Sentencia 2008-00771 de abril 29 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Exp. 11001-31-03-003-2008-00771-01

SC5123-2014

Magistrado Ponente:

Dr. Jesús Vall de Rutén Ruiz

Bogotá, D.C., veintinueve de abril de dos mi catorce.

EXTRACTOS: «4. Consideraciones

4.1. Al paso que en el cargo primero se da por sentado que el tribunal se percató de que la demanda fue presentada el 11 de diciembre de 2008, pero no aplicó el inciso primero del artículo 780 del Código Civil —que según el censor ordena presumir la posesión hasta cuando se alega, es decir, en esta fecha—, en el segundo cargo se le achaca al ad quem no haber entendido como demostrada la posesión actual con la presentación de la demanda, violando así el aludido precepto.

En este segundo cargo no es enfática ni clara la recurrente en aducir un error facti in judicando, de aquellos que de tiempo atrás se han configurado en la omisión, suposición o tergiversación de determinada prueba o de la demanda y su contestación —formas conocidas de este tipo de yerro—. Por el contrario, el supuesto error endilgado al ad quem estriba en que no entendió (fl. 24) que la presentación del escrito genitor del proceso activaba o imponía el empleo de una presunción, y por ello, no aplicó el efecto legal previsto en el mencionado inciso primero del artículo 780 del Código Civil, cual es, en criterio de la impugnante, el de hacer presumir la posesión a la fecha de presentación de la demanda; pero esa manera de presentar el cargo, a fin de cuentas, viene a resaltar, más que un error cometido por el tribunal en la apreciación de la demanda, una escueta queja sobre la aplicación del mencionado precepto, sin sustentación o apoyo en el error de hecho, el cual no quedó demostrado, como exige el inciso final del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, sino solo parcialmente enunciado.

Con todo, es de resaltar que el tribunal hizo expresa referencia a la fecha de presentación de la demanda, al indicar, para apartarse de tal aserto, que “es claro que podía tenerse por acreditada la posesión que alega la demandante por más de veinte (20) años, a partir del 1º de junio de 1988 hasta del 12 de diciembre de 2008, data en que se introdujo la demanda...” (fl. 29, cdno. 2). Lo que en el fondo viene a patentizar la equivocación de la recurrente en la vía escogida, pues, al margen de la hermenéutica de la que parte para erigir este cargo segundo —cuestión a la que seguidamente se aludirá— si el tribunal tuvo plena conciencia de la fecha de presentación de la demanda y no hizo actuar el primer inciso del artículo 780 del Código Civil, y en ello estriba el reproche del censor, el error que le achaca al tribunal cometido sería de derecho y no de hecho.

De modo que sin omisión, sin suposición y, por lo visto, sin tergiversación de la demanda, no existe demostración de error de hecho alguno, y sí más bien se avizora en el cargo segundo una equivocación en la vía escogida, a más de una crítica al no haber aplicado la consecuencia legal que la recurrente entiende prevista en el tantas veces mencionado inciso, lo que conduce a que el cargo, en realidad envuelva un juicio sobre lo jurídico y no sobre lo fáctico, como lo anunció. Por ello, el error en que dice fundarse la acusación del cargo segundo, exige, cual ocurre con el primer cargo, indagar por la recta inteligencia del precepto de cuya inaplicación se duele la recurrente.

4.2. De conformidad con el artículo 780 del Código Civil:

“Si se ha empezado a poseer a nombre propio, se presume que esta posesión ha continuado hasta el momento en que se alega.

Si se ha empezado a poseer a nombre ajeno, se presume igualmente la continuación del mismo orden de cosas.

Si alguien prueba haber poseído anteriormente, y posee actualmente, se presume la posesión en el tiempo intermedio”.

Entiende la impugnante que en virtud de este precepto, con solo demostrar la posesión desde un momento, en virtud de la presunción establecida en el primer inciso de la norma transcrita, se deduce que esa posesión continúa a la fecha de su alegación en la demanda. Y por esta vía, probado el inicio posesorio y presumida la actual posesión, según lo anterior, ha de presumirse también la del periodo intermedio en virtud del inciso tercero. En otras palabras, si un demandante únicamente demuestra el inicio de su posesión y así lo reconoce el fallador, con la sola presentación de la demanda —por virtud del mencionado inciso primero del artículo 780— también ha dejado demostrada la posesión que ejerce para esa fecha —la de presentación del libelo—. Y por virtud del inciso tercero, demostrada como están la posesión inicial y la actual, así sea que en esta se haya acudido a la presunción ya mencionada, forzoso será que el juzgador entienda también demostrada la posesión intermedia. Lo que, por consiguiente, lleva a que con solo acreditar la posesión inicial y acudiendo al expediente de las aludidas presunciones, en la forma como las ha interpretado la recurrente, si no hay opositor que alegue y compruebe, para los efectos de la continuidad, su interrupción, ha quedado ella demostrada en todo el periodo transcurrido desde ese inicio hasta la presentación de la demanda.

