus alcances y repercusiones.

(iii) La ejecutoria de la providencia queda plenamente establecida con la certificación allegada en el sentido de que “la sentencia definitiva” de que se trata “se encuentra en firme”, la cual fue expedida por la secretaría adjunta del “Juzgado de Letras de Familia Departamento de Francisco Morazán” y cuya signatura fue corroborada por la secretaría general de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.

(iv) Ninguna estipulación restringe el conocimiento del caso a los jueces colombianos, además de que no obra constancia de que estén en curso litigios ante alguno o decisión sobre la materia que involucre a las personas de que aquí se trata.

(v) Si bien la vía a la que se acudió fue la contenciosa, se contó con la participación del cónyuge, quien ejerció su derecho a comparecer aceptando “llanamente las pretensiones” (fls. 17 y 18).

6. Consecuentemente, al reunirse cabalmente los presupuestos de los artículos 693 y 694 del Código de Procedimiento Civil, procede otorgar efecto jurídico a la mencionada determinación.

7. No se impondrá condena en costas por no estar comprobadas, como señala el numeral 9 del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Conceder el exequátur a la sentencia de diecinueve (19) de febrero de dos mil tres (2003), proferida por el Juzgado de Letras Primero de Familia del Departamento Francisco Morazán-Tegucigalpa (Honduras), que decretó el divorcio entre I... D... P... S... y G... E... L..., y simultáneamente le suspendió al progenitor la patria potestad, guarda y custodia de la hija en común.

2. Ordenar la expedición de copia de este pronunciamiento.

3. Inscribir el fallo, junto con el que es objeto de homologación, en el registro civil de nacimiento de la menor, indicativo serial 28715579 de la Notaría Cuarenta y Una de Bogotá.

4. Sin costas.

5. Archivar el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo, presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.