Sin embargo, es otro el entendimiento que hay que darle a esta norma. Tomada del proyecto inédito de don Andrés Bello, quien, a juzgar por la nota que dejó plasmada en el proyecto de 1853, se inspiró en pasajes del Tratado de la Posesión de Pothier(1), en ella se recoge el principio clásico(2) en virtud del cual nadie puede cambiar por sí mismo la causa de su posesión (“nemo potest sibi ipse mutare causam possesionis”)(3), norma que, en concordancia con la contenida en el artículo 777 del Código Civil, ha servido para que la Corte explique una y otra vez el fenómeno de la interversión del título: “La interversión del título de tenedor en poseedor, bien puede originarse en un título o acto proveniente de un tercero o del propio contendor, o también, del frontal desconocimiento del derecho del dueño, mediante la realización de actos de explotación que ciertamente sean indicativos de tener la cosa para sí, o sea, sin reconocer dominio ajeno. En esta hipótesis, los actos de desconocimiento ejecutados por el original tenedor que ha transformado su título precario en poseedor, han de ser, como lo tiene sentado la doctrina, que contradigan, de manera abierta, franca e inequívoca, el derecho de dominio que sobre la cosa tenga o pueda tener el contendiente opositor, máxime que no se puede subestimar, que de conformidad con los artículos 777 y 780 del Código Civil, la existencia inicial de un título de mera tenencia considera que el tenedor ha seguido detentando la cosa en la misma forma precaria con que se inició en ella” (Cas. Civ., abr. 18/89, reiterada en las de jun. 24/2005, Exp. 927, 20 de marzo de 2013, Exp. 47001-3103-005-1995-00037-01 y que reitera jurisprudencia anterior, como la de dic. 7/67, T. CXIX, págs. 352 y 353. El aparte resaltado no es del texto original).

La lectura detenida del artículo 780 del Código Civil permite, pues, entender que las presunciones juris tantum de los dos primeros incisos no apuntan a la duración de la posesión como tal, sino a la calidad en que ella comenzó a ser ejercida para suponer que sigue o se mantiene en esa misma condición, esto es: a nombre propio, en el primer inciso; o por interpuesta persona, como arrendatario, comodatario, etc., en el segundo.

Ahora bien, al paso que las presunciones que consagran los incisos primero y segundo del artículo 780 del Código Civil recogen una regla de experiencia(4) ya reconocida por el derecho romano, la norma contenida en el tercer inciso de este precepto que analiza la Corte, cumple una función paliativa, pues morigera la prueba del carácter ininterrumpido que debe ostentar la posesión a efectos de servir ella para ganar el bien por prescripción, en vista de ser tarea de casi imposible cumplimiento acreditar que se ha poseído día a día, en forma continua, hasta cubrir el tiempo legalmente requerido. La atenuación de la exigencia probatoria que ofrece el inciso tercero allana el camino a esta dificultad, e invierte la carga de la prueba al corresponder al opositor demostrar la interrupción de la posesión alegada por el actor; pero debe señalarse que esa presunción del inciso tercero del artículo 780 del Código Civil solo tiene lugar cuando el interesado ha comprobado, de manera directa y no presunta, que ha poseído anteriormente y en el momento actual, para que pueda suponerse así la posesión en el período intermedio, con la facilidad que el inciso primero brinda al actor poseedor a nombre propio, al hacer presumir —para la fecha de presentación de la demanda— la misma calidad posesoria que tenía al tiempo de la adquisición de la posesión.

Se trata, por consiguiente, del reconocimiento de la dificultad extrema que tendría el poseedor para acreditar la continuidad de su ejercicio posesorio, dificultad que ciertamente está ausente en tratándose de la demostración de la posesión actual, porque no concierne este último propósito a la reconstrucción de circunstancias históricas sino a la constatación de un hecho presente, lo que evidentemente, es mucho más fácil de demostrar. De allí que autores como Laurent, citado por Luis Claro Solar, expresen: “se comprende la necesidad de una presunción para probar la continuidad durante diez, veinte o treinta años, pero, ¿por qué habría de dispensarse, a aquel que invoca la prescripción, de la prueba de que posee actualmente? Si hay una prueba fácil, es esta, y la primera condición de la prescripción adquisitiva ¿no es acaso que se posee?”(5).

La anterior inquietud, que apunta justamente a indagar por la pertinencia de una interpretación como la que propone el cargo primero y de la que parte el segundo, busca desentrañar si se justifica exceptuar de prueba a la posesión actual, esto es, de considerarla como una excepción al principio de la carga de la prueba. Sin ambages debe concluirse que si lo que se alega es de suma facilidad probarlo por tratarse de un hecho presente, y si no se encuentra regla de experiencia que haga suponer que quien hace diez o veinte años poseyó también posee hoy, no luce útil a los fines de la justicia, que deben orientar la hermenéutica, que se exonere de prueba a quien alega la posesión actual.

Sobre el punto anota Claro Solar: “es necesario probar la posesión actual, porque si el que pretende probar que ha poseído durante un tiempo determinado y hasta el momento en que se dice poseedor, no posee realmente, se prueba por esto mismo que su posesión no ha sido continua o se halla interrumpida”.

Establecidos los momentos para los cuales ha de probarse inexorablemente la posesión a efectos de poner en actividad las presunciones que consagra el artículo 780 antes mencionado, esto es el del inicio de la misma y el de la presentación de la demanda, surge patente la necesidad de precisar de qué forma ha de ser satisfecha por el interesado la carga de la prueba, en tratándose de la declaración de pertenencia referida al suelo.

Si bien es sabido que el artículo 981 del Código Civil, incluido en la regulación de acciones posesorias y aplicable por analogía al tema que nos ocupa, prevé que la posesión ha de ser probada “por hechos positivos de aquellos a que solo da derecho el dominio” tales “como el corte de maderas, la construcción de edificios y cerramientos, el cultivo de plantaciones y sementeras y otros de igual significación...” (incluso si para estos últimos se hiciera el esfuerzo de imaginarlos en una hipótesis diferente a la estrictamente rural), el aparte final del artículo descarta que los mismos denoten de forma objetiva la existencia de una situación en la cual concurran la tenencia con el animus domini, toda vez que exige además que los mismos hechos sean “ejecutados sin el consentimiento del que disputa la posesión”, aspecto que remite en últimas a la consideración de la relación particular que exista entre los contendientes y por esa vía a la forma (por sí mismo o por otra persona) o al tipo de posesión (regular o irregular).

La dificultad de acreditar la existencia de un fenómeno posesorio exclusivamente a partir de la consideración de los hechos en los cuales la detentación se concreta, no ha pasado desapercibida a la jurisprudencia de la Corte que al efecto ha señalado “el animus o voluntad identificadora de la condición jurídica del ocupante, es todo lo más un factor especificador, en cuanto que fija la causa o germen del contacto material” con la cosa. Y por ello, también ha dicho que “la identificación del fenómeno posesorio tropieza con dificultades, conceptuales a la vez que prácticas, habida consideración de que en las más de sus actuaciones quien detenta obra como señor de la cosa en su poder (Cas. nov. 25/38, XLVII, 431), de suerte que su calidad de mero tenedor, de poseedor regular o de simple poseedor, que surge de actitudes personales frente a otros sujetos y de los hechos concretos en virtud de los cuales inició ese contacto y lo ha mantenido o transformado, puede solo establecerse con la acreditación de tales factores en el conflicto entre las partes, en consonancia con la magnitud y univocidad de aquellos actos que sean realmente constitutivos del animus, apenas determinable por las huellas que haya dejado el actuar cotidiano, así en la cosa como en quienes han advertido lo que aconteció durante el tiempo prolongado que la ley fija para sancionar la alteración en la titularidad del derecho (Cas. mayo 14/47, LXII, 366)” (G.J. CXIX, pp. 351 y 352).

Resulta pues de capital importancia probar la forma específica en la cual quien se dice poseedor entró en contacto con la cosa, en el marco de las relaciones de trato o desconocimiento que hubiere sostenido con anteriores detentadores o con los eventuales propietarios de la época, por cuanto la apreciación integral de tal contexto y de su evolución o sostenimiento, marcará el sentido dentro del cual habrán de ser apreciados los actos particulares en los cuales se traduzca la detentación, actos que analizados fuera de tal marco general de referencia, tal como lo ha advertido la jurisprudencia, difícilmente resultan per se indicativos de una condición jurídica particular.

Si el fundamento último de la usucapión no es otro que la intención de atender la apariencia de dominio que deriva de la posesión pacífica e ininterrumpida, en aras de preservar la seguridad, parece natural que resulte prioritario resaltar la forma en la cual el ejercicio de una determinada detentación se inserta en el contexto social próximo, como el más destacado elemento demostrativo del ánimo de señor y dueño.

Los cargos, en consecuencia, no se abren paso.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NO CASAR la sentencia de 11 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario de XXX XXX contra XXX y personas indeterminadas.

2. Condenar en costas a la impugnante. Para que sean incluidas en la respectiva liquidación, se fija como agencias en derecho la cantidad de $ 3.000.000, por no haber sido replicada la demanda.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo pertinente».

(1) Bello, Andrés, obras completas, ed. Arte, Caracas 1981, tomo XIV, pág. 484.

(2) Gayo (Digesto, 41, 2, 3, 19).

(3) Navarro Zamorano Ruperto, Curso completo elemental de derecho romano, T. III, instituciones, Madrid, 1842, p. 116.

(4) Comenta un autor romanista que “al exigir la posesión civil de buena fe un factum causal para poder usucapir, aquel que sabe que no posee de buena fe no puede cambiar la causa de su posesión por sí y ante sí para comenzar a poseer lucrativamente”: Betancourt, Fernando, Derecho Romano clásico, 3ª ed. Sevilla, 2007, p. 333.

(5) Citado por Claro Solar, Luis, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, V. III, Ed. Jurídica de Chile, Santiago, 1979, pág. 582.